SENTENCIA 1998-00092/38335 DE OCTUBRE 5 DE 2016

 

Sentencia 1998-00092 de octubre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad. 52001-23-31-000-1998-00092-01(38335)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Agrocultivos del Pacífico y otros

Demandado: Ecopetrol S.A. y otros

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) oportunidad de la acción; 3) insuficiencia de poder frente las demandadas Nación-Ministerio de Defensa y la empresa naviera Tsakos Shipping; 4) competencia del Consejo de Estado frente a las normas internacionales sobre indemnizaciones de daños causados por la contaminación por hidrocarburos; 5) análisis de la responsabilidad de Ecopetrol S.A. en el caso concreto: a) parangón con sentencia de acción popular por el mismo asunto; b) concepto de daño ambiental; c) ausencia de daño en el caso concreto; 6) decisión sobre costas.

1. Competencia

Para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 1998(13). Dado que en la demanda se solicitaron $ 1.508’448.420 por concepto de lucro cesante, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

2. Oportunidad de la acción

Se observa que el hecho que interesa a la demanda, esto es, el derrame de crudo en la ensenada de Tumaco ocurrió el 26 de febrero de 1996 y la demanda fue presentada el 25 de febrero de 1998, esto es, dentro del término previsto en el artículo 136 numeral 8 del CCA, para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

3. Insuficiencia de poder frente las demandadas Nación-Ministerio de Defensa y la empresa naviera Tsakos Shipping

Como lo advirtió la entidad demandada Nación-Ministerio de Defensa en su escrito de contestación, la parte actora no otorgó poder para demandar a esa entidad ni a la empresa naviera Tsakos Shipping, como puede observarse en los memoriales los cuales fueron suscritos en los siguientes términos:

“…para que en su representación interponga las acciones judiciales que sean necesarias en contra de las entidades responsables, fundamentalmente Ecopetrol y sociedades navieras, con el objeto de lograr la plena indemnización de perjuicios ocasionados por los daños ecológicos producidos en la ensenada de Tumaco y fundamentalmente con ocasión de los derrames petroleros”(14).

Las deficiencias que pueden advertirse del texto de los poderes son evidentes, pues si bien la falta de claridad en la acción es una exigencia que puede soslayarse(15), no se indicaron con precisión los hechos que dan al lugar al mandato y a la eventual acción judicial ni las entidades demandadas, salvo Ecopetrol S.A., desconociendo lo dispuesto en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil que exige precisión en los poderes especiales con el propósito de evitar nulidades procesales.

Sin embargo, no es este el caso de una nulidad por insuficiencia de poder a la que alude el artículo 140 numeral 7 del mismo Estatuto, pues esta se refiere a la indebida representación de las partes, al contrario, de lo que adolece el asunto examinado es del poder concreto otorgado por las sociedades demandantes para accionar contra las demandadas Nación-Ministerio de Defensa y la empresa naviera Tsakos Shipping, lo que conduce inevitablemente a que éstas no puedan ser objeto de examen de responsabilidad por los hechos señalados en la demanda, razón por la cual, deberá declararse su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Lo anterior, por cuanto si bien el juez contencioso, en virtud del principio iura novit curia puede interpretar los hechos de la demanda y ajustar según su juicio el título de imputación, dado que se le puso de presente una acción que busca una declaratoria de responsabilidad civil extracontractual, dicha facultad no se extiende a suplir las carencias del poder que constituye el mandato para adelantar el respectivo proceso.

De ahí que los accionantes sí deban tener claros los hechos y los sujetos a demandar, pues, respecto de ellos y solo de ellos, el operador judicial podrá evaluar la causa petendi de conformidad con las pruebas y deducir o no la existencia de responsabilidad; pensar de otro modo implicaría que el juez abuse de sus facultades de interpretación de la demanda supliendo una sustancial incongruencia de las demandantes evidenciada entre el poder y el libelo, poniéndose del lado de los sujetos activos, lo cual quebranta los principios de imparcialidad de la justicia y de jurisdicción rogada.

4. Competencia del Consejo de Estado frente a las normas internacionales sobre indemnizaciones de daños causados por la contaminación por hidrocarburos

Respecto de la vigencia y aplicabilidad del “Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por los Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1969 y su Protocolo de 1976”, la parte demandante advirtió en su escrito de impugnación que estos perdieron vigencia para Colombia a partir de la entrada en vigor del Decreto No. 622 de 2006.

Mediante dicho decreto “se declaran sin vigencia para Colombia el ‘Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos’, dado en Bruselas el 18 de diciembre de 1971, y el ‘Protocolo Correspondiente al Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos, 1971’, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976”, el cual entró en vigor el 28 de febrero de 2006.

Sin embargo, nada se dispuso en el mencionado decreto respecto de la vigencia del “Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por los Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1969 y su Protocolo de 1976”, el cual fue aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 55 de 1989.

No obstante, por medio del Decreto No. 623 de la misma fecha, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones exteriores, declaró sin vigencia para Colombia “el ‘Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos’, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1969, y el ‘Protocolo Correspondiente al Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, 1969’, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976”, el cual entró en vigor el 28 de febrero de 2006.

Respecto de estos instrumentos internacionales, el 25 de enero de 2006, el Gobierno Nacional depositó la denuncia ante la Secretaría General de la Organización Marítima Internacional, OMI, de ahí que se promulgara el respectivo decreto para dejarlos sin vigencia(16).

Colíjase de lo anterior, que para la fecha de la sentencia de primera instancia, ya no regían para Colombia las normas internacionales por cuya causa el a quo se inhibió de resolver de fondo las pretensiones, dado que consideró que en materia de responsabilidad civil derivada de daños por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, como habría ocurrido con el derrame de petróleo en la ensenada de Tumaco el 26 de febrero de 1998, no era competente.

De ahí que le asista razón a la parte actora en cuanto tales motivos no fueron acertados y el Tribunal a quo debió emitir una decisión de fondo respecto de las pretensiones, lo que pasará a efectuar la Sala solo respecto de Ecopetrol S.A., dada la insuficiencia de poder frente a las otras demandadas, como se explicó en líneas anteriores.

5. Análisis de la responsabilidad de Ecopetrol S.A. en el caso concreto

a) Parangón con sentencia de acción popular por el mismo asunto

Las demandantes señalaron en el libelo que Ecopetrol S.A. era responsable de los derrames de petróleo producidos en la ensenada de Tumaco y, fundamentalmente, del acaecido el 26 de febrero de 1996 y de los daños ecológicos que se causaron al ecosistema, concretamente, la disminución de las especies marinas y de actividades como la pesca de camarón y otros animales marinos, de la cual derivan su sustento las accionantes.

Previamente, debe precisarse que sobre estos mismos hechos la Sala se pronunció en providencia del 22 de febrero de 2007(17), con ocasión de la acción popular instaurada por la señora Tatiana Maiguel Colina contra la Nación- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Defensa, Ministerio de Minas y Energía; la Corporación Autónoma Regional de Nariño, la Procuraduría Provincial de Tumaco, la Contraloría Municipal de Tumaco, la Previsora S. A. Compañía de Seguros y la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol S.A.

Por tal motivo, para la Sala es pertinente hacer un parangón entre lo examinado en el expediente de la citada acción popular y el sometido a consideración de esta Subsección, pues aunque no se declarará una cosa juzgada material, dado que las pretensiones de la acción popular y de la de reparación directa son de contenido distinto, es decir, no coinciden en el objeto, empero, resulta innegable que la causa que promovió sí es la misma y es importante para la seguridad jurídica que esta Sección no desconozca su propia jurisprudencia respecto de un asunto ya analizado.

La Sala itera que, si bien en la acción popular su objeto y pretensiones eran distintas a las del caso que se examina y tampoco se analizó la responsabilidad de Ecopetrol S.A. en la vulneración de los derechos colectivos, pues la actora popular no precisó ninguna acción u omisión de dicha entidad sobre el particular, lo cierto es que sí reclamó la violación de los derechos relacionados con la moralidad administrativa y el patrimonio público por parte de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Defensa Nacional, por el derrame de petróleo ocurrido en la bahía de Tumaco el 26 de febrero de 1996, debido al supuesto daño ambiental causado por dicho siniestro.

Ahora bien, al expediente de la acción de reparación directa que se examina se allegó el informe del 24 de abril del 2000, suscrito por el Subdirector de Licencias Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual hizo un resumen de las actuaciones de esa autoridad ambiental hasta la fecha. Señaló que el 27 de febrero de 1996 Ecopetrol S.A. reportó el siniestro a ese Ministerio y activó el plan de contingencia inmediatamente, recibiendo autorización de la Capitanía de Puerto para controlar la mancha con dispersante(18).

Informó, además, que el 21 y el 22 de marzo de 1996 la Subdirección de Seguimiento y Monitoreo Ambiental Sectorial del Ministerio realizó visita de seguimiento a la zona del derrame, con el fin de comprobar las tareas de limpieza y el manejo dado por Ecopetrol S.A. a la emergencia.

Agregó el funcionario que el 6 de mayo de 1996 Ecopetrol S.A. entregó los resultados de la evaluación biológica y social hecha en el área de Salahonda, así como la evaluación técnica de la efectividad del plan de contingencia. Posteriormente, en agosto del mismo año, Ecopetrol S.A. entregó el informe final de las labores de limpieza en la Bahía.

Señaló que una vez evaluada la información suministrada por Ecopetrol S.A., ese Ministerio le hizo una serie de requerimientos a fin de que fuera complementada la información.

Advirtió, finalmente, que mediante la Resolución No. 1290 del 30 de diciembre de 1998 ese Ministerio elevó pliego de cargos contra Ecopetrol y abrió investigación al Capitán del buque-tanque “Daedalus” solidariamente con su Armador.

Así mismo, en el informe del derrame en la terminal de Tumaco, Ecopetrol S.A. informó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que la causa del accidente fue el fuerte oleaje que provocó el rompimiento de una manguera de 12 pulgadas, cuando se estaba cargando el buque-tanque “Daedalus”(19).

En dicho informe esa entidad también relacionó las actividades del plan de contingencia que incluyeron acciones tales como: 1) la inspección de buzos a las líneas de cargue y “manifold submarino”(20); 2) información a la Capitanía de Puerto, al distrito sur de Ecopetrol S.A. y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 3) la activación del plan de contingencia nacional con apoyo de personal especializado de equipos provenientes del distrito de Caño Limón Coveñas y del distrito sur y de la firma especializada de buzos del Caribe; 4) la disposición de cinco lanchas para regar dispersante “super-all 38” con mezcla de cinco galones de agua y un galón de dispersante; 6) labores de limpieza de la Bahía y ; 7) reconocimiento aéreo de la zona afectada.

También se allegó el fallo de primera instancia del 29 de mayo de 1998 de la Capitanía de Puerto de Tumaco, en el cual se declaró la culpabilidad del Capitán del buque-tanque “Daedalus” en solidaridad con su Armador, señalando que el accidente ocurrido en el terminal petrolero flotante de Tumaco fue causado por dicha embarcación y que a raíz del siniestro se comprobaron fallas e incumplimiento de algunos procedimientos nacionales e internacionales, relacionados con las maniobras de amarre y seguridad en la operación marítima(21).

Por su parte, en el fallo del 22 de febrero de 2007 respecto de la acción popular instaurada por estos mismos hechos, anunciada previamente, en el análisis de las pruebas recaudadas en dicho expediente esta Sección destacó el fallo de primera instancia del 29 de mayo de 1998 proferido por la Capitanía de Puerto de Tumaco, en el cual, como ya se indicó, se declaró la culpabilidad y responsabilidad solidaria del siniestro en cabeza del capitán del buque-tanque “Daedalus”, señor Samios Georgios y de su Armador Mesta Shipping Company Limited y se les impuso una multa equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Igualmente, en dicha oportunidad, la Sala encontró acreditado en el referido expediente que la Capitanía de Puerto de Tumaco le ordenó al buque-tanque “Daedalus”, la obligación de constituir una póliza de garantía por un valor de un millón de dólares, con una vigencia de 3 años, con el fin de garantizar el cumplimiento y la responsabilidad civil extracontractual por la contaminación marina y por todos los daños y perjuicios.

Tal garantía fue constituida por el Armador del buque-tanque “Daedalus”, mediante la póliza No. 0279702 del 5 de marzo de 1996, con vigencia hasta el 4 de marzo de 1997, con carácter renovable a solicitud del asegurado hasta por un término máximo de 3 años, siendo beneficiaria la Nación – Ministerio de Defensa– Dirección General Marítima.

Respecto de Ecopetrol S.A. la Sala también advirtió que, mediante la sentencia T-574 del 29 de octubre de 1996(22), la Corte Constitucional le ordenó a esa entidad que durante un plazo mínimo de 5 años debía efectuar un monitoreo en el sector costero de la playa de Salahonda, con el fin de superar cualquier secuela que quedase del vertimiento de petróleo ocurrido el 26 de febrero de 1996 en la bahía de Tumaco.

Así mismo, en el fallo del 29 de mayo de 1998, la Capitanía de Puerto de Tumaco sancionó a Ecopetrol S.A. con amonestación y le otorgó un plazo de seis meses para adelantar las siguientes tareas: 1) la revisión y actualización del montaje de instalación submarina, en especial en dispositivos de seguridad adicionales en la protección de la tubería submarina; 2) aumentar la capacidad disponible de equipos para atender contingencias por derrames de hidrocarburos; 3) ampliar y validar el plan de contingencia, estandarizar los procedimientos de las operaciones marinas para contar con una operación segura, óptima y actualizada; 4) realizar cada tres meses ejercicios de verificación del Plan de Contingencia; 5) dotar al Terminal de Tumaco, con personal suficiente para atender la operación marina, en especial en lo concerniente con el número disponible de pilotos prácticos y contar con tripulaciones de relevo en caso de contingencias y, 6) separar las funciones del piloto práctico de las del jefe de cargue.

Mediante fallo de segunda instancia del 25 de julio de 2000, la Dirección General Marítima confirmó la declaración de culpabilidad y responsabilidad del siniestro en cabeza del Capitán del buque-tanque “Daedalus”, solidariamente con su Armador.

Posteriormente, el 21 de octubre de 2002, la Capitanía de Puerto de Tumaco archivó la investigación al determinar que Ecopetrol S.A. había cumplido con las exigencias hechas con el fin de evitar nuevos siniestros marítimos.

Incluso, en esa oportunidad, la Sala valoró el Informe de “Monitoreo de las condiciones físicas, químicas, biológicas y del comportamiento de hidrocarburos en la bahía de Tumaco, Fase V”, elaborado por el Centro de Contaminación del Pacífico de la Armada Nacional de Colombia y Ecopetrol S.A., según el cual no existía contaminación en la ensenada.

Adicionalmente, según memorando del 30 de septiembre de 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial indicó que el derrame de crudo del 26 de febrero de 1996 fue un hecho puntual, del cual no se podía determinar si aún continuaban los efectos ambientales negativos originados inicialmente, no solo por el tiempo que había transcurrido desde entonces, sino también porque se han presentado derrames posteriores en la misma zona, como por ejemplo el de Petroecuador en julio de 1998, razón por la cual consideró irresponsable ligar la disminución de los recursos pesqueros del área al derrame del buque-tanque “Daedalus”.

De ahí que, según la sentencia de la acción popular, el 16 de diciembre de 2005 la máxima autoridad ambiental archivó la investigación que seguía contra Ecopetrol S.A.

En cuanto al daño ambiental o ecológico, en el mismo fallo, la Sala precisó que a partir de la vigencia de la Ley 99 de 1993, las autoridades marítimas perdieron la competencia para imponer sanciones por daño al medio ambiente o para determinar el daño ambiental, pues la misma fue atribuida al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de sus Corporaciones Autónomas Regionales.

Como consecuencia, aclaró, que a las autoridades marítimas solo les competía la determinación de la responsabilidad del siniestro, como en efecto se hizo.

Finalmente, la Sala concluyó en dicha oportunidad, que:

“Si bien es cierto que algunos informes que obran en el proceso dan cuenta de que en los días siguientes a la ocurrencia del siniestro se observaron algunas irregularidades en las Playas de Cascajal y Salahonda como consecuencia del derrame del crudo, no se determinó en este proceso si efectivamente hubo daño ambiental ni cuál fue su magnitud, al punto que para el 17 de septiembre de 1996 en visita que efectuó Corponariño ya no se observó presencia del crudo y en monitoreo de las condiciones físicas, químicas, biológicas y del comportamiento de hidrocarburos en la Bahía de Tumaco, Fase V, elaborado por la Armada Nacional de Colombia – Centro de Contaminación del Pacífico y Ecopetrol, se concluyó que no existe contaminación en la misma” (Negrillas de la Sala).

b) Concepto de daño ambiental

Esta misma Sección, en la sentencia de acción popular ya comentada, definió el daño ambiental como “el menoscabo de los beneficios con que cuenta un Estado o una persona como consecuencia del deterioro en el medio ambiente. Dicho daño da derecho a reclamar la respectiva indemnización, la cual incluye, de una parte, “los costos contraídos o que se vayan a contraer por concepto de las medidas razonables de restauración del medio ambiente contaminado” y, de otra parte, los gastos incurridos en la toma de medidas preventivas, siempre y cuando haya una amenaza grave e inminente de daños por contaminación”.

Igualmente, esta Sección también precisó que a partir de la promulgación de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente es el competente, principalmente, para declarar el daño ambiental, de conformidad con la investigación respectiva por contaminación marina, e imponer las sanciones procedentes, al margen de que el daño sea provocado por naves o artefactos navales o por fuentes terrestres(23). Cosa distinta, es la investigación administrativa para declarar la existencia de un siniestro marítimo, la cual sí es de competencia de la Dirección General Marítima.

Para la Sala, en esta oportunidad, se trata de identificar los daños ecológicos que según la parte demandante se causaron al ecosistema, concretamente, la disminución de las especies marinas y de actividades como la pesca de camarón y otros animales marinos, de la cual derivan su sustento las accionantes.

c) Ausencia de daño en el caso concreto

Hecho el anterior parangón y a efectos de establecer la responsabilidad de Ecopetrol S.A. en el accidente marítimo tantas veces mencionado, debe la Sala verificar la existencia del daño ambiental al que aluden las empresas demandantes.

En el libelo, se señala específicamente que el resultado dañoso del derrame de crudo en la ensenada de Tumaco consistió en “a) desaparición de especies marinas de la región; b) contaminación y muerte de miles de hectáreas de manglar tropical; c) desaparición de especies marinas y crustáceos de la zona de manglar, base de la dieta alimenticia de la población y fuente de ingresos para la población nativa; d) afectación de las playas, la ensenada y en general, los alrededores de la ciénaga con incalculables consecuencias para las labores de los pobladores”.

Con la demanda se acompañaron unos documentos denominados “valoración bioeconómica del impacto pesquero causado por el derrame de petróleo del 26 de febrero de 1996 en la costa pacífica de Nariño, Colombia”, suscritos por un biólogo, en el cual se hace una valoración económica del impacto para cada una de las empresas demandantes(24), en los que se hace una caracterización de dichas comercializadoras y de sus procesos, una crítica a la labor del Ministerio de Agricultura en cuanto al manejo del recurso pesquero y una cuantificación del lucro cesante.

No obstante, aunque los mismos relacionan en su bibliografía, el informe del Centro de Control de Contaminación del Pacífico respecto del derrame del 26 de febrero de 1996 en la bahía de Tumaco, el resto de sus fuentes carecen de respaldo científico o institucional, como tampoco aporta estadísticas que permitan especificar claramente qué volumen de especies se calculaba antes del derrame y cuáles después, el estado de los manglares ni cuál fue la afectación a la población que alegan los demandantes.

Igualmente, el informe de “Monitoreo de las condiciones físicas, químicas, biológicas y del comportamiento de hidrocarburos en la Bahía de Tumaco, Fase V”, elaborado por la Armada Nacional de Colombia – Centro de Control de Contaminación del Pacífico y Ecopetrol S.A., el mismo allegado a la acción popular comentada líneas atrás, se destacan las siguientes conclusiones:

“La caracterización fisicoquímica de la bahía depende directamente de la ubicación de las fuentes por lo que la mayor concentración de nutrientes y materia orgánica se encuentran en la zona de la desembocadura de los ríos y alrededor de la isla de Tumaco, por el vertimiento de las aguas residuales domésticas de la población”.

“La bahía es un ecosistema con un alto grado de recambio, interacción y renovación de las aguas; pero hay que tener en cuenta que puede verse afectada en el tiempo, por efectos de los continuos aportes contaminantes de material diverso por parte de la población”.

Las concentraciones de los hidrocarburos observadas en los sedimentos de la bahía de Tumaco se mantienen en los niveles normales para la bahía con un promedio total de 0.559 Mg/g por debajo del valor establecido por la NOAA 3.9 mg/g como concentración alta para demientos (sic). Por lo que no se aprecia una contaminación por HAT´s, excepto en la estación Vaquería (E26) donde se presentaron las concentraciones más altas con un promedio de 1.51 Mg/g debido probablemente a la influencia de la actividad antropogénica que proviene del brazo del río Mira y por la conformación morfodinámica que posee ésta(25)” (Negrillas de la Sala).

También se allegó el “informe final de monitoreo de las condiciones físicas, biológicas, hidrometeorológicas y del comportamiento de hidrocarburos en la ensenada de Tumaco” elaborado por la Armada Nacional-Dirección General Marítima-Centro de Control de Contaminación del Pacífico, cuya conclusión sobre calidad del agua fue la siguiente:

“El monitoreo efectuado durante 1997 con respecto a la calidad del agua y mediante el análisis de los parámetros físico-químicos y del comportamiento de hidrocarburos aromáticos totales en sedimentos, arrojaron como resultado que sus niveles están dentro del promedio obtenido en estudios anteriores /información histórica), efectuados por el CCCP. Se evidenció una ligera variación tanto espacial como temporal a través del período de estudio. Por tanto, se concluye que no existe una fuerte intervención del medio marino por agentes o sustancias perjudiciales; definiendo la calidad del agua de la ensenada de Tumaco como aceptable, que no sobrepasa los límites permisibles tanto local (CCCP), como los adoptados internacionalmente por la NOAA(26) (Negrillas de la Sala).

Tales informes, valorados por esta Sección dentro de la acción popular ya referida, permiten evidenciar que en su momento las labores de mitigación del daño por parte de Ecopetrol S.A. una vez ocurrido el accidente marítimo fueron de utilidad, pues aunque no podría afirmarse que no hubo afectación alguna, lo cual en términos reales sería desacertado, presentada la emergencia la conducta esperada de parte de la administradora del terminal marítimo se dio dentro de las proporciones necesarias, la cual no era otra que reducir al máximo el daño al ecosistema y a los pobladores.

Igualmente, desdibuja la certeza del daño, el hecho de que los vertimientos orgánicos de la población también son un factor contaminante de la Bahía y que, como lo afirmaron las demandantes en el libelo y se estableció en la acción popular, hubo derrames anteriores al del 26 de febrero de 1996 y posteriores a él, por lo que los efectos de dichos eventos pueden confundirse al no poderse calcular su prolongación en el tiempo.

Finalmente, se reitera, que la autoridad competente para adelantar la investigación y declarar la existencia del daño ambiental es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial(27), entidad que sí adelantó una actuación contra Ecopetrol S.A., de la cual solo se allegó al plenario el pliego de cargos contenido en la Resolución No. 1290 del 30 de diciembre de 1998(28), es decir, no se aportó decisión de fondo de dicha actuación ni de otra naturaleza, con lo cual se descarta que la autoridad ambiental haya declarado la existencia de un daño de este tipo a cargo de la demandada, de hecho, en la sentencia de acción popular tantas veces comentada, se dejó constancia de que ese Ministerio había archivado la actuación en favor de Ecopetrol S.A.

Tampoco se conoció en el plenario de una decisión administrativa sancionatoria de ninguna otra autoridad del Sistema Nacional Ambiental, en la cual se declarara la efectiva ocurrencia de un daño de este tipo, que habilitara las pretensiones indemnizatorias de las demandantes.

De ahí que no se demostró la existencia del daño ambiental o ecológico que condujera a la disminución de las especies marinas y otras afectaciones, como se señaló en el libelo.

Como consecuencia de todo lo anterior, concluye la Sala que ante la ausencia de este elemento medular de la responsabilidad administrativa, deberán negarse las pretensiones de la demanda.

6. Decisión sobre costas

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, por lo que, en consecuencia, queda separado del conocimiento del presente asunto.

2. REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Nariño, el 22 de enero de 2010 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

“1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación-Ministerio de Defensa y la empresa naviera Tsakos Shipping.

2. Negar las pretensiones de la demanda.

3. Sin lugar a costas”.

3. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

13 El salario mínimo para el año 1998, fue de $ 203.826, por lo que 500 SMLMV equivalía a la suma de $ 101’913.000.

14 Fls. 23 a 26 c 1.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2013, expediente 52001-23-31-000-1997-08660-01(17493), CP: Mauricio Fajardo Gómez: “Advierte además la Sala que la claridad del poder que exige la ley no impone señalar de manera perfecta la acción judicial que ha de proseguirse toda vez que en muchas ocasiones el abogado, en cumplimiento del mandato, debe elegir la vía que a su juicio resulta pertinente, la cual en muchas ocasiones no resulta acertada para el Juez o Magistrado que debe pronunciarse sobre su admisión, porque la jurisprudencia relativa a la procedencia de las acciones no ha sido pacífica. Cabe igualmente considerar que esta Corporación en anteriores oportunidades ha precisado que el contenido del mandato conferido al abogado puede constatarse tanto con el análisis de los elementos contenidos en el poder, como también con la demanda presentada en cumplimiento del mismo”.

16 De acuerdo con el citado decreto, la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944 en su artículo 4 dispone que cuando un Tratado, Convenio, Convención, etc., dejen de regir para Colombia por virtud de denuncia, caducidad o cualquiera otra causa, el Órgano Ejecutivo dictará un decreto en que se declare esta circunstancia, con determinación de la fecha en que el Tratado dejó de tener vigencia para el Estado colombiano.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de febrero de 2007, expediente 52001-23-31-000-2004-00092-01(AP), CP: Ruth Stella Correa Palacio.

18 Fls. 1224 1228 c 4.

19 Fls 34 a 49 c 7.

20 parte del sistema de tuberías de cargue, descargue o manejo de productos, en el cual confluyen varios tubos y válvulas, por lo que también se le conoce como "múltiple de cargue".

21 Fls. 886 a 974 c 15.

22 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-574 del 29 de octubre de 1996, MP: Alejandro Martínez Caballero.

23 “Ley 1333 de 2009, artículo 1. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.

24 Fls. 41 a 257 c 1.

25 Fls. 1 a 112 c 12.

26 Fls. 1 a 111 c 5.

27 Sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a las otras autoridades que forman parte del Sistema Nacional Ambiental y, en todo caso, de la competencia a prevención que tienen las Corporaciones Autónomas regionales y demás entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 “por la cual se establece el procedimiento ambiental sancionatorio y se dictan otras disposiciones”.

28 Fls. 1304 a 1328 c 4.