Sentencia 1998-00240 de febrero 27 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. C-1900131030041998-00240-01

Magistrado ponente

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En la demanda de oposición a la línea divisoria señalada por el juzgado, la Constructora y Comercializadora Parque Cementerio La Paz S.A., solicitó que se negara el deslinde practicado y que se reconociera, por la razones que adujo, como “única propietaria legítima y poseedora material de la franja de terreno ... mojoneada”.

En esa medida, al sostenerse, en el primer cargo, que en lugar de aclararse los linderos confusos que delimitaban uno y otro predio, pues por lo dicho, tal penumbra no existía, ha debido invocarse la acción reivindicatoria, la sociedad recurrente no pudo sorprender a ningún sujeto procesal, como se sostiene en el escrito de réplica, porque si bien el trámite del deslinde, directamente, no involucra ninguna disputa sobre posesión, pues de acuerdo con los respectivos títulos, los contendientes se consideran recíprocos dueños de la franja disputada, esto no significa que, frente a una eventual posterior oposición, esa inicial actuación se convierte en camisa de fuerza para delimitar el ámbito de la nueva controversia.

Por esto, al decir el artículo 465, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, que en la demanda a través de la cual se formaliza la oposición, se “podrá alegar los derechos” que alguna de las partes dice “tener en la zona discutida”, la Corte tiene explicado que si bien el “único objeto del proceso de deslinde y amojonamiento es la fijación de linderos de acuerdo con los títulos, y que en él toda otra cuestión es totalmente extraña a sus fines”, esto es enteramente cierto, pero en la fase “especial del proceso, la que implica una aceptación de la titularidad no discutida y el amojonamiento es el resultado o la expresión del contenido espacial de tales títulos; no en la etapa ordinaria en la cual, para determinar la legalidad o ilegalidad de la demarcación hecha, tienen que estudiarse hechos referentes al dominio alegados por el inconforme como motivo de su oposición”(1).

En esa línea, no puede ser extraño para el recurso de casación lo solicitado en instancia por la sociedad compradora, al oponerse al deslinde practicado, respecto a que, se reitera, fuera reconocida como “única propietaria legítima y poseedora material de la franja de terreno ... mojoneada”. Con mayor razón, cuando, en coherencia, desde el comienzo, la inicial demandante afirmó que su contraparte ha tratado de “hecho de constituir posesión sobre la parte del predio que no le corresponde”, cuestión que corroboró en la contestación del libelo subsiguiente, al afirmar que lo “tomado” por la compradora “excede los límites del predio enajenado” y que todo se traducía en que la “compradora se salió de los linderos determinados dentro del título de compraventa”.

Ahora, si el tribunal, con cita expresa de los artículos 900 y 1889 del Código Civil, se refirió a tales circunstancias, pues en últimas, en el campo probatorio, concluyó que la sociedad “compradora se salió de los linderos determinados dentro del título de compraventa, para invadir una franja de terreno que, en realidad no le pertenece”, no se explica la Corte cómo la sociedad opositora en el trámite del recurso de casación sostiene, de una parte, que no se señaló ninguna disposición de carácter sustancial transgredida, y de otra, que no se atacaron los fundamentos basilares, cuando precisamente las disposiciones en cuestión son las que se acusan vulneradas, en términos generales, a partir de lo que efectivamente quedó fijado en el proceso.

2. Sentado lo anterior, al denunciarse, por la vía directa, la violación de las normas mencionadas, esto implica que la recurrente acepta en su integridad, a manera de exigencia ineluctable, las conclusiones fácticas y probatorias que le sirvieron de base al tribunal para adoptar la decisión, por ser requisito para el efecto, en cuanto una vez superada esa etapa, todo queda confinado a la subsunción de los hechos que han quedado establecidos, en las hipótesis normativas que las gobiernan, respecto a su elección, aplicación y alcance.

Por esto, frente a la violación recta vía de la ley sustancial, suficientemente se encuentra decantado, en palabras de la Sala, que la censura debe discurrir su actividad dialéctica sin “separarse, un ápice siquiera, de la quaestio facti, cual y como fue apreciada por el sentenciador, so pena de resultar inidónea la acusación en caso de que ello ocurra”(2).

En el sub judice, que conforme a los títulos de dominio, el predio de la compradora opositora, en una extensión de 73.000 M2, fue segregado de otro que tenía un área de 131.525 M2,propiedad de la vendedora; que por tal motivo, en teoría, esta última se reservó un lote de 58.525 M2; y que uno y otro predio fue delimitado, según los linderos insertados.

Así mismo, que en la realidad, el fundo general tenía un área de 128.628,84 M2, respecto de los cuales la sociedad ahora demandante, adicional a lo adquirido, ostentaba una porción de “0-8409,09 hectáreas, esto es, 8.409,09 M2, “justamente el objeto que se discute mediante el asunto ordinario”.

Igualmente, que esto obedeció al “desplazamiento” del lindero común o a que la compradora se “salió de los linderos determinados dentro del título de compraventa, para invadir una franja de terreno que, en realidad no le corresponde”, pues carecía de “prueba de dominio u otro derecho real”.

3. Conforme al artículo 900 del Código Civil, el “dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan de los predios colindantes”, lo cual tiene lugar, en sentir de la Corte, cuando los linderos son “oscuros e inciertos”(3), o lo que es lo mismo, “confusos e indeterminados”(4). Como se explicó en la sentencia de 12 de abril de 2000, citada, ello sucede “unas veces porque [los linderos] se han desdibujado, otras porque aparecen intrincados o confusos al confrontar los respectivos documentos escriturarios, in concreto por falta de precisión de los títulos en la determinación de aquellos”.

Lo dicho, desde luego, no descarta que tanto en la acción de dominio, como en la de deslinde y amojonamiento, se acuse al demandado de ejercer posesión sobre la franja de terreno materia de controversia. Al fin y al cabo, en uno y otro caso, el propietario, o quien resulte serlo, puede verse privado, total o parcialmente, de la posibilidad de ocupar y explotar económicamente sus terrenos.

Sin embargo, en la reivindicación subyace el reclamo de un propietario con el fin de que un bien concreto y determinado le sea restituido por quien lo ostenta con ánimo de señor y dueño. En cambio, en el deslinde y amojonamiento, la controversia se circunscribe entre los vecinos que consideran que los títulos de dominio que los acompañan se extienden a todas las zonas limítrofes en disputa.

Desde esa óptica, el derecho de dominio, en el primer caso, es desafiado por los actos de señorío del poseedor; mientras en el segundo evento, hay un enfrentamiento de títulos, acerca de los contornos de cada propiedad. Por esto, al decir de la Corte, lo relativo a los límites “no es un problema entre reivindicante y poseedor, sino que se proyecta, como es obvio, sobre los dueños de los predios colindantes”(5). De ahí la razón por la cual cada una de las partes involucradas, recíprocamente, cree que el terreno discutido se encuentra comprendido dentro de sus títulos de dominio, cuestión que es distinta a que no lo sea.

4. Frente a lo expuesto, lo primero que se advierte es que el Tribunal por ninguna parte dejó sentado que la sociedad opositora al deslinde, tenía la convicción de que el terreno ocupado por ella, adicional a lo que fue objeto de negociación, lo comprendía el contrato de compraventa celebrado. Todo lo contario, con independencia del acierto, en forma expresa identificó que una porción era la que había adquirido, los 73.000 M2, y otra, distinta, la otra franja de 8.409,09 M2, que igualmente ostentaba.

Como se observa, lo que dijo el sentenciador de segundo grado es que esa fracción de tierra, que no aparecía involucrada en el contrato de compraventa celebrado, había sido invadida, sin que en cabeza de la opositora al deslinde existiera “prueba alguna de dominio u otro derecho real”. Y lo atinente a “invadir” terrenos que no le pertenecen al invasor, excluye, desde luego, la creencia de que lo ampara un título de dominio.

El tribunal, por lo tanto, no hizo más que referirse, así sea implícitamente, a lo que sobre el particular aceptó la sociedad vendedora en la demanda inicial y en la contestación de la demanda subsiguiente, en cuanto que siendo de su propiedad, pues su título de dominio lo abarcaba, el lote en cuestión fue “tomado” por su contraparte, tratando de “hecho de constituir posesión sobre la parte del predio que no le corresponde”.

En segundo lugar, si el ad quem igualmente concluyó que el terreno reclamado fue “tomado” o invadido, por las circunstancias que fueren, entre ellas mediante el “desplazamiento” de linderos, esto denota que existía certeza acerca de las delimitaciones del predio enajenado y del que se reservó la sociedad vendedora, pues por lógica, en línea de principio, no puede ser predicable que se hayan corrido linderos oscuros e inciertos o confusos e indeterminados.

5. Así las cosas, el tribunal, al fundamentar la decisión en el artículo 900 de Código Civil, se equivocó en forma directa, porque los hechos que dejó establecidos, no se subsumen en sus hipótesis normativas, pues como ha quedado explicado, los mismos tienen que ver con predios distintos, esto es, el área comprendida en el título de dominio de la opositora, 73.000 M2, y la que no lo comprende, 8.409,09 M2, los cuales hacen parte del terreno que se reservó la enajenante, en palabras del sentenciador, “justamente el objeto que se discute mediante el asunto ordinario”, área que, dijo, quien la ostentaba carecía de “prueba alguna de dominio u otro derecho real”.

Ahora, si lo anterior, en últimas, traduce una contienda entre un dueño que ha sido privado o despojado de parte del inmueble, por las circunstancias que fueren, y el que ha solicitado que se declare poseedor de esa fracción, surge de bulto que el artículo 1889 del Código Civil, también era impertinente para solucionar el conflicto, porque frente a dos predios distintos, nada tenía que ver el cuerpo cierto o el señalamiento de linderos, menos cuando, respecto de un contrato de compraventa discutido, que no es el caso, lo primero se refiere a la rebaja o al aumento del precio, y lo segundo, a la entrega de su objeto.

5. El ataque, por lo tanto, en su contexto, prospera, de ahí que se procede a proferir el fallo de reemplazo.

Sentencia sustitutiva

1. Constatada la validez de lo actuado y verificados los presupuestos procesales, la sentencia que apeló la inicial pretensora, posterior demandada, mediante la cual se aceptó la oposición formulada por su contraparte, en cuanto hace al deslinde practicado, se debe, sin más, confirmar, no porque fuera “imposible físicamente” la delimitación, según lo concluyó juzgado, sino porque en realidad, no se estaba frente a un conflicto de esa naturaleza, como suficientemente se explicó al resolverse en forma favorable el recurso de casación.

2. En la demanda de deslinde, en efecto, nunca se dijo que la allí convocada, luego opositora, consideraba que la franja reclamada la comprendía su título de dominio, por el contrario, con independencia de la posición que sobre el particular observó dicha parte, en el referido libelo se confiesa que sobre esa fracción de terreno la mentada sociedad ha tratado de “hecho de constituir posesión”, al punto que en la audiencia celebrada el 30 de noviembre de 1999, la misma entonces demandante, quien alegó sin discusión alguna ser la titular del derecho dominio, propuso a su contradictora venderle “ocho mil quinientos metros que es la extensión del terreno en que radica el conflicto”.

La oferta efectuada, por supuesto, excluye la creencia sobre que el terreno disputado se encontraba contenido en los títulos de propiedad de una y otra parte, pues si así fuera, la primigenia pretensora, ahora demandada, estaría dando en venta un lote que eventualmente también sería de su vecina.

Esto mismo ocurre, con efectos de confesión, en la contestación de la demanda de oposición, al decirse que el lote discutido, siendo de Soconsa S.A., fue “tomado” por la otra sociedad, pues se encuentra por fuera de los “linderos determinados dentro del título de compraventa”, hipótesis en la que, dice, no era admisible invocar el “cuerpo cierto”.

Aquí, como se observa, se ratifica que el terreno en cuestión no podía considerarse como de propiedad de quien lo ostentaba en forma material, precisamente porque la parte que lo hacía, carecía de título de dominio o de otro derecho real. Esto, por supuesto, igualmente descarta, porque la excluye, la idea de que a la ocupante del terreno disputado la amparaba el contrato de compraventa celebrado.

En igual sentido, las excepciones formuladas contra las pretensiones de la opositora al deslinde, donde la sociedad vendedora expresamente señaló que la superficie tomada por su contraparte, “no fue objeto de enajenación”.

El testimonio de Jorge Naranjo Pérez, quien participó en el estudio urbanístico adelantado por la sociedad opositora al deslinde, apuntala lo anterior, al decir que todo se desarrolló en el terreno comprendido en la escritura pública de compraventa y que “posterior al proyecto se presentó una discusión”, en cuanto, con relación al área “entregada y vendida”, resultó ocupada una porción “mayor”. El problema, dijo, “No” es de linderos en el campo de los hechos, sino en los “presentados en el levantamiento topográfico irregulares”.

3. Luego, si la misma inicial demandante, posterior demandada, reconoce que una cosa es el lote de terreno transferido, y otro, distinto, el predio contiguo ocupado sin título de dominio, esto elimina cualquier confusión o indeterminación acerca de los confines espaciales de las heredades, porque como se observa, al margen de la postura manifestada sobre el particular por la otra parte y de los medios existentes al respecto, en forma tajante se ha opuesto a aceptar que su contraparte también consideraba incluido dentro de su título de dominio el terreno disputado, aspecto que precisamente constituye la quintaesencia del deslinde y amojonamiento.

Así que, sin temor a equívocos, el problema se traslada a otro plano, en cuanto en realidad se trata de una controversia entre un propietario despojado de parte de su predio y quien, cual se admitió, de hecho lo invadió o tomó.

4. En ese orden de ideas, como se anunció, la sentencia apelada se debe confirmar, pero por las razones dichas, sin que haya lugar a ninguna decisión adicional, porque al fin de cuentas, el juzgado mantuvo a la sociedad opositora en “posesión” del terreno disputado, sin perjuicio, claro está, de la posibilidad de trasladar el debate a otro escenario procesal.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 18 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil-Familia-Laboral, en el asunto de que se trata, y actuando en sede de instancia, CONFIRMA la el fallo apelado del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán, adiado el 19 de enero de 2005.

Sin costas en casación por haber prosperado el recurso.

Las costas de segunda instancia corren a cargo de la apelante. En la liquidación, inclúyase la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000), como agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia 38 de 12 de abril de 2000, Expediente 5042, reiterando doctrina anterior.

(2) Sentencia de 14 de diciembre de 2010, Expediente 2002-00047, reiterando doctrina anterior.

(3) Sentencia de 2 de junio de 1958, LXXXVIII-100.

(4) Sentencia 3 de 14 de marzo de 1997, CCXLVI-249.

(5) Sentencia de 11 de junio de 1965, sin publicar oficialmente.