SENTENCIA 1998-00320/41330 DE MAYO 11 DE 2017

 

Sentencia 1998-00320/41330 de mayo 11 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Radicación: 540012331000199800320 01 (41.330) Acumulado

Actor: Ruth Virginia Sánchez Reyes y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Descriptores: Accidente de tránsito, causa eficiente del daño, hecho de la víctima.

Bogotá D.C., once de mayo de dos mil diecisiete.

(…)

Extractos: «IV. Consideraciones de la Sala.

1. Presupuestos procesales de la acción.

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en este proceso dE doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(23). La Sala se pronunciará, entonces, sobre los puntos contenidos en los recursos, acorde con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso interpuesto por los demandantes, contra la sentencia que niega las pretensiones, para lo que deberá establecerse si la parte actora probó que el daño alegado, este es, el deceso del señor Emilio Orlando Quintero Amaya, ocasionado en un accidente de tránsito el 28 de noviembre de 1997, es antijurídico e imputable a la acción u omisión de la administración o si se configuró el hecho de la víctima, como causal eximente de responsabilidad.

3. Hechos probados.

De conformidad con el acervo probatorio allegado, se encuentran probados los siguientes hechos:

Pruebas del proceso 1998-320.

3.1. El señor Emilio Orlando Quintero Amaya, quien falleció el 29 de noviembre de 1997, era el cónyuge de la señora Ruth Virginia Sánchez Reyes, con quien procreó a Camila Andrea, Leidy Torcoroma e Ingrid Marcela(24).

3.2. De acuerdo con la constancia expedida por el Hospital San José de Tibú, el señor Emilio Orlando presentó trauma craneoencefálico, fractura de húmero izquierdo y fractura abierta en tibia y peroné izquierdos grado III(25). En la orden de interconsulta de Saludcoop se consignó que el mencionado no consumió alcohol(26).

3.3. Acorde con el acta de levantamiento del accidente, el suceso en el que perdió la vida el señor Emilio Orlando ocurrió el 28 de noviembre de 1997, a las 9:30 p.m., en la avenida 5ta(27), entre carreras 8va y 9na del municipio de Tibú, tramo que se encontraba en buenas condiciones(28). Se conoce, igualmente, porque así lo revela el acta de levantamiento de cadáver, que el fallecimiento aconteció en la vía que conduce a Cúcuta, mientras era transportado en la ambulancia del Hospital San José de Tibú(29).

3.4. En el informe de accidente elaborado por la Policía Nacional, a solicitud de la Defensoría del Pueblo, se consignó(30):

Siendo aproximadamente las 21:30 horas de la fecha en mención salió una patrulla de la Policía Nacional adscrita a este Comando al mando de él (sic) Señor Patrullero Luis Carlos Galvis Quintana (sic) Comandante de la Estación Tibú a efectuar un patrullaje de rutina por el perímetro urbano de esta localidad y cuando se desplazaba en el vehículo de dotación del Distrito por la Avenida quinta (5a) con calle novena diagonal al supermercado la Canasta Familiar sorpresivamente apareció una motocicleta a alta velocidad en contravía omitiendo el respectivo pare colisionando contra el vehículo policial Camioneta Ford 350, color vinotinto, de Placas UFE-750 (sic) de propiedad de Sumicar causándole daños en la persiana, Capo y Defensa del mismo, resultando lesionado el conductor de la Motocicleta Señor Emilio Orlando Quintero Amaya (...), el cual fue llevado de inmediato por la Patrulla Policial en el vehículo en que se movilizaban al Hospital San José de Tibú para atención médica donde dispusieron su remisión a la Ciudad de Cúcuta, dejando de existir en su recorrido por lo cual fue devuelto por la ambulancia nuevamente al Hospital de Tibú donde el Comisario Superior de Policía practicó las diligencias de levantamiento del cadáver del precitado Emilio Orlando Quintero Amaya.

(…)

Igualmente que cuando regresaba la patrulla del Hospital hacia las instalaciones policiales aproximadamente a las 22:30 horas trayendo al señor Rafael Hernando Navarro Carrasco Comisario de Policía y dos particulares familiares del lesionado con el fin de recepcionarles versión con relación a los hechos fue atacada la patrulla por subversivos con armamento de largo y corto alcance (…)(31).

3.5. En el libro de minuta de la Estación de Policía de Tibú se consignó lo relacionado con el accidente, indicándose que el Ford 350 sufrió daños en el capó, la persiana y la defensa. Se plasmó también que la motocicleta en la que se transportaba el occiso apareció sorpresivamente, en contravía y a alta velocidad, omitiendo la señal de Pare. Se precisó, además, que luego de auxiliar al señor Emilio Orlando, los uniformados que previamente se transportaban en el Ford 350 procedieron a hacer el correspondiente levantamiento del croquis, pero ello no fue posible, dado que los familiares del fallecido recogieron la motocicleta y el vehículo al servicio de la institución había sido utilizado para transportar al mencionado al hospital(32).

3.6. Con ocasión del accidente en mención, se abrió investigación penal por el punible de homicidio culposo, en contra del patrullero Agustín Botello Durán, dentro de la que se determinó la cesación de todo procedimiento en su contra. Al efecto, tuvo en cuenta el Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Policía de Norte de Santander, en providencia del 19 de marzo de 1999(33):

...la ley penal no puede preveer (sic) situaciones que escapan a la prudencia o a la conducción experta de cualquier hombre, hay situaciones que no son previsibles y aun a pesar de un cuidado a las reglas de tránsito puede suceder un accidente como el sucedido el día de los hechos, en donde de manera intempestiva un sujeto aparece por una vía contraria en una motocicleta, siendo arrollado por el vehículo conducido por Botello Durán Agustín sin que este pudiera hacer algo diferente a lo realizado; las situaciones fortuitas son las que no se pueden preveer (sic) y no obstante que el conductor del vehículo policial creó un riesgo socialmente reprochado y desatendió el reglamento de tránsito(34), en estos casos el resultado producido no es consecuencia directa de la violación de ese Reglamento, es decir, ese resultado no está dentro del fin de la protección de las normas, el cuidado de la circulación vial o comentándolo de otra manera, el resultado no se debe a la concreción del riesgo creado por el no porte de la licencia de conducción, porque aun cualquier otro que la hubiese portado habría tenido la misma consecuencia en la medida en que fueron dos las violaciones garrafales de tránsito cometidas por el motorizado y que fueron el ir en contravía hacia una vía principal y el no observar siquiera una prudente circulación al llegar a la vía principal del poblado como se aprecia en las fotografías y en las inspecciones realizadas, es por donde transitan todos los vehículos de Tibú para entrar y para salir de la misma localidad. Es por ello que aun advirtiendo que desde el punto de vista de la inobservancia de reglamentos de los dos conductores, no podrá atribuirse el resultado a la acción del conductor de la patrulla policial que en misión de servicio se desplazaba por las vías Tibuyanas para realizar las labores constitucionales y legales de la Policía.

Por lo tanto la conclusión de este proceso es que no podría atribuirse responsabilidad penal militar a Botello Durán Agustín, por lo sucedido (...).

Así pues, al estar ausente la culpa y sí presente el caso fortuito Botello Durán deberá ser objeto (sic) de una cesación del proceso que se le surten (sic), porque existen causales que excluyen la culpabilidad como la normada en el artículo 36, numeral 1) del Código Penal Militar y haciendo referencia por supuesto al corte especial del procedimiento del artículo 316 ibídem.

3.7. Esta decisión se confirmó por el Tribunal Superior Militar, mediante providencia del 12 de octubre de 1999(35):

Es evidente que Botello a nivel reglamentario estaba autorizado por sus superiores para conducir el camión, y además, tenía la idoneidad y experiencia requerida para el manejo en atención a que había recibido de las autoridades de tránsito el pase correspondiente. Así mismo, se desplazaba por vía principal en sentido correcto, a más de lo anterior, nada nos hace pensar que actuara con falta de cautela, descuido, u omisión, en síntesis su actuación como conductor, en el momento de los hechos, correspondía a una persona prudente, previsiva, cuidadosa y respetuosa de los reglamentos.

Por el contrario, se estableció plenamente que el señor Quintero Amaya (q.e.p.d.), fue imprudente, negligente, y además incumplió con las normas básicas de tránsito, colocando en grave peligro a los asociados y a su propia integridad personal, es así como al momento en que su hija lo llamó para que recogiera a la esposa quien ya se encontraba lista para desplazarse a una reunión social, el occiso estaba departiendo unas bebidas alcohólicas con unos amigos y aunque no se tomó el experticio correspondiente, debemos concluir necesariamente que no se encontraba en uso de plenas facultades, lo que seguramente lo llevó a desplazarse en contravía y sin el mínimo cuidado o cautela atravesó una vía principal, convirtiéndose esto en la causa eficiente para ser atropellado por el vehículo de la Policía que como era obvio, su conductor fue sorprendido por la presencia imprudente de la moto y nada pudo hacer para evitar la colisión pese a la frenada y desvío del vehículo.

Por lo tanto, tal como lo señaló la Primera Instancia estamos en presencia del caso fortuito o fuerza mayor, como causal de inculpabilidad, por cuanto el hecho que en sí era previsible, pese a la cautela del patrullero, se tomó en irresistible y por lo tanto hay ausencia de culpabilidad.

3.8. Dentro del trámite rindieron testimonio los señores Gladis Leonor Ascencio de Escalante, Heberto de Jesús Rivas Acosta y José Aníbal Barrera Leal, pero ninguno de ellos presenció el accidente(36).

3.9. El señor Luis Evelio Jaimes Santander, también testigo, narró(37):

Según ese día 28 de noviembre de 1997, manos (sic) o menos a las seis y media de la tarde me encontraba por los lados de la carrera 9 en esto se apareció la hija del finado, apara (sic) se fuera Emilio para la casa, para ir a unos grados, en es (sic) momento él prendió la moto se dirigió hacia la avenida 5 con carrera 9, en esa misma esquina fue donde sucedió el hecho, cuando un carro de la policía que venía a alta velocidad llevándoselo por delante en la moto de su propiedad, yo salí corriendo al verlo que lo había atropellado para auxiliarlo, cuando llegué a la esquina estaba tirado en el piso contra el andén, en seguida (sic) lo agarré y lo echamos en el carro de la Policía en la parte de atrás con un agente que se encontraba ahí, llegando con vida al hospital (...) Él —quien conducía el Ford 350— cuando el accidente paró y los otros Policías junto a mi lo auxiliamos y lo trajimos al hospital. Preguntado: Manifieste al despacho más o menos a qué distancia se encontraba usted del sitio del accidente. Contestó: A cincuenta metros del sitio del accidente (...) El vehículo de la Policía venía a velocidad como a unos setenta kilómetros por hora en la vía pública y la moto arrancó e hizo el para (sic) en el separador de la avenida y ahí fue cuando el vehículo de la Policía se lo llevó por delante, él ya había pasado la vía.

3.10. Formuló denuncia por el deceso de su hermano el señor Daniel Ángel Quintero Cano, en la que indicó que no fue posible el levantamiento del croquis, ya que, luego de dejar a su hermano en el hospital, se le puso de presente que la escena del accidente había sido modificada. El señor Quintero Cano no presenció el accidente(38).

3.11. El señor Luis Kenedy Carrasquilla, quien presenció el accidente, también formuló denuncia, en la que narró(39):

...al llegar yo a la casa de él —el fallecido— me encontré que se estaban preparando para una fiesta de unos grados (...) él ya se había listado (sic) para la fiesta, más sin embargo la señora todavía se estaba arreglando, entonces él optó por llevarme a la casa donde me quedo para luego irnos hacia la casa de una de las hermanas de la mujer de él, ahí llegamos los dos en la moto estando él muy alentado y sin tomarse ni siquiera la primera cerveza, me dijo Keneddy bríndeme una cerveza, traje las dos cervezas, a los segundos de estar ahí llegaron unos amigos, él mandó a traer otras cervezas, una que yo le había brindado y otra que él pidió para todos, fueron dos cervezas que él se tomó ese día, estando ahí su señora esposa lo mando a llamar con su hija Leydy (sic) que se apurara que ella ya estaba lista para salir e inmediatamente él se montó en su moto y se fue a recoger a su señora, en algunos instantes su hija se fue detrás de él en la cicla, en lo que él fue a pasar las avenidas principales de a ui (sic) de Tibú, venía el camión de la Policía a una velocidad máxima donde lo cual lo atropelló a él y lo arrolló aproximadamente media cuadra, yo, que estaba presente me espanté demasiado por lo visto y corrí a auxiliarlo, junto con otro amigo, al llegar al sitio donde él había quedado, nos dimos cuenta de que Orlando estaba sumamente grave, de ahí procedimos a montarlo al mismo camión de la Policía para traerlo al Hospital de Tibú, donde le hicieron una series (sic) de cuidados para posteriormente trasladarlo a Cúcuta, para que en el trayecto de el (sic) camino dejara de existir, al fallecer en la ambulancia (...) Yo estaba a media cuadra de donde ocurrió el accidente (...) Estaba claro, esa parte es bastante iluminada (...) —el camión de la Policía se desplazaba— como a unos ochenta kilómetros por hora (...) —y la motocicleta— como a unos 20 kilómetros por hora.

3.12. La demandante Leidy Torcoroma, quien se encontraba representada en esa oportunidad por su señora madre por ser menor de edad (10 años), formuló denuncia, con ocasión del accidente en comento. Afirmó(40):

Yo, salí de la casa, porque mi mamá me mandó a llamar a mi papá para que la fuera a recoger, como a las nueve en punto, cuando yo llegué a donde mi papá mi papá ya venía, yo arranqué con él y entonces mi prima Jessica Sánchez Cruz, me llamó, y yo le dije “para qué” no le hice caso y seguí cuando iba en la esquina vi que mi papá iba pasando y en toda la mita (sic) de la carretera cí (sic) que se estalló el bombillo de la moto. Cuando vi mi papá cayó al suelo, como a ocho metros donde lo atropelló (sic), yo comencé a gritar y todos los que estaban ahí alistándose para irse para el grado, lo recogieron y lo echaron al carro de la Policía, de ahí salí para mi casa a avisarle a mi mamá (...) —los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de este año, como a las nueve y cinco de la noche, carrera 9a. en la mitad de la avenida (...) Yo me encontraba en la esquina, de la avenida quinta con carrera novena, parada en la cicla (...) Estaba iluminado y yo miré directamente (...) —el camión al servicio de la Policía transitaba— como a más de ochenta kilómetros por hora (...) A lo que lo golpeó —mi papá— se fue hacia el frente, hacia el separador y a lo que el carro frenó se regresó hacia atráz (sic) (...) —la moto se desplazaba— como a cuarenta kilómetros por hora. Preguntado: Diga al despacho si su señor padre hizo algún tipo de pare, antes de ocurrir los hechos. Contestó: No. Preguntado: Diga al despacho, si su padre miró a lado y lado de la vía sobre la esquina donde ocurrió el accidente. Contestó: Sí. Preguntado: Vio usted el vehículo de la Policía Nacional antes de ocurrir el accidente y en caso afirmativo en qué sitio se encontraba usted en se (sic) momento. Contestó: Yo, sí lo vi, yo me encontraba en la esquina, al lado de la mona. Preguntado: A qué distancia vio usted el vehículo desde el momento en que vio el vehículo hasta que ocurrió el accidente. Contestó: Como a una cuadra y media (...) —el estado de la vía era— seco y normal.

3.13. Obra copia de la licencia de conducción del uniformado Agustín Botello Durán, de cuarta categoría. No es visible la fecha de expedición o vencimiento(41).

3.14. Los gastos funerarios ascendieron a $1’350.000 y fueron sufragados por la señora Ruth Virginia Sánchez Reyes.

Pruebas del proceso 1999-1124.

3.15. El señor Emilio Orlando Quintero Amaya era hijo de los señores Ana Mercedes Amaya y Miguel Antonio Quintero; hermano de Nelson Quintero Amaya, Alba Rosa Amaya, Salvador y Myrian del Carmen Carrascal Amaya; Nancy, Nely María, Édgar Antonio, Miguel Yesid, Martha Isabel, Daniel Ángel, Miguel Antonio y Ana Milena Quintero Cano y Orlando Quintero Meneses(42).

Se precisa en la demanda que por errores de digitación, en el registro civil del demandante no aparece como madre del occiso la demandante Ana Mercedes Cano Amaya, sino que figura como Ana Mercedes Amaya Cano y, por ello, no obstante tratarse de la misma persona, instauró la demanda como madre de crianza. No obstante, aunado a que se trata de la misma persona a la que le fue expedida la cédula de ciudadanía 27’658.799 a nombre de Ana Mercedes Amaya, de acuerdo con los testimonios rendidos por Lucy Esther Sánchez(43), Jorge Meneses Solano(44) y Marina Suárez de Jaimes(45), la señora Cano Amaya procreó al occiso y mantuvo con este una relación filial indudable y pública.

De suerte que demanda en calidad de madre y será tenida como tal.

3.16. Testimonios:

3.16.1. Se recibió por el a quo el testimonio del señor Israel López Prieto, quien afirmó(46):

Para esa fecha —28 de noviembre de 1997— me encontraba yo sentado en el andén de mi casa—en la avenida 11 # 11-49— (...) la hora era aproximadamente entre las nueve y diez de la noche, cuando en ese momento un camión de la policía se desplazaba por la calle 5a y colisionó con la motocicleta que conducía Orlando Quintero; en ese momento me paré, eso fue cerca a la casa y me dirigí hacia el lugar de los hechos a prestar colaboración, así fue como en el mismo carro de la policía se condujo hacia el Hospital, porque él no quedó instantáneamente muerto, él alcanzó a llegar al hospital y tuvo atención médica (...) Para esa fecha, —el camión al servicio de la Policía— realizaba una actividad de patrullaje, aunque era un poco difícil porque ellos poco patrullaban, por la inseguridad por la existencia de Grupos Violentos al margen de la Ley (...) el camión de la policía venía por su vía normal, porque precisamente la calle 5a. se compone de dos vías con separador y el vehículo venía por su vía normal. Pero, la cuestión era que venía a exceso de velocidad y a esa hora de las nueve, nueve y media más o menos, nueve a diez, incluso el vehículo venía sin luces. Otra cosa lo que pasa es que en el municipio de Tibú no hay señalizaciones de tránsito y no están bien estipuladas las vías, ahí por lo regular la vía que se respeta es esa central (...) las demás calles por lo general son de doble sentido (...) Yo me encontraba en el corredor de la casa (...) To creo que iría a unos 90 (...) Al llegar a la Avenida 9a. en toda la esquina fue que ocurrió el accidente, cuando se sintió fue que el golpe, pero un golpe duro (...) entre varios le manifestamos que porqué (sic) conducía a esa velocidad y sin luces y ellos déspotamente (sic) nos contestaron que eso lo hacían por seguridad (...) —cuando se dirigían en el camión de la Policía hacia el puesto para levantar el acta del accidente— empezaron unas personas a disparar hacia el camión, cuando ellos empiezan a disparar yo me tiré contra el separador y me quedé quieto y eso me silvaban (sic) las balas y brillaban como cocullos y la Policía también se bajó a disparar hacia abajo, ese día afortunadamente resultó lesionado y leve un agente de policía, no hubo muertos (...) La moto iba atravesando la calle 5a. iba por la Av. 9a. esas vías son legales, son dobles vías, para esa fecha esas avenidas eran dobles, no sé si aún es así, la única que respetaban era la 5a. que era doble vía, una avenida con separador, en el centro tiene árboles y todo (...) Concretamente cuando yo vi el carro pasar, impresionado de la velocidad que llevaba me quedé mirando el vehículo y presisamente (sic) al fondo, de la vivienda mía adonde sucedieron los hechos, a unos cien metros aproximadamente, porque allí las cuadras son cortas y de donde yo estaba a donde ocurrió el accidente era a cuadra y media más o menos (...) tanto la moto como el camión iban por su vía.

3.16.2. Rindió testimonio el señor Luis Evelio Jaimes Santander, quien también fue llamado a testificar en el proceso rad. 1998-320 y afirmó(47):

Eso ocurrió entre las 9 a 10 de la noche el día 28 de noviembre del 97 en la avenida 5a con carrera 9 frente a la canasta familiar, nos encontrábamos los dos nos íbamos para unos grados cuando ocurrió el accidente en esa dirección, él venía adelante con su moto y yo venía detrás como a unos 10 metros de donde ocurrió el accidente (...) él se transportaba en una moto DT 125 color negro y violeta marca Yamaha de su propiedad y se encontraba en Movimiento porque iba para la casa (...) —el camión— iba entre 100 a 120 kilómetros por hora.

3.16.3. El señor Abelardo Ortiz Millán sostuvo(48):

Eso fue de 9 a nueve y media en la calle o avenida 5ª con canasta familiar en toda la esquina el 28 de noviembre de 1997 (...) —el agente que conducía el camión— estaba acompañado, estaban como 5 o 6 policías con él en el camión (...) Era una moto Yamaha y estaba en movimiento (...) —el camión— iba a 90 kilómetros por hora aproximadamente.

3.16.4. El señor Segundo Leonel Sandoval Durán manifestó(49):

Eso fue como a las ocho y media de la noche (...) Él iba en una moto cuando sentí fue el impacto (...) —el accidente ocurrió— por exceso de velocidad del camión.

3.16.5. La Dirección General de Transporte y Tránsito Automotor, en su Informe General del Conductor, indicó que las licencias de conducción a nombre del señor Agustín Botellon(sic) Durán tenían como fechas de expedición el 30 de noviembre de 1990 (5ta categoría) y 12 de diciembre de 1997 (4ta categoría)(50).

4. Juicio de responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta Corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o, el derecho”(51).

De conformidad con esa cláusula general. de responsabilidad, los demandantes imputan a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, el hecho dañoso consistente en el deceso del señor Orlando Emilio Quintero Amaya, que tuvo lugar luego del accidente de tránsito del 28 de noviembre de 1997, en el que la motocicleta en la que se movilizaba chocó contra un camión Ford 350 al servicio de la demandada.

4.1. El daño.

Este elemento de la responsabilidad estatal se encuentra debidamente acreditado, pues de conformidad con el material allegado al plenario, el señor Emilio Orlando Quintero Amaya falleció con ocasión de las heridas sufridas en el accidente de tránsito ocurrido el 28 de noviembre de 1997, cuando la moto en la que se movilizaba colisionó con el camión Ford 350 al servicio de la Policía Nacional.

Ahora bien, en cuanto a su antijuricidad, es necesario proceder al análisis de las circunstancias en las que se produjo el accidente en comento, para así determinar la causa adecuada por la que se produjo.

Pues bien, dado que dentro de este asunto no fue posible la elaboración del croquis del accidente por razones que, para esta Sala, se encuentran plenamente justificadas, dado que el entonces herido fue transportado en uno de los vehículos siniestrados y, al regreso de los agentes de la Policía Nacional a la escena, fueron atacados con armas de largo y corto alcance —tal como se precisó en el informe policial y por los testigos—, se tienen como base de la reconstrucción de los hechos las pruebas allegadas por ambas partes, los informes sentados por la Policía Nacional y los testimonios recaudados en el decurso del trámite(52).

De estas pruebas se extracta que, el día del accidente, hacia las 9:30 p.m., el señor Emilio Orlando Quintero Amaya se encontraba con amigos e ingirió bebidas alcohólicas (ver párr. 3.11). Cuando su esposa estuvo lista para asistir a un compromiso social, una de sus hijas lo llamó para que la recogiera en la motocicleta, momento en el que se dispuso a conducirla.

Cuando iba a cruzar la avenida 5ta del municipio de Tibú, entre calles 8va y 9na, fue atropellado por el camión Ford 350 al servicio de la Policía Nacional y conducido por un agente suyo y, de acuerdo al dicho de los testigos, el accidente se produjo por el exceso de velocidad de este último vehículo; no obstante, los mismos deponentes afirmaron que el señor Quintero Amaya no detuvo su marcha, esto es, no tuvo en cuenta la prelación que existe para las vías principales al momento de cruzarla y que debía frenar para observar si algún vehículo transitaba por esta.

Este hecho, a juicio de la Subsección, determina que la causa eficiente del accidente fue la imprudencia del occiso, quien debió detenerse para verificar sus posibilidades de cruzar la vía. Inobservando esta carga, se encontró fatídicamente con el camión Ford 350 que iba por su carril, en labores de patrullaje.

Con relación a la prelación de las vías, el artículo 110 del Decreto 1344 de 1970, vigente para el momento de los hechos, disponía:

“ART. 110.—Para determinar la prelación, las vías se clasificarán así:

I. Dentro del perímetro urbano:

Vías férreas.

Autopistas.

Vías arterias.

Vías principales.

Vías ordinarias.

Vías privadas.

II. En las zonas rurales:

Vías férreas.

Autopistas.

Carreteras.

Caminos carreteables.

Vías privadas.

Las autoridad local, por medio de resolución motivada, señalará las categorías correspondientes a las vías urbanas, cualquiera que sea su denominación, y determinará cual prima dentro de la misma categoría.

La prelación entre las vías de zonas rurales será determinada por las autoridades nacionales de tránsito.

Se entiende que en los cruces donde no haya señales, tendrá prelación el vehículo que se encuentre a la derecha.

Tal como se registra en los informes policiales y en los testimonios, el señor Emilio Orlando se encontraba cruzando una vía principal, de dos carriles, doble sentido, con separador y no se detuvo para verificar la prelación de paso correspondiente, sino que continuó la marcha y se produjo el accidente. De haber observado esta norma, cuyo cumplimiento estaba a su cargo, el accidente no habría ocurrido.

Es así que las demás circunstancias narradas, estas son, el exceso de velocidad del camión, las condiciones de la licencia de conducción del señor Botello Durán, el que transitara sin luces o que el señor Emilio Orlando transitara en contravía, en estado de embriaguez y sin casco, de un lado, no se acreditaron y, ante todo, resultan irrelevantes en el juicio de responsabilidad, pues la causa eficiente del accidente fue que el citado no verificó la ausencia de vehículos para el cruce seguro de la avenida principal.

Sobre la causalidad adecuada o determinante, esta Corporación se ha pronunciado así(53):

“El elemento de responsabilidad “nexo causal” se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico. Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: la equivalencia de las condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de causalidad adecuada, en la cual el daño se tiene causado por el hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce. De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión de la cadena causal hasta el infinito(54)”.

En otra oportunidad, se indicó(55):

La Sala no comparte las afirmaciones de los actores en el recurso de apelación en cuanto aseguraron que si Helier Morales Sanabria no hubiese resultado herido con los disparos de arma de fuego accionadas por los uniformados, no habría surgido la necesidad de su traslado inmediato a un centro hospitalario y, por lo tanto, su deceso no se hubiera producido horas más tarde, pero lo cierto es que tales afirmaciones no gozan de respaldo probatorio alguno, máxime cuando la causa de su muerte no fue la que alegaron los actoras en la demanda.

Un razonamiento en ese sentido implicaría la adopción de la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada en el ordenamiento nacional por la doctrina y la jurisprudencia desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad(56). Como se sabe, de tiempo a atrás, la jurisprudencia del Consejo de Estado viene aplicando la teoría de la causalidad adecuada o causa normalmente generadora del resultado, conforme a la cual, de todos los hechos que anteceden la producción de un daño solo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata.

Al respecto, es menester traer a colación lo que la doctrina ha manifestado al respecto:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

“(...) Aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”(57).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, al punto de evaluar la responsabilidad de la administración en el caso de autos, se tiene que la línea de los sucesos previos al deceso del señor Emilio Orlando Quintero Amaya, dan cuenta de la imprudencia con la que este cruzó la avenida 5ta, interponiéndose intempestivamente en el trayecto del camión Ford 350 al servicio de la Policía Nacional.

Sea del caso anotar que ninguna de las circunstancias concomitantes resultan relevantes, pues la causa eficiente y determinante del daño fue que el occiso no detuvo la marcha del motorizado cuando cruzó la avenida, tal como lo preveían las normas de tránsito vigentes en la época de los hechos.

Así, aun cuando hubiera un exceso de velocidad del camión Ford 350, el agente de la Policía Nacional no contara con licencia de conducción, o si el señor Emilio Orlando hubiera transitado en contravía, de haber frenado antes de cruzar la avenida y verificado sus posibilidades de cruzar, hubiera evitado el accidente.

En estos términos, forzoso es concluir que la sentencia del a quo debe confirmarse.

5. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE:

1. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 30 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

2. Para todos los efectos a que haya lugar, téngase en cuenta que las demandantes Ingrid Marcela, Camila Andrea y Leidy Torcoroma Quintero Sánchez no cuentan con apoderado en este asunto.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

23. Para la época en la que fueron presentadas las demandas, esto es, 1º de abril de 1998 y 29 de octubre de 1999, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $101’913.000 y 118’230.000, respectivamente, de conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, artículo 40, numeral 6º. Para el caso presente, la pretensión principal en uno de los procesos, asciende a $199’553.851.
23.(sic) Para el caso concreto, el deceso de la víctima tuvo lugar el 28 de noviembre de 1997 y las demandas fueron presentadas el º(sic) de abril de 1998 y 29 de octubre de 1999, es decir, con anterioridad a que se cumplieran dos arios contados a partir del hecho que se acusa como dañoso.

24. Folios 22 al 23 y 28 al 30 cdno. 1. Registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción.

25. Folio 24, 31 al 32 cdno. 1.

26. Folio 32 cdno. 1.

27. Cuya velocidad permitida era de 20 km/h, de acuerdo con la certificación obrante a folio 33 del cdno. 1, expedida por el Comisario Superior de Policía de Tibú.

28. Folios 25 al 27 cdno. 1.

29. Folio 51 cdno. 1.

30. Folios 41 al 42 cdno. 1.

31. Estas circunstancias también se denunciaron ante la Personería del municipio por los agentes de la Policía Nacional, en escrito visto a folios 182 al 183 del cdno. 1 y se consignaron en el libro de minuta, a folios 187 al 188 del cdno. 1.

32. Folios 171, 186 al 187 cdno. 1.

33. Folios 198 al 202 cdno. 1.

34. En alusión a la licencia de conducción del uniformado.

35. Folios 193 al 197 cdno. 1.

36. Folios 255 al 262, 265 al 268 cdno. 1.

37. Folios 262 al 263 cdno. 1.

38. “Folios 308 al 309 cdno. 1.

39. Folios 310 al 311 cdno. 1.

40. “Folios 312 al 313 cdno. 1.

41. Folio 321 cdno. 1.

42. Folios 29 al 41, 47, 49 al 50 cdno. 2. Registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción.

43. Folios 196 al 199 cdno. 2.

44. Folios 202 al 205 cdno. 2.

45. Folios 206 al 209 cdno. 2.

46. Folios 156 al 158 cdno. 2.

47. Folios 184 al 189 cdno. 2.

48. Folios 190 al 195 cdno. 2.

49. Folios 265 al 267 cdno. 2.

50. Folio 273 cdno. 2.

51. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de marzo de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Exp. 11945.

52. En cuanto a la ausencia de necropsia, téngase en cuenta que a este trámite no fue llamado el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

53. Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: María Elena Giraldo Gómez, Sentencia del 11 de diciembre de 2002, Radicación número: 05001-23-24-000-1993-00288-01 (13818).

54. Sentencia proferida el día 25 de julio de 2002. Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 13.680.

55. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Gladys Agudelo Ordóñez, Sentencia del 27 de abril de 2011, Radicación número: 85001-23-31-000-1999-00021-01 (19155).

56. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 26.308.

57. Nota original de la providencia citada: Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2º edición. Tomo I, vol. 2., Santafé de Bogotá, 1996. pp. 245, 246.