Sentencia 1998-00376 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 1998-00376 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 1998-00376-01.

Consejera Ponente:

Dr. María Elizabeth García González

Recurso de Apelación contra la sentencia de 7 de noviembre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actor: Municipio de rosas

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

Mediante sentencia de 28 de octubre de 2010 (Exp. 1998-00545-01, C.P., Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), esta sección se pronunció sobre una demanda presentada por el municipio de Caldono, Cauca, cuyas pretensiones, hechos, normas violadas y concepto de violación, son idénticas a las de la presente demanda, sobre la cual el quo se pronunció en los mismos términos que en el presente caso, y fue apelada por las mismas razones que se traen a colación en este proceso.

Por lo anterior, la Sala prohíja en su totalidad la mencionada providencia de 28 de octubre de 2010, por medio de la cual se confirmó la sentencia recurrida, en la cual se dijo:

“1ª. Leídos los argumentos en que se sustenta la alzada, salta a la vista que en los referentes a las vigencias fiscales de 1994 y 1995, a las que dice el memorialista que les era aplicable el artículo 20 de la Ley 38 de 1989, según el cual todas las rentas contractuales debían ser consideradas ingresos corrientes, se deja de lado que el a quo declaró la caducidad de la presente acción respecto de los actos demandados relacionados con esas vigencias y con las anteriores que se invocan en la demanda.

Significa que la sentencia no contiene examen ni pronunciamiento de fondo sobre dichos actos, luego resulta irrelevante cualquier alegato de fondo en relación con los mismos mientras el recurrente no desvirtúe la ocurrencia de la caducidad ya declarada, pudiéndose observar que éste ni siquiera hace mención de esa declaración, luego el recurso no guarda pertinencia alguna con el contenido del fallo en lo atinente a los actos de las vigencias fiscales de 1994 y 1995; por consiguiente, toda consideración de fondo en este punto del recurso carece de toda utilidad.

2. A esa falta total de pertinencia de lo alusivo a las vigencias fiscales de 1994 y 1995, se suma la extemporaneidad de los reclamos que ahora hace el memorialista respecto de la exclusión del 25% del impuesto global de la gasolina motor prevista en el artículo 59 de la Ley 223 de 1995, puesto que su inexequibilidad aparece declarada en el año 2000, según él mismo lo informa, como quiera que afirma que ella se dio mediante Sentencia C-1545 de 2000.

Ello significa que esos reclamos ni hicieron parte de las pretensiones de la demanda, ni pudieron serlo por las claras circunstancias de tiempo de ésta y de la referida inexequibilidad. Por lo tanto, reclamar con base en esa sentencia de inexequibilidad posterior a los actos demandados e incluso a la presentación de la demanda del sub lite, que esos ingresos debían hacer parte de los ingresos corrientes para los años 1995, 1996 y 1997, en virtud de los artículos 333, 334, 336 y 359 de la Constitución Política, es a todas luces inoportuno e improcedente.

3. De resto, el memorialista pretende que por efecto de las sentencias de inexequibilidad que ha dictado la Corte Constitucional la Sala inaplique las leyes de presupuesto anual que ataca en el sub lite, las cuales califica reiteradamente como manifiestamente contrarias a la Constitución Política, tanto es así que como conclusión del recurso alega que “cuando la Corte ya ha declarado la inexequibilidad de la norma, existe es la obligación para el juez de declarar la excepción de inconstitucionalidad para el caso debatido, lo que no hizo el juez de primera instancia” (destaca la Sala).

De modo que la alzada termina centrándose en impugnar las leyes del presupuesto nacional de los años 1994 a 1999 respecto de la clasificación dada a los ingresos glosados por el memorialista, en cuanto éste considera que todos esos ingresos debieron incluirse en el rubro ingresos corrientes de la Nación y no en los que fueron clasificados, a efectos de liquidar la participación de los municipios en los mismos.

Los cuestionamientos que formula en esta instancia son ni más ni menos que claras acusaciones o cargos de inconstitucionalidad contra leyes de la República, que se sustentan en análisis complejos, esto es, confrontación de criterios, conceptos fiscales, normas de varios rangos, jurisprudencia constitucional, y otros aspectos técnicos de la materia, que va más de la mera confrontación directa entre la norma constitucional superior que se aduce violada y la disposición legal que se invoca como opuesta a aquella; de suerte que la alegada violación no surge de esa directa confrontación, tal como se refleja en la extensa argumentación o sustentación de las mismas, lo cual es de competencia exclusiva de la Corte Constitucional, según el artículo 241, numeral 4º, de la Corte Constitucional, pues excede la revisión que es posible hacer por vía de la excepción de inconstitucionalidad.

Al punto de esa excepción la Sala ya se ha pronunciado en repetidas ocasiones en lo que tiene que ver con las leyes de presupuesto de los años 1994 a 1997, en sendas sentencias sobre demandas con cargos idénticos a los formulados en este recurso de apelación e incluso a los de la primera instancia de este proceso, de suerte que cabe remitirse a lo ya dicho v. gr. en la sentencia de 28 de mayo de 2004, expediente número 1996 07425, consejero ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola, en el sentido de que no procede por no reunir, entre otros, el requisito de “palmaria y flagrante oposición entre los textos constitucionales y la norma cuya inaplicación se pretende”, en relación con lo cual se cita “la Sentencia C-600 de 1998, en la cual la Corte Constitucional precisó el alcance de esta figura:

‘La inaplicación de una norma de jerarquía inferior con apoyo en el artículo 4º de la Carta supone necesariamente la incompatibilidad entre su contenido y el de los preceptos constitucionales. Si tal incompatibilidad no existe, no cabe la inaplicación y la circunstancia no es otra que la de incumplimiento o violación de los mandatos dejados de aplicar.

‘Por el contrario, en el supuesto de un palmario enfrentamiento entre la norma y la Constitución, la obligación del funcionario o autoridad que en principio debería aplicar aquélla es la contraria: no darle aplicación.

‘Al respecto, esta Corte ha señalado:

“‘El artículo 4º de la Constitución consagra, con mayor amplitud que el derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de las reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar en casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la definición por vía general acerca del ajuste de un precepto a la Constitución —lo cual es propio de la providencia que adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado como consecuencia de acción pública— sino la aplicación de una norma legal o de otro orden a un caso singular.

‘‘Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del ordenamiento jurídico no quede librada a la voluntad, el deseo o la conveniencia del funcionario a quien compete hacerlo, debe preservarse el principio que establece una presunción de constitucionalidad. Esta, desde luego, es desvirtuable por vía general mediante el ejercicio de las aludidas competencias de control constitucional y, en el caso concreto, merced a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución, haciendo prevalecer los preceptos fundamentales mediante la inaplicación de las normas inferiores que con ellos resultan incompatibles.

‘ ‘Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad como elemento esencial para que la inaplicación sea procedente, ya que, de no existir, el funcionario llamado a aplicar la ley no puede argumentar la inconstitucionalidad de la norma para evadir su cumplimiento.

‘ ‘El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la incompatibilidad en términos generales como “repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o de dos o más personas entre sí’.

“En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, son incompatibles dos normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea. Así las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que existe.

‘De lo cual se concluye que, en tales casos, si no hay una oposición flagrante con los mandatos de la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva con efectos “erga omnes” el juez de constitucionalidad según las reglas expuestas.

‘Fluye de lo anterior con toda claridad que una cosa es la norma —para cuyo anonadamiento es imprescindible el ejercicio de la acción pública y el proceso correspondiente— y otra bien distinta su aplicación a un caso concreto, la cual puede dejar de producirse —apenas en ese asunto— si existe la aludida incompatibilidad entre el precepto de que se trata y los mandatos constitucionales (C.N., art. 4º)” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sent. T-614 de dic. 15/92. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo). (Destacado fuera de texto).

‘La Sala Plena de la corporación, al fijar el alcance del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, que declaró exequible, supeditando la exequibilidad al acatamiento del artículo 4º de la Constitución, manifestó:

‘ ‘Considera la Corte que el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría.

‘ ‘Dentro de la supremacía que tiene y debe tener la Constitución, esta se impone como el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes y de las normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues, debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de inferior rango, y si no la hay, la Constitución Política de 1991 ordena de manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos casos en que sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad entre las mismas, por parte de las autoridades con plena competencia para ello.

‘ ‘Desde luego que la norma inaplicable por ser contraria a la Constitución en forma manifiesta, no queda anulada o declarada inexequible, pues esta función corresponde a los organismos judiciales competentes, en virtud del control constitucional asignado por la Carta Fundamental en defensa de la guarda de la integridad y supremacía de la norma de normas (C.P., arts. 237 y 241).

‘ ‘Si bien es cierto que por regla general las decisiones estatales son de obligatorio cumplimiento tanto para los servidores públicos como para los particulares ‘salvo norma expresa en contrario’ como lo señala la primera parte del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, también lo es que, cuando de manera palmaria, ellas quebrantan los ordenamientos constitucionales, con fundamento en la supremacía constitucional, debe acatarse el mandato contenido en el artículo 4º de la Carta ya citado, que ordena —se repite— que ‘en todo caso de incompatilibidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de que trata el artículo 6º de la misma, por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación, por parte de los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones’(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sent. C-069 de feb. 23/95. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara). (Destacado fuera de texto)”.(Cfr. Corte Constitucional.

Sentencia C-600 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo)’.

4. Por otra parte, ante esta instancia se formulan cargos que no hicieron parte de la demanda, como son:

— Como atrás se expuso, el de la violación de los artículos 333, 334, 336 y 359 de la Constitución por la exclusión del 25.6% del impuesto global de la gasolina en los presupuestos de 1995, 1996 y 1997 de la base de liquidación de las transferencias, mediante el artículo 59 de la Ley 223 de 1995, y porque ese artículo fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-1545 de 2000.

— La invocación ahora de los artículos 19 y 24 de la Ley 6ª de 1992 como violados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin señalar mediante qué acto, en el año de 1995 por descontar las rentas de destinación específica de la mencionada base; año respecto del cual, además, el a quo declaró la caducidad de la acción, sin que el impugnante diga algo tendiente a controvertir y menos a desvirtuar esa caducidad.

5.- De igual forma, el memorialista pretende traer a la Sala la revisión del presupuesto del año 1999, que en modo alguno fue objeto de la demanda y por ello de la controversia decidida en la sentencia apelada.

Así las cosas, esas acusaciones pretermiten la primera instancia, lo cual no le permite a la Sala hacer comentario alguno, ya que no fueron parte del debate procesal que se surtió en aquella.

6.- Finalmente, vale poner de presente que la Sala también se ha pronunciado sobre la alegada exclusión de los recursos de la concesión por telefonía celular de la base para liquidar las participaciones en comento, frente a reclamación similar de otros municipios, así:

“...el Ministerio de Hacienda informa que cuando se notificó la Sentencia C-423 de 1995, proferida por la Corte Constitucional, que determinó que el Gobierno Nacional debía cumplir lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 179 de 1994 a partir de la vigencia fiscal de 1995 y que dicha suma clasificaría como ingreso corriente de la Nación parte de ella fue trasferida a las entidades territoriales, teniendo en cuenta que se incorporaron en dicha vigencia una octava parte de tales recursos pues el legislador estableció que en los siguientes siete años el saldo se incorporaría al presupuesto por octavas partes y se conformó el Fondo de que trata la norma en cita; por lo tanto para los años 1996 y 1997 se han incorporado al presupuesto las cuotas correspondientes”(2).

7. En resumen, el recurso no tiene vocación de prosperar, de donde se ha confirmar la sentencia apelada, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia”.

Por lo anterior, la Sala confirmará el fallo apelado, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

TIÉNESE a la doctora Sandra Liliana Cadavid Ortiz, como apoderada del Departamento Nacional de Planeación y del Fondo Nacional de Regalías, de conformidad con el poder visible a folio 27 del cuaderno núm. 2º.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de febrero de 2013».

(1) Hoy Ministerio del Interior – Ley 1444 de 2011.

(2) Sentencia de 28 de mayo de 2004, rad.: 250002324000199607425 01; actor: municipio de Mariquita, Tolima. Consejero ponente doctor Rafael Ostau de Lafont Pianeta.