Sentencia 1998-00119 de octubre 7 de 2009

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Exp.: 52001-2331-000-1998-00119-01

Num. interno: 18.031

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Edil Alfonso Eraso y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Apelación sentencia

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil nueve.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 25 de enero de 2000, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 25 de enero de 2000.

La denegación de las pretensiones de la demanda radicó, básicamente, en la falta de legitimación en la causa de la parte actora, originada, a juicio del a quo, en el hecho de no encontrarse probado que el señor Edil Alfonso Eraso fuese el propietario del vehículo marca Mitsubishi, color blanco, placas SDN-036, automotor que, según la demanda, fue decomisado por el Ejército Nacional.

Respecto de la prueba de la adquisición del dominio de automotores, conviene recordar las precisiones y conclusiones de orden legal efectuadas por la Sala en providencia reciente(9):

“(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores es consensual, comoquiera que no requiere de formalidad alguna para su perfeccionamiento, no lo es menos que la eficacia del mismo tanto frente a las autoridades públicas en materia de tránsito terrestre automotor como frente a terceros, pende del cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el correspondiente registro, procedimiento éste que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios a los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de publicidad, no sólo contraviene el tenor literal de los preceptos que condicionan la eficacia del negocio a la realización del registro, sino también el espíritu mismo del sistema registral colombiano, construido a semejanza de los modelos alemán y austríaco —en los cuales el modo, el registro, resulta imprescindible para constituir o modificar el derecho real— y no del esquema consensual aplicado en Francia y en parte de la República italiana en esta materia;

(ii) En la medida en que el anotado registro tiene naturaleza claramente constitutiva y no meramente declarativa, tanto en materia civil como en materia comercial, desde los años 1970 y 1971, respectivamente, la tradición de este tipo de bienes sólo se entiende surtida con la entrega material del automóvil y con la inscripción del título correspondiente en el Registro Nacional Automotor, y

(iii) Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-Ley 1250 de 1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción, más allá de que el título o instrumento en cuestión sólo surtirá efectos respecto de terceros —desde 1970, se insiste— después de efectuada la referida inscripción.

La especial naturaleza de los bienes de los que aquí se trata —vehículos automotores— siempre fue tenida en cuenta por el Legislador nacional para expedir normas especiales que regularan el tráfico jurídico en la medida en que éste involucrara la disposición de dicha clase de bienes, especialidad sustancial y normativa que, en consecuencia, excluye la aplicabilidad, a los negocios civiles que versaren sobre automotores, de lo preceptuado por el artículo 754 del Código Civil en punto a la tradición de cosas corporales muebles pues, como ampliamente se explicó, el sistema de registro colombiano, tradicionalmente y desde sus orígenes, ha asimilado al tratamiento dispensado a la propiedad inmueble en punto de las exigencias registrales, a los vehículos a motor. Lo dicho encaja perfectamente, por lo demás, con lo preceptuado por los artículos 749 y 759 del Código Civil, disposiciones cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 749.—Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.

ART. 759—Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el Título del registro de instrumentos públicos”.

Se adiciona a lo dicho que precisamente el Decreto 1809 expedido en el mes de agosto de 1990(10), normatividad vigente para la fecha en la cual se produjo la compraventa del vehículo que es objeto del presente litigio, prescribía en su artículo 76 lo siguiente:

76. El artículo 88 del Decreto-Ley 1344 de 1970, quedará así:

ART. 88.—El registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros.

(...)”.

Por manera que la formalidad del registro de la compraventa de automotores comporta la inscripción en el registro terrestre automotor del respectivo título de dominio, requisitos estos que de manera conjunta, título y modo, se constituyen en la única manera de probar legalmente el derecho real que se alegue sobre un bien de esta naturaleza(11), como lo prescribe el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de un requisito ad substantiam actus; Esta disposición es del siguiente tenor:

“ART. 265.—La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados aun cuando se prometa reducirlos a instrumento público”.

Será entonces a partir de los lineamientos precedentes que la Sala determinara si se encuentra, o no, debidamente probado en el presente proceso la propiedad que el señor Edil Alfonso Eraso invoca sobre el vehículo en cuestión, dado que fue en consideración de la titularidad de tal derecho real subjetivo que impetró la correspondiente demanda.

Esta precisión resulta indispensable en tanto que el apoderado de la parte actora encausó la impugnación de la sentencia de primera instancia reivindicando a favor del demandante la condición si no de propietario al menos sí de poseedor del vehículo, a efectos de lo cual adujo hechos y circunstancias que no fueron expuestas en el libelo demandatorio, circunstancia que comporta una evidente modificación en la causa petendi; por manera que aceptar esos argumentos nuevos en esta instancia daría lugar a la vulneración del derecho de defensa y contradicción que le asiste a la parte demandada y, por esa potísima razón, la Sala debe circunscribirse a aquella que dio lugar al presente proceso(12).

Revisado el acervo probatorio del plenario encuentra la Sala lo siguiente:

a) Documento fechado en enero 3 de 1997, mediante la cual el Jefe de la Sección Kárdex de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto certificó que la propietaria del vehículo camión Mitsubishi de placas SDM 036 es Orbes Jimenez Yovana de Fátima, identificada con la C.C. 30’709.028 de Pasto. —fl. 19, cdno.1—.

b)Copia simple de un documento denominado “Compraventa de vehículo automotor” de fecha 31 de diciembre de 1995, según el cual Mercedes Córdoba dice vender a Alfonso Eraso el vehículo camión Mitsubishi de placas SDM 036. —fl. 20, cdno.1—.

c) Documento de fecha 26 de mayo de 1997 suscrito por Julio Gómez Toro aduciendo la condición de Gerente de la empresa Telecarga S.A., y en el cual se señala que el vehículo Mitsubishi de placas SDM-036 “se halla formalmente vinculado a esta Empresa” y que “se halla registrado a nombre del señor Edil Alfonso Eraso, ... , quien además figura como socio de Telecarga S.A.” (fl. 72, cdno. 1).

Como bien puede advertirse, en el expediente no obra la certificación de la inscripción del contrato de compraventa del vehículo ante la respectiva autoridad de tránsito y transporte, documento respecto del cual además se advierte su falta de eficacia probatoria en tanto se aportó apenas una copia simple del mismo.

Respecto de la aportación de documentos en copia simple debe reiterarse lo dicho por la Sala(13) en el sentido de que éstas “no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(14)(15)”. De manera que los documentos aportados en copia pueden ser valorados por el juez siempre que se  trate de copias auténticas, es decir de aquellas que reúnan alguna de las condiciones previstas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

“ART. 254.—[Modificado por el Decreto-Ley 2282 de 1989, artículo 1, num. 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial,  salvo que la ley disponga otra cosa”.

Se reitera entonces que el referido contrato de compraventa no fue aportado atendido a los requisitos formales que la ley consagra y por esa misma razón carece de eficacia probatoria.

No obstante, según lo afirmado en la demanda dicho contrato tuvo lugar entre el señor Edil Alfonso Eraso y la señora Mercedes Córdoba, sin que se haya aportado prueba alguna que permitiere demostrar que quien allí dijo actuar como vendedora había adquirido dicho vehículo a la señora Yovana de Fátima Orbes Jiménez frente a quien la misma autoridad de tránsito y transporte certificó la condición de propietaria del automotor.

Aunado a lo anterior se tiene que con destino al presente proceso contencioso administrativo las partes solicitaron(16), y el tribunal así lo decretó(17), el traslado de las pruebas correspondientes al proceso penal adelantado en contra de José Luciano Portilla y otros, por el presunto delito de violación a la Ley 30 de 1986, traslado que cumplió con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.

La prueba documental que allí reposa da cuenta de varios hechos que corroboran la conclusión a la que acaba de llegar la Sala respecto de la prueba del dominio del automotor en mención.

La titularidad del derecho del dominio de la señora Yovana de Fátima Orbes Jiménez se verificó en la misma acta de incautación e inventario del vehículo por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Mocoa – Putumayo, documento en el cual se señala expresamente que el nombre del propietario del vehículo Mitsubishi tipo furgón de placas SMD-036 es Orves Jiménez Yovana de Fátima, información que de igual manera se encuentra consignada en la licencia de tránsito Nº 94-900152 correspondiente a dicho automotor (fls. 9 y 47, cdno. 3).

Es así como, al estar radicado en la señora Orbes Jiménez Yovana de Fátima el derecho real de dominio, tuvo lugar el embargo y secuestro del vehículo por parte de un Juzgado Civil del Circuito de Pasto dentro del proceso ejecutivo seguido en contra de ella por la Fundación para la Educación Superior, FES, al punto que según lo que al respecto manifestó la Dirección Regional de Fiscalías con sede en Cali al Comandante del Departamento de Policía del Putumayo, en oficio del 22 de diciembre de 1997 —fl. 285, cdno. 3— el automotor “a partir de la fecha queda a disposición del precitado Juzgado” y en esa misma fecha le fue comunicada tal situación al señor Edil Alfonso Eraso (fl. 286, cdno. 3).

Se destaca el hecho de que en el plenario no obra prueba alguna de que el señor Edil Alfonso Eraso haya opuesto su condición de propietario a efectos de evitar la ejecución de tal medida cautelar.

Cabe advertir igualmente que la certificación expedida por el gerente de la empresa Telecarga S.A., apenas resulta demostrativo de que el vehículo se encontraba afiliado a dicha compañía de transporte, puesto que la indicación allí efectuada en el sentido de que este se encontraba a nombre de Edil Alfonso Eraso no constituye prueba de la titularidad del derecho de dominio alegado, menos aún si se tiene en cuenta que en los manifiestos de carga provenientes de distintas compañías de transporte, al referir las características del camión, señalan como “propietario o poseedor” a personas distintas al aquí demandante: Fundación FES – Ruano Blanca Oliva —fl. 60, cdno. 3—, Vicente Cuaspa —fl. 45, cdno. 3— y a la ya mencionada Yovana Orbes Arciniegas (fl. 59, 69, 86, 107, cdno. 3).

Finalmente, aun cuando en el acápite de antecedentes de las providencias proferidas por la Fiscalía General de la Nación el 20 de junio de 1996 y el 26 de octubre de 1998, dentro del proceso que por presunta violación de la Ley 30 de 1986 se surtió en contra de los señores José Luciano Portilla, Elías Vicente Cuaspa, Rubén Darío Eraso Gómez y Silvio Jesús Montenegro, se hayan referido al procesado Rubén Darío Eraso Gómez como “hijo del propietario Edil Alfonso Eraso” —fls. 163 y 347, cdno. 3— tal indicación no resulta por sí misma demostrativa de la aludida condición de propietario, como tampoco, según lo ha expresado la Sala,  tendría la virtud de suplir en modo alguno las exigencias probatorias que en materia del derecho de dominio sobre automotores prescribe el ordenamiento jurídico vigente(18).

Visto lo anterior se concluye que el recurso de apelación no está llamado a prosperar y, en consecuencia, la sentencia impugnada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 25 de enero de 2000.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase, cúmplase».

(9) Sentencia del 23 de abril de 2009, Exp. 16.837. Actor: Álvaro Peña Ortega.

(10) Diario Oficial 39.496, de 6 de agosto de 1990.

(11) Sentencia del 8 de julio de 2009. Exp. 17.274. Actor: Samuel Eduardo López Gómez.

(12) En este sentido ver, entre otras, las sentencias de 18 de octubre de 2007, Exp. AG-0300, del 25 de marzo de 2009, Exp. 16.783 y del 2 de septiembre de 2009, Exp. 17634.

(13) Así por ejemplo la sentencia del 16 de abril de 2007, Exp. AG- 025.

(14) Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 31.217.

(15) “... la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos….” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(16) Folios 10, 123, 150, cdno. 1.


 

(17) Folios 182 y 184, cdno. 1.

(18) En este sentido ver sentencia del 8 de julio de 2009. cit.

 

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión que se adopta en la sentencia de 7 de octubre de 2009, proferida en el proceso de la referencia, por medio de la cual la Sección Tercera confirmó la sentencia apelada, mediante la cual —a su vez— se denegaron las pretensiones de la demanda, me permito aclarar voto en relación con algunas de las consideraciones expresadas en la parte motiva del fallo.

En efecto al abordar el punto atinente a la prueba de la adquisición del dominio de automotor se cita una providencia reciente de la Sala, conforme a la cual en la medida en que el registro de automotores tiene naturaleza claramente constitutiva y no meramente declarativa, tanto en materia civil como en materia comercial, desde los años 1970 y 1971, respectivamente, la tradición de este tipo de bienes sólo se entiende surtida con la entrega material del automóvil y con la inscripción del título correspondiente en el Registro Nacional Automotor (Sent. de abr. 23/2009. Exp. 16.837. Actor: Álvaro Peña Ortega, se resalta).

La sentencia en la que respetuosamente formulo esta aclaración de voto señala, con apoyo en la referida cita jurisprudencial, en términos absolutos y sin hacer distinción alguna sobre la naturaleza de la tradición adelantada, esto es si constituye un contrato civil o si se trata de un contrato mercantil, concluye que:

“la formalidad del registro de la compraventa de automotores comporta la inscripción en el registro terrestre automotor del respectivo título de dominio, requisitos estos que de manera conjunta, título y modo, se constituyen en la única manera de probar legalmente el derecho real que se alegue sobre un bien de esta naturaleza, como lo prescribe el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de un requisito ad substantiam actus (...)”.

Conviene recordar que para eventos sucedidos antes de la expedición de la Ley 769 de 2002, nuevo Código de Tránsito Terrestre, en relación con el negocio jurídico complejo de enajenación de vehículos debe distinguirse si el mismo constituye un contrato civil o si se trata de un contrato mercantil, para definir de qué manera se realiza la tradición de tales bienes, de acuerdo con la legislación que se aplica según el evento.

Al contrario del criterio expuesto por la mayoría, entiendo que si se trata de un contrato civil, la tradición se realiza conforme lo establecido en el artículo 754 del Código Civil, esto es, con la manifestación que una de las partes haga a la otra de que le trasfiere el dominio del bien, a través de los medios que señala la norma. En tal evento, el registro del título de adquisición ante el funcionario que indique la ley, no tiene efectos sobre el acto de tradición en sí, sino que constituye una forma de publicidad del mismo, que tiene entre sus fines permitir un mejor control del Estado sobre la actividad de conducción de vehículos y generar confianza pública en las relaciones jurídicas en las que sean objeto dichos bienes(1).

Diferente es la situación jurídica cuando se trata de enajenación de vehículos automotores destinados al transporte público, como sucede en el sub lite, pues en este caso, la compra y venta de los mismos constituirán actos de comercio y su tradición, de acuerdo con la ley mercantil se realiza con la inscripción del título en la oficina correspondiente.

En efecto, el artículo 20 numeral 18 del Código de Comercio establece que son mercantiles para todos los efectos legales las empresas de compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios y el artículo 922 ibidem prevé que la tradición de vehículos automotores se realiza con la inscripción del título ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes(2).

Dicha inscripción debía realizarse, según lo previsto en el Decreto 1344 de 1970, o Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, en las oficinas de tránsito correspondientes y sólo verificado ese acto podía expedirse la licencia de tránsito.

En efecto, el artículo segundo del Decreto 1809 de 1990 establecía que la licencia de tránsito era el documento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo.

Por su parte, el artículo 87 del Decreto 1344 de 1970, modificado por el artículo 1º, numeral 75 del Decreto 1809 de 1990, determinaba que:

La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente y contendrá los siguientes datos:

1. Características de identificación del vehículo.

2. Destinación y clase para el cual fue homologado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

3. Nombre del propietario, documento de identidad, domicilio y dirección.

4. Limitaciones a la propiedad.

5. Número de placa asignada.

6. Los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasís o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.

PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente.

Finalmente, el artículo 92, modificado por el numeral 80 de artículo primero del Decreto 1809 de 1990, determinaba que la licencia debía ser solicitada por el propietario del vehículo, de acuerdo con la reglamentación que expidiera el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra(3).

En síntesis, antes de la vigencia de la Ley 769 de 2002 nuevo Código de Tránsito Terrestre), para efectos de la constitución del derecho de dominó sobre vehículos automotores y para definir de qué manera se realiza la tradición de tales bienes, era menester distinguir si el contrato se rige por el derecho civil o por el derecho comercial.

Los artículos 754 del Código Civil y 922 del Código de Comercio establecen presupuestos diferentes en lo que respecta a la tradición de este tipo de bienes, toda vez que, mientras el primero exige tan sólo la entrega material para que opere la tradición, el segundo ordena además de ésta la inscripción del contrato en el Registro Nacional Automotor.

O lo que es igual, en la legislación civil no se exigió como formalidad constitutiva del dominio de los automotores el registro, de manera que éste era de una carga de publicidad, declarativa o probatoria, o sea, para efectos frente a las autoridades y terceros, pero, la sola entrega precedida del contrato de venta tenia plenos efectos entre las partes y para constituir el derecho de dominio sobre el automotor. Diferente, a lo señalado expresamente por el estatuto mercantil en el que claramente el registro se estableció que la compra y venta de los mismos constituye un acto de comercio y su tradición se realiza con la inscripción del título en la oficina correspondiente, como constitutiva del derecho de dominio.

Ahora bien, la lectura detenida del artículo 88 del Decreto 1344 de 1970 que se invoca como fundamento el fallo con el fin de sustentar que el registro automotor era constitutivo del dominio con anterioridad a la Ley 769 de 2002, que unificó el régimen, no permite llegar a esa conclusión, dado que tan solo se indica la necesidad de realizar el mismo con fines declarativos y de publicidad, esto es, para que el acto surta efectos en relación con las autoridades y terceros, pero no como exigencia para la constitución del derecho real de propiedad.

En este sentido dejo presentada esta aclaración de voto.

Fecha ut supra

Ruth Stella Correa Palacio 

(1) Sentencia de 20 de febrero de 2002, Exp. 14.176.

(2) En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de de 1971, consideró: En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso Mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente. Demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, no queda demostrado el dominio, ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones. Y como a partir de la vigencia del Código de Comercio actual, ya la sola entrega material no es manera de hacer la tradición del dominio de los automotores, para lograrla o cumplirla se requiere ahora también la inscripción del título o documento en que consta el contrato de enajenación.

(3) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31 de agosto de 2006. Radicación 4100123310004993727901 (19.432), Actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, Demandado: La Nación-Min. Obras Públicas y Transporte, Asunto: Acción de reparación directa (sentencia), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.