Sentencia 1998-00064/34365 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Rad. 13001233100019980006401 (34.365)

Consejera ponente:

Dra. STella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Alberto Morato Martínez

Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

Bogotá, D. C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 1º de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones.

I. Antecedentes

1. Pretensiones

El 5 de febrero de 1998, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el señor Alberto Morato Martínez, a través de apoderado, presentó demanda contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con base en las siguientes pretensiones:

“EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE de todos los daños y perjuicios tanto morales como materiales, ocasionados a ALBERTO MORATO MARTÍNEZ, por los hechos realizados por la inspectora de policía de la comuna siete, donde sin ningún proceso de índole policivo lanzó del predio que poseía al demandante, hechos ocurridos el día 5 de febrero de 1996, en la ciudad de Cartagena comprometiéndose la responsabilidad del distrito por daño especial.

Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes o similares condenas:

PERJUICIOS MORALES:

Se reclama el equivalente en moneda nacional a la suma de 500 gramos de oro fino para el actor, indicados en el numeral primero, por concepto de “pretium doloris” en aplicación del artículo 106 del Código Penal, consistente en el profundo trauma psíquico que produce la humillación de verse expuesto a la burla pública, sus bienes totalmente en la calle que fueron producto de hurto por vándalos, la zozobra y el miedo a que se vio expuesto, es decir, tanto por el dolor físico al lanzarse gases lacrimógenos, como por la descomposición emocional a que la víctima fue avocada.

PERJUICIOS MATERIALES:

Conforme a la siguiente liquidación o a la que se demostrare en el proceso:

1. Daños y perjuicios patrimoniales directos o daño emergente por concepto que sobrevinieron con el lanzamiento o vía de hecho, o actividad grosera de la administración estimados en 30.000.000.oo millones de pesos que se liquidarán a favor del lesionado, concepto este por la pérdida y destrucción de los siguientes elementos de trabajo de su taller: (sic).

2. La suma de cuatro millones (sic) pesos 4.000.000, por concepto de lucro cesante que se liquidarán directamente a favor de ALBERTO MORATO MARTÍNEZ, correspondientes a las sumas que tuvo que cancelar y cancela hasta la presentación de la demanda, por concepto de arrendamiento de un predio para lograr ubicar su taller nuevamente, ya que fuera dejado en la calle, suma que se determinará actualizándolo a la fecha conforme el índice de precios al consumidor.

3. La suma de 350.000.000.oo millones de pesos, por concepto del valor de la tierra, a razón de 500.000.oo pesos el metro cuadrado, inmueble que venía poseyendo durante 35 años.

CONDÉNASE AL DISTRITO DE CARTAGENA a pagar los intereses aumentados con la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor.

Todas las condenas se actualizarán de conformidad con la evolución del índice de precios al consumidor.

EL DISTRITO DE CARTAGENA dará cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a su ejecutoria” (fls. 1 y 2., c. 1).

2. Fundamentos de hecho

Los supuestos fácticos que fundamentan las pretensiones deprecadas se extractan a continuación.

2.1 El señor Alberto Morato Martínez venía en posesión tranquila e ininterrumpida por más de 35 años de un lote ubicado en la ciudad de Cartagena, barrio Rodríguez Torices, sector el Papayal, sobre la carrera catorce, frente a los inmuebles identificados con las nomenclaturas 37-36 y 37-06.

2.2 El día 5 de febrero del año 1996, la inspectora de la Comuna Siete llegó hasta el inmueble en compañía de efectivos de la fuerza pública y manifestó al señor Morato Martínez que iba a cumplir una orden de lanzamiento, emitida dentro de un amparo domiciliario que había sido concedido al consorcio Chambacú de Indias, sin embargo nunca se exhibió tal orden. Así, en la práctica lo que se hizo fue reconocer por las vías de hecho un amparo que tenía como único fin apropiarse del inmueble.

En consecuencia, se procedió a la expulsión del actor con ayuda de miembros de la Policía Nacional, desconociendo no solo el hecho de que era el poseedor regular del predio, sino que meses atrás se le había reconocido un amparo por perturbación a la posesión, precisamente en contra del mencionado consorcio (fls. 2 y 3, c.1).

3. Oposición a la demanda(1)

El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias se limitó a desconocer los hechos de la demanda y sus pretensiones, sin esbozar contrargumentos en su favor. Tampoco solicitó o aportó medio de convicción alguno, al respecto pidió que se otorgue valor probatorio a las pruebas que se aportaron con la demanda y las que presentó como anexos esto es, el poder para actuar y la certificación de la representación legal de la entidad demandada (fls. 48 a 50, c. 1).

4. Concepto del Ministerio Público(2) 

El agente del Ministerio Público solicitó negar las pretensiones. Para el efecto, consideró que no se demostraron los elementos necesarios para comprometer la responsabilidad de la entidad demandada. Al respecto señaló:

“Esta oficina del Ministerio Público, luego del estudio de la demanda, anexos y pruebas recaudadas es de concepto negativo a las súplicas de la parte que acciona, posición que deviene de lo siguiente:

Se enuncia en el libelo una serie de perjuicios de orden moral y material que son objeto de reclamo en este contencioso, como consecuencia directa de los hechos imputados al ente accionado y esos perjuicios son tasados en el mismo libelo.

El aparte de los perjuicios no fue demostrado en curso del proceso sólo fueron enunciados, y la sola enunciación sin anclaje probatorio procesal no surte efectos jurídicos, quedan solo en eso ENUNCIACIÓN.

Como secuela de lo antes anotado, al juzgador le queda imposible sentenciar, habida consideración a que, la Jurisdicción Contenciosa Administrativo tiene carácter rogado, esto es corresponde a quien acciona demostrar la base de sus pretensiones en curso del proceso o aportando con la demanda la prueba.

Por otro lado, a estimación de esta oficina, los elementos estructurales de la RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN y de todo tipo de responsabilidad, por hechos activos u omisiones no se dan al unísono en el sub examine.

En efecto, son elementos de la RESPONSABILIDAD DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, los siguientes:

La existencia de un DAÑO. En el sub lite como antes hemos dejado plasmado ese elemento se enunció pero no se probó, no sabemos en qué consistió.

Una falla o falta en el servicio que le compete prestar al ente accionado. En este caso correspondía a la parte demandada preservar los derechos del actor, en lo concerniente a la posesión que este detentaba, lo cual según el libelo de demanda no cumplió y por el contrario protegió a otra persona jurídica en detrimento de los derechos del demandante. El punto que nos ocupa, no está debidamente estructurado, se aduce que la inspección de policía que intervino en el desalojo del acto de un predio que esta poseía actuó por fuera de la ley, empero la argumentada posesión no tenía estructura legal, no existía un proceso de pertenencia, no existía un contrato de venta o de cesión del predio, no existía un pronunciamiento judicial de adjudicación. Solo con posterioridad a los hechos el accionante concurrió a una notaría de la ciudad y aportó una declaración extrajuicio de un tercero y manifestó ante la notaria, en acto denominado DECLARATORIA DE POSESIÓN que había venido poseyendo un predio en el sector de PAPAYAL, en barrio Torices de esta ciudad y discrimina los linderos.

La manifestación ante notario antes comentada no estructura un derecho de posesión, en sí, una manifestación de parte interesada, la cual para mayores veras, no concreta como adquirió el accionante ese derecho de posesión.

Paralelamente esta oficina observa que la actuación de la inspección de policía tachada de ilegal no fue demostrada, de hecho no se aportó la prueba argumentada de acto de la administración que protegía los derechos del demandante frente a las pretensiones de la persona jurídica que accionó policivamente para que se ordenara y practicara el desalojo, ni se aportaron los actos que tal desalojo ordenaba, con lo cual queda en un limbo la aseveración del proceder ilegal de la administración, y así, las cosas el elemento de FALLA O FALTA en el servicio no se estructura.

Amén de los dos elementos en comento, el tercero lo constituye un NEXO CAUSAL entre falla y falta en el servicio y DAÑO causado, el cual por sustracción de materia y ante la falta de los otros dos, este no se estructura…” (fls. 69 y 70, c.1).

5. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 1.º de febrero de 2007, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda. Para fundamentar su decisión sostuvo:

“…Pues bien, en los términos de la demanda, el actor sufrió graves perjuicios a consecuencia del desalojo del predio que ocupaba en el barrio Rodríguez Torices. Según el actor dichos daños se materializaron cuando, mediante el empleo de la fuerza pública, se llevó a cabo el lanzamiento, lo que arrojó como resultado “la humillación de verse expuesto a la burla pública, sus bienes totalmente en la calle que fueron producto de hurto por vándalos, la zozobra y el miedo a que se vio expuesto (…) tanto por el dolor físico como por la descomposición emocional…”

No obstante lo anterior esta Sala de Decisión, una vez revisado minuciosamente el expediente, no encontró en parte alguna prueba que permita inferir, siquiera sumariamente, que el actor haya sufrido los perjuicios que refiere en su escrito introductorio, de tal suerte que, en criterio del Tribunal este extremo, sin el cual no puede configurase la falla en el servicio, no se encuentra plenamente demostrado.

El actor presenta copia de la Escritura Pública No. 1290 de mayo 27 de 1997 otorgada en la Notaria Primera del Círculo de Cartagena, en la que el hoy demandante declara que el lote de terreno del que fue desalojado, lo viene poseyendo de buena fe desde hace treinta y un años. Pero nótese que dicha declaratoria de posesión es posterior a los hechos, lo que arroja dudas sobre la fuerza probatoria de tal documento.

Por lo demás, los elementos de prueba que arrima el actor se limitan a una denuncias de tipo penal y disciplinario (fls. 13 a 26) presentadas contra las funcionarias de policía Dras. Purificación Guzmán y Cielo Otero; la primera por ser la funcionaria que, según el decir del demandante, emitió la orden de desalojo y la segunda, por ser la titular de la Inspección de Policía de Lo Amador (Comuna Siete) al momento de efectuarse la diligencia de lanzamiento.

Sin embargo no hay pruebas que permitan determinar con certeza en que consistió el daño, ni a cuánto ascienden los perjuicios sufridos. Solo hay en el plenario las afirmaciones del actor según las cuales le fueron hurtados sus elementos de trabajo y que refieren además a la “descomposición moral” que padeció luego del desalojo.

(…)

No estando demostrado el elemento DAÑO, resulta inocuo el estudio de los demás elementos estructurales de la responsabilidad administrativa, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia y doctrina…” (fls. 82 a 90, c. ppal.).

6. Recurso de apelación(3) 

 

La parte demandante impugnó la decisión. Como sustento de su inconformidad sostuvo que a diferencia de lo considerado por el Tribunal en el proceso sí existen elementos de convicción suficientes para demostrar los hechos que motivaron su demanda, elementos de carácter documental y testimonial que en efecto dan cuenta que el señor Alberto Morato Martínez fue desalojado del inmueble que tenía en posesión por más de 35 años y que dicha actuación se hizo por una funcionaria pública de manera irregular bajo el supuesto cumplimiento de una orden de policía emitida en un procedimiento de amparo al domicilio.

Adujo, que en casos como el presente los funcionarios públicos tratan de no dejar huella de sus actuaciones irregulares, por lo tanto es natural que los hechos no encuentren fundamento en pruebas directas sino en pruebas de carácter circunstancial, a las cuales apela para que sea decidida la impugnación.

Por ultimo, advirtió que no se puede confundir la existencia del daño con su cuantía, como parece hacerlo el Tribunal, porque el primero es el fundamento de la responsabilidad, en tanto la segunda tiene que ver con la liquidación de perjuicios que puede ser establecida mediante trámite incidental, incluso con posterioridad a la sentencia (fls. 109 a 112, c.2).

7. Pruebas en segunda instancia

Con el recurso de apelación se allegó copia de la sentencia de 10 de noviembre de 2005, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, dentro del proceso penal adelantado en contra de la señora Purificación Guzmán Barboza, ex inspectora de policía, por el delito de prevaricato por acción, sin embargo dicha documental no fue tenida como prueba debido a que no cumplía los requisitos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo (fls. 124 y 124, c. ppa.).

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia de la Ley 446 de 1998(4), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación, con miras a determinar a la luz de los elementos de convicción que obran en el expediente si el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias puede ser declarado responsable por los daños causados al señor Alberto Morato Martínez con ocasión de la diligencia de desalojo adelantada el día 5 de febrero de 1996, por la Inspección de Policía de la Comuna n.º 7 de Cartagena.

3. Pruebas allegadas al proceso(5) 

En relación a los hechos que motivan la presente controversia obran en el expediente los siguientes medios de prueba, cuya valoración ha sido solicitada por las partes de común acuerdo:

3.1 Providencia del 19 de julio de 1995, proferida por la Inspección de Policía de la Comuna n.º 3 D por medio de la cual se concedió amparo policivo a la posesión y tenencia del señor Alberto Morato Martínez frente a los actos de perturbación realizados por el consorcio Chambacú de Indias. En consecuencia, se ordenó al citado consorcio abstenerse de realizar actos que perturben la quieta y pacífica posesión del señor Morato Martínez sobre el predio ubicado en la barrio Rodríguez Torices, carrera 14 frente a los inmuebles identificados con las nomenclaturas 37-36 y 37-06 (fls. 9 a 12, c. 1).

3.2 Copia de querella disciplinaria, con fecha de recibido en la Procuraduría Provincial de Cartagena de 11 de abril de 1996, contra las señoras Cielo Otero, en su calidad de inspectora de policía de la Comuna n.º 7 y su antecesora la señora Purificación Guzmán Barbosa, con fundamento en los siguientes hechos:

“PRIMERO: Mediante una querella verbal, la cual jamás fue juramentada, formulada por el Dr. ANTONIO BLANCO HERNÁNDEZ, en su calidad de representante legal del denominado consorcio CHAMBACÚ DE INDIAS LTDA, contra los infrascritos, instando la concesión de AMPARO DOMICILIARIO, el proceso policivo, si así se puede llamar, cursó o se tramitó en la INSPECCIÓN DE POLICÍA DE LO AMADOR (COMUNA SIETE) de la cual es titular la Dra. CIELO OTERO.

SEGUNDO.- Las irregularidades y atrocidades cometidas en el desarrollo del amañado y prefabricado proceso policivo de AMPARO DOMICILIARIO son abundantes y con desconocimiento de las más mínimas garantías procesales.

Pásmese usted, señor fiscal, que el consorcio en mientes, el cual rogó la protección policiva, jamás ni nunca ha tenido su domicilio en el lugar o inmuebles en relación a los cuales solicitó protección domiciliaria. Necio recordar que el amparo al domicilio, entonces, es un proceso especial, breve y sumario, instituido en favor de quien milita el poder revocatorio del consentimiento, para demandar la recuperación o restitución de un inmueble contra quien se halla obligado a esa restitución, cifrando su diferencia con el comodato en la carencia de título y en la indeterminación del término, para la entrega del bien, así como para su uso.

TERCERO. Pues bien, no obstante de no tener cabida o no ser adecuado el proceso policivo de amparo domiciliario, dado que somos poseedores por más de treinta (30) años de los bienes inmuebles de los que fuimos desalojados injurídicamente, amen derecer (sic) de legitimidad el querellante para adelantar esa clase de acción, pues, jamás tuvo su domicilio en dicho lotes de terreno, se profirió por parte de la otrora INSPECTORA DE POLICÍA DEL PAPAYAL (COMUNA SIETE) una orden de desalojo cuando lo que se pidió fue un amparo policivo en el sentido de que se le permitiera cercar a los quejumbrosos parte de dichos lotes de terreno y se insiste se accedió en amplitud la citada inspectora, Dra Barboza, quien sin pruebas de ninguna índole, de plano, con atropello y desconocimiento de las normas que regulan la materia armó un lanzamiento dentro de un asunto de su no competencia. Ello, eventualmente hablando debió, en acatamiento y respecto de las directrices legales, incoarse ante la jurisdicción ordinaria tendiente a que se dirimiera el mejor derecho.

CUARTO: Más grave aún, se llevó a cabo una diligencia de lanzamiento sin tomarse, la Dra. CIELO OTERO, la molestia de hacer acto de presencia en el lugar de los hechos, sin levantar acta de la práctica de la mentada actuación, desconociendo flagrantemente la normatividad procedimental que ordena dejar sentado por escrito, en duplicado, toda diligencia judicial y/o administrativa. Empero, la funcionaria CIELO OTERO se limitó a hacer acto de presencia minutos antes de culminar la diligencia de lanzamiento y no obstante la presencia de dos funcionarios del Ministerio Público, el Dr. MOLINA, abogado asesor de la Procuraduría Distrital de esta localidad y otro adscrito a la Personería Municipal de esta misma ciudad, cuyo nombre en estos momentos se nos escapa, pero en su debida oportunidad, al ratificarnos bajo la gravedad del juramento, aportaremos; profesionales estos quienes ante nuestros desesperados ruegos por una correcta aplicación de justicia y como garantía para su correcta aplicación se hicieron presentes al lugar de los hechos y, como era su deber, instaron a la funcionaria que le pusiera coto a tan flagrante atropello, esto es, que ordenara suspender la irregular actuación de desalojo. Más sin embargo, hizo caso omiso de tan justas y acomodadas a la ley, peticiones. Culminó su faena.

QUINTO.- Más sorprendente resulta el hecho de que la diligencia se llevó a cabo dirigida por un miembro de la Policía Nacional y un pie de fuerza importante de más de veinte agentes del orden. Concretamente el desalojo lo llevó a cabo el señor Capitán LARROTA VARGAS FERVINAL, comandante de la Primera Estación de Policía del lugar, quien para el efecto recibió un oficio sin fecha n.º 29, suscrito por la Dra. PURIFICACIÓN GÚZMAN BARBOZA, quien había hecho dejación del cargo como inspectora de la Comuna Siete aproximadamente dos meses atrás a la fecha de la diligencia. Incurriéndose, por este lado, en falsedad y suplantación.

SEXTO: Como si lo anterior fuere poco, el basamento de la orden de desalojo lo edificó la titular de la inspección en cita, en la querella verbal, no juramentada, formulada por el representante legal de consorcio “CHAMBACÚ DE INDIAS LTDA.” desechando toda probanza como testimonios, descargos, etc. Peor, no se tomó la molestia de identificar los bienes muebles materia del proceso policivo (si puede llamarse proceso a tan desafortunada actuación” (fls. 13 a 26, c.1).

3.3 Contrato de arrendamiento de local comercial para taller de mecánica, latonería y pintura, de fecha 8 de marzo de 1996, en el que aparece como arrendador la sociedad Humberto Rodríguez & Cía. Ltda. y como arrendatario el señor Alberto Morato Martínez. Se destaca que el término del contrato se pactó a un año y se fijó como canon de arrendamiento la suma de $70.000, cantidad que se pagaría por adelantado (fls. 30 y 31, c.1).

Sobre este último aspecto se acompañó recibo de caja en el que se hace constar que el arrendatario paga al arrendador la suma de $840.000. por concepto de doce meses de cánones de arrendamiento (fl. 29, c.1)

3.4 Testimonio del señor Agustín Salgado Berrio, vecino del actor, quien sobre los hechos de la demanda manifestó:

“…CONTESTÓ: Desde el día del lanzamiento que se le hizo al señor Alberto Morato Martínez y al señor Jairo Gámez, yo estuve presente en todos los actos e inclusive fue hasta amenazado por uno de los hijos del abogado representante del consorcio, tengo copia de constancia sobre una demanda que le presente en la inspección de la comuna siete, con el fin de respaldarme bajo mi integridad física ya que fui amenazado en la presencia de testigos. Yo defendía la causa de los señores lanzados, porque los conozco desde hace mucho tiempo y viendo que el señor Alberto Morato Martínez y Jairo Agamez tenían más de treinta y cinco años de venir laborando en ese sitio, sin ser perturbados por ninguna autoridad competente, ya que el lanzamiento se hizo de una forma arbitraria, sin la presencia del inspector, no se llevó un acta, únicamente con la fuerza bruta de la fuerza pública, con todo que estuvo la presencia del delegado personero en lo policivo Edgardo Herrera y por parte de la Procuraduría el Dr. Molina y no hicieron caso ni respetaron las observaciones que le pedían a los agentes de policía por la no presencia la inspectora de la comuna siete. Hecho que les causó a los señores mencionados graves perjuicios tanto económicos, físicos y morales con las grandes pérdidas que han tenido ya que era un taller de mecánica y latonería donde le generaba su sustento y su medio de vida, porque fueron despojados de herramientas y maquinarias ajenas que eran compromisos de trabajo que ellos tenían con sus clientes. El señor Alberto Morato hasta la presente se le ha ocasionado grandes perjuicios ya que no se le ha restituido su derecho y eso le ocasiona pérdidas económicas ya que ha dejado de laborar al no tener el taller donde lo tenía. El señor Alberto Morato y Jairo Agamez, quienes se encuentran ubicados en el lote tres, siempre estuvieron rellenando y arreglando el terreno donde laboraban, hasta el día que llegaron los señores del consorcio a lanzarlos por ocupación de hecho, en forma arbitraria y macabra…PREGUNTA: Diga el declarante si tenía conocimiento que el señor Alberto Morato Martínez tenía un amparo policivo de perturbación a la posesión y si este fue o no respetado por la inspectora de policía que llevó a cabo la diligencia de lanzamiento. CONTESTADO. Si yo tenía conocimiento del amparo policivo y eso fue irrespetado por los señores representantes del consorcio Chambacú de Indias y la inspectora de la comuna siete encargada del lanzamiento. PREGUNTADO: Diga el declarante al despacho, cuantos años tenía el señor Alberto Morato Martínez de venir ejerciendo posesión cierta, pública y pacífica del terreno del cual fuera lanzado. CONTESTÓ: Mis conocimientos que tengo, tiene una fecha de 30 35 años sin que haya sido perturbado hasta el día trágico ese. PREGUNTADO: Manifieste al despacho si usted tiene conocimiento que el terreno donde venía ejerciendo la posesión el demandante era propiedad de la firma que inició el lanzamiento por ocupación de hecho o fue una arbitrariedad a lanzarlo, no estando dentro de los predios del querellante. CONTESTÓ: Yo tengo conocimiento es que lo lanzaron al señor Alberto Morato, pero no estaba metido en el predio de mayor extensión…” (fls. 60 y 61, c.1).

3.5 Declaración del señor Raúl Niño Martínez, residente del sector y testigo presencial de los hechos, quien señaló:

“CONTESTADO: Cuando llegó el abogado de los Blanco y dos hijos de él con una cantidad de gente que no puedo decir cuantos, pero él los contrató para que los echaran de allí. Ellos llevaron un cargador y en el subieron los motores, las cajas de herramientas, unos diferenciales, unos muelles y un tendal que había allí también lo tumbaron; en esa época estaba presente un inspector de policía de Torices, del que no recuerdo el nombre. Ese terreno era una charca de agua y fue rellenado por el señor Morato para trabajar. Incluso él tenía un celador para cuidar de noche los vehículos que dormían allí. Todas las cosas que mencione anteriormente y otras cuantas cosas se perdieron, nadie respondió por ellas…” (fl. 61, c.1).

3.6 Testimonio del señor Marco de la Rosa Padilla, quien laboraba en el lugar, al respecto manifestó:

“…CONTESTADO: Yo estaba trabajando ese día, cuando se presentó la inspectora Cielo Patricia Otero, quien prestaba sus servicios en la inspección del barrio lo amador, acompañados de un abogado, apellido Blanco y de varios agentes de policía, llevaron un tractor, una grúa, destruyeron los ranchos, sacaron todo lo que había allí, llevaron un tractor, repuestos para buses, de esos buses unos se los llevaron, otros los tiraron a la calle…PREGUNTADO: Diga al despacho cuantos años tenía el señor Morato de ejercer posesión en el inmueble de donde fue lanzado. CONTESTADO. Aproximadamente cuarenta (40) años. PREGUNTADO: Manifieste el declarante que autoridad fue la encargada de lanzar al señor Alberto Morato de su predio. CONTESTADO: La Dra. Cielo Patricia Otero, en compañía de varios agentes de policía y acompañada de un Dr, de apellido Blanco, cuyo nombre no recuerdo. PREGUNTADO. Indique al Despacho, si es de su conocimiento de que el señor Morato, tenía un amparo policivo posesorio y este fue violado por la inspectora que usted mencionó con antelación. CONTESTADO: Si lo tenía, fue violado por la Dra, porque él le presentó ese documento y ella le dijo que no tenía que ver con eso, que allí mandaba ella y ella era la autoridad, inclusive no dieron tiempo ni de recoger las herramientas. PREGUNTADO: indique al Despacho si como consecuencia del lanzamiento del señor Moratao hubo que arrendar otro inmueble y pagar la respectiva renta mensual, por haber sido desalojado del predio sobre el cual estaba poseyendo. CONTESTADO: Sí soy testigo de que el señor tuvo que arrendar un sitio enfrente para poder continuar con su trabajo…” (fls. 62 y 63, c.1).

La Sala advierte que la anterior declaración en razón del grado de subordinación laboral que se puso de presente se encuentra en los supuestos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, la coherencia y extensión del relato en relación a los hechos que en este momento se pretenden demostrar, permiten darle credibilidad y pasar a realizar su valoración junto con los restantes testimonios que obran dentro del proceso y que en similares términos se rindieron.

3.7 Escritura Pública n.º 1290 de 27 de mayo de 1997, suscrita en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena por medio de la cual el señor Alberto Morato Martínez declara venir por más de 31 años en posesión, quieta, pacífica e ininterrumpida del lote de terreno ubicado en el barrió Rodríguez Torices, sector Papayal, sobre la carrera 14. Acompaña al instrumento unas declaraciones extrajuicio de los señores Marco de la Rosa Padilla y Raúl Alberto Niño Martínez, quienes dan cuenta del hecho (fls. 31 a 33, c.1).

4. Juicio de Responsabilidad

4.1 El daño

4.1.1 De acuerdo con el artículo 90 de la Carta, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta Corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(6)”.

4.1.2 Sea necesario precisar por ser uno de los puntos de la apelación, que en realidad el daño que se imputa a la demandada, es el desalojo del señor Alberto Morato Martínez del inmueble que tenía en posesión tranquila e ininterrumpida y que había destinado para el funcionamiento de un taller de mecánica. Esto por cuanto, es la pérdida de la tenencia del inmueble lo que concretó la afectación de sus intereses patrimoniales.

De conformidad con las pruebas que se allegaron la Sala tiene por demostrado el daño, ya que está acreditado testimonialmente, no solo la posesión que el señor Morato Martínez tenía sobre el predio ubicado en la barrio Rodríguez Torices, carrera 14 frente a los inmuebles identificados con las nomenclaturas 37-36 y 37-06 de la ciudad de Cartagena, sino también su expulsión por cuenta de una diligencia realizada por diferentes autoridades de policía el día 5 de febrero de 1996 (testimoniales de los señores Agustín Salgado Berrio, Raúl Niño Martínez y Marco de la Rosa Padilla – fls. 60 a 63, c.1).

4.1.3 Obran pruebas testimoniales y documentales encaminadas a demostrar los perjuicios causados, las cuales se analizarán, de ser pertinente, en orden a realizar la correspondiente liquidación de perjuicios.

4.4 La imputación

4.4.1 En el sub lite, la parte actora manifestó que la diligencia de despojo adelanta por la Inspección de Policía de la Comuna n.7º constituyó una vía de hecho, no solo porque la supuesta orden que la autorizaba jamás se dio a conocer, sino porque se demostró la posesión, la que había sido objeto de un amparo por parte de la Inspección de Policía de la Comuna n.º 3D frente a actos de perturbación llevados a cabo meses atrás por los integrantes del consorcio Chambacú de Indias. Al tiempo, señaló que debía tenerse en cuenta que el consorcio no estaba legitimado para invocar el amparo al domicilio cuando jamás había ostentado la tenencia del bien.

Como se puede observar, los hechos que motivan la presente controversia tuvieron lugar en el marco de una actuación de policía, lo que de entrada obliga precisar sus alcances, tratándose de la protección a la posesión y tenencia, pues ello nos permitirá entender con claridad si la actuación adelantada por la inspección, se hizo conforme al principio de legalidad o si por el contrario como lo sostiene la parte actora puede ser constitutiva de una vía de hecho.

4.4.2 Tradicionalmente, se diferenciaban tres acciones de policía, el lanzamiento por ocupación de hecho (artículo de la Ley 57 de 1905), el amparo a la posesión o mera tenencia (artículo 125 C.N.P.) y el amparo domiciliario (artículo 85 C.N.P). Sin embargo, la Corte Constitucional en el año 2010, al analizar la constitucionalidad del artículo 15 la Ley 57 de 1905 encontró que este enunciado normativo fue subrogado por el artículo 125 del C.N.P(7).

Esto último, por cuanto la acción policiva para el amparo a la posesión o mera tenencia incluía no solo los eventos de ocupación arbitraria sino todo tipo de perturbaciones que soporten quienes a cualquier título justifiquen válidamente estar en ocupación de un inmueble. De este modo, actualmente se habla de un amparo general a la posesión y mera tenencia y otro al domicilio.

Ahora, en lo que tiene que ver con el amparo domiciliario que fue el que supuestamente se invocó para realizar el desalojo, el Código Nacional de Policía en el artículo 85 señala:

“El que insista en permanecer en domicilio(8) ajeno contra la voluntad de su morador, aunque hubiere entrado con el consentimiento de éste, será expelido por la policía a petición del mismo morador.”

Como se puede notar esta acción tiene un carácter especial, porque i) está destinada a la protección del domicilio, es decir ese espacio reservado e infranqueable para las acciones públicas o privadas y donde de ordinario se cuenta con las condiciones para el tranquilo desarrollo de la cotidianidad personal y familiar y ii) contempla eventos que se escapan a la acción policiva de amparo a la tenencia y posesión, por cuando la entrada del tercero es legítima, como sucede cuando una persona ingresan en virtud de un contrato de trabajo a una casa y finalizada la labor persisten en su permanencia o quien ingresa a un hotel y terminado el contrato no lo abandona.

Así, en estos eventos los moradores de casas, apartamentos, lugares de trabajo, etc. que los tengan bajo cualquier título legítimo pueden acudir ante las autoridades de policía competentes, de ordinario los inspectores de policía, para lograr la expulsión de quienes permanezcan en aquel aunque, inicialmente hayan entrado con su consentimiento.

Actuación de carácter jurisdiccional(9), en la que dichos funcionarios deben observar i) el principio de legalidad, pues en uso de estas facultades no pueden hacer ni más ni menos de lo que los reglamentos les facultan y ii) el derecho al debido proceso de quienes se ven involucrados en la controversia, habida cuenta que de ello dependerá que la decisión que se adopte resulte razonable y proporcionada. Lo anterior, no es otra cosa que la debida observancia la Constitución, el Código Nacional de Policía y en su defecto de los Códigos Departamentales o los reglamentos especiales previstos en los Códigos Distritales de Policía.

Una conducta contraria, puede derivar en un daño antijurídico endilgable al Estado juez, determinado en este tipo de eventos no en razón de la estructura orgánica sino de la función misma que de manera excepcional puede ser cumplida por funcionarios administrativos; por error judicial si el daño se encuentra contenido en una providencia judicial o indebido funcionamiento de la administración de justicia en los restantes eventos, verbigracia la ejecución de una orden o la realización de una diligencia.

4.4.3 El presente caso, pese a que la entidad demandada se conformó con oponerse a las pretensiones sin manifestación alguna sobre los fundamentos de hecho y de derecho que se debaten, se sabe, por virtud de la queja presenta por su contraparte ante la Procuraduría General de la Nación con motivo de los presentes hechos y de la propia demanda(10), que el fundamento del lanzamiento fue un juicio de policía de amparo domiciliario (queja disciplinaria - fls. 13 a 26, c.1).

Ahora, lo cierto es que la demandante, aduce que dicho amparo, que en términos normales conduce una vez determinada su procedencia a la autoridad de policía a emitir una orden de desalojo y a hacerlo efectivo, fue una vía de hecho porque en realidad nunca se constató la existencia de la orden, pero además, de haberse librado con el lleno de las formalidades legales desconocía su calidad de poseedor.

Como se evidenció de manera preliminar los amparos policivos a la posesión o la tenencia parten de un supuesto fundamental de procedencia, esto es la ocupación o residencia legitima del inmueble sobre el que recae la solicitud. Así, la autoridad de policía solo puede librar una orden de desalojo una vez constatadas las condiciones de quien alega el amparo, pero también de quien ejecuta la supuesta perturbación.

Lo anterior, en el caso bajo análisis implicaba la verificación de la residencia legítima de los miembros del consorcio Chambacú de Indías y la perturbación injustificada por parte del señor Alberto Morato Martínez, pues solo ello bajo la estrictica sujeción al debido proceso, daba lugar a que la Inspección n.º 7 expulsara a este último del predio.

En este punto, llama la atención de la Sala que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena no haya aportado prueba alguna con miras a defender sus actuaciones, pues se echan de menos los antecedentes que motivaron la diligencia de desalojo, sin embargo, dicha omisión no se puede trasladar a la parte demandante, quien por demás ha puesto en tela de juicio su existencia, de donde contrario a la lógica y a la distribución de las cargas probatorias sería exigirle prueba al respecto.

No obstante lo anterior, en este caso la demandante probó el elemento indispensable para establecer que su desalojo fue arbitrario. Esto por cuanto acreditó testimonialmente que tenía la posesión por más de 30 años del predio ubicado en la barrio Rodríguez Torices, carrera 14 frente a los inmuebles identificados con las nomenclaturas 37-36 y 37-06, lugar en el que laboraba en un taller de mecánica de su propiedad y en consecuencia se puede considerar que utilizaba con ánimo de señor y dueño (testimoniales de los señores Agustín Salgado Berrio, Raúl Niño Martínez y Marco de la Rosa Padilla – fls. 60 a 63, c.1). Hecho que, además, había sido reconocido por la Inspección de Policía de la Comuna 3D, meses atrás, en el marco de un amparo que se le concedió al señor Morato Martínez precisamente contra el consorcio Chambacú de Indias (providencia de amparo a la posesión y tenencia fls. 9 a 12, c. 1).

Entonces, pese a que no se conozca el contenido de la decisión de desalojo, lo cierto es que aquella de haber estado precedida por las anteriores evidencias se tornaba improcedente. Pero en todo caso, de haberse emitido, debió suspenderse en el marco de la diligencia de desalojo que ahora se analiza, pues la condición de poseedor con más de 30 fue una circunstancia que hizo conocer el ahora demandante en ese momento, la que debía privilegiarse si se tiene en cuenta que lo que precisamente se estaba protegiendo era la posesión o tenencia.

En estas circunstancia, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y a condenar al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por indebido funcionamiento de la administración de justicia, en tanto en el marco de una diligencia adelantaba en un juicio de policía, el señor Alberto Morato Martínez fue expulsado pese a que se opuso aduciendo y acreditando su condición de poseedor, condición que además, gozaba de amparo posesorio, otorgado por la misma entidad.

5. Liquidación de Perjuicios

5.1 La indemnización por el perjuicio moral

5.1.1 En la demanda se solicitó el pago de quinientos (500) gramos oro a favor del demandante por perjuicios morales “consistentes en el profundo trauma psíquico que produce la humillación de verse expuesto a la burla pública, sus bienes totalmente en la calle que fueron producto de hurto por vándalos, la zozobra y el miedo a que se vio expuesto, es decir, tanto por el dolor físico al lanzarse gases lacrimógenos, como por la descomposición emocional a que la víctima fue avocada”.

5.1.2 La jurisprudencia de esta Corporación ha llegado hasta aceptar que es procedente la indemnización de toda clase de situaciones que generen perjuicios morales, dentro de los que se incluye la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas que lo permitan establecer. Sobre el particular se ha indicado:

“…la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba…”(11).

Y en similares términos, se ha expresado:

“Solicita la parte demandante que se reconozca perjuicios morales a favor de los demandantes en atención al ‘profundo dolor y trauma síquico que produce el hecho de ver destruirse su casa de habitación, la cual ha conseguido con el esfuerzo y el trabajo de toda su vida’. En cuanto atañe específicamente a la procedencia del daño moral por la pérdida de bienes, cabe precisar que esta Corporación ha encontrado posible su reconocimiento y así lo manifestó en sentencia del 5 de octubre de 1989: (…) En relación con la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que: ‘… la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente ⎯y en consecuencia, para considerarlo indemnizable⎯ con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública.’…”(12).

5.1.3 Las pruebas que obran en el proceso, especialmente las de carácter testimonial, no permiten tener por establecido que el desalojo del inmueble haya generado al demandante aflicción o congoja, ya que al hacer su análisis conjunto no se observa ninguna referencia a este hecho, razón por la cual la Sala procederá a negar su reconocimiento.

5.2 Perjuicios materiales

5.2.1 Se solicitó i) el valor de los cánones de arrendamiento que tuvo que sufragar hasta el momento de la presentación de la demanda, valorados en $4.000.000; ii) el valor del inmueble que se estimó en $350.000.000 y iii) el valor de los bienes, que supuestamente se perdieron en la diligencia de desalojo, que fueron estimados en $30.000.000.

5.2.2 Teniendo en cuenta que se encuentra acreditado que el demandante tuvo que arrendar un predio para continuar con el taller de mecánica (contrato de arrendamiento - fls. 30 y 31, c.1). El valor de los cánones de arrendamiento será reconocido por el término de un año, a partir de su fecha de suscripción es decir el 8 de marzo de 1996, pues se acreditó su pago de manera anticipada. No habrá lugar a reconocimientos posteriores, habida cuenta que no se demostró que el contrato fue prorrogado, como tampoco pagos posteriores a esa fecha.

Para la actualización del valor pagado por este concepto, se emplea la siguiente fórmula:

Ra = Rh x Ipc (f)

Ipc (i)

Donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh:Valor de los cánones de arrendamiento

Ipc (f):Último índice de precios conocido (abril de 2015)

Ipc (i):Índice de precios a la fecha del pago (marzo de 1996).

Ra = 840.000 x 121,63

34,00

Ra = $ 3.004.976,47

5.2.2 Por otra parte, el valor del inmueble no será reconocido, habida cuenta que la orden de desalojo en un juicio de policía no tenía la virtualidad de vulnerar de manera definitiva el derecho a la posesión y la expectativa legítima a hacerse al dominio del inmueble, pues en todo caso se trata de acciones de carácter instrumental y transitorio. Lo anterior, si se tiene en cuenta que i) lo ocurrido no cercenó la posibilidad de iniciar las acciones posesorias o de pertenencia ante la jurisdicción ordinaria (972 y 2518 del Código Civil), procesos judiciales que en su orden iban a restaurar sus derechos sobre el predio y ii) el poseedor que ha sido despojado injustamente de aquella y la recupera se entiende haberla tenido durante todo el tiempo (artículo 792 Código Civil).

5.2.3 Finalmente, en relación a la solicitud de indemnización de perjuicios por la pérdida y destrucción de herramientas de trabajo pese a que los testimonios de los señores Augustín Salgado Berrio(13) y Raúl Niño Martínez(14) no especificaron con claridad de que elementos se trataba, se dieron cuenta de este hecho, lo implica que proceda su reconocimiento en abstracto, para lo cual se promoverá el incidente de liquidación de perjuicios de que tratan los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en los siguientes parámetros.

i) Se deberá decretar una prueba pericial, para que expertos avaludores, con base en los elementos de prueba que obran en el expediente y acorde con su experiencia determine las herramientas mínimas que se requieren para el funcionamiento de un taller dedicado a la mecánica, latonería y pintura. Se deberán tener en cuenta las características del taller que funcionaba en el inmueble objeto del despojo, para el efecto podrán hacer las indagaciones que consideren necesarias. Al tiempo, la parte demandante podrá aportar los medios de convicción que acrediten dichas circunstancias.

ii) El valor de las herramientas se determinará con base en el promedio de al menos tres cotizaciones de almacenes reconocidos.

iii) El monto a reconocer al señor Alberto Morato Martínez no podrá exceder del valor solicitado en la demanda, es decir de $30.000.000, suma que podrá actualizarse a la fecha del incidente.

6. Costas

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Iii. Resuelve

1. REVOCAR la sentencia proferida el 1.º de febrero de 2007 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable al distrito cultural y turístico de Cartagena de Indias por los perjuicios sufridos por el señor Alberto Morato Martínez con ocasión del desalojo realizado por la Inspección n.º 7 de Policía de Cartagena, el día 5 de febrero de 1996.

3. CONDENAR al distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias a pagar al señor Alberto Morato Martínez por concepto de daño emergente, la suma de $ 3.004.976,47 correspondientes al valor de los cánones de arrendamiento que tuvo que erogar como consecuencia del desalojo.

4. CONDENAR en abstracto al distrito cultural y turístico de Cartagena de Indias a favor del señor Alberto Morato Martínez por concepto de perjuicios materiales consistentes en la pérdida de herramientas de trabajo, en los términos indicados en la parte considerativa de esta providencia.

Este perjuicio deberá liquidarse mediante trámite incidental de acuerdo a lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. y 137 del C.P.C., el cual deberá promoverse por el interesado dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. La demandada dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero—Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta.

1 El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la notificación de la demanda al alcalde del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias (fl. 35, c.1).

2 Dentro del término de traslado para alegatos de conclusión las partes no hicieron manifestación alguna (fl. 66, c.1).

3 Dentro de la oportunidad concedida en segunda instancia para alegar de conclusión, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 147, c. ppal.).

4 La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 1998 fuera conocida por esta Corporación, debía superar la suma de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir los $ 101.913.000 y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $350.000.000, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente (fl. 2, c.1).

5 A folios 27 y 28 del cuaderno 1 se aportaron unas fotografías, sin embargo su análisis conjunto no resulta demostrativo de ninguno de los hechos que en este proceso se discuten.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

7 Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

8 El artículo 74 del Código Nacional de Policía señala que debe entenderse por domicilio: “los establecimientos de educación, los clubes sociales y los círculos deportivos, los lugares de reunión de las corporaciones privadas, las oficinas, los talleres y los demás recintos donde se trabaja; aquella parte de las tiendas y sitios abiertos al público que se reservan para habitación u oficina; los aposentos de los hoteles cuando hubieren sido contratados en arriendo u hospedaje y las casas y edificios de departamentos estén o no divididos por pasajes”. A su turno, el artículo 75 del mismo estatuto aclara que “no se pueden entender como domicilio los lugares públicos o abiertos al público ni los sitios comunes de los edificios de departamentos y de hoteles, tales como pasajes, pasadizos y vestíbulos”.

9 Sobre el carácter jurisdiccional de este tipo de actuaciones de policía se puede consultar entre otras la sentencia del 28 de enero de 2015, expediente 31.612, C.P Hernán Andrade Rincón (E).

10 El artículo 195 del Código de Procedimiento Civil sobre los requisitos de la confesión señala: “La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; 2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba; 4. Que sea expresa, consciente y libre; 5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento; 6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada”.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG-2002-00226. C.P. Ricardo Hoyos.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 20.109. C.P. Hernán Andrade Rincón.

13 Al respecto manifestó: “…fueron despojados de herramientas y maquinarias ajenas que eran compromisos de trabajo que ellos tenían con sus clientes…”(fls. 60 y 61, c.1).

14 Por su parte señaló: “…Todas las cosas que mencione anteriormente y otras cuantas cosas se perdieron, nadie respondió por ellas…” (fl. 61, c.1).