Sentencia 1998-00138 de junio 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E)

Ref.: 080012331000199800138 01

Rad.: 19354

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil trece.

Actor: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Fallo

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 22 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de falta de título ejecutivo propuesta por la Compañía Aseguradora de Fianzas-Confianza y, en consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones 51 de 3 de julio de 1997 y 24 de 2 de septiembre del mismo año.

En los términos del recurso de apelación, la litis se centra en establecer si hay lugar a declarar probada la excepción de falta de título ejecutivo por no haberse notificado a la compañía aseguradora la resolución sanción por devolución improcedente 00073 de 27 de abril de 1992, como lo consideró el a quo, o si, por el contrario, basta con la notificación del aviso de que trata el parágrafo único del artículo 6º del Decreto 2314 de 1989.

Para resolver, la Sala advierte que adoptará el criterio expuesto en la sentencia dictada dentro del expediente 17374(4), en la que se resolvió un asunto similar entre las mismas partes.

El artículo 860 del estatuto tributario, vigente para la época de los hechos, es del siguiente tenor:

ART. 860.—Devolución con presentación de garantía. Cuando el contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a favor de la Nación, otorgada por entidades bancarias o de compañías de seguros, por un valor equivalente al monto objeto de devolución, la administración de impuestos, dentro de los cinco (5) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro.

La garantía de que trata este artículo deberá tener una vigencia de seis (6) meses. Si dentro de este lapso la administración tributaria practica requerimiento especial o pliego de cargos por improcedencia, el garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, las cuales se harán efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firma la vía gubernativa el acto administrativo de liquidación oficial o de improcedencia de la devolución, aun si este se produce con posterioridad a los seis (6) meses.

La norma antes citada preveía que cuando el contribuyente presentaba, con la solicitud de devolución, una garantía a favor de la Nación, por un valor equivalente al monto objeto de devolución, la administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los cinco días siguientes. Si dentro del término de vigencia de la garantía, que era de seis meses, la administración practicaba requerimiento especial o notificaba el pliego de cargos para imponer la sanción por devolución improcedente, el garante debía responder solidariamente por las obligaciones garantizadas y por la sanción por devolución improcedente establecida en el artículo 670 del estatuto tributario, con los intereses correspondientes. Estas obligaciones se harían efectivas una vez quedara en firme la liquidación oficial o la sanción.

A su vez, el artículo 828 del citado estatuto, al señalar cuales títulos ejecutivos prestan mérito ejecutivo, dispone:

ART. 828.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales... (resaltado fuera de texto).

El numeral 4º del artículo antes transcrito, establece que prestan mérito ejecutivo las garantías y cauciones otorgadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

En el caso de devoluciones con garantía, al interpretarse de forma armónica las disposiciones contenidas en los artículos 828 numeral 4º y 860 del estatuto tributario, se advierte que el acto que determina la responsabilidad del garante y la exigibilidad de la obligación a su cargo es la resolución que declara la improcedencia de la devolución y ordena el reintegro. Para que dicho acto administrativo pueda servir de fundamento para el cobro coactivo debe estar ejecutoriado, esto es, que se cumpla respecto de él alguno de los presupuestos de que da cuenta el artículo 829 ibídem(5).

Así mismo, la resolución ejecutoriada que declara la improcedencia de la devolución y la póliza o garantía, integran el título ejecutivo que sirve de base para el mandamiento de pago.

La Sala advierte que en el expediente no obra prueba alguna de la notificación a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza de la Resolución 73 de 27 de abril de 1992, mediante la cual la DIAN impuso sanción por devolución improcedente a la Sociedad Comercializadora Jory Ltda., a pesar del interés que le asistía como garante, pues, es evidente que los efectos de la sanción por devolución improcedente se extendían a esta desde el momento en que con fundamento en dicho acto se pretende la efectividad de la póliza que garantizaba la devolución.

Así las cosas, resulta ajustada a derecho la posición del a quo, en la providencia apelada, al concluir que al no haberse notificado a la actora la resolución que impuso la sanción a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., no le era exigible, y, por lo mismo, carecía de uno de los requisitos indispensables para conformar el título ejecutivo, fundamento del mandamiento de pago proferido por la DIAN.

De otra parte, en cuanto al argumento de la DIAN, según el cual, con el aviso previsto en el parágrafo único del artículo 6º del Decreto 2314 de 1989 se suplía la diligencia de notificación, esta Sala reitera que tal aviso se refería a la eventualidad de la responsabilidad, mientras que para recuperar lo indebidamente devuelto a través del procedimiento administrativo de cobro, la ley exige la ejecutoria del acto administrativo que, como se indicó, en el presente caso es la resolución que impuso la sanción por devolución improcedente.

En relación con la inaplicabilidad de los artículos 44 y 48 del Código Contencioso Administrativo en materia tributaria, la Sala precisa que si bien es cierto el estatuto tributario consagra un régimen especial en materia de notificaciones, el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo establece que los aspectos no previstos en las leyes especiales se regirán por las disposiciones que este código contiene.

En este punto cabe anotar, que el tema de la inoponibilidad o ineficacia como consecuencia de la irregularidad de la notificación no se encuentra regulado en el estatuto tributario, entonces, en este aspecto se aplica el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, situación que no ocurre frente al artículo 44 del mismo, dado que esta norma prevé la notificación personal de los actos administrativos, la cual se encuentra regulada por el artículo 569 del estatuto tributario.

En este orden de ideas, para la Sala, no se integró en debida forma el título ejecutivo que sirvió de base para la expedición del mandamiento de pago librado en contra de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza.

En consecuencia, al no ser de recibo los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se confirmará la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 22 de septiembre de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. RECONÓCESE personería para actuar como apoderado judicial de la parte demandada al doctor Juan Carlos Díaz García, de conformidad con el poder otorgado.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(4) Sentencia del 13 de junio de 2011, expediente 17374, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, actor: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, demandado: DIAN.

(5) El artículo 829 del estatuto tributario prevé que los actos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados cuando contra ellos no procede recurso alguno, cuando se vence el término para interponer los mismos y no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma, cuando se renuncia expresamente o se desista de los mismos y cuando los interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva.