Sentencia 1998-00223 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 18001-23-31-000-1998-00223-01 (26.132)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil trece.

Actor: Lucila Cárdenas Cuéllar y otros

Demandado: Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá)

Asunto: Reparación directa

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de agosto de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se dispuso:

“Primero. Declarar que el municipio de San Vicente del Caguán Caquetá es administrativamente y patrimonialmente responsable en proporción de un 30%, por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y perjuicios morales causados a Lucila Cárdenas en su calidad de cónyuge de la víctima y a los señores William, Amira, Eduardo, Luz Dey, Silvia, Inés, Daniel, Antonio y Orfilia Cerón Cárdenas en su calidad de hijos de la víctima, de conformidad a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración condénase al municipio de San Vicente del Caguán Caquetá a pagar las siguientes cantidades:

a) A título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a la señora Lucila Cárdenas la suma de treinta millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y un pesos con noventa y cuatro centavos ($ 30.560.441.94).

b) A título de perjuicios morales para la señora Lucila Cárdenas en su calidad de cónyuge de la víctima el equivalente a treinta (30) salarios mínimos mensuales vigentes para la época de ejecutoria de la sentencia y para cada uno de los nueve hijos de la víctima el equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes para la época de ejecutoria de la sentencia.

(...)”.

I. Antecedentes

1.1. Síntesis del caso.

La demanda interpuesta el 14 de septiembre de 1998(1) presenta una serie de supuestos fácticos que bien pueden resumirse en que el 11 de octubre de 1996 falleció el señor Antonio Cerón Lizcano, al caerse del platón de una volqueta en la que era transportado. El bien involucrado en el accidente se encontraba al servicio del municipio de San Vicente del Caguán.

Afirma la parte actora que el vehículo transportaba —entre otros elementos— material de recebo, destinado a la realización de obras públicas y que la víctima del accidente fue recogida cerca de una finca de su propiedad por el señor Gabriel Gamboa Valderrama, quien, además de estar vinculado con la entidad territorial demandada, conducía la volqueta y ordenó que el pasajero “subiera al volco trasero del automotor”. Agrega que los hechos acaecieron en la vía que de San Vicente del Caguán conduce a la inspección de los pozos, vereda El Paujil, en jurisdicción del municipio antes nombrado y que el conductor, desconociendo disposiciones normativas, “transitaba por la vía destapada de manera acelerada y veloz, sin observar los cuidados necesarios dado el pésimo estado de la carretera, y pocos kilómetros después, en uno de los bruscos sobresaltos del automotor, el señor Antonio Cerón Lizcano perdió el equilibrio y cayó al suelo, sin que en su loca carrera el conductor se percatara del hecho...”.

1.2. Lo que se pretende.

Con fundamento en los hechos precedentes, la señora Lucila Cárdenas Cuéllar y sus hijos William, Amira, Eduardo, Luz Dey, Silvia, Inés, Daniel, Antonio y Orfilia Cerón Cárdenas formulan —a través de apoderado— demanda de reparación directa contra el municipio de San Vicente del Caguán, en la cual solicitan:

“1. Declarar administrativa y extra contractualmente responsable al municipio de San Vicente del Caguán-Caquetá, de los perjuicios causados a los demandantes Lucila Cárdenas, William, Amira, Eduardo, Luz Dey, Silvia, Inés, Daniel, Antonio y Orfilia Cerón Cárdenas, por la muerte del señor Antonio Cerón Lizcano, en hechos constitutivos de daño antijurídico, falla del servicio y/o riesgo excepcional, ocurridos en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán-Caquetá, el día 11 de octubre de 1996.

2. Condenar al municipio de San Vicente del Caguán-Caquetá, a pagar a cada uno de los demandantes, a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos a las siguientes cantidades de oro fino, según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la conciliación si la hubiere, y/o la sentencia de segundo grado:

a. Para Lucila Cárdenas, en su calidad de cónyuge sobreviviente del fallecido y/o tercera civilmente damnificada, la cantidad de 2.000 gramos oro.

b. Para William, Amira, Eduardo, Luz Dey, Silvia, Inés, Daniel, Antonio y Orfilia Cerón Cárdenas, en su calidad de hijos supérstites del fallecido y/o terceros civilmente damnificados, la cantidad de 2.000 gramos oro para cada uno de ellos.

3. Condenar al municipio de San Vicente del Caguán-Caquetá, a pagar en favor de la señora Lucila Cárdenas, en su calidad ya anotada, el monto de los perjuicios materiales ocasionados por el deceso de su cónyuge Antonio Cerón Lizcano, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

a. Unos ingresos mensuales como trabajador independiente, equivalentes para el 11 de octubre de 1996, a la suma de $ 1.000.000.00 pesos, o en su defecto la suma que se lograre probar como fruto de su actividad como comerciante en ganado vacuno, aserrador de maderas y explotador agropecuario.

b. La vida probable de Antonio Cerón Lizcano, según las tablas de supervivencia aprobadas por la Superintendencia Bancaria.

c. La vida probable de la cónyuge Lucila Cárdenas, cónyuge supérstite demandante.

(...)”.

1.3. La defensa de la parte demandada.

El municipio de San Vicente del Caguán —a través de abogado— se opuso a las pretensiones(2). Manifestó que fue el señor Antonio Cerón quien le insistió al conductor de la volqueta que lo transportara y que aquel “se cayó por su propia imprudencia”. Puso de presente, además, que el menor Gustavo Ortiz Repizo narró —ante la Fiscalía Cuarta Seccional de Puerto Rico Caquetá— que el señor Cerón se cayó “porque no iba bien cogido, no iba bien asegurado, iba solo recostado”. Así mismo, sostuvo que el señor Gabriel Gamboa no condujo el vehículo “de manera acelerada y veloz”, sino que observó “los cuidados necesarios”.

1.4 Alegaciones ante el a quo.

Surtido el traslado para que las partes presentaran sus alegaciones finales, los demandantes adujeron —entre otros puntos— que “existe una falla en la prestación del servicio público, toda vez que cuando el conductor toma la decisión de recoger en su automotor en la vía pública a un pasajero, lo hace contraviniendo disposiciones expresas del Código Nacional de Tránsito...”(3). A su vez, sostuvieron que la entidad demandada debe responder por el daño antijurídico que sufrieron.

II. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 29 de agosto de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá(4), se accedió a las súplicas y, para el efecto, se consideró:

“... el daño antijurídico ocasionado con la muerte del señor Antonio María Cerón Lizcano tuvo por causa el caer del vehículo automotor volqueta marca Chevrolet C-70 y demás características descritas en esta providencia, vehículo de propiedad del municipio de San Vicente del Caguán conducido por Gabriel Valderrama, quien labora al servicio del precitado ente territorial como conductor y por ende desempeñaba sus funciones el día de los hechos tal como se probó en el proceso. En estas condiciones siendo la actividad de conducir un vehículo automotor, una actividad peligrosa conlleva a la luz de la doctrina y la jurisprudencia una presunción de responsabilidad a cargo del Estado; ya aquí no juega la conducta singular de la administración —ente territorial demandado—, sino el daño antijurídico.

Ahora, tal presunción se torna en certeza en cuanto la actuación del funcionario tiene un vínculo o nexo con el servicio público, ya que él se encontraba desarrollando su función al transportar materiales para obra pública en horas laborales, cuando desvió la función para la cual estaba designado y accedió a que el señor Cerón Lizcano se subiera al volco de la volqueta a sabiendas primero que el manual de funciones le prohibía expresamente transportar pasajeros y segundo que el volco estaba dedicado a transportar carga. Empero, la conducta del occiso tuvo injerencia en la ejecución del daño con su actuar imprudente y negligente al subirse al vehículo y al no sujetarse, o agarrarse bien para no irse a caer del citado vehículo, pues según el testimonio del menor Gustavo Ortiz Repizo transcrito en el literal f) del acápite V.7.1 Daño antijurídico, el señor Antonio Cerón iba parado sobre el volco de la camioneta, sin sujetarse absolutamente a nada (para mayor precisión como lo afirma el menor ‘con las manos recostadas’), es decir, no tomó las precauciones necesarias que hubiese tomado una persona prudente en su situación dado que la carretera como lo afirman los diferentes testimonios se encontraba en mal estado y presentaba en su recorrido montones de balastro que impedían su tránsito; por lo tanto, si el occiso hubiese tomado las mismas precauciones que tomó el menor como acurrucarse y sujetarse fuertemente no se hubiese presentado el accidente.

... deberá darse aplicación al principio de concausalidad y una reducción en la proporción del daño establecida en el artículo 2357 del Código Civil, según los grados de responsabilidad de los implicados, así:

• Conducta del municipio de San Vicente del Caguán: considera la Sala que su descuido fue leve, ya que la conducta desplegada por el agente de la administración municipal al permitir que el señor Cerón subiera al volco de la volqueta, incumpliendo los manuales de funciones asignados, debe calificarse como un descuido leve es decir, no empleó aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean en sus negocios, por cuanto debía prever que si su manual de funciones prohibía el transporte de pasajeros en el volco de la camioneta era porque precisamente no estaba condicionado para tal efecto.

• Conducta del occiso Antonio Cerón Lizcano: la víctima expuso gravemente su vida, en primer lugar al subirse al vehículo y en segundo lugar al no sujetarse en debida forma al volco; por lo cual su conducta debe ser entendida como grave, es decir, que hasta las personas negligentes o de poca prudencia se habrían sujetado fuertemente a la volqueta, observase que hasta una persona de menos experiencia en la vida como el menor Gustavo Ortiz Repizo sí se agarró bien y se acurrucó; si la víctima hubiese asumido esa misma actitud no hubiesen acaecido los fatídicos hechos.

Por las razones anteriormente expuestas, teniendo en cuenta que es mayor el grado de culpabilidad en la víctima que en el ente territorial, ha de establecerse que la municipalidad debe responder solo por un 30% de la indemnización”.

III. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora recurre en apelación(5) para que se modifique el fallo y, en su lugar, se reduzca “el porcentaje de deducción de la condena por el fenómeno de la concurrencia de culpas, de suerte que no sea en un 70%, sino a lo sumo en un 10% del valor final resultante”. Solicita, además, que se incremente el monto de la indemnización reconocida por concepto de perjuicios morales y que “para los efectos de la liquidación de los perjuicios materiales, se tengan en cuenta los testimonios arrimados al plenario, que dan cuenta de los ingresos laborales o que como fruto de condición de ganadero y comerciante en maderas, devengaba Antonio Cerón Lizcano (...)”.

Como fundamento de su impugnación, los demandantes alegan —entre otros aspectos— que “la conducta grave, determinante y eficaz para el desenlace del insuceso, fue precisamente la pretermición [sic] flagrante de disposiciones de tránsito...”.

Mediante auto del 10 de febrero de 2004, se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, debido a que no se sustentó.

IV. Alegatos en segunda instancia

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. Consideraciones de la Sala

5.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primer grado, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(6), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

5.2. Caducidad.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptúa:

“(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

(...)”.

Entonces, como los hechos acaecieron el 11 de octubre de 1996 y la demanda de reparación directa —que se resuelve— se formuló el 14 de septiembre de 1998, resulta claro que el término de caducidad no se completó y que, por tanto, la Sala se encuentra autorizada para pronunciarse sobre el fondo del sub lite.

5.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 29 de agosto de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con miras a determinar si procede o no reducir el porcentaje o grado de participación de la víctima en la causación del daño y, en caso afirmativo, examinar el monto de las indemnizaciones reconocidas por concepto de perjuicios morales y materiales.

5.4. Del caso concreto.

Está probado que (i) el señor Antonio Cerón Lizcano y la señora Lucila Cárdenas Cuéllar contrajeron matrimonio en 1956(7) y procrearon a William, Amira, Eduardo, Silvia, Inés, Daniel, Antonio, Orfilia y Luz Dey Cerón Cárdenas(8), (ii) el primero de los nombrados falleció el 11 de octubre de 1996(9), al caerse del platón de una volqueta que abordó voluntariamente y que se encontraba al servicio del municipio de San Vicente del Caguán, (iii) el vehículo antes referido transitaba sin el cumplimiento de los requisitos legales y era conducido por el señor Gabriel Gamboa Valderrama, quien, además de estar vinculado con la entidad territorial demandada(10), convino en transportar al señor Cerón Lizcano en el volco del automotor y (iv) el accidente ocurrió en la vía que de San Vicente del Caguán conduce a la Inspección de los Pozos, vereda El Paujil, en jurisdicción del municipio ut supra. Se conoce, además, que la vía se encontraba en mantenimiento debido a su mal estado.

De lo anterior, dan cuenta los siguientes medios de prueba:

— Certificación expedida por el Alcalde Municipal de San Vicente del Caguán el 11 de diciembre de 1996 (fl. 23, cdno. 1, original), en la que se informa:

“... el día 11 de octubre de 1996, el señor Gabriel Gamboa Valderrama, identificado con cédula de ciudadanía 4.968.038 expedida en San Vicente del Caguán, vinculado al municipio como conductor municipal según Decreto 122/95, desempeñó su función en la volqueta 4 (...)”.

— Certificación suscrita por la almacenista del municipio de San Vicente del Caguán el 11 de diciembre de 1996 (fl. 22, cdno. 1, original), en la cual se indica:

“... dentro de los bienes del municipio, existe una volqueta, de las siguientes características:

Marca: Chevrolet C-70 149

Color: Amarillo

Modelo: 1984

Nº interno: 04

La cual fue adquirida mediante compra a Caesca S.A., el día 26 de agosto de 1984, según factura 1605...”.

— Derecho de petición —de fecha 30 de enero de 1997— dirigido al Alcalde de San Vicente del Caguán, por el apoderado de la parte demandante (fl. 26, cdno. 1, original), en el cual se le solicita a aquel que certifique:

“1. Si la volqueta marca Chevrolet C-70, de color amarillo, modelo 1984 y número interno 04, tiene tarjeta de propiedad, certificado de movilización vigente, y póliza de seguro obligatorio de daños causados en accidente de tránsito.

De ser así, expedir copia auténtica de tales documentos, o los que tuviere.

2. (...) si dicho automotor posee placas, y en caso afirmativo se indique el número que le ha correspondido, y la oficina en que se halla inscrita a nombre del municipio de San Vicente del Caguán”.

— Respuesta del alcalde de San Vicente del Caguán al derecho de petición antes referido, emitida el 5 de marzo de 1997 (fl. 27, cdno. 1, original), en los siguientes términos:

“En atención a su oficio sin número, me permito manifestarle que según certificación de almacén municipal no existe ninguna documentación solicitada por usted en dicho oficio”.

— Fallo proferido el 2 de julio de 1999 por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito Puerto Rico, Caquetá, en el proceso adelantado en contra del señor Gabriel Gamboa Valderrama, por la muerte del señor Antonio Cerón Lizcano (fls. 196-200, cdno. 2, copia auténtica)(11), en el que —en relación con los hechos y la causa del deceso— se consigna:

“Tuvieron ocurrencia el día 11 de octubre de 1996, aproximadamente a las 9:00 a.m., en la vereda El Paujil, en la finca de Edgar Orozco, jurisdicción de San Vicente del Caguán (Caquetá), cuando cayó del volco a la carretera Antonio María Cerón Lizcano, quien se desplazaba como pasajero en la volqueta 04 de color amarillo, perteneciente a la Alcaldía de San Vicente del Caguán, conducida por Gabriel Gamboa Valderrama.

(...).

La existencia del hecho punible denominado homicidio culposo, cuyo tipo penal se encuentra descrito en el artículo 329 del Código Penal, se colige, del acta de inspección del cadáver, del protocolo de necropsia, donde se concluyó que la causa del deceso fue trauma craneoencefálico, debido [a un] golpe en accidente de tránsito, probándose con esto la existencia del hecho punible referido”.

— Testimonio del menor Gustavo Ortiz Repizo (fls. 47-50, cdno. 2)(12), quien declaró:

“... yo iba para la finca y fui a esperar carro donde don Antonio Cerón y ahí también iba para El Pozo don Antonio Cerón, entonces iba una volqueta y él le hizo el pare, entonces el señor paró y nosotros nos subimos y nosotros nos fuimos y más adelante habían montones de balastro al lado y lado de la carretera, entonces la volqueta iba arriada [o muy rápido] y comenzó a brincar y voltearse (el menor mueve sus manos en señal de vaivén), entonces ahí en esos brincos el señor Antonio Cerón quien venía en el volco de la volqueta cayó a la carretera (...).

[La vía en la que ocurrió el accidente] va de San Vicente y pasa por Los Pozos y (...) es ancha, llena de huecos, es destapada.

(...) [La volqueta] en el volco llevaba unas llantas me parece.

(...) [El señor Cerón y yo nos subimos al volco] porque [la cabina de la volqueta] iba ocupada, en la cabina iba una señora y como dos niñas o una no me acuerdo bien...”.

— Declaración rendida por el menor antes nombrado, en el proceso adelantado en contra del señor Gabriel Gamboa Valderrama, por la muerte del señor Antonio Cerón Lizcano (fls. 132 y 133, cdno. 2, copia auténtica)(13), en la que se indica:

“... [El señor Antonio Cerón se cayó] porque no iba bien cogido, no iba bien asegurado, iba solo recostado. (...) [La volqueta] iba espantada (...)”.

— Declaración rendida por la señora Olga Trujillo Zúñiga, en el proceso antes referido (fls. 135-137, cdno. 2, copia auténtica)(14), en la que se señala:

“... viendo que las volquetas del municipio estaban trabajando en la carretera, yo esperé las volquetas y de tanto rogarle me llevó, con Gamboa iba Alfonso “Sacoesolo” le dicen y me dejó el puesto de adelante, porque yo llevaba unos niños, en la chichería se bajó Alfonso porque ahí tenía la volqueta, nosotros seguimos, llegamos a la finca de don Antonio, don Antonio le hizo el pare y lo recogió, también se montó un pelado, un sardinito, de ahí seguimos normalmente con la velocidad que se puede con esos huecos, llegamos al cruce de la fonda de don Edgar Orozco, me di cuenta que ahí estaba la camioneta de la Umata entonces yo me bajé de prisa pa [sic] alcanzarla, porque de ahí a la casa de don Edgar hay como quince minutos, apenas le di las gracias a Gamboa y me fui.

(...) [M]e sorprendió [que ni Gamboa ni yo nos dimos] cuenta [del accidente que sufrió el señor Cerón].

(...) [La carretera] estaba bien regular, precisamente estaban arreglando la carretera, había hartos huecos.

(...) [La volqueta se desplazaba] normal a las condiciones de la carretera, bajaba velocidad en los huecos, antes yo iba pensando que no iba a alcanzar a la camioneta, porque bajaba la velocidad en cualquier hueco pequeño.

(...) Recuerdo en una parte [de la carretera] que habían dos montones de balastro, pero no recuerdo el sitio, estaban arreglando el tramo de Los Pozos a donde los Caleños...”.

En esa medida, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer la responsabilidad de la entidad territorial demandada, como quiera que el accidente ocurrió, además de la intervención de la víctima, por el actuar imputable al agente del Estado —señor Gamboa Valderrama— quien, en ejercicio de sus funciones, condujo el vehículo previamente descrito y transportó en este, en precarias y peligrosas condiciones, al señor Cerón Lizcano, infringiendo normas del Código Nacional de Tránsito(15), lo que —en conjunto— vincula a la administración municipal con la muerte de este último por falla del servicio.

Eso es así, porque los elementos probatorios —que la Sala relacionó previamente— demuestran que, al margen del mal estado de la vía y de que el vehículo transitara sin el cumplimiento de los requisitos legales, la causa eficiente del daño fue la asunción que, libre y voluntariamente, el conductor y la víctima hicieron del riesgo que comporta viajar en el platón de una volqueta, previsto para el transporte de carga y no de personas.

En cuanto al exceso de velocidad que arguye la parte actora, las declaraciones de quienes también se movilizaban con la víctima no evidencian tal circunstancia. Lo que se conoce es que la carretera se encontraba en malas condiciones, debido a la presencia de huecos y de balastro que impedía el tránsito normal del vehículo, situación que, aunada al testimonio —ya conocido— de la señora Olga Trujillo Zúñiga, permite concluir que la volqueta no se desplazaba a una velocidad excesiva, pues en el estado vial antes aludido resultaba difícil que lo hiciera.

Así las cosas y dado que el daño se produjo tanto por la intervención de la víctima, quien libre, voluntaria e imprudentemente solicitó ser transportada en las peligrosas condiciones, anteriormente descritas, de las que era esperable un resultado similar al ocurrido, como por la actuación imprudente del conductor. De suerte que la Sala reducirá —en un 30%— la apreciación patrimonial del daño, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2357 del Código Civil. Esto, en razón de que —a diferencia de lo afirmado por el a quo— es mayor el grado de responsabilidad del municipio demandado que el de la víctima, como quiera que —en primer lugar— la conducción de vehículos automotores exige especiales condiciones de cuidado y diligencia que el servidor público vinculado a la entidad territorial, en una actividad propia de su cargo, no cumplió, contribuyendo —en gran medida— al desenlace fatal que ha venido estudiándose.

En consecuencia y sin perjuicio de la acción de repetición a que haya lugar, la administración municipal indemnizará —en un 70%— a la parte actora, tal como pasa a exponerse.

5.5. Los perjuicios a indemnizar.

5.5.1. Morales.

Se acreditó que el señor Antonio Cerón Lizcano falleció a raíz de un accidente de tránsito, lo que permite inferir razonablemente, a la luz de las máximas de la experiencia, que su esposa y sus hijos —cuyos nombres se encuentran relacionados en el punto 5.4 de esta providencia— padecieron una afección de orden moral por los hechos referidos.

Ahora bien, para la cuantificación de este pretium doloris no se acudirá a los gramos oro como se solicitó en la demanda, sino a salarios mínimos mensuales legales como se viene sosteniendo por esta corporación a partir de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, proferida dentro de los procesos acumulados Nº 13.232 y 15.646.

Habida cuenta de que el daño moral es, de suyo, imposible de cuantificar de un modo exacto, por su naturaleza inmaterial, es necesario fijar el monto de la indemnización valiéndose de la facultad discrecional que le asiste al juez y de conformidad con estos parámetros establecidos jurisprudencialmente(16): i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(17); ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio y iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

Así las cosas y dado que el daño causado revistió un grado de afectación importante, la Sala reconocerá a título de perjuicios morales, en virtud del arbitrium judicis(18) y del principio de igualdad(19), 70 smmlv para la señora Lucila Cárdenas Cuéllar y para cada uno de sus hijos William, Amira, Eduardo, Silvia, Inés, Daniel, Antonio, Orfilia y Luz Dey Cerón Cárdenas, teniendo en cuenta que, aunque se ha establecido como tope máximo para indemnizaciones de daño moral —por muerte de un familiar— 100 smmlv, la víctima intervino en la causación del daño y que, en casos como este, se ha admitido una reducción en la estimación del perjuicio(20) que, para efectos del sub lite, equivale al 30%.

5.5.2. Materiales en la modalidad de lucro cesante.

Los recurrentes pretenden que “para los efectos de la liquidación de los perjuicios materiales, se tengan en cuenta los testimonios arrimados al plenario, que dan cuenta de los ingresos laborales o que como fruto de condición de ganadero y comerciante en maderas, devengaba Antonio Cerón Lizcano...”. No obstante y sin perjuicio de los medios de prueba a los que aluden los demandantes, la Sala encuentra que no reposa en el plenario prueba alguna que infunda la certeza suficiente para concluir que —en 1996— el señor Cerón Lizcano devengaba los ingresos alegados ($ 1.000.000 mensuales).

Esto es así porque si bien los declarantes sostienen que el señor Cerón Lizcano ejercía —entre otros oficios— el comercio y la ganadería y que, producto de estas actividades, percibía —en 1996— probablemente ingresos no inferiores a $ 1.000.000 mensuales(21), de ser ello así la víctima tendría que haber contado con una organización empresarial mínima de la que no se tiene evidencia, razón suficiente para descartar la ocurrencia del perjuicio reclamado.

Adicionalmente, se advierte que el a quo, para efectos del reconocimiento de los perjuicios materiales, se fundó en la certificación —visible a folio 226, cuaderno 2— expedida por el jefe administrativo de Nestlé de Colombia S.A.(22) y lo cierto es que dicha prueba no ofrece grado alguno de credibilidad, pues meses atrás el mismo funcionario había emitido una certificación diferente(23), aspecto que extrañamente pasó por alto el tribunal de primera instancia.

Siendo así y dado que no se desconoce el principio de la no reformatio in pejus y que resulta más favorable al apelante único, se tendrá en cuenta —como ingreso base de liquidación— el salario mínimo legal mensual vigente, suma que —aumentada en un 25% de presumibles prestaciones sociales— equivale a $ 736.875. De este monto se descontará el 25% que se entiende el occiso destinaba en su propia subsistencia, para un total de $ 552.656.

El 70% de este último valor equivale a $ 386.859, monto por el que debe responder la entidad demandada, de acuerdo a su grado de participación en la producción del daño. En este orden, se liquidarán los perjuicios, teniendo en cuenta la siguiente información:


Nombre
Edad al momento en que ocurrieron los hechosEsperanza de vida a la fecha de los hechos (Res. 0497/97, expedida por la Superintendencia Financiera)
Antonio Cerón Lizcano66 años15,27 años
Lucila Cárdenas Cuéllar64 años17,69 años

Se aplica, en consecuencia, la fórmula:

S= Ra (1 + i)n - 1

i

En donde:

S = suma a obtener.

Ra = renta actualizada, es decir $ 386.859.

i = tasa mensual de interés puro o legal, es decir 0,004867.

n = número de meses transcurridos desde la fecha de los hechos hasta la edad probable de vida del señor Cerón Lizcano, esto es 183,24 meses.

1 = es una constante.

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El municipio demandado pagará, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de $ 114.008.232.80, a favor de la señora Lucila Cárdenas Cuéllar.

5.6. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 29 de agosto de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, ajustando en un 70% el grado de participación del municipio de San Vicente del Caguán en la producción del daño y, en consecuencia, el monto de las siguientes indemnizaciones: 70 smmlv(24) para la señora Lucila Cárdenas Cuéllar y para cada uno de sus hijos William, Amira, Eduardo, Silvia, Inés, Daniel, Antonio, Orfilia y Luz Dey Cerón Cárdenas, por concepto de perjuicios morales y $ 114.008.232.80 para la primera de las nombradas, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado.

2. NO CONDENAR en costas.

3. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, que serán entregadas al respectivo apoderado judicial en cada caso.

5. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, Presidente de Subsección—Stella Conto Díaz del Castillo—.

(1) Folios 29 a 39, cuaderno 1.

(2) Folios 47 a 50, cuaderno 1.

(3) Folios 93 a 97, cuaderno 1.

(4) Folios 102 a 114, cuaderno principal.

(5) Folios 123 a 129, cuaderno principal.

(6) El 14 de septiembre de 1998, cuando se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones fue estimada en $ 28.109.280 —2000 gramos oro—, por concepto de perjuicios morales, a favor de cada uno de los demandantes.

(7) Registro aportado con la demanda, en copia auténtica y visible a folio 9, cuaderno 1.

(8) Registros aportados con la demanda, en copias auténticas y visibles a folios 10 a 18, cuaderno 1.

(9) Registro civil de defunción en el que consta que el señor Antonio Cerón Lizcano murió el 11 de octubre de 1996. El documento obra —en original— a folio 19, cuaderno 1.

(10) A folios 24 y 25, cuaderno 1, obran —en copia auténtica— el Decreto 122 de 1995, mediante el cual se nombró al señor Gamboa Valderrama como conductor del municipio de San Vicente del Caguán y el acta de posesión, respectivamente.

(11) Cabe anotar que la parte demandada, a diferencia de la parte actora, no solicitó el traslado de las pruebas practicadas dentro del proceso penal y que tampoco intervino en la causa penal. No obstante, la prueba documental —arriba transcrita— será valorada respecto de ambas partes, toda vez que, en el caso de la entidad demandada, estuvo en el expediente a su disposición y tuvo la oportunidad de controvertirla, sin que le hubiere merecido réplica alguna y, en lo que tiene que ver con los demandantes, se solicitó de forma expresa su traslado.

(12) El tribunal de primera instancia comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal —reparto— de San Vicente del Caguán para practicar esta prueba, solicitada por la parte actora. Vale agregar que el menor Gustavo Ortiz Repizo, al momento de rendir testimonio, tenía 14 años de edad.

(13) La prueba será valorada, teniendo en cuenta el análisis efectuado en la nota al pie de página 11 y que, particularmente, se aludió a esta en el escrito de contestación de la demanda.

(14) La prueba será valorada, según lo expuesto en la nota al pie de página anterior.

(15) • Decreto 2591 de 1990, artículo 8º. Modificase la reforma 66 del artículo 1º del Decreto 1809 del 6 de agosto de 1990, cuyo texto quedará así:

“66. El artículo 79 del Decreto-Ley 1344 de 1970 quedará así:

ART. 79.—Ningún vehículo automotor podrá transitar por las vías públicas o privadas abiertas al público sin tener licencia de tránsito, certificado de movilización vigente, póliza de seguro obligatorio de daños causados a las personas en accidentes de tránsito y sin portar placas, salvo cuando se otorgue permiso especial…”.

• Decreto 1809 de 1990, artículo 1º, reforma 146. El artículo 170 del Decreto-Ley 1344 de 1970 quedará así:

“ART. 170.—Los vehículos de carga no podrán transportar pasajeros sobre la plataforma, excepto cuando se transporten mercancías u objetos fáciles de sustraer, caso en el cual podrán llevar dos (2) vigilantes sobre la carga con las debidas seguridades”.

(16) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de Rad. 21.350, actor: Mauricio Monroy y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(17) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 13.232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…”.

(18) La facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “… descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad…” (Sent. jun. 16/94, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, Rad. 7.445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, Rad. 54001-23-31-000-1993-08025-01 (N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2011, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Rad. 19.802. En este caso, similar al de autos, se redujo en un 30% el monto de la indemnización por concepto de perjuicios morales, en razón de la intervención de las víctimas en la causación del daño.

(20) Ibídem.

(21) Testimonios de los señores Edgar Orozco Rivas, Jaime Jojoa Andrade, Celso Ortiz Fierro y Cristóbal Lizcano Valderrama, visibles a folios 56 a 61, 63 a 65 y 70 a 73, cuaderno 2.

(22) Documento, remitido por Nestlé de Colombia S.A. al tribunal a quo, en el que se indica que “… el señor Antonio María Cerón Lizcano identificado con cédula de ciudadanía 4.966.266 de San Vicente, fue proveedor de leche de Nestlé de Colombia S.A. durante todo el año 1996.

El señor Cerón Lizcano durante el año 1996 envió un promedio de 15.947 litros, pagados por un valor de tres millones seiscientos veintiséis mil doscientos nueve pesos anuales”.

(23) Documento —visible a folio 222, cuaderno 2— en el que Nestlé de Colombia S.A. informa al tribunal a quo: “… el señor Antonio Cerón Lizcano, vendió 59 litros de leche en la primera quincena del mes de octubre de 1996, por los que se le cancelaron $ 13.796 y en los meses anteriores no era proveedor nuestro”.

(24) Liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.