Sentencia 1998-00059/37434 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 500012331000199800059 02

Exp.: 37434

Actor: Sociedad Aérea del Caquetá —Sadelca Ltda.—

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otro

Referencia: Apelación de sentencia. Reparación directa

Tema: Decomiso de aeronave

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Bogotá D.C., doce de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 28 de mayo de 2009.

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2009 por la el Tribunal Administrativo del Meta, comoquiera que la demanda se presentó el 13 de marzo de 1998 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 1.450.000.000, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 101.913.000(19).

2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es, la devolución en pésimo estado de una aeronave que había sido inmovilizada y decomisada por miembros de la fuerza pública, se produjo el 1º de agosto de 1996, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 13 de marzo de 1998, se impone concluir que se formuló dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

Así las cosas, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

3. Legitimación en la causa por activa.

Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(20).

Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre i) la legitimación de hecho y ii) la legitimación material en la causa(21).

La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimadode hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(22). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,

“[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

“La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevoy probado —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidadtotal o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

“La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado” (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él)(23).

Así, pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(24).

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación realde la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(25). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:

“La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:

— A, administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si

— A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda”(26).

En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de:

“… una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(27).

3.1. La prueba del derecho de propiedad sobre las aeronaves en el sistema jurídico colombiano(28). 

Para probar la calidad de propietario de una aeronave es obligatorio demostrar la inscripción de la escritura pública de compraventa, o de cualquier contrato que afecte el dominio, en el registro aeronáutico nacional —siendo este el modo de adquirir el dominio de estos bienes, acompañado de la entrega del bien— y, por expresa disposición legal, no puede suplirse con ningún otro medio probatorio.

En el mismo sentido esta corporación en oportunidades anteriores se ha pronunciado, así:

“De lo dicho se tiene que la sociedad Aliansa no acreditó en el proceso su condición de propietaria de la aeronave en mención dado que debía hacerlo de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto era necesario el registro de la escritura de compraventa de la aeronave ante el registro aeronáutico nacional, como lo establece el precitado artículo 1427 del Código de Comercio, documento público que no puede ser sustituido por ninguno otro, como lo prescribe el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de un requisito ad substantiam actus.

“De manera que existiendo claras exigencias legales sobre las solemnidades que conlleva la adquisición del dominio de las aeronaves, las mismas se constituyen en el único medio de prueba legalmente aceptable para acreditar el derecho real que se alegue sobre uno de estos bienes.

“Al respecto en el asunto sub examine se verifica que la sociedad demandante aportó copia auténtica de la escritura pública que da cuenta de la adquisición de la aeronave de matrícula HK-337, pero no aportó la certificación de la inscripción de dicho negocio ante la autoridad aeronáutica, lo cual significa que no se probó la tradición, siendo este el modo de adquirir el dominio de tales bienes, por expresa disposición legal”(29).

“[L]a prueba de la propiedad de una aeronave sólo se acredita con la escritura pública donde conste el negocio jurídico correspondiente —compraventa en este caso—, escritura que va a constituir el título, en tanto que el modo será la inscripción de dicho instrumento en el registro aeronáutico nacional, acompañada de la entrega material. De manera que existiendo claras exigencias legales sobre las solemnidades que requiere la adquisición del dominio de las aeronaves, las mismas se constituyen en el único medio de prueba legalmente aceptable para acreditar el derecho real que se alegue sobre uno de estos bienes.

“(…). “En este orden de ideas y dado que no se acreditó la condición de propietario de la aeronave de matrícula HK-2599P alegada por el señor Diego Paúl Martínez Muñoz, pues no aportó los documentos públicos que sirven para establecer el título traslaticio de dominio del bien —en este caso la escritura pública de compraventa— y el modo —constituido con el registro respectivo—, carga probatoria que ha debido ser asumida en debida forma por el actor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y que tratándose de documentos públicos no puede ser sustituida por otro medio distinto de prueba, tal como lo prescribe el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil y en razón a que se trata de un verdadero requisito ad substantiam actus, se impone señalar que el demandante carece de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, se deben negar las súplicas de la demanda.

“(…). “En conclusión, cuando se ha probado, como en este caso, la falta de legitimidad en la causa por activa al no acreditarse la titularidad del derecho por cuya indemnización se reclama será necesario denegar las pretensiones de la demanda, razón por la cual así se decidirá previa revocatoria de la sentencia de primera instancia”(30).

Ahora bien, en relación con la titularidad de la aeronave HK-3286-P, en el plenario se encontraron los siguientes medios de acreditación:

Copia de la escritura pública 266 de 26 de febrero de 1987 de la notaría primera del circuito de Chiriquí, Panamá, en la cual consta la compraventa celebrada entre la Sociedad Alas Chiricanas (vendedor) y la Sociedad Aérea del Caquetá —Sadelca— (comprador) de los derechos de dominio y la posesión material y real de la aeronave de marca Douglas DC-Tres (C-47), modelo 1948, por un valor de US$ 85.000(31).

Copia del certificado de matrícula correspondiente a la aeronave HK-3286, expedida por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, el 22 de octubre de 1993, en el cual aparece como propietario y explotador de la misma la Sociedad Aérea del Caquetá —Sadelca Ltda.—(32).

De los anteriores medios probatorios se puede concluir que la Sociedad Aérea del Caquetá —Sadelca Ltda.— adquirió los derechos reales de la aeronave HK-3286 por compra realizada a la Sociedad Alas Chiricanas, el día 26 de febrero de 1987, negocio jurídico que quedó consignado en la escritura pública 266 de la notaría primera del circuito de Chiriquí, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Aeronáutico de Colombia.

En tal orden de ideas, se debe concluir que se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la Sociedad Aérea del Caquetá —Sadelca—.

4. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro del encuadernamiento de la referencia obra el proceso penal adelantado por la fiscalía Regional de Oriente con ocasión del decomiso de un material de guerra que iba a ser transportado en una aeronave de propiedad de la Sociedad Aérea del Caquetá —Sadelca—.

Respecto del mencionado proceso penal debe señalarse que la parte demandante solicitó su práctica, por lo que fue decretada en primera instancia a través de Auto de 31 de octubre de 2002(33); la secretaría del tribunal administrativo a quo libró para tal fin el correspondiente oficio 5762 del 6 de febrero 2003(34) y, en virtud de ello, la propia entidad demandada aportó copia del proceso penal.

Los documentos y las diligencias que obran dentro de la referida prueba trasladada serán objeto de valoración probatoria en este proceso, dado que fue la propia entidad demandada, Fiscalía General de la Nación, la que adelantó tal actuación y la allegó al proceso y, adicionalmente, la Nación - Ministerio de Defensa adhirió a la práctica de la referida prueba(35).

Ahora bien, de los elementos de acreditación que forman parte de la aludida prueba trasladada, se tiene por demostrado lo siguiente:

Que el 9 de septiembre de 1995, la unidad investigativa de policía judicial antinarcóticos retuvo un material de guerra en el Aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio, el cual supuestamente iba a ser trasladado al municipio de Guérima, Vichada, lo anterior, para mayor claridad y precisión, se manifestó en los siguientes términos:

“El Capitán Libardo Morales Lagos, jefe de la unidad investigativa policía judicial ANTIN, solicita se practique diligencia de registro y allanamiento en el inmueble ubicado en la calle 35 A Nº 21-15 de Villavicencio.

“En procedimiento adelantado en el Aeropuerto Vanguardia en horas de la mañana del día de hoy, la unidad antes enunciada retuvo en unas cajas de huevos treinta (30) granadas de 40 mm y mil seiscientas catorce (1.614) cartuchos calibre 7.62 mm. Inicialmente, el señor Otálvaro Polanco Cediel informa que esas cajas, que contienen los elementos retenidos fueron enviados con destino a Guérima (Vichada) por una señora quien vive en la dirección antes registrada.

“De acuerdo a la información antes reseñada, y a la solicitud hecha, esta fiscalía considera procedente practicar diligencia de allanamiento en la residencia de la persona que posiblemente está remitiendo el material bélico retenido, ya que es posible que allí se encuentren más armas o elementos explosivos, además hará posible la identificación e individualización de la posible responsable de estos hechos”(36) (se destaca).

Que el 10 de septiembre de 1995, la unidad investigativa de policía judicial, dirección de antinarcóticos de Villavicencio dejó a disposición de la fiscalía regional lo siguiente:

“(…) 30 granadas de 40 mm RD MB4BAZ de fabricación venezolana, las cuales fueron encontradas dentro de dos cajas de cartón con huevos, 1618 cartuchos calibre 7.62 mm para fusil los cuales iban dentro de un bulto de papa y un timbo de plástico que contenía melaza empacados dentro de bolsas plásticas, dichos elementos iban con destino a Guérima (Vichada), enviados por la señora Marina Chamarravy, mediante remesa número 8573, iban a ser transportados en el avión DC3 HK (sic) 3285 de la Empresa Sadelca, despachado por el señor Otálvaro Polanco Cediel (…). El procedimiento se llevó a cabo el día 090995 en el Aeropuerto Vanguardia de esta ciudad siendo aproximadamente las 10:00 horas, (…)”(37) (se destaca).

Que el 11 de septiembre de 1995, la representante legal de Sadelca Ltda. solicitó ante la correspondiente fiscalía de conocimiento que se realizara la entrega definitiva de la aeronave aludida, para lo cual manifestó que:

“No corresponde a la sociedad contratante entrar a averiguar en ese momento si el contenido del transporte corresponde a lo denunciado, pues para ello existe el órgano del Estado competente para hacerlo, cual es la cuarta compañía de antinarcóticos, con sede en Villavicencio y cuya actividad se ejercía en el Aeropuerto Vanguardia.

“Este organismo del Estado cumplió con sus obligaciones en forma magistral pues descubrió la actividad ilícita que se pretendía, más no por ello puede vincularse a la aeronave de propiedad de Sadelca Ltda. y tripulada por el capitán Ricardo Fajardo y el copiloto Ciro Martínez, pues como se ve en estas personas nada tienen que ver con ese asunto, ellos actuaron de buena fe como supone cualquier negociación comercial, principio que rige al Código de Comercio en toda su extensión. (…)”(38).

Que el 24 de octubre de 1995, la Dirección Regional de fiscalías de Oriente se abstuvo de ordenar la entrega de la aeronave HK-3286, afiliada a la empresa Sadelca Ltda., por cuanto consideró que “la aeronave HK-3286 fue utilizada indebidamente en el tráfico y transporte de explosivos”(39) (se destaca); a continuación, se transcribe un extracto de las razones que sirvieron de fundamento a tal decisión:

““La carga iba a ser transportada a una zona de gran actividad guerrillera conocida como zona roja. Razón de más por la que la empresa debía mostrar suma diligencia en su contenido. No es lo mismo transportar carga a Bogotá, que a San José del Guaviare o a Guérima, donde se sabe no existe ningún control policivo. Pensamos que muy pocas veces la Policía Aeroportuaria revisa detalladamente la carga de estos aviones, de lo contrario Marina Chamarravy no se (sic) abría arriesgado a mandar el material de guerra y a que su hermano viajara con el cargamento. Tenía (ilegible) convencimiento de que esta vez, como seguramente (sic) otras muchas lo habría hecho, todo iba a pasar bien, pues conocía de la total permisividad y descuido de la empresa transportadora.

“6. Los reglamentos del transporte de carga se violaron todos, ya que aquí no existía planilla de carga, ni contrato, ni relación de pasajeros, no sabemos ni siquiera los nombres de las personas que iban a viajar. Por lo menos la remesa que contenía los explosivos está irregularmente expedida.

“7. Por todo lo anterior esta fiscalía considera que la aeronave HK-3286, fue utilizada indebidamente en el tráfico y transporte de explosivos. Por tal razón se negará su entrega” (se destaca).

Que el 20 de noviembre de 1995, Sadelca Ltda. formuló “incidente” ante la fiscalía Regional de Oriente, en cuya virtud solicitó nuevamente la devolución de la aeronave de propiedad de la referida empresa(40).

Que el 27 de noviembre de 1995, la Dirección Regional de fiscalías de Oriente negó la petición antes referida, de conformidad con las siguientes razones:

“Lo anterior en razón de que el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal establece con claridad meridiana que habiéndose tramitado un incidente, no podrá tramitarse uno similar, a menos que se funde en hechos ocurridos con posterioridad a la solicitud o surjan pruebas nuevas.

“Como en el presente caso no existen hechos nuevos o pruebas nuevas relacionadas con la vinculación de la aeronave a éste proceso, no puede tramitarse un nuevo incidente sobre lo mismo.

“Es del caso aclararle al ilustre libelista, que este despacho sólo actuará bajo el imperio de la ley y que no son de recibo las amenazas o intimidaciones, como las que el abogado promete en su escrito, si no se le resuelve favorablemente sus peticiones.

“El señor apoderado, tuvo la oportunidad de apelar la Resolución de octubre 24 de 1995, por la que se negó la entrega de la aeronave. Por error o por negligencia, este derecho no se ejerció. Este despacho quiere entender que de buena fe el profesional del derecho, olvidó lo reglamentado por el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal y que su intención no es la de pasar escritos a sabiendas de su improcedencia, con lo cual sólo se traba y se entorpece el trámite normal de la investigación”(41).

Que el 4 de marzo de 1996, el juzgado segundo penal del circuito de Villavicencio revocó parcialmente el fallo dictado por el juzgado sexto penal municipal de Villavicencio, el 12 de enero de la misma anualidad(42) y, en su lugar, resolvió lo siguiente:

“SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional de la empresa Sadelca Ltda., y en consecuencia dejar sin efecto el Auto de fecha noviembre 27 de 1995, mediante el cual se negó de plano la petición de entrega de la aeronave mencionada.

“TERCERO: ORDENAR a la fiscalía regional que conoce del proceso 1.143 que en el plazo perentorio de cuarenta y ocho horas, inicie el trámite del incidente presentado por el Dr. Duarte Cepeda, en relación con la entrega de la avioneta HK 3286 como apoderado de Sadelca Ltda., presentado el día 20 de noviembre de 1995.

“CUARTO: CONFIRMAR parcialmente el numeral primero del fallo de primera instancia, en el sentido de negar la tutela de los derechos a la igualdad, el honor y el trabajo. (…)” (se destaca).

Que el 10 de abril de 1996, la fiscalía Regional de Oriente de Villavicencio resolvió la solicitud de entrega de la aeronave HK 3286 en los siguientes términos:

“PRIMERO: Abstenerse de ordenar la entrega de la aeronave HK-3286, afiliada a la empresa Sadelca Ltda., petición que hiciera la señora Martha Valencia Parada representante legal de la empresa mencionada, a través de su apoderada judicial (…)”(43).

Que el 17 de julio de 1996, la fiscalía delegada ante el tribunal nacional revocó la decisión antes aludida y, en su lugar, dispuso “la entrega definitiva de la aeronave HK 3286, marca Douglas DC-3 para carga y pasajeros a su propietario Sadelca Ltda. por intermedio de la representante legal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia” (se destaca).

La anterior decisión se apoyó en los siguientes considerandos:

“A la entrega promovida por el representante legal de la empresa ‘Sadelca Ltda.’ a la cual pertenece la aeronave en comento se le dio el trámite incidental consagrado en el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal, luego de prosperar una acción de tutela, habida cuenta que el funcionario de primer grado se había negado a dar trámite al incidente promovido por el tutor de la empresa.

“El a quo en la providencia impugnada, sostuvo como causales para negar la entrega de la aeronave que no se ha demostrado la carencia de responsabilidad de la empresa en el tráfico del material bélico incautado y que solamente obran en el proceso las pruebas que de oficio decretó la fiscalía, insistiendo que en estos casos la carga de la prueba le corresponde al interesado.

“De otra parte argumentó que el tratamiento que se le da a la Empresa es totalmente doméstico y que la empresa ha tenido inconvenientes judiciales cuando se incautaron 20 kilos de benzocaína, unas cajas con cinta pegante y un bulto de condones, los cuales se usan para empacar estupefacientes.

“(…).

“Ahora bien, a reclamar la aeronave que fuera decomisada, se presentó inicialmente la señora Martha Valencia Parada, en calidad de representante legal de la empresa ‘Sadelca Ltda.’ como tercero incidental, precediéndose al trámite del mismo y al fallo negando la entrega.

“Infantiles y peregrinos resultan las argumentaciones del funcionario de primera instancia al negar sistemáticamente la entrega de la aeronave, pues al hacer un estudio de la forma en que se desarrolló la incautación de las granadas y de la munición que dieran inicio de la investigación, no se encuentra nexo de causalidad alguno entre las actividades comerciales de la empresa realmente y los hermanos CHAMAVARRY sindicados de ser los autores del punible investigado, en este orden de ideas mal puede argumentar el a quo que la carga de la prueba corresponde al interesado. 

“(…).

“En el caso de análisis, es claro la existencia de un hecho punible a investigar, pero sucede que no está demostrado que la empresa de aviación esté dedicada al transporte de armas con destino a la guerrilla, ni que sus empleados hubieran intervenido en la ilegal conducta, esta anotación se hace al margen de lo dispuesto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal porque de bulto salta la injusta argumentación hecha por el a quo en la providencia impugnada y en relación con el empleado Otálvaro Polanco fletador de la empresa, de quien predica que sabía el contenido de la ilegal carga, en contravía de las consideraciones hechas en la providencia en la cual se le resolvió la situación jurídica, siendo claro que los responsables se encuentran debidamente identificados e individualizados y en su contra se libró orden de captura. 

“Ahora bien, se trajo al proceso la documentación referente a la aeronave HK-3286, la cual demuestra que esa aeronave fue adquirida desde el año de mil novecientos ochenta y siete (1987) por la Sociedad Aérea del Caquetá ‘Sadelca Ltda.’ y la certificación expedida por la Aerocivil sobre el permiso de aeronavegabilidad para el transporte de carga.

“De igual forma en autos NO existe un solo indicio que haga siquiera suponer que la empresa de Sadelca utilice sus aviones para el transporte de material bélico o logístico con destino a la guerrilla, la argumentación del a quo en lo referente a los inconvenientes judiciales de la empresa no tienen ningún respaldo probatorio pues ni la benzocaína, ni la cinta pegante, ni menos los condones son elementos controlados o prohibidos por la ley, esa argumentación por sí sola es anfibiológica y carente de sindéresis para valorarla probatoriamente. 

“No puede responsabilizarse a la compañía ‘Sadelca Ltda.’, de las informaciones obtenidas por la Policía en que los condones son utilizados para empacar droga, pues como se reitera, por una parte no es punible cargar condones y menos pretender que la empresa asuma la responsabilidad de una mercancía de comercio lícito que se afora. El análisis hecho por el a quo en lo referente a la forma doméstica como se maneja la empresa de aviación, no pasa de ser una apreciación de carácter subjetivo, pues bien parece que el funcionario jamás hubiera viajado o aforado mercancía hacia el interior de los Llanos Orientales donde el único medio de transporte es el aéreo y donde en todas partes la revisión de los equipajes está a cargo de la Policía y no de los aforadores por disposición de la Aerocivil. 

“De la realidad procesal se infiere que la empresa reclamante no es pirata, pues su legalidad aparece demostrada con el certificado de la Cámara de Comercio, el permiso de operaciones y la escritura pública 266 de fecha febrero 26 de 1987 de la notaría 1ª del (sic) circuito de Panamá por medio de la cual se llevó a cabo la compraventa de la aeronave en [párrafo incompleto].

“Así las cosas, debe admitir esta delegada que aunque se equivocó el a quo al no ordenar la entrega definitiva, como quiera que se encuentra probada su propiedad, por medios de prueba idóneos donde se demuestra que es legítima por ende no se debe cuestionar el justo reclamo hecho por la empresa propietaria de la aeronave. 

“Existiendo prueba suficiente, practicada dentro de la fase incidental y dentro del proceso, llega esta delegada al convencimiento certero de que ni (sic) el aeronave, ni quienes reclaman su devolución, han tenido nada que ver con el delito investigado, para merecer estar atados a la investigación.

“De lo anterior se colige, sin lugar a dubitaciones que la empresa ‘Sadelca Ltda.’, está libre de toda imputación, en el hecho investigado, que la aeronave se adquirió en forma lícita, que la misma ha estado prestando un servicio público de acuerdo a su objeto social como es el transporte aéreo afiliado a una empresa conocida, que el hecho de que hubieran pretendido transportar en ella material bélico fue netamente circunstancial como se anotara anteriormente.

“En este orden de ideas, es obligación de esta delegada REVOCAR la providencia materia de impugnación, disponiendo en su lugar la entrega definitiva de la aeronave HK 34639, marca Douglas DC-3 para carga y pasajeros, a su propietario Sadelca Ltda. por intermedio de la representante(44).

— Que el 1º de agosto de 1996, el fiscal delegado ante los jueces regionales de Villavicencio hizo la entrega de la aeronave HK-3286 a la empresa Sadelca Ltda(45).

5. La jurisprudencia de la Sala respecto de la retención de bienes.

La Sala, en abundante jurisprudencia, se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado generada con ocasión de la retención de bienes que supuestamente se han utilizado para el tráfico de sustancias controladas, según lo establecido por la Ley 30 de 1986 y normas concordantes, en aquellos casos en que el resultado de las investigaciones penales no permita imputar algún delito al investigado.

La Sala, ante un caso similar al que ahora se analiza, consideró(46):

“(…) encuentra la Sala que la situación a la que se vio abocado el demandante con ocasión de la incautación de su vehículo se origina en dos situaciones fácticas distintas, con sus respectivas implicaciones jurídicas: de una parte la responsabilidad estatal derivada de la imposición de una medida preventiva y punitiva de naturaleza jurisdiccional respecto de un bien privado y de otra parte la responsabilidad estatal derivada de sus obligaciones como depositario de bienes objeto de tales medidas.

(…)

“… situaciones como la descrita ameritan un estudio en concreto a efectos de determinar si las particulares circunstancias del caso dan lugar a concluir, o no, que el ciudadano en quien recaen tales medidas precautelativas en el ámbito punitivo efectivamente debe soportar sus consecuencias. Dadas las graves implicaciones que tales consecuencias comportan para los titulares de los bienes afectados, resultan predicables y por tanto plenamente aplicables los criterios que ha venido siguiendo esta corporación a propósito de la detención preventiva de personas.

“Ha dicho la Sala que aun cuando el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado comporta la posibilidad de restringir la libertad personal con fines preventivos, en determinadas circunstancias esa detención bien puede llegar a ser calificada de injusta y por ende constitutiva de un daño antijurídico, incluso en aquellos eventos en los cuales la absolución del sindicado deviene de la aplicación del principio del in dubio pro reo por no haberle sido desvirtuada la presunción de inocencia que lo ampara constitucionalmente(47).

“Como aspectos fundantes de dichos planteamientos ha esgrimido la Sala(48) que ‘carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas’ e invocando el postulado general contenido en el artículo 2º de la Constitución Política en cuanto a que uno de los fines esenciales de la organización estatal es la protección de las libertades y los derechos de todas las personas residentes en Colombia, precepto que también alude expresamente a sus bienes; ha recordado igualmente que

‘Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En ese orden de ideas, no pocas veces se ha concluido que constituye daño antijurídico aquel que se experimenta en el ámbito puramente material, por vía de ejemplo, cuando se devalúa un bien inmueble por la proximidad de un puente vehicular que ha sido construido y puesto en funcionamiento para el bienestar de toda la colectividad”.

“Del mismo modo, la Sala ha reconocido la existencia de daños antijurídicos originados en situaciones distintas a la detención preventiva de personas, como cuando se restringen las libertades de locomoción y circulación e incluso ante la imposición de cauciones prendarias, cuando tales restricciones y medidas resultan injustificadas y el afectado con las mismas ‘no originó el hecho que dio lugar a la medida cautelar’. En dicha oportunidad expuso la Sala las siguientes consideraciones:

“Para la Sala es claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que quedó establecido en el plenario que él no cometió el hecho del que se le acusa, la restricción a la libertad de locomoción y de residencia a la que se le sometió, le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, hay lugar a indemnizarlo. Lo que a juicio de la Sala compromete la responsabilidad de la administración en estos eventos es la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, como que ésta no tiene el deber de padecerlo.

De manera que, las obligaciones derivadas de la medida cautelar dineraria (caución prendaria) la obligación de no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa autorización de la autoridad judicial respectiva, a la postre pueden generar un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis que la conducta no fue cometida por el sindicado. En tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer al sindicado”(49).

“Por esta misma senda argumentativa es perfectamente posible entonces llegar a la conclusión de que en el presente caso la imposición de la medida de incautación respecto del vehículo del señor Jacobo Arends González fue injustificada, más aún cuando resultó exonerado de la responsabilidad penal que le fue imputada en razón a la presunta ilicitud en la utilización de dicho automotor, lo cual conduce necesariamente a calificar de antijurídico el daño patrimonial consecuente” (se destaca).

En el mismo sentido, la Sala afirmó:

“Ahora bien, ocurre que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 2790 de 1990, para justificar la incautación de bienes vinculados a los procesos por los delitos previstos en el artículo 9º de dicho Decreto(50), se exige la existencia de prueba sumaria sobre la vinculación del bien al delito:

‘ART. 53.—Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios, y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 9º del presente decreto, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva.

El superior de la unidad investigativa sólo podrá ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista a lo menos prueba sumaria sobre su vinculación a delito de los mencionados en el artículo 9 de este decreto (…)” (se destaca).

“Por manera que la prueba sumaria exigida para justificar tal incautación en los términos del inciso segundo del Decreto 2790 de 1990, en realidad no existió, puesto que vino a consistir realmente en las inferencias elaboradas por los funcionarios que adoptaron tal medida, más que en la constatación de las circunstancias fácticas que al ser objetivamente valoradas hubieren podido resultar, por sí mismas, demostrativas del nexo que pudiere llegar a tener dicho vehículo con la actividad delictiva a la cual finalmente se le vinculó, pues, se insiste, la prueba de campo que en un principio determinó que las sustancias incautadas habrían de constituir o contener carbonato liviano —sustancia que habría de tener relación con alcaloides o ser precursora de los mismos— sólo se surtió después de que los bienes fueron incautados”(51).

A su turno, esta Sala ha considerado que el fundamento de la responsabilidad del Estado en este tipo de casos es el del daño especial. En efecto:

“Por consiguiente, la Sala estima que la imposición y subsistencia de la medida en contra de la parte demandante, consistente en la incautación del automotor por el término durante el cual se adelantó la investigación penal, sobrepasó la carga pública que estaban llamados a resistir los actores como consecuencia del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado. Así ha discurrido la subsección, al abordar el estudio de un caso similar:

‘En consecuencia, al haberse precluído el proceso penal en contra del señor Edberto Benavides, precisamente porque no se probó que el vehículo por él conducido estuviere siendo utilizado para el transporte de narcóticos y dado que la imposición y subsistencia de dicha medida, en el transcurso de más de un año durante el cual se adelantó la investigación penal, radicó, en suma, en la sospecha que en tal sentido tuvo en su momento el miembro del comando de la policía de Mocoa, se impone concluir que la incautación de dicho bien sobrepasó la carga pública que estaban llamadas a resistir las demandantes como consecuencia del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado’”(52).

A la luz de la jurisprudencia anteriormente reseñada se tiene que la responsabilidad del Estado en casos de retención de vehículos por supuesta violación de la Ley 30 de 1986, cuando quiera que las investigaciones terminen con Auto de preclusión de la investigación, suele encontrar su fundamento en el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas; es decir, en casos como el presente, el hecho de que el bien se retenga sin que se hubiere podido comprobar por las autoridades competentes la comisión de una conducta punible genera la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que se trata de una carga que los ciudadanos no están en la obligación jurídica de soportar; lo anterior no excluye, sin embargo, que si se encuentran razones suficientes que le permitan al fallador declarar probada la existencia de una falla del servicio, éste sea el régimen que fundamente la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.

Al descender al caso concreto, esta subsección debe advertir que aun cuando la aeronave de propiedad de Sadelca Ltda. no fue retenida por infringir la Ley 30 de 1986, mutatis mutandi la precitada postura jurisprudencial resulta compatible con el presente asunto, por cuanto la mencionada aeronave fue decomisada debido a que en ella se iba a transportar un material bélico de uso exclusivo de la fuerza pública sin los correspondientes permisos y/o autorizaciones, infringiendo de esta manera el Decreto 2535 de 1993(53), cuerpo normativo que fijó unas directrices y requisitos para la tenencia y el porte de armas, municiones, explosivos y sus accesorios.

Pues bien, la normativa aplicable al proceso de incautación de bienes en el marco de la Ley 30 de 1986, se encuentra consignada, para la época de los hechos, en el Decreto-Ley 99 de 1991, en particular el artículo 53, a cuyo tenor:

“ART. 53. Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios, y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos cuyo conocimiento atribuye el artículo 9o. del presente decreto a la jurisdicción de orden público, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva.

“El superior de la unidad investigativa de policía judicial de orden público o el jefe de la policía judicial, sólo podrán ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista prueba sumaria sobre su vinculación o delito de los mencionados en el artículo 9º(54) de este decreto como de conocimiento de la jurisdicción de orden público.

“De la aprehensión, incautación u ocupación de los bienes que estuviesen sujetos a registro de cualquier naturaleza, se dará aviso inmediato al funcionario que corresponda por el jefe o superior de la unidad investigativa que la haya efectuado. La inscripción se hará en el acto y no estará sujeta a costo ni a turnos algunos so pena de causal de mala conducta. Hecha esta, todo derecho de terceros que se radique sobre el bien será inoponible al Estado.

“La orden de entrega definitiva de bienes a particulares sólo podrá cumplirse una vez ejecutoriada.

“PAR. Siempre que se produzca la incautación u ocupación de bienes el superior de la unidad investigativa levantará un acta en que aparezca el inventario de ellos debidamente identificados, de la cual remitirá una copia adicional a la Dirección Nacional de Estupefacientes para los efectos señalados en este decreto”.

Para la parte demandada, la inmovilización de la aeronave HK-3286 que se realizó el 9 de septiembre de 1995 cumplió con todos los requisitos legales, argumento que no es de recibo para la Sala por las siguientes razones:

La legislación vigente al momento de los hechos objeto de esta demanda establece sin ambages que “[e]l superior de la unidad investigativa de policía judicial de orden público o el jefe de la policía judicial, sólo podrán ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista prueba sumaria sobre su vinculación o delito de los mencionados en el artículo 9º” del Decreto-Ley 99 de 1991, esto es, entre otros, los delitos relacionados con el tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares o de policía nacional. En este sentido, de la norma citada resulta claro que para ordenar la inmovilización de la aeronave la autoridad de policía debía tener en su acervo prueba siquiera sumaria de la vinculación del bien a alguno de los delitos referidos en el artículo 9º del Decreto-Ley 99 de 1991.

La Sala se ha ocupado en repetidas ocasiones de pronunciarse sobre el concepto de prueba sumaria. Así:

“La prueba indiciaria se deduce o infiere con medios probatorios que están en forma debida para la apreciación y para la valoración. Por consiguiente, debe hacerse claridad en que las pruebas directas no controvertidas o ratificadas, es decir ser simplemente pruebas sumarias, no deviene en prueba indirecta y por lo mismo no se transmuta o transforma en prueba indiciaria(55).

En el mismo sentido se afirmó:

“La sumariedad en las pruebas, como es bien sabido, es una excepción permitida por el legislador para darle efectos demostrativos a medios que no han sufrido el rito probatorio, para fines específicos, pero no puede ser nunca una regla general. De allí que en el campo de la suspensión esa sumariedad tenga sólo alcances restringidos y para evidenciar el perjuicio que sufre o que podría sufrir el actor con el mantenimiento de los efectos del acto”(56).

Por su parte, para la doctrina:

“La prueba sumaria es aquella que lleva al juez a la certeza del hecho que se quiere establecer, en idénticas condiciones de las que genera la plena prueba, pero, a diferencia de ésta, no ha sido sometida al requisito de la contradicción de la parte contra quien se hace valer.

“Pone de presente lo anterior que la única diferencia que existe entre los dos conceptos es el no haber sido surtido el requisito de la contradicción, pero su poder de convicción es siempre igual y la prueba sumaria también debe llevar certeza al juez acerca del hecho que con ella se quiere establecer.

“Debido a lo anterior es que se debe desterrar la idea que la prueba sumaria es la deficiente, la incompleta, un principio de prueba, aquella que apenas insinúa la existencia de un hecho; en absoluto, la prueba sumaria convence con características idénticas a la de la plena prueba, la certeza que ella lleva al entendimiento del fallador es completa; en cuanto a su eficacia probatoria no existe ninguna diferencia entre las dos clases de pruebas”(57).

De esta manera, para determinar la existencia de una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas por los hechos objeto de esta demanda, la Sala debe determinar si existía al menos prueba sumaria de la vinculación de la aeronave HK-3286 a la comisión de un delito, teniendo siempre presente que la decisión de la Policía Nacional de inmovilizar la aeronave fue determinante para la producción del daño alegado por la parte actora.

Del oficio que dejó la referida avioneta a disposición de la unidad investigativa de policía judicial se tiene que la razón fundamental para ordenar la inmovilización de la aeronave radicó en que un material de guerra iba a ser transportado en el referido medio de transporte con destino a grupos subversivos.

Para la Sala, el hecho de que dichos elementos fueren a transportarse en la citada avioneta, no constituye prueba sumaria de la vinculación del bien mueble a la comisión de un delito de aquellos señalados en el artículo 9º del Decreto-Ley 99 de 1991.

Brillan por su ausencia los argumentos que pudieron haber tenido en cuenta los funcionarios de la Policía Nacional Antinarcóticos que llevaron a cabo la diligencia de decomiso para ordenar la inmovilización del bien, la relación de las pruebas sumarias de la vinculación de la aeronave con un ilícito cualquiera o aún la tipificación del delito o la contravención a los que hubiere podido vincularse la aeronave.

A lo anterior se agrega que tal como quedó consignado en la decisión de 17 de julio de 1996 emitida por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional de Bogotá, en cuya virtud se ordenó la entrega definitiva de la mencionada aeronave, NO se encontró demostrado que Sadelca Ltda. estuviere dedicada al “transporte de armas con destino a la guerrilla, ni que sus empleados hubieran intervenido en la ilegal conducta”(58).

Así las cosas, la Sala revocará la decisión apelada y, en su lugar, declarará la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, por cuanto se acreditó que la incautación de la aeronave de propiedad de Sadelca Ltda. no tenía vínculo alguno con la comisión de conducta punible alguna.

Por último, se advierte que en contra del Ejército Nacional no se proferirá condena alguna, por cuanto dicha institución no tuvo injerencia alguna en la causación del daño reclamado en el libelo demandatorio.

6. Responsabilidad del llamado en garantía.

En cuanto al llamamiento en garantía solicitado por la Fiscalía General de la Nación y admitido por esta corporación, en virtud del cual se vinculó al fiscal que conoció de la incautación de la aeronave de propiedad de Sadelca Ltda., es preciso tener en cuenta un pronunciamiento de esta corporación, según el cual:

“la Sala(59) ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aun así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo —actuación gravemente culposa—.

“Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

“Pues bien, la Sala estima que dentro del presente asunto no se acreditó que el juez cuarto penal del circuito de Villavicencio hubiere actuado con culpa grave y mucho menos en forma dolosa frente a la producción del daño, dado que no se encuentra que su comportamiento hubiere estado prevalido de la intención de producir las consecuencias nocivas que se generaron, puesto que del material probatorio allegado no puede arribarse a tal consideración.

“En efecto, de la documentación aportada con la demanda por la parte actora y que consiste, básicamente, en las decisiones proferidas dentro del proceso penal adelantado en contra del señor Ruíz Ruíz no puede determinarse que el entonces funcionario del Estado llamado en garantía habría actuado con culpa grave o con dolo, pues lo único que en tales decisiones está consignado es la respectiva motivación de aquellas que lo requerían, sin que de allí se extraiga una actuación irregular, con la virtualidad necesaria para responsabilizar al llamado en garantía por el daño antijurídico padecido por la parte accionante”(60).

De conformidad con lo anterior y dado que en este proceso tampoco obra prueba que demuestre alguna actuación dolosa o gravemente culposa por parte del llamado en garantía, esta Sala considera que no se comprometió la responsabilidad de los funcionarios que participaron en la incautación de la aeronave HK-3286 de propiedad de Sadelca Ltda.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

La parte actora solicitó el reconocimiento de la suma equivalente a 4000 gramos de oro “por la afectación al buen nombre comercial y moral de la sociedad demandante, al verse perjudicado su desprestigio y trayectoria por la incautación en forma arbitraria y negligente de la aeronave relacionada”.

Pues bien, el reconocimiento de perjuicios morales a favor de las personas jurídicas ha sido abordado tanto por la jurisprudencia de esta corporación como por la de la Corte Suprema de Justicia. Una recensión de la jurisprudencia sobre este punto permite establecer la tendencia generalizada hacia el reconocimiento de los perjuicios mencionados a favor de las personas jurídicas.

Desde 1992, la Sala reconoce la posibilidad de que se reconozcan perjuicios morales a favor de personas jurídicas, así:

“No se pueden compartir los términos absolutos de la afirmación del Tribunal que declara a las personas jurídicas como no “susceptibles” de sufrir perjuicios morales; es cierto que dichas personas, no pueden ser víctimas (llamado “daño moral subjetivo”), por cuanto su propia naturaleza las coloca al margen del dolor o de los padecimientos físicos o psicológicos que constituyen.

“Pero si se considera el daño moral en la extensión que le es propia, es decir, como el menoscabo de derechos o de bienes extrapatrimoniales jurídicamente protegidos, es indudable que las personas jurídicas pueden constituirse en sus víctimas; así su reparación no consista, de modo necesario, en una indemnización pecuniaria. Se robustece esta afirmación al amparo del precepto de la nueva Constitución Política que reconoce a “todas las personas” el derecho “a su buen nombre” y atribuye al estado el deber de “respetarlos y hacerlos respetar” (art. 15), entre otros que podrían citarse como ejemplo.

“Asunto diverso es que en el caso que examina la Sala esta daño no se haya probado y que, por lo tanto, deba denegarse”(61).

Posteriormente, en Sentencia del 20 de agosto de 1993, la Sala afirmó:

“En principio, estima la Sala que en el caso presente, la Compañía de Jesús como persona jurídica que no tiene derecho a reclamar indemnización “por el dolor o afección sufrida por la pérdida de su compañero de comunidad y labores”, según lo expresa en las peticiones de la demanda. Se precisa lo anterior por cuanto no es unánime ni preciso el criterio doctrinario y jurisprudencial en torno de si las personas jurídicas son susceptibles de sufrir o no daño moral. De ahí la necesidad de que el juzgador al conocer esta clase de controversias relacionadas con los perjuicios morales de las personas jurídicas deba analizar cada caso en particular, especialmente en lo relacionado con la esencia y naturaleza del daño no patrimonial alegado.

“Para una parte de la doctrina las personas jurídicas sí pueden sufrir perjuicios morales en cuanto éstos se refieran al campo del honor, el buen nombre, las consideraciones sociales, tomando tales conceptos con un criterio generalizador. Entre quienes respaldan esta posición de la doctrina se encuentra el profesor Adriano de Cupis, quien en su obra “El Daño”, hace sobre el particular las siguientes observaciones:

‘Verdaderamente al distinguir el daño privado en patrimonial y no patrimonial, su esfera de actuación se divide en dos zonas que cubren, en su conjunto, el íntegro ámbito del daño privado; y los sufrimientos morales, las sensaciones dolorosas, no abrazan todos los daños que no son perjuicios patrimoniales, ya que, por ejemplo, la disminución del prestigio y de la reputación pública, constituye un daño no patrimonial independientemente del dolor o amargura del sujeto que la sufre. Por consiguiente, si se quiere dar de los daños no patrimoniales una noción lógica y completa no puede limitarse al campo de los sufrimientos físicos o morales, sin concebirlos de forma que puedan integrarse todos los daños que no se comprenden en el otro grupo, en el de los daños, patrimoniales, con otras palabras, que su noción no puede ser en el momento actual más que meramente negativa.

‘En consecuencia, sujeto pasivo del daño no patrimonial puede ser también la persona jurídica. Esto se produce cuando se compromete el beneficio que ella —independientemente por supuesto de un sentimiento de bienestar— puede experimentar en alguno de aquellos bienes no patrimoniales de los que ostenta la titularidad. Así, una sociedad mercantil, una institución de beneficencia, etcétera, pueden alcanzar un daño no patrimonial, valga decir a título de ejemplo, con una campaña difamatoria, por la violación del secreto de correspondencia, etc. El argumento de que la persona jurídica es incapaz de sufrimientos físicos o morales no es decisivo, dada la posibilidad de configurar también un daño no patrimonial distinto del dolor. La persona jurídica, ciertamente, no puede percibir el sentimiento de la propia dignidad y de aquí que no sufra por la lesión de su honor - pero sufre, comúnmente, el daño que incide en su reputación en la cual se refleja su mismo honor. De análoga forma no puede tener el sentimiento celoso de la propia reserva y, por tanto, no puede experimentar la congruente lesión; pero no menos sufre el daño derivado de la divulgación de aquello comprendido en la esfera de lo íntimo, por la violación de sus secretos’.

“En similar sentido los profesores Henry y León Mazeaud y André Tunc, en su Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, en lo pertinente, sostienen al referirse al perjuicio moral de las personas colectivas.

“No obstante, se impone una observación de orden general. El perjuicio material no es el único que está en juego. Una agrupación, al igual que una persona física, posee un patrimonio extrapecuniario, que puede ser, lesionado. Es capaz de sufrir un perjuicio moral, con exclusión tan sólo de una ofensa a los sentimientos efectivos. Si una persona moral no tiene corazón, posee un honor y una consideración, si éstos reciben un ultraje, la agrupación sufre un perjuicio moral”.

“Posición encontrada respecto de las anteriores concepciones es la asumida por el profesor Renato Scognamiglio en su ensayo sobre El daño moral, traducido, por el doctor Fernando Hinestrosa Forero y publicado por el Externado de Colombia, donde al cuestionar la posibilidad de que la persona jurídica sea susceptible de sufrir perjuicios morales, afirma:

“Parece que la doctrina se preocupa sobre todo por otorgar a las personas jurídicas una protección adecuada que llevaría a compensarles el perjuicio recibido en su honor, en su prestigio y atributos similares. Pero aquí vuelve a aflorar la habitual confusión entre el daño infligido a los bienes de la personalidad y el daño moral; que viene a superarse si se considera que la ofensa al honor, etc., es resarcible de suyo. Si además de esta consideración se tiene firme la noción técnica y más segura del daño moral, como sensación aflictiva con ciertos agravios, ya desde el vistazo se muestra imposible la concepción de un moral a la persona jurídica, que careciendo de personalidad sicofísica, ciertamente no podría sufrir dolor por cualquier ofensa a su reputación”.

“Frente a las concepciones doctrinarias anteriormente transcritas, más se acerca la Sala a las dos iniciales en el sentido de considerar que si bien por regla general la indemnización por perjuicios morales va acorde con la aflicción, la pena, el abatimiento y amargura sufridos por la persona como consecuencia del daño recibido, tal gama de sentimientos angustiosos es inherente al ser humano sensitivamente capaz de recibirlos, de tal forma que la persona jurídica incapacitada e inhabilitado por su propia naturaleza para experimentar tales sensaciones, queda exenta de pretender indemnizaciones de índole moral cuando la causa del daño como en el presente caso, es el fallecimiento de uno de los miembros adscritos de esa persona moral. Se ha considerado que la base del perjuicio moral subjetivo estriba en la aflicción, tristeza o angustia nacidas del amor, el afecto, la amistad que sienten los demandantes por la víctima, sentimientos que unidos al parentesco, en la mayoría de los casos, permiten presumir el dolor que la desaparición les causa y cuya compensación en dinero se procura.

“Obviamente los sentimientos de aflicción por la muerte de un ser querido no pueden predicarse de una persona jurídica, así ésta se encuentre en las especiales condiciones de integración y solidaridad que testimonialmente se quieren mostrar respecto de la comunidad demandante en el proceso. La realidad continúa siendo la misma: de esa persona jurídica no puede predicarse el daño moral por cuanto carece de la capacidad afectiva y sentimental sobre la cual recaiga el perjuicio moral, sin que en estos casos haya lugar a identificar la situación de la persona jurídica con la de sus integrantes, pues para todos los efectos son diferentes. Estos, bien pudieron ser víctimas, individualmente considerados, del perjuicio moral narrado, pero así no se demandó.

“No significa lo anterior, según se advirtió, que las personas jurídicas se encuentren totalmente impedidas para acceder judicialmente a reclamar indemnización por perjuicios de orden moral. De ninguna manera. Las consideraciones antecedentes son aplicables para casos como el presente donde el perjuicio moral va indiscutiblemente ligado con los sentimientos propios del afecto y amor de un ser humano. Otra cosa puede ser, cuando el daño moral no presente esa directa y exclusiva comunicación sentimental, en cuyo caso, bien puede eventualmente pensarse en indemnizar por tal concepto a las personas jurídicas”(62).

A su turno, en Sentencia de 2008, la Sala afirmó:

“De modo que, la jurisprudencia, tras negar rotundamente el reconocimiento de perjuicios morales a las personas jurídicas, ha abierto esa posibilidad, haciendo recaer en el juzgador esa decisión con base en el conocimiento de la controversia en cada caso en particular, especialmente en lo relacionado con la esencia y naturaleza del daño no patrimonial alegado y si está ligado o no a aspectos sentimentales y afectivos propios de la condición del ser humano y representados en una aflicción, tristeza o congoja que sólo son propios de éste, y que no se concibe que pueda padecer una persona jurídica.

“Es decir, resulta claro que las personas jurídicas no sufren perjuicios morales subjetivos (pretium doloris), porque no pueden experimentar dolor o sufrimiento y menos aún por agresiones a bienes jurídicos extrapatrimoniales que parten de esa subjetividad del individuo físico (la vida, la integridad corporal, o la honestidad, entre otros); sin embargo, a ellas se les reconoce una subjetividad jurídica, gozan de atributos propios de la personalidad y, por ende, son titulares de derechos que pueden considerarse en sentido objetivo como morales y de carácter extrapatrimonial (reputación, el buen nombre, la probidad), los cuales si en alguna manera se les menoscaba, corresponde indemnizar, en cuanto resulten demostrados en el respectivo proceso.

“En efecto, cuando se atenta, por ejemplo, contra la reputación o prestigio de la persona jurídica, en menoscabo de la credibilidad de su nombre y de la imagen sobre su modo de ser como sujeto en el tráfico jurídico, sería viable de indemnizar como un perjuicio moral, porque aunque esos valores están al servicio de su objeto y fines económicos, ciertamente trascienden la esfera meramente patrimonial. Igualmente, repárese que el “buen nombre” es un derecho fundamental de la personalidad sin importar si se trata de una persona natural o de una persona jurídica, cuya protección, por tanto, se encuentra garantizada en el orden constitucional; en efecto, el artículo 15 de la Constitución Política garantiza a todas las personas, sin distingo, el derecho a su buen nombre, el cual el Estado se encuentra en el deber de respetar y hacerlo respetar”(63).

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha admitido la posibilidad de que las personas jurídicas sufran perjuicios morales y que éstos sean reconocidos en el marco de procesos de carácter penal. En este sentido se pueden encontrar lo siguientes pronunciamientos:

En Auto de 1999, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó:

“En relación con la segunda cuestión propuesta por el apelante, es decir, la existencia de perjuicios extrapatrimoniales, es cierto que las personas jurídicas pueden padecerlos, verbigracia, cuando se afecta su buen nombre y reputación, más tales consecuencias sólo son estimables como detrimento resarcible cuando amenazan concretamente su existencia o merman significativamente su capacidad de acción en el concierto de su desenvolvimiento o las ponen en franca inferioridad frente a otras de su género y especie, si es que se mueven en el ámbito de una competencia comercial o de la prestación de servicios apreciables por la demanda de usuarios.

“Ni pensar en la modalidad del perjuicio moral subjetivo (pretium doloris), porque por su naturaleza las personas jurídicas no pueden experimentar el dolor físico o moral, salvo que la acción dañina se refleje en alguno de los socios o miembros o en la persona del representante legal, caso en el cual la propuesta de reparación deberá hacerse individualmente por quien haya sufrido el daño.

“En relación con las personas jurídicas de derecho público que nacen y se desenvuelven por mandato y privilegio constitucional o legal sin necesidad de un reconocimiento gubernativo de personería jurídica (caso de la Fiscalía General de la Nación), el desprestigio que sus servidores le ocasionan con algunas conductas desviadas hace parte de la naturaleza, gravedad y modalidades propios de cada delito (daño público), pero en manera alguna se proyecta en un menoscabo particular que ponga en peligro su existencia o la disminuya apreciablemente en su operatividad, porque, aun con la presencia de funcionarios corruptos, la actividad estatal no puede detenerse ni arredrarse.

“Como ese deterioro de la imagen de la institución pública, que se produce por la acción delictiva del servidor público, no puede deslindarse de la esencia misma del hecho punible, ni es extraño a los fines preventivo generales y especiales que está llamada a cumplir la eventual pena, tampoco será posible individualizar un perjuicio que justifique el ejercicio simultáneo de una acción con fines compensatorios como es la civil”(64).

En providencia posterior, la misma corporación afirmó:

“Cierto es que el tribunal se equivocó al considerar que en ningún caso las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos de daños morales. Pero ello no quiere decir que siempre los sufran, o que surjan por el sólo hecho de haberse visto involucrado su nombre en un escándalo. En reciente decisión, la Corte fijó algunas pautas sobre el particular, tras señalar que cuando se afecta el buen nombre o reputación de una persona jurídica, sus consecuencias sólo son estimables como detrimento resarcible si amenazan concretamente su existencia, o merman significativamente su capacidad de acción en el concierto de su desenvolvimiento, o las ponen en franca inferioridad frente a otras de igual género o especie, situaciones que no concurren en el presente caso”(65).

Lo anterior se enmarca en la misma línea de lo afirmado por la Corte Constitucional en torno al reconocimiento de derechos fundamentales de la persona jurídica, al considerar que:

“[L]as personas jurídicas tienen sus propios derechos fundamentales. Ellas son proyección del ser humano; surgen de acuerdo con una serie de acciones que provienen de las personas naturales; tienen un patrimonio, una autonomía propia y un ‘good will’ que gracias a sus realizaciones ha adquirido, los cuales son distintos a los de sus miembros, pues esa persona jurídica por sí misma es titular de unos derechos y correlativamente de unas obligaciones. Derechos como la propiedad, el debido proceso, el derecho de petición, el derecho de acceso a la información requieren igualmente, dada su naturaleza, de la protección del Estado, para lo cual el ordenamiento constitucional ha consagrado mecanismos de amparo ante eventuales amenazas o vulneraciones a tales derechos”(66).

A la luz de las providencias citadas, en el ordenamiento jurídico colombiano no existe duda alguna frente a la posibilidad de reconocer aquellos perjuicios morales causados a personas jurídicas, en cuanto hayan sido probados en el proceso. Sin embargo, la Sala debe hacer claridad en punto a que resulta incorrecto considerar que todo daño causado a bienes inmateriales de la persona jurídica deban ser resarcidos bajo el concepto de perjuicios morales o extrapatrimoniales.

En efecto, tradicionalmente se ha considerado que atentados contra derechos de la persona jurídica como el buen nombre o el good will constituyen perjuicios morales, cuando lo cierto es que los mencionados derechos integran el concepto de establecimiento de comercio en los términos de los artículos 515 y 516 del Código de Comercio, a cuyo tenor:

“ART. 515.—Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.

“ART. 516.—Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:

1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;

2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento;

3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares;

4) El mobiliario y las instalaciones;

5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;

6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y

7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento”.

En este orden de ideas, de manera general los daños al buen nombre o good will deben incluirse en el concepto de perjuicios materiales, por cuanto dichos derechos aunque pertenezcan a la órbita de lo intangible constituyen parte del acervo patrimonial de la persona jurídica, por lo tanto, si el daño producido por la entidad demandada generó un detrimento en aquellos bienes inmateriales que constituyen la noción de establecimiento de comercio, la condena deberá resarcir tanto el daño emergente, cuya tasación depende de los gastos en los que haya incurrido la persona jurídica para restablecer su buen nombre o good will, como el lucro cesante, enmarcado en lo que la persona jurídica afectada por la actuación de la entidad demandada haya dejado de percibir por el hecho dañino.

Lo anterior no obsta, se reitera, para que el juez reconozca la existencia de perjuicios morales a favor de personas jurídicas, siempre y cuando, como es lógico, dichos perjuicios encuentren su fundamento en el acervo probatorio obrante en el expediente.

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que la empresa Sociedad Aérea del Caquetá —Sadelca Ltda.— alegó la causación de un perjuicio moral por cuanto consideró que la actuación de las entidades demandadas le habría generado una “afectación al buen nombre comercial y moral de la sociedad demandante, al verse perjudicado su prestigio y trayectoria por la incautación en forma arbitraria y negligente de la aeronave relacionada”.

Pues bien, en el caudal probatorio obra la declaración de un piloto de Sadelca Ltda., señor Víctor Manuel Valencia Parada, quien manifestó lo siguiente:

“... entre 12 a 16 meses duró retenida la aeronave, afectando en general a la empresa económicamente ya que no quedó sino con una sola aeronave, por lo tanto viendo afectado su cumplimiento con los fletadores o clientes que tenía, estos procedieron a irse para otras empresas afectando económicamente la estabilidad de la empresa a los empleados reduciéndolos a la mitad y moralmente porque nos estigmatizaron a todos a la empresa y a los empleados como colaboradores para dicho transporte de estos implementos y la empresa quedó con los mismos gastos adquiridos ante la Aerocivil, arrendamiento de plataforma, pago de arriendos. (…)”(67) (negrillas adicionales)

En similar sentido, el piloto Jhon Sixto Richar Acero Wilches aseveró:

“PREGUNTADO: Sabe o le consta si la sociedad Sadelca sufrió traumatismos comerciales como de buen nombre y económicos por el decomiso de la aeronave HK3286. CONTESTO: Sí sufrió traumatismos y los empleados también sufrimos porque primero hubo que recortar la nómina, un avión le da trabajo a 20 personas en promedio entre pilotos, despachos, técnico, cuadrilleros. En cuanto al buen nombre también porque se decía que Sadelca estaba transportando armas y eso pues alejó a los clientes, por eso la empresa quedó mal económicamente en adelante(68) (negrillas adicionales).

Pese a los anteriores testimonios provenientes de terceros interesados como lo son los pilotos de Sadelca Ltda., la Sala no accederá a esta pretensión por cuanto en el expediente no existen pruebas que permitan acreditar la ocurrencia del referido perjuicio, es decir, no se encuentran elementos probatorios que permitan inferir alguna afectación del buen nombre comercial que le hubiere generado una pérdida de su clientela o una desventaja en el mercado, perjuicios que, se reitera, son de carácter material y no moral.

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. Daño emergente.

La parte demandante solicitó la indemnización del referido perjuicio en los siguientes términos:

“Calculado en la suma de $ 250.000.000, de pesos, distribuidos así:

— El valor de la reparación de la aeronave HK-32-86, por la suma de $ 210.000.000 de pesos, conforme al contrato de reparación, mantenimiento y pleno funcionamiento del citado aeroplano.

— $ 40.000.000 de pesos, por daños secundarios, conforme otras pruebas que se solicitan en el proceso, entre ellas honorarios, proceso penal, pago diligencias, trámites aeronáutica, etc.”.

a. Respecto de la solicitud de reconocimiento de los dineros invertidos por Sadelca Ltda. para la reparación de la citada aeronave, esta Sala debe precisar las condiciones en las cuáles se encontraba dicho bien para la época en la que fue decomisada, así como también, el estado en la que fue devuelta por la administración.

De antemano se advierte que dentro del encuadernamiento no obra acta y/o constancia alguna que dé cuenta de las condiciones en las cuales se encontraba la aeronave cuando fue decomisada, cosa distinta ha de decirse respecto del momento en el que fue devuelta, por cuanto a folios 30-31 del cuaderno 2 obra la correspondiente acta de entrega, de la cual vale la pena destacar los siguientes apartes:

“El día 1 de agosto de 1996, el fiscal delegado ante los jueces regionales, en compañía de su técnico se trasladó al Aeropuerto Vanguardia - instalaciones de las oficinas Sadelca Ltda. dando cumplimiento a la Resolución de julio 29 de 1996, por la que se señaló el día y la hora para hacer la entrega material y definitiva de la aeronave HK-3286, en cumplimiento de lo (ilegible) en la providencia de julio 17 de 1996 de la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional, en la que (ilegible) resolutiva ordena la entrega definitiva de la ya citada aeronave. Una vez en el sitio indicado (ilegible). Asiste a esta diligencia el señor apoderado de la empresa Sadelca, (…), quien ha venido ejerciendo la representación a través del incidente. El avión es hallado en el área o patio de mantenimiento de la empresa Sadelca donde fue dejado por la Policía. En presencia de la gerente y el señor Miguel Parra quien es el inspector de la empresa y del apoderado se procedió a tomar la llave que estaba dentro del proceso y con ella se abrió candado de la puerta del acceso a los pasajeros y una vez abierta se accedió al interior de la aeronave y se constató que todos los instrumentos y objetos que se hallan relacionados en el acta de inventario, que obra a folio 156 del primer cuaderno original, se encuentran en su puesto, lo cual fue constatado y aceptado por la gerente y el señor inspector Miguel Parra. (ilegible) la gerencia de la empresa, acepta que la aeronave está en las mismas condiciones de cuando fue recibida en custodia. Para la conformidad de la empresa, se le concede el uso de la palabra al señor apoderado quien manifiesta el deseo de dejar una constancia en esta diligencia: Con la venia del señor fiscal delegado muy respetuosamente en cumplimiento de mí deber como apoderado de la empresa manifiesto: que la aeronave HK-3286 cuando fue inmovilizada estaba operando, lo que indica que todos sus aparatos estaban funcionando. No se sabe si por el tiempo los aparatos se pudieron deteriorar o dañar y esta situación será objeto en su debido tiempo de constatación y así por ejemplo se pudo observar que la pantalla Radar Bendik King se halla en mal estado. Es apenas natural que la fiscalía entregue en forma real y material el avión, más cuando se constató que el aparato se encontró con los sellos y el candado cerrado. La empresa entiende esta situación y será la justicia contenciosa administrativa la que en su oportunidad comprobará los hechos objeto de la demanda. La representación judicial de la empresa deja expresa constancia de (sic) el celo de la fiscalía, en el cumplimiento de su deber profesional y superado el debate no le resta a este apoderado sino agradecer la entrega real y material del aparato, entrega que como es apenas natural la fiscalía nos hace de buena fe sin por supuesto practicar pruebas técnicas sobre el deterioro o daño de un avión que se repite estaba operando cuando fue inmovilizada. (…). Respecto de lo manifestado por el señor apoderado, el despacho deja constancia de que la entrega de la aeronave se hace de conformidad con el acta de inventario y como la aeronave se encontró sellada y (sic) cerrada el candado de acero, se comprende o se entiende que sus instrumentos no fueron utilizados durante el tiempo de inmovilización ni sus turbinas encendidas. Se deja constancia también que la aeronave siempre permaneció al cuidado de la misma empresa. Considerando que no es otro el objeto de esta diligencia, se hace entrega real y material a la gerente de la empresa Sadelca, de la aeronave HK3286 la cual recibe de conformidad” (se destaca).

De conformidad con lo anterior, esta subsección denegará el reconocimiento por cuanto dentro del expediente NO obra constancia alguna que acredite el estado en el cual se encontraba la aeronave al momento del decomiso, a efectos de cotejar con las condiciones en las cuales fue devuelto dicho aparato, pero es más, a pesar de que el apoderado señaló en la diligencia de entrega que la aeronave presentaba averías, lo cierto es que tanto la propia gerente de Sadelca Ltda. como el inspector de dicha empresa señalaron que dicha aeronave se encontraba en las mismas condiciones que tenía al momento de su incautación.

b. En lo atinente al valor de los honorarios de abogado, advierte la Sala que en el expediente no reposa elemento de acreditación alguno que respalde las supuestas erogaciones en que habría incurrido la sociedad demandante con ocasión del proceso penal en el cual se decomisó la aeronave HK-3286.

Sin embargo, una vez revisado el expediente en su integridad la Sala observa que la sociedad Sadelca Ltda. fue asistida por un profesional del derecho durante toda la actuación penal, quien inició trámite incidental tendiente a obtener la devolución de la aeronave decomisada.

Luego, habiéndose probado el detrimento patrimonial originado por el pago de los referidos honorarios, pero no el monto de tal perjuicio, la Sala determinará el mismo con base en las tarifas establecidas por el Colegio Nacional de Abogados Conalbos, mediante Resolución 02 del 30 de julio de 2002(69). Es de advertir que en el presente caso no es posible aplicar las tarifas previstas en el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, puesto que dicha normatividad no comprende asuntos penales.

Ahora bien, la Resolución 02 de 2002 establece una tarifa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales durante la etapa de investigación ante la fiscalía Local o Seccional, la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales para la defensa penal durante la etapa de investigación ante los jueces penales municipales y la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la defensa penal durante la etapa de investigación ante los jueces penales del circuito(70).

En el presente caso, está plenamente demostrado que la sociedad demandante fue asistida durante un proceso penal por su abogado defensor y, como consecuencia de ello, el referido profesional del derecho, en una primera oportunidad, solicitó ante la fiscalía delegada ante los jueces regionales de Villavicencio la devolución de la aeronave, no obstante, tal petición fue denegada por el referido ente investigador, circunstancia que conllevó a que el referido apoderado judicial presentara acción de tutela ante el juzgado sexto penal municipal de Villavicencio, despacho judicial que denegó el amparo solicitado, sin embargo, tal decisión fue revocada por el juzgado segundo penal del circuito de Villavicencio.

Por consiguiente, de conformidad con las tarifas establecidas por el Colegio Nacional de Abogados —Conalbos— la Sala reconocerá a la sociedad Sadelca Ltda. la suma total de dieciocho (18) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como monto que debió pagar a su abogado defensor durante el proceso penal ya referido.

c. En lo atinente a los gastos por concepto de “trámites aeronáutica”, la Sala denegará el reconocimiento de dicha solicitud, por cuanto no se acreditó la causación de aquellos dentro del presente asunto, a lo cual se agrega que la prueba pericial que determinaría, entre otros aspectos, el valor de los honorarios profesionales, así como también los gastos generados con ocasión de los trámites adelantados ante la Aeronáutica Civil para obtener un nuevo permiso de aeronavegabilidad, señaló lo siguiente:

“4. GASTOS CON EL FIN DE CUMPLIR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA AEROCIVIL, PARA OBTENER EL PERMISO DE AERONAVEGABILIDAD DEL HK-3286.

“En igual sentido que la respuesta anterior, no obra prueba en el proceso establecer con claridad los valores cancelados por dicho concepto(71) (negrillas adicionales).

De conformidad con las anteriores razones, esta subsección denegará el reconocimiento indemnizatorio del referido rubro.

7.2.2. Lucro cesante.

La indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se reclamó así:

“Calculados en la suma de $ 1.450.000.000 de pesos por lo siguiente:

“— Los dineros que la sociedad dejó de percibir por el alquiler, vuelos o actividad comercial de la aeronave HK-32-86, durante el tiempo que duró incautada la aeronave, un (1) año; más el tiempo que permaneció en reparación, cuatro (4) meses, es decir un total de 16 meses.

“Liquidación efectuada conforme los siguientes ítems: Dos (2) vuelos diarios de la aeronave. Tiempo que duró sin efectuar vuelos. Capacidad de carga. Autonomía de vuelo. Lugares a los cuales se desplazaba. Valor del kilo de carga. Características y tipo de aeronave y demás condiciones y requisitos contables, aeronáuticos y comerciales para determinar dicha suma, conforme se relacionan en los hechos de la demanda y pruebas solicitadas”(72).

Pues bien, a efectos de determinar el valor de la indemnización reclamada, la parte demandante, en el libelo demandatorio, solicitó que se decretara una ‘inspección judicial con peritos’ “a los archivos, libros de contabilidad, libros del HK-32-86 y demás documentos relacionados con lo anterior, ubicados dentro de las oficinas e instalaciones de la empresa Sadelca Ltda.” para que determinara lo siguiente:

“A. Ingresos netos mensuales que producía la aeronave HK-32-86 en el año de 1995, concretamente en el mes de agosto de 1995.

“B. Utilidades netas después de deducciones que dicha aeronave debió de percibir durante el periodo comprendido entre: 1º- 9 de septiembre de 1995 y el 1º de agosto de 1996. 2º Igualmente entre agosto 1º de 1996 (fecha de entrega) y el 15 de diciembre de 1996 (fecha de reparación). Y la suma total que arrojan dichos periodos de tiempo.

“C. Los gastos que se generaron por el pago de honorarios profesionales, al doctor (…), por representar a la empresa en la devolución de la aeronave HK-32-86.

“D. Los gastos que se cancelaron por adelantar trámites administrativos, ante la Aeronáutica Civil, para volver a obtener el permiso de aeronavegabilidad del HK-3286.

“E. Los gastos que se generaron por pago de reparación y adaptación de equipos y demás, del HK 32-86, posterior a la entregada de la misma por parte de la fiscalía y relacionado con los perjuicios ocasionados por dicho decomiso.

“F. Como corolario de dicho dictamen, se determine lo siguiente: 1. El monto total del daño emergente. 2. El valor total del lucro cesante. 3. Igualmente la suma global de los anteriores perjuicios y derivados de la incautación del HK-32-86; aclarando si dicha suma de dinero, está o no actualizada al año del dictamen, o por el contrario corresponde a los periodos de inmovilización mencionadas en este cuestionario”(73).

La referida prueba pericial fue decretada por el Tribunal Administrativo del Meta, a través de auto calendado el 16 de mayo de 2005(74), en los mismos términos en que fue solicitada y, mediante memorial allegado el 3 de agosto de 2006 se aportó el mencionado elemento de acreditación.

Pues bien, en la referida prueba pericial, en un primer momento, se calculó el valor de la utilidad o ingreso neto del mes de agosto de 1995 (un mes antes de que la aeronave HK-3286 fuera decomisada), a efectos de determinar el valor del lucro cesante solicitado en la demanda, lo anterior, para mayor claridad y precisión, se desarrolló en los siguientes términos:

“METODOLOGÍA DEL DICTAMEN.

“La técnica para desarrollar el cuestionario, se cumplirá individualmente por cada pregunta. De otra parte, lo relacionado con las características de la aeronave, se cumplirán los aspectos jurídicos sobre propiedad y explotación del bien comercial; igualmente se aplicarán, para la actualización de los valores, las fórmulas que sobre la matemática financiera impone el Honorable Consejo de Estado.

“EL PERITAZGO SE APOYA EN LO SIGUIENTE: A. Conocimientos técnicos de la suscrita perito. B. Documentos, conceptos y criterios obtenidos con expertos, comerciantes y pilotos del sector de la aviación, conocedores de la región. C. Prueba obrante en el proceso relacionada con el cuestionario. D. Documentos que la suscrita obtenga, bien de otros procesos o de la AERONÁUTICA CIVIL.

“(…).

“CUESTIONARIO A DESARROLLAR, SEGÚN AUTO DEL DESPACHO JUDICIAL.

“1. INGRESOS NETOS MENSUALES QUE PRODUCÍA LA AERONAVE HK-3286 EN EL AÑO DE 1995, CONCRETAMENTE EN EL MES DE AGOSTO.

“Para determinar el ingreso neto mensual que arrojaba el HK-3286, para el mes de agosto de 1995, debemos obtener diversas informaciones así:

“A. PROMEDIO DE VUELOS MENSUALES. Se tiene como guía, el oficio 3219 de diciembre 4 de 2002, suscrito por el jefe de transporte aéreo de la Aeronáutica Civil con sede en Bogotá, mediante, (sic) del cual allego fotocopia, donde se determina que la aeronave Douglas, tipo carga, con características similares al avión relacionado, tiene en promedio 58 vuelos por mes.

“Dicho promedio de vuelos mensuales, resulta exagerado, frente al promedio de esta clase de aeronaves, es decir, con el respeto del oficio que se allega, expedido por la entidad conocedora de la materia como lo es la Aerocivil, y según informes de otras empresas con iguales aviones y ubicadas en el Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, el promedio razonado y neutral es de 28 vuelos mensuales.

“B. PROMEDIO DE HORAS POR VUELO. Con base en los 28 vuelos mensuales; se debe determinar la duración promedio de cada vuelo; para lo anterior se considera que las empresas de aviación en los Llanos Orientales, se desplazan a lugares como San José del Guaviare, Mitú, Miraflores, Puerto Inírida, Puerto Carreño, La Primavera, entre otros, la distancia de dichos municipios, según sumatoria de desplazamiento de ida, como el trayecto de regreso, es en promedio seis (6) horas por vuelo. Tiempo inferior al promedio que determina la Aerocivil, según fotocopia que allego.

“C. VALOR INGRESO POR HORA VUELO, COSTO DE CADA HORA E INGRESO NETO O UTILIDAD POR HORA, PARA AGOSTO DEL AÑO 1995. Según folio 254, el ingreso por hora, para la fecha relacionada, era de $ 406.381, el costo de la misma era de $ 373.856, arrojando como utilidad o ingreso neto la suma de $ 32.525.

“D. INGRESOS NETOS DEL HK-3286 PARA EL MES DE AGOSTO DE 1995. Para determinar dicho valor, multiplicamos el valor de ingreso neto por hora de vuelo; es decir $ 32.525 por seis (6) horas promedio de cada vuelo, operación que arroja $ 195.150 de utilidad o ingreso neto por vuelo; al anterior resultado, lo multiplicamos por los 28 vuelos mensuales, entregando valor de $ 5.464.200 como utilidad o ingreso neto del HK-3286, para el mes de agosto de 1995.

“ACTUALIZACIÓN DE LOS $ 5.464.200. Con la cifra anterior, se procede a actualizar la UTILIDAD O INGRESO NETO MESNUAL DEL MES DE AGOSTO DE 1995, desarrollando la fórmula de índice actual, mayo de 2006, por el valor antes relacionado, el cual se divide por el índice anterior, agosto de 1996, para lo cual se utiliza la variación del índice de precios al consumidor IPC que entrega el DANE.

“(…) $ 12.910.000 valor actualizado a julio de 2006.

“2. UTILIDAD NETA MENSUAL, DESPUÉS DE DEDUCCIONES, DEL HK-3286, QUE DEBIÓ PERCIBIR: A. DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1995 AL 1 DE AGOSTO DE 1996, y B. DEL 1 DE AGOSTO DE 1996 AL 15 DE DICIEMBRE DE 1996 COMO LA SUMATORIA DE ESTOS DOS VALORES.

“Con base en la utilidad neta que para el mes de agosto de 1995, arrojaba el HK-3286, $ 5.464.200 valor que se actualiza a julio de 2006, entregando como valor presente de $ 12.910.000 mensuales, con base en dicha suma, se debe resolver el cuestionario de esta pregunta, así;

“A. Para este literal, se debe multiplicar el valor antes indicado, $ 12.910.000 por los doce (12) meses solicitados, septiembre de 1995 al mes de agosto de 1996, arrojando un total de $ 154.920.000 pesos, como lucro cesante.

“ACTUALIZACIÓN DE LOS $ 154.920.000. Con la cifra anterior, se procede a actualizar el LUCRO CESANTE, desarrollando la fórmula de índice actual, mayo de 2006, por el valor antes relacionado, el cual se divide por el índice anterior, agosto de 1996, para lo cual se utiliza la variación del índice de precios al consumidor IPC que entrega el DANE.

“(…) =$ 366.010.000 Valor actualizado a julio de 2006.

“B. Este literal se resuelve, tomando el valor o utilidad neta mensual de $ 12.910.000 por 4,5; es decir cuatro meses, de agosto a noviembre de 1996, más 15 días de diciembre del mismo año; operación aritmética que nos entrega un valor de $ 58.095.000 pesos, como lucro cesante adicional.

“ACTUALIZACIÓN DE LOS $ 58.095.000. A partir de la cifra obtenida, se procede a actualizar valores del LUCRO CESANTE, desarrollando la fórmula de índice actual, mayo de 2006, por el valor antes relacionado, el cual se divide por el índice anterior, noviembre de 1996, para lo cual se utiliza la variación del índice de precios al consumidor IPC que entrega el DANE.

“(…) = $ 133.020.000 Valor actualizado a julio de 2006.

“C. La sumatoria de los valores actualizados que arrojó dichos periodos de tiempo, por LUCRO CESANTE, corresponde a $ 499.030.000 pesos(75) (negrillas adicionales).

Pues bien, del referido dictamen pericial se observa el cálculo de dos periodos que corresponden al lucro cesante reclamado por Sadelca Ltda., esto es, el comprendido entre el 9 de septiembre de 1995 y el 1º de agosto de 1996 (lapso que permaneció retenida la aeronave) y el comprendido entre el 1 de agosto de 1996 y el 15 de diciembre de 1996 (lapso durante el cual se llevó a cabo la reparación de la aeronave).

No obstante lo anterior, la Sala advierte que a pesar de que el cálculo de los ingresos mensuales de la aeronave HK-3286 fueron determinados dentro de dicha prueba pericial, lo cierto es que dichos cálculos se obtuvieron con fundamento en soportes y/o registros de aeronaves similares al avión HK-3286 y, en tal sentido NO se dejó constancia alguna de que el auxiliar judicial hubiere verificado los soportes de contabilidad de dicha aeronave, tal como fue solicitado en la demanda.

Para esta Sala es claro que el auxiliar de la justicia NO acató los parámetros consignados en la demanda y en el Auto de pruebas proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, puesto que no tomó en consideración los libros de contabilidad que reposaban en la empresa Sadelca Ltda., tal como se solicitó en el libelo demandatorio, por tal razón, desestimará la referida prueba pericial por no ajustarse al contenido de la citada petición probatoria.

Así las cosas, aun cuando se acreditó la existencia del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, de los medios de prueba allegados al expediente no resulta posible determinar con precisión el quantum del mismo, se condenará a las entidades demandadas al pago de perjuicios materiales a título de lucro cesante en abstracto con el fin de que el monto de los referidos perjuicios se precise mediante un incidente de liquidación.

Las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental de los perjuicios materiales.

El artículo 172 del Código Contencioso Administrativo —en armonía con el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, dispone:

“ART. 172.—Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil”.

“Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del Auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación” (las negritas son de la Sala).

En el incidente de liquidación de los perjuicios materiales se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros:

i) La liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se calculará con fundamento en los libros de contabilidad y/o demás soportes contables de la empresa Sadelca Ltda.

ii) El valor de los ingresos dejados de percibir por la inmovilización de la aeronave HK-3286 desde el 9 de septiembre de 1995 hasta el 1 de agosto de 1996, fecha en la cual se entregó el bien a la empresa demandante;

iii) El valor de los ingresos dejados de percibir desde el 1 de agosto de 1996 hasta el 15 de diciembre de 1996 (lapso durante el cual permaneció la aeronave en reparación).

iv) Para establecer el número de vuelos realizados al día por la aeronave HK-3286 se deberá tener en cuenta el promedio vuelos correspondientes a los tres meses anteriores a la ocurrencia de los hechos;

v) Se deberá establecer el promedio de viajeros y de carga transportada por la aeronave HK-2581 en cada uno de sus vuelos, tanto de ida como de regreso;

vi) Las sumas que resulten probadas se deberán actualizar a valor presente.

8. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, el 28 de mayo de 2009, la cual quedará así:

“1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios materiales causados a la empresa Sadelca Ltda. por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación a pagar, de manera solidaria, a la empresa Sadelca Ltda. a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma que resulte liquidada como consecuencia del respectivo incidente, con fundamento en las bases expuestas en la parte considerativa de este proveído.

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación a pagar, de manera solidaria, a la empresa Sadelca Ltda. a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de dieciocho (18) smlmv.

4. Denegar las súplicas de la demanda en relación con el llamado en garantía, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

5. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(19) Artículo 40, Ley 446 de 1998. Salario mínimo mensual (1998): $ 203.826.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 13356.

(21) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera Sentencia de 15 de junio de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, rad. 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).

(22) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); ref. 13.503; rad. 110010326000199713503 00.

(23) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), C.P. María Elena Giraldo Gómez; rad. 10973.

(24) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), C.P. María Elena Giraldo Gómez; rad. 10973.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004), C.P. María Elena Giraldo Gómez; rad. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001), C.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; rad. 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).

(26) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000), C.P. María Elena Giraldo Gómez; rad. 10171.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, exp. 13764.

(28) En similares términos, consultar, Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 23 de abril de 2009.

(29) Sentencia proferida el 3 de octubre de 2007 por la sección tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso Nº 50001-23-31-000-1995-04728-01(16358), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(30) Sentencia proferida el 22 de julio de 2009 por la sección tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso Nº 250002326000199400319 01 (15.628), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(31) Fls. 91-95 cuad. 1.

(32) Fl. 97 cuad. 1.

(33) Fls. 199-203 cuad. 1.

(34) Fl. 220 cuad. 1.

(35) Fls. 133-134, 139 cuad. 1.

(36) Fl. 3 cuad. 5.

(37) Fls. 8-9 cuad. 5.

(38) Fls. 1-2 cuaderno de incidente - primera instancia.

(39) Fls. 97-103 cuaderno de incidente - primera instancia.

(40) Fls. 120-142 cuaderno de incidente - primera instancia.

(41) Fl. 144 cuaderno de incidente - primera instancia.

(42) Se advierte que dentro del caudal probatorio no obra el referido fallo de primera instancia.

(43) Fl. 188 cuaderno de incidente - primera instancia.

(44) Fls. 9-16 cuaderno de incidente - segunda instancia.

(45) Fls. 113-114 cuad. 1.

(46) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 7 de octubre de 2009, exp. 17.377.

(47) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 10 de junio de 2009, exp. 16.201.

(48) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168.

(49) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 6 de marzo de 2008, exp. 16075, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(50) “ART. 9º—A los jueces de conocimiento de orden público corresponde conocer en primera instancia:
“(...)
11. De los procesos por los delitos contemplados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la cantidad de plantas exceda de dos mil (2.000) unidades, la de semillas sobrepase los diez mil (10.000) gramos y cuando la droga o sustancia exceda de diez mil (10.000) gramos si se trata de marihuana, sobrepase los tres mil (3.000) gramos si es hachís, sea superior a dos mil (2.000) gramos si se trata de cocaína o sustancia a base de ella y cuando exceda los cuatro mil (4.000) gramos si es metacualona.
12. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986, cuando se trate de laboratorios, o cuando la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada exceda de diez mil (10.000) gramos de marihuana, sobrepase los tres mil (3.000) gramos si se trata de hachís, sea superior a dos mil (2.000) gramos si es cocaína o sustancia a base de ella, o exceda los cuatro mil (4.000) gramos si se trata de metacualona.
13. De los procesos por los delitos descritos en los artículos 35 y 39 de la Ley 30 de 1986, y el aludido en el artículo 1º del Decreto 1198 de 1987”.

(51) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2011, exp. 17490.

(52) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 18754.

(53) Artículo 1º del Decreto 2535 de 1993: “El presente decreto tiene por objeto fijar normas y requisitos para la tenencia y el porte de armas, municiones, explosivos y sus accesorios; clasificar las armas; establecer el régimen para la expedición, revalidación y suspensión de permisos, autoridades competentes; condiciones para la importación y exportación de armas, municiones y explosivos; señalar el régimen de talleres de armería y fábricas de artículos pirotécnicos, clubes de tiro y caza, colecciones y coleccionistas de armas, servicios de vigilancia y seguridad privada; definir las circunstancias en las que procede la incautación de armas, imposición de multas y decomiso de las mismas y establecer el régimen para el registro y devolución de armas. // Las armas, municiones, explosivos y sus accesorios destinados a la Fuerza Pública para el cumplimiento de su misión constitucional y legal, así como su fabricación y comercialización en las empresas estatales no son objeto del presente decreto”.

(54) Artículo 9º del Decreto-Ley 99 de 1991: “A los jueces de orden público corresponde conocer en primera instancia: (…). 4. De los procesos por los delitos de terrorismo; auxilio a las actividades terroristas; omisión de informes sobre actividades terroristas; exigencia o solicitud de cuotas para terrorismo; instigación o constreñimiento para ingreso a grupos terroristas; concierto para delinquir; instigación al terrorismo; incendio; destrucción o daño de nave o aeronave o medio de transporte por acto terrorista; disparo de arma de fuego y empleo de armas de fuego y empleo de explosivos contra vehículos; tenencia, fabricación, tráfico y uso de armas o sustancias tóxicas; empleo o lanzamiento de sustancias; objetos peligrosos; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares o de policía nacional; corrupción de alimentos y medicinas; instrucción y entrenamiento; utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; administración de recursos; intercepción e correspondencia oficial; utilización ilegal de uniformes e insignias; suplantación de autoridad; incitación a la comisión de delitos militares; torturas, atentados terroristas contra complejos industriales y otras instalaciones; secuestro de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo; homicidio con fines terroristas y lesiones personales con fines terroristas, descritos en los artículos 1º al 36 del Decreto 180 de 1988, salvo el artículo 26” (se destaca).

(55) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 16 de febrero de 2001, exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(56) Consejo de Estado, sección tercera, Auto del 5 de agosto de 1988, exp. 4705, C.P. Carlos Betancourt Jaramillo.

(57) LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, T. 3, 2ª edición, Edupré Editores, Bogotá, 2008, pp. 82 a 83.

(58) Fl. 13 cuaderno de incidente segunda instancia.

(59) Sección tercera, Sentencia de noviembre 27 de 2006, exp. 23049.

(60) Consejo de Estado - sección tercera - subsección A, Sentencia de marzo 13 de 2013, proceso Nº 500012331000199605793-01 (25.569), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(61) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 27 de agosto de 1992, exp. 6221, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(62) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 20 de agosto de 1993, exp. 7881, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(63) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(64) Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, Auto 14523 del 11 de febrero de 1999, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

(65) Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, Sentencia del 29 de mayo de 2000, exp. 16441, M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll; en el mismo sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, Sentencia del 18 de junio de 2002, exp. 19464, M.P. Édgar Lombana Trujillo.

(66) Corte Constitucional, Sentencia T-210 de 2010, M.P. Humberto Sierra Porto.

(67) Fls. 320-321 cuad. 1.

(68) Fl. 327 cuad. 1.

(69) Por la cual se establece la tarifa de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado.

(70) Artículo 4º, numeral 18.

(71) Fls. 397-398 cuad. 1.

(72) Fls. 36-37 cuad. 1.

(73) Fls. 63-64 cuad. 1.

(74) Fls. 374-376 cuad. 1.

(75) Fls. 395-397 cuad. 1.