Sentencia 1998-00181 de mayo 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Radicación: C-6800131030011998-00181-02

SC 5189-2014

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Discutido y aprobado en sesión del veintiocho de marzo de dos mil doce

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El artículo 305, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil establece que la “sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

En ese sentido, la demanda y su contestación, a la vez que recogen las posturas asumidas por las partes en contienda, determinan el contenido y límites del litigio. El juez, por lo tanto, al resolver la controversia, debe hacerlo con sujeción a tales directrices, sin que le sea permitido rebasarlas u omitirlas, so pena de incurrir en los vicios de procedimiento conocidos como ultra, extra o citra petita.

Tratándose de la demanda, la armonía dicha está referida no solo a sus pretensiones, sino también, conforme lo enseña el inciso 2º de la misma disposición, a los hechos que les sirven de respaldo, en cuanto proscribe la condena del demandado “por causa diferente a la invocada en ésta”.

2. Ab initio precisa la Corte que el tribunal no desconoció la posibilidad de acumular de manera eventual en una misma demanda la responsabilidad contractual y la extracontractual, así sean excluyentes. Prueba de ello, al margen de si existió una real y verdadera acumulación de pretensiones, por no incidir en el caso, lo constituye el hecho de limitar la competencia funcional al examen de esta última, concedida por el juzgado, aunque reducida en sus efectos, pues negó los perjuicios reclamados como consecuencia del proceso ejecutivo adelantado en contra de la ahora parte demandante, debido a que la otra súplica, formulada de manera principal, había sido negada en forma expresa sin protesta alguna del extremo apelante.

Frente a lo anterior, todo se reduce a establecer si desde el punto de vista de construcción lógica de la sentencia, puede sostenerse que el extremo actor, al recurrir únicamente la absolución de ciertas condenas de la responsabilidad declarada, la extracontractual, propuesta de manera subsidiaria, aceptó o asintió la decisión desfavorable de las pretensiones planteadas como principales en el ámbito contractual.

3. Con independencia del acierto, debe expresarse, ante todo, que si el juzgador de segundo grado, ex profeso, se abstuvo de resolver, positiva o negativamente, acerca de la responsabilidad contractual, salta de bulto que, en su contexto, no se trata de un fallo totalmente absolutorio y que, por lo tanto, se entiende que es pasible de ser atacado en casación con base en la causal de incongruencia prevista en el artículo 368, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil.

4. Ahora bien, cuando el ad quem revoca una excepción totalizadora que ha sido reconocida en primera instancia, el artículo 306, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, lo obliga a resolver sobre los demás medios de defensa que el a quo no examinó (CPC, art. 306, inc. 2º). Debido al silencio de la ley, la misma solución debe observarse en los eventos en que el juzgador se abstiene de resolver ciertas pretensiones sucesivas formuladas, ante la prosperidad de un grupo de ellas, y el tribunal, por vía de apelación de la parte agraviada, infirma la decisión.

En la “hipótesis —dice la Corte— en la cual el a quo profiere sentencia favorable al demandante por una de las distintas pretensiones incoadas absteniéndose de considerar las restantes o por uno de los varios fundamentos de la causa petendi sin resolver los demás y el superior al decidir la apelación interpuesta exclusivamente por la parte demandada la encuentra infundada, en cuyo caso, debe analizarlas y decidirlas, sin que por esto incurra en violación de la reformatio in pejus ni en nulidad por falta de competencia funcional, cuando resuelve sobre las otras”(1).

Razonamiento que, rectificando doctrina anterior de la Sala, precisamente aplicó en un caso de investigación de la paternidad, en donde si bien el tribunal, por vía de apelación de la parte demandada, únicamente, infirmó la causal de posesión notoria del estado civil de hijo que había encontrado fundada el juzgado, de todas formas mantuvo la decisión, pero con base en una causal distinta, no examinada por éste, como fue la existencia de relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre en la época en que pudo ocurrir la concepción.

Como se observa, al ser favorable la declaración de paternidad, independientemente de la causal recibida por el a quo, el demandante carecía de interés para impugnar o sumarse al recurso de su contradictor. Por esto, allí mismo se indicó, que “en el evento de revocación o reforma de la providencia apelada, de suyo, conduce a una profunda injusticia con la parte no apelante que al obtener sentencia favorable carece de legitimación para apelarla o adherir al recurso de la parte contraria (CPC, arts. 350 y 353) e implica una desmejora sustancial y procesal de sus derechos constitucionales y legales”.

La tesis, por lo tanto, conjuraba la injusticia, sin que ello, en palabras de la propia Corte, implicara amenaza o menoscabo a los derechos fundamentales del apelante, en ese caso único, porque respecto de los hechos de la causal no estudiada en primera instancia, “existió debate, [se] garantizó el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción”.

El precedente citado, sin embargo, no es aplicable en el sub-examine, ni siquiera en salvaguardia del derecho a la igualdad, como lo pretende el recurrente, porque en estricto sentido, la hipótesis no es la misma. La diferencia estriba en que en este caso el juzgado de instancia no se abstuvo de resolver las pretensiones principales, sino que, con independencia del acierto, en el ámbito estrictamente jurídico, las analizó y negó expresamente, mientras que el asunto objeto de la jurisprudencia transcrita, la causal de paternidad que salió airosa en segunda instancia, luego de infirmada la que había sido objeto del recurso de apelación, no fue estudiada por el a quo.

5. No obstante lo anterior, al observarse en el presente juicio, en su contexto, lo resuelto en primera instancia, al negar la responsabilidad contractual, es evidente, ningún perjuicio le irrogó a la parte demandante, ahora recurrente en casación, cual se sostiene en la acusación, al decirse que la pretensión en general se encaminaba a que se declarara la responsabilidad, como así sucedió, al margen de su naturaleza.

5.1. Confrontadas las sentencias de instancia, el planteamiento de la censura no aparece inopinado, porque ciertamente en ambas se reconoce que el banco demandado causó los perjuicios reclamados. De una parte, al desembolsar los dineros mutuados sin que el deudor previamente estuviera incluido en la póliza colectiva, como lo imponía el manual de manejo del crédito; y de otra, al facturar las respectivas primas sin comunicar que el candidato al seguro había sido rechazado por la aseguradora, creando la apariencia de que lo estaba.

5.1.1. La del juzgado, al decir, frente a esos mismos hechos, que no era admisible para “un profesional de su categoría, que a la postre terminaron generando daño al deudor (…) daño que es el que se pretende reparar con la demanda que dio origen a este pleito”, pues a su muerte, no tenía en su “haber una póliza de seguros que asumiera como propia el pago de las deudas pendientes con la demandada”.

5.1.2. La del tribunal, al dejar sentado, en general, que esa conducta hacía parte “estructural de la responsabilidad, pero contractual, precisamente porque el contrato de mutuo según el manual instructivo del banco exigía que previo al desembolso debía contarse con la garantía adicional del seguro”.

5.2. Lo anterior deja descubierto que los fallos en comento, en el fondo, resultaron favorables a la parte actora, puesto que sobre unos mismos hechos en ambos se acepta la responsabilidad. Luego, si la polémica se reduce a la respectiva calificación jurídica, pues en lo demás hubo debate y se garantizó el derecho de defensa y contradicción, el extremo demandante carecía de interés para reclamar en apelación el particular, porque esa precisa actividad no es de su resorte.

Le bastaba, por lo tanto, protestar las consecuencias desfavorables que se seguían de la responsabilidad declarada, al margen de su naturaleza, porque si bien la culpa contractual y la extracontractual son incompatibles, cuestión que “se subsana por la mecánica de la formulación de pretensiones principales y subsidiarias”(2), en el sub judice, no se trata de una acumulación material de súplicas, como acciones independientes, en cuanto aquí no se busca, a falta de un pago, que se conceda otro, sino el mismo pago, de ahí que resulte insustancial la nominación de la responsabilidad por parte del pretensor.

En ese orden, si en este específico asunto, donde el planteamiento fáctico respecto de todas las pretensiones fue exactamente el mismo, en tanto la diferencia en el libelo se encuentra en la simple mención de “contractual”, como principal, y “extracontractual”, como subsidiaria, resulta desproporcionado o exagerado, por no decir exótico, exigir una apelación para que, en lugar de lo uno, se diga lo otro, menos cuando son los hechos y su demostración los que sirven de fundamento al derecho invocado, sin que importe en esa precisa materia su calificación jurídica por el demandante, toda vez que la labor de adecuación normativa es competencia del juzgador.

La Corte, a partir de señalar que los “hechos que delimitan la causa petendi hacen parte de la elaboración de la congruencia de la sentencia”, suficientemente ha explicado que distinto es el “rango de la argumentación jurídica de la parte, porque su omisión o error, debe ser salvado por el funcionario judicial, puesto que el tipo de juez técnico que reconoce el sistema procesal vigente en Colombia, que lo presume conocedor de la ley (…), le impone el deber de aplicar la que corresponda al caso concreto, haciendo un ejercicio adecuado de subsunción”(3).

Los hechos, ha reiterado la Sala, “‘son los que sirven de fundamento al derecho invocado y es sobre la comprobación de su existencia y de las circunstancias que los informan sobre que habrá de rodar la controversia (…)’. Si están probados los hechos…, ‘incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no obstante los errores de las súplicas: da mihi factum, dabo tibi ius’”, de ahí que la “‘desacertada calificación que el libelista le dé en su demanda a las súplicas, no tiene por qué repercutir en el tratamiento jurídico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes, definir el derecho que se controvierte’”(4).

En ese orden de ideas, en el sub judice, ninguna incidencia tiene que la parte actora, respecto de unos mismos hechos, invocados como sustento de la tutela jurídica solicitada, los arrope, a la vez, en las normas que regulan las distintas especies de responsabilidad, pues como se señaló, la subsunción normativa de las partes, de ser equivocada, no vincula al juez, ni desvirtúa la cuestión fáctica debatida, menos cuando, según quedó visto, no existe una típica acumulación de pretensiones.

5.3. La armonía o desarmonía de las pretensiones, es cierto, se establece cotejando lo pedido en la demanda con lo decidido en la sentencia, en sentir de la Corte, mediante una simple “labor comparativa indispensable entre el contenido de fondo de la relación jurídico procesal y lo resuelto en el fallo”(5).

Sin embargo, en el caso, el contraste también tiene que involucrar la sentencia de instancia, porque la limitación de la competencia funcional por parte del tribunal, llevó a este a desatar el recurso como lo hizo. Formalmente, a denegar pretensiones subsidiarias, por tratarse, en su sentir, de una responsabilidad contractual, y en el fondo, a omitir cualquier decisión, inclusive en ese específico ámbito, amparado en que el punto, resuelto por el juzgado en forma adversa al demandante, no venía comprendido en el recurso de apelación.

El error, por supuesto, se originó en exigir la alzada contra la negativa de acceder a la pretensión principal de responsabilidad contractual, cuando no procedía. Primero, por ausencia de agravio, puesto que a la parte actora el juzgado le concedió en el plano extracontractual lo mismo que reclamaba desde la perspectiva del incumplimiento contractual, aunque no todo, de ahí su recurso limitado; y segundo, porque si bien en el libelo se habló de pretensiones principales y subsidiarias, se trataba, en este específico caso, de una clasificación insustancial, dado que sobre unos mismos hechos, se planteaba una calificación jurídica de la responsabilidad, cuya existencia, como se anotó, no fue puesta en duda.

6. En consecuencia, al abrirse paso el cargo, es del caso proferir la sentencia de reemplazo, pero antes de proceder a ello, la Sala considera necesario establecer el estado en que se encuentra el proceso ejecutivo del XXX XXX “XXX contra la sucesión del causante XXX, tramitado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, toda vez que la copia de la sentencia de primera instancia de seguir adelante la ejecución que obra en autos carece de la nota de autenticación y fuera de esto no se ha ordenado tener como prueba.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 17 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por XXX, en causa propia y en nombre de la sucesión de su finado padre, señor XXX, contra el XXX XXX “XXX” y la XXX XXX.

Antes de resolver los recursos de apelación que se interpusieron contra el fallo del juzgado, la Sala, con fundamento en el artículo 375, inciso 2º del Código de Procedimiento, dispone oficiar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, para que informe o certifique el estado actual del proceso ejecutivo en cuestión y remita, a costa de la parte demandante, copia auténtica del auto de apremio y de los fallos allí proferidos.

Sin costas en casación ante la prosperidad del recurso.

Cópiese y notifíquese.»

(1) Sentencia de 9 de julio de 2008, expediente 2002-00017, magistrado ponente, doctor William Namén Vargas.

(2) Sentencia 118 de 31 de julio de 2000, expediente 5774, reiterando doctrina anterior.

(3) Sentencia 0208 de 31 de octubre de 2001, expediente 5906.

(4) Sentencia de 3 de febrero de 2009, expediente 00282.

(5) Sentencia de 9 de septiembre de 2011, expediente 00108, reiterando doctrina anterior.