Sentencia 1998-00161 de febrero 13 de 2013

 

Sentencia 1998-00161 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-1998-00161-01 (26.031)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: Marco Aurelio Ospina Muñoz y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Educación y otros

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $ 50.414.680(14), solicitada por concepto del “perjuicio fisiológico” para la menor lesionada, supera la cuantía mínima exigida en la Ley vigente al momento de interposición del recurso (D. 597/88)(15), para que el asunto sea conocido en segunda instancia.

2. La responsabilidad de los establecimientos educativos.

En relación con la responsabilidad que asumen los establecimientos educativos respecto de los alumnos a su cargo, el artículo 2347 del Código Civil establece:

“ART. 2347.—Responsabilidad por el hecho ajeno. Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.

“(…)

“Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de los aprendices, o dependientes, en el mismo caso.

“Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho” (se resalta).

Al tenor de la precitada disposición, en sentencia del 7 de septiembre de 2004(16), esta Sección hizo las siguientes precisiones(17):

“La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no sólo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por este, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.

“El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no solo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente.

“Sobre este tema, la doctrina ha dicho:

‘Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquél soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño... La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo’(18).

“(…)

“El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

“(…)

“Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad (…).

“No obstante, sin consideración a la edad de los alumnos, las entidades educativas responderán por los daños que se generen como consecuencia de los riesgos que ellas mismas creen en el ejercicio de las actividades académicas, sin que le sea exigible a los alumnos y padres asumir una actitud prevenida (sic) frente a esas eventualidades, en razón de la confianza que debe animar las relaciones entre educandos, directores y docentes. Así por ejemplo, los establecimientos educativos y los docentes responderán por los daños que se cause (sic) en ejercicio de una práctica de laboratorio, cuando el profesor encargado de la clase confunda sustancias químicas y ocasione una explosión en la que muere o resulta lesionado el alumno que las manipulaba. En este caso, es evidente la responsabilidad de la institución educativa y del docente, pues es este quien posee la instrucción académica necesaria para hacer seguras dichas prácticas, sin que sea exigible a los alumnos y padres cerciorarse previamente de la corrección de tales prácticas” (se resalta).

Así, se ha entendido que los establecimientos educativos, a través del personal docente —profesores y directivos—, responden por las actuaciones de las personas que están bajo su supervisión o dependencia, cuando, por la negligente o insuficiente vigilancia, estas sufren o causan daños a terceros, bajo la concepción de que entre aquellos existe una relación de subordinación, dada la posición dominante que ostentan los primeros en razón de su autoridad; sin embargo, pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por una casa extraña, bien por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

Y para efectos de que se produzca la imposibilidad de imputar el daño, cuando se demuestra diligencia y cuidado, se ha dicho(19):

“… para que se pueda predicar la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños que sufren los alumnos como consecuencia de la omisión del deber de seguridad al (sic) interior de los planteles, es necesario que quienes tienen a su cargo a los estudiantes, no hubieren demostrado la diligencia que les era exigible a través de la prueba de la falta de un control efectivo de los alumnos. En otras palabras, la falta del deber de seguridad y vigilancia como determinante para la imputación del daño no se presenta cuando los profesores advierten a los alumnos acerca de la existencia de un riesgo en sus actos y lo evitan a toda costa, lo cual no presupone necesariamente el conocimiento previo del peligro por parte de estos (sic), pues es posible exigir actuación de los mismos aún si desconocen riesgo o peligro alguno de sus alumnos, toda vez que por su posición de garante les es exigible actuar en virtud de los principios de precaución y prevención”.

Es del caso resaltar que esta Sección, a través diferentes pronunciamientos, ha declarado la responsabilidad del Estado, por encontrar configurada la falla en el servicio en la vigilancia de los estudiantes, cuando: i) por la deficiencia en la construcción de las instalaciones de los planteles cayó un muro y causó la muerte de un menor de edad que se encontraba en el lugar por orden de una profesora(20), (ii) por la conducta irregular de un profesor durante un paseo, que autorizó a los alumnos para ingresar al mar, a pesar de que en ese momento se presentaba “mar de leva”(21) y uno ellos chocó con las rocas por la fuerza del mar y murió, (iii) por la falta de vigilancia de los profesores, un menor de edad que asistió a un paseo escolar murió por ahogamiento, siendo advertida su ausencia sólo hasta la hora del regreso(22) y (iv) por la falta de vigilancia de los profesores encargados, quienes no se percataron de que los alumnos se encontraban en una actividad diferente a la permitida y uno de ellos lesionó a su compañera del salón, al lanzar un gancho de cosedora que impactó el ojo izquierdo de esta(23).

3. Caso concreto y valoración probatoria

En la demanda se depreca la declaratoria de responsabilidad del Estado por las lesiones que sufrió la menor Yessica María Ospina Libreros, en hechos ocurridos dentro de las instalaciones del centro docente “San Judas Tadeo” (Tuluá - Valle), cuando, en horas de descanso, uno de sus compañeros la golpeó con un objeto contundente en el ojo derecho, accidente que, según el libelo, se presentó por la falta de cuidado, vigilancia y seguridad de los menores por parte del plantel educativo.

Las entidades demandadas sostienen que no puede pretenderse el cuidado “pormenorizado” de los menores en todas y cada una de las actividades que realicen dentro de los establecimientos educativos, pues la proporción numérica de la planta docente es muy inferior a la de los estudiantes que tienen a su cargo.

La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el accidente se presentó como consecuencia de “un caso fortuito”, en tanto no se probó la presunta omisión alegada en la demanda y, en cambio, se acreditó que en el centro educativo se implementaron mecanismos para lograr la disciplina y el buen comportamiento de los alumnos; además, dice la sentencia apelada, no se puede obligar a lo imposible, pues no es dable exigir un cuidado pormenorizado frente a cualquier tipo de accidente que sufran los educandos.

La valoración de las pruebas válidamente aportadas al proceso muestra que el 10 de junio de 1997, en horas de descanso (9:50 de la mañana), la niña Yessica María Ospina Libreros, quien cursaba 2º de primaria en el centro docente “San Judas Tadeo”, se encontraba, en compañía de otras dos compañeras, “… en el patio de recreo, en la entrada de la construcción del aula múltiple continua al pasillo parte noroccidental de la planta física…”(24), jugando a “un reinado”(25) y sostenía en su mano “… un palo seco que hacía las veces de cetro”(26), cuando “… iba corriendo y se chocó con el niño Cristian Fernando López, quien llevaba el brazo levantado sujetando un palo delgado y seco de aproximadamente 25 cms. de largo y quien en forma involuntaria le lesionó el ojo derecho”(27). Según la versión que el menor Cristian Fernando relató a las profesoras, el hecho ocurrió cuando él y otro compañero “… se acercaron a las niñas que estaban jugando al reinado, la niña Yessica María, los rechazó, esto (sic) la acorralaron, cayéndose Yessica María, lesionándose el ojo derecho con el palo que sostenía en la mano”(28).

En el momento del accidente, la profesora Ceneida Martínez, directora del grado 2º, “… se encontraba repartiendo el refrigerio de Bienestar Familiar a los niños que pertenecen a ese programa…”(29), mientras que la profesora Gladys Holguín, jefe de disciplina, estaba “… haciendo su ronda de vigilancia al pie de los juegos mecánicos…, la directora de la institución, licenciada Elizabeth Díez Dávila estaba con su grupo a cargo (preescolar, hora de loncheras)”(30) y las demás docentes también repartían refrigerios “… a los alumnos que pertenecen a ese programa en sus respectivos grupos”(31).

Según la docente Rubiela Garzón, presente el día de los hechos, el suceso ocurrió mientras ella repartía “… el refrigerio brindado por Bienestar Familiar”(32) y la niña, quien jugaba al reinado, se golpeó “… con un palo o una chamizo… los niños salen al descanso por grupos y la profesora de disciplina hace turnos de vigilancia, con la colaboración de los comités de vigilancia formados por los niños…, para esa época, cada profesora repartía el refrigerio y terminada esa labor se hace uno en la parte de los corredores para vigilar a los niños que están por los corredores”(33).

La docente Lucy Cruz Valencia relató: “Hace más o menos como unos tres años, los niños se encontraban en el descanso de las horas de la mañana, el descanso es de nueve y media a diez de la mañana… Todas las profesoras estábamos en el centro docente cumpliendo con los deberes correspondientes, especialmente estábamos repartiendo el refrigerio y las profesoras encargadas de la disciplina y cuidar el descanso estaban en esa actividad haciendo la ronda de vigilancia, ya finalizando casi el descanso surgió el accidente, según cuentan los niños que vieron el hecho y estaban a los alrededores cuentan que (sic) un grupo de niños (sic) estaban jugando al reinado y la niña Jesica (sic) sostenía una ramita o un chamizo que hacía las veces de cetro, entonces como que quizo (sic) entrarseles (sic) otro niño, el cual ellas no lo admitieron, salieron huyendo de él, en el desplazamiento que hizo la niña se cayó y la ramita que llevaba en la mano se la introdujo en el ojo”(34). La misma testigo resaltó que “… la disciplina en el centro docente siempre se hace diariamente, por la mañana se forma al alumnado en el patio, se realizan las recomendaciones de buen comportamiento en el patio y tener cuidado con el compañerito”(35). A la pregunta respecto de dónde pudo haber salido el palo con el que se lesionó la menor, señaló: “Exactamente no sé de dónde… me imaginó que del patio de recreación porque hay unos árboles grandes, pero también estamos pendientes de tenerlo limpio, se hacen como cuatro veces aseo al patio, recogiendo toda clase de basura que haya, pero ya se le sale de las manos recoger como todo chamicito que queda”(36). En cuanto a si recibía instrucción sobre “cuidado, vigilancia, controles y riesgos de los alumnos del plantel”, refirió: “… cuando tenemos reunión de profesores se trata mucho ese tema de cuidado y vigilancia de riesgos de los alumnos en el plantel… a nivel de profesores y a nivel de núcleo educativo también”(37).

Finalmente, la docente Nubia Montoya López relató que supo, según comentaron los niños, que la menor Yessica María se lesionó un ojo cuando uno de sus compañeros la empujó y “la niña se cayó y se aporreó el ojo”(38), pues , resaltó en su declaración que “… yo estaba en mi salón repartiendo el refrigerio de Bienestar Familiar, cuando una niña entró corriendo y dijo que una niña de segundo se había caído y se había aporreado el ojo yo salí corriendo a mirar qué había pasado ya la profesora Gladys Holguín que es la Disciplinaria ya la había levantado y la traía cargada”(39). En cuanto a la instrucción sobre “cuidado, vigilancia, controles y riesgos de los alumnos del plantel”, esta docente enfatizó que: “… en charlas informales o en reuniones de núcleo, nuestra jefe… sí nos hace énfasis en el cuidado de los alumnos en las horas de descanso. También la directora nuestra que es la señora Elizabeth Díez siempre ha sido muy enfática en todos los consejos de la vigilancia en los descansos y en la disciplina en general de la institución”(40). Por último, aclaró que el día de los hechos 6 profesoras “… repartían el refrigerio en los respectivos grupos y la profesora Gladys Holguín, que hacía la disciplina ese día, hacía la ronda de vigilancia ayudada por el comité de vigilancia”(41).

Las testigos afirmaron también que en el centro docente “San Judas Tadeo” se recogen constantemente las basuras de la edificación, “se depositan en canecas de caucho, para ser sacados cuando pasa el carro de la basura”(42), “… en la hora de recreo o de descanso se hacen jornadas de limpieza”(43) y el lugar donde se encontraban los menores —plano donde se iba a construir el área múltiple— “aparecía siempre en completa limpieza”(44).

Ahora, ocurrido el accidente, la menor fue trasladada por la profesora Ceneida Martínez a la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá (Valle), donde ingresó al servicio médico de urgencias a las 10:15 a.m. con “… lesión a nivel corneal con ulceración de ésta (sic) y ceguera total”(45), luego de sufrir “… trauma en el ojo derecho con objeto contundente”(46), con diagnóstico consistente en “herida penetrante ojo derecho, estallido, pérdida contenido ocular”(47), por lo que fue intervenida quirúrgicamente, “con pésimo pronóstico”, a las 3:00 p.m. del mismo 10 de junio. El 16 de junio siguiente, “… se remite a psicoterapia para dar seguimiento tanto a la familia como a la paciente… pues se nota a la madre intranquila, desorientada”(48), finalmente, fue dada de alta el 20 de junio, por orden médica.

Por otra parte, en lo que atañe al impacto sicológico que tuvo la menor como consecuencia del accidente, la sección de siquiatría del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, regional sur occidente, luego de valorarla, concluyó: “La menor… presentó un cuadro ansioso de carácter reactivo y asociado al proceso de afrontamiento de pérdida de la visión y al efecto de su estética facial, asociado con los hechos materia de este proceso. Se sugiere… reciba tratamiento psicológico en el proceso de enfrentamiento a la secuelas de los hechos, sobre su autoconcepto y sobre su funcionamiento social e interpersonal”(49).

Ahora bien, antes que nada, se precisa que los elementos de convicción no son claros en indicar cómo ocurrió exactamente el accidente en el que resultó lesionada la menor Yessica María y el tipo concreto de objeto con el que se causó esa lesión, pues, en este punto, las pruebas indican que: i) cuando un compañero llevaba en la mano un “palo delgado y seco de aproximadamente 25 cms.” (fl. 109), chocó con Yessica María y, de manera involuntaria, le lesionó el ojo derecho, ii) unos compañeros acorralaron a Yessica María, esta cayó y se lesionó el ojo derecho con un “palo que sostenía en la mano” (ibíd.) y iii) que Yessica llevaba una “ramita o un chamizo que hacía las veces de cetro” (fl. 30), la que se le introdujo en el ojo derecho cuando salió huyendo de un compañero y cayó. Así, existe incertidumbre sobre quién llevaba el objeto con el que se causó la lesión, si al caer la niña iba corriendo o si se cayó cuando la acorralaron y si ese objeto correspondía a un palo seco, rama o chamizo.

No obstante la falta de certeza en cuanto a estas circunstancias de hecho, la Sala, luego de valorar los elementos de convicción obrantes en el proceso, concluye que se encuentra suficientemente acreditado que la menor Yessica María Libreros sufrió un daño(50), cuya indemnización se depreca a las entidades demandadas, cuando, en horas del descanso y durante un juego entre compañeros, se lastimó el ojo derecho con un objeto (palo, rama o chamizo) que era manipulado en ese momento por los menores, por manera que se tiene por acreditado la existencia del daño antijurídico.

Así las cosas, se abordará el análisis de los restantes elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, para establecer si el daño antijurídico resulta imputable o no a la administración.

En primer lugar, la Sala, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso, tiene por establecido que la lesión que sufrió Yessica María Ospina Libreros en el ojo derecho ocurrió dentro de las instalaciones del centro docente “San Judas Tadeo”, durante la jornada escolar, a la hora del descanso y en medio de un juego entre compañeros, es decir, la menor se encontraba bajo la custodia del establecimiento educativo, de suerte que, en los términos del comentado artículo 2347 del Código Civil, éste era garante de la estudiante y debía procurar por su vigilancia, cuidado y protección, desde el ingreso a la institución educativa y hasta cuando finalizara la jornada escolar, momento este último en que se supone retornaría a su hogar.

Conforme al material probatorio resulta claro que el departamento del Valle del Cauca, encargado del centro docente “San Judas Tadeo”, incurrió en una falla en el servicio, por omisión de los deberes a su cargo (vigilancia, cuidado y protección), por cuanto el hecho dañoso se materializó por descuido de los miembros del personal docente y directivo, quienes dejaron a los menores solos durante la jornada escolar.

En efecto, resulta reprochable que en el lugar donde jugaban los niños —patio del recreo, parte noroccidental de la planta física— no había ningún docente o directivo que supervisara la actividad de aquellos, al punto que, respecto de las condiciones en las que se produjo el daño, en el proceso obran tres versiones distintas, ninguna de las cuales fue depuesta por alguno de los trabajadores (profesor o directivo) de la institución docente, pues fueron sólo los menores quienes presenciaron el insuceso y relataron lo acontecido, todo lo cual indica que no había ningún profesor vigilando los actos de estos en ese momento.

Se precisa que, si bien los alumnos desplegaron una maniobra imprudente, consistente en manipular, durante un juego, un objeto contundente que, por su naturaleza, representaba riesgo para su integridad personal, lo cierto es que los niños de tercer año de primaria —cuando ocurrieron los hechos, Yessica María pertenecía a ese grado y estaba acompañada por sus compañeros de curso— no tienen la capacidad suficiente para discernir o dimensionar cierto tipo de riesgos, razón por la que el deber de cuidado de los centros educativos, por conducto de los docentes o directivos, debe maximizarse, con el fin de que haya un “control efectivo de los alumnos”, para que no se presente ningún tipo de daños, como aquel que se materializó en este caso.

Una advertencia para que no jugaran con ese tipo de objetos hubiera sido una conducta esperaba por parte de las personas vigilantes de los actos de los menores, aunque lo ideal hubiera sido impedir que jugaran con un objeto de esa naturaleza; sin embargo, tal conducta no se presentó, por cuanto ningún docente o directivo se encontraba presente en el lugar donde se produjo la lesión, algunos de ellos —incluso— realizaban otras funciones, tales como repartir los refrigerios (fl. 29, cdno. 2), mientras que otra docente “la encargada de la disciplina” hacía rondas de vigilancia (fl. 108, cdno. 2), las cuales, en todo caso, no se desplegaron en el lugar donde ocurrió la lesión, sino que se encontraban concentradas en el lugar de los juegos mecánicos (ibíd.).

Por otra parte y como ya se vio, siendo el establecimiento educativo garante de los alumnos a su cargo, este, con el objeto de hacer cesar la responsabilidad que se le atribuye, debió probar que actuó con “absoluta diligencia” o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima, supuestos que no se configuraron en este evento, pues, en primer lugar, se advierte que, a pesar de las medidas preventivas que adoptó el centro docente (consistentes en que en las reuniones de núcleo la directora hacía “énfasis en el cuidado de los alumnos” y advertía “constantemente” sobre el buen comportamiento y trato entre compañeros) y de tener organizados comités de vigilancia, ni aquellas ni estos fueron suficientes o no funcionaron eficientemente, pues, como se observó, hubo un descuido por parte de los profesores que permitió la materialización del daño.

Por otra parte, nada indica que el daño se produjo por un evento de fuerza mayor o caso fortuito, en tanto era un hecho previsible y, por lo mismo, no podía tornarse irresistible que los menores, en medio de un juego entre niños, manipularan un objeto con el que pudieran causarse daño, por lo que era una conducta esperada que quienes los tenían a cargo ejercieran sobre aquellos el máximo de cuidado y vigilancia, evitando que jugaran con esa clase de objetos.

Indiscutiblemente, las circunstancias indicadas contribuyeron a la producción del hecho dañoso y determinaron su ocurrencia; en otras palabras, queda claro que las autoridades institucionales incumplieron su deber de cuidado o control efectivo y no acreditaron que hubieran actuado con absoluta diligencia ni que el hecho se hubiera concretado por una causa extraña, exonerativa de responsabilidad, razones por las que el daño antijurídico resulta imputable al Estado y, en consecuencia, indemnizable, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Vistas así, las cosas se revocará la sentencia recurrida y, su lugar, se declarará la responsabilidad que se predica del demandado, departamento del Valle del Cauca.

En lo que respecta al Ministerio de Educación, la Sala encuentra que ninguna responsabilidad le resulta atribuible, pues el centro docente “San Judas Tadeo”, de conformidad con la certificación suscrita por la secretaría del Valle del Cauca, estaba administrado por el departamento del Valle del Cauca(51), entidad territorial que se encargaba de la inspección y vigilancia de la calidad educativa de los centros docentes departamentales(52); además, ninguna conducta suya intervino en la materialización del daño por el cual se depreca la responsabilidad del Estado.

V. Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

Por la lesión de Yessica María Ospina Libreros, concurrieron al proceso, además de la lesionada, Marco Aurelio Ospina Muñoz y Alba Lucía Libreros Rendón, quienes alegaron la calidad de padres, Jonathan Ospina Libreros, en calidad de hermano, Juan Pablo Ospina Sánchez, Mariela Muñoz De Ospina, José Dolores Libreros y María del Socorro Rendón de Libreros, en calidad de abuelos y, por último, Jaime de Jesús Ospina Muñoz, quien alegó la calidad de tío. Dadas las referidas calidades, solicitaron la cantidad equivalente en pesos a 2.000 gramos oro, para cada uno(53).

En el proceso se encuentra acreditada, en primer lugar, la lesión en el ojo derecho que sufrió Yessica María, la cual, según la historia clínica, consistió en una “… lesión a nivel corneal con ulceración de ésta (sic) y ceguera total”(54), luego de sufrir “… trauma en el ojo derecho con objeto contundente”(55), con diagnóstico consistente en “herida penetrante ojo derecho, estallido, pérdida contenido ocular”(56).

Por otra parte, se acreditó que Marco Aurelio Ospina Muñoz y Alba Lucía Libreros Rendón son los padres de Yessica María Ospina Libreros, según el registro civil de nacimiento de esta(57) y que Jonathan Ospina Libreros es su hermano, conforme a lo que consta en los registros civiles de nacimiento de este último y de la lesionada(58). También, está probado que Juan Pablo Ospina Sánchez y Mariela Muñoz de Ospina son abuelos paternos de la lesionada, según el registro civil de nacimiento del padre de esta, Marco Aurelio Ospina Muñoz(59), y que José Dolores Libreros y María del Socorro Rendón de Libreros son sus abuelos maternos, conforme consta en el registro civil de nacimiento de la madre de la lesionada, Alba Lucía Libreros Rendón(60).

Respecto del demandante, Jaime de Jesús Ospina Muñoz, la Sala encuentra acreditada la calidad de tío paterno de la menor Yessica María, conforme se infiere de su registro civil de nacimiento(61); además, según lo muestran los elementos de juicio, entre el tío y la sobrina existen fuertes lazos de solidaridad y cercanía, ya que, dicen los testimonios, “… un tío de élla (sic) se llama Jaime Ospina que es como si fuera más que el papá de la niña Jésica (sic) Ospina Libreros... los dos hermanos o sea Marco Aurelio y Jaime Ospina, son muy unidos, debido a ésto (sic) a la unidad de estas personas el tío más que todo es muy allegado a la niña, la quiere mucho, la consciente (sic), porque él es como si fuera el papá de ella, debido a la situación que la niña pasó… el señor Jaime se ha consentizado (sic) más en la niña…”(62), “… incluso el tio (sic) de ella le ha colaborado por que (sic) el (sic) es muy allegado a la niña”(63), “… el tío Jaime, que es como su segundo papá la lleva a pasear en el carro”(64).

A lo dicho en el párrafo que antecede se agrega que la sección de siquiatría del Instituto Nacional de Medicina Legal, en la entrevista siquiátrica practicada a la menor, señaló: “Convive con el tío paterno quien le provee económicamente para continuar sus estudios, según refiere el tío que la acompaña por acuerdo con los padres de la menor, a quien ella a pesar de la convivencia con el tío, sigue evaluándo (sic) como las figuras materna y paterna respectivamente (sic)”(65).

Asimismo, los elementos de juicio son claros en indicar el impacto emocional y psicológico que padecieron la menor y su núcleo familiar, con ocasión de la lesión; así, los testimonios dan cuenta de que “… esa familia está destrozada… Que la familia se mantiene muy aburrida, la niña casi no va al colegio se burlan de ella”(66), “… yo fui al hospital a ver a la niña y ahí fue que ví (sic) lamentablemente a la niña, la vista la tenía tapadita y entonces ahí (sic) donde las familias lamentablemente lloraban angustiadas… debido a eso la niña ya no es alegre como antes porque élla (sic) siempre mantiene acomplejada”(67), “… la niña se siente como apenada por la cuestión del ojo, uno vá (sic), y por ejemplo vá (sic) a la casa de élla (sic) y la niña se esconde porque le da pena…”(68), “… el papá y la mamá se ven muy tristes, el tío Jaime también, los abuelos también, ya no hay como la misma alegría en esa casa, prácticamente todo eso cambió a raíz del accidente...”(69).

En la misma línea, la sección de siquiatría indicó que, “Con relación a los hechos la menor hace una descripción somera de los mismos, realiza minimización como mecanismo defensivo… para defenderse del impacto emocional que implica hablar al respecto… Su autoconcepto es vulnerable a la crítica de los demás… La menor… presentó un cuadro ansioso de carácter reactivo y asociado al proceso de pérdida de la visión y al efecto de su estética facial”(70).

Es del caso precisar que, en lo que atañe al reconocimiento de perjuicios morales, por lesiones corporales, la Sala ha dicho que este perjuicio se presume respecto del afectado directo del daño y de su grupo familiar más cercano y que la intensidad de la lesión (leve o grave) permitirá graduar el monto de la indemnización(71).

En esas condiciones, la Sala condenará a pagar a favor de Yessica María Ospina Libreros, Marco Aurelio Ospina Muñoz, Alba Lucía Libreros Rendón y Jaime de Jesús Ospina Muñoz, la suma de (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, dadas sus calidades de lesionada directa del daño, padres y tío (respecto de este último, se tiene en cuenta también, para determinar el monto de la condena a su favor, su estrecha relación con Yessica María) y la suma de (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Jonathan Ospina Libreros, Juan Pablo Ospina Sánchez, Mariela Muñoz de Ospina, José Dolores Libreros y María del Socorro Rendón de Libreros, para cada uno, en atención a sus calidades de hermano y abuelos de Yessica María.

Perjuicios materiales

a. Daño emergente pasado

Se solicitó, a favor de Marco Aurelio Ospina Muñoz, el daño emergente “pasado”, en atención a “… los gastos que ha tenido que efectuar… con ocasión a la novedad física presentada en su hija Jésica (sic) María Ospina Libreros. Se incluyen como tales: atención de urgencias, consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, hospitalización, exámenes especializados, medicamentos, tratamientos, etc.”(72).

En este punto, la Sala debe señalar que el actor, teniendo la carga de la prueba —en los términos del artículo 177 del C. de P.C.— no acreditó los gastos a los cuales alude y si bien, a folio 96, obra una comunicación remitida por el coordinador del área financiera del Hospital Tomás Uribe Uribe, en la que informa que “… los gastos ocasionados con la estancia y los diferentes procedimientos efectuados a la menor YESICCA (sic) MARÍA, ascendieron a la suma de $ 689.112”, lo cierto es que nada indica que esa suma haya sido sufragada por el demandante; por el contrario, se observa que el costo de los servicios médicos dispensados por esa institución se efectuó con cargo al POS (plan obligatorio de salud)(73).

b. Daño emergente futuro.

Por otra parte, se solicitó el reconocimiento del daño emergente “futuro”, a favor del señor Marco Aurelio Ospina Muñoz, “Determinado por los gastos que deberá realizar el progenitor del vástago lesionado, en procura de contrarrestar el deterioro en su salud: Medicamentos que deba consumir futuramente (sic), intervenciones quirúrgicas posteriores, exámenes especializados, asistencia de psicólogo en búsqueda de su rehabilitación anímica y adaptación social, etc.”(74).

Al respecto, es del caso precisar que, en aplicación del principio de “reparación integral” (L. 446/98, art. 16), el perjudicado de un daño atribuible al Estado debe quedar indemne, en lo posible, de ese daño antijurídico, es decir, debe ser resarcido por todos los perjuicios que haya experimentado y por aquellos que con relativa certidumbre puedan establecerse hacia el futuro(75).

Así, en este evento, dada la naturaleza de la lesión —afectación del órgano de la visión—, que le produjo a Yessica María secuelas físicas (las que la misma entidad de la lesión implica) y sicológicas (las que refiere la unidad de siquiatría de Medicina Legal, cuando indica que la menor requiere seguimiento sicológico, para el “proceso de enfrentamiento a las secuelas de los hechos sobre su autoconcepto y sobre su funcionamiento social e interpersonal”)(76), la Sala encuentra que el perjuicio deprecado se concreta con relativa certidumbre, razón por la que resulta indemnizable.

En esa perceptiva, como la lesión ocurrió el 10 de junio de 1997 es posible inferir que en la actualidad alguno o algunos de los procedimientos a los que alude la pretensión indemnizatoria pudieron haberse dispensado, de forma que, para concretar el alcance de la condena, resulta procedente delimitar dos periodos indemnizables; así:

i) El que se causó desde la fecha de presentación de la demanda (18 de febrero de 1998) hasta la fecha de esta sentencia. Para su cálculo y como quiera que no se cuenta con los elementos de juicio necesarios, la Sala condenará en abstracto, al departamento del Valle del Cauca, al pago del perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, en suma que se determine mediante incidente que se sujetará a lo establecido en los artículos 172 del Código Contencioso Administrativo y 135 y ss. del Código de Procedimiento Civil. Para esos efectos, se deberán tener el cuenta los gastos en los que incurrió la parte demandante (cualquiera de los demandantes), durante ese periodo indemnizable, por concepto de los “Medicamentos”, las “intervenciones quirúrgicas”, los “exámenes especializados” y la “asistencia de psicólogo”, efectivamente sufragados, para contrarrestar el deterioro en la salud de Yessica María, con ocasión de la lesión en el ojo derecho (a la que alude esta demanda), gastos que, en todo caso, el demandante que los alegue deberá probar suficientemente.

ii) El que se causará a futuro, a partir del día siguiente a la fecha de esta sentencia, consistente en los “medicamentos”, las “intervenciones quirúrgicas”, los “exámenes especializados” y la “asistencia de psicólogo” que deban dispensarse a Yessica María para “contrarrestar el deterioro en su salud”, con ocasión de la lesión en el ojo derecho (a la que alude esta demanda). Para el efecto, la Sala condenará en abstracto, al departamento del Valle de Cauca, a dispensar los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, los exámenes especializados y el seguimiento sicológico que requiera Yessica María Ospina Libreros, en procura de contrarrestar el deterioro que en su salud le produjo la lesión en el órgano de la visión, mediante incidente que se sujetará a lo establecido en los artículos 172 Código Contencioso Administrativo y 135 y ss. del Código de Procedimiento Civil, según lo determine un equipo interdisciplinario integrado por un médico general, un oftalmólogo, un optómetra y un sicoterapeuta (sicólogo o siquiatra), designados por el tribunal a quo.

c. Lucro cesante.

Se solicitó este perjuicio, a favor de la lesionada directa, en los siguientes términos: “Está representado por la pérdida de la capacidad laboral futura de JESICA (sic) MARIA OSPINA LIBREROS en atención a la perturbación funcional aparecida como secuela de la lesión. Si bien la menor, no era productiva para el momento de resultar lesionada, aunque la realidad nacional indique que nuestros niños desde temprana edad laboran, al llegar a su mayoría de edad, habrá de buscar su propio sustento para lo cual deberá proveerse un trabajo remunerado”(77).

Por lo anterior, se observa que, dada la entidad de la lesión que afectó a Yessica María —alteración del órgano de la visión—, la misma resulta invalidante y, por lo mismo, indemnizable; así, la Sala, en aplicación del principio de reparación integral(78), encuentra procedente acceder al lucro cesante solicitado, el cual se calculará en los períodos consolidado y futuro.

En esas condiciones, como no se cuenta con los elementos de juicio necesarios para calcular el valor del lucro cesante, en aplicación de las fórmulas matemáticas empleadas por esta corporación para esos efectos, la Sala condenará en abstracto al departamento del Valle del Cauca a pagar el lucro cesante consolidado y futuro, a favor de Yessica María Ospina Libreros, en la suma que se determine mediante incidente, que se sujetará a lo establecido en los artículos 172 del Código Contencioso Administrativo y 135 y ss. del Código de Procedimiento Civil. Para los fines pertinentes, deberán tenerse en cuenta los siguientes parámetros:

— Para el cálculo del valor del lucro cesante consolidado, se tomará como periodo indemnizable el comprendido entre la fecha en que Yessica María cumplió 18 años (17 de octubre de 2007)(79), en el entendido que se presume que a partir de esa edad una persona es laboralmente activa(80), y hasta la fecha de esta sentencia.

— Para el cálculo del valor del lucro cesante futuro, se tomará como periodo indemnizable el comprendido entre el día siguiente a la fecha de esta sentencia y la expectativa de vida probable de Yessica María, tomada desde la edad de 18 años, según la Resolución 0497 expedida por la Superintendencia Bancaria el 20 de mayo de 1997 y las normas que la aclaren, complementen o reformen, a este período indemnizable se le descontará el periodo que comprende el lucro cesante consolidado, pues este ya se indemnizó.

— El valor del ingreso base de liquidación corresponderá al salario mínimo legal vigente a la fecha de esta sentencia; pero, si se acredita debidamente que Yessica María percibe un ingreso más alto, se calculará con base en este.

— Al ingreso base de la liquidación se le deducirá el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral que la lesión le produjo a Yessica María Ospina Libreros, previa valoración médica de la junta regional de calificación de invalidez, con sede en Cali y se le adicionará el 25% que, se presume, percibía por concepto de prestaciones sociales. Es del caso precisar que si la pérdida de la capacidad laboral resulta igual o superior al 50%, esta debe ser entendida como una pérdida total de la capacidad laboral, es decir, equivalente al 100%, según el alcance que la jurisprudencia de la corporación le ha dado al artículo 38 de la Ley 100 de 1994.

c. (sic) Daño a la salud.

La parte actora solicitó en la demanda que se condenara a la parte demandada a pagar el equivalente a 4.000 gramos de oro, por concepto de perjuicio fisiológico, “… pues el afectado (sic) no podrá realizar algunas actividades que hacen agradable la existencia de cualquier ser humano. Indudablemente Jésica (sic) María Ospina Libreros con la pérdida del ojo derecho, además de la notoria disminución de la función, soporta y soportará una deformidad física propia a la lesión inferida, que obviamente le hará sentirse inferior a los demás en todas y cada una de las conductas que pretenda realizar cotidianamente en el seno social”(81).

Si bien la Sala, hasta hace poco, reconocía, bajo el concepto de “alteración a las condiciones de existencia”, los perjuicios inmateriales diferentes al perjuicio moral, en el sub lite se reconocerá dicho perjuicio bajo la denominación de daño a la salud, pues, de conformidad con la jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios cuando el daño provenga de una lesión corporal, toda vez que dicha denominación comprende toda la órbita psicofísica del sujeto y está encaminado a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de las personas(82).

Bajo esta perspectiva y en consideración a que el daño reclamado por la parte demandante proviene de una lesión física consistente en “lesión a nivel corneal con ulceración de ésta”, “estallido globo ocular derecho”, “ceguera total”(83), la Sala reconocerá a favor de Yessica María Ospina Libreros, por concepto de daño a la salud, la suma de (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Llamamiento en garantía

En el proceso, el demandado —departamento del Valle del Cauca— llamó en garantía a las señoras Cenaida Martínez González y Elizabeth Díez Ávila, quienes para la fecha de los hechos fungían como directora de grupo y directora del centro docente “San Judas Tadeo”.

Al respecto, se precisa que, como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que, “… en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”. Por su parte, los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo y 56 y 57 del Código de Procedimiento Civil, normas que encuentran desarrollo en la Ley 678 de 2001, establecen que: i) los funcionarios serán responsables por los daños que causen, por culpa grave o dolo, en el ejercicio de sus funciones y ii), que cuando prospere la demanda contra una entidad pública, la sentencia dispondrá sobre la responsabilidad del funcionario que ha sido llamado y vinculado al proceso.

Sobre el particular, esta Sección(84) se ha pronunciado así:

“El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 C.P., encuentra hoy su desarrollo en la Ley 678 de 2001, ‘por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición’. Esta ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hubiere dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercerá contra el particular que investido de una función pública hubiere ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

“(…)

“En el presente caso, los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, por manera que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el llamado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil:

‘Artículo 63, C.C. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

‘Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

‘(…)

‘El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

“(…)

“En consideración a lo anterior, la Sala(85) ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, exagentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aún así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo —actuación gravemente culposa—”.

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que si bien la causa eficiente del daño que dio lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado estuvo determinada por la conducta omisiva del establecimiento educativo, en la medida en que incumplió el deber de cuidado de los estudiantes que tenía a cargo, se advierte que tal descuido no constituyó una conducta prevalida de dolo o culpa grave por parte de las llamadas en garantía, quienes hacían parte del personal docente y directivo de la institución. Nada indica que aquéllas actuaron con la intención positiva de producir las consecuencias nocivas que se generaron, puesto que del material probatorio allegado no puede arribarse a tal consideración.

En esas condiciones, la Sala exonerará de responsabilidad a las señoras Cenaida Martínez González y Elizabeth Díez Ávila, por no reunirse los requisitos que exige la ley para la prosperidad de llamamiento en garantía formulado en su contra.

4. Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 31 de enero de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, se dispone:

1. DECLÁRASE responsable al departamento del Valle del Cauca, por las lesiones que sufrió Yessica María Ospina Libreros, en hechos ocurridos el 10 de junio de 1997.

2. En consecuencia, CONDÉNASE al departamento del Valle del Cauca a pagar, a título de indemnización, las siguientes sumas de dinero:

a. Por concepto de por perjuicios morales:

A favor de Yessica María Ospina Libreros, Marco Aurelio Ospina Muñoz, Alba Lucía Libreros Rendón y Jaime de Jesús Ospina Muñoz, la suma de (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

A favor de Jonathan Ospina Libreros, Juan Pablo Ospina Sánchez, Mariela Muñoz de Ospina, José Dolores Libreros y María del Socorro Rendón de Libreros, la suma de (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

El valor del salario mínimo legal mensual será el vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

b. Por concepto de daño a la salud, a favor de Yessica María Ospina Libreros, la suma de (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El valor del salario mínimo legal mensual será el vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

3. CONDÉNASE en abstracto al departamento del Valle del Cauca, por concepto de perjuicio material, en la modalidad de daño emergente pasado, a reintegrar, a favor de los demandantes que acrediten haberlas sufragado, las sumas de dinero correspondientes a los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, los exámenes especializados y el seguimiento sicológico que se le hubieren dispensado a Yessica María Ospina Libreros, para contrarrestar el deterioro que en su salud le produjo la lesión en el ojo derecho, sumas que se determinarán mediante incidente, en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia.

4. CONDÉNASE en abstracto al departamento del Valle del Cauca, por concepto de perjuicio material, en la modalidad de daño emergente futuro, a dispensar a Yessica María Ospina Libreros los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, los exámenes especializados y el seguimiento sicológico que se determinen mediante incidente, en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia.

5. CONDÉNASE en abstracto al departamento del Valle del Cauca, por concepto de perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, a pagar, a favor de Yessica María Ospina Libreros, la suma que se determine mediante incidente, en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia.

6. EXONERÁSE de responsabilidad a las llamadas en garantía.

7. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

8. Para el cumplimiento del fallo se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

9. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

10. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Suma que se obtiene de multiplicar por 4.000, el valor del gramo oro para la fecha de presentación de la demanda (24 de febrero de 1998), certificado por el Banco de la República y publicado a través de la página web www.banrep.gov.co esto es, $ 12.603.67.

(15) Decreto 597 de 1988, artículo 132. “Competencia de los tribunales en primera instancia… 10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas en los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de ($ 18.850.000)”. Cuantía prevista para el año de presentación de la demanda (1998).

(16) Expediente 14.869.

(17) Se reitera, entre otras, en sentencias del 19 de octubre de 2011, Expediente 20.135, del 19 de agosto de 2011, Expediente: 20.144, del 11 de mayo de 2011, Expediente 18.279 y del 23 de agosto de 2010, Expediente 16.627.

(18) Nota original de la sentencia citada: Mazeaud. Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, pág. 545.

(19) Sentencia del 19 de octubre de 2011, Expediente 20.135.

(20) Sentencia de 9 de febrero de 1996, Expediente 10.395.

(21) Sentencia del 19 de junio de 1997, Expediente 12.098.

(22) Sentencia de 28 de julio de 2005, Expediente 14.998.

(23) Sentencia del 19 de agosto de 2011, Expediente 20.144.

(24) Acta 018, que contiene las anotaciones de la reunión extraordinaria del 25 de junio de 1997 convocada por el centro docente “San Judas Tadeo”. Allí se refirió que esa versión de los hechos la relataron las menores que acompañaban a la menor Yessica María (fl. 106, cdno. 1).

(25) Ibídem.

(26) Ibídem.

(27) Folio 107, cuaderno 1.

(28) Según se registró en la misma acta, ibídem.

(29) Ibídem.

(30) Ibídem.

(31) Folio 108, cuaderno 1.

(32) Folio 28, cuaderno 2.

(33) Ibídem.

(34) Folios 29, cuaderno 2.

(35) Ibídem.

(36) Folio 30, cuaderno 2.

(37) Ibídem.

(38) Folio 32, cuaderno 2.

(39) Ibídem.

(40) Folio 32 rvso, cuaderno 2.

(41) Folio 33, cuaderno 2.

(42) Según Rubiela Garzón, folio 28 rvrso.

(43) Según Nubia Montoya, folio 33.

(44) Según Lucy Cruz Valencia, folio 30 rvso.

(45) Historia clínica remitida por la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe (Tuluá - Valle), folio 97 a 112, cuaderno 5.

(46) Ibídem.

(47) Folio 96, cuaderno 5.

(48) Folio 102, cuaderno 5.

(49) Folios 159 a 166, cuaderno 5.

(50) Según la historia clínica, consistente en una “lesión a nivel corneal con ulceración de ésta (sic) y ceguera total” (fl. 97).

(51) Folio 15, cuaderno 1.

(52) Folio 4, cuaderno 4.

(53) Folio 21, cuaderno 1.

(54) Historia clínica remitida por la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe (Tuluá - Valle), folio 97 a 112, cuaderno 5.

(55) Ibídem.

(56) Folio 96, cuaderno 5.

(57) Folio 5, cuaderno 1.

(58) Folio 5 y 7, cuaderno 1.

(59) Folio 10, cuaderno 1.

(60) Folio 13, cuaderno 1.

(61) Folio 11, cuaderno 1.

(62) Ver testimonio de Luzmila Ortiz Rodríguez, folio 145 rvso., cuaderno 5.

(63) Ver testimonio de Ana Carolina López, folio 147, cuaderno 5.

(64) Ver testimonio de Blanca Viviana Mesa, folio 157 rvso.

(65) Folio 165, cuaderno 5.

(66) Folio 144 rvso.

(67) Folio 146, cuaderno 5.

(68) Folio 157 rvso.

(69) Folio 158, cuaderno 5.

(70) Folios 165 y 166, cdno. 5

(71) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de octubre de 2008, Expediente 17486, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Reiterada entre otras por la sentencia de noviembre 19 de 2008, Expediente 28259, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(72) Folio 18, cuaderno 1.

(73) Folio 97, cuaderno 5.

(74) Ibídem.

(75) De Cupis Adriano. Bosch. “El Daño, Teoría General de la Responsabilidad Civil”. Casa Editorial. Imprenta Universitaria de Bogotá, 1996.

(76) Folio 166, cuaderno 1.

(77) Folio 19, cuaderno 1.

(78) Sentencia de 1º de octubre de 2008, Expediente 27.268.

(79) Según el registro civil de nacimiento visible a folio 5 del cuaderno 1, Yessica María Ospina Libreros nació el 17 de octubre de 1989.

(80) Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente: 13121. Actor: Álvaro Luis Alcocer y otros.

(81) Folio 21, cuaderno 1.

(82) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 38.222.

(83) Folio 99, cuaderno 5.

(84) Sentencia del 9 de junio de 2010, Expediente 18157, actor: Luis Pinchao y otros.

(85) Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, Expediente 23049.