Sentencia 1998-00077 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad. interna: 08001233100019980007701 (27.409)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Aimar Darío Valdés Caicedo

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 11 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en un proceso con vocación de doble instancia(1).

1. A manera de cuestión previa, debe realizarse un pronunciamiento en cuanto a los argumentos planteados en la primera instancia por la entidad demandada, quien solicitó la declaración de la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que, en el momento en que se presentó la demanda ya se encontraba vigente la Ley 270 de 1996, que radicó en cabeza del director ejecutivo de administración judicial la representación judicial de la Rama Judicial.

Frente a este planteamiento, la jurisprudencia de esta corporación,(2) tiene por decantado que el centro jurídico y genérico de imputación es la Nación cuya representación está en cabeza del Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por igual, de allí que, no es aceptable el argumento expuesto, en atención a que la entidad demandada si la representa(3) y sobre ella recae el interés debatido en el proceso, razón suficiente para despachar de forma negativa la censura plasmada en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión.

Es así como, desde el plano material de la imputación, el daño antijurídico es atribuible a La Nación - Fiscalía General de la Nación, faltando por establecer, sí lo es desde el plano jurídico mediante los títulos de atribución que han sido construidos por la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

2. Finalmente, la Sala advierte que las decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación, en virtud de las cuales se precluyó la investigación penal a favor de Aimar Darío Valdés Caicedo, fueron aportadas en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda (fls. 7 a 134, cdno. 1), circunstancia que, prima facie, la haría invalorable. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes,(4)se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y además, porque la entidad demandada fue renuente a remitir las copias auténticas de estas piezas procesales.

Ahora bien, debe señalarse que no son susceptibles de valoración las indagatorias rendidas en el proceso penal, ya que carecen del requisito del juramento, necesario para ser tenidas como declaración de tercero, conforme al artículo 227 del Código de Procedimiento Civil.

3. Resuelto lo anterior, de acuerdo con el exiguo material probatorio que integra el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

3.1. El 18 de marzo de 1994, el señor Aimar Darío Valdés Caicedo, fue capturado por agentes del DAS, según da cuenta la resolución del 14 de abril de 1994, proferida por el Fiscalía Regional de Barranquilla, por la presunta participación en el secuestro de un menor de edad en la ciudad de Santa Marta. En aquella oportunidad, se resolvió la situación jurídica del sindicado, dictándosele medida de aseguramiento. De esta decisión, es importante destacar:

“(...) El doctor Armando Luis Calle Calderón, defensor de Aimar Darío Valdés Caicedo, alega que su patrocinado se le capturó en la residencia en donde se rescató al menor secuestrado por un desgraciado azar y que si bien es cierto, tal circunstancia se presentaría como un indicio, con las probanzas solicitadas y con las injuradas recibidas, dichos indicios se han ido diluyendo. Agrega que la presencia de Aimar Darío en la residencia solo fue por el cumpleaños de Elizabeth Nagles Díaz y que él es un joven estudiante que al igual que su familia nada tiene que ver con actividades ilícitas.

“Respecto a lo alegado por el defensor, donde reconoce que efectivamente existe un indicio que sirvió de base para la captura, pero que ha desaparecido con las declaraciones. El despacho, disiente de la defensa, puesto a más de la captura en la residencia donde se rescató el menor, se han presentado otros hechos que lo hacen incurso no solo en el indicio de presencia, sino también de mentira. Martha Edith Covaleda Velásquez, declara que Aimar Darío sí asistió a una fiesta anterior, en compañía de Julio y para esa época ya el menor secuestrado estaba en dicha residencia” —fl. 86 cdno. 1.—

3.2. El 18 de julio de 1995, la Fiscalía Regional de Barranquilla, precluyó la investigación adelantada contra Aimar Darío Valdés Caicedo, en consideración a que se encontraba demostrado que el sindicado no había participado en la comisión del delito que se le investigaba.

Los antecedentes que sirvieron de fundamento a la anterior decisión fueron los siguientes:

“(...) Contra Aimar Darío Valdés Caicedo en el momento de definirle su situación jurídica se le endilgó en su contra el indicio de presencia en la residencia donde se rescató al menor y el de mentira, por el hecho de haber caído, según el despacho en ciertas contradicciones respecto de si había visto con anterioridad al menor llamado Jaky. A través de medios idóneos y legales procesalmente aceptados, la defensa que es justo reconocer en una forma por demás ponderada, respetuosa, elegante y ejemplarizante para quienes no creen que el no estar de acuerdo con sus apreciaciones son signos inequívocos de pereza, abulia o ignorancia legal, ha demostrado que efectivamente Aimar Darío Valdés Caicedo se encontraba en la residencia donde rescataron a la víctima, como él lo llama “por una fatal coincidencia” ya que se trata de un estudiante del Politécnico Jaime Isaza de Medellín, que asistía a un almuerzo para celebrar un cumpleaños, así se demuestra con las declaraciones de Luis Carlos Ramos Sajosa, Tatiana Ferreira Romaña, Vanessa Paredes Zúñiga, Juan Pablo Ferreira Romaña y Virgelina Rivas de Nagles, quienes al unísono declararon que Aimar Darío es estudiante aficionado al futbol tanto que estudia tecnología deportiva y que efectivamente el día de su captura, estaba en la residencia de la calle 21 Nº 57-22 de la ciudad de Medellín por haber sido invitado, lo mismo que a algunos de los declarantes a un almuerzo, desvirtuados los indicios de presencia y aclaradas las contradicciones aunado al hecho de que con valor civil indicó la dirección de quien lo invitó a dicha residencia quien fue vinculado a la investigación y cobijado con medida de aseguramiento se le debe proferir a su favor resolución de preclusión de la investigación como efectivamente se hará en la parte resolutiva del presente proveído...” —fl. 125, cdno. 1.—.

Al resolver la consulta contra la anterior decisión, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, mediante proveído del 19 de diciembre de 1995, confirmó la decisión de primera instancia y ordenó la libertad inmediata de Aimar Darío Valdés Caicedo, con fundamento en:

“(...) A pesar que contra este sindicado se profirió medida de aseguramiento ante el indicio de presencia en el lugar de donde fue rescatado el menor, la verdad es que tampoco en su caso se puede predicar la existencia de elementos de juicio que lo asocien con el secuestro en la forma que exige el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal.

“Ciertamente la continuidad investigativa permitió dejar en claro que la presencia en dicha vivienda obedeció a una circunstancia netamente accidental, creyendo al niño sobrino de las mujeres que allí habitaban, presencia de la cual dio una explicación lógica, ya que manifestó ser amigo desde tiempo atrás cuando las conoció en el municipio de Chigorodó.

“Las aseveraciones del sindicado Valdés encuentran respaldo probatorio en las indagatorias de las ocupantes del inmueble, quienes coinciden en manifestar la ocasional presencia del sindicado en el inmueble.

“En este orden de ideas debe confirmarse la providencia preclusiva, adicionándola en la revocatoria de la medida de aseguramiento que la afecta y en decretar la libertad incondicional e inmediata de este sindicado...” —fls. 11 y 112 cdno. 1.—

4. De las pruebas que se vienen de relacionar, se tiene que el daño antijurídico se encuentra establecido, puesto que el señor Aimar Darío Valdés Caicedo, estuvo privado de la libertad en el periodo comprendido del 18 de marzo de 1994 al 19 de diciembre de 1995. En ese orden de ideas, el actor padeció una lesión o afectación a diversos bienes, derechos e intereses legítimos que no estaba en la obligación de soportar porque el ordenamiento jurídico no se lo impone.

Asimismo, está probado que mediante auto del 18 de julio de 1995, la Fiscalía Regional de Barranquilla, precluyó la investigación penal a favor de Aimar Darío Valdés Caicedo, al demostrarse que aquel no había participado en la comisión del delito de secuestro extorsivo; decisión que fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, mediante proveído del 19 de diciembre de 1995.

Para la Sala es claro que el asunto sub examine, debe ser analizado desde la perspectiva del título de imputación objetivo, comoquiera que el supuesto fáctico que se debate, se enmarca en las puntuales hipótesis que dan lugar a resolver la controversia a partir de allí.

En efecto, en el presente caso la privación de la libertad se produjo en vigencia del derogado Decreto-Ley 2700 de 1991 (CPP), y al margen de la abrogación de esa normativa, es necesario aplicar las reglas contenidas en la misma para determinar si el régimen o título de imputación conforme al artículo 414 es objetivo o subjetivo, debido a que ese precepto contenía y regulaba la responsabilidad patrimonial del Estado en esta materia.

Por consiguiente, si la absolución o la preclusión se producía porque: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, o iii) la conducta no constituía hecho punible, el régimen o título de imputación aplicable, por expresa disposición legal, es el objetivo, mientras que si la libertad se concedía por cualquier otra causa se imponía el estudio de la responsabilidad desde una perspectiva subjetiva (v. gr. la acción penal estaba prescrita, no se cumplían con los requisitos de la medida de aseguramiento, entre otros factores).

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos, es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(5).

En consecuencia, la Sala no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No se quiere significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que está claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad, en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento, no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso.

En este orden de ideas, se itera, es evidente la existencia de un daño antijurídico que el demandante no tenía la obligación jurídica de soportar, pues no existía razón alguna para la limitación de los derechos que le fueron afectados.

Si bien es cierto que en un Estado social de derecho los ciudadanos deben contribuir a la materialización de los objetivos trazados para la búsqueda de los fines comunes, y para ello es necesario, en algunos casos, que se tengan que someter a ciertas restricciones de derechos y garantías —entre ellas la libertad—,(6) es claro que existen eventos concretos y determinadas circunstancias, que configuran la obligación objetiva de reparar los daños derivados de una privación considerada injusta(7).

La preclusión de la investigación a favor de Aimar Darío Valdés Caicedo es suficiente y torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica de la privación de la libertad, consagrada en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991,(8) comoquiera que frente a la materialización de esas hipótesis normativas, se debe calificar sin ambages la privación de la libertad como injusta(9).

De otro lado, es necesario precisar que aun cuando en la providencia que se decrete la medida de aseguramiento de detención preventiva, se considere que existían suficientes pruebas o indicios graves para imponerla, esta circunstancia, por sí sola, no es suficiente para eximir al Estado de responsabilidad, toda vez que, el análisis que debe realizar el juez de lo contencioso administrativo se debe concentrar, en la existencia o no del daño para posteriormente determinar si es imputable al Estado, en virtud de que esa privación de la libertad devino o no en injusta.

En esta instancia, se insiste, solo se entraría a considerar si existieron los requisitos formales y materiales para que se profiriera la medida de aseguramiento, cuando quiera que sea necesario establecer una falla del servicio, pues de otra forma se estaría haciendo un análisis que ya fue realizado por el juez penal por ser de su competencia exclusiva, de allí que, al juez de lo contencioso no le es dable realizar ese examen nuevamente, toda vez que se estaría involucrando así en el estudio de fondo de las decisiones penales e invadiría los efectos de la cosa juzgada de esas providencias.

Adicional a lo anterior, si el daño antijurídico en los casos de privación injusta de la libertad es imputable al Estado, deviene no solo de la providencia que decretó la medida de aseguramiento, sino del proceso penal en su conjunto, incluyendo las demás decisiones adoptadas al interior del mismo, especialmente, la que revoca la medida de aseguramiento impuesta.

Por lo anterior, no es relevante si la decisión de restringir la libertad cumplió los requisitos para proferirla o si existían indicios suficientes para hacerlo, pues la labor del juez consiste en verificar cuál fue la causal de absolución en el proceso penal, para determinar si la privación de la libertad fue injusta, y este requisito es suficiente para fundamentar la responsabilidad patrimonial en un régimen objetivo de daño especial, cuyo análisis es importante en la medida en que se configura una detención arbitraria o ilegal.

5. Reliquidación de perjuicios.

En atención a que la sentencia solo fue impugnada por la demandada, no se hará más gravosa la situación del apelante único en virtud del principio constitucional de la non reformatio in pejus, el cual tiene aplicación en cuanto se refiere al ámbito indemnizatorio del daño, según los lineamientos trazados por esta corporación(10). Entonces, se actualizarán las sumas contenidas en la decisión de primera instancia otorgadas a título de indemnización de los daños materiales e inmateriales.

4.1. Perjuicios materiales.

4.1.1. Lucro cesante.

Por este concepto se reconoció la suma de $ 6’750.662, a favor de Aimar Darío Valdés Caicedo, por lo tanto, será actualizada de conformidad con la siguiente formula:

Valor presente =

S1998-00077ECU1.jpg
 

VP = $ 10’601.880

4.2. Ahora bien, en cuanto a los perjuicios morales, se tiene que en primera instancia se reconoció el monto equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, correspondientes al tiempo que Aimar Darío Valdés Caicedo estuvo privado de la libertad.

En ese orden de ideas, como el a quo hizo la equivalencia de los salarios reconocidos con el salario mínimo del 2003, se procederá en ese orden pero respecto a los salarios mínimos legales mensuales del 2013, sin que esta circunstancia constituya una vulneración o afectación de los principios de congruencia y de la no reformatio in pejus, toda vez que de no realizar la indexación del valor de la obligación, implicaría un enriquecimiento sin causa para el Estado y, por lo tanto, un empobrecimiento correlativo para el demandante. Por lo tanto, la actualización de las sumas o valores decretados a título de condenas judiciales no supone la imposición de una sanción, sino que, por el contrario, refleja un efecto económico que consiste en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a causa del paso o el transcurso del tiempo, es decir, los efectos inflacionarios que genera el devenir de los años.

Así las cosas, se confirmara la condena impartida por el a quo, pero advirtiendo quees en la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 11 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación -Fiscalía General de la Nación - de los perjuicios causados a Aimar Darío Valdés Caicedo, señalados en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a Aimar Darío Valdés Caicedo, las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de diez millones seiscientos un mil ochocientos ochenta pesos ($ 10’601.880).

3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el proveído del 9 de septiembre de 2008 (Exp. 2008 00009), proferido por la Sala Plena de lo Contencioso de esta corporación, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia, conocen en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado.

(2) Ver entre otras las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 4 de septiembre de 1997, Expediente 10.285, sentencia del 10 de mayo de 2001, Expediente 12.719 y sentencia del 26 de mayo de 2010, Expediente 18.467.

(3) Al momento de la presentación de la demanda, la representación de la Nación en los procesos judiciales estaba a cargo de la Fiscalía General de la Nación, conforme al artículo 149 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 270 de 1996.

(4) En efecto, en la sentencia proferida el 23 de abril de la presente anualidad, en el expediente radicado con 26.621, sobre este tópico, la Subsección discurrió de la siguiente manera: (...) Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—. (...) “En otros términos, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes. (...) “Así las cosas, conviene que la aplicación de esta hermenéutica influya en la materia, tal como lo ha hecho esta Subsección, toda vez que el tradicionalismo férreo no puede constituir razón suficiente para mantener la vigencia de una tesis que no consulta los postulados constitucionales y los lineamientos procesales modernos. Una de las finalidades principales del orden jurídico o normativo reside en la efectividad de los derechos y las garantías de los sujetos procesales, por lo tanto, una postura excesivamente formal deslegitima los fines esenciales del derecho procesal o adjetivo, máxime si las partes han guardado silencio a lo largo de la actuación —o han consentido expresamente en la valoración—, lo que ha permitido convalidar su postura frente a los documentos que reposan en el plenario en copia simple, respecto de los que se ha hecho referencia” —negrillas de la Sala—.

(5) Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) “La prisión provisional constituye una grave intromisión en el derecho fundamental a la libertad de toda persona, por lo que su regulación, tanto doctrinal como legal y jurisprudencial, es objeto de la máxima atención, no solo en el plano interno de cada Estado sino también en el plano internacional, lo que evidencia su trascendencia real... La prisión provisional indebida, como expresión de la violación de los derechos humanos, por lo que el ordenamiento jurídico dispensa a la víctima una garantía específica de reparación...” García Pons, Enrique “Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales”, Ed. J.M. Bosch, pp. 232 y 239.

(7) Sentencia proferida por la Sección Tercera de esta corporación el 4 de diciembre de 2007, Expediente 15.498. C.P. Enrique Gil Botero.

(8) “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(9) “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Por esta razón, la justicia rechaza el que la pérdida de libertad de algunos sea justificada en el mayor bienestar compartido por otros. No puede permitirse que el sacrificio impuesto sobre unos pocos sea sobreseído por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos... los derechos garantizados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Siendo las primeras virtudes de las actividades humanas, la verdad y la justicia son innegociables” (negrilla nuestra). John Rawls, “A Theory of Justice”, Cambridge: Harvard University Press, 1971, pp. 3-4, citado por Mejía Quintana, Óscar “Carácter y proyección de la filosofía del derecho en el pensamiento contemporáneo”, Ed. Universidad Nacional de Colombia, p. 22.

(10) “Al respecto conviene recordar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor: (...)

“En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(10), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(10).

“Así pues, cuando la ley lo exija, el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez(10). La exigencia legal de que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, por lo cual su inobservancia acarrea la declaratoria de desierto y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se recurre (CCA, art. 212).

“(...).

“De esta manera resulta claro que el límite material para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 22.372, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.