Sentencia 1998-00185 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 76001233100019980018501

Exp.: 29.092

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: José Reinaldo Pajoy Méndez y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Educación, departamento del Valle del Cauca - Escuela Normal Departamental para Varones

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 7 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, Sala de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, con ocasión del suicidio del menor Diego Fernando Pajoy Ruiz, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida en el equivalente a 1500 gramos de oro que, por concepto de perjuicios morales, solicitaron los demandantes para cada uno de los padres de la víctima, esto es, $ 19.364.790(2), y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 1998(3), para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 18.850.000(4).

2.2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(5), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 26 de agosto de 1997 y la demanda fue instaurada el 3 de marzo de 1998, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3. El caso y su análisis.

Se encuentra acreditado en el plenario que el menor Diego Fernando Pajoy Ruiz falleció el 26 de agosto de 1997. Así lo indica el registro civil de defunción visible a folio 5, del cuaderno 1.

Así, se encuentra acreditado el daño sufrido por los demandantes, consistente en la muerte del menor Pajoy Ruiz, circunstancia de la que se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

Está demostrado, asimismo, con la prueba testimonial recopilada en el expediente (fls. 13-36, cdno. 2; fls. 1-21, cdno. 6), que dicho menor se estranguló en el baño de su casa. En torno a esto, la necropsia del cadáver, practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, regional sur, concluyó: “Hombre adolescente con surco por ahorcamiento que le produce fractura de hioides y de cartílago tiroides, comprensión de vasos del cuello que lo conducen a asfixia con hipoxia y la muerte” (fls. 88 y 89, cdno. 2).

Según la demanda, la víctima se suicidó, debido al profundo dolor que le produjo que la Escuela Normal Departamental para Varones, de Cali, en la que cursaba décimo grado, cancelara injustificadamente su matrícula, para el período académico 1997-1998 (grado 11), lo que configuró una falla en la prestación del servicio, imputable a las demandadas. Estas, por el contrario, aseguraron que tal hecho obedeció a la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que decidió, libre y voluntariamente, acabar con su vida, a lo cual se sumaba que la medida implementada por el plantel educativo, consistente en negarle el cupo para el período 1997-1998, obedeció a los reiterados actos de indisciplina del estudiante y a su bajo rendimiento académico.

En torno a las razones que habría tenido el menor para suicidarse, Juan Pablo Valencia Camayo, Faber Adrián Uribe Patiño y Alexander Peláez Méndez, compañeros de curso de la víctima, a quienes también les fue negado el cupo para el período académico 1997-1998, en declaraciones rendidas el 13 de junio de 2000 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 1-22, cdno. 2), expresaron que el menor Pajoy Ruiz decidió quitarse la vida debido al profundo estado de depresión que le produjo su expulsión de la escuela. Aseguraron que la medida que esta adoptó, la cual consideraron injusta, afectó radicalmente el estado de ánimo de la víctima, al punto que casi ya no hablaba con nadie. Manifestaron que Diego Fernando tenía el sueño de convertirse en profesor y que la decisión de la escuela truncó esas expectativas. Indicaron que la víctima tenía excelentes relaciones con sus padres y hermanos, pues su hogar era muy cálido y se respiraba en él un ambiente bastante tranquilo, de modo que lo único que pudo desequilibrarlo emocionalmente y que, sin duda, lo impulsó a tomar la decisión de acabar con su vida, no pudo ser otra cosa que su exclusión injustificada de la escuela, ya que jamás se supo que tuviera otra clase de problemas.

Dijeron que el comportamiento personal y el rendimiento académico de ellos y de la víctima en la escuela, a lo largo de los años, fue bueno, ya que nunca reprobaron un año lectivo y mucho menos tuvieron problemas con los profesores y los demás compañeros; no obstante, recibieron, por parte del profesorado y de las directivas de la escuela, un trato denigrante, en la medida en que fueron sometidos a una permanente persecución, al punto que se les llegó a tildar de delincuentes y se les consideró nocivos para la institución y, por tanto, su exclusión del plantel educativo fue abiertamente injusta, máxime cuando ni siquiera se les dijo cuál había sido el motivo de dicha decisión. Todo ello, sin duda, produjo un desequilibrio emocional en Diego Fernando, mucho más fuerte que el que ellos sufrieron, que lo indujo a quitarse la vida.

A diferencia de lo manifestado por los testigos acabados de citar, Andrés Fernando Contreras Lozano, quien para la época de los hechos estudiaba en la misma escuela y en el mismo grado en que lo hacía la víctima, en declaración rendida el 4 de julio de 2000, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 39-44, cdno. 2), aseguró que Diego Fernando acusaba bajo rendimiento académico y serios problemas de disciplina, pues siempre andaba con otros dos estudiantes y se hacían llamar los “Tres (3) D”, que quería decir “Los tres delincuentes”. Dijo que el hoy occiso llevó armas al colegio, en algunas ocasiones, y que, en cierta oportunidad, cuando cursaban octavo, se puso a jugar en el descanso con un revólver, el cual se le disparó e hirió a un compañero.

Agregó que Diego Fernando era un poco grosero con los profesores y directivos y que, además, le gustaba hurtar libros, siendo descubierto en dos oportunidades; adicionalmente, tomaba licor y se salía de la escuela a fumar cigarrillo, lo cual estaba prohibido por el manual de convivencia. Señaló, también, que los “Tres D” comentaban que, con lo que robaban, compraban droga. Finalmente, indicó que no era cierto que las directivas y los profesores de la escuela persiguieran a los alumnos.

Entre tanto, Lina María Patiño Terranova, quien cursó estudios con Diego Fernando Pajoy desde sexto hasta noveno de bachillerato, en declaración rendida el 11 de julio de 2000, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 3-8, cdno. 3), aseguró que, debido al mal comportamiento y a la falta de interés en el estudio de este último, los profesores y directivas de la escuela mantenían siempre llamándole la atención, al punto que se contempló la posibilidad de expulsarlo; sin embargo, se decidió que continuara en la institución y que terminara el año y se dispuso, además, que se haría un seguimiento exhaustivo de su caso, a fin de establecer si Diego Fernando recapacitaba y cambiaba de comportamiento. Finalmente, las directivas decidieron negarle el cupo para el año siguiente.

A su turno, Martha Cecilia Prado Brand, quien para la época de los hechos se desempeñaba como coordinadora de disciplina de la Escuela Normal Departamental para Varones, de Cali, en declaración rendida el 4 de julio de 2000, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 45-54, cdno. 2), aseguró que el menor Pajoy Ruiz era reacio a cumplir las normas dispuestas por el manual de convivencia, ya que permanecía, casi siempre, fuera del salón de clase, comportamiento que justificaba alegando que no había realizado el respectivo trabajo o que no había estudiado para la evaluación; además, no le gustaba usar el uniforme y salía de la escuela, sin autorización, para comprar cigarrillos, de lo cual existía prueba documental. A raíz de ello, remitió varias citaciones escritas a los padres del estudiante, a fin de que acudieran a la escuela y se enteraran de la situación de su hijo; sin embargo, Diego Fernando nunca se las entregaba y, por ende, ellos no asistían. Afirmó que la única vez que la mamá del estudiante acudió a la escuela fue porque un profesor de dicha institución, que vivía en el barrio de ella, le comunicó que la estaban buscando insistentemente, y dijo que al enterarse del comportamiento de su hijo y de la falta de interés en el estudio, se puso a llorar.

Señaló que, el 30 de octubre de 1996, la rectora de la escuela recibió una llamada de la Inspección de Policía de Santa Helena, en la que le informaron que tres alumnos de dicha institución habían atracado a un niño de 10 años, amenazándolo con un revólver. Aseguró que dos de los implicados en los hechos afirmaron que no se trató de un atraco, sino que ellos quisieron asustar al menor, mostrándole la cacha del arma, porque este los había insultado, y que el revólver le pertenecía al menor Pajoy Ruiz. Adicionalmente, manifestó (se transcribe textualmente):

“El 4 de junio se citó nuevamente a los padres de Pajoy para informar que el joven había sido denunciado por el robo de un atlas del curso noveno y cuando yo fui a atender el caso el atlas estaba debajo del pupitre de Diego Fernando, esta vez sí se angustió él y me decía que arregláramos el problemas los dos y que no le citara a sus padres. Ante la negación de traer a sus padres, le informé que como el año estaba finalizando, su caso pasaría a estudio al consejo directivo y efectivamente el cinco (5) de junio de 1997 en las reuniones de evaluación y promoción en la que asisten todos los profesores de la jornada, se analizó entre otros el caso de Diego Fernando y el consejo en pleno determinó pasar su caso al consejo directivo recomendando que el joven en mención no tenía perfil para maestro dado todos los problemas que había tenido durante el año escolar y se recordó entre otras cosas el incidente cuando él cursaba el grado sexto, fecha en la que hirió a un compañero con arma. El consejo directivo se reunió el 13 de junio y acordó no concederle cupo para el año escolar 1997 a 1998 junto con cincuenta y cinco (55) estudiantes más (...)” (fl. 49, cdno. 2).

Por último, sostuvo que, a pesar de las reiteradas faltas disciplinarias y del bajo rendimiento académico del menor Pajoy Ruiz a lo largo del año, se le permitió culminar décimo grado; no obstante, se tomó la determinación de negarle el cupo para el siguiente año.

En el mismo sentido se pronunciaron Adolfo León Gómez Lenis (declaración rendida el 11 jul./2000 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca) (fls. 9-17, cdno. 3), Flor Olmader Quintero Idrobo (fls. 8-17, cdno. 6), María Lady Valencia Giraldo (fls. 18-21, cdno. 6) (declaraciones rendidas el 18 jul./2000 ante el mismo tribunal) y Nancy Mercedes Peña de Guzmán (fls. 1-18, cdno. 4) (declaración rendida el 28 jun./2000).

De otro lado, el señor Raúl Contreras Martínez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como sicólogo de la escuela en la que estudiaba la víctima, en declaración rendida el 18 de julio de 2000, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 1-7, cdno. 6), sostuvo que, a raíz del episodio del arma con la que el menor Pajoy Ruiz hirió a un compañero, constató que este tenía un comportamiento rebelde y que, además, evidenció en él inseguridad y un profundo temor hacia su padre y gran desconfianza hacia su madre, quienes, a pesar de haber sido citados a la escuela, a fin de que entre todos buscaran soluciones para la situación del menor, nunca acudieron.

Pues bien, como acaba de verse, el primer grupo de testigos, esto es, el conformado por Juan Pablo Valencia Camayo, Faber Adrián Uribe Patiño y Alexander Peláez Méndez (ver pág. 10 de este fallo), aseguró que el menor Pajoy Ruiz tenía un buen desempeño académico y disciplinario en la escuela, de suerte que su expulsión no solo fue injusta, sino que, además, le produjo una profunda depresión, que lo indujo al suicidio. A diferencia de ellos, los demás testigos que declararon en este proceso manifestaron que la víctima tenía serios problemas de indisciplina en la escuela y que su rendimiento académico no era el mejor, motivo por el cual el consejo directivo de dicho plantel educativo, a pesar de que el menor Pajoy Ruiz aprobó décimo grado, decidió negarle el cupo para el período académico 1997-1998, correspondiente al grado 11.

A juicio de la Sala, las declaraciones del primer grupo de testigos (Juan Pablo Valencia Camayo, Faber Adrián Uribe Patiño y Alexander Peláez Méndez) resultan parcializadas y, por tanto, no merecen credibilidad, toda vez que se trata de personas a quienes los unía una profunda amistad con la víctima, a lo cual se suma que también corrieron la misma suerte de Diego Fernando, esto es, que no fueron admitidas para el período académico 1997-1998, por faltar al reglamento de convivencia estudiantil. Adicionalmente, su dicho fue contrastado y refutado por los demás testigos que declararon en el proceso, cuyas declaraciones merecen plena credibilidad para la Sala, por su espontaneidad, claridad y coherencia y porque, además, lo manifestado por ellos se encuentra respaldado con la prueba documental que milita en el plenario, la cual permite establecer que, efectivamente, la víctima evidenció, a lo largo de los años en que permaneció en la escuela, serios problemas de indisciplina, que contrariaron el “manual de convivencia”, acompañados de un bajo rendimiento académico, que redundó en que las directivas de la Escuela Normal Departamental para Varones, de Cali, decidieran no admitirlo para el período académico 1997-1998.

En efecto, el reporte de calificaciones del menor Pajoy Ruiz es indicativo de su bajo rendimiento académico a lo largo de los años (fl. 69, cdno. 1). Adicionalmente, en el período académico 1996-1997, en el que cursó décimo grado, el comportamiento del estudiante fue considerado como “insuficiente”, al punto que, a raíz de un informe de disciplina del 5 de junio de 1997 (fls. 137-144, cdno. 2), la coordinación disciplinaria y los directores de grupo de la escuela solicitaron al consejo directivo reconsiderar la permanencia de varios estudiantes para el período académico 1997-1998 (grado 11), entre ellos, la de Diego Fernando Pajoy Ruiz, toda vez que (se transcribe textualmente):

“Durante el año escolar el alumno presentó varias dificultades en cuanto a ‘incumplimiento del manual de convivencia’.

Se le llamó continuamente la atención por no lucir el uniforme establecido por la institución. Sin lograr ningún cambio en su presentación.

Se le llamó la atención en coordinación por usar sobrenombres de muy mal gusto a la profesora Nancy de Guzmán.

El acudiente no se presentó a la reunión de padres de familia.

Se retiraba del colegio sin autorización y no asiste a clases para salir a comprar cigarrillos.

Se cita al padre de familia y no trae las citaciones firmadas, y el padre de familia no se presenta, se le suspendió de clases y se le asignó trabajos en la biblioteca, después de varios llamados el profesor Harold Posso le informó a la mamá y ella se presentó a la coordinación. Se le informa a la señora madre del alumno, de las inasistencias constantes a clases del estudiante a diario se le encuentra (los 3 días que asiste en la mañana) jugando en las canchas de baloncesto, o detrás del edificio, se le pregunta porque no tiene interés por su clase y dice que no trajo el trabajo o sencillamente no contesta nada.

No se logra ningún cambio en él, en cuanto a su responsabilidad se refiere, es un alumno que se le cuestiona por su falta de interés académico y no contesta nada.

Es amenazado con cuchillo por un alumno del grado 9º se investiga, y se les hace describir los hechos, investigando con los compañeros se llega a la conclusión que es un problema que tienen los dos.

Se involucra en el robo de un atlas del grado 9º los alumnos suben a computación dejan el salón con los libros y cuando están bajando del tercer piso ven salir al joven Pajoy con un libro, val (sic) salón identificando al estudiante y encuentran debajo del pupitre el atlas, el alumno es citado a coordinación, niega haber tomado el atlas; sin embargo los niños del grado 9º aseguran frente a él haberlo visto salir del salón corriendo cuando el salón estaba sin estudiantes, se cita al padre de familia y el joven no trae la citación firmada y a pesar que se le hace el seguimiento verbal y escrito para que se presente con su acudiente, este no se presenta y nunca se le puede comunicar la situación.

La jornada de la tarde reporte que no asiste a las electivas. El alumno Diego Fernando Pajoy fue citado por esta coordinación varias veces pero nunca explicó las razones de su desinterés académico, sus llegadas tarde y su inasistencia a las electivas en la jornada tarde” (fls. 142 y 143, cdno. 2).

Asimismo, obran en el expediente las distintas citaciones que la escuela envió a los padres del menor Pajoy Ruiz (fls. 23-30, cdno. 4), informándoles que debían acercarse a la institución, a fin de tratar asuntos relacionados con el comportamiento de su hijo; sin embargo, como se indica en el informe acabado de citar y de las declaraciones a las que se hizo alusión unos párrafos atrás (págs. 12 y 13 de este fallo), aquellos casi nunca asistieron.

A raíz de la difícil situación del menor Pajoy Ruiz, el 11 de julio de 1997 la presidente del consejo directivo de la Escuela Normal para Varones, de Cali, informó a los padres de dicho menor que este no continuaría en la institución para el período académico 1997-1998 (fl. 250, cdno. 2).

Ahora bien, según el manual de convivencia del plantel educativo (capítulo 7, num. 7.1), las siguientes faltas, entre otras, eran consideradas graves:

“7.1.1. El consumo, porte, expendio y distribución de cigarrillos, sustancias químicas y todo aquello que ponga en peligro la integridad física y mental de las personas.

7.1.2. Adulterar, dañar o sustraer las planillas de calificaciones u otros documentos de la institución o de las personas (...).

(...)

7.1.5. El deficiente rendimiento académico demostrado con la pérdida de más de tres (3) áreas a partir del segundo período.

7.1.6. El deficiente rendimiento en práctica docente” (se subraya) (fl. 25, cdno. 1).

En torno a las disposiciones acabadas de citar, cabe recordar que se demostró en el proceso que el menor Pajoy Ruiz salía sin permiso de la escuela para comprar y fumar cigarrillos y que, en cierta ocasión, llevó un arma de fuego a la escuela, con la cual hirió accidentalmente a un compañero; además, sustrajo pertenencias de una estudiante y evidenció, a lo largo de los años, bajo rendimiento académico.

Ahora bien, el capítulo 8 (num. 8.3) del referido manual de convivencia señalaba las causales que daban lugar a la “cancelación de matrícula y estudio de cupo” (fl. 26, cdno. 1), entre ellas, el porte de armas en la institución, el hurto comprobado y la acumulación de tres sanciones por faltas graves durante el año lectivo.

Como puede verse, las directivas de la Escuela Normal Departamental para Varones, de Cali, tenían sobradas razones para negarle el cupo al menor Pajoy Ruiz, para el período académico 1997-1998, pues es evidente que este tuvo, a lo largo de su permanencia en la institución, serios problemas de disciplina y bajo rendimiento académico.

Si bien la educación es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia, también es cierto que los estudiantes deben cumplir una serie de obligaciones, necesarias todas ellas para el sano y normal desarrollo de su formación; al respecto, vale la pena señalar que:

“La Corte le ha reconocido a la educación una doble connotación de derecho y deber. Al respecto, el artículo 67 de la Constitución Política sostiene que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la misma. El goce del derecho fundamental de educación implica el cumplimiento de deberes por parte del educando, pues en el desarrollo del proceso educativo deben (sic) respetar el reglamento y las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo en el que se encuentre matriculado y también exige tener un adecuado rendimiento académico en armonía con las exigencias propias de la institución educativa respectiva. En consecuencia, esta corporación ha indicado que en el desarrollo del proceso educativo todos los participantes deben estar involucrados en el cumplimiento de los deberes y obligaciones signados por la Constitución Política, la ley y el reglamento educativo o manual de convivencia”(6) (se resalta).

De acuerdo con lo anterior, es indispensable anotar que las instituciones educativas tienen la autonomía necesaria para establecer las condiciones de permanencia de un estudiante en aquellas; por lo tanto, pueden reservarse el derecho de no renovar la matrícula de un estudiante cuando este haya incumplido los deberes que le impone el manual de convivencia.

Pero, al margen de lo anterior, lo cierto es que no existen elementos de juicio suficientes que permitan relacionar la muerte del menor Pajoy Ruiz con la decisión de la Escuela Normal Departamental para Varones, de Cali, de negarle el cupo para el período académico 1997-1998, pues, si bien algunos de los testigos que declararon en el proceso sostuvieron que tal medida lo afectó emocionalmente, aquel jamás dio a conocer que tuviera la intención de acabar con su vida y mucho menos que ello se debiera a esa negativa; al respecto, vale la pena destacar que, cuando se interrogó a los testigos sobre si la víctima había comentado algo en torno a su decisión de quitarse la vida, todos contestaron, sin excepción, que no.

Así las cosas, no puede concluirse que el suicidio de Diego Fernando Pajoy Ruiz fue inducido por la escuela en la que cursaba estudios y menos teniendo en cuenta que la decisión de esta negar el cupo para el período académico 1997-1998 también afectó a otros 55 estudiantes, ninguno de los cuales adoptó la misma decisión del referido menor, quien, por lo demás, se quitó la vida lejos del control y vigilancia de la escuela, pues su muerte ocurrió, como ya se vio, en el baño de su propia casa (fls. 13-36, cdno. 2; fls. 1-21, cdno. 6).

No hay duda, pues, de que se trató de un hecho súbito e inesperado, que tomó por sorpresa a todos y, por lo mismo, es obvio que este resultó imprevisible e irresistible, pues lo cierto es que la víctima jamás evidenció un comportamiento tal que hiciera pensar o presagiar que tuviera la firme y fatal intención de acabar con su vida.

Así, se da la presencia de una causa extraña, cual es la culpa exclusiva de la víctima, que enerva la responsabilidad de las demandadas y, por tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que, en el asunto sub examine, no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 7 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, Sala de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, con ocasión de la muerte del menor Diego Fernando Pajoy Ruiz, ocurrida el 26 de agosto de 1997.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Para la época de presentación de la demanda —3 de marzo de 1998—, el valor del gramo de oro era $ 12.909,86.

(3) Año de presentación de la demanda.

(4) Decreto 597 de 1988.

(5) Decreto 2304 de 1989.

(6) Corte Constitucional, T-759 del 7 de octubre de 2011; M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.