Sentencia 1998-00209 de abril 9 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 70001-23-31-000-1998-00209-01 (31.274)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Victor Guerra De la Espriella y Compañía Ltda.

Demandado: Fondo Nacional de Caminos Vecinales

Proceso: acción contractual

Bogotá D.C, nueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. La liquidación del contrato alude a aquella actuación, ulterior a la terminación normal o anormal del contrato, por medio de la cual se busca definir si existen prestaciones obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de las cuentas para determinar las prestaciones adeudadas y a cargo de quién se encuentran, para luego proceder a realizar las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a los que haya lugar, y así dejar a paz y salvo la relación negocial respectiva(3).

2. En lo que tiene que ver con las salvedades en el acta de liquidación bilateral, en reciente providencia esta Subsección expresó lo que a continuación se transcribe por ser pertinente para este caso:

El Consejo de Estado ha expresado que la liquidación de común acuerdo del contrato “es una actuación administrativa posterior a su terminación normal (culminación del plazo de ejecución) o anormal (verbigracia en los supuestos de terminación unilateral o caducidad), con el objeto de definir si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de cuentas para determinar quién le debe a quién y cuánto y proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, y dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial”(4), que es “(...) un corte de cuentas, es decir una etapa del negocio jurídico en que las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato, o mejor, la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución”(5), que “corresponde al balance, finiquito o corte de cuentas que realizan y acogen de manera conjunta las partes del respectivo contrato, por tanto esta modalidad participa de una naturaleza eminentemente negocial o convencional”(6), que “es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarios de las partes y su cuantía,”(7) y que “la misma consiste en una actuación tendiente a establecer el resultado final de la ejecución contractual, en cuanto al cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, los pagos efectuados por la entidad contratante, los saldos pendientes, las mutuas reclamaciones entre las partes, las transacciones y conciliaciones logradas, etc., y de esta manera finiquitar la relación negocial”(8).

Pues bien, nótese que esa finalidad de la liquidación del contrato consistente en finiquitar las cuentas, para utilizar la expresión que con frecuencia se emplea, resulta ya hoy una verdad averiguada y por lo tanto no da lugar a discusión alguna.

Sin embargo, en lo que sí parece no haber claridad o por lo menos coincidencia es en la naturaleza jurídica de ese acto bilateral pues se cataloga indistintamente como actuación administrativa, como una simple etapa del negocio jurídico, como operación administrativa o también como una modalidad de naturaleza negocial o convencional.

Se podría definir ese acto de liquidación bilateral como el acuerdo que celebran las partes de un contrato estatal para determinar los derechos y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de las partes contratantes, todo con la finalidad de extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal precedentemente celebrado.

Siendo esta la descripción ontológica de ese acto, no se remite a dudas que la liquidación bilateral de un contrato estatal es un negocio jurídico de la estirpe de los contratos pues en ella se presentan los rasgos distintivos de esta especie negocial a saber: a) El acuerdo entre dos partes; y b) La finalidad, en este caso, de extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial o, lo que es lo mismo, de contenido económico.

En efecto, a las voces del artículo 864 del Código de Comercio “el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial (...)”, de donde se desprende que los contratos no sólo pueden crear relaciones jurídicas sino que también pueden estar destinados a regularlas o a extinguirlas, cosa esta última que es la que precisamente ocurre en los actos de liquidación bilateral de los contratos estatales.

Con otras palabras, al término de la vida de un contrato estatal puede presentarse otro contrato, como lo es el negocio jurídico de liquidación, si las partes que inicialmente contrataron se avienen luego a determinar los derechos y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de ellas, con la finalidad de extinguir de manera definitiva todas esas relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal que precedentemente celebraron.

Y no se olvide que la discusión decimonónica sobre la diferencia entre contrato y convención (según la cual aquel creaba obligaciones y esta las extinguía) quedó enterrada en el ordenamiento jurídico colombiano desde que se acogió la elaboración conceptual que elaboró Bello sobre el contrato el (sic) señalar que “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa (...)”(9), dando a entender que contrato y convención son la misma cosa.

Luego, en síntesis, el acto de liquidación bilateral de un contrato es a su vez un contrato pues mediante él se persigue extinguir definitivamente las relaciones jurídicas de contenido económico que aún pudieran subsistir a la terminación de la relación contractual precedentemente celebrada.

[...] De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 871 del Código de Comercio(10) y el artículo 1603 del Código Civil(11) los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, previsiones estas que implican la consagración legal del principio de la buena fe contractual.

La buena fe contractual no es otra que aquella que la doctrina ha calificado como objetiva(12) pues no consiste en un estado de creencia o convicción de actuar conforme a derecho (buena fe subjetiva) sino “en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”(13).

Estos comportamientos que de manera enunciativa se han señalado como propios de la buena fe objetiva o contractual, así como todos aquellos otros que puedan configurarla, deben desplegarse no solo en la formación del contrato sino también durante su ejecución, y por su supuesto en la etapa posterior, pues esta buena fe es un principio integrador de todo contrato según lo indican de manera expresa los artículos 871 y 1603 ya citados.

Uno de tales comportamientos propios de la buena fe objetiva, que aquí conviene destacar, es el deber de información al co-contratante y que consiste en la obligación que tiene cada una de las partes de revelar a la otra todas aquellas circunstancias que sean relevantes para la formación, la ejecución o la extinción del contrato.

Así por ejemplo, si la liquidación bilateral de un contrato es un acuerdo que celebran las partes de un contrato estatal para determinar los derechos y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de las partes contratantes, todo con la finalidad de extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal precedentemente celebrado, resulta evidente y obvio por ser conforme a la buena fe objetiva que cada una de ellas tiene la obligación de enterar a la otra, de manera clara y expresa, de todas aquellas circunstancias o razones, entre otras, que den lugar a su inconformidad con el finiquito total que se propone.

Con otras palabras, en la liquidación bilateral del contrato, quien esté inconforme con las cuentas que se presentan y el finiquito que se propone debe ineludiblemente expresar con qué y por qué no está de acuerdo y por consiguiente pedir o exigir el respectivo reconocimiento, de todo lo cual debe dar cuenta el acta respectiva pues esta será finalmente la prueba de que expresó su inconformidad y que exigió el derecho que creía tener.

Si no hay acuerdo sobre la reclamación, el inconforme deberá dejar la correspondiente constancia pues salvando la expresión de su designio negocial denotará su desacuerdo y la anotación que en este sentido contenga el acta será la demostración de su inconformidad y de que esta no fue atendida por la otra parte.

Dicho de otra manera toda reclamación en la liquidación bilateral de un contrato estatal supone no solo que se consigne en el acta la correlativa salvedad sino también, y ante todo, la expresión clara y expresa de cuáles son los aspectos y puntos que motivan su inconformidad.

Así que una salvedad sin que se hayan expresado de manera clara los aspectos y puntos que motivan la reclamación, así como la expresión de aspectos y puntos que motivan una reclamación sin que finalmente haya salvedad alguna, equivale lisa y llanamente a conformidad.

Y la razón para que esto sea así no es otra que el principio de la buena fe objetiva, en su manifestación del deber de información, pues de lo contrario la parte reticente, contrariando la lealtad y la rectitud que debe imperar en los negocios jurídicos y en el tráfico jurídico en general, quedaría habilitada para sorprender a la otra con exigencias o reconocimientos que en su momento no fueron propuestos ni dados a conocer.

Por esto es que el precedente jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha venido insistiendo en que quien no hace salvedades claras y expresas en el acta de liquidación no puede luego concurrir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa a pretender el reconocimiento de derechos que al momento de la liquidación no reclamó ni salvó.

Así lo indicó al expresar:

“(...) cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de liquidación sin reparo alguno, estos en principio no pueden mañana impugnar el acta que tal acuerdo contiene, a menos que exista error u omisión debidamente comprobado. La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe, a quién y cuánto”(14).

Posteriormente señaló:

“(...) en la etapa de liquidación de un contrato, las partes deben dejar sentado en acta sus pretensiones para que sean consideradas por la otra parte, es ese el momento del contrato, en el cual la parte adquiere legitimación para reclamar en vía judicial o extrajudicial, las pretensiones que la otra parte no acepte. Las divergencias que existan al momento de liquidar el contrato, que sean enunciadas en acta, y no aceptadas estructuran la base del petitum de una eventual demanda. Por el contrario la parte que no deje anotada en el acta de liquidación final, la existencia de alguna pretensión para que la otra la considere en esa vía, nunca podrá pretenderlas judicialmente (...)”(15).

Y luego precisó:

“(...) para efectos de poder acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es requisito indispensable que las partes hayan dejado constancia expresa, en el acta de liquidación del contrato, de las inconformidades que pudieron resultar durante su ejecución, tal como esta Sala lo ha señalado en reiteradas ocasiones (...). Ahora bien, la constancia que el contratista inconforme consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo; es necesario que reúna las siguientes características: que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión del contrato, es decir, que sea clara, concreta y específica; no obstante no tiene que expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero sí debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad (...). Lo anterior significa que la constancia de inconformidad no se satisface con una formulación genérica, que no identifique la razón de ser de la salvedad del contratista; tal conducta impide la claridad necesaria en la conclusión de la relación negocial, bien porque las partes están de acuerdo en forma plena, o bien porque subsisten diferencias entre ellas”(16).

Conjugando todo lo que hasta aquí se ha considerado resulta, en síntesis, que uno de los comportamientos que supone la buena fe objetiva o contractual es el deber de informar a la otra parte toda aquella circunstancia que resulte relevante para la formación, ejecución o extinción del contrato y que si se trata del acto bilateral de liquidación de una relación contractual, este deber se concreta, si existen inconformidades, en la manifestación de todas ellas indicando de manera clara y específica lo que pretende que se le reconozca, mencionando los motivos o razones que lo llevan a reclamar y haciendo las salvedades del caso si ellas no fueren atendidas o aceptadas.

Por consiguiente las salvedades que se exponen en expresiones genéricas, esto es que no dan cuenta de lo que se pretende ni de las razones o motivos que llevan a la reclamación, jamás legitiman al inconforme para concurrir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa a pretender lo que en la liquidación no reclamó ni salvó de manera clara, concreta y específica(17).

Así las cosas, se entiende que la verdadera naturaleza jurídica de la liquidación bilateral o de mutuo acuerdo es la de ser un negocio jurídico, un contrato por virtud del cual las partes que previamente han celebrado otro contrato estatal manifiestan su voluntad de finiquitarlo definitivamente haciendo un balance de cuentas para determinar si existen derechos o prestaciones que deben reconocerse u obligaciones a cargo de alguna de ellas, para posteriormente proceder a reconocer aquellos o saldar estas.

De esta forma, si mediante la liquidación bilateral lo que las partes buscan es extinguir todas las relaciones jurídicas que se originaron o que pudieran originarse con ocasión de la celebración del contrato, es evidente que este es el momento oportuno para que estas pongan de presente las observaciones, reclamaciones o salvedades a las que haya lugar, so pena de que al no hacerlas no sea posible realizar reconocimientos ulteriormente.

Con otras palabras, si se entiende que la liquidación bilateral es un acuerdo que se suscribe entre las partes contratantes para extinguir todas las relaciones jurídicas que surgieron con ocasión del negocio jurídico que ahora se liquida, forzoso es concluir que es en ese momento en el que las partes deben manifestar su inconformidad frente a lo acordado realizando las observaciones, reclamos o salvedades a las que haya lugar, pues de lo contrario se entendería que se encuentran conformes con ello y no pretenden posteriormente iniciar una acción para solicitar que se les reconozcan unas sumas que no reclamaron en la oportunidad debida.

Ahora bien, como la liquidación bilateral es un contrato, al ostentar la naturaleza de tal debe reunir todos los requisitos generales de existencia y validez exigidos por la ley para todos los negocios jurídicos en general.

Luego, si lo que ocurre en un determinado caso es que las partes al suscribir el acta de liquidación bilateral omitieron el cumplimiento de uno de los requisitos exigidos por la ley para el valor de los negocios jurídicos en general y como consecuencia de ello no les fue posible formular las observaciones, reclamaciones o salvedades respectivas, es evidente que en esos casos deberá examinarse si ese contrato en específico se encuentra maculado con el vicio de nulidad absoluta o relativa, según el caso, pero en todo caso quien alega dicha circunstancia deberá demostrar a través de las pruebas oportunamente allegadas al plenario, pues para acreditar la existencia de un determinado hecho no basta con la sola afirmación de quien así lo alega sino que debe demostrarse.

3. La invalidez es la sanción que el ordenamiento jurídico le impone a aquellos negocios jurídicos existentes cuando sobre estos se omite el cumplimiento de alguno o algunos de los requisitos exigidos por la ley para su valor.

Con otras palabras, la invalidez es el “juicio negativo de valor que se le hace a un acto dispositivo de intereses con el que se vulnera una norma imperativa, las buenas costumbres o cualquier norma establecida en favor de personas susceptibles de especial protección”(18).

La nulidad o juicio de valor requiere ser declarada judicialmente, pues se entiende que el acto dispositivo o negocio jurídico existe, es válido y produce a plenitud todos sus efectos hasta que el juez competente declare la nulidad destruyéndolo, razón por la cual el fallo proferido en ese sentido es de carácter constitutivo.

De esta forma, tanto el negocio jurídico como el vicio existen, pero la nulidad no se configura hasta que el juez no declare su existencia.

Ahora, tanto la nulidad absoluta como la relativa son susceptibles de saneamiento, bien por ratificación o bien por el término de prescripción, aclarando que si la nulidad proviene de un objeto o de una causa ilícitos, no puede sanearse por ratificación.

La nulidad absoluta del contrato o negocio jurídico se produce por alguno de los siguientes vicios a saber: I) Por objeto ilícito; II) Por causa ilícita; III) Por la incapacidad absoluta de alguna de las partes y; IV) Por la omisión en el cumplimiento de algunas de las “solemnidades que la ley pida para la validez del acto en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las partes que lo celebran”(19).

A su vez, este tipo de nulidad puede ser alegada por las partes, por todo aquel que conozca el vicio o cualquier persona que demuestre un interés en el proceso e incluso por el Ministerio Público.

También puede ser declarada de oficio por el juez cuando así aparezca de forma manifiesta en el acto o contrato y cuando estén presentes todas las partes en el proceso.

Se considera que hay objeto ilícito o causa ilícita cuando estos se encuentran prohibidos por la ley o son contrarios a las buenas costumbres o al orden público.

3.1. La nulidad relativa del contrato o negocio jurídico se produce por: I) La incapacidad relativa de alguna de las partes; II) La omisión en el cumplimiento de algún requisito exigido por la ley para el valor del negocio jurídico en atención a la calidad o estado de las personas que lo celebran y; III) El consentimiento viciado por el error, la fuerza o el dolo.

En efecto, según lo dispone el artículo 1508 del Código Civil el consentimiento debe estar exento de vicios tales como el error, la fuerza o el dolo.

Según los artículos 1509 a 1511 incisos 1º y 2º, 1512 y 1524 del mismo estatuto el error es la “discordancia entre la realidad y lo que una de las partes cree sobre la identidad de las cosas, las calidades esenciales o accidentales de ellas, la naturaleza del negocio jurídico que se celebra, o la persona con la que se celebra”(20).

La fuerza conforme a los artículos 1504, 1741,1743 y 1750 del Código Civil es la presión física o moral de carácter grave y determinante que se ejerce sobre una persona bajo las consideraciones de su sexo, edad o condición, para que celebre un determinado contrato(21).

El dolo según el artículo 1515 del Código Civil es la maquinación fraudulenta o engañosa que despliega una persona con el objeto de obtener el consentimiento de otra u otras para celebrar un determinado negocio jurídico.

Ahora bien, para que el dolo se constituya en un vicio que afecta el consentimiento de las partes contratantes debe estar debidamente acreditado y debe ser determinante para la celebración del acto o negocio jurídico, es decir debe constituirse en el móvil que indujo a la persona a contratar.

A diferencia de la nulidad absoluta, la relativa solo puede ser alegada por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, sus herederos o cesionarios y en ningún caso puede ser declarada de oficio por el juez si no ha sido alegada por el interesado.

Por último es de precisar que este tipo de nulidad es susceptible de saneamiento por ratificación o por el transcurso del término de 4 años para que opere la prescripción si es civil, o de 2 años si es mercantil.

Luego, si lo que ocurre es que si una de las partes de un contrato afirma que él se encuentra viciado de nulidad relativa, pero no demuestra dicha circunstancia, es imposible decretar la nulidad, y mucho menos si el afectado con el vicio no solicita expresamente el decreto de nulidad relativa, pues esta especie de invalidez no puede ser decretada oficiosamente por el juez.

4. Por ser relevante para la solución del asunto que ahora se somete a decisión, es pertinente traer a colación las consideraciones que ya en anteriores oportunidades realizó esta Subsección en lo relativo a la prueba de los hechos:

“El aforismo “onus probandi incumbit actori” alude a aquel principio procesal conforme al cual por regla general incumbe al actor probar la existencia de los hechos que alega a su favor para obtener el derecho cuyo reconocimiento pretende y se encuentra expresamente previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

De esta forma, se entiende que por regla general se encuentra en cabeza del actor la carga de probar la existencia de los hechos que aduce en su demanda por cualquiera de los medios previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, pues el solo dicho o afirmación de la parte no demuestra su existencia, salvo que se trate de una confesión, es decir de la aceptación de hechos que le desfavorezcan”(22).

Luego, si lo que ocurre en un determinado asunto es que en la suscripción de un acta de liquidación bilateral de un contrato de obra una de las partes afirma que esta se encuentra viciada de nulidad relativa por error de consentimiento señalando que no tenía conocimiento de lo que estaba suscribiendo pero no acredita dicha circunstancia, no puede venir el juez a declarar la existencia de un hecho que no se encuentra debidamente acreditado.

5. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación se tiene que el contrato que dio lugar al presente litigio se celebró el 30 de agosto de 1996, cuyo objeto consistió en la ejecución de las obras necesarias para el mejoramiento y pavimentación de las calles de los corregimientos de Varsovia, Palmira, Caracol y Las piedras del municipio de Toluviejo del departamento de Sucre (fls. 10 a 13, cdno. 1).

En la cláusula tercera del referido contrato se convino como valor total del contrato la suma equivalente a $56.187.665.50 (fl. 11, cdno. 1).

Mediante la cláusula séptima del contrato las partes acordaron como plazo de duración del contrato tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de las obras (fl. 12, cdno. 1)

El 11 de octubre de 1996 se suscribió entre la sociedad interventora, la firma contratista y el director regional el acta de iniciación de obras (fls. 46 a 48, cdno. 1).

En el acta de recibo final de las obras del 10 de enero de 1997 se hace constar que entre el señor Víctor Guerra De la Espriella, representante legal de la sociedad contratista, Edgar Eduardo Esparza Santos, representante legal de la interventora y Jorge Cano, funcionario delegado por el director del fondo, se hizo entrega de las obras las cuales cumplían con las condiciones y especificaciones del contrato (fls. 108 a 111, cdno. 1).

El mismo 10 de enero de 1997 presuntamente se suscribió entre las partes un acta de liquidación bilateral del contrato 70-1055-096 del 30 de agosto de 1996 firmada por la contratista y por la interventoría (fls. 102 a 107, cdno. 1).

Por medio del acta del 27 de febrero de 1997 se hizo constar la entrega de unas obras por parte de la contratista en el corregimiento de Caracol, municipio de Toluviejo del departamento de Sucre ante el inspector de policía de dicho corregimiento, el maestro de la obra y 3 miembros de la comunidad (fl. 31, cdno. 1).

En comunicación del 26 de mayo de 1997 la sociedad contratista remite ante el director del accionado las medidas de pavimento ejecutadas en el corregimiento de Caracol del municipio de Toluviejo, para un total de 2075.49 m2 ejecutados (fls. 32 y 33).

Mediante el Oficio 5058 del 29 de octubre de 1997 el subdirector de ingeniería del demandado remite a la contratista copia de las actas de recibo final de las obras firmada por la sociedad interventora, la contratista y el director delegado del fondo y de liquidación del contrato 70-1055-0-96 firmada por estos también (fls. 34 a 44, cdno. 1).

A folios 52 y 53 del cuaderno 1 aparece una comunicación del 10 de enero de 1996 donde la interventoría y el ingeniero residente hacen constar que la contratista ejecutó 1588.53 m2 de las obras y que esta sí había cumplido con los límites de tiempo establecidos, documento este cuyo contenido no concuerda con el mismo documento visible a folios 122 y 123 del cuaderno 1, pues allí aparece que la contratista ejecutó 588.53 m2 y que no cumplió con los límites de tiempo establecidos.

A través (sic) concepto técnico del 4 de septiembre de 1997 el representante legal de la sociedad interventora hace constar que la contratista no ejecuto el 100% de las obras dentro del término previsto para ello (fl. 85, cdno.1).

Mediante el oficio del Oficio 7763 del 4 de diciembre de 1996 (fl. 138, cdno. 1) y las comunicaciones suscritas por el interventor el 27 de diciembre de 1996 (fls.120 a 121, cdno. 1), el 15 de enero de 1996 (fl. 124, cdno. 1), del 16 de enero de 1996 (fl. 125, cdno. 1), del 17 de enero de 1996 (fl. 126 y 127, cdno. 1), del 21 de enero de 1997 (fl. 128, cdno. 1) se ponen de presente los retrasos presentados en las obras y la no ejecución de estas por la falta de materiales.

Al expediente se allegó un dictamen pericial rendido por el perito Mario Pestana Almanza (fls. 403 a 409, cdno. 1) en el que se hace constar que en las zonas de ejecución de las obras objeto del contrato se había ejecutado 2.079.00 m2 de pavimento rígido.

Mediante memorial presentado el 29 de julio de 2003 el apoderado del demandado solicitó que se compulsaran copias a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que se investigara al señor Víctor Guerra De la Espriella, representante legal de la contratista por la posible comisión del delito de falsedad material en documento público, argumentando que el contenido del documento aportado por esta, visible a folios 52 y 53 del cuaderno 1, no concordaba con el mismo documento visible a folios 122 y 123 del cuaderno 1 aportado por el demandado (fls. 481 y 482, cdno. 1).

6. La inconformidad con la sentencia impugnada la hace consistir el apelante en que el tribunal no se percató de que lo que planteaba la parte demandante era que el contratista al suscribir el acta de liquidación “creyó estar firmando documentos distintos”, luego el verdadero problema jurídico, según el impugnante, consiste en determinar la existencia de un vicio del consentimiento, por error, al suscribir el acta de liquidación bilateral.

De las probanzas allegadas y que atrás se reseñaron se tiene que tal como lo señaló el tribunal de instancia, en el acta de liquidación bilateral suscrita por las partes el 10 de enero de 1997, la actora no realizó ninguna observación, reclamo o salvedad alguna, a partir de lo cual podría entenderse en principio que las partes estuvieron conformes con la liquidación efectuada y que cualquier reclamo u observación quedó comprendida, definida y extinguida en dicho acuerdo.

Ahora, si bien la demandante afirma que no tenía conocimiento del contenido del documento que estaba suscribiendo, es decir, no sabía que estaba firmando el acta de liquidación final del contrato y que por tal razón no realizó las observaciones o reclamaciones respectivas, lo cierto es que mediante las pruebas allegadas al plenario no logró acreditar dicha circunstancia, pues de los documentos arrimados al expediente lo único que se logra demostrar es que efectivamente se suscribió un acta de liquidación bilateral y que ambas partes se mostraron conformes con lo estipulado allí.

Así las cosas, si bien la ahora recurrente alega un supuesto vicio de consentimiento por error al suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato 70-1055-0-96, no acreditó dicha circunstancia, lo que impondría un fallo denegatorio de pretensiones, pues no basta para acreditar un determinado hecho la sola afirmación de su existencia, sino que se requiere que este se demuestre mediante los medios probatorios previstos en la ley para ello.

Pero además para que sea procedente el decreto de nulidad relativa de un determinado acto o negocio jurídico, esta debe ser solicitada por la parte en cuyo favor se ha consagrado, lo cual no ocurrió en el presente asunto, pues en ningún momento la demandante solicitó el decreto de la nulidad relativa del acta de liquidación bilateral, circunstancia esta que se constata con la sola lectura de las pretensiones de la demanda.

En este orden de ideas, en conclusión, en el presente asunto se impone un fallo denegatorio de pretensiones, pues la accionante no solicitó en ningún momento que se decretara la nulidad relativa del acta de liquidación bilateral, sino que se limitó a señalar, sin probarlo, que al suscribir dicho acto su consentimiento se encontraba viciado por error, circunstancias estas que son insuficientes para que el juez pueda proceder a decretar esa invalidez.

Corolario de todo lo anterior es que las pretensiones de la demanda han debido ser denegadas y como así lo vio y lo decidió el tribunal de primera instancia, la sentencia apelada deberá ser confirmada pero por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada pero por las razones expuestas en esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2012, expediente 16.371 (nota del texto citado).

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, expediente 16.293 (nota del texto citado).

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 17.322 (nota del texto citado).

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2011, expediente 16.246 (nota del texto citado).

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2011, expediente 14.823 (nota del texto citado).

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2012, expediente 16.371 (nota del texto citado).

9 Código Civil colombiano, artículo 1495 (nota del texto citado).

10 “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural” (nota del texto citado).

11 “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella” (nota del texto citado).

12 Sobre la buena fe objetiva en el derecho colombiano Cfr.: M.L. Neme Villareal. El principio de buena fe en materia contractual en el sistema jurídico colombiano. En: Revista de derecho privado, 11. Universidad Externado de Colombia: Bogotá, 2011; p. 79-125 y M.L. Neme Villareal. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En: Revista de derecho privado, 17. Universidad Externado de Colombia: Bogotá, 2009; p. 45-76 (nota del teto citado)

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 16.836 (nota del texto citado).

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 1998, expediente 11.101 (nota del texto citado).

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2001, expediente 11.689 (nota del texto citado).

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2005, expediente 14.113 (nota del texto citado).

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de julio de2012, expediente 22.221.

18 Alarcón Rojas, Fernando. “La ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos”. Ed. Universidad Externado de Colombia: 2011; p. 247-251.

19 Ibídem, p.249.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, expediente 29.605.

21 Ibídem.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de enero de 2015, expediente 29.663.