Sentencia 1998-00173 de enero 30 de 2013

 

Sentencia 1998-00173 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 18001-23-31-000-1998-00173-01 (24583)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: José Luis García Díaz

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que denegó las pretensiones, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(5), para que esta Sala conozca de la segunda instancia, en el asunto de la referencia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

De acuerdo con el recurso de apelación referido, la Sala deberá determinar si la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es responsable del daño alegado en la demanda, consistente en las lesiones sufridas por el señor José Luis García Díaz, como consecuencia de los disparos propinados por miembros del Ejército Nacional, en el momento en que los uniformados impidieron el paso de una marcha campesina que se dirigía a la ciudad de Florencia (Caquetá), lo que generó un enfrentamiento entre la fuerza pública y la población civil.

Debe en consecuencia la Sala entrar a analizar el daño y los hechos probados, con miras a establecer si aquel resulta imputable a la acción u omisión de la entidad pública accionada, pues, de ser ello así, las pretensiones de reparación deberán prosperar.

2.2.1. Daño.

Está demostrado que el 22 de agosto de 1996, el señor José Luis García Díaz ingresó al servicio de urgencias del Hospital María Inmaculada ESE ubicado en Florencia, Caquetá, por presentar “herida por arma de fuego en infraclavícula lado derecho” (fls. 11 y 12, cdno. 2) y que permaneció en ese centro asistencial hasta el día 27 del mismo mes (fl. 11, cdno. 2), pues así consta en la historia clínica del mencionado señor (fls. 11 a 31, cdno. 2) remitida al a quo el 14 de octubre de 1998 por el hospital aludido (fl. 10, cdno. 2), a solicitud de la parte demandante (cfr. fl. 9, cdno. 1) y en virtud de lo dispuesto en auto proferido el 18 de septiembre de ese año (fls. 30 y 31, cdno. 1).

En el plenario está probado, además, que como consecuencia de la lesión sufrida, el señor García Díaz perdió el 45% de su capacidad laboral, como quiera que de ello da cuenta el Oficio 2460 M.L. dirigido al tribunal el 13 de diciembre de 1999 por la división de empleo y medicina laboral de la dirección regional de trabajo y seguridad social - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fl. 108, cdno. 2), documento en el que se lee:

“He examinado al señor José Luis García Díaz, de 24 años de edad, natural de Puerto Asís, profesión motorista, estudios primaria y de acuerdo con el estudio del resumen de la historia clínica puedo certificar que presenta:

Deformidad física infraclavicular derecha que ocasiona perturbación funcional del órgano de la respiración (fibrosis restrictiva).

Lo anterior le produce:

Deficiencia:22.50%
Discapacidad:9.00%
Minusvalía:13.50%
Total de invalidez:45.00%

De acuerdo con el Decreto 692 de 1995”.

En virtud de lo expuesto, pasa la Sala a determinar si el daño objeto de reproche es imputable a la Nación y, por tanto, a resolver si es menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.2.2. Imputación. Hechos probados.

2.2.2.1. A raíz de la situación de orden público por la que atravesaban los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, en razón de las medidas para contrarrestar los cultivos ilícitos en la región, el Gobierno Nacional, en asocio de los gobernadores de la zona, adoptó instrumentos preventivos y ofensivos para evitar, controlar y vigilar los movimientos sociales de protestas y, de esta forma, proteger a la población civil.

Se conoce también que mediante el Decreto 717 de 1996 “Por el cual se dictan unas medidas tendientes a la preservación del orden público”(6), el Presidente de la República, en desarrollo del Decreto 208 del mismo año, prorrogó el Estado de conmoción interior declarado por el Decreto 1900 de 1995(7), el que dispuso la creación de “zonas especiales de orden público” definidas como “áreas geográficas en las que con el fin de restablecer la seguridad y la convivencia ciudadanas afectadas por las acciones de las organizaciones criminales y terroristas, sea necesaria la aplicación de una o más (...) medidas excepcionales” (art. 1º) tales como la restricción del derecho de circulación y residencia por medio de “toques de queda, retenes militares, indicativos especiales para la movilización, salvoconductos, comunicación anticipada a esta de desplazamiento fuera de la cabecera municipal” (art. 3º) y “la suspensión de los permisos de porte de armas de fuego” (art. 4º).

Con base en el Decreto 717 de 1996, el 13 de mayo del mismo año, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 871(8), por el cual delimitó como zona especial de orden público “el área geográfica de la jurisdicción de todos los municipios que pertenecen a los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá” (art. 1º), al observar que “las organizaciones criminales y terroristas han concentrado sus aparatos de fuerza en orden a desestabilizar la seguridad y convivencia ciudadanas” en esos departamentos, “haciéndose necesario aplicar medidas específicas para conjurar las causas de perturbación de orden público e impedir la extensión de sus efectos”.

En correspondencia con los decretos citados, el departamento de Caquetá dispuso, a través del Decreto 841 del 31 de mayo 1996(9), que mientras se encontrara vigente la declaratoria del Estado de conmoción interior, quedaban prohibidas las marchas campesinas, para el efecto, las promovidas entre los meses de junio y septiembre del mismo año por pequeños cultivadores de coca, como respuesta a la política de fumigación de los cultivos ilícitos impulsada por el Gobierno Nacional(10), situación que alteró el orden público en la región(11), pues los campesinos pretendieron llegar, desde varios puntos del sur del país, a la ciudad de Florencia, con el objeto de entablar un diálogo con las autoridades para detener las fumigaciones y negociar la sustitución de las siembras(12).

En este sentido, a la luz de lo precedente y en correspondencia con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la Sala considera que, tal y como lo señaló el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá en la sentencia recurrida, la alteración del orden público en la zona para la fecha de los hechos de que da cuenta la demanda se encuentra demostrada, al igual que las medidas para conjurar la situación, de donde, con fundamento en el decreto expedido por el departamento del Caquetá prohibiendo las marchas campesinas, no queda sino concluir sobre la notoriedad de las mismas(13).

2.2.2.2. El acervo probatorio indica que el 22 de agosto de 1996 el señor José Luis García Díaz resultó lesionado en el marco del enfrentamiento entre la fuerza pública y los campesinos marchantes hacia el municipio de Florencia (Caquetá), comoquiera que los miembros del Ejército Nacional, adscritos al Batallón Juanambú de dicha municipalidad, impedían el paso de la movilización y los campesinos insistían en proseguir al sitio de reunión.

Ahora bien, si bien las autoridades indagadas sobre los hechos no dieron cuenta de las lesiones padecidas por el actor, con ocasión del enfrentamiento antes mencionado, en el plenario existe documentación clara y precisa que así lo demuestra. Lo primero, como quiera que aunque la Cuarta División de la Décimo Segunda Brigada, la unidad de fiscalías, el juzgado sesenta y ocho de instrucción penal militar, el Batallón de Infantería Nº 35 y Medicina Legal no lo reportaron, como se verá, acorde con la historia clínica y los informes de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, los hechos relacionados en la demanda efectivamente ocurrieron.

Mediante Oficio 3168 de 6 de octubre de 1998, la Cuarta División de la Décimo Segunda Brigada del Batallón de Infantería Juanambú Nº 34 señaló que “... en los archivos del comando del Batallón de Infantería Nº 34 Juanambú no reposa investigación alguna sobre los hechos en los cuales resultara lesionado el señor Luis García Díaz. En razón de que el sitio Santuario es jurisdicción del Batallón de Infantería Nº 35 Héroes del Guepi, por tal motivo debe dirigir su oficio a esa unidad (original, fl. 9, cdno. 2).

Empero, aunque el Juzgado Sesenta y Ocho de Instrucción Penal Militar de Larandia (Caquetá), el Batallón de Infantería Nº 35 “Héroes de Guëpi” y la dirección seccional de fiscalías del Caquetá - unidad local de fiscalías de Florencia - fiscalías primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava informaron al a quo que entre el 7 y el 19 de octubre de 1998, en esos despachos no se adelantó investigación por el hecho punible de que fue víctima el señor García Díaz y la procuraduría regional de Florencia dio cuenta al a quo de no haber adelantado investigación disciplinaria por los hechos ocurridos el 22 de agosto de 1996 en el sitio denominado Santuario, jurisdicción del municipio de La Montañita, la Procuraduría General de la Nación informó que se adelantó investigación disciplinaria en contra del BG Néstor Ramírez Mejía, “... quien en su condición de comandante encargado de la Cuarta División del Ejército Nacional, con sede en Villavicencio, dispuso dinamitar dos tramos de la carretera que del municipio de El Retorno conduce a San José del Guaviare, en razón de los hechos ocurridos entre el 16 y el 21 de julio de 1996, con ocasión de la marcha campesina organizada por agricultores de la región”, a la vez que informó sobre la existencia de cuatro acciones disciplinarias que guardan relación con hechos irregulares cometidos por la Fuerza Pública, en razón de la movilización adelantada en el departamento del Caquetá entre junio y septiembre de 1996 (originales, fls. 53-60, cdno. 2 y 205, 242, 244, 255-256 y ss., cdno. ppal.).

De donde se colige que sin perjuicio de lo afirmado por la Cuarta División del Ejército Nacional, la institución sí actuó en contra de los marchantes para la época de los hechos.

Mediante Oficio 971 de 17 de abril de 1999, el Batallón de Infantería Nº 35 “Héroes del Guepi” dio cuenta al tribunal de que “[r]evisados los archivos de esta unidad, no se halló anotación alguna relacionada con los hechos que se refiere la alta corporación, bajo el punible de lesiones personales agotado en la persona del particular José Luis García Díaz. Así mismo, para el día 28 de julio de 1996 no se encontró ninguna anotación donde se ordenara el desplazamiento de tropas del Batallón de Infantería Nº 35 ‘Héroes del Guepi’ hacia Santuario, o que hubiese tropa para esta fecha en ese sector (original, fl. 79, cdno. 2).

En el Oficio 2619 de 7 de octubre de 1998, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - seccional Caquetá, dio cuenta de que “... revisado el libro radicador de pacientes atendidos en esta Seccional, no aparece registrado el nombre del señor José Luis García Díaz” (original, fl. 8, cdno. 2).

No obstante lo anterior, luego del recaudo de la prueba de oficio decretada en la actuación de segunda instancia, la Sala concluye que el señor José Luis García Díaz resultó herido en el enfrentamiento entre la Fuerza Pública y los campesinos, en las marchas referidas. Sobre el particular, en el expediente reposa información que así lo indica.

Primeramente, la historia clínica aportada al proceso por el Hospital María Inmaculada de Florencia Caquetá, conforme a la cual el señor José Luis García ingresó a este centro asistencial el 22 de agosto de 1996, con herida con arma de fuego en la región del hemitorax derecho, según da cuenta el registro de admisión:

“Detalle

(...).
Paciente que viene de la marcha por HPAF [herida por proyectil de arma de fuego].
Paciente relata que durante el enfrentamiento en el Santuario sufrió HPAF [herida por proyectil de arma de fuego] en región infraclavicular lado derecho sitio de entrada y orificio de salida lado posterior de hemitorax derecho” (destacado fuera del texto, fl. 12, cdno. 2).

Así mismo, mediante Oficio 6003 de 5 de septiembre de 2012 (original, fl. 206, cdno. ppal.) la Defensoría del Pueblo del municipio de Florencia dio cuenta de que el señor José Luis García Díaz resultó lesionado en las marchas campesinas del día 22 de agosto de 1996 y, para tales efectos, allegó al plenario la siguiente documentación:

a) Boletín de prensa Nº 002, 003 y 005 de la fecha en mención, mediante el cual el Hospital María Inmaculada de Florencia informó a la opinión pública que “el día 22 de agosto de 1996 atendió en sus instalaciones de urgencias a las 2:00 p.m.” a varias personas “procedentes de la inspección de Santuario jurisdicción del municipio de La Montañita”, con heridas causadas con arma de fuego, quienes fueron hospitalizados “por traumas a consecuencias (sic) de los disturbios en las marchas campesinas y manifestaciones en Florencia”, entre los que se encuentra el señor José Luis García, de 23 años de edad, quien presentaba una lesión en el hemitorax derecho (fls. 218-223, cdno. ppal.).

b) Comunicado de la personería del municipio La Montañita en donde consta que el 22 de agosto de 1996, “... a eso de las 9:30 a.m. se presentó un nuevo enfrentamiento entre los miembros de la fuerza pública y los campesinos marchantes que se desplazaban a la ciudad de Florencia. Los heridos que fueron recogidos y trasladados a la Montañita son los siguientes: (...) 6. José Luis García (...). De los señores mencionados, algunos presentan contusiones y otros heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, los más graves remitidos al Hospital María Inmaculada de Florencia” (destacado fuera de texto, fl. 224, cdno. ppal.).

c) Recorte de prensa del periódico La Nación del departamento del Caquetá, en su emisión del 23 de agosto del año en mención, registró la siguiente noticia:

“Santuario, zona de guerra

Autoridades y líderes campesinos propusieron una zona de distensión para facilitar las conversaciones.

Un campesino murió y 12 más resultaron heridos en nuevos enfrentamientos entre campesinos y la fuerza pública, cuando los manifestantes intentaron ayer nuevamente atravesar el puente sobre el río San Pedro, en la inspección de Santuario, Caquetá.

Los labriegos se enfrentaron a unidades antimotines de la Policía y a las fuerzas especiales, destacadas por el Ejército. Varias bombas incendiarias fueron lanzadas contra los escuadrones de la Policía y del Ejército que ejercen un fuerte control en la zona. Los labriegos devolvieron varias bombas lacrimógenas.

(...).

Balance

Al finalizar la tarde en Florencia se conoció como balance de los hechos una persona muerta y otras 12 heridas. Los heridos fueron identificados como Ángel María Rojas de 22 años, Emir Galindo Rivera de 33 años, José Luis García de 23 años, Aníbal Mancilla de 32 años, Ferney Delgado de 22 años, trasladado a Bogotá con trauma de columna cervical, Arnulfo Arias de 30 años, Luis Antonio Galindo de 34 años y José Soto Vanegas de 27 años, quienes se recuperan en el Hospital María Inmaculada de Florencia” (destacado fuera de texto, fls. 225-226, cdno. ppal.).

d) Oficio de 30 de agosto de 1996, a través del cual la defensoría del pueblo de Florencia informó al comité permanente para la defensa de los derechos humanos sobre las personas heridas y fallecidas con ocasión de los enfrentamientos de los campesinos con la fuerza pública, en hechos ocurridos durante los días 22 y 23 de agosto de 1996, entre los que se encuentra el señor José Luis García Díaz (fls. 238-240, cdno. ppal.).

e) Oficio 114946 de 14 de noviembre de 2012, mediante el cual la dirección ejecutiva de justicia penal militar del Ministerio de Defensa Nacional informó a esta corporación que en el juzgado treinta y siete (37) de instrucción penal militar se adelantó la investigación preliminar 302 contra personal orgánico del Baser, CIEC, Unase, compañía ASPC12, compañía ILO12, escuadrón “C” y BIJUA del Ejército Nacional, expediente en el que obran “dos boletines de prensa donde se relaciona al señor José Luis García Díaz como lesionado” y en el que se dictó auto inhibitorio de fecha 31 de marzo de 1997, comoquiera que “... en ningún momento se ha achacado a miembro alguno del Ejército Nacional la comisión de actos ilícitos y por el contrario se recibieron y reciben aún muestras de apoyo a la labor que en su momento se realizó” (original, fls. 258-259, cdno. ppal.).

2.2.3. Análisis del caso.

2.2.3.1. Derecho a la libertad de locomoción o circulación.

El artículo 24 de la Constitución Política dispone que “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de locomoción comprende “la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos”(14). Ha afirmado también que se trata de un derecho constitucional fundamental en consideración a la libertad —inherente a la condición humana—(15), que, al igual que el derecho a la vida, adquiere una especial importancia al constituir un presupuesto para el ejercicio de otros derechos y garantías, como es el caso del derecho a la educación, al trabajo o la salud(16).

Según lo ha expuesto dicha corporación(17), la libertad de locomoción puede verse afectada de manera directa, como cuando alguien impone alguna restricción de acceso a las vías(18) o al espacio público(19), o de manera indirecta, en atención a las condiciones y a la actividad que realiza la persona(20).

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha detenido en disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos en la materia. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de 1948 (art. 13), el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos —Ley 74 de 1968 (el art. 12)—, la Convención americana o Pacto de San José —Ley 16 de 1972 (art. 22)—, todos ellos referidos al derecho de locomoción, circulación y tránsito, que bien pueden restringirse, siempre que ello resulte necesario y proporcional para hacer prevalecer intereses públicos y los derechos y libertades de las demás personas(21).

La Corte Constitucional conoció de una acción de tutela instaurada por quienes se movilizaron en la zona del Catatumbo, concentrados en el municipio de El Zulia, porque las autoridades departamentales, municipales y la Fuerza Pública impidieron el desplazamiento de aproximadamente once mil campesinos, mediante la adopción de una serie de medidas administrativas, órdenes, procedimientos y operaciones materiales, tales como la utilización de obstáculos y retenes militares. Los demandantes alegaron la violación del derecho fundamental de circulación consagrado en la Constitución Política y en los tratados internacionales suscritos por Colombia. Precisaron, además, que las medidas y operaciones adoptadas por las autoridades accionadas, no estaban orientadas a ejercer vigilancia y control sobre la marcha campesina, para que esta se desarrollara en una forma pacífica, ni a brindar a las personas que hacían parte de ella condiciones de seguridad, sino a impedir que los campesinos ingresaran a la capital del departamento del Norte de Santander.

Sobre el petitum de la demanda, la Corte Constitucional consideró que el arribo simultáneo, tumultuoso y desordenado de aproximadamente once mil personas a la ciudad de Cúcuta, en la cual se venían presentando serias y preocupantes manifestaciones de alteración del orden público, indudablemente ponía en peligro las condiciones de la convivencia ciudadana, de suerte que la respuesta de las autoridades ante su posible agravamiento, resultaba no solo necesaria, sino además adecuada a la finalidad buscada, esto es, la seguridad y la salubridad no solamente de los habitantes de dicha ciudad sino de los propios integrantes de la marcha campesina(22).

En este orden de ideas, la Corte concluyó que el derecho fundamental de circulación puede ser limitado para evitar la comisión de infracciones de mayor entidad, relacionadas con el interés público, la seguridad nacional, el orden, la salud y los derechos y libertades personales, siempre que la restricción devenga en necesaria y la medida responda al ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política(23).

También la Corte Constitucional se ha referido a la posibilidad de restringir, cuando las circunstancias así lo exijan, el derecho de locomoción. En la Sentencia SU-257/97(24) se señala:

“(...).

Dicho de otra manera, la libertad en cuestión, según los términos del artículo 24 de la Carta, consiste en el derecho que tienen todos los colombianos de circular libremente por el territorio nacional, de entrar y salir de él, y de permanecer y residenciarse en Colombia, pero, como resulta del mismo texto normativo y de la jurisprudencia mencionada, ese calificativo de fundamental, dado a la indicada expresión de la libertad personal, no equivale al de una prerrogativa incondicional, pues el legislador ha sido autorizado expresamente para establecer limitaciones a su ejercicio, buscando conciliarla con otros derechos o con los principios rectores de todo el sistema. Ello, claro está, sin que tales restricciones supongan la supresión o el desvanecimiento del derecho fundamental, pues se entiende que no pueden desconocer su núcleo esencial. Es decir, el legislador no goza de la discrecionalidad suficiente como para llegar al punto de hacer impracticable, a través de las medidas que adopte, el ejercicio de tal libertad en su sustrato mínimo e inviolable”.

En el mismo orden de ideas, la Corte se pronunció en Sentencia T-532 de 1992:

“(...).

La vida en comunidad conlleva forzosamente el cumplimiento de una serie de deberes recíprocos por parte de los asociados, el primero de los cuales es el de respetar los derechos de los demás. De ello se desprende la consecuencia lógica de que el hombre en sociedad no es titular de derechos absolutos, ni puede ejercer su derecho a la libertad de manera absoluta; los derechos y libertades individuales deben ser ejercidos dentro de los parámetros de respeto al orden jurídico existente y a los valores esenciales para la vida comunitaria como son el orden, la convivencia pacífica, la salubridad pública, la moral social, bienes todos estos protegidos en nuestro ordenamiento constitucional. Por tal razón, dentro de un Estado social de derecho como el que nos rige, el interés individual o particular debe ceder al interés general, que es prevalente en los términos del artículo 1º de la Constitución Política. Todos los ciudadanos pues, individual y colectivamente, deben someterse en el ejercicio de sus derechos y libertades a la normatividad establecida, lo cual implica de suyo el aceptar limitaciones a aquellos”.

De lo anterior se concluye que los límites al derecho de locomoción, en lo que hace relación al orden público, en aspectos tales como la seguridad, salubridad y preservación o recuperación de la tranquilidad pública y la moralidad pública, encuentran su justificación en la necesidad de proteger los bienes jurídicos de los demás ciudadanos, considerados en forma individual y como comunidad.

2.2.3.2. Juicio de responsabilidad.

En 1996, dadas las políticas de erradicación de cultivos ilícitos, particularmente la aspersión aérea, habitantes de diversas regiones resolvieron adelantar las denominadas “marchas cocaleras”, en las que millares de campesinos se movilizaron por diversas zonas del país, con el propósito de denunciar una marginación histórica por i) habitar una región periférica en donde se echa de menos la presencia del Estado y ii) derivar su sustento de cultivos considerados ilegales, en regiones con presencia de grupos al margen de la ley(25).

“... el cultivo de la hoja de coca para uso comercial, que se inicia en el Caquetá a mediados de la década del setenta, abre un nuevo ciclo en el proceso colonizador (1980-2000). Atraídos por un cultivo permanente que garantiza su comercialización e ingresos en plazos de cuarenta y cinco días, llegan al departamento miles de personas provenientes de diferentes partes del país con el objetivo de obtener un beneficio económico. La dinámica del proceso colonizador, afectada por el fracaso del proyecto impulsado a través del Incora, con la decadencia del movimiento popular y la llegada masiva de nuevos ‘colonizadores’, sufre una transformación y desestabilización, no solo económica, sino social, cultural y política, por los efectos que produce una economía ilícita, basada en reglas de juego por fuera de la legalidad que terminan por imponerse. Nuevos frentes de colonización se abren en el departamento, esta vez, motivados por la expansión de los cultivos de coca.

El protagonismo del colono se empieza a desdibujar con la llegada de nuevos actores sociales de diferentes regiones del país, unos con el interés de invertir en la siembra, procesamiento y comercio del alcaloide a grande escala, otros, en busca de trabajo como raspadores, químicos, cocineras y pequeños comerciantes. Se crea una nueva mentalidad que gira alrededor de la coca, la cual empieza a competir con valores como el apego a la tierra, a la organización, al trabajo comunitario y a la familia.

(...).

En este contexto se ubican las llamadas marchas cocaleras de 1996, objeto de este artículo, motivadas inicialmente por la política de fumigaciones a los cultivos de coca por parte del Estado colombiano. Estas marchas, que tuvieron una duración de cuarenta y cinco días marcan otra etapa significativa en la historia que buscaría dialogar con el gobierno nacional para detener las fumigaciones y negociar la sustitución de los cultivos de coca.

Desde el principio, las posiciones entre el gobierno y los representantes de los cultivadores son opuestas. Para el gobierno, la erradicación y fumigación de los cultivos es innegociable y los cultivadores son considerados narcotraficantes. Los campesinos de su parte, vienen a negociar la sustitución, no como narcotraficantes, sino como cultivadores. El gobierno habla de erradicación total y definitiva sin sustitución. Los campesinos dicen que para erradicar, es necesario sustituir.

Si bien, sin la iniciativa de las FARC la movilización de cultivadores no se hubiera dado, es evidente que en todos sus participantes, había un claro rechazo a las políticas de fuerza del Estado”(26).

De acuerdo con la demanda incoada, el actor perdió el 45% de su capacidad laboral, en el marco del enfrentamiento con la Fuerza Pública, perteneciente al Batallón Juanambú de Florencia, el 22 de agosto de 1996, a la altura del lugar denominado Santuario, jurisdicción del municipio La Montañita, Caquetá, dado que los uniformados impedían el paso de los campesinos que pretendían acceder a la ciudad.

Aseguran los demandantes que los perjuicios que les fueron causados tuvieron origen en las medidas militares y de policía dispuestas para conjurar la situación, aserto que se sustenta en las pruebas allegadas a la actuación.

Efectivamente, el material probatorio da cuenta de que entre el 1º de agosto y el 18 de septiembre de 1996, se adelantaron movimientos campesinos provenientes de diferentes regiones del país, concretamente en el sur del departamento del Caquetá, en protesta contra las medidas de erradicación de cultivos ilícitos tomadas por el Gobierno Nacional.

Igualmente, está acreditado en el plenario que a raíz de la situación de orden público por la que atravesaban los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, en razón de los cultivos ilícitos asociados a grupos al margen de la ley, el Gobierno Nacional, en asocio con los gobernadores, adoptó medidas preventivas y ofensivas para su erradicación, a la vez que se dispuso a evitar, controlar y vigilar los movimientos sociales que se presentaron con ocasión de ello y, de esta forma, proteger a la población civil.

Es así como, a través del Decreto 717 de 18 de abril de 1996, el Gobierno Nacional decretó la conmoción interior y, para ello, definió como zonas especiales de orden público las áreas geográficas afectadas por las acciones de las organizaciones criminales, lo que hacía necesario tomar medidas para restablecer la seguridad y la convivencia ciudadana, entre las cuales se ordenó “la restricción al derecho de circulación y residencia”.

Esta norma, salvo algunas expresiones, fue declarada exequible. La Corte Constitucional consideró conducentes las restricciones y las medidas de excepción tomadas en zonas especiales del país notoriamente afectadas por la acción de organizaciones perturbadoras del orden público, que atentan de manera grave contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Estado de cosas que ameritaba la adopción de medidas extraordinarias para conjurar la situación e impedir la extensión de sus efectos, como lo prevé el artículo 213 de la Constitución Política. De la decisión se destacan los siguientes apartes:

“(...).

No se viola el ordenamiento superior cuando se radica en cabeza de los gobernadores por expresa delegación que el Presidente de la República hace en el Decreto Legislativo 717 de 1996 a estos, de la atribución de delimitar las zonas especiales de orden público en sus departamentos, con la advertencia desde luego, que tanto su mantenimiento como el restablecimiento del mismo, corresponde al Presidente de la República en los términos de los numerales 3º y 4º del artículo 189 de la Carta Política. Y solamente, entonces, los gobernadores en cumplimiento del mandato constitucional en referencia, actúan para los efectos del mantenimiento y conservación del orden público, como agentes del Presidente de la República.

(...).

Del precepto se desprende que el gobernador delimitará las zonas especiales de orden público ‘a solicitud’ del comandante militar de la correspondiente unidad operativa mayor o sus equivalentes, lo cual implica una subordinación del mandatario seccional a la autoridad militar, que riñe abiertamente con lo previsto en el artículo 303 de la Carta Política, según el cual ‘el gobernador es agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público’, sin que para la adopción de las medidas encaminadas a la conservación de este o para hacer uso de las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos, sea requisito sine qua non que medie la respectiva solicitud por parte de la autoridad militar. Esto sin perjuicio de la advertencia realizada en el sentido de que lejos de cualquier obligatoriedad, puedan las autoridades militares recomendar o sugerir al gobierno nacional o seccional la fijación de zonas especiales de orden público, dado el conocimiento que tienen de este y en atención a las funciones constitucionales que les corresponde desarrollar en la defensa de la integridad territorial y como miembros de los consejos de seguridad promovidos por el mismo gobierno para todos los efectos relacionados con la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público.

(...).

Con respecto al inciso 2º del mismo artículo, cabe advertir que no se vulnera precepto superior alguno, pues la atribución en cabeza del Presidente en el caso de que la zona especial de orden público se extienda al territorio de dos o más departamentos, hace parte de la facultad constitucional que tiene de conservar y restablecer el orden público en todo el territorio nacional, para lo cual podrá adoptar todas aquellas medidas necesarias, encaminadas a conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Desde luego que esta atribución no genera una afectación a la división general del territorio, sino la posibilidad de delimitar en forma transitoria aquellas zonas especiales que para el mantenimiento del orden público sean necesarias dentro del estado de conmoción, a fin de conjurar las causas de perturbación e impedir la extensión de sus efectos, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 213 inciso segundo constitucional, o para restablecer la seguridad y la convivencia ciudadana, quebrantadas por las acciones de las organizaciones criminales y terroristas.

(...)”(27).

Fue así como mediante el Decreto 871 de 1996, el Gobierno Nacional dispuso delimitar como zona especial de orden público la totalidad de los municipios que pertenecen a los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá e implementar un plan ofensivo para la erradicación de cultivos ilícitos. A la vez que el gobierno del Caquetá dispuso —a través del Decreto 841 de 1996— que mientras se encontrara vigente la conmoción, quedaban prohibidas las marchas campesinas.

De conformidad con las pruebas que reposan en el plenario, en desarrollo de las movilizaciones y ante las medidas policivas y militares tomadas por la Fuerza Pública, con miras a mantener el orden público, algunas personas resultaron heridas en el marco del enfrentamiento, debido a que las autoridades resolvieron impedir que se continuara con el desarrollo de la protesta generalizada. Y se conoce que entre los lesionados estaba el señor José Luis García Díaz, quien, a consecuencia de la lesión sufrida en el hemitorax derecho, perdió el 45% de su capacidad laboral.

De lo anterior la Sala concluye que el Estado tomó las medidas que consideraba necesarias para mantener el orden público visiblemente afectado en la región, para el efecto el departamento de Caquetá, en el marco de las atribuciones que la Constitución Política y la ley le otorgan.

En efecto, la Carta dispone que la función de policía a nivel nacional se encuentra radicada en forma exclusiva en cabeza del Presidente de la República, según lo establecen los artículos 189-4 y 296 del ordenamiento superior, destacándose la previsión del Constituyente de asegurar su unidad de mando, como jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Y, la Ley 137 de 1994(28) lo facultó para adoptar las medidas necesarias para conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, con la única limitante que aquellas estuviesen específicamente encaminadas a conjurar las causas de la perturbación, ser proporcionales e impedir la extensión de sus efectos, permitiéndole, incluso, sin desconocer libertades fundamentales, la limitación de derechos cuando fuere estrictamente necesario para retornar a la normalidad.

En los niveles territoriales, dicha función es ejercida por los gobernadores y los alcaldes, según lo previsto en los artículos 303 y 315-2 ibídem, que atribuyen a estos servidores la condición de agentes del Presidente de la República, a efectos del mantenimiento del orden público.

Aunado a lo anterior, en el marco legal, el artículo 95 del Código de Régimen Departamental(29), al referirse a las funciones de los gobernadores, en lo que concierne al orden público, expresa que corresponde a estos “... 1. Mantener el orden en el departamento y coadyuvar a su mantenimiento en el resto de la República”.

El artículo 12 de la Ley 62 de 1993(30), por su parte, prevé que “... el gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y municipio respectivamente”, a la vez que consagra el deber de dichos funcionarios para que diseñen y desarrollen planes y estrategias integrales de seguridad, atendiendo las necesidades y circunstancias que se presenten bajo su jurisdicción.

En la actuación se acreditó que las autoridades públicas tomaron las medidas que requería la situación de orden público, como era su deber constitucional y legal, como viene a serlo, precisamente, impedir que quienes integraban las marchas se tomaran la ciudad de Florencia, preservando así la seguridad ciudadana y la convivencia social de un conglomerado con población mayor(31).

No obstante, si bien la actuación de las autoridades fue legítima, la integridad física y sicológica del señor José Luis García Díaz sufrió un menoscabo, derivado precisamente de las medidas dirigidas a detener las marchas y disuadir a los manifestantes de avanzar, lo que permite establecer la responsabilidad de la administración, como quiera que, sin perjuicio de que el resultado perseguido se logró, el antes nombrado tendrá que ser indemnizado para restablecer su derecho a la igualdad.

De tiempo atrás, la jurisprudencia de la corporación ha admitido que el Estado debe responder por los daños causados con ocasión de una actividad legítima, cuando aquellos exceden las cargas normales que deben soportar los administrados, con violación directa del artículo 13 de la Carta Política.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección ha señalado que la aplicación del daño especial, como criterio de imputación, conlleva la realización de un análisis que, acorde con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, tome como punto de partida el daño sufrido por los particulares en razón de la actividad lícita del Estado(32).

Con fundamento en los principios de solidaridad, igualdad y equidad, interpretados dentro del contexto del Estado social de derecho, el Estado debe equilibrar las cargas de manera que no solo algunos sino todos los asociados soporten la carga de comporta el beneficio general.

Del artículo 90 constitucional se deriva la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(33). La jurisprudencia de la corporación lo ha definido como “... la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(34); o también se ha entendido que se produce a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación”(35).

La aplicación de la teoría del daño especial tiene su enfoque en la lesión sufrida por la víctima, en el contexto de un Estado comprometido con la salvaguarda de sus derechos, intereses, creencias y libertades, de manera que, sin perjuicio de la defensa del interés general, el daño generado en razón de preservar estados de mayor entidad, debe ser indemnizado.

En el sub lite, el análisis de lo sucedido demuestra que el demandante sufrió un daño que no tenía la obligación de soportar, en cuanto se le impuso una carga claramente desigual, si se considera que sufrió menoscabo en su integridad personal, en el marco de los enfrentamientos generados por las medidas represivas, aunque legítimas adoptadas por las autoridades para impedir el ingreso de los marchantes a la ciudad de Florencia, para protestar por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, con miras a erradicar los cultivos ilícitos en diversas zonas del país.

Lo anterior sin que se pueda establecer, porque las pruebas allegadas no lo permiten, que el señor García Díaz haya motivado la agresión en su contra.

En armonía con lo expuesto, la Sala revocará la decisión del tribunal y declarará la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y dispondrá así la indemnización del demandante, conforme los parámetros que a continuación se señalan.

2.2.4. Perjuicios.

2.2.4.1. Morales.

De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001 —proceso acumulado 13232-15646—(36), la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizado con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(37), de conformidad con los siguientes parámetros(38): (i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución, ni de reparación(39); (ii) el perjuicio se tasa con fundamento en el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio y (iv) se tiene en cuenta, cuando sea del caso, lo ordenado en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

En consecuencia, teniendo en cuenta la magnitud de las lesiones sufridas por el señor José Luis García Díaz, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional pagará a favor del demandante, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

2.2.4.2. Materiales.

En relación con el daño emergente, la Sala no hará ningún tipo de reconocimiento, en razón de que en el plenario no obran pruebas que acrediten su causación.

Por lo que hace a la pretensión de reconocimiento del lucro cesante, la Sala encuentra que la misma está ajustada a derecho y, por tanto, se liquidará a favor del actor desde la ocurrencia de los hechos y hasta su vida probable(40), teniendo en cuenta el grado de pérdida de capacidad laboral que fue del 45%.

En razón de que no se tienen elementos de juicio que acrediten con certeza los ingresos que devengaba la víctima para el momento de los hechos, habrá de tomarse como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta decisión, dado que al actualizarse el que regía para esa época(41), arroja un resultado menor al actual(42).

En consecuencia, a la suma de $ 589.500 se adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales y, surtido dicho cálculo, se descontará el 45% por la incapacidad de la víctima. De lo que se sigue que:

Salario base de liquidación = $ 589.500 + 25% = $ 736.875

Menos el porcentaje de incapacidad del 45% = $ 405.281

Indemnización debida o consolidada

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Donde:

S = La suma que se busca al momento de la condena

Ra = constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n = número de meses a indemnizar (desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la sentencia. Total: 196,3 meses)

i = interés técnico legal mensual (0,004867)

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Indemnización futura

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida de la víctima, descontando los 196,3 meses de la indemnización debida, reconocidos.

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Donde:

S = La suma que se busca al momento de la condena

Ra = constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n = número de meses a indemnizar (a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida(43), descontando los 196,3 meses de la indemnización debida. Total: 439,34 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

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En consecuencia, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor José Luis García Díaz, la suma de doscientos seis millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y tres pesos mcte. ($ 206.258.593).

2.2.4.3. Perjuicio por afectación del daño a la salud causado al señor José Luis García Díaz.

En sentencia de 14 de septiembre de 2011, la Sala Plena de la Sección readoptó la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona(44).

El daño a la salud es aquel que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica, en el ámbito físico, psicológico, sexual o estético, de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49), sin que sea procedente otro tipo de daños (v. gr. la alteración a las condiciones de existencia).

Reforzando la misma idea, “... un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado a la salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud”.

La Sala precisó que “... desde esta panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración a las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad sicofísica”, lo cual tiene su razón de ser en la ambigüedad conceptual tanto del daño a la vida de relación y en la alteración a las condiciones de existencia, puesto que la falta de limitación conceptual y la imprecisión de ambos impiden su objetivización.

Si el daño a la salud gana precisión, claridad y concreción para efectos de su indemnización, en tanto está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que el mismo genera, su tasación deberá ser objetiva, en tanto que determinado el alcance del daño a la salud, este deberá tener correspondencia con el perjuicio causado para efectos de su valoración económica y su reparación integral.

En el presente caso, la división de empleo y medicina laboral de la dirección regional de trabajo y seguridad social - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinó que el señor José Luis García Díaz padecía de una incapacidad laboral del 45%, a causa de una “deformidad física infraclavicular derecha que ocasiona perturbación funcional del órgano de la respiración (fibrosis restrictiva)” (fl. 108, cdno. 2).

En consecuencia, en atención a las lesiones padecidas por la víctima y el porcentaje de incapacidad laboral, lo solicitado en la demanda y la equivalencia frente al perjuicio a la salud sufrido en otros casos —como el referido en la sentencia parcialmente trascrita—, la Sala reconocerá a favor del señor José Luis García Díaz, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la ejecutoria del fallo.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2002 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá y, en su lugar se dispone:

PRIMERO. DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional administrativamente responsable por las lesiones sufridas por el señor José Luis García Díaz, en las marchas campesinas del 22 y 23 de agosto de 1996, en el sitio denominado Santuario, jurisdicción del municipio La Montañita, Caquetá.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar al señor José Luis García Díaz, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

TERCERO. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar al señor José Luis García Díaz, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios a la salud.

CUARTO. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar al señor José Luis García Díaz, la suma de doscientos seis millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y tres pesos mcte. ($ 206.258.593), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

QUINTO. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) El 27 de julio de 1998, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta corporación era de $ 18.850.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ 200.000.000, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor José Luis García Díaz.

(6) Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-295 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(7) Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-027 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(8) Revisado por el Consejo de Estado mediante sentencia del 17 de septiembre de 1996, Expediente CA-001, C.P. Mario Alario Méndez.

(9) Declarado nulo por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá mediante fallo del 8 de agosto de 1996.

(10) Sobre el particular, en la sentencia de 9 de abril de 2012, Expediente 23337, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, se indicó que: “[a] raíz de la situación de orden público por la que atravesaban los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, en razón de los cultivos ilícitos, el Gobierno Nacional, en asocio con los gobernadores de la zona, adoptó instrumentos preventivos y ofensivos para su erradicación, a la vez que dispuso de medidas para evitar, controlar y vigilar los movimientos sociales que se presentaron con ocasión de ello y, de esta forma, proteger a la población. // En efecto, mediante Oficio 471 de 30 de noviembre de 1998, el comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional informó al a quo que a través del Decreto 717 de 18 de abril de 1996, el Gobierno Nacional definió como zonas especiales de orden público aquellas áreas geográficas afectadas por las acciones de las organizaciones criminales y terroristas, lo que hacía necesario tomar medidas para restablecer la seguridad y la convivencia ciudadana, entre las cuales se ordenó ‘la restricción al derecho de circulación y residencia’. // En cumplimiento a lo anterior, mediante el Decreto 871 de 1996, el gobierno dispuso delimitar la totalidad de los municipios que pertenecen a los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá e implementó un plan ofensivo para la erradicación de cultivos ilícitos en la región. Informó también que el gobierno departamental del Caquetá dispuso —a través del Decreto 841 de 1996— que mientras se encontrara vigente tal declaratoria, quedaban prohibidas las marchas campesinas. Así mismo dio cuenta de que grupos al margen de la ley impulsaron la realización de las movilizaciones en protesta contra dichas medidas”.

(11) Cfr. Decreto 871 de 1996 y sentencia de 9 de abril de 2012, Expediente 23337, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(12) Cfr. Ferrero, Juan Guillermo y Uribe, Graciela (2001). “Las marchas de los cocaleros del departamento de Caquetá, Colombia: contradicciones políticas y obstáculos a la emancipación social”. Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, del 9 al 11 de julio del 2002, Salamanca, España y VI Congreso “La investigación en la Pontificia Universidad Javeriana”, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2001. En el mismo sentido, se puede consultar, por ejemplo, la Sentencia SU-257 de 1997 de la Corte Constitucional (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), mediante la cual se revisó la sentencia de tutela proferida con motivo de la acción instaurada por el personero municipal de Curillo, Caquetá, contra el comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército, con fundamento en que, debido a las marchas campesinas que se presentaron al momento de la instauración de la acción de tutela en el sur del departamento, el Ejército Nacional obstruyó la única vía que comunicaba a los municipios de esa zona con Florencia, impidiendo la entrada y salida de vehículos, incluso la de aquellos que transportaban alimentos. Al respecto, la corporación señaló: “el comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército, Brigadier General Néstor Ramírez Mejía, recordó las finalidades de las Fuerzas Militares, descritas en el artículo 217 de la Constitución Política. Reiteró que en ningún momento se habían realizado taponamientos en la vía que de Curillo conduce a Albania, y que la alteración del orden público ocasionada por las marchas de los ‘trabajadores de la coca’, según él, organizada y promovida por las ‘FARC’, hizo necesario ejercer controles —los cuales, a su juicio, no constituían taponamiento o prohibición de transitar libremente sobre la vía— en algunos sitios considerados como críticos, pues los manifestantes habían pretendido llegar a la ciudad de Florencia con el propósito de sitiarla y crear el caos, tal como sucedió el 23 de agosto [de 1996]. Arguyó que el fin de dichos controles era, en primer lugar, evitar el contacto directo que podía darse entre los miembros de la Fuerza Pública y los manifestantes —que suponía enfrentamientos violentos— y, en segundo lugar, el de impedir el ingreso masivo de personas a la ciudad de Florencia, el cual generaría graves problemas de sanidad, salubridad y tranquilidad públicas. // No obstante lo anterior —informó el comandante—, desde el 22 de agosto los manifestantes han sobrepasado los lugares indicados por el juzgado en la parte resolutiva de la sentencia y ‘por lo tanto en dichos sitios ya no existen puestos de control por parte de la Fuerza Pública’, pero dijo que, sin embargo, ‘en cumplimiento de nuestra misión constitucional y atendiendo expresa solicitud elevada tanto por el señor gobernador encargado del departamento, como por el alcalde municipal de Florencia y a lo dispuesto por el Decreto 717 del 18 de abril de 1996 dictado por el Gobierno Nacional, el cual desconoció abiertamente su juzgado al hacer el pronunciamiento que nos ocupa, se continuarán ejerciendo los controles necesarios para la preservación del orden público, anotando que en ningún momento se impedirá la libre circulación de las personas, pues quienes deseen transitar entre Florencia y Curillo pueden hacerlo sin restricción alguna y en sentido contrario, mientras con ello no se atente contra la estabilidad, la tranquilidad ciudadana y el orden público’”.

(13) Sentencia del 27 de noviembre de 1995, Expediente 8045, C.P. Diego Younes Moreno: “[e]l hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tienen una mediana cultura, para que sea notorio”.

(14) T-518 de 1992. Este criterio fue reiterado en las sentencias C-741 de 1999 y T-595 de 2002.

(15) T-518 de 1992.

(16) Sentencias T-150-95 y T-595-02.

(17) T-595 de 2002.

(18) Sentencias T-423 de 1999; T-823 de 1999 y T-117 de 2003.

(19) Sentencias T-288 de 1995, T-364 de 1999, SU-601A de 1999 y C-410 de 2001.

(20) Sentencia T-066 de 1995.

(21) Sentencias C-295 de 1993, C-179 de 1994, C-225 de 1995, C-578 de 1995, C-358 de 1997, T-556 de 1998 entre otras.

(22) T-483 de 1999.

(23) Sentencia T-483 de 1999.

(24) M.P. José Gregorio Hernández.

(25) Archila, Mauricio, Mauricio Pardo. Editores. Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2001.

(26) “Las marchas de los cocaleros del departamento de Caquetá, Colombia: contradicciones políticas y obstáculos a la emancipación social”. Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, del 9 al 11 de julio del 2002, Salamanca-España y en el VI Congreso “La investigación en la Pontificia Universidad Javeriana”, octubre 30-noviembre 2 de 2001. Juan Guillermo Ferro (Profesor-investigador de la Facultad de estudios ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. E-mail: jgferro@javeriana.edu.co) y Graciela Uribe (Investigadora y consultora en desarrollo rural. E-mail: graciela.uribe@jol.net.co), págs. 64-66.

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/ferroMedina_marchascocaleras.pdf 

(27) Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(28) Por la cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia.

(29) Decreto 1222 de 1986.

(30) “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.

(31) En un caso similar al sub lite, es decir, por las marchas campesinas o también llamadas “cocaleras” realizadas en el municipio de Florencia Caquetá entre el mes de junio y septiembre de 1996, la Sala declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños materiales causados a los predios aledaños a las zonas afectadas por la movilización. Sentencia de 9 de abril de 2012, Expediente 23337, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

(32) Al respecto, se puede consultar la sentencia de 18 de marzo de 2010, M.P. Enrique Gil Botero, Expediente 15591.

(33) Sentencias de 8 de mayo de 1995, Expediente 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(34) Sentencia del 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, entre muchas otras.

(35) Sentencias del 11 de noviembre de 1999, Expediente 11499 y del 27 de enero de 2000, Expediente 10867.

(36) M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(37) Sobre el particular se pueden consultar la sentencia del 16 de junio de 1994, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, Expediente 7445; y del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Bermúdez, Expediente 14726, entre otras.

(38) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 de septiembre de 2011, Radicación 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourt.

(39) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...”.

(40) Las pruebas que reposan en el plenario dan cuenta de que para la fecha de los hechos el señor José Luis García Díaz contaba 23 años, por lo que su expectativa de vida era de 52,97, es decir, 635,64 meses (fl. 3, cdno. 1 y 10-31, cdno. 2).

(41) El smmlv para el año de 1996 era $ 142.125 que actualizado arroja un total de $ 434.305.

(42) El smmlv para el 2013 es $ 589.500.

(43) De conformidad con la Resolución 497 de 20 de mayo de 1997 de la Superintendencia Bancaria, la expectativa de vida de un hombre de 23 años de edad, como lo era la víctima, era de 52,97, es decir, 635,64 meses.

(44) M.P. Enrique Gil Botero, Expediente 19031. En este caso, se trató de la explosión de una mina antipersonal que dio lugar a la amputación de la pierna derecha de la víctima y una disminución de su capacidad laboral del 95%.