Sentencia 1998-00181 de octubre 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 24985

Rad.: 660012331000199800181 01

Actor: Olga Nedh Marín Ramírez y otros

Demandado: EPS Risaralda Ltda.

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Competencia

17. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, el 20 de marzo de 2003, en un proceso que por su cuantía(5) determinada al momento de la interposición de la demanda, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.

II. Los hechos probados

18. De conformidad con el material probatorio recaudado en el proceso contencioso administrativo, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

18.1. Los demandantes, Olga Nedh Marín Ramírez y Cristian Andrés Marín Ramírez son, madre la primera, y hermano el último, del menor XXX, así como las señoras Luz Mary Marín Ramírez, María Araceli Marín Ramírez, Amanda Rosa Marín Ramírez y María Gladys Marín Ramírez, son tías del menor lesionado (copia auténtica de los registros civiles de nacimiento, fl. 4-10, cdno. 1).

18.2. Mediante ordenanza 2 del 16 de febrero de 1995, la Asamblea Departamental de Risaralda facultó al gobernador del departamento para crear una EPS, lo cual se materializó a través de la escritura pública 3339 del 2 de agosto de 1995, otorgada en la Notaría 1 de Pereira-Risaralda, mediante la cual fue constituida la sociedad denominada “Entidad Promotora de Salud de Risaralda Ltda.”, cuyos socios son entidades públicas del orden departamental y municipal (fl. 14-15, cdno. 1. y 38-41, cdno. 2).

18.3. La señora Olga Nedh Marín Ramírez, y XXX, se encontraban afiliados a la EPS Risaralda (copia simple de los carné de afiliación, fl. 11-12, cdno. 1).

18.4. Mediante contrato de prestación de servicios 189 del 26 de junio de 1996 suscrito entre la representante legal de la EPS Risaralda y el médico oftalmólogo Roberto Ruiz Aranibar, se pactó que éste último debería prestar sus servicios especializados a los pacientes de dicha entidad por el término de doce meses contados a partir de esa fecha (fl. 1-3, cdno. 4).

18.5. El 5 de agosto de 1997, el doctor Roberto Ruiz Aranibar realizó cirugía de corrección de estrabismo al menor XXX, y se dejó constancia de las condiciones en las que ingresó y salió de la misma (hoja de enfermería, historia clínica y oficio 1000 de la EPS Risaralda del 24 de marzo del 2000, fl. 16 y 19, cdno. 2):

Ingresa niño de 5 años de edad para procedimiento Qx: estrabismo con el dr. Roberto Ruiz. Llega acompañado por su madre... paciente en buenas condiciones... termina cx se hace corrección de estrabismo, se traslada paciente a (ilegible) con efectos de anestesia general, lleva ojo izq. cubierto con apósito ocular... ingresó paciente a sala de rcp procedente de cx llegó bajo efectos de anestesia general... viene con ojo izquierdo cubierto con apósito de ojo más micropore el cual se observa limpio...Sale paciente acompañado del camillero y la mamá con apósito ocular en ojo izq. sale en aparentes buenas condiciones, indicaciones verbales del médico.

18.6. La intervención quirúrgica fue autorizada por la demandada, y los gastos generados con ocasión de la cirugía ocular realizada al menor XXX fueron pagados por la EPS Risaralda (escrito de mar. 7/2000 emitido por la clínica los Rosales de Pereira y oficio 1000 del 24 de mar./2000 remitido a este proceso por la demandada fl. 9-10 y 19, cdno. 2).

18.7. El doctor Roberto Ruiz Aranibar presentó cuenta de cobro a la EPS Risaralda por concepto de la cirugía arriba mencionada y continuó prestando sus servicios profesionales a otros afiliados de la entidad con posterioridad a los hechos que dieron origen a esta demanda (oficio 1000 de la EPS Pereira del 24 de marzo del 2000, fl. 19-20 y ss., cdno. 2, formato para revisión de cuentas, factura 91 del 5 de noviembre de 1997 y resolución 775 del 9 de febrero de 1998 “por medio de la cual se ordena el pago de una cuenta al doctor Roberto Ruiz A.”, fl. 13-20, cdno. 4).

18.8. Pasados dos días de practicada la cirugía, el menor presentó dolor e inflamación severa, ante lo cual le fue formulado un tratamiento en gotas que no arrojó mejoría y posteriormente el ojo se tornó de color rojo, disminuyendo de tamaño, con secreción, fotofobia y pérdida total de la visión (historia clínica EQ3919 pág. 2, 19/11/97 y oficio del 1 de diciembre de 1997 dirigido al tribunal de ética médica, suscrito por el oftalmólogo Jesús Antonio Daza Cruz, fl. 68-69 y 75, cdno. 3).

18.9. Un mes y medio después de la cirugía, al paciente le fue diagnosticada una alteración ocular conocida como Ptisis bulbi, que implica una desorganización de la anatomía del ojo con pérdida de la funcionalidad del mismo. Esta perturbación visual es irreversible. Durante cualquier cirugía de estrabismo puede ocurrir perforación accidental del globo ocular la cual puede ser evidente o pasar desapercibida durante la cirugía por tratarse de una micro perforación (oficio del 17 de octubre de 1997, dirigido a la EPS Risaralda, suscrito por el cirujano oftalmólogo Óscar Leonel Ramírez, quien certificó haber atendido al menor el 10 de octubre de 1997, fl. 55, cdno. 3 y concepto sobre el caso del menor XXX del 22 de agosto de 2000, emitido por la Sociedad Colombiana de Oftalmología, con base en la historia clínica allegada al proceso, fl. 72-73, cdno. 2)(6).

18.10. Tiempo después de la intervención quirúrgica, el menor perdió el ojo izquierdo (estudio de perimetría y campimetría Manual de Goldmann, del 22 de agosto de 2001, en el cual se evidenció que no se pudo practicar dicho examen en el ojo izquierdo por “ausencia del globo ocular” y evaluación optométrica de la misma fecha en la cual se consignó: “historia de estrabismo O.I. y cirugía por estrabismo en ese mismo ojo. P {pérdida de de dicho órgano (ojo izquierdo) después de cirugía}”, fl. 102-104, cdno. 2).

18.11. El 9 de febrero de 1997 el magistrado instructor del Tribunal de Ética Médica de Risaralda encontró mérito para abrir proceso disciplinario y formular pliego de cargos al doctor Roberto Ruiz Aranibar por infringir el mandato de no someter a los pacientes a riesgos injustificados (fl. 1-5, cdno. 3). Así lo declaró el 10 de febrero de 1998 la Sala Plena del mismo tribunal, que en consecuencia ordenó citar al doctor Ruiz Aranibar para escucharlo en diligencia de descargos (fl. 30-35, cdno. 3). El 1 de junio de 1998, en sesión 117, la Sala Plena del Tribunal de Ética Médica de Risaralda decidió no aceptar los descargos presentados por el doctor, e impuso censura al profesional Roberto Ruiz Aranibar(7) con base en los siguientes argumentos (copia del proceso disciplinario, fl. 41-46, cdno. 3):

Es muy factible que en este niño se ha presentado una endoftalmia por dos causas: o hubo penetración de la aguja en el globo ocular o una deficiente asepsia previa a la operación o ambas. La medicina es de medios no de resultados es cierto, pero la sucesión de hechos, después de que la madre llevó al niño a control, desafortunadamente con un retardo de cinco días, sí es responsabilidad del médico tratante, quien en lugar de hospitalizar el (sic) niño, e iniciar un tratamiento más agresivo, convocando a la vez una junta médica que le sirviera de soporte, le dio largas al tratamiento, dándole a la madre excusas baladíes, durante dos meses y medio. Resultado: Cuando la madre motu propio, lo llevó a otro oftalmólogo ya no había nada que hacer para salvar el ojo.

Corresponde al médico advertir al paciente (en este caso a sus padres) en general sobre los riesgos previstos que pueden ocurrir: Conocimiento del cual debe dejar expresa constancia. Éste expediente es huérfano de esa prueba, ya que de otra manera se estaría exponiendo al paciente a riesgos injustificados.

La demora del doctor Roberto Ruiz Aranibar, (aproximadamente de dos meses), en asumir responsablemente el tratamiento post operatorio, incrementó el riesgo permitido lo que lo hace incurrir en un riesgo injustificado. En la medicina el deber de cuidado es permanente.

En sus descargos el doctor Roberto Ruiz Aranibar no desvirtúa los hechos imputados, los cuales están plenamente clarificados en las consideraciones de esta resolución.

18.12. Mediante Resolución 1940 del 13 de diciembre 1999 se ordenó liquidar la EPS Risaralda S.A. (fl. 42-47, cdno. 2).

18.13. La madre y las tías del menor lesionado —quienes cohabitaban con él— padecieron sentimientos de tristeza y congoja como consecuencia de la pérdida del ojo izquierdo de XXX (testimonios del 17 de mayo de 2000, ante el a quo, de los señores Elvia Rosa García de Blandón y Eladio Blandón, fl. 31-36, cdno. 2).

18.14. Para el año 2000, el menor no presentaba perturbación psíquica a raíz de la pérdida del ojo izquierdo (estudio de afectación psicológica al menor XXX del 14 de junio de 2000, realizada por la sección de psiquiatría y psicología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses, fl. 58-61, cdno. 2).

18.15. El menor XXX tuvo disminución de la capacidad laboral de un 20,90% (dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez del 29 de agosto de 2001, fl. 108-109, cdno. 2).

III. Problema jurídico

19. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis, la parte demandada incurrió en una falla del servicio como consecuencia de haber sometido al menor XXX a una deficiente praxis y un inapropiado tratamiento post operatorio, o si por el contrario, todo el procedimiento se realizó conforme al protocolo científico exigido para éste tipo de intervención quirúrgica. Del mismo modo, en el evento de estar frente a una falla del servicio, se deberá establecer si el daño alegado es imputable únicamente a la EPS Risaralda, o en solidaridad con el médico cirujano.

IV. Análisis de la Sala

20. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en la pérdida del ojo izquierdo de XXX, como consecuencia de la cirugía de corrección de estrabismo practicada al menor cuando tenía cinco años.

21. Para determinar si este daño es imputable o no a la administración, es preciso señalar la posición que ha asumido la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con estos eventos:

Es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(8):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(9).

22. En vista de lo anterior, es claro que de conformidad con la jurisprudencia anteriormente citada, no todos los eventos en los que se discute acerca de la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas, tengan que resolverse de la misma forma, pues, se reitera, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

23. Actualmente, la jurisprudencia aplica la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, esto es, el daño, la actividad médica y el nexo de causalidad entre esta y aquel, sin perjuicio de que para la demostración de este último elemento las partes puedan valerse de todos los medios de prueba legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria(10):

Prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño. Se acoge dicho criterio porque además de ajustarse a la normatividad vigente (art. 90 de la Constitución y 177 del CPC), resulta más equitativa.

... la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes.

24. La Sala debe estudiar si, de conformidad con las pruebas obrantes en este expediente, se configuró o no una falla en la prestación del servicio que hubiere podido ser la causa del daño cuya reparación se pretende.

25. En materia médica, para que pueda predicarse la existencia de una falla, la Sala ha precisado que es necesario que se demuestre que la atención no cumplió con estándares de calidad fijados por el estado del arte de la ciencia médica, vigente en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso(11). Del mismo modo, deberá probarse que el servicio médico no ha sido cubierto en forma diligente, esto es, que no se prestó el servicio con el empleo de todos y cada uno de los medios humanos, científicos, farmacéuticos y técnicos que se tengan al alcance(12).

26. En el caso concreto, la Sala encuentra probado que el procedimiento quirúrgico empleado para la corrección de estrabismo al que fue sometido el menor XXX, por parte de la EPS Risaralda —entidad prestadora de salud a la que se encontraba afiliado al momento de la cirugía— no fue realizado conforme a las exigencias médicas para este tipo de intervenciones, puesto que:

26.1. Dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del médico oftalmólogo Roberto Ruiz Aranibar ante el Tribunal de Ética Médica de Risaralda, este manifestó que no hacía uso del microscopio ocular para esta operación, cuando todos los demás oftalmólogos consultados afirmaron que es obligatorio su uso.

26.2. A lo anterior se suma, que debido a que el menor XXX presentaba intenso dolor, lagrimeo y secreción, fue llevado por su madre nuevamente ante el oftalmólogo Roberto Ruiz Aranibar, el cual inició tratamiento formulándole medicamentos para contrarrestar una posible infección(13), sin tener certeza de la misma. Se echa de menos la inmediata hospitalización o la práctica de exámenes diagnósticos al menor, o la convocatoria de manera urgente de una junta médica que le hubiese servido de apoyo para brindar un tratamiento idóneo. De esta forma la Sala encuentra probado que el médico se limitó a dilatar el tratamiento del menor por más de dos meses, durante los cuales daba explicaciones a la madre del niño pero no agotó todos los recursos necesarios para salvar el ojo del menor que evidentemente estaba empeorando.

26.3. El Tribunal de Ética Médica, afirmó que el menor presentó endoftalmia posiblemente por dos causas: penetración de la aguja en el globo ocular o una deficiente asepsia previa a la operación o ambas. Este tribunal fue enfático en establecer que le correspondía al médico tratante advertir al paciente (en este caso a sus padres) en general sobre los riesgos previstos que podían ocurrir: conocimiento del cual se debió haber dejado expresa constancia. Así, el tribunal concluyó que el paciente fue expuesto a riesgos injustificados.

26.4. En este orden de ideas, para la Sala se encuentra probado que se configuró una falla probada del servicio, como consecuencia de un indebido procedimiento quirúrgico y un inapropiado tratamiento tanto preoperatorio como postoperatorio, al que injustificadamente fue sometido el menor XXX por el médico oftalmólogo Roberto Ruiz Aranibar, el cual para la época de los hechos se encontraba vinculado laboralmente a la EPS Risaralda.

26.5. En lo que respecta al segundo interrogante, relacionado con la responsabilidad administrativa en la que incurren las EPS como consecuencia de la inapropiada prestación del servicio médico por parte de los profesionales adscritos a ésta, se tiene que hacer precisión que las actuaciones desplegadas por los médicos de una EPS, se entienden realizadas por ésta última, ya que estos profesionales están ejerciendo funciones en su representación, tal como sucede con las IPS con las que suscriben contrato las EPS para que sean aquellas las que físicamente presten los servicios de atención médica.

26.6. Habida cuenta de lo expuesto hasta el momento, están llamados a ser declarados responsables administrativa y patrimonialmente y a ser condenados en los mismos términos el oftalmólogo Roberto Ruiz Aranibar y la EPS Risaralda, de conformidad con los pronunciamientos de la Sala en el sentido de que “cuando un prestador de servicio médico lo hace por cuenta de otro, jurídicamente lo atiende éste; no pueden confundirse el sujeto prestador físico con el sujeto prestador jurídico”(14), lo cual significa que en este caso, para la Sala es tan responsable el médico, como la entidad que celebró el contrato con aquel para que brindara los servicios a sus afiliados.

26.7. Si bien la recurrente alega que la intervención quirúrgica del menor XXX se realizó en una IPS —clínica Los Rosales—, con instalaciones médicas que no pertenecían a la EPS Risaralda y por un médico oftalmólogo que al momento de la cirugía no se encontraba vinculado contractualmente con dicha EPS, lo cierto es que aunque materialmente fueron éstos los que prestaron el servicio médico, este hecho no desvanece por sí solo la responsabilidad en cabeza de la EPS Risaralda, por cuanto el servicio en sentido jurídico y de afiliación lo prestó la demandada mediante la IPS y los respectivos profesionales médicos.

26.8. Adicionalmente la Sala considera que la EPS es responsable frente a su usuario, al tenerse en cuenta que este último no tiene libertad plena para elegir el profesional de la salud o la institución hospitalaria que va a brindarle atención médica, ya que debe sujetarse a ser atendido por parte de las instituciones que tienen contratos con la EPS a la que se encuentra afiliado, y en razón de ese vínculo contractual existente entre la EPS con las IPS y los respectivos profesionales médicos, surge para la EPS responsabilidad frente al usuario.

27. En cuanto a la responsabilidad del médico oftalmólogo Roberto Ruiz Aranibar, aunque en el expediente no obre copia de prórroga del contrato de prestación de servicios suscrito entre este y la EPS Risaralda, para la Sala, el hecho de que el médico oftalmólogo siguiera prestando sus servicios profesionales a los afiliados de esa EPS, permite inferir que entre éstos dos existía un vínculo jurídico.

27.1. Así mismo, el hecho de que el Tribunal de Ética Médica de Risaralda hubiese señalado que el médico Roberto Ruiz Aranibar actuó de forma contraria a la lex artis requerida para el caso concreto(15), sumado al análisis probatorio que se hace en la presente instancia, permite a la Sala concluir que el profesional es responsable junto con la EPS Risaralda, tal y como lo consideró el a quo en la sentencia recurrida:

Respecto del llamado en garantía, con lo que se ha dejado registrado anteriormente, particularmente el análisis que se dio el (sic) fallo del Tribunal de Ética Medica, lo llamado es acceder a la condena pedida, pues el médico fue sujeto de un proceder gravemente culposo, determinándose que por ello se le condene a pagar a la demandada el cincuenta por ciento (50%) del total del dinero que a ella le corresponda pagarle a los actores, fruto de la condena que habrá de ordenarse (fl. 189, cdno. ppal.).

27.2. La Sala comparte la citada decisión por cuanto la negligencia del profesional de la salud tendrá como consecuencia la condena en partes iguales, entre éste y la EPS demandada. Sin embargo advierte que el tribunal de primera instancia omitió incluir la condena contra el llamado en garantía en la parte resolutiva del fallo apelado, por lo que en aplicación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil procederá a corregir este yerro.

28. Por las razones anotadas, se confirmará la sentencia apelada en cuanto declaró la responsabilidad administrativa de la EPS Risaralda por los daños causados al menor XXX como consecuencia de las fallas en que incurrió antes, durante y con posterioridad a la intervención quirúrgica que se le practicó el 5 de agosto de 1997 y que tuvo como consecuencia la pérdida total del ojo izquierdo del menor.

29. Ahora bien, teniendo en cuenta que el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, emitió sentencia concediendo las súplicas de la demanda y que sólo recurrió en apelación la parte demandada, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, para no hacer más gravosa la situación de la entidad, sólo procederá a actualizar la condena.

V. Actualización de la condena

Perjuicios morales

30. No obstante en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios en gramos oro, el a quo fijó el valor de la condena por perjuicios morales en salarios mínimos, teniendo en cuenta que la Sala abandonó el criterio de remisión al oro para establecer el valor de la condena.

31. En los eventos de lesiones corporales, la cuantificación del perjuicio deberá hacerse en consideración a las condiciones en que se produjo la lesión, su mayor o menor gravedad(16). En el caso concreto, está demostrado que XXX sufrió la pérdida absoluta del ojo izquierdo, lo que le ocasionó una disminución en su capacidad laboral en un 20,29% según dictamen emitido por la junta de calificación de invalidez de Risaralda, del 29 de agosto de 2001. El monto de la indemnización fue estimado por el tribunal en sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el menor XXX y la madre Olga Nedh Marín Ramírez. Ahora bien, es razonable concluir, conforme a las reglas de la experiencia, que los familiares del menor padecieron, aflicción y dolor como consecuencia de la afectación de su estado de salud. El a quo fijó para las señoras, Luz Mary Marín Ramírez; Amanda Rosa Marín Ramírez, María Araceli Marín Ramírez y María Gladys Marín Ramírez, en su calidad de tías del menor lesionado, la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada una. Y por concepto de daño a la vida de relación cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del directamente afectado. Como quiera que el monto concedido por el a quo se encuentra acorde con los parámetros jurisprudenciales de esta corporación será confirmado.

32. El Tribunal Administrativo de Risaralda, negó el reconocimiento de perjuicios morales a favor del hermano menor del afectado, Cristian Andres Marín Ramírez, por considerar que: “a la fecha de los hechos tenía apenas 2,5 años circunstancia que le impedía comprender lo que se daba respecto a su hermano” (fl. 188 cdno. ppal.). La Sala no revisará este aspecto de la sentencia recurrida, en cumplimiento del principio de no reformatio in pejus según el cual no puede hacerse gravosa la condena al apelante único, que en este caso es la entidad demandada. Lo anterior no obsta para que la Sala manifieste que no comparte esta decisión, pues permite el desconocimiento de la capacidad del infante para verse afectado por las circunstancias que afligen a un miembro de su núcleo familiar, alterando las dinámicas relacionales.

Perjuicios materiales

33. En relación con los perjuicios materiales, el monto concedido por el tribunal en la primera instancia fue $13’806.662, suma que a criterio de esta sala se encuentra ajustada a lo probado dentro del proceso. Por tanto se procederá a actualizar el citado monto conforme a la fórmula de matemática financiera usada por esta corporación así:

 

1998-00181 formula A.jpg
 

 

Donde:

Ra = Es la renta actualizada

Rh = Es la renta histórica

If = Es el índice de precios al consumidor final

Ii = Es el índice de precios al consumidor inicial

 

1998-00181 formula B.jpg
 

Ra = $21.370.392,96

VI. Costas

34. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, el 20 de marzo de 2003, así:

1. CONFIRMAR el numeral 1 de la parte resolutiva.

2. La condena quedará así:

“2. Como consecuencia de lo anterior, se condena a la demandada a pagar: por concepto de perjuicios morales, el equivalente a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en la fecha de esta sentencia, a cada uno de los actores: Olga Nedh Marín Ramírez, en su calidad de madre, y, al menor lesionado XXX; y de a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una de sus tías Luz Mery, Amanda Rosa, María Araceli y María Gladis Marín Ramírez. Por daño a la vida de relación, a favor del menor XXX, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia. Y por concepto de perjuicios materiales, lucro cesante futuro, a favor del mencionado Mauricio Marín Ramírez, la suma de veintiún millones trescientos setenta mil trescientos noventa y dos pesos con noventa y seis centavos ($21.370.392,96).

3. Se condena al llamado en garantía, médico Roberto Ruiz Aranibar, identificado con la cédula de extranjería 108117 de Bogotá, a pagar a la entidad demandada el cincuenta por ciento (50%) del valor de la presente condena.

4. Se niegan las demás súplicas de la demanda, conforme a lo expresado en la parte motiva.

5. La entidad estatal demandada dará cumplimiento al presente fallo en el término referido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. De no atenderse a ello, se observará lo dispuesto en el artículo 177 de la misma obra. Para lo anterior se enviará la copia respectiva del mismo a la Procuraduría General de la Nación, para los efectos del artículo 24:1:15 del Decreto 262 del 2000”.

3. Sin condena en costas.

4. Por secretaría EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

5. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) En razón de la cuantía el proceso es de doble instancia, pues la pretensión mayor correspondiente a perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes se estimó en dos mil setecientos sesenta y un mil (2.761) gramos de oro, equivalentes a ($36’127.933,49) a la presentación de la demanda, monto que supera la cuantía requerida en el año 1998 ($18’850.000) para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, fuere de doble instancia.

(6) El concepto cita como fuente: “Tomado de Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria Camilo de Cienfuegos http://instituciones.sld.cu/retinosis/2012/01/25/ptisis-bulbi/”. De igual manera, la Sociedad Colombiana de Oftalmología afirmó que una perforación accidental evidente o desapercibida puede ser seguida de desprendimiento de retina, desprendimiento coroideo o endolftalmitis (infección del interior del ojo), todas causas potenciales de degeneración del ojo hacia la Ptisis bulbi. Finalmente, recomendó un examen oftalmológico completo para ayudar a dilucidar con mayor precisión los eventos ocurridos con el ojo izquierdo del menor.

(7) Con base en los hechos relacionados con la intervención quirúrgica que se le practicó por parte del oftalmólogo Roberto Ruiz Aranibar al menor XXX, éste profesional fue denunciado por la EPS demandada y por la madre del paciente ante el Tribunal de Ética Médica de Risaralda, el cual, luego de la respectiva investigación disciplinaria, decidió imponerle la respectiva sanción.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013. Exp. 27753 C.P Danilo Rojas Betancourth.

(9) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(10) En relación con la actividad médica capaz de comprometer la responsabilidad de la administración, debe señalarse que no es solamente aquella que se desarrolla contrariando los postulados de la lex artis o, dicho en otras palabras, que es consecuencia de un funcionamiento anormal, negligente o descuidado del servicio médico. También la actuación o actividad médica que se despliega en condiciones normales o adecuadas puede dar lugar a que ello ocurra. Y no podría ser de otra forma, porque el eje del sistema de responsabilidad extracontractual en Colombia no es la noción de falla del servicio, sino el daño antijurídico. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, exp. 15.772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 3 de octubre de 2007, exp.16.402, de 30 de julio de 2008, exp. 15.726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, de 21 de febrero de 2011, exp. 19.125, C.P. (e) Gladys Agudelo Ordoñez, sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 15.772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada luego en la sentencia de 28 de septiembre de 2012, exp. 22.424, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. ART. 90.—Constitución Política. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 28 de septiembre de 2012, exp. 22.424, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(11) Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, exp. 17149, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(12) Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 14726, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(13) Eritromicina suspensión y otros medicamentos.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 15178, C.P. María Helena Giraldo; en el mismo sentido, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2011, exp. 17959, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de mayo de 2013, exp. 24832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(15) El proceso disciplinario seguido contra Roberto Ruiz Aranibar fue valorado en el presente asunto como prueba trasladada, toda vez que se surtió con audiencia de la contraparte, respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción. Además, las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario interno, fueron practicadas por la entidad demandada, de allí que se entiende que se han surtido, también, con su audiencia. Ver sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 15001-23-31-000-1995-05748-01 (18756), Sección Tercera, C.P. Enrique Gil Botero.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 16.205, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de septiembre de 2011, exp. 20.078, y de 14 de junio de 2012, exp. 24.157, con ponencia del suscrito consejero ponente.