Sentencia 1998-00241 de junio 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Proceso 18001233100019980024101 (27952)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Blanca Lidia Zambrano y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de La Nación

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil trece

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(15), habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(16).

1.2. En relación con la legitimación en la causa, se encuentra plenamente acreditado el interés de las partes para comparecer al proceso.

1.3. De una parte, respecto de la parte actora, mediante la copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Edith Elizabeth Zambrano Zambrano(17), Holofernis Orlando Zambrano Zambrano(18), Aura Ligia Zambrano Zambrano(19) y Carmen Yolanda Zambrano Rosero(20), se encuentra acreditado el parentesco de los demandantes con la occisa Edith Elizabeth Zambrano Zambrano en su calidad de madre y hermanos de la misma, respectivamente. En cuanto a la Nación, Fiscalía General de la Nación, obra en el expediente copia auténtica de los informes de inteligencia fechados el 17 y 18 de septiembre de 1996 dirigidos al director seccional del CTI del Caquetá, en donde se presentan las acciones realizadas por la entidad en relación con las amenazas recibidas por la señorita Edith Elizabeth Zambrano Zambrano, con el cual se acredita la participación de la dicha entidad, a través del CTI en el caso sub lite, lo cual lo legitima en la causa pasiva para comparecer a este proceso(21). Así mismo, en relación con la Nación, rama judicial, es importante advertir que el a quo declaró su falta de legitimación en el asunto sub lite, por cuanto dicha entidad no tuvo ningún tipo de intervención en el asunto sub lite, situación que no fue controvertida por las partes, por lo cual las actuaciones de dicha entidad quedarán incólumes y no serán objeto del análisis.

1.4. Finalmente, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual no operó en el caso concreto el fenómeno jurídico de caducidad de la acción(22).

2. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia que niega las pretensiones de la demanda. En consideración a los argumentos esgrimidos en sede de impugnación, debe la Sala determinar, si en el caso concreto existió o no, un daño antijurídico atribuible a la Nación, Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación, derivado de una falla del servicio consistente en la omisión de cumplimiento de sus funciones al no brindarle, directamente o en coordinación con otras entidades encargadas de la protección de los ciudadanos, las medidas de seguridad que requería para conservar su vida, ante la existencia de una amenaza contra ese derecho, la cual era de conocimiento de la precitada entidad.

3. Los hechos probados.

3.1. Obra en el plenario, copia auténtica del oficio DSC.T.I.-877 del primero de octubre de 1996, dirigido por el director seccional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de Caquetá al Fiscal Seccional Tercero de Florencia, a través del cual se pusieron en conocimiento de dicho funcionario, las diligencias adelantadas por dicha institución demandada en relación con el posible atentado —posteriormente llevado a cabo—, en contra de la señorita Edith Elizabeth Zambrano Zambrano; medio probatorio por medio del cual se hace constar que con anterioridad al acaecimiento del hecho dañoso, la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, conoció del riesgo al que se encontraba expuesta la señorita Zambrano(23). Dice el informe de inteligencia de 17 de septiembre de 1996, suscrito por el coordinador de la unidad de permanencia del CTI de la seccional Florencia(24):

Para su conocimiento y demás fines pertinentes, me permito informarle que mediante conversación sostenida con un asiduo informante, me hizo el comentario que para el día de hoy se tiene planeado por parte de unos individuos desconocidos, atentar contra la integridad física de una persona de sexo femenino a quien no sabe identificarla por su nombre ni apellido, pero sabe el sitio donde se llevará a cabo el acto criminal.

Es así como me trasladé con el informante al lugar donde posiblemente se llevará a cabo tal atentado, el cual se encuentra ubicado en el barrio Siete de Agosto de esta ciudad, más precisamente en la calle 17 con carrera 7 frente al establecimiento denominado “El Barrilete”, según el informante este atentado está programado para su ejecución entre las 18 y 19 horas, en momento en que haga presencia la ocupante del inmueble señalado.

Igualmente esta misma persona nos informó que la persona que había contratado al supuesto sicario se encontraba en esos momentos en el Bingo denominado “Royal Club”, ubicado sobre la carrera 11 frente al Club Social de esta ciudad, persona esta de los siguientes rasgos físicos: contextura gruesa, trigueño oscuro, presenta calvicie frontal y corte de pelo bajito, de barba afeitada, alto, de unos 35 años de edad, bestía (sic) un buzo de color binotinto (sic), jeanes azules y tenis negros, quien se encuentra en compañía de una persona de las siguientes características: delgado, trigueño, de 1,76 cm, aproximadamente, de 45 años de edad, carifileño, quien al parecer era la persona contratada para llevar a cabo el atentado.

Por lo anteriormente expuesto sugiero muy respetuosamente se me expida orden de trabajo para verificar esta información (Destacado fuera de texto).

3.2. Como se colige del texto transcrito, la entidad conoció el día 17 de septiembre de 1996 del posible acaecimiento de un atentado, con alusión detallada al lugar de los hechos, al igual que de la descripción física de los presuntos autores intelectuales y materiales del ilícito.

3.3. En desarrollo de la orden de trabajo impartida, el investigador del CTI asignado al caso, se desplazó al sitio en que podría acaecer el crimen el 18 de septiembre de 1996 y tuvo contacto con la residente en el lugar que correspondía al nombre de Edith Elizabeth Zambrano, como se advierte en el informe de inteligencia de la misma fecha, en el que textualmente se lee lo siguiente(25):

“Con el fin de dar cumplimiento a la misma [a la misión] y teniendo en cuenta que estos hechos tenían una hora específica de ejecución, entre las 18 y 20 horas, se diseñó un operativo con miembros de esta institución, con quienes se cubrieron simultáneamente los sitios de acceso al inmueble ubicado en la calle 17 con carrera 7 frente al establecimiento “El barrilete”, donde reside la presunta víctima, dispositivo que duró hasta las 23 horas del mismo día, sin que se produjera el atentado del que se tenía noticia.

En vista de lo anterior decidimos hablar directamente con la supuesta víctima la cual responde al nombre de Edith Elizabeth Zambrano Zambrano, identificada con la cédula de ciudadanía número 69’016.402 expedida en Puerto Asís Putumayo, a quien luego de identificarnos como miembros del CTI, se le informó el motivo de nuestra presencia, persona esta a quien se le preguntó si tenía conocimiento del motivo por el cual pensaban atentar contra su integridad, a lo cual negó rotundamente que tuviere problema alguno que conllevara esa situación, a pesar de su negativa a colaborar o a suministrar datos que nos ayudara a determinar el por qué (sic) de la información recaudada; le sugerimos que cambiara de residencia ya que ese apartamento no posee las más mínimas garantías de seguridad, esta diligencia se realizó en presencia de dos de sus compañeras Martha Yaneth Arévalo González (...) y Sandra Patricia Rojas (sic) (...) personas estas que aceptaron trasladarsen (sic) a la residencia de la última de las nombradas con la supuesta víctima (destacado fuera de texto).

3.4. En el mismo sentido consignado en el informe de inteligencia precitado, se pronunció la señora Sandra Yaneth Rojas Córdoba, en diligencia de declaración juramentada adelantada durante la investigación realizada por la Fiscalía Cuarta Seccional de Florencia, la cual obra en el proceso en copia auténtica allegada como prueba traslada desde el proceso penal adelantado por el fallecimiento de la señorita Edith Elizabeth Zambrano Zambrano(26), quien relató los pormenores de la visita realizada por el CTI de la fiscalía en los siguientes términos(27):

“(...) Preguntado: Durante el tiempo que dice usted, conocer a Edith Elizabeth esta le llegó a hacer comentarios sobre problemas económicos, sentimentales o amenazas que hubiere recibido, caso afirmativo háganos un relato detallado de estos? Contestó: Hace como unos quince días fueron los del CTI al apartamento de Edith, yo estaba ahí con ella y Martha Yaneth Arévalo, estábamos estudiando, ellos la llamaron y hablaron en privado con ella y Edith se puso a llorar, nosotros salimos que era lo que pasaba (sic), entonces los del CTI nos explicaron que iba a suceder un atentado contra Edith esa noche, que era mejor que no se quedara ahí, luego Edith se fue para mi apartamento, yo vivo en el apartamento con mi hermana Érica Elena, y una amiga llamada Martha Cristina, esa noche salimos para el apartamento como a las nueve y media o diez de la noche, cogimos un taxi. Los del CTI nos dijeron que habían llamado, supongo que por teléfono un informante, y les había dicho que iban a hacer un atentado contra la pelada que trabajaba en Coacrefal y que vivía en un apartamento del Barrio Siete de Agosto, se referían a Edith, nosotras la preguntábamos qué problemas había tenido y ella respondía que nada. (Destacado fuera del texto).

3.5. Dicho testimonio fue ratificado en sede judicial, en audiencia adelantada ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá el 15 de octubre de 1999, en donde la testigo reiteró lo dicho y agregó que la entidad demandada no realizó nuevas acciones tendientes a proteger la vida de la señorita Zambrano(28):

“Eso prácticamente quedó como quieto y nosotros le preguntábamos a ella que qué pasaba, que si ella sabía algo y ella estaba tranquila y decía que ella no tenía por qué cambiarse de casa (...) Eso quedó así, pues los del CTI, que yo me acuerde o que yo sepa, ellos no volvieron a llamar a Edith ni nada, y a los poquitos días fue que ocurrió que la mataron. (Destacados fuera de texto).

3.6. En el mismo sentido, rindió declaración la señora Martha Yaneth Arévalo González el día 17 de diciembre de 1996, la cual obra como prueba trasladada del proceso penal dentro del plenario. Señaló la testigo que, pese a conocer los pormenores de la amenaza que se cernía sobre la vida de la señorita Zambrano, la Fiscalía no tomó decisión alguna en relación con la protección de su vida(29):

“(...) hace aproximadamente un mes llegó a mi casa un señor a quien conozco con el alias de “Eurípides”,(...)estuvimos hablando del caso donde perdió la vida mi amiga Edith Zambrano, me comentó que él había avisado al CTI, que a ella le iban a hacer un atentado, pero que él no conocía a la víctima ni sabía el nombre de ella, simplemente sabía la dirección del apartamento de ella, me dijo que él había hecho lo posible para enterarla a ella sobre el atentado y por eso había hablado con un amigo de la Fiscalía y fue quien le dijo que pusiera en conocimiento esos hechos del CTI, me dijo que él había declarado y que había dicho quienes habían sido los asesinos, que no les sabía el nombre pero que si los distinguía, y los reconoce, igualmente me comentó que él había ido con miembros del CTI a los lugares en donde vivían ellos y que hasta el momento la Fiscalía no había tomado cartas sobre el asunto, pese a que tenían conocimiento de todos esos hechos (...) (destacado fuera de texto).

3.7. Respecto de la actitud adoptada por la amenazada, se encuentra probado en el plenario que esta continuó residiendo en el mismo lugar en el que fue practicada la visita del CTI, y donde se le habría avisado que se planeaba un atentado en su contra(30) y que esta no denunció el hecho ante la Fiscalía General de la Nación, como se certificó en el sub lite mediante oficio CTI 1033 de 5 de marzo de 1999(31).

3.8. En relación con las circunstancias de tiempo y modo en que acaeció la muerte de la señorita Zambrano, se encuentra en el expediente del proceso penal referido(32), copia de la ampliación del informe de inteligencia del primero de octubre de 1996, mediante el cual se encuentra acreditado que la mencionada joven sufrió un atentado contra su vida el 29 de septiembre de 1996 y que después del 18 de septiembre de ese año —día en que se realizó visita domiciliaria a la señora Zambrano—, el CTI de la Fiscalía no tuvo nuevos acercamientos con el caso(33). Dice el informe:

“El día domingo 29 de septiembre de 1996, siendo las 20:45, recibí una llamada telefónica del servicio de satélite de la seccional del CTI, donde me informaban que habían acabado de atentar contra la vida de la señora Edith Elizabeth Zambrano Zambrano, igualmente que su amiga de nombre Sandra Patricia Rojas me requería con carácter urgente para darme información al respecto.

Es así como simultáneamente con la llamada apareció en mi residencia el informante que nos había puesto sobre aviso sobre los hechos del día 17 del mes anterior, manifestándome que acababan de “darle” a la pelada que él me había señalado (...)”.

3.9. Respecto a la forma en que fue perpetrado el atentado, la señora Martha Yaneth Arévalo González puso de presente que los disparos fueron propinados desde una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres, esto es, mediante la modalidad de sicariato(34):

“(...) yo me vine con Elizabeth a coger taxi para irme para la casa y nos fuimos para la calle principal y seguimos caminando y al pasar la esquina, vimos que de la parte de abajo se aproximaba una moto pequeña de las Suzuki 100AX, y vi que al aproximarse el parrillero venía apuntando con algo pero no vi que era (...) y al momento escuché dos tiros y yo salí corriendo para una casa que estaba abierta y me entré y al momento de los disparos yo sentí algo que me quemó el brazo pero no sentí nada más (...).

3.10. En ese sentido, en acta de inspección realizada al cuerpo de la occisa, se consignó que el cadáver presentaba “dos heridas por arma de fuego en cráneo”(35). Así mismo, el informe de necropsia estableció como hallazgo lo siguiente(36):

“Mujer joven con heridas de proyectil arma de fuego que le provoca fractura de cráneo con sección medular alta que fallece por choque medular”.

3.11. Como se advierte de las pruebas allegadas oportunamente en el plenario, especialmente del informe de inteligencia de 17 de septiembre de 1996, el informante no solo indicó la posibilidad de que fuera cometido un atentado en contra de la vida de Edith Elizabeth Zambrano, sino que caracterizó de manera precisa que este sería cometido a través de un sicario(37), y quien lo habría contratado, información no solo necesaria sino suficiente para la iniciación de indagaciones y la generación de un esquema de protección en favor de la persona amenazada, como se explicará más adelante.

3.12. En ese orden de ideas, también se probó debidamente en el proceso que, una vez impartidos los disparos, la señorita Zambrano fue llevada al Hospital María Inmaculada de Florencia y remitida en estado crítico a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Pedro Claver de Bogotá, hechos probados mediante el testimonio de la señora Martha Liliana Tamayo Zuleta, la copia del acta de remisión de pacientes del Hospital María Inmaculada(38) y la epicrisis del tratamiento recibido en la Clínica San Pedro Claver(39). Se conoce también que la paciente estuvo internada por catorce días y que falleció el día 13 de octubre de 1996, como consecuencia de choque medular. Según se lee en el registro de defunción, obrante en el proceso como prueba trasladada(40).

3.13. Al momento de los hechos, la señorita Zambrano tenía 22 años de edad(41), se encontraba estudiando la carrera de contaduría en la Universidad del Amazonas(42) y trabajaba en la Cooperativa Coacrefal, en el cargo de asesora comercial, con un ingreso mensual de $ 363.000(43).

3.14. Consumado el delito, se adelantó la investigación correspondiente por parte de la Fiscalía Cuarta Seccional de Florencia, la que terminó con preclusión de la investigación del presunto autor del ilícito(44). Al respecto no obran pruebas que acrediten la penalización de los autores del homicidio en contra de la hija y hermana de los demandantes.

3.15. En relación con la ruta que deben seguir los ciudadanos para acceder a los servicios de protección por parte de los organismos de seguridad del Estado colombiano, obran en el expediente comunicaciones enviadas por el CTI, la Policía Nacional y el DAS en que se establecen las condiciones para su inicio, así como los parámetros de coordinación interinstitucional entre las entidades involucradas.

3.15.1. Comunicación del 21 de julio de 1997, dirigida por la Fiscalía General de la Nación a la parte actora sobre el marco de su competencia y la Resolución 2700 de 1996, para poner de presente que para acceder al programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso penal, se requiere la solicitud del afectado o del funcionario que conozca el proceso penal respectivo, caso en el cual deberá realizarse la evaluación del riesgo y su relación directa con la investigación o causa. Se señala además i) que “en el caso concreto de la consulta, el servidor encargado de recibir la denuncia valorará el grado de amenaza y riesgo y según el caso, la tipificará preliminarmente ya sea de acuerdo al artículo 204 del Código Nacional de Policía, en cuyo evento, las diligencias se remitirán a la Inspección de Policía respectiva, o de conformidad al Decreto 180 de 1988, convertido en legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991 en cuyo caso es de conocimiento de los jueces regionales”, y ii) que “[a]l ciudadano que ponga de manifiesto un inminente riesgo para su integridad personal, se le hacen las recomendaciones necesarias para que tome las precauciones del caso, ya que el CTI, en cuanto al delito, su función no es preventiva (sic) como sí la tiene otros organismos como el DAS y la Policía Nacional”(45).

3.15.2. Comunicación 1036/DECAQ – Coman, emitida por la seccional de policía judicial e investigación del departamento de policía de Caquetá, acorde con la cual, en caso de amenaza, cualquier ciudadano, a través de denuncia realizada “directa o indirectamente” por el afectado o por quienes conocen de la misma, da lugar al inicio de investigaciones preliminares, las cuales, se remiten a la autoridad de policía judicial competente (DAS, CTI, Policía), mientras, de manera paralela, la seccional de inteligencia realiza el estudio sobre amenazas y nivel de riesgo, según, el cargo o actividad, los antecedentes de seguridad y los motivos de intimidación(46).

3.15.3. Finalmente, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, seccional Caquetá, mediante Oficio 0499/DAS. CQTA.D, informó que “los procedimientos a seguir en el evento de que una persona haya sido amenazada de muerte o tenga serios indicios de que va a ser objeto de atentado contra su vida, debe inicialmente formular la respectiva denuncia ante la autoridad competente más cercana, posteriormente acudir ante las autoridades constitucionalmente encargadas de velar por la seguridad en integridad de las personas (...) a quienes pondrá en conocimiento de las amenazas, aportándoles elementos de juicio que permitan evaluar en forma rápida el grado de nivel de riesgo para que el organismo de seguridad que recibe la denuncia de manera preliminar pueda tomar las acciones pertinentes a fin de evitar la comisión de los hechos y dar la orientación inicialmente de autoprotección, mientras se toma una decisión final que será adoptada una vez se valore el respectivo estudio de riesgo (...)”(47).

4. Juicio de responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. En consecuencia, para dar solución al problema jurídico planteado, es menester analizar la existencia probada de dichos elementos en el caso sub judice.

4.1. El daño antijurídico.

4.1.1. Al respecto, esta Corporación ha precisado que aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(48).

4.1.2. Ahora bien, del acervo probatorio relacionado de manera detallada, especialmente del registro de defunción de la occisa, de la copia de las diligencias de necropsia e inspección a cadáver que le fueron practicadas y del proceso penal por el delito de homicidio que obran como pruebas trasladadas al presente expediente(49), se tiene plenamente acreditada la existencia de un daño antijurídico, consistente en la muerte violenta de la señorita Edith Elizabeth Zambrano Zambrano, hija de la señora Blanca Lidia Zambrano y hermana de los demandantes Holofernis Orlando Zambrano Zambrano, Carmen Yolanda Zambrano Rosero y Aura Ligia Zambrano Zambrano, acaecida el 13 de octubre de 1996 como consecuencia de un atentado perpetrado contra su humanidad el día 29 de septiembre del mismo año, el cual no estaba en el deber jurídico de soportar.

4.1.3. Comoquiera que se encuentra probado el daño objeto de reproche, pasa la Sala a determinar si el mismo es imputable a la Nación, Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación CTI y, en consecuencia, si corresponde revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.

4.2. La imputabilidad del daño a la entidad demandada.

4.2.1. En concordancia con lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución Política, las autoridades de la República “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”. Por su parte, el artículo 6º ibídem, establece que “los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

4.2.2. En ese orden de ideas, de conformidad con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, razón por la cual, en criterio de la Sala, “[o]mitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación(50)”. Así las cosas, el Estado debe utilizar todos los medios de que disponga para lograr el respeto a la vida y demás derechos fundamentales que tenemos las personas.

4.2.3. Bajo ese contexto, en consideración del asunto que ocupa la atención de la Sala, resulta pertinente hacer mención a los señalamientos que se han efectuado en cuanto a la determinación de la responsabilidad estatal por los daños que, siendo cometidos por un tercero, se atribuyen a la falta de protección de la víctima.

4.2.4. En este sentido, de manera reiterada, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado(51), (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad a las autoridades y estas no se las brindaron(52), (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida(53) y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, el atentado era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones correspondientes(54).

4.2.5. Así, en estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida y la seguridad de la víctima, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado(55) y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio(56).

4.2.6. En concordancia con lo anterior, la Sala ha precisado que el Estado no es responsable de reparar el daño producido por el hecho violento de un tercero, cuando la víctima, de forma voluntaria, prescinde de las medidas de seguridad ofrecidas u otorgadas por aquel, pues en estas circunstancias es claro que el afectado decide exponerse al riesgo que ello implica y, por tanto, asume los resultados de su conducta. Así se concluyó en sentencia del 21 de octubre de 2011(57).

4.2.7. Así las cosas, aterrizando el análisis al caso concreto, no cabe duda de que el análisis de la responsabilidad endilgada a la Fiscalía General de la Nación, se enmarca en el numeral (iii) precitado, esto es, en el supuesto de que la víctima no solicitó las medidas de protección, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida, y sin embargo no actuaron de manera oportuna y eficiente para evitar la consumación del daño, dado que tal es el cargo enervado en la demanda, y posteriormente, en esta instancia por la parte actora. Es bajo dicho marco que procede la Sala a evaluar si a la entidad demandada le era exigible la adopción de alguna medida en relación con la protección de la vida de la señorita Edith Elizabeth Zambrano Zambrano y si tal circunstancia, asociada a la omisión de alguna conducta debida, tuvo una incidencia causal determinante en el hecho fatal de su muerte, para cuyo efecto habrá de verificarse la normatividad vigente para la época en que tuvieron ocurrencia los hechos.

4.2.8. Frente a este asunto, la entidad demandada alegó en primera instancia que su actuación se ajustó cabalmente a la ley y a los procedimientos fijados en ella, en tanto dentro de las competencias de la misma no se encuentra la de procurar esquemas de protección a personas naturales que cuentan con determinado nivel de riesgo, sino de manera exclusiva a aquellas señaladas en el Código Penal y en la Resolución 2700 de 1996 de la Fiscalía General de la Nación, normas a través de las cuales se estableció el sistema de protección a víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal; y que, dado que la señorita Zambrano no interpuso denuncia alguna, esta no podía ser destinataria de ninguna de las medidas de seguridad y protección a cargo de la entidad.

4.2.9. En efecto, frente a dicho programa, el artículo 250 de la Constitución Política, vigente antes de la reforma introducida por el Acto Legislativo 2 de 2003, disponía que en ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, debería “[v]elar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso”. Esta norma fue desarrollada por el artículo 23 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991(58), así como por los artículos 11(59), 120(60) y 130(61) del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal Vigente para la época de los hechos.

4.2.10. Posteriormente se estableció el programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso penal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 104 del 30 de diciembre de 1993(62), en los siguientes términos:

ART. 63.—Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso, y funcionarios de la Fiscalía”, mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad, primero civil y al cónyuge y a la compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal (destacado fuera de texto).

4.2.11. El funcionamiento de dicho programa fue reglamentado por la Fiscalía General de la Nación mediante la Resolución 2700 del 22 de noviembre de 1996(63), vigente al momento de los hechos.

4.2.12. Como se advierte de la normatividad citada, tal como lo argumenta la Fiscalía General de la Nación y como lo entendió el a quo, la Fiscalía hubiera podido brindarle medidas de protección en calidad de víctima a la señorita Edith Elizabeth Zambrano, si esta hubiera sido parte de un proceso penal y se encontrara en riesgo de sufrir agresión por causa de la intervención en el mismo, situación que no se ajusta a los hechos existentes en el presente caso, según decir de la parte demandada, porque la afectada no interpuso la denuncia respectiva, lo cual se acreditó en el proceso mediante el oficio CTI 1033 de 5 de marzo de 1999 y el testimonio rendido en esta instancia por Sandra Yaneth Rojas Córdoba(64), y dado que los móviles del atentado perpetrado en contra de la misma no tenían relación con proceso penal alguno en que se encontrara involucrada la víctima, tan así, que los móviles del asesinato de Edith Elizabeth Zambrano no fueron conocidos por las autoridades.

4.2.13. Pese a lo anterior, y siendo clara la improcedencia de la protección de la señorita Zambrano por los medios institucionales dispuestos por la Fiscalía General de la Nación a través de su sistema de protección de funcionarios, partes e intervinientes en el proceso penal; debía dicha institución, de oficio, solicitar que se iniciaran los estudios de nivel de riesgo y se brindaran medidas de emergencia por el organismo de seguridad competente —Policía Nacional(65)— para que este ofreciera la protección requerida, ante el conocimiento de que se fraguaba un atentado en contra de la vida de la hija y hermana de los demandantes. Obligación de coordinación consignada en el artículo 209 de la Carta Política por cuya virtud, “[l]as autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, dentro de los cuales está la protección de la vida, honra y bienes de todos los nacionales y residentes en el territorio nacional, según lo normado por el artículo 2º precitado.

4.2.14. Obligación de coordinación interinstitucional que adquiere mayor importancia, cuando de ella depende el derecho fundamental de la vida y anexos a estos, que pueden ser mermados como sucedió en el caso concreto. En ese orden de ideas, se advierte que no se dispuso de todos los medios existentes para darle seguridad y evitar la realización del atentado fraguado con antelación y del cual conocía la demandada.

4.2.15. En consecuencia, con base en los hechos demostrados, se impone concluir que el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, incurrió en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección de la señorita Zambrano, aun cuando conocía la existencia de un plan para darle muerte, tal como lo puso en su conocimiento el 17 de diciembre de 1996, un informante con reserva de identidad, acorde con i) el Oficio DSCTI-877 de 1º de octubre de 1996 en que se allegaron los informes de inteligencia de 17 y 18 de septiembre del mismo año; ii) los testimonios rendidos por las señoras Sandra Yaneth Rojas y Martha Yaneth Arévalo y iii) lo actuado en el proceso penal obrante en el sub lite. Siendo por lo mismo innecesario que mediara una petición especial de protección de la víctima, para que la misma hubiera sido protegida, pues todo indica que ignoraba el peligro, de donde o podía imponerse que denunciara hechos de los que no tenía conocimiento.

4.2.16. Ahora bien, frente a la actitud asumida por la persona amenazada, es importante señalar que, de los hechos debidamente probados en el expediente, se encuentra que, la noche del 18 de septiembre de 1996, la occisa no pernoctó en su residencia, en consideración a las medidas de protección que le fueron recomendadas por el CTI, pues se alojó en la casa de su amiga Sandra Yaneth Rojas Córdoba(66), pero que regresó a su lugar de residencia en tanto consideró que no tenía razones para temer por su vida(67).

4.2.17. No obstante, la amenaza finalmente se materializó, en la forma conocida por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, tal como fue informada la misma víctima, sin que la actitud de esta pueda tomarse como causa del daño pues el deceso radicó no en su pasividad sino en la del CTI, quien debió persuadir a la víctima de su situación, haciéndole notar la existencia de que la amenaza era grave y seria, precisamente adoptando medidas de seguridad y protección directamente y por conducto del DAS y la Policía Nacional. Lo primero porque el CTI conoció del informante la descripción de cómo y quién planeaba el crimen y lo segundo porque para la presunta víctima no resultaba fácil creer que estaba amenazada y que ninguna medida de protección se adoptaba para protegerla.

4.2.18. Por las razones esgrimidas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, condenará a la Nación —Fiscalía General de la Nación— Cuerpo Técnico de Investigación al pago de las sumas correspondientes a los perjuicios materiales e inmateriales acreditados en el libelo, sin reducción alguna por la circunstancia anotada.

5. La indemnización por perjuicios.

5.1. La indemnización por el perjuicio moral.

5.1.1. En la demanda se solicitó el reconocimiento de una indemnización a título de perjuicio moral, pretensión a la que se accederá.

5.1.2. Sobre la indemnización del perjuicio moral, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Expediente 13232—, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al respecto, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(68), de conformidad con los siguientes parámetros(69): (i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(70); (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

5.1.3. Por lo anterior, la Sala encuentra procedente reconocer a favor de los demandantes una indemnización por concepto de perjuicio moral, pues de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera, el parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad, el cual por mandato de la ley se acredita con el registro civil de nacimiento(71), constituye un hecho probado al partir del cual se infiere, con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los padres, hermanos e hijos de la persona que sufre un daño, en razón de las relaciones de afecto que, por regla general, existen entre quienes se encuentran en los grados de consanguinidad referidos(72).

5.1.4 Así, con fundamento en lo decidido en casos similares(73) y en los registros civiles de nacimiento aportados en el proceso en copia auténtica, se condenará la Nación, Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigaciones a pagar las siguientes indemnizaciones:

— A favor de la señora Blanca Lidia Zambrano, en su calidad de madre de la occisa, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

— A favor de los señores Holorfenis Orlando Zambrano Zambrano, Aura Ligia Zambrano Rosero y Carmen Yolanda Zambrano Rosero, hermanos de la víctima, una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

5.2. La indemnización por el daño material.

5.2.1. Daño emergente.

En la demanda no se solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y, por tanto, la Sala no emitirá pronunciamiento al respecto.

5.2.2. Lucro cesante.

5.2.2.1. En relación con el daño material en la modalidad de lucro cesante, en el libelo se solicitó su reconocimiento a favor de la madre de la víctima.

5.2.2.2. Sobre el particular, la Sala encuentra que, de acuerdo con la certificación expedida por la Cooperativa Coacrefal, al momento de los hechos, la actora se desempeñaba como asesora comercial y devengaba un salario mensual de $ 363.000(74) .

5.2.2.3. Así mismo, se acreditó que la actora, quien era natural de Puerto Asís, se había trasladado a Florencia (Caquetá), con el fin de iniciar sus estudios superiores, es decir que, sus ingresos se destinaban prioritariamente a su auto sostenimiento y pago de su estudio, razón por la cual no se aplicará la presunción adoptada en otras decisiones de la Sala en que, a falta de prueba, ha asumido que los hijos aportan al sostenimiento de su núcleo familiar hasta el cumplimiento de la edad de 25 años(75), momento en que se presume que estos adquieren independencia económica y dejan el hogar. Lo anterior, toda vez que en el caso concreto, se acreditó que la actora adquirió su independencia económica y familiar en edad anterior a dicha fecha sin que se haya acreditado la circunstancia alegada en el plenario, respecto de la dependencia de la señora Blanca Lidia Zambrano, en relación con su hija Edith Elizabeth Zambrano(76).

5.2.2.4. Así las cosas, la Sala negará la pretensión de reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Blanca Lidia Zambrano, madre de la víctima, comoquiera que, está probado que al momento del deceso la occisa se había independizado de su núcleo familiar y no se acreditó que apoyara económicamente a la demandante nombrada(77).

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de 29 de enero de 2004, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. En consecuencia, DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, por la muerte de la señora Edith Elizabeth Zambrano Zambrano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

— A favor de la señora Blanca Lidia Zambrano, en su calidad de madre de la occisa, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

— A favor de los señores Holorfenis Orlando Zambrano Zambrano, Carmen Yolanda Zambrano Rosero y Aura Ligia Zambrano Rosero, hermanos de la víctima, una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. La Nación, Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(15) En texto de la norma vigente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.

(16) El 29 de septiembre de 1998, cuando se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18’850.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada en 35’136.600 —2500 gramos oro—, por concepto de perjuicios morales, a favor de la señora Blanca Lidia Zambrano.

(17) Folio 262 del cuaderno principal 2.

(18) Folio 5 del cuaderno principal.

(19) Folio 4 ibídem.

(20) Folio 3 del ibídem.

(21) Folios 13 a 17 ibídem.

(22) Para el caso concreto, la muerte de la señora Edith Elizabeth Zambrano Zambrano acaeció el 13 de octubre de 1996, según se advierte en los hecho no controvertidos de la demanda y en la copia del registro civil de defunción obrante en la hoja de vida de la occisa, aportada por su empleador, Cooperativa Financiera del Sur de Colombia, Coacrefal, visible a folio 239 del cuaderno 2.

(23) Folios 13 a 17 ibídem.

(24) Folio 15 ibídem

(25) Folio 16 a 17 ibídem.

(26) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente al momento de la práctica de las pruebas, “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladase a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En el caso concreto, el testimonio fue recibido por la Fiscalía General de la Nación, entidad demandada en el sub lite, razón por la cual el testimonio referido puede ser tenido en cuenta.

(27) Folio 27 Op. Cit.

(28) Folio 279 ibídem.

(29) Folio 82 ibídem

(30) Folio 279 ibídem

(31) Folio 13 ibídem

(32) Las copias del referido expediente fueron aportadas en la forma indicada en el artículo 185 del Código de Procedimiento Penal, explicado anteriormente.

(33) Folio 24 Op. Cit.

(34) Folios 89 a 90 ibídem

(35) Folio 73 ibídem.

(36) Folio 148 verso, ibídem.

(37) Prueba de lo anterior se encuentra en el informe de inteligencia de 17 de septiembre de 1996, relacionado anteriormente.

(38) Folio 198 ibídem

(39) Folio 76 Ibídem

(40) Folio 239 ibídem

(41) Según los registros civiles de nacimiento y de defunción, obrantes en el plenario, la señorita Zambrano nació el 24 de febrero de 1974 y falleció el 13 de octubre de 1996, por lo cual, contaba con 22 años y 7 meses al momento de su muerte.

(42) Folio 279 ibídem

(43) Folio 181 ibídem

(44) Folios 167 a 174 ibídem

(45) Folio 14 del cuaderno principal.

(46) Folios 15 a 17 ibídem.

(47) Folio 11 del cuaderno 2.

(48) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(49) Folios 19 a 180 y 239 del cuaderno No. 2

(50) Sentencia de 20 de noviembre de 2008, Expediente 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(51) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente 10140, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros: “[l]a responsabilidad patrimonial de la administración en el caso sub - examine no tiene discusión; los elementos probatorios aducidos al proceso muestran claramente que unidades adscritas al Ejército Nacional con sede en el Campo Capote al mando del teniente Luis Enrique Andrade colaboraron y apoyaron a la organización criminal que atacó a la señora Mariela Morales Caro quien se desempeñaba para entonces como juez 4a. de Instrucción Criminal del Distrito Judicial de San Gil. Se tiene igualmente establecido que el oficial con ocasión del ejercicio de sus funciones apoyó al grupo denominado ‘los Masetos’ a quienes la justicia de orden público atribuyó la autoría material de la emboscada que le costó la vida a la señora (...) en hechos acaecidos en día 18 de enero de 1989 en el corregimiento de la Rochela, jurisdicción de Simacota”.

(52) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, ibídem: “[e]n consecuencia, considera la Sala que conforme a las pruebas que obran en el expediente y a la jurisprudencia adoptada por la Sala, la muerte del senador Manuel Cepeda Vargas es imputable al Estado, a título de falla del servicio por omisión, porque este requirió en forma pública, en reuniones con funcionarios del Estado y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, por el grave riesgo que corrían, hecho que, además, era públicamente notorio, porque muchos de los miembros de esas agrupaciones de izquierda habían sido asesinadas por razón de su militancia política”.

(53) Sentencia de 19 de junio de 1997, Expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández: “...los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low. || Para el cabal cumplimiento de sus funciones a los organismos de seguridad les correspondía realizar una labor de inteligencia con miras a determinar la protección que ameritaba el Dr. Low, dado que conocían a ciencia cierta que era objeto de serias amenazas”.

(54) Sentencia de 30 de octubre de 1997, Expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque: “[e]l carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, sino de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”.

(55) Sentencia de 28 de abril de 2010, Expediente 18072, C.P. Myriam Guerrero de Escobar: “[p]or consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado [Consejo de Estado, Sección Tercera, sent., oct. 4/2007, Exp. 15567, M.P. Enrique Gil Botero]”.

(56) Sentencia de 21 de abril de 1994, Expediente 8725, C.P. Daniel Suárez Hernández: “[p]ara la Sala no resulta suficiente la explicación que ofrece la Policía Nacional de que no se le podía brindar protección hasta el lugar de trabajo por cuanto los agentes no podían salir de la jurisdicción municipal. Aceptarla implicaría desconocer que dicha institución tiene carácter nacional y no está legalmente limitada para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional. El obstáculo que podría ser administrativo, era superable por virtud de las especiales circunstancias que rodeaban el caso, mediante una orden del comando de la Policía Nacional en Antioquia. || Ahora bien, como lo afirma en su alegato de conclusión la apoderada de la Policía Nacional, la función protectora que brinda esta entidad, antes que de resultado es de medio, y, precisamente observa la Sala, que la administración falló en ese punto al no brindarle a la víctima los medios suficientes, adecuados y oportunos para prevenir y evitar en lo posible los resultados trágicos inherentes a un atentado. Fue, pues, insuficiente y deficiente la prestación del servicio de vigilancia para el sindicalista Martínez Moreno, de donde se concluye que en el caso examinado se configuró una falla en el servicio de vigilancia a cargo de la Policía Nacional”.

(57) Expediente 21091, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. “En ese orden de ideas, si bien la parte demandante alega que el esquema de seguridad del alcalde debió ser reforzado, ello no se acompasa con la conducta de la víctima, quien en varias ocasiones prescindió del mismo. (...) Aunado a que los documentos y testimonios existentes en el plenario dan cuenta de que el señor (...) contaba con un esquema de seguridad razonable que el burgomaestre permanentemente eludía y que, a pesar de las recomendaciones concretas, sobre el acompañamiento permanente, cambio de rutas, evitar desplazamientos y no frecuentar determinados lugares, insistía en su exposición al riesgo.

Además, como los hechos de la demanda están edificados sobre la base de que la entidad no cumplió con los deberes de seguridad, en tanto no incrementó el esquema asignado, las pruebas obrantes en el proceso demuestran lo contrario, en el entendido de que la demandada asignó recursos y personal para disminuir en lo posible el riesgo que enfrentaba el burgomaestre. Bajo este panorama para la Sala la entidad cumplió con su deber, hasta donde le fue posible y la víctima lo permitió, sin que se la pueda responsabilizar por el resultado (...).

En armonía con lo expuesto, se mantendrá la decisión del tribunal que niega las súplicas de la demanda, pues la actora no demostró la responsabilidad que le imputa a la administración, antes por el contrario las evidencias demuestran que el Estado atendió los requerimientos de seguridad de la víctima hasta lo razonablemente posible”.

(58) En desarrollo del artículo 250 constitucional, el artículo 23 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, dispuso que la oficina de protección y asistencia de dicha entidad sería la responsable de asesorar al Fiscal General en definir políticas de protección y asistencia social para funcionarios de la Fiscalía, víctimas testigos e intervinientes en el proceso. Una vez aprobadas, implementar normas y coordinar con los organismos de seguridad social y otras instituciones pertinentes, para lo cual, la entidad se encargaría de “1. Recolectar y estudiar la veracidad, el posible origen y la gravedad de las amenazas contra víctimas, testigos, funcionarios de la Fiscalía e intervinientes en el proceso” y “2. Tomar las medidas necesarias para que los organismos de seguridad del Estado brinden la protección y seguridad en aquellos casos en que se requiera (...)”.

(59) “ART. 11.—Protección de víctimas y testigos. “La Fiscalía General de la Nación dentro de la actuación penal proveerá la protección y asistencia a las víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran, para garantizar el restablecimiento del derecho y la cooperación judicial plena y libre”.

(60) “ART. 120.—Atribuciones de la Fiscalía General de la Nación. “Corresponde a la Fiscalía General de la Nación: 6. “Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso”.

(61) Artículo 130. Medidas de protección a víctimas y testigos. “El fiscal general de la nación, directamente, o a través de sus delegados puede tomar las medidas necesarias para prevenir la intimidación de víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso, y proveerles protección y asistencia”.

(62) Diario Oficial Nº 41.158 de 30 de diciembre de 1993

(63) Dicha Resolución en el artículo 2º señalaba que el fundamento de la protección era “la verificación de los nexos entre participación procesal, amenaza y riesgo; en el artículo 3º se definía víctima como “el sujeto pasivo del delito” y como riesgo “la amenaza o peligro que se cierne contra la vida o integridad del testigo, la víctima, o el interviniente, originada por su participación en el proceso penal”.

(64) Folio 13 cuaderno principal.

(65) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 de la Constitución Política “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Por su parte, a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en coordinación con la Policía Nacional, se encontraban los programas de protección en razón del riesgo y en razón del cargo u ocupación, por lo cual, habida cuenta que el nivel de riesgo de la señora Zambrano en principio —ya que no había sido sometido a evaluación de nivel de riesgo— era bajo, debió remitirse a la Policía Nacional, para que dicha entidad, garante de los derechos civiles de los residentes en Colombia, brindara las medidas de protección correspondientes.

(66) Folio 27Op.Cit.

(67) Folio 279 ibídem.

(68) Sobre el particular se puede consultar las sentencias de la Sección Tercera de 16 de junio de 1994, Expediente 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández y de 11 de febrero de 2009, Expediente 14726, C.P. Myriam Guerrero, entre otras.

(69) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 septiembre de 2011 (Sección Tercera, Subsección B), Expediente 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(70) En sentencia del 6 de septiembre de 2001 (Sección Tercera), Expediente 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.

(71) Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”.

(72) Al respecto, se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias de 10 de abril de 2003, Expediente 13834, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; del 12 de febrero de 2004, Expediente 14955, C.P. Ricardo Hoyos Duque; del 24 de febrero de 2005, Expediente 14335, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; del 8 de marzo de 2007, Expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 23 de abril de 2008, Expediente 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; del 23 de abril de 2008, Expediente 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; del 26 de enero de 2011, Expediente 18617, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(73) Cfr. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de enero de 2012, expediente 22742, C.P. Danilo Rojas Betancourth: “[c]on base en lo precedentemente expuesto, esta Sala reconocerá como perjuicio moral a cada uno de los padres la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es la máxima condena que se impone a favor de los parientes más cercanos de quien falleció por responsabilidad de la administración. A los hermanos de estos la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. De igual forma, en sentencia del 18 de febrero de 2010 (Sección Tercera), Expediente 17179, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, se indicó: “[l]a Sala reconocerá la indemnización por perjuicios morales en favor de las demandantes, así: un valor equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la madre del fallecido y de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los hermanos”.

(74) Folio 279 del cuaderno 2

(75) Auto del 3 de marzo de 2010, Expediente 37763, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “Frente al tema específico, la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de indemnizar a los padres a título de lucro cesante por los perjuicios derivados de la muerte de sus hijos, en principio, si ellos son menores de 25 años, momento en que se presume que aquellos han formado su propia familia. No obstante, siendo una presunción iuris tantum, cuando existe certeza de que ese auxilio permanecerá en el tiempo, tal aseveración puede ser desvirtuada siendo procedente el reconocimiento pese a que se supere esa edad”: En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, la jurisprudencia ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”. Además, se ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimiento de estos, la privación de esta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único. De esta forma, el hecho del auxilio económico efectuado por el hijo fallecido a sus padres, por sí mismo, no indica que indefectiblemente debe procederse a ordenar la indemnización por lucro cesante, ya que las circunstancias particulares de cada caso pueden indicar que por la situación económica de los padres, la existencia de más hermanos que pueden velar por el sustento de sus progenitores o la propia vida familiar y conyugal del hijo fallecido, tal apoyo no permanecería en el tiempo.

(76) Al respecto, obran en el plenario, oficios con reconocimiento de firma, en que, personas cercanas a la occisa, dicen acreditar que esta aportaba a su núcleo familiar, medio inidóneo para probar la existencia de perjuicios materiales.

(77) Sobre este punto, es menester tener en cuenta lo afirmado en sentencia de 23 de febrero de 2003, Expediente 14515, C.P. Ricardo Hoyos Duque: “[s]e reconocerán perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de los padres de la víctima porque está demostrado que residía con estos y contribuía a los gastos del hogar. || Aunque la jurisprudencia de la corporación ha entendido que el hijo soltero contribuye al sostenimiento de su casa materna hasta la edad de 25 años, pues se presume que a partir de la misma forma su propio hogar, ‘realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas de otros frentes familiares’ (ver entre otras, sentencias de jul. 12/90, Exp. 5666 y mar. 19/98, Exp. 10.754), esa presunción puede ser desvirtuada cuando ha existido certeza de que el hijo prestaba auxilio económico a sus padres y se han encontrado reunidos otros elementos indiciarios como la vida modesta de la familia o ‘la voluntad reiterada, por actos sucesivos, de asumir el auxilio económico’ y particularmente, cuando el hijo no había formado su propia familia y continuaba en la casa paterna”.