Sentencia 1998-00059 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación interna: 08001-23-31-000-1998-00059-01 (29.541)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: José Aníbal Sánchez Blanco y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la demandada Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia del 4 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

1. Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

1.1. De conformidad con el certificado expedido por el asesor jurídico del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario Inpec —Cárcel del Distrito Judicial de Barranquilla—, obrante a folio 245 del cuaderno 1, los señores Rafael Darío y Magglyonis Sánchez Sánchez ingresaron a ese establecimiento carcelario el 5 de febrero de 1992, sindicados por el delito de secuestro y hurto calificado, y que recuperaron la libertad, en desarrollo de lo ordenado por el Tribunal Nacional de Santafé de Bogotá, el 12 de enero de 1996.

1.2. A folio 113 del anexo 1, reposa la calificación jurídica provisional del 4 de febrero de 1992, que adelantara el Juzgado de Orden Público de Barranquilla respecto de las conductas típicas investigadas, en la que decidió proferir medida de aseguramiento de detención preventiva a las personas capturadas en flagrancia, entre ellos los hermanos Sánchez Sánchez.

1.3. En el anexo 3 —folios 2 al 20—, se encontró la calificación del sumario, proferida el 29 de junio de 1994, por la Fiscalía Regional de Barranquilla. En la misma se consideraron suficientes los indicios de responsabilidad sobre los —hasta entonces— investigados, y por ende resolvió proferir resolución de acusación en su contra.

1.4. El 11 de octubre de 1995, el Juzgado Regional de Barranquilla profirió sentencia absolutoria a favor de los acusados, una vez consideró:

“(…) Como el testimonio de Aparicio Moreno Campo es el que origina este proceso, toda vez que el misterioso denunciante actuó por mandato de aquél, preciso es analizarlo a la luz de la sana crítica a efecto de valorar su credibilidad.

(…).

Lo anterior culmina con la manifestación libre expresada en memorial suscrito por Aparicio Moreno Campo en el que dice “que no estuvo secuestrado, que la información que le dio a William Pacheco Hernández era que los estaban amenazando con secuestrarlo. También dice que se está cometiendo una injusticia con Julio Zubiría, su escolta.

(…).

Retoma el juzgado ese criterio, producto del análisis probatorio del sumario, para también concluir que no existe certeza del hecho punible. Requisito que exige el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal para condenar, porque si bien, los procesados mintieron en su primera indagatoria y tal vez en las ampliaciones tampoco dijeron toda la verdad, también mintió la presunta víctima, quien omitió relatar todos los incidentes, que se conocen a través de los empleados de los hoteles y de su empleado Joaquín Rodrigo Regino (…).

Como la resolución de acusación se formuló por delito de secuestro, no es del caso profundizar en un supuesto delito diferente por el cual no podría condenarse en virtud del principio de congruencia.

Como no existe certeza del hecho punible por las razones consignadas, tampoco hay lugar a estudio de responsabilidad (…)” (fls. 149 a 171, anexo 3) (resaltado y subrayas fuera del texto original).

1.5. El 31 de octubre de 1995, la secretaría de los juzgados regionales de Barranquilla envió el proceso con reciente sentencia absolutoria proferida, para efectos de surtir el respectivo trámite de consulta ante el Tribunal Nacional, que el diez de enero de 1996 profirió sentencia confirmatoria, en la que consideró:

“(…) No obra dentro del proceso prueba distinta, y que pueda interesar a los propósitos del análisis que ahora ocupa la atención de la Sala, en torno a la tipicidad del hecho objeto del presente proceso.

Sin embargo y visto así el panorama procesal, no podría encuadrarse la conducta de los sujetos de este proceso, conforme al desarrollo de los acontecimientos, en la descripción normativa el artículo 268 del Código Penal, por cuanto, el modelo comportamental allí exigido, no se actualiza con el proceder de los procesados en este asunto (…).

(…).

Vistas así las cosas, no se ve de dónde estuvo sometido a una retención, arrebatamiento, sustracción u ocultamiento por parte de los procesados, cuando, estos no le sirvieron más que de simples compañeros, e incluso mandaderos (…).

Lo hasta aquí analizado, deja sin piso la acusación vertida de Moreno Campo en contra de los procesados, pues su dicho no encuentra respaldo en ninguna otra de las pruebas recaudadas dentro del proceso (…).

No cabe la posibilidad entonces, de la ocurrencia de cualquiera de los verbos rectores del artículo 268 del Código Penal, pues el panorama procesal no deja posibilidad alguna de encuadrar el comportamiento de los procesados en el tipo penal descrito por el pluricitado artículo 268 del Código Penal (…)” (fls. 10 a 25, anexo 4) (resaltados adicionados).

2. Análisis probatorio.

De las pruebas que se vienen de relacionar, se encuentra debidamente demostrado que los señores Rafael Darío y Magglyonis Sánchez Sánchez estuvieron privados de la libertad durante el período comprendido entre el 5 de febrero de 1992 y el 12 de enero de 1996, en el marco de la investigación que la Fiscalía Regional de Barranquilla adelantara en su contra, por el delito de secuestro.

De igual manera se encuentra plenamente acreditado que, luego de soportar durante el período especificado la medida preventiva de privación de la libertad, el cierre de la investigación se produjo —más de dos años después—, con la resolución de acusación en su contra, de cuyos cargos fueron absueltos por el Juzgado Regional de Barranquilla, que justificó esa decisión en la ausencia de certeza del hecho punible. Dicha decisión fue confirmada en el grado de consulta por el Tribunal Nacional, que no sólo ratificó que la conducta de los acusados no se aparejó con el tipo penal que se les imputa, sino que, en todo caso, resulta atípica para un enjuiciamiento de naturaleza penal, análisis que lo llevó a confirmar la decisión de primera instancia, ordenando la inmediata libertad de los procesados.

En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los hermanos Sánchez Sánchez padecieron una lesión o afectación a diversos bienes, derechos e intereses legítimos; sin embargo, previo a determinar la antijuridicidad del daño que soportaron, se hace necesario analizar la imputación con que se pretende su indemnización de parte de la administración.

En efecto, tal y como lo ha sostenido esta Sección, los elementos para que opere o se configure la responsabilidad del Estado —en cualquiera de sus manifestaciones— son: i) el daño antijurídico y ii) la imputación.

El daño comprende un elemento de índole objetiva, que se valora a partir de la verificación de una lesión o afectación negativa a un derecho, bien o interés legítimo que es persona —vía directa o hereditaria— de quien lo reclama, que es cierto —determinado o determinable—, y que produce un perjuicio que le es directo, es decir, que se desprende de su configuración.

Adicionalmente, esa vulneración debe ser catalogada como antijurídica, esto es, que el ordenamiento no imponga el deber de soportarla a quien la sufre, lo que supone que ese elemento deja de ser puramente material para convertirse en un aspecto normativo de la responsabilidad, ya que se valora a la luz del ordenamiento jurídico en relación con su tolerabilidad.

De modo que, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos elementos: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la ocupación material del inmueble por una población específica) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional del artículo 90(1).

Entonces, el daño antijurídico lejos de ser un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues sólo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, sólo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga.

Por su parte, la imputación es el elemento que va encaminado a identificar al autor del daño, así como a radicar el deber normativo (ámbito prescriptivo de la disposición) en virtud del cual se está obligado o compelido a la reparación integral del daño.

Como se advierte, este segundo elemento tiene dos niveles que son perfectamente identificables: i) el ámbito fáctico (imputatio facti) y la órbita jurídica (imputatio iure); con la primera se determina, identifica e individualiza quién es reputado como autor del daño, bien sea porque le es atribuible por su acción en sentido estricto (v.gr. un disparo, un atropellamiento, etc.) o por la omisión (v.gr. el desconocimiento de la posición de garante), mientras que con la segunda, se establece el deber normativo —el fundamento jurídico de la responsabilidad— de reparar o resarcir la lesión irrogada.

Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó:

“9. Esta concepción de la posibilidad de indemnización de un daño antijurídico incluso originado en una actividad lícita del Estado armoniza además con el principio de solidaridad (C.P., art. 1º) y de igualdad (C.P., art. 13), que han servido de fundamento teórico al régimen conocido como de daño especial, basado en el principio de igualdad de todos ante las cargas públicas. En efecto, si la administración ejecuta una obra legítima de interés general (C.P., art. 1º) pero no indemniza a una persona o grupo de personas individualizables a quienes se ha ocasionado un claro perjuicio con ocasión de la obra, entonces el Estado estaría desconociendo la igualdad de las personas ante las cargas públicas (C.P., art. 13), pues quienes han sufrido tal daño no tienen por qué soportarlo, por lo cual éste debe ser asumido solidariamente por los coasociados (C.P., art. 1º) por la vía de la indemnización de quien haya resultado anormalmente perjudicado. Se trata pues, de un perjuicio especial sufrido por la víctima en favor del interés general, por lo cual el daño debe ser soportado no por la persona sino por la colectividad, por medio de la imputación de la responsabilidad al Estado.

“Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico desoportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo.

“10. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública. Esta imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto a veces, como lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, se produce una disociación entre tales conceptos. Por ello, la Corte coincide con el Consejo de Estado en que para imponer al Estado la obligación de reparar un daño es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputablidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además de la imputatio facti´(2) (resaltados adicionales).

En su oportunidad, con especial poder suasorio, esta corporación ha sostenido:

“Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que esta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

“En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar acción u omisión, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

“No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política…”(3) (se resalta).

Por consiguiente, como lo ha sostenido la doctrina, la imputación jurídica del daño a la administración pública puede estar sustentada en un comportamiento normal o anormal de los servicios públicos o de las actividades o funciones estatales. En efecto:

“Se trata en estos casos, de la actividad de la administración que, a través de cualquiera de las formas en que puede llegar al particular, produce daños. En unos casos será la ejecución material la que produzca daños asimismo materiales (reprimiendo alteraciones del orden público, apagando incendios, ejecutando obras, etc.), y en otros serán las disposiciones o resoluciones administrativas las que, producidas válidamente, tienen repercusiones negativas (acuerdos tomados para el control de epidemias, revocación de licencias por causa sobrevenidas, etc.).

“Es posible también que, funcionando normalmente el servicio, se produzcan accidentes o acontecimientos perjudiciales para los particulares. Tal sucede en aquellos casos en que, aun aportándose toda la previsión y diligencia humanamente posible, surgen los eventos perjudiciales. En dicha situación, los daños son indemnizables a partir de un determinado nivel de incidencia sobre los particulares, pues éstos deben contar con la posibilidad, siempre presente, de unas alteraciones normales del servicio…”(4).

Así las cosas, la forma de “imputar jurídicamente” un daño en cabeza de la administración pública es a través de los parámetros de normalidad y anormalidad de la respectiva actividad estatal o servicio público, de forma tal que la jurisprudencia de la corporación ha construido un andamiaje en el que el eje central de la responsabilidad es el daño, para luego, una vez verificado, proceder a su atribución material y jurídica.

De allí que, lo que delimita la existencia de un título de imputación es el fundamento normativo, razón por la que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha encontrado en el artículo 90 la manifestación concreta de dos clases o naturaleza de títulos de imputación, a saber: i) el subjetivo de falla del servicio por el desconocimiento al deber obligacional de la administración pública, y ii) los objetivos de: a) riesgo excepcional en virtud del ejercicio de una actividad que es peligrosa o riesgosa, y que, por lo tanto, tiene una alta probabilidad de irrogar daños que deben ser reparados y b) daño especial, con apoyo en el principio de igualdad material frente a las cargas públicas, ya que reconoce que la actividad lícita y legítima de la administración puede —en ocasiones— desencadenar daños que no se está en el deber jurídico de soportar, por representar una carga pública excesiva que no se estaba compelido a tolerar (v.gr. construcción de obras de infraestructura que desvalorizan inmuebles, actos administrativos legales que imponen una carga especial como conservaciones arquitectónicas, algunos supuestos de privación de la libertad, etc.).

En punto del desarrollo y sistematización jurisprudencial sobre la privación de la libertad, la lógica que se maneja es que al margen de que hayan existido razones válidas para decretar una medida de aseguramiento en contra del sindicado, resulta indiscutible que es una carga que no se tiene que soportar a la luz del derecho de daños, razón por la que el ordenamiento impone la obligación al Estado de indemnizarlo, toda vez que la presunción de inocencia se mantuvo incólume.

No obstante, la responsabilidad extracontractual del Estado por la privación injusta de la libertad no puede ser analizada desde absolutos sino que, por el contrario, una adecuada articulación de los títulos de falla del servicio (subjetivo) y de daño especial (objetivo), como tradicionalmente se ha manejado desde el año 2006, no debe dejar de observar atentamente las eventuales causas extrañas que se invoquen o, aún cuando no, que aparezcan tan plenamente acreditadas que resulten evidentes en el curso del proceso, por lo cual resulta pertinente destacar que, al margen de que el supuesto de hecho diera origen a la aplicación de un régimen objetivo o subjetivo de responsabilidad, lo cierto es que es posible que se acredite una causal eximente que enerve la imputación frente a la administración pública, siempre que se presente una fuerza mayor, un caso fortuito o el hecho determinante y exclusivo de la víctima o de un tercero.

Sobre el particular, la Sección con particular sindéresis puntualizó in extenso(5):

“En el proceso se encuentra plenamente demostrado que la fiscalía doce especializada, delegada ante los juzgados penales del Circuito de Valledupar, dispuso la privación de la libertad de la señora Adiela Molina Torres, mediante providencia calendada el 4 de octubre de 1995 y que dicha medida fue revocada por la fiscalía doce delegada ante los juzgados penales del Circuito de Valledupar, mediante proveído del 15 de octubre de 1996.

“Adicionalmente, está probado en el proceso que la referida medida de aseguramiento fue proferida dentro de la investigación penal que se inició, contra la mencionada señora, por el presunto delito de peculado por apropiación, a raíz del faltante que se detectó en el almacén de la dirección seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Valledupar, dependencia a cargo de la señora Molina Torres. El acervo probatorio, igualmente, da cuenta del desorden y el desgreño generalizado que caracterizaron la gestión de la mencionada señora al desempeñarse en el aludido cargo de técnico administrativo II, con funciones de almacenista de la dependencia en comento…

“Resuelto el primero de los problemas jurídicos que se habían dejado planteados ab initio y concluido que la lesión causada a la demandante fue ocasionada por la medida de aseguramiento dictada en su contra por la Fiscalía Octava Especializada, unidad anticorrupción, de la ciudad de Valledupar, mediante auto calendado el 4 de octubre de 1995, procede ahora despejar la segunda cuestión esbozada, esto es, si dadas las circunstancias del caso concreto, se dan los presupuestos para concluir que se trata de un evento de culpa exclusiva de la víctima, que da lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

“La jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder —activo u omisivo— de quien sufre el perjuicio. Así pues, en punto de los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado:

“«Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….”(6).

“De igual forma, se ha dicho:

“…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

“— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

“— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración….”(7)»(8) (resaltado fuera del texto original).

“Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así,

“«... se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. “Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

“A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”(9)»(10).

“2.3.3. El caso concreto.

“De acuerdo con la síntesis que en apartado precedente de este proveído se efectuó respecto de la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de responsabilidad estatal por el hecho de la privación de la libertad ordenada por autoridad judicial competente y descendiendo al caso concreto, los presupuestos fácticos del sub lite podrían ser encuadrados, en principio, en el régimen de responsabilidad derivado de la privación injusta de la libertad que tiene lugar cuando, a pesar de que la medida de aseguramiento ha sido legalmente proferida como quiera que reunía el pleno de los requisitos legales para ser emitida, a la postre el imputado es puesto en libertad porque durante el curso del proceso penal se demuestra que el hecho por el cual se le acusaba no era constitutivo de delito.

“Nada obstaría para entender que, frente a supuestos como el descrito, que no encuadran en la hipótesis fáctica del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el fundamento de la responsabilidad del Estado puede encontrarse en otros preceptos de la misma ley —como el inciso primero del artículo 65 o el artículo 69 ejusdem— pero, en todo caso y sin lugar a la menor hesitación, en el artículo 90 de la Constitución Política, en la cual tienen arraigo, aún después de la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 —como suficientemente se explicó al hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este sentido— todos aquellos supuestos en los cuales se produce un daño antijurídico imputable a la administración de justicia, que no están contemplados —más no por ello excluidos, se insiste— en el premencionado artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

“Sin embargo, dadas las particularidades del presente caso y consecuentemente con la línea jurisprudencial a la que, igualmente, se aludió en precedencia —de acuerdo con la cual la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad a la administración—, no puede menos que concluirse que, con base en los elementos de prueba a los cuales se ha hecho alusión, está demostrada en el expediente la concurrencia de la culpa exclusiva de la víctima, señora Adiela Molina Torres, en el acaecimiento del resultado en que se tradujo la decisión de la Fiscalía General de la Nación al proferir una medida de aseguramiento en su contra, esto es, la pérdida de su libertad.

“Y es que, a juicio de la Sala, está plenamente acreditada en el expediente la inexistencia de vínculo causal —desde la perspectiva de la causalidad adecuada, se entiende— entre la tantas veces mencionada medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el sub lite, previa declaratoria de la responsabilidad del Estado por los hechos que dieron lugar a la iniciación del trámite procesal que esta providencia decide, pues, como lo concluyó la agente del Ministerio Público ante esta corporación —cuyo criterio la Sala comparte— y así también lo decidió el Tribunal Administrativo del Cesar en primera instancia, la privación de la libertad de la señora Molina Torres no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la Administración de Justicia —a pesar de ser la causa inmediata—, sino en la conducta asumida por la víctima.

“Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que la señora Adiela Molina Torres no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible en el desempeño de sus funciones como almacenista. Por el contrario, actuando con negligencia e imprudencia máximas, dado el desorden, la impericia, el desgreño y la incuria con las cuales manejó los bienes y haberes a su cargo, dio lugar a que, cuando se practicó la experticia correspondiente dentro de la investigación penal, apareciera comprometida por los faltantes encontrados en el almacén, lo cual la implicaba seriamente en la comisión del presunto delito que se le imputaba y que dio lugar a que, con el lleno de los requisitos legales —se insiste—, se profiriera la referida medida de aseguramiento en su contra.

“Sólo como consecuencia de las diligencias adelantadas posteriormente dentro de la investigación penal y, en especial, con ocasión de la inspección judicial, se logró establecer que el faltante que hacía aparecer el desorden en el cual se encontraba la dependencia en cuestión, realmente no tenía la trascendencia como para ser considerado un hecho punible. Pero los elementos de prueba obrantes en contra de la aquí accionante estuvieron gravitando hasta cuando la propia autoridad pública investigadora se ocupó de establecer que el ilícito no había ocurrido, razón por la cual el proceder negligente, imprudente y gravemente culposo de la víctima, en el presente caso, determina que la misma deba asumir la privación de la libertad de la que fue objeto, como una carga que le corresponde por el hecho de vivir en comunidad, a fin de garantizar la efectividad de la función de administración de pronta y cumplida justicia.

La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos colisionantes en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro.

“(…)” (subrayado del original - negrillas y subrayado sostenidos adicionales).

El artículo 70 de la Ley 270 de 1996(11) —Estatutaria de Justicia—, consagra —de manera expresa— una de las causales exonerativas de responsabilidad de la administración pública, para lo cual determina que el daño le será imputable al hecho determinante y exclusivo de la víctima cuando haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

De la redacción de la disposición es fácil concluir que se reguló específicamente las manifestaciones que le corresponde acreditar al Estado para liberarse de responsabilidad por el hecho de la víctima, esto es: i) que la misma haya actuado con dolo o culpa grave en el proceso penal y, por lo tanto, no haya permitido que la investigación esclareciera los hechos objeto de pesquisa, y ii) que no haya interpuesto los recursos ordinarios que le concede la ley para atacar las providencias que producen el daño.

Se trata del manifiesto reconocimiento, por parte del legislador, de que existe una causal eximente de responsabilidad denominada “culpa exclusiva de la víctima”, la cual hace inimputable el daño en cabeza de la administración, ya que, verificado uno de los supuestos antes precisados, la lesión antijurídica será atribuible al comportamiento de la propia víctima.

Es por ello que, si bien —por parte del juez—, existe una imposibilidad de estudiar la culpa de la víctima de manera oficiosa, no es posible desconocer que se trata de un hecho que a la luz del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(12), debe ser probado por la parte que lo invoca o lo alega, salvo que aparezca lo suficientemente acreditado en el proceso y, por lo tanto, a la luz del inciso segundo del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo(13), existe la posibilidad de decretarlo de oficio por encontrarse probado como excepción de fondo.

En efecto, del análisis del conjunto probatorio, se establece que el motivo de absolución se fundamentó en la inexistencia del hecho, y al encontrarnos en esta hipótesis, el asunto se tendría que definir bajo un régimen objetivo de responsabilidad en el que el demandado sólo se exonera con la acreditación de una causa extraña que enerve la imputación fáctica aspecto que, al ser objeto de análisis en el caso sub examine, de conformidad con los axiomas jurisprudenciales, se encuentra acreditado.

Sin entrar en consideración de las pruebas que obraron en el proceso penal y, si bien, es cierto que la sentencia del 11 de octubre de 1995 —proferida por el Juzgado Regional de Barranquilla—, fundamenta la decisión de absolución de los acusados en la ausencia de certeza sobre el hecho punible, no lo es menos que en la exposición de motivos menciona que el proceso encontró origen en la declaración del señor Aparicio Moreno Campo —presunta víctima de los procesados—, quien conminó a un tercero a denunciar el falso secuestro de que era objeto, para después terminar retractándose de la acusación.

De la misma manera, la sentencia confirmatoria proferida por el Tribunal Nacional, sostiene que el delito imputado no se compadece con la conducta de los acusados, concluyendo que la acusación de Moreno Campo no encontró respaldo probatorio en el proceso, lo que a la larga no quiere decir nada diferente a que el daño soportado tuvo su origen en el hecho de un tercero, favorecido por el proceder de los acusados —una vez se pudo establecer que, a pesar de que el denunciante mintió en la acusación, también los investigados faltaron a la verdad, omitiendo información determinante que sólo con el curso de la investigación se pudo refrendar, es decir, contribuyendo de esa manera con el daño cuya indemnización pretendieron en este proceso.

En ese orden de ideas, el daño le es imputable única y exclusivamente al comportamiento de un tercero, auspiciado por las víctimas, quienes con pleno conocimiento de causa, decidieron faltar a la verdad y omitir información, comportamiento que favoreció la prolongación de la medida preventiva de privación de la libertad en su contra.

Y es que, resulta incuestionable, las autoridades competentes tenían la obligación de adelantar la investigación penal, ya que existían elementos suficientes que indicaban la comisión del delito de secuestro; una denuncia, un allanamiento y la aprehensión en flagrancia de los presuntos captores, que fueron identificados de esa manera, in situ, por la víctima.

Así las cosas, se tiene que la vinculación de Rafael Darío y Magglyonis Sánchez Sánchez a la investigación penal, fue por causa de la denuncia anónima —refrendada por Aparicio Moreno Campo—, y las subrepticias declaraciones de los indagados, cuya conducta determinó e incidió de manera definitiva y directa en la privación de la libertad a la que fueron sometidos, es decir, el origen y desencadenamiento del daño que padecieron les es imputable tanto al denunciante, como a los procesados.

En ese orden de ideas, es la conducta dolosa de un tercero la que impide la atribución de la lesión antijurídica sufrida por Rafael Darío y Magglyonis Sánchez Sánchez a la administración de justicia. Una posición contraria supondría desconocer la existencia de una causa extraña generadora del daño antijurídico, y compelería a que el Estado se convirtiera en un asegurador universal puesto que se desencadenaría su responsabilidad con independencia de la imputación fáctica y jurídica de la lesión.

Así las cosas, para la Sala se presenta una clara ausencia de imputación, toda vez que el daño sólo puede ser atribuido a dos causas extrañas, sin que exista la posibilidad de endilgarlo a la parte demandada, motivo por el cual, se negará la indemnización del perjuicio sufrido por Rafael Darío y Magglyonis Sánchez Sánchez, con la privación de la libertad, ya que con independencia del título jurídico aplicable —objetivo o subjetivo de falla del servicio— lo cierto es que fueron la culpa de la víctima y de un tercero, los factores determinantes en la producción del daño.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 4 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y en su lugar se dispone:

1. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

2. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Cf. de Cupis, Adriano “El Daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejando Martínez Caballero.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, expediente 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

(4) De La Cuétara, José Miguel “La actividad de la administración”, Ed. Tecnos, Madrid, 1983, pág. 574.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15463, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

(7) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005); Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784); Actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

(9) Nota original de la sentencia citada: Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2., Santafé de Bogotá, 1996, págs. 245, 246.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de dieciocho de octubre de dos mil, Radicación 11981; Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez; Actor: María Celeny Zapata Zapata y otros.

(11) “ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

(12) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

“Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

(13) “En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada (…)”.