Sentencia 1998-00181 de enero 15 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 68001 3103 001 1998 00181 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá, D.C., quince de enero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «1. Parece oportuno comenzar por acotar, relativamente a la carga procesal de afirmación de los hechos del litigio, que uno de los más significativos aportes del derecho procesal a la teoría general del derecho, tiene que ver con el concepto de carga, entendida esta como aquel comportamiento “que un sujeto ha de observar con carácter necesario para alcanzar un determinado fin jurídico o una ventaja, sin que, en todo caso, su libertad de obrar sufra mengua, motivo por el cual puede aseverarse sin incurrir en desatino que éste es libre de enderezar su conducta en el sentido que mejor le parezca” (casación de sep. 30/2004).

Trátase, como en ese mismo fallo se dijera, de ciertos comportamientos imprescindibles para la satisfacción de intereses propios del individuo, quien, en ese orden de ideas, “no puede considerarse como deudor de una prestación en favor de otro, como tampoco puede concebirse que exista un derecho del tercero a esa prestación, ni menos aún, que este, el tercero, pueda acudir a la ejecución forzada para obtener la ejecución de ese comportamiento específico, o que pueda reclamar cualquier resarcimiento por su incumplimiento, pues es patente que la inejecución de la carga solo perjudica al interesado quien verá frustrado el beneficio que la observancia de la conducta que de él se espera le hubiese aparejado” (ibídem).

No obstante el ensanchamiento que esa noción tiene en la actualidad, lo cierto es que su génesis está ligada al concepto de carga procesal, conforme al cual incumbe al sujeto agotar dentro del proceso una conducta determinada con miras a alcanzar un fin; y dentro de las múltiples y muy variadas cargas que recaen sobre las partes, cabe destacar ahora la concerniente con la afirmación de los hechos litigiosos, vale decir, de aquellos que de alguna manera constituyen el fundamento de sus pedimentos y excepciones; desde luego que, en línea de principio, esos supuestos fácticos han de ser aducidos por aquellas en las oportunidades y condiciones que el ordenamiento prescribe. Así, es tangible que en tratándose del demandante, esa carga recae sobre él con mayor rigor y estrictez en la medida en que, de un lado, la exteriorización de los supuestos fácticos que fundamentan sus pedimentos es labor que de manera exclusiva se le confía, de modo que muy poco espacio queda para la intervención oficiosa del juez, la cual se reduce, para decirlo abiertamente, a aquellos eventos, excepcionales por cierto, en los que le es dado pronunciarse sin alegación previa de aquel, como acontece v. gr., en el caso de la nulidad absoluta de los actos o negocios jurídicos.

De otro lado, porque la alegación de los hechos que apuntalan sus pretensiones no solo debe hacerse en las oportunidades específica y rigurosamente señaladas en el estatuto procesal, concretamente en la demanda y su reforma (y de ser el caso, en los incidentes que se adelanten en el proceso), sino, también, porque restringen de tal modo la actividad procesal que demarcan el ámbito de atribuciones del juzgador, así como el contorno de la oposición del demandado.

Relativamente a este, es palpable que existe mayor flexibilidad, no solo porque, conforme a las previsiones del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, el juez podrá tener en consideración los hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial invocados a más tardar en los alegatos de conclusión, sino, también, porque, aquel, el sentenciador, podrá, atendiendo los mandatos del artículo 306 ejusdem, declarar probados de oficio los hechos que constituyan una excepción, salvedad hecha, en uno y otro caso, de las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse por el demandado en la contestación de la demanda. Quiérese subrayar, subsecuentemente, que, salvedad hecha de las aludidas excepciones, no existe para el demandado un término perentorio en el cual deba aducir los hechos exceptivos, amén que el fallador está facultado para pronunciarse oficiosamente sobre cualquier otra.

Empero, aunque es tangible la elasticidad que en el punto favorece al demandado, ella no llega hasta el punto de exonerarlo definitivamente de esa carga, no solo porque excepciones como las ya referidas únicamente pueden ser decididas en cuanto éste las hubiese aducido, sino, también, porque lo mismo ocurre con las excepciones previas que, en cuanto tales, solamente podrán ser acogidas por el juez cuando aquél, el encausado, las alegue.

2. De otro lado, parece conveniente señalar que la actividad del juez, en punto de resolver la causa litigiosa, debe enmarcarse dentro de los límites previstos por el legislador, de manera que no le es dado deducir arbitrariamente cualquier hecho, ni pronunciarse sobre cualquier efecto jurídico, si no han sido afirmados previamente por las partes, a menos claro está, que el ordenamiento le conceda una potestad oficiosa al respecto. No admite discusión, por consiguiente, que la actividad cumplida por dicho funcionario no es ilimitada, de modo que el campo de acción en el que puede desplegar su obrar no es otro que el entorno dentro del cual gira la controversia cuyo conocimiento ha asumido, vale decir, los términos de la confrontación surgida, esto es, lo que pide el actor y excepciona el demandado, sin dejar de lado, por supuesto, las facultades oficiosas que explícitamente le son conferidas.

Emerge, entonces, de manera nítida, que la actividad que aquél cumple está enmarcada por cuatro vectores que se conjugan para delimitar su función: 1) las pretensiones de la demanda; 2); los hechos que la sustentan; 3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando así lo exige la ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, sin duda, cuando el funcionario quebranta esos hitos, incurre en una irregularidad que despunta, ya en un exceso de poder o en un defecto del mismo. En la primera hipótesis, porque decide sobre cuestiones no pedidas o más allá de lo solicitado; en la segunda, en la medida en que deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas.

2.1. En lo relacionado con las excepciones, es menester puntualizar que en un sentido amplio tal noción comprende no solo cualquier medio del que se valga el demandado para reclamar la desestimación de la demanda, sino, también, ciertas impugnaciones relacionadas con la observancia del procedimiento. En ese orden de ideas, pueden clasificarse en previas, es decir, las que al concernir con la regularidad del proceso, condicionan su eficacia y, por ende, la emisión de la sentencia, cualquiera sea su sentido (estimatoria o desestimatoria de las pretensiones); y de mérito, cuando tienen por contenido hechos jurídicos a los que el ordenamiento concede eficacia para incidir sobre las relaciones jurídicas sustanciales, motivo por el cual, desde esa perspectiva, condicionan la posibilidad de que el juez pueda acceder a los pedimentos del actor.

No puede soslayarse, en todo caso, que por mandato del último inciso del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, el demandado está habilitado para proponer “como” previas las excepciones de cosa juzgada, transacción o caducidad, cuya naturaleza sustancial no niega, ni por ello se desdibuja, pero que por diversas razones de política judicial, la economía del proceso entre ellas, autoriza diligenciar anteladamente. Es claro, entonces, que no asumen, por esa razón, el carácter de previas, pues a la vista está que no inciden en la regularidad del trámite procesal, sino en la relación sustancial, solo que el legislador, de manera francamente sui géneris, habilita su alegación en las mismas condiciones y bajo el mismo trámite que aquellas.

Siguiendo este derrotero, oportuno resulta precisar, igualmente que, conforme a doctrina reiterada de esta corporación,

“... en su sentido propio el vocablo “excepción” no es sinónimo de cualquier defensa opuesta a la pretensión del actor, habida cuenta que como lo enseñaron desde comienzos de siglo ilustres expositores encabezados por Chiovenda, se defiende el demandado que se circunscribe a negar el fundamento de la pretensión, al paso que el demandado excepciona cuando aduce hechos nuevos que impiden la protección jurídica del interés del demandante o que tienden a justificar la extinción de las consecuencias jurídicas en las que aquella pretensión vino cimentada. En otras palabras, la proposición de una excepción desplaza de suyo los términos fácticos de la controversia, amplía la materia litigiosa en tanto introduce en la discusión hechos diversos de aquellos afirmados por el actor, alterando por ende el ámbito de la decisión y sus posibles límites... (casación de ene. 30/92)” (sent. cas., mayo 31/2006, exp. 00004).

Luego, con estrictez, la excepción de mérito no es la mera negación de las súplicas de la demanda o de los hechos que las sustentan, aunque vislumbren alguna resistencia u oposición del demandado, pues, por el contrario, ella siempre envuelve un asunto novedoso que este incorpora a la controversia, tendiente a enervar los pedimentos del accionante. Por ello, la eventual incongruencia derivada de la evaluación de los escritos de la parte demandada, debe pregonarse, en puridad, de las excepciones aducidas y no de cualquier otro elemento que recoja la actitud asumida por el demandado desprovista de esta última característica.

2.2. No obstante, lo cierto es que, en tratándose de un límite de la actividad decisoria del juez, la excepción debe entenderse en un sentido restringido, vale decir, como la contraposición a los hechos constitutivos aducidos por el actor, de otros de carácter modificativo, impeditivo o extintivo con la virtualidad de aniquilar sus pedimentos. Por consiguiente, el fallador solamente podrá acoger en la sentencia aquellos medios exceptivos de carácter sustancial aducidos por el demandado o que oficiosamente pueda examinar, sin que, como pasará a demostrarse, le sea dado proferir sentencia desestimatoria de las pretensiones del demandante atendiendo una excepción previa, particularmente, la de pleito pendiente.

Asentadas las precedentes reflexiones y vistas las diligencias allegadas, prontamente se advierte, que los demandados no adujeron la excepción acogida en el fallo de fondo cuestionado; es más, estos se sustrajeron por completo de enarbolar algún mecanismo exceptivo diferente a los reseñados en párrafos precedentes, mucho menos el de previo pronunciamiento que a la postre declaró probado el sentenciador, por supuesto que es evidente que en la sentencia reprochada el tribunal decidió, en forma explícita por cierto, declarar, “probada de oficio la excepción de mérito de pleito pendiente” (numeral primero).

2.3. En esa perspectiva, para decirlo sin ambages, la situación descrita por el impugnante desnuda la incongruencia denunciada, dado que el juez de segundo grado, al momento de fallar la litis y declarar probada oficiosamente la excepción previa de pleito pendiente, optó, cual lo aseverara el libelista, por separarse de las peticiones plasmadas a instancia de la parte demandada y, en su lugar, se ubicó por fuera de los límites establecidos tanto en ellas como en el ordenamiento jurídico, asunto que estructura, ciertamente, el desarreglo del proceder denunciado.

No hay lugar a vacilación alguna al momento de aseverar que la de pleito pendiente o litis pendencia, es una excepción cuya naturaleza es eminentemente previa o de previo pronunciamiento, equivalente a las que en pretérita oportunidad eran conocidas como dilatorias procesales o, simplemente, procesales (exceptiones dilatoriae judicis). Esta última connotación dimana de sus elementos, pues resulta innegable que su cometido no es el de enervar las pretensiones, ni procura inmiscuirse con el fondo de la cuestión debatida con miras a extinguir el derecho sustancial reclamado, sino, contrariamente, a impedir que el funcionario profiera una sentencia de fondo en la que aborde los aspectos sustanciales. Su objetivo fundamental es, pues, suspender, temporal o definitivamente, para oportunidad distinta, el fallo en ciernes; para decirlo en otros términos, su formulación por el demandado (que es ineludible) está determinada por el interés de persuadir al funcionario judicial de no proferir en las condiciones que evidencia el litigio, el fallo definitivo, habida cuenta que en su parecer existen circunstancias especiales que afectan el procedimiento.

El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 92, alusivo a la contestación de la demanda, prescribe que esta contendrá (...) “Las excepciones que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, salvo las previas...”; el artículo 96 señala que “las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia, salvo norma en contrario”. Mientras que, de manera categórica, clara e inequívoca, el artículo 302 del mismo estatuto puntualiza que las sentencias son las providencias “que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien...” (destaca la Corte), esto es, que desde un punto de vista estrictamente material, que es el adoptado por el legislador, solamente existe sentencia en cuanto el juzgador se pronuncie en torno a las pretensiones de la demanda o las excepciones de mérito alegadas por el demandado o que oficiosamente pueda este resolver.

Y si bien no se niega que existe una especie de “sentencia” que no se acomoda a esos derroteros, concretamente la inhibitoria, ello obedece, justamente, a que adquiere esa denominación atendiendo exclusivamente un criterio formal. Empero, dejando de lado esa salvedad, y quizás las relativas a la resolución de los recursos de revisión y casación, la sentencia debe contener, ineludiblemente, un pronunciamiento en el que el juez acoja o rechace las pretensiones del demandante mediante una determinación en la que, según lo precisa la doctrina autorizada, “declare la existencia o inexistencia de una voluntad concreta de la ley que le garantiza un bien, o lo que es igual, respectivamente, la inexistencia o existencia de una voluntad de ley que le garantiza un bien al demandado”.

En ese orden de ideas, si de la desestimación de las súplicas del actor se trata, es palpable que el sentenciador podrá negarlas cuando: a) no exista el hecho constitutivo aducido por este, o cuando le reste idoneidad al afirmado por él para producir los efectos jurídicos pretendidos por ausencia de norma en la que pueda subsumirse; b) cuando existan hechos modificativos, impeditivos o extintivos que las afecten.

Puestas así las cosas, es incontestable que el juzgador incurrió en el yerro de actividad que se le enrostra, habida cuenta que se abstuvo de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda y respecto de las excepciones de mérito aducidas por los demandados, todo esto por entrar a desatar, desatinadamente, una excepción previa que ni fue propuesta por el demandado, ni podía resolver en la sentencia.

2.4. Ahora, en punto de establecer la oportunidad procesal para dar finiquito a la misma, pertinente resulta reiterar una vez más que por mandato del inciso 2º del artículo 302 del Código de Procedimiento Civil, ya reseñado, la sentencia ha de contener una decisión sobre las súplicas de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas. Luego, es palpable, que no puede acoger en ella una que denote esta última naturaleza, entre estas, desde luego, la de pleito pendiente.

Sobre el particular es pertinente poner de relieve que el artículo 98 ejusdem, exige, rotundamente, que el demandado proponga esa especie de medios exceptivos en el término para contestar la demanda, lo que aquí no aconteció, y que el artículo 99 ídem, con claridad meridiana prevé que el juez, una vez vencido el traslado de rigor, resolverá por auto las que no requieran práctica de pruebas; pero si estas son necesarias y pertinentes, decidirá en la audiencia de que trata el artículo 101 del aludido estatuto; y cuando “prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10 e inciso final del artículo 97 (...), declarará terminado el proceso”.

2.5. Puestas así las cosas, inevitablemente ha de colegirse que al regular el artículo 306 que: “Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia...”, la lectura que válidamente del mismo puede hacerse, en lo relacionado con este asunto, alberga dos aspectos cardinales: de un lado, que el funcionario judicial al momento de proferir el fallo de fondo puede y debe, con las salvedades ya referenciadas, adoptar excepciones de manera oficiosa, siempre y cuando, claro está, se encuentren debidamente demostradas; y de otro, que las mismas corresponderán, únicamente, a las de mérito, motivo por el cual queda excluida, concluyentemente, la posibilidad de acoger allí excepciones previas.

3. Estas premisas, prontamente y sin mayores elucubraciones, permiten afirmar que en el presente asunto existió la inconsonancia denunciada por el recurrente, al punto que en puridad, no hubo por parte del juez ad quem la adopción de una determinación con las reales y verdaderas características de una sentencia, habida cuenta que ni se pronunció sobre las pretensiones del actor, ni resolvió una excepción que no tuviera el carácter de previa.

Corolario de lo anterior, el cargo debe prosperar con las consecuencias pertinentes.

Sentencia sustitutiva

1. El artículo 302 del Código de Procedimiento Civil claramente establece que no existirá sentencia si el juez se abstiene de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones de mérito que encuentre probadas, a menos, claro está, que de un fallo inhibitorio se trate, en cuyo caso, solamente habrá lugar a él cuando se presenten graves e insuperables irregularidades relacionadas con algunos presupuestos del proceso, concretamente y en muy restringidas hipótesis, con la ineptitud formal de la demanda o con la ausencia de capacidad para ser parte, supuestos que no vienen al caso.

Ahora, cuando el funcionario judicial aprehende las diligencias para dar finiquito a la litis, esto es, cuando se apresta a prohijar la sentencia que dirima la contienda, pero no aborda en su verdadera dimensión los elementos medulares de dicha controversia como son las pretensiones y las excepciones (desde luego que no las previas); en otras palabras, cuando no resuelve sobre el derecho reclamado o la oposición formulada, no está, realmente, profiriendo una sentencia, solo es un remedo de ella. Lisa y llanamente, la decisión final no ha sido adoptada.

Así como el escrito que titulado demanda no reclama del juez concesión alguna, no eleva ninguna súplica; o el escrito que dice contener una excepción, que aunque denominada tal, no connota un hecho nuevo, extintivo, modificativo o impeditivo; si en esas condiciones tales documentos no responden a la categoría reclamada, por carecer de lo natural a su estructura; el fallo, igualmente, aún contando con algunas formalidades que le son características, si abandona, totalmente, la esencia de su naturaleza como es resolver las pretensiones y las excepciones, no alcanza, bajo ninguna consideración especial, la categoría de sentencia. Por ello, en el interés de cubrir una determinada actuación con ese ropaje, no resulta admisible que en tal estructura se inserte, indistintamente, cualquier aspecto del proceso o de la litis y, menos resulta válido tal ejercicio, cuando es el legislador el que ha reservado a una determinada oportunidad y bajo ciertas formalidades, la resolución de esos temas.

En la situación presentada en el caso de esta especie, acogido el cargo estudiado, correspondería a la Sala proceder a adoptar la sentencia de reemplazo (CPC, art. 375); sin embargo, resulta que la providencia proferida como culminación de la segunda instancia, si bien puede contener los aspectos formales característicos de una sentencia, pues incorpora la fecha, la autoridad que la profirió, un resumen de la demanda y las excepciones, la firma de los jueces que la profirieron, lejos está, en verdad, de responder a esa categoría, pues basta auscultar el contenido de la misma para establecer, de manera contundente, que el tribunal no enfrentó la resolución de las pretensiones ni de las excepciones; se desatendió por completo de tales temas y optó por incorporar un impedimento procesal y brindándole acogida oficiosa, finiquitó inadecuadamente la contienda.

2. El proceder del juez ad quem, en conclusión, dejó a un lado la resolución de la segunda instancia, no profirió la sentencia que le competía situación que genera, concomitantemente, la pretermisión de la misma, lo que se traduce en una nulidad cuya adopción deviene inevitable.

En efecto, no puede perderse de vista que por disposición constitucional (art. 31), toda decisión judicial puede ser apelada salvo las excepciones legales; principio desarrollado por el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil, en cuanto reguló que “los procesos tendrán dos instancias, a menos que la ley establezca una sola”; tal garantía constituye un baluarte del debido proceso y, subsecuentemente, asegura al afectado que la decisión del juez, siéndole adversa, puede ser revisada por un funcionario de superior nivel a propósito de revocarla ante la eventualidad de engendrar vicios o desconocer algún derecho protegido por la ley. Si esa posibilidad, de alguna manera, resulta limitada o cercenada implica, a su vez, que el afectado no lograría cristalizar la segunda instancia o, en otras palabras, dicha parte, vería su pleito reducido, únicamente, a una instancia y no gozaría de la apelación a que tendría derecho. El proceder desplegado en ese sentido comportaría, también, una clara violación de normas de orden público (CPC, art. 6º), cuya recomposición solo se logra rehaciendo la actuación viciada.

En esa dirección, la actuación del juez ad quem evidencia una omisión a su deber de decidir, pues dejó a un lado la resolución de segundo grado. En puridad, no profirió la sentencia que le competía; conducta que denota, por consiguiente, un remedo de fallo y, por lo mismo genera, concomitantemente, la pretermisión de la instancia y, con ello, la nulidad prevista en el numeral 3º del artículo 140 ídem, cuya adopción devienen inevitable. Ciertamente, prevé dicha disposición que en el caso de pretermitirse la instancia el funcionario que así proceda engendra una nulidad cuyas características la tornan insaneable, cual lo regula, nítidamente, el artículo 144 in fine de la codificación citada y que, de manera constante, amén de reiterada, la corporación así lo ha delineado.

Sobre el particular y corroborando lo esbozado en precedencia, resáltanse, entre otros pronunciamientos, los del 12 de marzo de 1998, expediente 4749; 30 de marzo de 1998, expediente 5022; y 15-03 de 2001, expediente 6370, que, concurrentemente, traslucen el parecer de la corporación en cuanto que pretermitir la consulta cuando por disposición legal la misma debe surtirse, reduciendo el actuar del ad quem solo al aspecto de la apelación cuando ha sido interpuesta tal censura, es incidir en un vicio de tal jerarquía que, únicamente, logra ser superado mediante la anulación de las actuaciones surtidas contrariando ese imperativo. Lo anterior se muestra más palpable cuando el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil anuncia que la consulta debe ser tramitada y resuelta en la misma forma que la apelación; por ello, así se disponga el traslado de este último recurso y, en su momento, sea resuelta dicha impugnación, si no hay referencia expresa al examen correspondiente al grado de consulta, surge, en consideración de la Corte, la preterición de la misma y, subsecuentemente, la necesidad de reponer la actuación pertinente, previa adopción de la nulidad pregonada.

Puestas así las cosas, y dada la gravedad de la irregularidad que el fallo impugnado denota, sobreviene la declaratoria de nulidad de lo actuado por el tribunal a partir, inclusive, de la sentencia adoptada.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la providencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil siete (2007), proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor Daniel Villamizar Basto, en nombre de la sucesión del señor Gilberto Villamizar Sánchez en contra de las sociedades Banco Cooperativo de Colombia “Bancoop” y Compañía de Seguros la Equidad.

En su lugar, por las razones expuestas,

RESUELVE:

1. DECLARAR la nulidad de lo actuado en el proceso a partir de la providencia de 31 de julio de 2007, adoptada por el tribunal referido en precedencia.

2. ORDENAR la devolución del expediente a dicha corporación de origen para que proceda a resolver la instancia, adoptando la sentencia que corresponda, teniendo presente las pautas asentadas sobre el particular.

3. Sin costas en el recurso extraordinario por haber prosperado el mismo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».