Sentencia 1998-00098 de agosto 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 30 541

Radicación: 520012331000199800098-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Reinaldo Cuca Gutiérrez

Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Jurisdicción y competencia

9. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto en sede de apelación, en razón del recurso interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para el efecto(3).

II. Validez de los medios de prueba

10. A propósito de los medios de prueba obrantes en el expediente, la Sala considera oportuno precisar:

10.1. Según la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013(4), en aras de garantizar los principios constitucionales de buena fe y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el derecho al acceso a la administración de justicia y el principio de lealtad procesal, debe reconocerse valor probatorio “a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas”, en consecuencia, se valorarán las copias simples obrantes en el expediente, pues respecto de ellas se ha respetado el principio de contradicción y su veracidad no ha sido cuestionada por la parte interesada en hacerlo.

10.2. En relación con los testimonios de los señores Fidel Quiñones Gonzáles (fls. 392-394, cdno. 1), Edin Siede Arboleda (fl. 393, cdno. 1), José Armando Quiñones Sol (fl. 396, cdno. 1) y Remberto Iturri Castañeda (fl. 394, cdno. 4), quienes manifestaron ser, respectivamente, cuñado, trabajador, extrabajador y deudor del actor —infra párr. 11.9 y 11.10—, la Sala considera que aunque pueden calificarse de sospechosos en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(5), ello no implica que sus versiones deban ser descartadas sino, más bien, que la valoración de su credibilidad deba ser reforzada(6).

10.3. También será valorado el dictamen pericial rendido ante el a quo conjuntamente por un profesional en administración ambiental y de los recursos naturales y por un tecnólogo de recursos naturales renovables (fls. 426-453, cdno. 1), pues aunque el actor formuló contra él objeciones por error grave(7) (fls. 458-475, cdno. 1), estas fueron resueltas en la sentencia de primera instancia en el sentido de desestimarlas —supra párr. 6.3—, decisión que además de no haber sido objeto de apelación, fue aceptada tácitamente por el actor —parte apelante—, quien en lugar de insistir sobre los argumentos con base en los cuales formuló las objeciones, se fundó en el mismo dictamen para extraer conclusiones favorables a sus pretensiones —supra párr. 7.5—(8).

10.3.1. No obstante, es de anotar que en la medida en que la objeción por error grave tiene que ver con la admisibilidad de la prueba, en particular, con la de las conclusiones aportadas por los expertos(9) y no con su valoración propiamente dicha —análisis diferente y sucedáneo al primero—, el hecho de que el juez de primera instancia haya concluido que el dictamen no adolece de errores graves no significa que deba dársele plena credibilidad a sus conclusiones pues, en todos los casos, el juzgador debe examinarlas a la luz de la sana crítica para efectos de determinar el grado de convicción que les otorga. Así pues, en el marco de la valoración probatoria del dictamen, la Sala tendrá en cuenta tanto los argumentos esgrimidos por las partes a lo largo del proceso, como las demás pruebas obrantes en el expediente.

III. Hechos probados

11. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

11.1. El señor Reinaldo Cuca Gutiérrez es propietario del establecimiento de comercio “Industria Pesquera El Puerto” cuya actividad comercial es la “compraventa de toda clase de mariscos, pescados, camarones, etc.”, ubicado en la calle del comercio. Dicho establecimiento fue matriculado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Tumaco el 20 de agosto de 1976 (original del certificado expedido por la Cámara de Comercio de Tumaco, fl. 17, cdno. 1).

11.2. Mediante resoluciones 608 de 27 de agosto de 1992 y 594 de 30 de septiembre de 1997, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorgó al señor Cuca Gutiérrez, en calidad de propietario del establecimiento mencionado, permiso para procesar pescado, camarón, pulpo, calamar y jaiba (copias simples de las resoluciones, fls. 18-19 y 22-24, cdno. 1).

11.3. El 26 de febrero de 1996, mientras el buque-tanque Daedalus se encontraba en maniobra de cargue en el terminal de Ecopetrol en Tumaco, se produjo un derrame de petróleo que afectó las playas de Salahonda, entre Punta Cascajal y La Bocana (copia simple del informe técnico de las condiciones químicas y biológicas del área de influencia del derrame de crudo de la m/n daedalus realizado por la Dirección General Marítima de la Armada Nacional, copia simple de la Resolución 1290 de 30 de diciembre de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente “por medio de la cual se eleva un pliego de cargos y se toman otras determinaciones”, original del resumen del trámite administrativo adelantado por el Ministerio del Medio Ambiente, testimonio del señor José Joaquín Ruíz Vargas(10), fls. 81-87, 165-190 y 258-259, cdno. 1).

11.4. Mediante Sentencia T-574 de 29 de octubre de 1996, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional protegió el derecho fundamental a la libertad de oficio de los pescadores José Ledesma Solís y Celimo Segura Caicedo y, en virtud de dicho amparo, entre otras medidas, ordenó a Ecopetrol que “durante un plazo mínimo de cinco años efectúe monitoreo en el sector costero de Salahonda para superar cualquier secuela que quedase del vertimiento de petróleo ocurrido el 26 de febrero del presente año”, monitoreo que debía ser supervigilado por una comisión interinstitucional. En la parte motiva de la sentencia se indicó que la acción de tutela no era el escenario idóneo para obtener la reparación de perjuicios solicitados como petición principal y, respecto del derrame, señaló que:

... afectó todo el ecosistema, el daño en general ocasionó perjuicios muy graves y directos, especialmente aquella parte de la ensenada donde el crudo llegó a la playa y algo a los manglares. En particular, respecto a las 101 personas que instauraron la acción de tutela, salvo los casos de José Ledesma Solís y Celimo Segura Caicedo, en los cuales se constató que eran pescadores y resultaron afectados, para el resto de solicitantes no hay ninguna prueba individualizada, o si la hay, los mismos que firman la tutela indican que su profesión es distinta (...) (son agricultores: Jorge Coime Solís y Efrén Coime Minolta). De manera que, tratándose de la presente tutela y de la protección a la libertad de oficio de pescador, la acción solo prosperará para los dos primeramente citados (copia auténtica de la providencia remitida por orden del a quo, fls. 522-574, cdno. 1).

11.5. El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura informó al a quo que no era posible certificar “el porcentaje de disminución de la pesca en Salahonda a raíz del derramamiento de crudo el 26 de febrero de 1996” (fl. 8, cdno. 1), “en razón de que no existió presupuesto para llevar a cabo las investigaciones que permitan estimar lo propuesto” (fl. 489, cdno. 1). Adicionalmente remitió “copia de los originales de los reportes de venta existentes en esta oficina de peces y crustáceos de los años 1996 y 1997 del señor Reinaldo Cuca (22 folios). No tiene reportes sobre precio de venta”. De acuerdo con dichos formatos de “resumen mensual de comercialización de peces, crustáceos y moluscos, excepto atún”, correspondientes todos a la empresa “pesquera El Puerto” —aunque la mayoría son suscritos por la señora Lucy Quiñonez—, este establecimiento habría comercializado, con destino a Bogotá, las siguientes cantidades en kilogramos de productos marinos:

Enero de 19962367Suscrito por Lucy Quiñonez
Febrero de 19963682Suscrito por Lucy Quiñonez
Marzo de 19965800Suscrito por Lucy Quiñonez
Abril de 19965315Sin firma
Mayo de 19962315Suscrito por Lucy Quiñonez
Junio de 19963725Suscrito por Lucy Quiñonez
Julio de 19963692Suscrito por Lucy Quiñonez
Agosto de 19961237Suscrito por Lucy Quiñonez
Septiembre de 19963721Suscrito por Lucy Quiñonez
Octubre de 19964291Suscrito por Lucy Quiñonez
Diciembre de 19961586Suscrito por Lucy Quiñonez
Enero de 19971333Suscrito por Lucy Quiñonez
Febrero de 19976111Suscrito por Lucy Quiñonez
Marzo de 199719052Suscrito por Lucy Quiñonez
Abril de 19974721Firma ilegible
Mayo de 19974148Firma ilegible
Junio de 19974824.5Firma ilegible
Julio de 19974920Firma ilegible
Agosto de 19974990Firma ilegible
Octubre de 19977322.5Firma ilegible
Noviembre de 19979502Firma ilegible
Diciembre de 19977499Firma ilegible

(original de la comunicación y copias de los reportes, fls. 488 y 497-518, cdno. 1).

11.6. En dictamen pericial rendido ante el a quo, los expertos indicaron que(11): i) durante el período de noviembre de 1995 a febrero de 1996, el señor Cuca Gutiérrez adquirió un total de 3.314 kilos de productos provenientes de Salahonda los cuales dejaron una utilidad bruta de $ 4.399.232 correspondiente a un porcentaje del 96.64%; ii) de marzo a junio de 1996, los productos adquiridos en esa zona ascendieron a 1.260 kilos, respecto de los cuales obtuvo una utilidad bruta de $ 258.000 que correspondía a un porcentaje de 11.70%; iii) entre junio y diciembre de 1996 la compra fue de 1.585 kilos con una utilidad bruta de $ 1.973.000, es decir, 10.6% de utilidad; y iv) de enero de 1997 a agosto de 2000 —fecha del dictamen— no se encontraron registros de compras de productos provenientes de Salahonda. Respecto a las demás preguntas formuladas señalaron:

Desde el punto de vista teórico sí es posible reemplazar los productos de Salahonda por los de otros sitios. Para determinarlo desde el punto de vista práctico se han comparado todos los volúmenes movilizados por la pesquera durante los años 1995 a 2000 (gráficas 1 y 2). En ellas podemos observar que en el año 1996 se compró el mismo volumen del año 1995, es decir, no hubo ni aumento ni disminución en el primer año de impacto por el derrame de crudo. El año 1997 triplicó las compras, a partir de allí han bajado pero se sostiene en promedios superiores a los años 95 y 96. Por lo tanto certificamos que la pesquera El Puerto sí compró en otros sitios para reemplazar los volúmenes de Salahonda. Sobre esta pregunta unos pescadores de Salahonda dijeron: “cuando ocurrió el derrame en Tumaco las pesqueras no querían comprar la producción creyendo que podía estar contaminada”.

(...).

Durante los períodos analizados el demandante compró un volumen de 367.747 kilogramos de pescado y mariscos. De estos 6.656 kilos procedían de Francisco Pizarro. El porcentaje equivale al 1.81% (Tabla 4).

(...).

Cuál es la ganancia o utilidad líquida del demandante, resultante de la compra y venta de productos del mar, provenientes del municipio Francisco Pizarro en esos lapsos.

Los datos de compra y venta obtenidos nos indican la utilidad bruta, durante los períodos solicitados. Estos valores están registrados en las tablas 1, 2 y 3 y corresponden a:

• Período noviembre/95 a febrero/96$ 4.399.232
• Período marzo/96 a junio/96$ 258.000
• Período julio/96 a diciembre/96$ 1.973.000
• Años 1997 a 2000$ 0
• Total$ 6.630.232

Los gastos y costos fijos se han estimado en un 30% de la utilidad bruta. Por tanto se considera que la utilidad líquida es del orden de $ 4.641.162.40.

(...).

Como se pudo demostrar en el presente estudio a consecuencia del derrame de crudo del 26 de febrero de 1996 se disminuyó la compra de productos del mar provenientes de Salahonda, hasta un punto tal que se redujo a cero (0). Pero al comprarse en otros sitios se logró mantener y aumentar las compras en los años 97 y 98. Por lo tanto es apenas lógico que si hubo compra se presentaron mayores utilidades. En nuestro concepto la pesquera El Puerto no tuvo consecuencias económicas negativas ocasionadas por el derrame de crudo (resaltado en el original) (dictamen, fls. 426-453, cdno. 1).

11.7. El 27 de enero de 1999, la señora Lucy Atocha Quiñones González registró en la Cámara de Comercio de Tumaco el establecimiento de comercio denominado “Pesquera El Puerto 2” ubicado en la calle del comercio (copia simple del certificado del registro mercantil expedido el 3 de noviembre de 2000, fls. 461-462, cdno. 1).

11.8. El señor Jorge Coime Solís, habitante de Salahonda y agricultor manifestó que el derrame de petróleo afectó la actividad pesquera en la zona, aun después del plan de contingencia puesto en marcha por Ecopetrol(12). En el mismo sentido declaró el señor José Ledesma Solís, de condiciones similares a las del señor Coime Solís, quien además afirmó que la producción de pescado se vendía a Tumaco, pero sin indicar las empresas compradoras(13) (declaraciones rendidas ante juez comisionado el 2 y 3 de agosto de 2000, fls. 19 y 21, cdno. 1).

11.9. El señor Fidel Quiñones Gonzáles, quien manifestó ser cuñado del actor y haber trabajado en el establecimiento de este último como asistente administrativo en el año 1996, declaró que: i) el derrame disminuyó la captura de peces “lo que afectó el ingreso de la pesquera, porque disminuyó aproximadamente en un 60-70%”; ii) la pesquera comercializaba “bagre, pargo, sierra, burique, pelada y camarones titi, langostinos y tigre. Estos provenían de la ensenada de Tumaco, orillas de Salahonda, se venden al interior del país”; iii) la pesquera se proveía en un 80% de peces y mariscos de Salahonda; iv) “la merma fue significativa porque normalmente se vendían hacia el interior del país unas 15 toneladas de mariscos y una vez ocurrido el derrame el envío disminuyó en un 60 o 70%. O sea unas 4 toneladas se enviaron hacia el interior del país, después del derrame”; v) a la fecha de la declaración aún no se recuperaba la situación; y vi) el margen de utilidad porcentual de los productos es de un 30% neto. En el mismo sentido declaró el señor Edin Siede Arboleda Coime quien manifestó ser pescador, residir en Tumaco y trabajar en la pesquera de propiedad del actor(14). Por su parte, el señor José Armando Quiñones Sol quien afirmó ser manipulador de alimentos, extrabajador del actor —trabajó entre 1984 y mediados de 1996—, manifestó que para cubrir la falta del pescado proveniente de Salahonda fue necesario recurrir a la producción ecuatoriana(15) (declaraciones rendidas ante juez comisionado el 15 de agosto de 2000, fls. 392-394, cdno. 1).

11.10. El señor Remberto Iturri Castañeda, quien manifestó residir en Salahonda, ser pescador, no tener parentesco con el actor pero sí ser su deudor(16), indicó que le vendía productos a este último pero que, luego del derrame, dicha venta se redujo ostensiblemente(17) (declaración rendida ante juez comisionado el 15 de agosto de 2000, fl. 394, cdno. 1).

IV. Problema jurídico

12. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad de Ecopetrol por los supuestos perjuicios causados al actor como consecuencia del derrame de petróleo ocurrido en Tumaco el 26 de febrero de 1996.

12.1. Para ello es necesario establecer si, como parece sugerirlo el recurrente, la acreditación de un hecho dañoso como el del sub examine, esto es, un siniestro ambiental, es suficiente para tener por demostrado el supuesto daño individual que aquel habría implicado para la persona que ejerce la acción de reparación directa y, de no ser así, si hay en el expediente suficientes elementos probatorios que demuestren el daño invocado por el actor.

V. Análisis de la Sala

13. Nuestro ordenamiento jurídico, en concordancia con lo convenido en diferentes instrumentos internacionales(18), garantiza expresamente la protección del medio ambiente(19) y establece una obligación de reparar daños ambientales(20). En ese sentido el artículo 80 de la Constitución Política consagró que el Estado “... deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” y, antes de ello, el artículo 16 de la Ley 23 de 1973 había estipulado que:

El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que generan contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.

13.1. Es en este orden de ideas que se ha sostenido que los daños al medio ambiente constituyen daños antijurídicos. En palabras de la Subsección:

... el “daño al ecosistema”(21), así se configure en desarrollo de una explotación lícita, desde el punto de vista constitucional, tiene el carácter de conducta antijurídica (C.P., arts. 80 y 95-8) y en consecuencia generadora de responsabilidad al punto que la previa obtención del permiso, autorización o concesión del Estado, no comporta impunidad de cara a los daños al ambiente. Es que, en relación con este y el aprovechamiento y explotación de recursos naturales, la Carta, además de sancionar los comportamientos que infrinjan las normas legales vigentes, ordena al Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y exigir la reparación de los daños causados.

Es por lo anterior que la Constitución Política exige al legislador asegurar la efectiva protección del ambiente, mediante la prevención del daño ambiental, esto es, prohibiendo la exploración o explotación ilícitas y la efectiva sanción de conductas que generen, en todo caso, daño ecológico(22).

13.2. No obstante, es indispensable distinguir entre el daño causado al medio ambiente como derecho colectivo y aquel de carácter particular y concreto que puede sufrir una persona, natural o jurídica, como consecuencia de la lesión ambiental, pues, se recuerda, solo este último es susceptible de ser indemnizado por la vía de la acción de reparación directa o de la acción de grupo desarrollada en la Ley 472 de 1998. En ese sentido vale la pena citar in extenso lo explicado recientemente por la Subsección(23):

10. La tipología de daños antijurídicos por afectaciones ambientales.

En el ámbito de la responsabilidad del Estado por afectaciones ambientales existe una tipología de daños antijurídicos, a saber: dañosa un interés colectivo como el ambiente, y daños particulares y concretos que nacen como consecuencia de la lesión ambiental.

11. En cuanto a los daños colectivos sobre el ambiente. Según la Corte Suprema de Justicia(24) en este caso se trata del perjuicio que recae sobre el ambiente, esto es, un valor, interés o derecho público colectivo, supraindividual, cuyo titular es la humanidad o la colectividad en general, no un particular ni sujeto determinado, esto es, el quebranto afecta, no a una sino a todas las personas, y “exclusivamente el medio natural en sí mismo considerado, es decir, las ‘cosas comunes’ que en ocasiones hemos designado como ‘bienes ambientales’ tales como el agua, el aire, la flora y la fauna salvaje. Se trata entonces de aquello que se ha convenido llamar ‘perjuicios ecológicos puros’ “(Geneviève Viney y Patrice Jourdain, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 55; a la locución, “daño ambiental puro” refiere la Ley 491 de 1999, art. 2º, inciso 2º, respecto del “seguro ecológico)”(25).

11.1. Así las cosas, los daños irrogados a un interés colectivo afectan a la comunidad, pues el menoscabo se materializa sobre derechos de corte inmaterial cuya titularidad pertenece a toda la colectividad.

12. En cuanto a los daños individuales, consecuencia de la lesión ambiental. Si bien la afectación ambiental genera un perjuicio de naturaleza colectiva o “daño ecológico puro”, también puede generar perjuicios de naturaleza particular, daños individuales que son la consecuencia o el reflejo de la lesión ambiental, conocidos por la doctrina como “daño ambiental impuro”; se trata de un perjuicio consecuencial, conexo, reflejo, indirecto o consecutivo, cuyo derecho no es de corte subjetivo-colectivo, sino subjetivo-individual. De modo que la afectación ambiental, no solo genera perjuicios de carácter colectivo cuyos damnificados en muchas de las veces están por establecerse o determinarse, sino también perjuicios individuales y concretos sobre un particular(26).

12.1. Esta diferenciación entre los daños que se infligen al ambiente —daño ambiental puro— y los que se ocasionan a los particulares —daño ambiental impuro— ha sido recientemente distinguida por la Corte Suprema de Justicia(27) en los siguientes términos:

Daño ambiental solo es el inferido a los bienes ambientales y, por tanto, al ambiente, o sea, a un derecho, colectivo, valor o interés público, cuyo titular exclusivo es la colectividad, y cuya reparación versa sobre éste, sin mirar al interés individual sino al de toda la comunidad, así en forma indirecta afecte a cada uno de sus integrantes.

Contrario sensu, cuando el daño ambiental, ocasiona también un daño a intereses singulares, particulares y concretos de un sujeto determinado o determinable, el menoscabo atañe y afecta estos derechos, a su titular y su reparación versa sobre los mismos, o sea, mira al interés particular y no colectivo. En este supuesto, no se trata de daño ambiental, sino del detrimento de otros derechos, es decir, la conducta a más de quebrantar bienes ambientales, lesiona la esfera jurídica individual de una persona o grupo de personas, ya determinadas, ora determinables.

12.2. Así las cosas, el daño ambiental puro es cualquier alteración, degradación, deterioro, modificación o destrucción del ambiente (agua, aire, flora), causados por cualquier actividad u omisión, que supera los niveles permitidos y la capacidad de asimilación y transformación de los bienes, recursos, paisajes y ecosistema, afectando en suma el entorno del ser humano(28); mientras que el daño ambiental impuro se define como la consecuencia de la afectación ambiental que repercute en el entorno de los seres humanos, y supera los límites de asimilación y de nocividad que pueda soportar cada uno de estos(29).

12.3. Los daños ambientales puros que se producen sobre los intereses colectivos son perjuicios especiales, que se concretan en el menoscabo de un bien jurídico inmaterial, unitario y autónomo(30) como es el ambiente; así, las condiciones de la declaratoria de responsabilidad no son las mismas que se contemplan clásicamente para el instituto de la responsabilidad civil, sino que por ser un perjuicio colectivo: i) las connotaciones del daño ambiental puro conducen a una transformación del concepto clásico de derecho subjetivo, puesto que no es menester probar la afectación de un interés particular y concreto, ser la “persona interesada”(31), sino que, por tratarse de un derecho colectivo, “cualquier persona”(32) puede ser titular de este derecho subjetivo supraindividual(33); ii) el presupuesto de carácter cierto del daño puede no estar presente y el juez contencioso podrá en sede de acción popular evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración de aquellos o la restitución del statu quo anti(34). Así las cosas, en materia de daños ambientales puros, el riesgo desplaza la noción de certidumbre de los “daños consecutivos”, pues es irrelevante la exigencia de la lesión efectiva y necesita simplemente la presencia de una señal objetivamente razonada de amenaza, peligro o riesgo del derecho colectivo al ambiente.

12.4. Repárese, por ende, en la importancia de la separación entre el daño ambiental puro y el que se concreta en uno o varios individuos como consecuencia de la lesión ambiental; contraste que alcanza una relevancia específica, ya que incide directamente en los cauces procesales para acceder a la reparación(35).

12.5. Por tal razón, cuando se trata de un daño ambiental puro sin pretensiones indemnizatorias, que pone en cuestión los derechos colectivos, la acción popular es la vía procesal idónea para su protección, mientras que en lo relativo a los daños ambientales impuros, daños que se suscitan como consecuencia de las repercusiones de las lesiones ambientales, la acción de grupo y la ordinaria de reparación directa (medio de control de conformidad con el art. 140 de la Ley 1437 de 2011) son los mecanismos procesales idóneos para que un individuo o un sujeto colectivo los ejercite en aras de instaurar sus pretensiones de indemnización(36) (negrilla en el original).

13.3. En estos términos, al demandante en acción de reparación directa —o de grupo— no le basta con acreditar la causación de un daño ambiental, sino que debe demostrar el perjuicio individual que se derivó de aquel, presupuesto fundamental para que prospere su pretensión pues, como se sabe, el daño es el primer elemento necesario para que se estructure la responsabilidad(37).

14. Aplicados estos supuestos al caso concreto la Sala advierte que era perfectamente viable que, como lo hizo el a quo y lo reprocha el recurrente, se admitiera la existencia del daño ambiental consistente en el derrame de petróleo ocurrido el 26 de febrero de 1996 en la ensenada de Tumaco y, no obstante, se denegaran las pretensiones indemnizatorias del actor por considerar que no acreditó el supuesto daño individual derivado de aquel, esto es, la afectación económica resultante de la disminución de la pesca en las playas de Salahonda como consecuencia del derrame.

14.1. Ahora bien, la Sala comparte la decisión del a quo en la medida en que las pruebas allegadas con el fin de dar cuenta de la supuesta afectación económica padecida por el actor no la demuestran (14.2), de manera que, aunque esté acreditada la disminución de la pesca en las playas de Salahonda y haya elementos que permiten concluir que el actor sí adquiría allí algunos de los productos que comercializaba (14.3), no es posible establecer que dicha disminución haya tenido repercusiones reales en su patrimonio.

14.2. De los medios de prueba solicitados por el actor en el libelo introductorio (fls. 6-8, cdno. 1), los únicos de los cuales puede inferirse que tenían por finalidad demostrar la supuesta afectación económica del actor eran: i) la certificación que se solicitara al Instituto de Pesca y Acuicultura, INPA, a propósito del “reporte de venta, detallando los precios y cantidad de pescados y crustáceos durante los años 1996 y 1997 del señor Reinaldo Cuca Gutiérrez” y “el porcentaje de disminución de la pesca en Salahonda a raíz del derramamiento de crudo el 26 de febrero de 1996”; ii) el dictamen pericial en el que expertos —sin información diferente a la que ellos mismos encontraran— debían determinar la cantidad de productos comprados por el actor en la zona afectada por el derrame, los precios y porcentaje de utilidad y la posibilidad de adquirir dichos volúmenes en un lugar distinto al afectado; y iii) testimonios varios.

14.2.1. No obstante, ninguno de ellos logra convencer a la Sala respecto a la existencia del daño invocado en la demanda. En efecto, de acuerdo con los reportes de comercialización de productos marinos realizados a nombre del establecimiento de comercio del actor “Pesquera El Puerto” —supra párr. 11.1— y remitidos por el INPA —supra párr. 11.5—, el número de kilogramos comercializados no disminuyó luego del derrame; por el contrario, aumentó en un porcentaje superior al 50% en los dos meses siguientes —marzo y abril de 1996—, es decir, durante el período durante el cual la disminución de la pesca en Salahonda debió ser mayor, hecho que indica de manera fehaciente que, aun si se admitiera que el señor Cuca Gutiérrez mantenía relaciones comerciales con los pescadores de esa zona, su actividad económica podía desarrollarse independientemente de dichos vínculos, como en efecto ocurrió.

14.2.1.1. Es de anotar que si bien el actor insistió en que esos datos no eran reveladores de los resultados de su negocio porque pudo haber confusión en relación con otro establecimiento de comercio ubicado en el mismo domicilio, la Sala encuentra que aunque la mayoría de reportes fue suscrito por la señora Lucy Quiñones y no por el actor, en todos ellos se señaló como nombre del establecimiento de comercio el de propiedad de este último y no el de aquella. Además, de conformidad con el certificado del registro mercantil del establecimiento de comercio “Pesquera El Puerto 2”, ubicado en la calle del comercio y de propiedad de la señora Quiñones(38)supra párr. 11.7—, este último solo fue matriculado el 27 de enero de 1999, es decir, con posterioridad a los períodos de los reportes —1996 y 1997— y nada permite inferir que dicho establecimiento existía para la época de aquellos. Así pues, la prueba de la existencia de este segundo comercio en nada desvirtúa lo consignado en los reportes remitidos por el INPA sobre los productos comercializados por el actor.

14.2.2. De otra parte, las conclusiones del dictamen pericial realizado en el proceso son explícitas al señalar que, de acuerdo con los volúmenes de productos marinos comercializados durante los años 1995 a 2000 —datos extraídos de los reportes del INPA—, se observa que “en el año 1996 se compró el mismo volumen del año 1995, es decir, no hubo ni aumento ni disminución en el primer año de impacto por el derrame de crudo. El año 1997 triplicó las compras, a partir de allí han bajado pero se sostiene en promedios superiores a los años 95 y 96” y que “la pesquera El Puerto no tuvo consecuencias económicas negativas ocasionadas por el derrame de crudo” —supra párr. 11.6—. Ahora bien, al margen de las conclusiones, la Sala observa que le asiste razón al recurrente cuando afirma que en dicho dictamen se da cuenta de una disminución de la compra de productos provenientes de Salahonda; sin embargo, este dato no puede considerarse como prueba del daño invocado pues, por una parte, se trata de una observación infundada comoquiera que no obra en el expediente y no se adjuntó con el dictamen la fuente de la discriminación que allí se hace de los productos según su origen —en los reportes del INPA no se consigna el lugar de donde provienen los productos comercializados— y, por la otra, aún si se admitiera, dicha observación solo probaría que los productos que antes del derrame se adquirían en Salahonda, luego fueron comprados en otros sitios. En otros términos, la observación consignada en el dictamen solo probaría la diversificación de proveedores del actor y no un detrimento de su patrimonio.

14.2.3. Esta última observación también es pertinente para desestimar, como prueba del perjuicio económico sufrido por el demandante, lo afirmado por los señores Fidel Quiñones Gonzáles, Edin Siede Arboleda Coime, José Armando Quiñones Sol y Remberto Iturri Castañeda —supra párr. 11.9 y 11.10— respecto a la baja de comercialización de productos provenientes de Salahonda, pues aunque son contestes en el sentido de indicar que, con el derrame de petróleo, aquella disminuyó en un porcentaje del 60 al 80%, el señor Quiñones Sol también señaló que, para compensar esta aminoración, se recurrió a productos ecuatorianos —supra párr. 11.9—. Adicionalmente, como lo consideró el a quo, ninguno de los testigos da cuenta del aumento de costos que la diversificación de proveedores habría implicado ni, menos aún, de una pérdida de utilidades que, en todo caso, debió probarse a partir de los soportes contables que demostraran, por una parte, un aumento de los costos de los productos comercializados y, por la otra, un precio de venta que no se compadecía de dichos costos y que tuvo repercusiones reales en las ganancias esperadas por el actor a partir de lo que venía percibiendo en períodos anteriores.

14.2.4. Sobre este último punto, la Sala extraña que, con la presentación de la demanda —oportunidad procesal pertinente para solicitar las pruebas que pretendía hacer valer para efectos de probar el perjuicio cuya indemnización solicitaba (CPC, art. 177(39))—, el actor no haya allegado ningún tipo de soporte contable que diera cuenta de la supuesta afectación patrimonial sufrida, a pesar de que, por los documentos aportados con el escrito en que se formularon las objeciones contra el dictamen pericial(40), se concluye que un contador público llevaba la contabilidad del establecimiento y que, para la fecha de presentación de la demanda —25 de febrero de 1998—, ya tenía en su poder algunos de ellos, al menos los correspondientes a 1996.

14.2.4.1. Ahora bien, de valorarse los documentos aportados con ocasión de la objeción al dictamen pericial, la Sala encuentra que, en todo caso, no se acredita el daño cuyo reconocimiento se solicita dado que, por una parte, los datos por ellos aportados son de carácter general sobre la actividad económica del actor, sin que de allí pueda derivarse un detrimento específico por disminución de utilidades relacionadas directamente con el cambio de lugar de provisión y, por la otra, la única manera de establecerlo habría sido por comparación en relación con los períodos anteriores a aquel en que ocurrió el derrame —1996—; sin embargo, todos los documentos aportados corresponden al año del siniestro y a los posteriores.

14.3. Así las cosas e independientemente de que la Corte Constitucional haya considerado, en sede de tutela, que el derrame de petróleo afectó las playas de Salahonda y, con ello, la actividad económica de los pescadores José Ledesma Solís y Celimo Segura Caicedo —supra párr. 11.4— y que pobladores de la zona afirmaran que la pesca disminuyó ostensiblemente —supra párr. 11.8—, no se demostró que esta situación haya tenido incidencia directa sobre el patrimonio del actor quien era comerciante y no pescador. Lo anterior por cuanto, aunque todo parece indicar que efectivamente era comprador de productos marinos provenientes de esa zona —supra párr. 11.10—, lo cierto es que, tal como se ha explicado, no acreditó: i) que fuera el único lugar en el que podía adquirir los productos que comercializaba y que, por ende, su operación económica se redujo, o ii) el supuesto impacto económico que le habría generado la diversificación de lugares de provisión. En estos términos hay lugar a confirmar la sentencia denegatoria de las pretensiones de primera instancia.

VII. Costas

15. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 30 de diciembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Mediante auto de 24 de abril de 2000, fls. 202-206, cdno. 1.

2 El 14 de febrero de 2005.

3 En la demanda, presentada el 25 de febrero de 1998, la pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, fue estimada en $ 248.678.000, suma que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1998 fuera de doble instancia —$ 18.850.000—.

4 Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

5 “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

6 Sobre este tema ver: Corte Constitucional, Sentencia C-622 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en sentencia de 19 de septiembre de 2001, exp. 6424, sostuvo: “... el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano... sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”. Finalmente esta corporación ha compartido los mismos criterios, al respecto consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 29 de agosto de 2012, exp. 20412, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth y de 19 de junio de 2013, exp. 24682, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 Las objeciones se fundaron en que la información tomada por los peritos “no corresponde a la realidad del negocio”. Según el actor, de acuerdo con medios probatorios documentales que anexó con el escrito contentivo de la misma: i) los expertos pudieron confundirse al tomar los datos, pues “en el mismo sitio funciona otra pesquera El Puerto 2 de propiedad de la señora Lucy Atocha Quiñonez González”; ii) los peritos no consultaron los estados financieros realizados por el contador del actor; iii) de las declaraciones de renta y estados financieros allegados con la objeción se deduce claramente la disminución ostensible de utilidades a partir del año 1996; iv) los expertos incurren en contradicción al concluir que el señor Cuca Gutiérrez no sufrió consecuencias económicas por el derrame de crudo y, al mismo tiempo, indicar que la comunidad de Salahonda ha sufrido una ostensible disminución de sus ingresos económicos -60%- por cuenta de aquel; v) es evidente que ante la pérdida de producción en la región de Salahonda el actor tuvo que conseguir los productos en otras zonas del pacífico lo que necesariamente elevó los costos “dejando como consecuencia también el incremento de los precios de venta, equilibrando, de manera simulada, el porcentaje de crecimiento económico del demandante, pero que en realidad representa una disminución de utilidades, como se observa en los estados financieros certificados por el contador”; y vi) como se desprende de lo declarado por los testigos, el actor tuvo que prescindir de los servicios de varios trabajadores, lo que también demuestra la disminución de los ingresos.

8 Sobre este punto la Sección Tercera de la Corporación, en pleno, sostuvo: “En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso””, sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 Es importante aclarar que, en algunos casos, puede haber lugar a distinguir entre las observaciones factuales realizadas por un perito y sus conclusiones, de manera tal que, aunque puede haber error grave en estas últimas, el juez pueda tener el dictamen pericial como prueba respecto de las primeras. Para ver una aplicación de esta distinción ver: Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, rad. AP-76001 23 31 000 2003 00002 01, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

10 Quien afirmó ser biólogo de profesión y haberse desempeñado como coordinador de la sección ambiental y de recursos naturales de la contraloría municipal de Tumaco para la fecha de los hechos, razón por la cual participó en múltiples inspecciones realizadas a la playa de Salahonda. En su testimonio destacó que con el derrame “se están poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de las cadenas trópicas subyacentes en ellos, ya que definitivamente los organismos componentes de dichas cadenas que no desaparecen, simplemente se trasladan a sitios no afectados. Eso explica la reducción en las capturas de peces, moluscos y crustáceos y el consecuente impacto socioeconómico en las poblaciones de pescadores, concheros y en general extractores de productos hidrobiológicos. Aunque amerita destacar el impacto sufrido por la playa de Salahonda vale decir que esta es una simple consecuencia del flujo de corrientes ya que finalmente cualquier tipo de deshechos en la ensenada de Tumaco termina depositándose allí, ello genera la falsa impresión de que este es el único sitio afectado, cosa que no es así dado el efecto de dilusión que el mar hace de estos por corriente, vientos y mareas (...). Podría concluir que el convenio entre Petroecuador y Ecopetrol acabó en términos bióticos con la ensenada de Tumaco, pues hoy no se aprecia la inmensa riqueza florofaunística que hace pocos años aún se detectaba y que a la fecha se corrobora con la cruda realidad que presenta la mayoría de procesadoras y comercializadoras de productos hidrobiológicos de Tumaco (de más de tres decenas hoy sólo marchan a media máquina menos de ocho)” (fls. 410-412, cdno. 1).

11 De acuerdo con el informe de la experticia, el plan de trabajo de los peritos consistió en: i) revisar la literatura existente sobre el derrame de crudo del 26 de febrero de 1996 en la ensenada de Tumaco, al respecto se afirmó haber tenido en cuenta una copia del informe rendido por Laboratorios Prodycon Ltda. a Ecopetrol obtenida en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional de Nariño-Corponariño; ii) visitar la zona y la comunidad afectada, de donde se formularon algunas conclusiones apoyadas en fotografías anexas al informe; iii) recolectar pruebas técnicas las cuales consistieron en “registros, inventarios y consolidados, llevados por el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, como organismo rector de la pesca en Colombia, a la pesquera El Puerto, durante los períodos solicitados por la parte demandante” y “precios de venta de los productos del mar comprados por la pesquera El Puerto durante los años 1995 a 2000, según facturas archivadas” –documentos que no fueron aportados con el dictamen—; iv) analizar las pruebas recolectadas para lo cual se diseñaron unas tablas en las que se dice está toda la información recolectada; y v) elaborar el informe, es decir, responder a los interrogantes planteados por el actor quien fue aquel que solicitó la práctica de la prueba.

12 De acuerdo con su declaración: “La pesca fue afectada porque hubo mucha muerte de pescados, los pescadores no tenían nada qué hacer porque en esos días casi no se embarcaban y si se embarcaban casi no cogían nada ni para la comida. Este derrame afectó también a las concheras de la población ya que hasta el manglar y a los cangrejos (sic) se morían, la jaiba que es otra especie de mariscos (...). Preguntado: Luego de realizadas las maniobras por parte de Ecopetrol para tratar de recoger el crudo derramado, la pesca retomó la normalidad? Contestó: Después de eso, el pescado se puso escaso, los pescadores casi no agarraban nada y en esos días la cosa se puso fea, existe bastantes gentes que viven de la pesca y más que todo la gente del barrio La Playa y ellos en esos días echaron feo para la comida. Preguntado: Sírvase decir si antes del derrame existía buena producción de mariscos especialmente pescados? Contestó: Sí, antes del derrame de crudo había buena producción de pescados y la gente que vivía de la pesca vivía como pobre y se defendían sus necesidades, pero cuando el derrame se acabó con todo. Del derrame para acá la pesca no ha mejorado”.

13 Según manifestó: “en ese tiempo los pescadores no agarraba nada de pescado ni de mariscos ni concha nada, se morían los peces y todos los animales del mar, allí sufrimos mucho por la comida (...) esta escasez duró más de un año, de ahí después del año iba recién entrando pescado pero muy poquito (...) Preguntado: Diga usted si tiene conocimiento sobre la cantidad o el valor diario de producción de pescado antes del derrame de petróleo, dirá usted con destino a qué sitio se vendía la producción recogida por los pescadores. Contestó: Antes del derrame se cogía bastante pescado, diariamente no sé cuanto se agarraba pero por oportunidades se agarraban una a dos canoadas, la producción recogida se pasaba a Tumaco. Preguntado: Sírvase decir si conoce a qué personas o empresas se vendía o distribuía la producción de pescado recogida en Salahonda. Contestó: no, no me doy cuenta”.

14 Según el testigo: “el pescado mermó un 75%, pargo, corvina, camarón titi, tigre, langostino, almejas, chimbilaco, pelada, alguasil, perrugate, y otras especies que han mermado muchísimo (...). Antes del derramamiento de petróleo de Salahonda venían el 80% de pescados y mariscos, después del derramamiento de petróleo llega el 10% del 80% que venía de Salahonda que fue una de las partes más afectadas por el derramamiento del crudo”.

15 Manifestó: “mermó en un 65-70% desde hace 2 años hacia acá, si entraban 4 toneladas de las distintas especies ahora entran unos 400 a 500 kilos y eso es lo máximo, entonces para cubrir esa falta toca comprar del Ecuador para poder sustentar a la pesquera, se dice que los vendedores del municipio de Salahonda están buscando otros medios de pesca (...) pero ha sido casi inútil, pero no se encuentra nada de mariscos, se encuentra apenas para los gastos primarios, esto nos ha afectado a las pesqueras porque antes había unas 4 a 5 pesqueras pero había pocos pescadores pero ahora hay más pescadores y hay pesqueras, entonces para que nos demos cuenta que no es por la cantidad de pesqueras sino por el derrame de petróleo (...). De Salahonda se recibía un 75% y el resto los complementan las otras veredas”. A raíz del derrame fue necesario despedir: “3 personas. 4 de nómina y los otros eran trabajadores adicionales”.

16 Al respecto indicó: “el pescado vivía en la zona donde uno más lo capturaba y ahora no se lo encuentra, nosotros decimos que eso es por la afectación del derrame, yo tengo deuda desde esa época en la pesquera El Puerto, no les debo mucho”.

17 “Yo he sido un vendedor de producto a don Cuca, hace unos 18 años, conseguido en Salahonda los productos que le he vendido, en la semana viajaba hasta 3 veces a venderle pescado de toda especie, pero del derrame de crudo que salió de Tumaco y fue arrastrado por las corrientes que pegó a la playa de Salahonda la mancha, desde ahí comenzó a bajar la producción, en un 70% de ahí en adelante. Donde ahora al señor Cuca uno se pasa hasta los 3 meses que uno no le vende un pescado de ninguna especie, y hay meses que uno viene a vender una o dos veces pero muy poquito (...). Preguntado: Podría usted especificarnos qué cantidad de peces y mariscos le vendía al señor Cuca antes del derramamiento de petróleo. Contestó: No traje facturas, venía en la semana porque los envases que uno tenía ya no le cabían, entonces uno tenía que venir y esos envases cabían 100 kilos cuando uno venía a venderle en esa época, en la semana como llenaba 3 veces el cajón y vendía 3 veces en la semana que eran los 3 viajes, ahora donde ya vino afectado por el derrame de crudo, nos pasamos los 3 meses y no venimos a venderle nada, porque no se encuentra, no hay producto”.

18 Entre las de carácter general más relevantes: Convenio sobre Biodiversidad Biológica, suscrito en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y aprobado por la Ley 165 de 1994, declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-519 de 1994 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en Nueva York el 9 de mayo de 1992, ratificada por la Ley 164 de 1994 y revisada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-073 de 1995.

19 Así, el artículo 79 de la Constitución Política prescribe: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”, garantía que ya estaba presente en el artículo 7º del Decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales, a cuyo tenor “Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano”. También la Ley 99 de 1993 por la cual, entre otras medidas, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, establece principios generales concernientes a la protección del ambiente y la Ley 472 de 1998 que, en su artículo 4º, consagró que “Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias (...)”.

20 Según el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 el daño ambiental es “el que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes”. Esta definición debe acompasarse con de la contaminación prevista en el artículo 4º de la Ley 23 de 1973 “Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones”, norma según la cual “Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de particulares”.

21 [8] CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena. Sentencia C-320 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

22 Sentencia de 30 de enero de 2013, exp. 22060, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

23 Sentencia de 20 de febrero de 2014, exp. 29028, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

24 [18] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de mayo 16 de 2011, rad. 52835-3103-001-2000-00005-01, M.P. William Namen Vargas.

25 [19] Ibíd.

26 [20] Para ilustrar esta situación se podría suponer el caso de un derrame de petróleo en mar abierto, en cuyo caso se suscitaría una afectación ambiental de carácter ambiental; no obstante, los perjuicios causados a los particulares, por la contaminación del agua, diferentes de la afectación ambiental en sí misma, y que se concretan con la muerte de animales de fincas que bebieron el líquido o la muerte de peces de criaderos, son lesiones que resultan como consecuencia de los efectos de un daño ambiental puro. Así, se tiene que subsisten perjuicios concretos y particulares, diferentes al perjuicio de interés colectivo o difuso como el ambiente, que merecen ser indemnizados en la medida que cumplan las condiciones del débito resarcitorio.

27 [21] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de mayo 16 de 2011, rad. 52835-3103-001-2000-00005-01, M.P. William Namén Vargas.

28 [22] Cfr. BRICEÑO CHAVES, Andrés Mauricio. “Aproximación a los conceptos de daño ecológico y de daño ambiental. Dos daños en un mismo esquema de responsabilidad” en Daño ambiental, Universidad Externado de Colombia, T. II, 2009, p. 71.

29 Ibíd.

30 [23] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de mayo 16 de 2011, rad. 52835-3103-001-2000-00005-01, M.P. William Namén Vargas.

31 [24] Ley 1437 de 2011, art. 140: “Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado” [se destaca].

32 [25] Ley 1437 de 2011, art. 145: “Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia (...)” [se destaca].

33 [26] El derecho colectivo se contrapone al concepto tradicional de derecho subjetivo, porque no es posible exigir en sede judicial, a quien se demanda, la demostración de legitimación en la causa para accionar. El interés que se exige para poner en movimiento al aparato judicial no se identifica con la lesión a un patrimonio individual, sino que se viabiliza bajo la premisa de que cada sujeto, en cuanto integrante de la colectividad, puede pretender la defensa de valores comunes, de forma tal que más que un demandante se transforma en un representante legítimo del grupo social que actúa mediante cauces procesales que se caracterizan por ser públicos”. GIL BOTERO, Enrique y RINCON, Jorge Iván, ob. cit., p. 35.

34 [27] Art. 1º de la Ley 472 de 1998.

35 [28] Cfr. MEJÍA, Henry. La responsabilidad por daños al medio ambiente. http://www.henryamejia.site11.com/docs/obras%20autor/responsabilidad.pdf (consultado el 15 de enero de 2014).

36 [29] “Lo importante es dejar en claro que el daño ambiental en su forma pura se presenta solo cuando se vulnera un derecho colectivo. En nuestro ordenamiento jurídico, gracias a la existencia de las acciones populares, se garantiza su defensa. Sin embargo, no se excluye que al presentarse un daño ambiental puro, también si violen al tiempo derechos individuales, lo cual permite de igual manera la utilización de acciones que pretendan solo la reparación del daño individual. Por ejemplo, en el daño sobre una laguna en donde mediante la acción popular se busca la reparación del ecosistema y por medio de las acciones individuales se pretende resarcir a los pescadores que perdieron la posibilidad de sus ganancias”. HENAO, Juan Carlos. “Responsabilidad civil por daño ambiental”, en Revista Zero, Universidad Externado de Colombia, n°. 6, 2001, pp. 25 y 26. Al respecto, ha precisado la Corte Suprema de Justicia: “Las acciones populares tienden a la “protección de los derechos e intereses colectivos”, su finalidad es la evitación del daño contingente, la cesación de un peligro, amenaza, vulneración o el agravio de aquellos o, la restitución de las cosas al statu quo anti (art. 2º, L. 472/98), su función preventiva e indemnizatoria atañe al derecho o interés colectivo comprometido, mas no a derechos e intereses particulares (...). Per differentiam, la acción ordinaria de responsabilidad civil tiene por finalidad la reparación del daño directo y personal causado a uno o varios sujetos determinados o determinables, se dirige contra el agente o los varios autores in solidum (C.C., art. 2344), y salvo disposición legal in contrario, exige demostrar a plenitud todos sus elementos constitutivos, conforme a su especie, clase y disciplina normativa”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de mayo de 2011, rad. 52835-3103-001-2000-00005-01, M.P. William Namén Vargas.

37 En el mismo sentido de la sentencia citada in extenso, la Sección Tercera de la Corporación, en sentencia de 16 de mayo de 2007, rad. 19001-23-31-000-2003-00680-01(AG) , C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sostuvo: “... no debe perderse de vista que aun tratándose de perjuicios derivados de la violación a un derecho colectivo como lo es el del medio ambiente sano, tales perjuicios no se presuponen, pues uno es el daño al derecho colectivo y otro es aquel que repercute en el derecho subjetivo o individual”.

38 Aportado con el fin de acreditar las objeciones por error grave formuladas contra el dictamen pericial obrante en el expediente.

39 Norma a cuyo tenor “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

40 En esa ocasión el actor allegó copias de las declaraciones de renta, de los balances generales y de los estados de pérdidas y ganancias suscritos por contador público y correspondientes a los años 1996 a 1999 (fls. 463-475, cdno. 1).