CONSEJO DE ESTADO

 

Sentencia 1998-00147 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 18001-23-31-000-1998-00147-01(24622)

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Florentina Sanchez Muñoz y otros

Demandado: Nación - rama judicial

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. En efecto, la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(2).

II. Hechos probados

8. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. El 28 de febrero de 1996, la Fiscalía Seccional 17 Delegada ante los jueces del circuito ordenó librar orden de captura en contra del señor José Rubiel Sánchez Sánchez, por los presuntos punibles de hurto calificado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, con fundamento en lo manifestado en diligencia de indagatoria, ratificado bajo la gravedad de juramento, por el señor Isaac Monsalve, quien aceptó haber participado en los hechos materia de investigación. La orden fue librada el 6 de marzo de 1996 (copias auténticas de la providencia proferida y de la orden de captura, obrantes en el proceso penal trasladado, fls. 27-33 cdno. 2.).

8.2. El señor José Rubiel Sánchez Sánchez ingresó a la Cárcel del Circuito Judicial de Florencia, Caquetá, el 20 de agosto de 1996 (original del oficio remitido por el asesor jurídico de la cárcel, fls. 21 cdno. 2).

8.3. El 8 de octubre de 1996, la Fiscalía Novena Delegada ante el Juzgado del Circuito de Belén de los Andaquíes, avocó el conocimiento de la investigación y señaló:

“Como quiera que el implicado José Rubiel Sánchez Sánchez, se encuentra detenido en la cárcel del circuito de la ciudad de Florencia, Caquetá, y por cuenta de la Fiscalía Séptima delegada de esta unidad, líbrese despacho comisorio con los insertos del caso a la unidad de fiscalía especializada con sede en el palacio de justicia de la ciudad, a fin de que se indague al encartado prenombrado, sobre los cargos que le aparecen en los asaltos perpetrados sobre la vía Morelia-Valparaíso, Caquetá, en el punto denominado el Sinaí, en el mes de agosto de 1993 (copia auténtica de la providencia, obrante en el proceso penal, fl. 39 cdno. 2)”.

8.4. El 15 de octubre de 1996, el Fiscal Seccional Noveno Delegado ante el Juzgado del Circuito de Belén de los Andaquíes, ofició al director de la Cárcel del Distrito Judicial de Florencia para que mantuviera encarcelado al señor Sánchez Sánchez, por cuenta de ese despacho, toda vez que la Fiscalía Seccional Séptima lo había dejado a su disposición (copia auténtica de la boleta de encarcelación 055, obrante en el proceso penal trasladado, fl. 40 cdno. 2.).

8.5. El señor Sánchez Sánchez fue vinculado a la investigación mediante diligencia de indagatoria rendida el 17 de octubre de 1996. El 18 siguiente, la Fiscalía Novena dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, sin libertad condicional, por considerar que había indicios graves de responsabilidad, sustentados en las declaraciones de los señores Isaac Monsalve y Gabriel Álvarez, quienes no solo no tenían interés alguno en perjudicar al imputado sino que, además, habían sido sus compañeros de servicio militar en la época en la cual se cometieron los delitos objeto de investigación (copia auténtica de la providencia, obrante en el proceso penal trasladado, fls. 46-48 cdno. p.).

8.6. El 29 de noviembre de 1996, al resolver negativamente una petición de libertad, elevada por el señor Sánchez Sánchez, la Fiscalía Novena mencionó que este último:

“Fue encarcelado por cuenta de esta investigación el día 15 de octubre del año que avanza -1996- (...) // Como lo demuestra el anterior análisis, han transcurrido 45 días de privación de la libertad (copia auténtica de la providencia, obrante en el proceso penal, fls. 56 y 57 cdno. 2).

8.7. El 11 de febrero de 1997, la Fiscalía Novena dictó resolución de acusación en contra del señor José Rubiel Sánchez Sánchez, como presunto autor del punible de hurto calificado y agravado. El Fiscal se fundó en el testimonio de Isaac Monsalve, al cual le dio plena credibilidad, por cuanto, si bien incurre en contradicciones con relación a las fechas de los asaltos que dieron lugar a la apertura de la investigación, fue preciso y constante en la descripción de las circunstancias de lugar y de ciertos detalles relevantes, específicamente, de lo relacionado con el arma hurtada luego del primer asalto (copia auténtica de la providencia, obrante en el proceso penal trasladado, fls. 64-67 cdno. 2.).

8.8. El 24 de febrero de 1997, el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes avocó el conocimiento del proceso y, el 23 de junio del mismo año, llevó a cabo la diligencia de audiencia pública. En esta el Fiscal solicitó una sentencia condenatoria por el punible de hurto agravado y calificado y absolutoria en lo que tiene que ver con el porte ilegal de armas por cuanto existían dudas sobre el tipo de armas que fueron utilizadas, mientras que el Ministerio Público solicitó la absolución del acusado, al considerar que el testimonio del señor Monsalve era contradictorio y, en consecuencia, no existía una prueba conducente de la participación del señor Sánchez Sánchez en los hechos objeto del proceso (copia auténtica de la providencia y del acta de la audiencia, ambas obrantes en el proceso penal trasladado, fls. 68 y 75-83 cdno. 2).

8.9. Mediante sentencia de 5 de marzo de 1998, el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, absolvió al señor José Rubiel Sánchez Sánchez por considerar que las declaraciones de los señores Isaac Monsalve y Gabriel Álvarez, únicas pruebas existentes contra el acusado, no son concordantes; mientras que, al contrario, obraban en el expediente múltiples testimonios que daban cuenta de las sanas costumbres del incriminado. Consideró además que, al valorar las pruebas para proferir resolución de acusación, el fiscal a cargo asumió que el acusado había aceptado haber utilizado armas de fuego en la realización de los ilícitos cuando, en realidad, no lo hizo. Motivó su decisión de la siguiente manera:

“Así las cosas, que la serie de contradicciones en que incurren Monsalve y Álvarez, la negativa rotunda del incriminado de haber participado en los ilícitos relatados por sus delatores, los argumentos de la Fiscalía para dictar resolución de acusación y los testimonios de las personas atrás citadas, son medios de prueba de los cuales, desafortunadamente no se puede obtener la más mínima convicción, como tampoco se puede lograr a través de ellos precisar las circunstancias por ellos expuestas, creando consecuencialmente la incertidumbre de la existencia de la responsabilidad o no de Sánchez Sánchez, en los hechos investigados en su contra.

De manera pues, que toda la gama de declaraciones analizadas, opuestas unas y menos consistentes en los cargos otras y sin valor probatorio alguno, son argumentos más que suficientes para que no se pueda predicar que la prueba indiciaria que motivó la resolución de acusación (...) (sic); sin que hubiese tenido en cuenta que para esta decisión se fundamentó en un hecho que no estaba legalmente probado en el plenario, cual es el de que el sindicado Sánchez Sánchez, en ningún momento procesal aceptó haber utilizado armas, ni haber participado en los ilícitos imputados.

Así las cosas, es para este juzgado, imposible jurídicamente edificar un fallo condenatorio, revestido del grado de certeza que exige nuestro estatuto procedimental penal en su artículo 247, como tampoco encuentra el despacho asidero legal alguno para afirmar la ajenidad de José Rubiel Sánchez Sánchez en los hechos debatidos, luego de estudiarse los extremos del proceso, esto es, responsabilidad o inocencia.

En consecuencia, no le queda al despacho otra alternativa que acogerse a los pedimentos en parte, del señor fiscal, del agente del ministerio público y de la defensa, en sus exposiciones en la audiencia pública, para absolver a José Rubiel Sánchez Sánchez de los cargos endilgados en su contra, toda vez que, del análisis, valoración y confrontación de los medios de prueba con que se nutrió el proceso, se desprende que no existe la convicción requerida para destruir la presunción de inocencia que resguarda al procesado al no poderse establecer con la certidumbre exigida, la responsabilidad de él en los hechos investigados (copia auténtica de la providencia obrante en el proceso penal trasladado, fls. 84-94 cdno. 2.).

8.10. Esta decisión quedó ejecutoriada el 19 de marzo del mismo año (copia auténtica de la constancia de ejecutoria, remitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, Caquetá, por orden de la Sala, fls. 143-144 cdno. ppal.).

8.11. El señor Sánchez Sánchez quedó en libertad el 5 de marzo de 1998, “dando cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén, Caquetá, con boleta 0001” (original del oficio remitido por el asesor jurídico de la Cárcel del Circuito Judicial de Florencia, Caquetá, fls. 21 cdno. 2).

8.12. El señor José Rubiel Sánchez Sánchez fue dado de baja del servicio del Ejército Nacional por determinación del comandante, el 30 de junio de 1996, es decir, varios meses antes de que fuera detenido por cuenta del proceso que dio lugar a la presente acción de reparación directa (original del oficio remitido por el subjefe del departamento de personal del Ejército Nacional, fls. 96-97 cdno. p.).

8.13. El señor José Rubiel Sánchez Sánchez nació el 30 de septiembre de 1972, es decir que, para octubre de 1996, momento de su detención por cuenta del proceso penal por el cual solicita ser indemnizado, tenía 24 años (copia auténtica del registro civil remitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, fl. 146 cdno. ppal.).

8.14. Antes de vincularse al Ejército y después de haber quedado libre, el señor José Rubiel Sánchez Sánchez ejercía actividades agrícolas regularmente (testimonios rendido ante el a quo, el 9 de mayo de 1999, por parte de los señores Luis Ángel Silva Motta —fls. 107-108 cdno. 2—, Álvaro Anchury Ortiz –f.109-110 c.2-, Leonor Guzmán Correa —fls. 111-112 cdno. 2 y Luis Evelio González Román —fls. 113-114 cdno.2)(3).

8.15. Los señores Florentina Sánchez Muñoz y Alfonso Sánchez Rojas son los padres de José Rubiel Sánchez Sánchez (copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Sánchez Sánchez, remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por orden de la Sala, fls. 145-146, cdno. ppal.). Los señores Fidelina, Arnulfo, Gloria Patricia y Néstor Jairo son hermanos de José Rubiel Sánchez Sánchez (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento remitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y aportados por la parte actora, en los cuales consta que todos son hijos de Alfonso Sánchez Rojas y Florentina Sánchez Muñoz, fls. 18-20 cdno.2.; 6-7 cdno.1 y 145-146 cdno. ppal.).

8.16. Los señores Florentina Sánchez Muñoz y Alfonso Sánchez Rojas, se vieron afectados moralmente como consecuencia de la privación de la libertad de su hijo, José Rubiel Sánchez Sánchez (testimonio rendido ante el a quo, el 9 de mayo de 1999, por parte de la señora Leonor Guzmán Correa —fls. 111-112 cdno.2—)(4).

III. Problema jurídico

9. Procede la Sala a determinar si, contrario a lo concluido por el a quo, la entidad demandada debe ser declarada responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios derivados de la privación de la libertad del señor José Rubiel Sánchez Sánchez. Para ello es indispensable establecer si dicha privación constituyó un daño antijurídico imputable a la demandada o no.

9.1. En este orden de ideas, la Sala deberá analizar si, como lo afirma la parte recurrente, el hecho de que la sentencia absolutoria se hubiere fundado en la falta de pruebas concluyentes en contra del señor Sánchez Sánchez, y por ende, en que no se comprobó que él hubiere cometido el hecho punible, permite concluir que, en los términos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la privación fue injusta, o si, por el contrario, como lo consideró el a quo, hay lugar a estudiar la configuración de una falla del servicio.

9.2. En caso de concluirse que la entidad demandada debe ser declarada responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados, debe la Sala determinarlos y fijar el monto de la indemnización.

IV. Análisis de la Sala

10. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, pues está debidamente acreditado en el expediente que, por cuenta del proceso penal que dio origen a la presente acción de reparación directa, el señor José Rubiel Sánchez Sánchez estuvo privado de la libertad durante el período comprendido entre el 15 de octubre de 1996 y el 5 de marzo de 1998, esto es, un total de un año, cuatro meses y 20 días (supra párr. 8.4, 8.6 y 8.11).

10.1. Si bien es cierto que en el libelo introductorio la parte actora indicó que la privación de la libertad se produjo a partir del 5 de junio de 1996 y que, según quedó demostrado, el señor Sánchez Sánchez ingresó a la Cárcel del Circuito Judicial de Florencia, el 20 de agosto de 1996 (supra párr. 8.2); la Sala advierte que, comoquiera que la presente acción de reparación directa fue instaurada con fundamento en la privación de la libertad de que fue objeto el señor Sánchez Sánchez, por cuenta del proceso penal que culminó con sentencia absolutoria de 5 de marzo de 1998, solo puede tenerse en cuenta el tiempo que permaneció detenido por cuenta de este último.

10.2. Así pues y dado que está probado que fue hasta el 15 de octubre de 1996 que el fiscal seccional noveno de Belén de los Andaquíes, funcionario a cargo de la investigación, ofició al director de la Cárcel de Florencia para que mantuviera encarcelado al señor Sánchez Sánchez, por cuenta de esta última (supra párr. 8.4), la Sala considera esta fecha como la de la detención.

10.3. Dicha consideración se encuentra confirmada por lo mencionado ulteriormente por el mismo fiscal noveno quien, en auto por el cual se resolvió una solicitud de libertad provisional, fundó su decisión en que el señor Sánchez Sánchez “[f]ue encarcelado por cuenta de esta investigación el día 15 de octubre del año que avanza -1996-” (supra párr. 8.6).

10.4. En estos términos y comoquiera que la parte actora no aportó la prueba, como le correspondía, de que la orden de captura librada el 28 de febrero de 1996 por la Fiscalía Seccional 17 delegada ante los jueces del circuito (supra párr. 8.1) lo hubiere sido por cuenta de la misma investigación en virtud de la cual el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes dictó sentencia absolutoria, la Sala no puede considerar, como fecha de privación de la libertad, una diferente a la ya señalada, esto es, el 15 de octubre de 1996.

11. Ahora bien, con el fin de determinar si la privación de la libertad de que fue objeto el señor Sánchez Sánchez constituye un daño antijurídico imputable jurídica o fácticamente a la entidad demandada, es indispensable estudiar si las razones por las cuales fue absuelto son de aquéllas que dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo o si, por el contrario, es necesario estudiar la configuración de una falla del servicio. En este orden de ideas, en primer lugar, debe analizarse minuciosamente el contenido de la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes.

11.1. A propósito de esta decisión, la Sala advierte que, tal como fue mencionado explícitamente y como había sido solicitado por el Ministerio Público durante la audiencia de juzgamiento, la absolución del señor José Rubiel Sánchez Sánchez se produjo por ausencia de pruebas que indicaran que el sindicado cometió el hecho punible.

11.2. En efecto, en la parte motiva de la decisión, el juez insistió en que las únicas pruebas que obraban en contra del sindicado son dos declaraciones que, por las múltiples contradicciones en las que incurrieron, no permitían llegar a la convicción de que el sindicado hubiere cometido los delitos endilgados. Menos aún cuando obraban en el expediente múltiples declaraciones que daban cuenta de las “sanas costumbres” (fl. 92 cdno. 2) del acusado.

11.3. Ahora, si bien es cierto que el juez se equivocó al considerar que el fiscal del caso dictó resolución de acusación con fundamento en que el sindicado Sánchez Sánchez habría aceptado el haber utilizado armas de fuego, hecho que, como bien lo anota, no es cierto, y que, en realidad, el fiscal nunca mencionó, pues en el texto de la resolución de acusación se refirió exclusivamente a las declaraciones del señor Isaac Monsalve, esta consideración no hizo sino confirmar la convicción según la cual no había pruebas que permitieran concluir que el sindicado había cometido las conductas punibles por las cuales se le acusaba.

11.4. Así las cosas y aunque en algunos apartados de la providencia se hace mención a la duda que subsiste sobre la participación del acusado en los hechos objeto del proceso, es evidente que la razón principal de la sentencia absolutoria es la falta de convicción del juez sobre la responsabilidad del acusado. Sobre este particular, la Sala ha sostenido(5):

“Frente a este tipo de decisiones ha concluido la Sala la necesidad de examinar cuidadosamente la providencia definitiva, para establecer si en verdad la sentencia absolutoria se fundamentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, porque luego de una valoración ponderada de todos los medios probatorios que obran en el expediente, quedaba en el juicio del fallador una duda razonable que no era posible resolver, o si en la providencia solo se hizo mención de ese principio, pero de la misma decisión emerge que el juez al valorar las pruebas llegó a la convicción de que el sindicado no cometió el ilícito y todos los argumentos expuestos en el fallo hacen explícita esa conclusión; es decir, que aunque se afirme que la absolución se fundamenta en la existencia de una duda sobre la responsabilidad del sindicado, en realidad, la providencia da cuenta de una decisión favorable al mismo, que se toma con la convicción de que este no cometió el ilícito. En tal caso, resulta también claro que se está en presencia de una de las causales de responsabilidad objetiva del Estado por detención injusta”.

11.5. En estos términos y como quiera que, tal como fue alegado por el Ministerio Público y mencionado explícitamente por el juez que profirió la absolución, ante la ausencia de pruebas que permitieran concluir sobre la responsabilidad penal del acusado, la presunción de inocencia que lo cobijaba no fue destruida, la Sala considera que, en realidad, los supuestos con fundamento en los cuales se dictó la sentencia absolutoria encajan en una de los eventos de responsabilidad objetiva consagrado en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(6), esto es, que el acusado no cometió la conducta punible.

11.6. Al respecto vale la pena recordar que, incluso si la medida de aseguramiento de detención preventiva fue proferida en vigencia de la Ley 270 de 1996, como ocurre en el sub examine, los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 tienen plena validez, pero no como una aplicación ultractiva de este último, sino como materialización de lo consagrado en el artículo 90 de la Constitución. Así lo consideró la Sala Plena de la Sección:

“...si bien el artículo 68 de la ley estatutaria de la administración de justicia se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991”(7).

11.7. En interpretación de dicho artículo, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

“En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(8), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(9)”.

11.8. Así pues, la Sala concluye que se equivocó el a quo al negar las pretensiones de la demanda fundado en que las actuaciones judiciales que dieron lugar a la detención del señor Sánchez Sánchez se ajustaron a la legalidad de los procedimientos pues, como se explicó, en este caso, no hacía falta acreditar la existencia de una falla del servicio. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida por el a quo para, en su lugar, declarar a la entidad demandada responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor José Rubiel Sánchez Sánchez.

12. En lo que tiene que ver con el centro de imputación jurídica, esto es, la entidad que representa a la Nación y en cabeza de quien debe quedar a cargo la condena, vale la pena aclarar que, para la fecha de la presentación de la demanda, esto es, el 17 de junio de 1998, se encontraba en vigor el artículo 99.8 de la Ley 270 de 1996(10) que, de manera genérica, atribuía al director ejecutivo de administración judicial la función de representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales instaurados tanto por los actos de los jueces como de los fiscales. Es en virtud de esta normatividad que la demanda no fue notificada sino a la dirección ejecutiva de la administración judicial (fl. 36 cdno. 1.), quien se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 37-47 cdno.1).

12.1. Lo anterior no obsta para que, si de las actuaciones que obran en el expediente se induce que la Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta con patrimonio independiente y autonomía administrativa y financiera, participó en los hechos que dieron lugar a la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado, dicha entidad sea condenada a pagar la indemnización de los perjuicios que, en virtud de su actuación, causó.

12.2. Al respecto vale la pena recordar que, si bien la Constitución Política de 1991 previó la creación de la Fiscalía General de la Nación como una entidad con autonomía presupuestal y administrativa, integrante de la rama judicial del poder público(11), en virtud tanto del Decreto 2652 de 1991 como de la Ley 270 de 1996, la representación judicial de la Fiscalía en aquellos asuntos conocidos por la justicia contencioso administrativa, en su calidad de órgano integrante de la rama judicial, debía ser ejercida bien por el Ministerio de Derecho y Justicia, o por la dirección ejecutiva de administración judicial, según si el proceso se adelantó en vigencia del Decreto 2652 o de la Ley 270, estatutaria de la administración de justicia.

12.3. Es solo hasta la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, expedida el 7 de julio de ese año y publicada en el Diario Oficial Nº 43335 del 8 de julio de 1998, que el legislador estableció diferencia en lo relativo a la representación judicial de la Fiscalía General de la Nación respecto del resto de la rama judicial, al indicarlo así en su artículo 49, mediante el que se modificó el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo(12).

12.4. Así las cosas y dado que fue el Fiscal Seccional Noveno Delegado ante el Juez Promiscuo del Circuito de Belén quien dictó la medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor Sánchez Sánchez, la Fiscalía General de la Nación debe ser declarada responsable por los perjuicios ocasionados por dicha detención.

12.5. Ahora, la Sala advierte que el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes fue quien profirió la sentencia absolutoria en virtud de la cual la privación de la libertad del señor Sánchez Sánchez devino injusta y, al hacerlo, permitió que cesara la causación del daño cuya indemnización se reclama. Sin embargo, en la medida en que, según el petitum de la demanda, dicho daño consistió en la totalidad del tiempo de privación de libertad de que fue objeto el señor Sánchez Sánchez y que, como está probado en el expediente, parte de este tiempo fue por cuenta del juzgado arriba mencionado, quien excedió ampliamente los términos legales otorgados para proferir la sentencia, sin que en el expediente se vislumbre justificación alguna para dicha dilación, la rama judicial también debe ser declarada responsable.

12.6. En efecto, de conformidad con los artículos 446(13), 447(14), 448(15) y 456(16) del Decreto 2700 de 1991 “por el cual se expiden las normas de procedimiento penal”, vigente para la época de los hechos, luego de avocar el conocimiento de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el juez contaba con un período no mayor a 65 días hábiles para dictar sentencia. Dicho período incluía los 15 días hábiles durante el cual era posible practicar las pruebas que se encontraran pendientes y que, según aparece en el expediente, no fue necesario emplear. Sin embargo, tal como quedó demostrado en los hechos probados, el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes avocó el conocimiento del proceso el 24 de febrero de 1997 —supra párr. 8.8— y no profirió sentencia sino hasta el 5 de marzo de 1998 —supra párr. 8.9—, esto es, un año y diez días después, con lo cual excedió el término previsto, sin que haya prueba alguna en el expediente que permita concluir que dicha dilación fue justificada.

12.7. En estos términos y comoquiera que, de acuerdo con el tiempo total de detención, es decir, un año, cuatro meses y veinte días, la rama judicial fue la entidad por cuenta de la cual el señor Sánchez Sánchez estuvo retenido la mayor parte del tiempo, es esta quien deberá pagar la totalidad de la indemnización, sin perjuicio de que pueda repetir contra la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener el pago del valor de la condena proporcional al tiempo durante el cual el señor Sánchez Sánchez estuvo privado de la libertad por su cuenta, esto es, cuatro meses y diez días que equivalen a un 27,72 % del total del tiempo en que estuvo detenido.

V. Liquidación de perjuicios

Perjuicios inmateriales

13. Respecto del daño moral sufrido como consecuencia de la privación de la libertad del señor José Rubiel Sánchez Sánchez, no solo está probado que, efectivamente, este último fue víctima de una detención que devino injusta por la sentencia absolutoria, sino además que es hijo de Florentina Sánchez Muñoz y Alfonso Sánchez Rojas y hermano de Fidelina, Arnulfo, Gloria Patricia y Néstor Jairo Sánchez Sánchez (supra párr. 8.15), personas de las que también puede predicarse una afectación moral.

13.1. En efecto, en los casos de padecimientos morales derivados de la privación de la libertad, la Sala ha considerado que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que estos son sufridos tanto por el directamente afectado como por su familia. Al respecto se ha sostenido(17):

“Para la Sala es razonable inferir la existencia de un daño moral sufrido por una persona que, como el señor Juan Alberto Caicedo, ha sido privada de su libertad. Igualmente, la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración”.

13.2. Adicionalmente, obra en el expediente prueba directa de la afectación moral sufrida por los padres del señor Sánchez Sánchez como consecuencia de la privación de la libertad a la cual este último fue sometido (supra párr. 8.16). Así pues, hay lugar a reconocer los perjuicios morales que, por dicho concepto, fueron solicitados por los demandantes.

13.3. Ahora bien, en el texto de la demanda también se adujo que la privación injusta del señor Sánchez Sánchez causó una afectación al buen nombre de toda su familia. Al respecto la Sala considera oportuno precisar que si bien es cierto que, en algunos eventos, la sindicación de un delito y la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva a que esta de lugar, pueden causar al afectado directo y a su familia daños que exceden el sufrimiento moral de ver limitada su libertad, es indispensable demostrar que, dadas las particularidades del caso, se trató efectivamente de un daño autónomo(18). Así por ejemplo, la Sala ha considerado que hay una afectación específica del honor y buen nombre cuando el detenido fue sindicado de un delito grave y dicha sindicación fue difundida a través de medios de comunicación social(19).

13.4. En estos términos y comoquiera que los demandantes no demostraron que, dadas las particularidades de la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Sánchez Sánchez, se les hubiera causado un daño autónomo al honor o buen nombre, la Sala considera que lo alegado como afectación a la reputación, se encuentra cobijado por el padecimiento moral general, reconocido en razón de la privación injusta.

13.5. Respecto de la tasación de dicho perjuicio, en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de 2000 gramos oro en favor de quien fue detenido, esto es, el señor José Rubiel Sánchez Sánchez, y de 1500 gramos oro para cada uno de los demás demandantes.

13.6. Sobre el particular la Sala advierte que, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13.232—, la estimación de los perjuicios morales debe hacerse en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro y, para ello, se tiene en cuenta la equivalencia según la cual, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, puede reconocerse una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(20).

13.7. Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(21), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...”(22), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(23).

13.8. En este orden de ideas, para la determinación de la cuantía de la indemnización del perjuicio moral, la Sala se guiará por la proporción valor-tiempo que ha desarrollado en su jurisprudencia más reciente en los casos de privación injusta de la libertad. Al respecto se ha considerado que es necesario establecer

“...el valor que, en promedio, se concede al mes de privación de libertad, atendiendo únicamente al factor temporal, sin perjuicio de que otras circunstancias concurrentes obliguen a reconocer una cifra más alta, y atendiendo al precedente jurisprudencial en virtud del tope indemnizatorio para el perjuicio moral es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(24)”.

13.9. De acuerdo con estos parámetros, el promedio del valor correspondiente a un mes de privación de libertad, reconocido por la Sala, es de 5.1 salarios mínimos legales mensuales vigentes(25). Si se aplica dicho criterio temporal de cuantificación a la situación del señor José Rubiel Sánchez Sánchez, se tiene que el valor de la indemnización que debe reconocerse por su perjuicio moral es de 84.45 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicho valor se obtiene de convertir a meses el período de la detención (un año, cuatro meses y 20 días equivale a 16,56 meses) y multiplicarlo por el valor del promedio indicado.

13.10. Con relación a los familiares del señor Sánchez Sánchez y con fundamento en la proporción establecida en casos similares(26), se liquidará la indemnización por perjuicios morales en las siguientes cantidades: cuarenta y dos coma dos (42,2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes Florentina Sánchez Muñoz y Alfonso Sánchez Sánchez (padres) y veintiuno coma uno (21,1) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Fidelina, Arnulfo, Gloria Patricia y Néstor Jairo Sánchez Sánchez (hermanos).

Perjuicios materiales

14. El señor José Rubiel Sánchez Sánchez solicitó que se reconociera el lucro cesante correspondiente a los

“...salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir durante el período de detención física, el mayor salario que dejará de percibir en el inmediato futuro (...) hasta el momento en que pueda volver a conseguir un trabajo de igual o superior categoría y remuneración al que tenía para el día 5 de junio de 1996, fecha de la retención injusta (fl. 23 cdno.1)”.

14.1. También solicitó que dichas sumas se actualizaran de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, y que se reconociera el pago de intereses previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Al respecto la Sala advierte lo siguiente:

14.2. Si bien es cierto que, durante el período en el cual estuvo detenido, el señor Sánchez Sánchez no pudo trabajar y, por ende, pudo haber dejado de percibir los ingresos correspondientes a una actividad productiva, también lo es que en el expediente no está acreditado que dicha actividad fuera su empleo como soldado voluntario o que su desvinculación del mismo se hubiera producido como consecuencia de la privación de la libertad de la cual fue objeto en el marco del proceso penal por el cual solicita ser indemnizado.

14.3. En efecto, está establecido que el señor Sánchez Sánchez fue dado de baja del servicio activo el 30 de junio de 1996 (supra párr. 8.12), ingresó a la Cárcel del Distrito Judicial de Florencia el 20 de agosto de 1996 (supra párr. 8.2.) y solo fue detenido por cuenta del proceso penal, objeto de la presente acción de reparación directa, el 15 de octubre de 1996 (supra párr. 8.4 y 10.1), esto es, varios meses después de su desvinculación del Ejército.

14.4. Así las cosas y contrario a lo afirmado por la parte actora, no es cierto que el señor Sánchez Sánchez perdió su empleo como consecuencia del proceso penal en el cual fue absuelto y, menos aún, que fue a causa de esta última que no pudo conseguir un trabajo de igual o mejor categoría pues, aún antes de ser detenido, no lo había logrado. De lo anterior se sigue también que, para efectos de calcular el monto de la indemnización a la que podría tener derecho por salarios dejados de percibir, no se pueda considerar la asignación mensual que el señor Sánchez Sánchez devengaba cuando era soldado voluntario.

14.5. Ahora bien, lo anterior no obsta para que la Sala tenga en cuenta que, comoquiera que el señor Sánchez Sánchez salió en libertad en virtud de la decisión absolutoria proferida en el marco del proceso penal por el cual solicita ser indemnizado, de no haber mediado la orden de detención dictada en dicha investigación, el señor Sánchez Sánchez hubiera podido salir a ejercer una actividad económica que le representara algún ingreso. Lo anterior por cuanto está probado que se trataba de un hombre en plena edad productiva —24 años— (supra párr. 8.15) y que tenía por costumbre colaborar con las labores agrícolas (supra párr. 8.14). En consecuencia, habrá lugar a reconocer una indemnización por concepto de lucro cesante.

14.6. Para efectos de determinar el monto de la misma y a falta de prueba directa sobre lo que hubiera podido devengar como trabajador agrícola, la Sala debería tomar, en principio, el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la detención por cuenta del mencionado proceso penal —octubre de 1996—, esto es, $ 142.125(27). Sin embargo, comoquiera que, según los cálculos realizados con la fórmula jurisprudencial para la actualización(28), el resultado de la misma es inferior a aquél que resulta de hacer el cómputo a partir del salario mínimo legal mensual vigente al momento de proferir el presente fallo, la indemnización se calculará a partir de este último, es decir, ($ 589 500)(29). A este valor se adicionará una suma equivalente al 25% por concepto de prestaciones sociales, esto es, ($ 147 375). El salario base de liquidación será entonces ($ 736 875).

14.7. En relación con el tiempo durante el cual debe reconocerse el lucro cesante, como ya se explicó (supra párr. 10.1), la Sala solo tendrá en cuenta el tiempo de detención por cuenta del proceso penal que dio origen a la reparación directa, esto es, un año, cuatro meses y 20 días, equivalente a 16,56 meses (supra párr. 13.7). Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia, se extenderá la indemnización por un período adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)(30). Así pues, el total del período a indemnizar es de 25,31 meses.

14.8. Para la liquidación del lucro cesante se aplicará la fórmula actuarial adoptada por la corporación:

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

S: Es la indemnización consolidada a obtener.

Ra: Es la renta o ingreso mensual actualizado: $ 736 875.

I: Es el interés puro o técnico mensual equivalente a 0.004867.

n: Es el número de meses que comprende el período indemnizable, va desde la fecha de la detención —15 de octubre de 1996— hasta 8,75 meses después de que quedó en libertad por orden de la sentencia absolutoria -5 de marzo de 1998-: 25,31 meses.

Liquidación:

S = $ 736 875 x (1 + 0.004867)25,31 - 1

0.004867

S = $ 19 796 508,6

14.9. En estos términos, la Sala reconocerá al señor José Rubiel Sánchez Sánchez el valor de diecinueve millones setecientos noventa y seis mil quinientos ocho pesos con seis centavos ($ 19 796 508,6), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

VI. Costas

15. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

16. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 31 de enero de 2003 y, en su lugar, se decide:

1. DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a la nación–rama judicial-Fiscalía General de La Nación, por los perjuicios que sufrieron los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor José Rubiel Sánchez Sánchez.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la nación–rama judicial-Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades:

A. Ochenta y cuatro coma cuarenta y cinco (84,45) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor José Rubiel Sánchez Sánchez;

B. Cuarenta y dos coma dos (42,2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada uno de los señores Florentina Sánchez Muñoz y Alfonso Sánchez Rojas (padres);

C. Veintiuno coma uno (21,1) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los señores Fidelina, Arnulfo, Gloria Patricia Y Néstor Jairo Sánchez Sánchez (hermanos).

3. CONDÉNASE a la nación–rama judicial-Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de diecinueve millones setecientos noventa y seis mil quinientos ocho pesos con seis centavos ($ 19 796 508,6), a favor del señor José Rubiel Sánchez Sánchez.

4. DISPONER que la Fiscalía General de la Nación pague el 27,72 % de la condena a la rama judicial, quien pagará a los actores el 100 % de la misma.

5. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. La Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(3) La Sala le otorga credibilidad a los declarantes por cuanto sus testimonios son concordantes y no contienen contradicciones. Al respecto, el señor Luis Ángel Silva Motta manifestó: “Antes de irse para el Ejército trabajaba en la finca y después de que salió de la cárcel también se dedica a labores de la finca de sus padres” (fl. 108, cdno. 2.). El señor Álvaro Antury Ortiz mencionó: “Cuando lo detuvieron era soldado profesional y antes trabajaba en la finca con sus padres y como se le cerraron todas las puertas donde trabajaba, entonces se regresó nuevamente al campo y está trabajando en la finca de los papás” (fl. 110 cdno. 2). La señora Leonor Guzmán Correa expresó sobre el particular: “Trabajaba en la finca y ahora también trabaja en la finca, porque él volvió allí porque no ha podido volver a conseguir trabajo por el motivo de que estuvo en la cárcel” (fl. 112 cdno. 2). Finalmente el señor Luis Evelio González Román declaró sobre el mismo punto “Nuevamente reside en la finca con sus padres y se dedica a la agricultura” (fl. 113 cdno.2).

(4) La Sala le otorga credibilidad a la declarante por cuanto su testimonio no contiene contradicciones y, dada su calidad de vecina de la familia Sánchez Sánchez, en la localidad de Belén de los Andaquíes, Caquetá, estaba en condiciones de dar cuenta del padecimiento moral sufrido por sus miembros. Al respecto manifestó: “En cuanto a la familia sufrió mucho y la gente ya los miraba mal por ser los padres de ese hijo que estaba preso” (fl. 111 cdno. 2.). No ocurre lo mismo con la declaración del señor Orlando Sarmiento Escobar quien afirmó: “...a raíz de su detención los padres sufrieron mucho, porque no tenía la persona que los auxiliaba económicamente y además él allá detenido no podía trabajar y además le enmugraron la hoja de vida y así pues va a conseguir trabajo y no se lo dan y ahora está mal, por ahí de los buenos amigos que le colaboran” (fl. 115 cdno. 2). Lo anterior por cuanto, a partir de lo afirmado en la declaración, no es posible determinar la manera como supo del padecimiento de la familia Sánchez Sánchez pues no solo vivía en una localidad diferente —Florencia, Caquetá—, sino que, además, era conocido de José Rubiel, por haber prestado servicio militar con él, pero no de su familia. Adicionalmente, la Sala advierte que, al mencionar a los hermanos de José Rubiel, citó nombres equivocados: Ángel, Ernesto y Wilson Sánchez.

(5) Sentencia de 2 de febrero de 2012, Exp. 20943, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) Esta norma establecía: “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(7) Sentencia de 11 de mayo de 2011, Exp. 20.074, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(8) [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002.

(9) Sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 21.653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Esta disposición estipulaba: “[s]on funciones del director ejecutivo de administración judicial: 8. Representar a la Nación-rama judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales”.

(11) El artículo 249 consagró: “La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”.

(12) Según esta norma: “El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: Artículo 148. Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan. En los procesos contencioso administrativos la nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación-Rama Judicial estará representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial”. (Resaltado propio).

(13) “Traslado para preparación de la audiencia. Al día siguiente de recibido el proceso, previa constancia secretarial, el expediente quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta días hábiles, para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto y las pruebas que sean conducentes”.

(14) “Fijación de fecha para la audiencia. Si no se declara la invalidez del proceso, finalizado el término señalado en el artículo anterior, se fijará fecha y hora para la audiencia cuando esta sea procedente, la cual no podrá exceder de diez días hábiles. En el mismo auto el funcionario decretará las pruebas que considere procedentes”.

(15) “Pruebas. Las pruebas decretadas conforme lo previsto en el artículo anterior, se practicarán en la audiencia pública, excepto las que deban realizarse fuera de la sede del juzgado o requieran de estudios previos, las cuales se practicarán en el término que fije el juez, el cual no podrá exceder de quince días hábiles”.

(16) “Sentencia. Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de las partes en audiencia, el juez decidirá dentro de los diez días siguientes”.

(17) Sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 18902, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(18) Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Exp. 18.031, C.P. Enrique Gil Botero.

(19) Ver, por ejemplo, Sección Tercera, sentencia de 25 de enero de 2001, Exp. 11.413, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y de la Subsección B, sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 24409, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

(20) Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232 y 15646, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(21) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (Sentencia de jun. 16/94, Exp. 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández). Igualmente pude verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 14726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 16205.

(24) Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 26 de julio de 2012, Exp. 24688 y de 29 de agosto de 2012, Exp. 24093, ambas con ponencia de la consejera Stella Conto Díaz del Castillo.

(25) En sentencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 15485, C.P. Ruth Stella Correa Palacio los perjuicios morales por 8.5 meses de prisión se fijaron en 50 smlmv (5.2 smlmv por mes); en sentencia de 31 de enero de 2011, Exp. 18626, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, se ordenó pagar una indemnización de 50 smlmv por la privación de la libertad durante 12 meses (4.1 smlmv por mes), luego, en sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 18902, C.P. Danilo Rojas Betancourth, se reconoció una indemnización de 50 smlmv a una persona que fue privada de la libertad durante 11 meses (6.1 smlmv por mes).

(26) Ver, entre otras, la sentencia de la Subsección B de 29 de agosto de 2012, Exp. 24093, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(27) Decreto 3120 de 1995.

(28) Vp = Vh índice final

Índice inicial

Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia. Índice inicial: el de la fecha de la detención efectiva por cuenta del proceso penal que dio lugar a la acción de reparación directa.

(29) Fijado por el Decreto 2738 de 28 de diciembre de 2012.

(30) Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168.