Sentencia 1998-00200 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 180012331000199800200 02 (29.617)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: José Antonio Sáenz y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y otros

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(4). Así mismo, para pronunciarse respecto de los puntos que fueron objeto del recurso de alzada, dada la apelación de la sentencia por el extremo actor, acorde con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso interpuesto por la parte actora, contra la sentencia que denegó las pretensiones en lo atinente a los perjuicios morales reclamados por los hermanos de las víctimas, para lo cual debe esclarecerse si el parentesco, en el segundo grado de consanguinidad, es suficiente para concluir que se ha sufrido un perjuicio de orden moral en tratándose de un deceso.

3. Hechos probados.

De conformidad con el acervo probatorio allegado, se encuentran probados los siguientes hechos relevantes para la resolución de la alzada:

3.1. El 4 de marzo de 1998, con ocasión a operaciones desplegadas en el municipio de Cartagena del Chairá, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó la vereda Pueblo Nuevo. En el evento fallecieron Aminta Salinas de Sáenz, Ermin Sáenz Salinas, Gerardo Sáenz Salinas y Jorge Amín Trujillo Ardila (registros civiles de defunción de los citados —fls. 30, 44-46, cdno. 1—, 11 fotografías de los cuerpos —fls. 55-58—, recortes de prensa —fl. 60, cdno. 1—, licencias de inhumación —fls. 61-64, cdno. 1).

Con relación a los recortes de prensa adosados al plenario, la jurisprudencia actual de la Sala Plena señala:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez. En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas ‘... son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘... son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen’. Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos. Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí solas con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso. En relación con este último punto el Consejo de Estado ha indicado que ‘... las informaciones publicadas en diarios no pueden considerarse dentro de un proceso como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio de prueba, en particular porque no son suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho...’ por cuanto es sabido que el periodista ‘... tiene el derecho de reservarse sus fuentes’(5)”.

Así, se considera que los mismos deben ser analizados junto con las demás pruebas obrantes en el proceso, pues son el registro de hechos acaecidos en la región, que contienen una narración ilustrativa al juzgador que debe confrontarse con el resto del acervo, a efectos de tener la visión más completa posible respecto de los hechos analizados; así, para el caso que ocupa la atención de la Sala, el registro contenido en la edición del diario “El Tiempo”(6) resulta complementario, ya que da cuenta de las incursiones militares que tuvieron lugar en esa época en Cartagena del Chairá, Caquetá.

3.2. La señora Aminta Salinas de Sáenz era la esposa del señor José Antonio Sáenz (fl. 49, cdno. 1 —registro civil de matrimonio—), madre de Nelson, Édgar, Dagoberto y Miguel Ángel Sáenz Salinas (fls. 48, 50-53, cdno. 1) y de los también fallecidos Ermin y Gerardo Sáenz Salinas; hija de Camila Ardila (fl. 39, cdno. 1) y hermana de Miller, Juan de Jesús, Graciela, Luz Mila, Gilberto, Víctor Félix, José Leonel, José Yesid, Rosabel, Gustavo, Ramiro y María Nirsa Salinas Ardila (fls. 35-37, 40-41, cdno. 1).

3.3. Los señores Ermin y Gerardo Sáenz Salinas eran hijos de José Antonio Sáenz y de la también fallecida Aminta Salinas de Sáenz (fls. 49-50, cdno. 1), hermanos de Nelson, Édgar, Dagoberto y Miguel Ángel Sáenz Salinas (fls. 48, 50-53, cdno. 1).

3.4. El señor Jorge Amín Trujillo Ardila era hijo de la señora Lucrecia Ardila Bustamante (fl. 32, cdno. 1), hermano de Franco Iyan, Abil Armando, Ricardo, Carlos Mauricio, Alfredo, Gerardo, Hugo Erley, Sandra Esterli, Marleny Trujillo Ardila, Flor Nelly y Luz Melba Ardila (fls. 18-22, 30, cdno. 1) y compañero permanente de Blanca Marleny Arboleda Ceballos(7).

4. Juicio de responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(8).

De conformidad con esa cláusula general de responsabilidad, los demandantes imputan a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, el hecho dañoso consistente en la muerte de los señores Aminta Salinas de Sáenz, Ermin y Gerardo Sáenz Salinas y Jorge Amín Trujillo Ardila, con ocasión al bombardeo llevado a cabo el 4 de marzo de 1998, sobre la casa finca en la que vivían y trabajaban.

Responsabilidad sobre la que la Sala no hará ningún pronunciamiento, en cuanto la sentencia que la declara no fue apelada por la demandada, sí por la actora, en cuanto el a quo negó a los hermanos los perjuicios morales.

4.1. El daño.

El que se encuentra debidamente probado, pues, como se relacionó en el acápite anterior, los señores Aminta Salinas de Sáenz, Ermin y Gerardo Sáenz Salinas y Jorge Amín Trujillo Ardila fallecieron por causa de las operaciones militares llevadas a cabo por la Fuerza Aérea Colombiana.

5. Perjuicio moral.

5.1. Mediante sentencia de 30 de junio de 2011, esta corporación se pronunció respecto de los perjuicios morales(9):

“11. Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en ‘el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien(10). Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.

“11.1. El daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, como también en sus parientes o personas cercanas, víctimas indirectas(11).

“12. Por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como ‘onus prodandi, incumbit actori’ y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(12). Correlativo a la carga del demandante, está asimismo el deber del demandado de probar los hechos que sustentan su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo ‘reus, in excipiendo, fit actor’. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 Código de Procedimiento Civil(13).

“12.1. Cuando se pretende el reconocimiento de perjuicios morales, la parte demandante tiene así el deber mínimo de probar su existencia y esta corporación ha avalado los indicios como un medio de prueba para su configuración.

“12.1.1. Respecto de la prueba indiciaria Hernando Devis Echandía, haciendo referencia a Gianturco, señaló que: ‘entendemos por indicio, un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquel se obtiene, en virtud de una operación lógico crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos’(14).

“12.1.2. El Código de Procedimiento Civil dispone que, para que un hecho pueda considerarse como indicio debe estar debidamente probado en el proceso (art. 248). De este modo, y siguiendo al tratadista mencionado, para la existencia jurídica del indicio es necesario (sic) plena prueba del hecho indicador y que, el hecho probado tenga alguna significación probatoria respecto al hecho que se investiga por existir alguna conexión lógica entre ellos.

“12.1.3. El análisis para la configuración de un indicio, esto es, el paso entre el hecho indicador y el hecho indicado es una operación que debe realizar el juez en cada caso concreto, de acuerdo con las reglas de la experiencia y siempre que no obre prueba en contrario que lo desvirtúe(15).

“13. Cuando ha tratado el tema de la prueba de la existencia de los perjuicios morales en los parientes del afectado, esta corporación ha considerado que el hecho de que esté acreditado el parentesco representa un indicio para la configuración de ese daño en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad(16) y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos, abuelos e hijos del afectado y de su cónyuge o compañera permanente(17).

“13.1. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes (C.P., art. 42). De esta manera, la pérdida o enfermedad de uno de los parientes causa un grave dolor a los demás.

“13.2. Lo anterior no obsta, para que en los eventos en que no esté acreditado el parentesco se pruebe el dolor moral de estos parientes en calidad de damnificados(18), mediante el uso de los diversos medios de prueba que dispone el Código de Procedimiento Civil de los cuales se pueda inferir el daño moral sufrido.

“13.3. Para acreditar el daño moral de los parientes del afectado por lesiones leves, actualmente la posición jurisprudencial considera que basta la acreditación del parentesco para inferir el daño moral, esto es la aplicación del indicio que se viene señalando. Con anterioridad, esta corporación había juzgado que en el caso de lesiones leves además de la prueba de la existencia de la lesión, se debía acreditar el daño moral padecido por las víctimas indirectas que lo alegaran, sin que fuera suficiente la prueba del parentesco(19). Solo se consideraba suficiente esta prueba para la acreditación del daño moral cuando se tratara de un caso de muerte o de lesión grave(20). Sin embargo, esta posición cambió(21) bajo el argumento de que a) la presunción de los perjuicios morales causados a los parientes de la víctima del daño no la sustenta el tipo de lesión, sino la lesión misma y b) al causar este dolor a una persona, genera, por la misma naturaleza humana, aflicción a las personas más próximas. El tipo de lesión, se concluyó, es útil para determinar la intensidad del daño y es relevante para la graduación del perjuicio.

“13.4. En este contexto, es pertinente reiterar que la tasación de los perjuicios morales ha de hacerse en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y no en gramos oro como anteriormente sucedía(22). La asunción de este cambio de patrón se dio porque se constató que la variación del valor oro era independiente de la del índice de precios al consumidor, siendo aquella muy inferior a la de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y porque el patrón oro en el mercado nacional e internacional es un bien más que depende de las fuerzas de dichos mercados. Lo anterior aunado a la sujeción del juez administrativo a los principios de reparación integral y de equidad(23) y al deber de liquidar las condenas mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia(24).

“13.4.1. Ahora bien, en el juez administrativo radica la facultad discrecional de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Discrecionalidad que está regida: a) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, más no de restitución, ni de reparación; b) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto de perjuicio y su intensidad y por el d) deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(25).

“13.4.2. El monto a indemnizar por un perjuicio moral depende de la intensidad del daño. Cuando el perjuicio moral es de un mayor grado, se ha considerado como máximo a indemnizar la suma de 100 SMLMV a la fecha de la sentencia(26), lo que ‘no significa que no pueda ser superior cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral’(27)”.

5.2. Es así que, aun cuando otrora se había restringido la inferencia fundada en las reglas de la experiencia a los hijos, padres y hermanos menores(28), en la actualidad la jurisprudencia ha determinado que los perjuicios morales alcanza hasta el segundo grado de consanguinidad, lo que guarda relación, a su vez, con los supuestos previstos en la Ley 975 de 2005 —por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios—, en lo que concierne a la reparación de víctimas, a las luces de la Sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional(29).

Siendo las cosas de este modo, forzoso es concluir que la sentencia proferida en primera instancia será revocada, en lo que respecta a la negación de las pretensiones indemnizatorias de los hermanos de las víctimas del bombardeo del 4 de marzo de 1998.

5.3. En este punto cabe anotar que algunos de los demandantes, además de tener la calidad de hermanos, eran también hijos de otra de las víctimas.

En otras oportunidades se ha pronunciado esta Sección en lo que concierne al monto indemnizatorio de los perjuicios morales; así, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2013, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero (Exp. 36.460), se precisó:

“... Ia valoración del perjuicio estará determinada por las circunstancias modales en las que se produjo el hecho y por la magnitud del daño, con lo cual es posible superar el criterio trazado en la sentencia proferida en el año 2001, como en efecto lo ha ordenado esta Sección, por ejemplo, en sentencia del 14 de abril de 2010(30), en la que se decretó una condena por perjuicios morales, en un caso de privación injusta de la libertad, por valor de 150 SMMLV(31)”.

En otro pronunciamiento se indicó también por la corporación:

“Además se advierte que la Sala ha admitido la acumulación de indemnización por perjuicios morales en cabeza de un mismo demandante cuando se trata de personas afectadas por la muerte o lesiones de dos o más familiares cercanos, como el cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos o los hermanos, o de quienes acrediten debidamente su afectación moral, en razón a que no puede desconocerse que el impacto sentimental o emocional es mayor cuando son varias las víctimas que cuando se trata de una sola persona, pero dicho incremento no puede obedecer a una suma matemática de estos perjuicios por cada una de ellas”(32).

En el caso de autos, se encuentra que las circunstancias en las que murieron los señores Aminta Salinas de Sáenz, Ermin Sáenz Salinas, Gerardo Sáenz Salinas y Jorge Amín Trujillo Ardila se dieron con ocasión a una operación militar, en la que fue bombardeado su lugar de habitación y con ello se produjo el desmembramiento de sus cuerpos, lo que supuso que, para su posterior inhumación, debieran ser recogidos en bolsas —tal como se aprecia en el material fotográfico allegado—, de lo que se deduce, sin lugar a dubitaciones, que el suceso de la muerte se vio permeado por el dolor extra que provocó el tener que apreciar a sus familiares sin vida y en condiciones a todas luces vulneratorias de la dignidad humana, que debe protegerse, incluso, con posterioridad al deceso del ser, sin que tenga mayor relevancia que estuvieran domiciliados en ciudades distintas a aquella en la que perecieron las víctimas directas, pues el dolor y la congoja no conocen fronteras geográficas y se producen a pesar de la distancia.

En atención a lo anterior, considera la Sala que en este caso la indemnización no debe sujetarse al derrotero de los cien (100) SMLMV, para el caso de aquellos quienes sufrieron la pérdida en calidad de hijos y hermanos, así(33):

A favor de los señores Nelson, Édgar, Dagoberto, Miguel Ángel Sáenz Salinas, en su calidad de hijos de doña Aminta Salinas de Sáenz y hermanos de Ermin Sáenz Salinas y Gerardo Sáenz Salinas, la suma equivalente a 180 SMLMV para cada uno.

Ahora bien, para el caso de aquellos que sufrieron la pérdida, pero solo en calidad de hermanos, se tiene:

A favor de los señores Miller, Juan de Jesús, Graciela, Luz Mila, Gilberto, Víctor Félix, José Leonel, José Yesid, Rosabel, Gustavo, Ramiro y María Nirsa, la suma equivalente a 80 SMLMV para cada uno, en su calidad de hermanos de doña Aminta Salinas de Sáenz.

A favor de los señores Franco Iyan Trujillo Ardila, Abil Armando Trujillo Ardila, Ricardo Trujillo Ardila, Carlos Mauricio Trujillo Ardila, Alfredo Trujillo Ardila, Gerardo Trujillo Ardila, Hugo Erley Trujillo Ardila, Sandra Esterli Trujillo Ardila, Marleny Trujillo Ardila, Flor Nelly Ardila y Luz Melba Ardila, la suma equivalente a 80 SMLMV para cada uno, en su calidad de hermanos de Jorge Amín Trujillo Ardila.

5.4. Finalmente, se hace necesario actualizar la suma a la que asciende la condena por perjuicios materiales a favor de doña Blanca Marleny Arboleda Ceballos, por concepto de lucro cesante, aspecto este que no fue objeto de recurso, así(34):

Actualización de la renta:

For gen 4
 

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $ 84.229.942
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116,24 que es el correspondiente a abril de 2014, a falta del mes de mayo de 2014.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 79,76 que es el que correspondió al mes de septiembre de 2004, mes en el que fue proferida la sentencia del a quo.

F002002
 

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2004, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, la cual quedará así:

1. DECLARAR que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Fuerza Aérea Colombiana es administrativamente responsable de los perjuicios materiales causados al señor José Antonio Sáenz como consecuencia de la destrucción de la casa finca de su propiedad ubicada en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Cartagena del Chairá, que se diera dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar consignadas dentro del cuerpo de esta decisión; y de los perjuicios materiales causados a la señora Blanca Marleny Arboleda Ceballos como consecuencia de la muerte que sufriera su compañero permanente Jorge Amín Trujillo, víctima del conocido bombardeo.

2. CONDENAR en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Fuerza Aérea Colombiana a cancelar a favor de José Antonio Sáenz los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, en la cuantía que se establezca dentro del trámite incidental que deberá promover en la forma y los términos señalados en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo; lo anterior, en caso de no haber tenido ya lugar.

3. CONDENAR Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Fuerza Aérea Colombiana a pagar a favor de la señora Blanca Marleny Arboleda Ceballos, a título de lucro cesante la cantidad de ciento veintidós millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve pesos ($ 122.754.369).

4. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Fuerza Aérea Colombiana a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

A favor de los señores Nelson Sáenz Salinas, Édgar Sáenz Salinas, Dagoberto Sáenz Salinas y Miguel Ángel Sáenz Salinas, en su calidad de hijos de doña Aminta Salinas de Sáenz y hermanos de Ermin Sáenz Salinas y Gerardo Sáenz Salinas, la suma equivalente a 180 SMLMV para cada uno.

– A favor de los señores Miller, Juan de Jesús, Graciela, Luz Mila, Gilberto, Víctor Félix, José Leonel, José Yesid, Rosabel, Gustavo, Ramiro y María Nirsa, la suma equivalente a 80 SMLMV para cada uno, en su calidad de hermanos de doña Aminta Salinas de Sáenz.

– A favor de los señores Franco Iyan Trujillo Ardila, Abil Armando Trujillo Ardila, Ricardo Trujillo Ardila, Carlos Mauricio Trujillo Ardila, Alfredo Trujillo Ardila, Gerardo Trujillo Ardila, Hugo Erley Trujillo Ardila, Sandra Esterli Trujillo Ardila, Marleny Trujillo Ardila, Flor Nelly Ardila y Luz Melba Ardila, la suma equivalente a 80 SMLMV para cada uno, en su calidad de hermanos de Jorge Amín Trujillo Ardila.

5. ORDENAR la devolución del remanente del depósito para gastos ordinarios del proceso, si lo hubiere.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Para la época en la que se interpuso la demanda —20 de agosto de 1998—, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988—. En este caso, la pretensión de mayor valor corresponde a la suma equivalente a cuatro mil (4.000) gramos de oro fino por cada uno de los demandantes, esto es, $ 50.503.520 por cada uno de los demandantes.

(5) Sentencia de 29 de mayo de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), C.P. Susana Buitrago Valencia.

(6) Edición del 29 de julio de 1998.

(7) Esta condición fue acreditada mediante testimonios rendidos dentro del trámite:

“... mi hermana Aminta trabajaba allá en la finca con José Antonio y sus hijos Hermin (sic) y Gerardo les ayudaba allá en la finca trabajaba con ellos y Jorge Amín Trujillo era trabajador de José Antonio ... Jorge Amín vivía allá con una compañera y le giraba de vez en cuando platica a los tres hijos que tiene aquí en Palermo...” (fls. 45-46, cdno. 2 – declaración rendida por Ramiro Salinas Ardila. Se anota que los mencionados hijos del señor Jorge Amín Trujillo no fueron vinculados a este trámite).

“... Yo no distinguí sino a Jorge Amín Trujjllo Ardila, porque él vivía con una amiga de nosotros que se llama Marleny Arboleda Ceballos... Yo sé que Jorge Amin Trujillo Ardila vivía con Blanca Marleny Ceballos, en el Caquetá, en una finca don de (sic) tiraron esa bomba...” (fls. 53-55, cdno. 2 – testimonio de Cecilia Méndez Perdomo).

“... Jorge Amin vivía con Blanca Marleny Arboleda en la vereda el Nilo del municipio de Palermo aquí en el Huila y a los poquitos días se fue a ayudarle al tío José Antonio en el Caquetá y allá fue donde murió...” (fls. 55-57, cdno. 2 – declaración rendida por el señor José María Franco Vanegas).

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Exp. 11945.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Exp. 19.836, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2003, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Rad. 14083.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1º de marzo de 2006, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Rad. 17256 y del 10 de agosto de 2005; con igual ponente, Rad. 16205.

(12) Artículo 177: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

(13) Por remisión del artículo 168 del CCA los medios de prueba previstos en el CPC son aplicables en el procedimiento administrativo.

(14) Devis Echandía Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo Segundo, Editorial Temis, Bogotá, 2002, pág. 587.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 11766.

(16) Artículo 37 del Código Civil: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 10 de abril de 2003, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Rad. 13834; del 10 de julio de 2003, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Rad. 14083; del 12 de febrero de 2004, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Rad. 14955; del 24 de febrero de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 14335; del 10 de marzo de 2005, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Rad. 14808; del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 15459; del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 16186; del 19 de noviembre de 2008, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Rad. 28259.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de enero del 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 10867; del 24 de febrero de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 14335; del 1º de marzo de 2006, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Rad. 17256; del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 16186.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2004, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Rad. 14003; del 10 de agosto de 2005, de la misma consejera ponente, Rad. 16205; del 7 de diciembre de 2005, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Rad. 14065.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 16186.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2008, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Rad. 28259.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 13232-15646; reiterada en sentencia del 12 de febrero de 2004, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Rad. 14955; del 10 de agosto de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Rad. 16205; del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 15459.

(23) El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 dispone que: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las ‘personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

(24) Artículo 178 del CCA.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 15459.

(26) lbídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez; Rad. 16205.

(27) lbídem.

(28) Esta corporación, mediante sentencia del 21 de febrero de 1985, indicó que no era procedente el reconocimiento de perjuicios morales a los hermanos mayores de la víctima, pues, “según lo dicho en jurisprudencia de la Sección, debían acreditar además del parentesco, otras circunstancias indicativas que permitan inferir el dolor”. En fallo del 13 de septiembre de 1999, se expuso que “los perjuicios morales se presumen únicamente tratándose de padres, hijos, cónyuge y hermanos menores, pues en relación con los hermanos mayores, se requiere la demostración plena de la relación afectiva que existe entre estos y la víctima”. En providencia de 7 octubre de 1999, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia de la magistrada María Elena Giraldo Gómez, se estimó que ante la falta de pruebas directas del perjuicio moral, este se puede inferir con la prueba del parentesco, tratándose de “los padres, cónyuge y, con relación a los hermanos de la víctima, únicamente de los menores (...) a la época en que ocurrió el hecho dañino”. Posteriormente, en sentencia de 21 de octubre de 1999, se determinó que los perjuicios morales “se presumen tratándose de padres, hijos, cónyuge y hermanos menores, requiriéndose la demostración plena de la relación afectiva únicamente respecto de los hermanos mayores”.

(29) Aun cuando la norma solo hace referencia a los familiares en el primer grado de consanguinidad, la Corte Constitucional declaró exequibles aquellas disposiciones, en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Exp. 18.960.

(31) De otro lado, resulta pertinente destacar la providencia del 2 de septiembre de 2013, Exp. 33566, oportunidad en la que se reconoció a favor de la víctima de una privación injusta de la libertad, la suma de 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales dada la gravedad y magnitud de la lesión, al haber sido privado de su libertad por más de once años. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de julio del 2000, Exp. 12788, actor: Ofelmina Mejía Villa, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Reiterado en sentencia del 26 de julio de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Exp. 23995.

(33) En este punto se aclara que no se tendrá como referente el pacto celebrado en la audiencia de conciliación, en la medida en que fue el resultado de un acuerdo entre las partes, mientras que en este caso la indemnización corresponde al arbitrio iuris.

(34) El tribunal tuvo como base el salario mínimo de la época ($ 203.826 —1998—), más el 25% correspondiente a prestaciones sociales ($ 254.782), menos el 25% de gastos personales ($ 191.087), valor que fue actualizado a la fecha de la sentencia ($ 315.016). La indemnización debida fue calculada en $ 28.432.022 y la futura en $ 55.797.920, para un total de $ 84.229.942.