Sentencia 1998-00280 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Radicado: 13001-23-31-000-1998-00280-01(27624)

Expediente: 27624

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Francisco Mendoza Romero y otros

Demandado: Municipio de San Estanislao de Kostka (Bolívar)

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser la entidad demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82, CCA). Además, esta corporación es competente, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

La acción de reparación directa instaurada (art. 86, CCA) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por los daños ocasionados a los demandantes como consecuencia de la humedad que generó la presencia de un tubo del acueducto debajo de su predio.

De la legitimación en la causa

Constata la Sala que el demandante acreditó ser el poseedor del inmueble por cuyo deterioro se reclama (copia del contrato de compraventa de bien inmueble celebrado entre Fernando Pino Gómez, Carmen Rodríguez de Pino y Francisco Mendoza Romero — fl. 8, cdno. 1; declaraciones rendida por Gustavo Abel Almeida Pérez y Hernan Elles Villanueva — fls. 126-137, cdno. 1), de donde se concluye que tiene interés para solicitar que se declare la responsabilidad por los daños invocados en la demanda.

De la misma forma, es posible concluir que el municipio demandado, para la época de la interposición de la acción, era el encargado de administrar el acueducto municipal. Lo anterior se encuentra acreditado, conforme a las siguientes pruebas:

(i) certificación suscrita por el alcalde municipal de San Estanislao de Kostka (Bolívar), Rohyman Amado Orozco Polo, el 19 de abril de 2004, en la que se informa que “(...) la Administración Municipal dejó de administrar su respectivo acueducto desde el mismo momento que se constituyó la Empresa Intermunicipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP, la cual se constituyó mediante escritura pública 2598 ante la Notaría Segunda de Cartagena, con fecha octubre 24 de 2002 y tiene su sede principal en Cartagena, Bolívar” (fls. 226, cdno. ppal.).

(ii) facturas por concepto de la prestación del servicio público a cargo del municipio de San Estanislao de Kostka (Bolívar) correspondientes a los meses de mayo de 1997, marzo de 1998, diciembre de 1999, enero y febrero de 2000 (fls. 247-251, cdno. ppal).

Ahora bien, el municipio de San Estanislao de Kostka (Bolívar) no ha manifestado no ser el encargado de la prestación del servicio de acueducto durante la época de la presentación de la demanda y teniendo en cuenta que al tenor del artículo 5º de la Ley 142 de 1994, corresponde a los municipios asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios dentro de su territorio, para la Sala es claro que la administración del acueducto para la fecha de la presentación de la demanda la tenía el municipio de San Estanislao de Kostka (Bolívar).

Así las cosas, se advierte que el ente territorial accionado está legitimado en la causa por pasiva, por cuanto las probanzas recolectadas permiten concluir sobre el vínculo del mismo en la prestación del servicio que, conforme a la demanda, provocó los daños alegados en la demanda.

De la caducidad de la acción

En el presente asunto se pretende la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, por los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia del agrietamiento de paredes y pisos de su vivienda.

En el expediente se evidencia que en el año 1989, el demandante informó al alcalde sobre la realización de una ampliación en el patio de su casa que podría verse afectada por la presencia del tubo madre del acueducto que pasaba justo debajo de la misma. En dicho documento, el señor Mendoza no manifiesta ninguna inconformidad con la presencia del tubo:

Por intermedio de esta, le informo lo siguiente:

El suscrito reside en la segunda calle de Acuabol (sector Pata e’ Gallo), por el patio de dicha residencia, pasa una tubería del Acueducto local, pero yo he dispuesto hacer una ampliación locativa en mi casa, lugar por el cual pasa la citada tubería.

Por tal situación, he querido manifestarle la anterior eventualidad, para que usted como máxima autoridad del municipio, esté enterado de tal situación, en prevención a que dicha tubería me perjudique la construcción a realizar, pues no pretendo que se retire dicha conducción del lugar en que está, pero sí que el municipio o quien le corresponda, asuma la responsabilidad de los daños que eventualmente cause en la ampliación que voy a realizar (fl. 5, cdno. 1).

En la inspección ocular realizada el 11 de marzo de 1998, por la comisión liderada por el personero municipal (f. 7, cdno. 1), se evidenciaron los daños aludidos en la demanda. Debido a que no obra en el expediente prueba alguna que permita determinar la fecha exacta en la que ocurrió el daño, se tomará la fecha de la inspección ocular para contar el término de caducidad, pues es la única manifestación fáctica en el expediente de la existencia del daño alegado. Como la inspección se llevó a cabo el 11 de marzo de 1998 y la demanda fue impetrada el 19 de agosto de 1998, y adicionada el 9 de noviembre de 1999, se encuentra dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento de los hechos, por lo que la acción no estaría caducada en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis existe prueba del daño alegado por los demandantes y si es imputable a la entidad demandada. También, tendrá la Sala que determinar los perjuicios se encuentren acreditados en el proceso.

III. Validez de los medios de prueba

Para sustentar sus pretensiones, la parte actora aportó al proceso copia del acta de la inspección judicial y del dictamen pericial que fueron practicados a instancias del Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao, Bolívar. Dichos medios de convicción serán tenidos en cuenta por la Sala en razón a que se trata de una prueba solicitada de forma anticipada y practicada con participación del municipio demandando, de conformidad con las formalidades que establece el artículo 300 del CPC(3) aplicable al procedimiento administrativo por remisión del artículo 267 del CCA.

En relación con las fotografías visibles dentro del expediente (fls. 10,147, cdno. 1), la Sala encuentra que aunque fueron aportadas por la parte actora, no es posible determinar su origen ni el lugar y fechas donde fueron tomadas, pues solo dan cuenta del registro de varias imágenes. En estas condiciones, no puede atribuírseles valor probatorio, dado que no existe certeza de que la imagen que se registra corresponda a los daños causados a la vivienda del demandante, ya que carecen de reconocimiento o ratificación, por tanto no pueden cotejarse con otros medios de prueba allegados al proceso(4).

IV. Hechos probados

Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El 11 de septiembre de 1989, el señor Francisco Mendoza Romero dirigió una carta al alcalde municipal de San Estanislao de Kostka en la que solicitó a la administración que se hiciera responsable de los daños que “eventualmente cause” la realización de una ampliación locativa en su vivienda. Lo anterior debido a que un tubo madre del acueducto se encuentra en el terreno donde se realizaría la construcción (fl. 5, cdno. 1).

2. El 11 de junio de 1997, el Personero Municipal, el Director de Umata, el Inspector Central de Policía y el Coordinador de Prevención y Atención de Desastres suscribieron el siguiente oficio:

En San Estanislao (Bol.), a los 11 días del mes de junio de 1997, previa solicitud verbal del señor FRANCISCO MENDOZA, se trasladó una comisión a su residencia (...) con el objeto de practicar una inspección ocular en la residencia del ciudadano en mención.

Una vez estando presente en el lugar se procedió a practicar la diligencia observándose que la tubería que distribuye el agua potable en esta localidad, pasa por debajo de la casa, lo que puede ocasionar un accidente en cualquier momento, pues esta se puede romper. Además se pudo constatar que la tubería que conduce el agua al municipio de Vill-Nueva (sic), se encuentra destapada por causa de la erosión y dicha tubería pasa por todo el frente de la residencia tantas veces mencionada y en cualquier momento también puede romperse, pues se encuentra prácticamente en aire (sic) y la unión puede seder (sic) debido a la presión que ejercen los motores impulsores.

Por todo lo anterior recomendamos, ordenar las respectivas excavaciones a quien corresponda en la parte del frente de la residencia del ciudadano FRANCISCO MENDOZA, y desviar la tubería que se encuentra por debajo de la misma residencia (fl. 109, cdno. 1).

3. El 11 de marzo de 1998, una comisión conformada por el Personero Municipal, el Coordinador de Prevención y Desastres, el Inspector Central de Policía y el Jefe de Control Urbano, realizó una inspección ocular de la cual se concluyó:

La tubería de distribución del agua potable del municipio, se encuentra localizada por debajo de las casas de los señores FRANCISCO MENDOZA y “CHICO” NAVARRO, se pudo observar que la vivienda del señor MENDOZA, presenta agrietamiento múltiples en las paredes, lo mismo que una humedad constante, presumiblemente las uniones de la mencionada tubería han sedido (sic) y deben tener fugas en las mismas. La casa del señor NAVARRO, (en construcción), en un futuro también presentará la misma problemática.

En la calle 19 A del sector mensionado (sic), la tubería que conduce el agua al municipio de Villanueva, se encuentra totalmente descubierto ya ha perdido la capa de terreno que la cubría.

La presente situación se pondrá bajo el conocimiento del señor Alcalde Municipal, a fin de que tome las medidas efectivas y de fondo para solucionar la problemática antes expuesta y así evitar consecuencias mayores y lamentables en un futuro (fl. 108, cdno. 1).

4. El 16 de julio de 1998, el señor Francisco Mendoza Romero solicitó la práctica de una inspección judicial en su residencia, con el fin de tenerla como prueba anticipada de la responsabilidad del municipio de San Estanislao de Kostka por los perjuicios sufridos “debido a que la tubería del acueducto de este municipio se encuentra partida en dos partes desde hace más de un año y esta cruza por toda la mitad del patio y la mitad de la casa y a pesar de las quejas y llamados que le he hecho a la alcaldía, esta ha hecho caso omiso a mis peticiones y los daños y perjuicios cometidos (sic) por la humedad, tales como las paredes rajadas y se corres el riesgo de que se puedan caer y comerte un daño irremediable (...) (sic)” (fl. 62, cdno. 1).

5. El 26 de noviembre de 1998, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao (Bolívar) practicó la diligencia de inspección judicial a la cual asistieron los representantes de las partes y el señor Humberto Vanegas Moreno, quien se posesionó como perito. Durante la diligencia se realizó una descripción detallada del predio de propiedad de Francisco Mendoza Romero con lo cual se constató la existencia de un tubo de conducción de agua en las siguientes condiciones:

(...) este despacho alcanza a observar claramente que en la parte del patio ubicado en el fondo se observa por encima de la superficie terrestre un tubo de conducción de agua de Eternit de diez pulgadas, según nos informa el perito, que ingresa al predio por su lado derecho, atraviesa parte del patio ubicado al fondo e ingresa, más correctamente penetra la residencia por la parte inferior del último nivel que en ella se aprecia, por lo que presumimos que se extiende por debajo del inmueble donde se practica la diligencia.

Adicionalmente, la jueza encargada solicitó al perito la emisión de un dictamen con el fin de obtener información detallada sobre el estado de la tubería observada y, sobre la posibilidad de que las grietas observadas en las paredes de la casa sean provocadas por la presencia de la mencionada tubería.

En el dictamen pericial se describieron las grietas de las paredes de la casa, se presentó una lista de gastos por reparaciones parciales y se afirmó:

(...) es evidente que a consecuencia de la presión en la tubería existente se presentan grandes fugas de agua que ha provocado que el nivel freático se encuentre escasamente a 15 cm del nivel del terreno, esto ha traído como anomalía la presencia de un reflujo constante de agua en la terraza exterior, áreas de baño, cocina y sala de la vivienda, lo cual ha deteriorado el sistema constructivo y estructural (...)” (fl. 48, cdno. 1).

6. El señor Francisco Mendoza Romero es poseedor del inmueble afectado (escritura pública de compraventa, fl. 8, cdno. 1, testimonios rendidos por Gustavo Abel Almeida Pérez y Hernán Elles Villanueva, fls. 126-135, cdno. 1).

V. Análisis de la Sala

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, que establece la cláusula general de responsabilidad estatal, los elementos que la conforman son el daño antijurídico y la imputabilidad jurídica. Por tanto, para declarar la responsabilidad estatal resulta fundamental que confluyan dichos elementos.

Previo al estudio de la imputación del daño, es necesario precisar que para que haya lugar a imputarle responsabilidad al Estado por un daño antijurídico sufrido por algún ciudadano, se requiere que dicho daño se encuentre acreditado en el proceso, para luego proceder analizar si este constituyó un desequilibrio de las cargas públicas que aquel debía soportar, y si ocurrió como consecuencia de una actuación de la administración.

Para la Sala es claro que la finalidad de la parte actora es que se le repare por los perjuicios causados con ocasión del deterioro en paredes y pisos de su vivienda, como consecuencia de la humedad provocada por la presencia de un tubo del acueducto que pasa debajo del terreno donde está construida la casa.

La presencia de un tubo madre del acueducto en el terreno donde se encuentra construida la casa del demandante, así como el agrietamiento en pisos y paredes como consecuencia de la humedad en el predio, se encuentran debidamente comprobados mediante las inspecciones oculares realizadas por funcionarios de la administración, el dictamen pericial rendido como prueba anticipada y los testimonios que dan cuenta de la ocurrencia del daño así:

Declaración jurada del señor Gustavo Abel Almeida Pérez:

(...) PREGUNTADO: sírvase decirle al despacho todo lo que sepa y le conste sobre los hechos por los cuales el señor Francisco Mendoza Romero (...) instauró demanda de reparación directa (...). CONTESTÓ: sí claro por problemas causado por la tubería madre que envía el agua hacia el servicio del pueblo ya que esta presenta una fuga dentro de la vivienda como son: las grietas que presenta la casa en todos sus alrededores debido a la fuerte vibración de la tubería del agua (...).

A la misma pregunta el segundo declarante respondió:

Declaración jurada del señor Hernán Elles Villanueva:

(...) CONTESTÓ: bueno si sé (sic) porque su casa está sufriendo un grave daño a causa de la tubería que pasa por debajo de ella, hasta en un estado que cuando uno pisa en esa casa siente como si se fuera a hundir, se siente hueca la casa, este tubo mantiene constantemente una fuga de agua que va a dar a la calle y las paredes totalmente están agrietadas, las de la cocina, los cuartos, etc. (...).

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es clara la configuración de un daño en cabeza de los demandantes, por la afectación a la estructura de su casa como consecuencia de la humedad provocada por el paso de agua por un tubo que atraviesa el predio. Además, dicho daño es antijurídico debido a que los afectados no estaban en la obligación de soportar las consecuencias que trajo la presencia del tubo perteneciente al acueducto municipal, con el cual se beneficiaba toda la comunidad.

Ahora bien, luego de encontrar acreditado el daño, le corresponde a la Sala establecer si el mismo es imputable a la entidad demandada. Para tal efecto, es necesario precisar que, como se evidenció en el acápite relativo a la legitimación en la causa, quedó demostrado que, para la época de interposición de la demanda, el municipio de San Estanislao de Kostka era el encargado de la prestación del servicio de acueducto.

Por lo anterior, el daño es imputable a la entidad demandada, debido a que se encuentra demostrado en el proceso que los perjuicios sufridos por los demandantes fueron causados por la presencia del tubo del acueducto que era administrado por el municipio.

Así las cosas, la entidad demandada tendrá que reparar los perjuicios que se encuentren acreditados en el proceso, ya que a pesar de que la prestación del servicio de acueducto es una actividad legítima de la administración que no implica un riesgo para la comunidad, cuando el Estado causa un daño especial, anormal y considerable, tiene la obligación de repararlo integralmente, debido al rompimiento del equilibrio de las cargas públicas soportadas por los ciudadanos.

Acreditada la existencia de un daño antijurídico atribuible a la entidad demandada, procederá la Sala a verificar las condiciones en que se encuentran probados los perjuicios causados, para determinar la correspondiente reparación.

VI. Liquidación de perjuicios

La parte actora solicitó el reconocimiento de “los perjuicios de orden material objetivados y subjetivos, anteriores, actuales y futuros, (...) conforme a lo que resulte probado dentro del proceso”.

De acuerdo al contenido del dictamen pericial practicado dentro de la inspección judicial adelantada a solicitud de accionante como prueba anticipada, el siguiente es un reporte de los gastos en los que tuvo que incurrir el demandante con ocasión del agrietamiento causado por la humedad, como consecuencia de la tubería del acueducto que pasaba debajo de su casa.

ÍTEMUNID.CANT.V. UNITARIOV. TOTAL
1Construcción de muros de contención GL5250.000,001.250.000,00
2Fundida de viga de amarre inferior de 0.20*0.20 y estribos de 3/8 con varilla 1/2ML38,3518.500,00709.475,00
3Construcción de poza séptica de 2 mts*2mtsGL2300.000,00600.000,00

4Reinstalación de tubería sanitaria en tub. pvc 4’’ML1815.000,00270.000,00
5Construcción de registros de 0.50 * 0.50GL2120.000,00240.000,00
6Reforzamiento y curado de murosGL 1.600.000,001.600.000,00
7Colocación de baldosas duro piso de 0.20*0.20GL47,419.000,00900.600,00
8Fundida de columna de 0.20*0.20 4fi ½ y estribo 3/8GL180.000,0080.000,00
9Reforzamiento y fundido de cimiento ciclópeo (sic)ML6314.000,00882.000,00
10Fundida de viga de amarre superior de 0.15*0.15 4fi ½ y estribo de 3/8ML3518.500,00647.500,00
11Reparación de cubierta en lámina asbesto cemento número 6 M2615.000,0090.000,00
12Reconstrucción de pisos pulidoM220,164.500,0090.720,00
13Levante de muro en block número 4M2183.500,0063.000,00
14Pañete para murosM2203.500,0070.000,00

SUB TOTAL7.493.295,00

AUI 10%749.329,50

TOTAL 8.242.624,50

Así las cosas, debido a que los gastos relacionados se causaron como consecuencia del daño probado en el presente proceso, el cual es imputable a la entidad demandada, se reconocerá la suma acreditada, con la respectiva actualización.

Sin embargo, no se reconocerá el porcentaje señalado como AUI, porque las reparaciones realizadas en el predio del demandante, no constituyen un contrato de obra en sector público que hubiere requerido la proyección de costos para la administración, los imprevistos y la utilidad, referentes a dicho concepto.

Ahora bien, en el dictamen pericial se multiplicó por dos la suma final de los gastos(5) sin ningún sustento fáctico para ello, por tanto, la Sala reconocerá el monto inicial acreditado por el ingeniero civil Alfonso Echeverría Suarez, ya que la cantidad exacta gastada en las reparaciones realizadas a la casa se encuentra debidamente probada en el proceso.

Actualización de la renta:

1998-00280F
 

Ra = Renta actualizada a establecer

Rh = Renta histórica $ 7.493.295,00

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116.91 que es el correspondiente a junio de 2014.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 54,24 que es el que correspondió al mes de febrero de 1999, mes en el cual se rindió el dictamen pericial.

1998-00280F2
 

En la adición de la demanda se hizo alusión a la configuración de un daño emergente sufrido por Antonia Raquel Utria, debido a los gastos que le generaron las consultas médicas a las que tuvo que acudir, por la afección nerviosa que sufrió como consecuencia de la preocupación sobre el mal estado físico de su vivienda a causa de la humedad generada por el tubo.

Advierte la Sala que obra en el expediente dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el cual se determinó:

Nombre: Antonia Raquel Utria de Mendoza, 45 años, natural, residente y procedente de San Estanislao (Bolívar). Ocupación: Ama de casa.

Motivo de peritación: Solicitud del Tribunal Administrativo de Bolívar para que se dictamine sobre el grado de hipertensión arterial.

Antecedentes familiares: madre hipertensa, murió de infarto del miocardio.

Antecedentes personales: hipertensión arterial desde hace un año.

Enfermedad actual: refiere que desde hace un año sufre de hipertensión arterial, actualmente tratamiento con captoprin 25-1/día, hoy no se tomó la medicina.

Revisión por sistemas. Sistema nervioso central: aqueja insomnio. Corazón: refiere palpitaciones.

Examen físico: Adulta femenina obesa con talla: 1,51 mts. Peso: 105 kgs, tensión arterial: 140/100. Frecuencia cardiaca: 84 por minuto. Pulso: 84 por minuto. Cabeza: normocéfalo (...)

Impresión clínica: Adulta femenina con hipertensión arterial leve.

Nota: con las cifras de tensión que mantiene, no debe producirse complicaciones.

Recomendamos seguir estrictamente el tratamiento médico y bajar de peso, ya que la obesidad es un factor que agrava la hipertensión arterial (fl. 99, cdno. 1).

Como se ve, en el dictamen no se hace alusión a la causa de la afección de salud de la señora Antonia Raquel Utria, por lo que no constituye una prueba fehaciente del nexo causal entre el daño probado en el proceso y la hipertensión de la demandante.

Adicionalmente, en la demanda se solicitó el reconocimiento de indemnización por daño emergente para los hijos de Antonia Raquel Utria y Francisco Mendoza Romero. Sin embargo, no es posible el reconocimiento de dicha indemnización por cuanto esta pretensión se sustentó en los gastos generados por la afección nerviosa de la señora Utria, la cual no se acreditó como consecuencia directa del daño reconocido.

Por último, la parte accionante solicitó indemnización por los perjuicios morales ocasionados a todos los demandantes en virtud del daño sufrido. Al respecto, la Jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de reconocer el perjuicio moral causado por el daño o perdida de bienes, siempre que el mismo haya sido acreditado plenamente.

Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume (sic)(6).

Sobre este punto, advierte la Sala que para probar el perjuicio moral los testigos que declararon ante el proceso afirmaron.

El señor Gustavo Almeida Pérez dijo:

(...) el problema de la vivienda en ese estado le ha ocasionado problemas de salud a la señora ANTONIA UTRIA (...) (fl. 129, cdno. 1).

A su vez, el señor Hernán Elles Villanueva declaró:

(...) esto le ha ocasionado a la señora de Francisco unos nervios porque ella sufre de unos nervios ya que ella cree que la casa se le va a venir abajo (...) (fl. 132, cdno. 1).

Los declarantes hacen alusión a una afección en la salud de Antonia Raquel Utria que, como se vio, no se probó que tuviera relación directa con el daño alegado en la demanda.

Por consiguiente, la pretensión de reparación de daño moral será negada, debido a que no se encuentra en el proceso prueba alguna que demuestre tal afectación de forma fidedigna.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en cuanto se inhibió a pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, y reconocerá la configuración de un daño, así como la respectiva indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente de acuerdo a las razones anteriormente expuestas.

VII. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 3 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se inhibió de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda y, en su lugar:

1. DECLARAR la responsabilidad administrativa del Municipio de San Estanislao de Kostka, por los daños ocasionados al inmueble del señor Francisco Mendoza Romero, como consecuencia de la humedad provocada por el tubo del acueducto ubicado debajo de este.

2. CONDENAR al Municipio de San Estanislao de Kostka, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente causados a Francisco Mendoza Romero, como consecuencia de los daños ocasionados a su vivienda, al pago de dieciséis millones ciento cincuenta y un mil doscientos pesos con cincuenta y seis centavos ($ 16.151.200,56).

3. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del CCP, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

5. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 La pretensión mayor fue estimada en $ 30.000.000, correspondientes a la indemnización por perjuicios morales en cabeza de la señora Antonia Raquel Utria, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el 1998 fuera de doble instancia ($ 18.850.000). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

3 Según esta disposición: “Con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso, cuando exista fundado temor de que el transcurso del tiempo pueda alterar su situación o dificultar su reconocimiento. // Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial, siempre que se cite para ello a la persona contra quien se pretende hacer valer esa prueba. // La petición se formulará ante el juez del lugar donde debe practicarse”.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de diciembre de 2006, exp. 28.459, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de julio de 2005, exp. 14.998, C.P. María Elena Giraldo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2010, exp. 18.034, C.P. Enrique Gil Botero.

5 “Nota: Entendamos que estos trabajos fueron realizados en diversas ocasiones lo que nos da el margen de multiplicar este presupuesto mínimo en dos oportunidades lo que nos conllevaría a un presupuesto de inversión estimado en 16.485.249,00 pesos” (fl. 52, cdno. 1).

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, exp. 5.320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.