Sentencia 1998-00381 de junio 23 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 27001233100019980038101

Nº interno: 19.958

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Acasio Hinestroza Cossio

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa - Apelación sentencia

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 7 de septiembre de 2000, para lo cual se estudiarán los siguientes aspectos: i) La privación injusta de la libertad como fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado; ii) La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con beneficio de libertad provisional y los daños antijurídicos que de la misma pueden derivarse; iii) Los medios probatorios allegados al proceso; iv) Caso concreto y conclusiones probatorias; v) Indemnización de perjuicios y vi) Costas.

Previo a decidir el fondo del caso sub examine, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones:

Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, el libelo introductorio se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación, no obstante el tribunal a quo, en el auto admisorio, ordenó la respectiva notificación a la dirección ejecutiva de administración judicial, entidad que asumió la representación de la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, procedió a la contestación de la misma.

Sobre el particular, la Sala estima necesario puntualizar que si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación ostenta, igualmente, la representación de la Nación en casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la administración de justicia, no es menos cierto que ni en la contestación de la demanda, ni durante el trámite de primera instancia, la dirección ejecutiva de la administración judicial argumentó falta de legitimación en la causa por pasiva y/o que la eventual condena que se llegare a imponer debería ser asumida con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual una vez efectuado el recuento probatorio, se concretará si el daño antijurídico reclamado se encuentra acreditado y, de estarlo, se establecerá si el mismo le resulta imputable a la dirección ejecutiva de administración judicial; de lo contrario habrá lugar a confirmar la decisión apelada.

Ciertamente, a quien le corresponde ejercer la representación judicial en los procesos en los cuales se discute la responsabilidad patrimonial de la Rama Jurisdiccional del poder público, es al director ejecutivo de la misma, en los términos del numeral 8º del artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, disposición que establece:

“(...) Son funciones del director ejecutivo de administración judicial:

“(...).

“8. Representar a la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados judiciales”.

Así las cosas, en el caso concreto, la representación judicial de la Nación se encuentra en cabeza de la dirección ejecutiva de administración judicial, la cual fue debidamente notificada y representada, por manera que no hay en la actualidad vicio alguno que pudiere empañar la validez, total o parcial, de lo actuado y, por ende, resulta procedente abordar el correspondiente estudio de fondo de la controversia planteada(1).

2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la privación de la libertad a la cual es sometido el sindicado en cuyo favor, posteriormente, se profiere sentencia absolutoria o pronunciamiento judicial equivalente.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la detención injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Acasio Hinestrosa Cossio, desde el 18 de septiembre de 1996, hasta el 4 de diciembre de ese mismo año, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, procede comenzar por la alusión al artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En reiterada jurisprudencia(2), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad, es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta(3). Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-03[7] de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(4).

Ahora bien, la Sala en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(5). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(6).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(7). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(8).

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(9), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(10), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(11).

En una tercera línea, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(12), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(13).

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(14)—.

Y es que, de acuerdo con la posición mayoritariamente asumida por la Sala, aun cuando la absolución o exoneración de responsabilidad del imputado que ha estado privado de la libertad no se produzca en aplicación de alguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto-Ley 2700 de 1991, sino como consecuencia de la operatividad del citado principio “in dubio pro reo”, este no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, comoquiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente —presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo dado que se trata de una víctima inocente—, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado precautelativamente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre amparó a la víctima directa de tal detención, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento nunca se produce, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban “acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos” (15).

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas ...

“Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general ...

“De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(16) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(17). No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(18), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

“«ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión» ...

“Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.

“Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva, los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad(19).

2.2. La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con beneficio de libertad provisional y los daños antijurídicos que de la misma pueden derivarse.

Una de las limitaciones del derecho a la libertad dentro de un proceso penal la constituye la detención preventiva, la cual es una medida cautelar que restringe la libertad de la persona sindicada “en aras de la persecución y prevención del delito confiadas a la autoridad, que garantiza ‘el juzgamiento y penalización de las conductas tipificadas en la ley, entre otras cosas para asegurar la comparecencia del acusado al proceso”(20) e impide ‘al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción”(21).

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza excepcional de la detención preventiva y las condiciones necesarias para su procedencia, indicando que ella se constituye en una verdadera limitante al postulado constitucional y abstracto del derecho a la libertad, cuya finalidad no está en sancionar al sindicado sino en la necesidad de asegurar su comparecencia al proceso, quien sigue gozando de la presunción de inocencia pero debe permanecer a disposición de la administración de justicia. Al respecto ha manifestado:

“La detención preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1, de la Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida por la autoridad judicial no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución.

La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse este en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal”(22).

“El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no está en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad solo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales...”(23).

En materia del derecho internacional de los derechos humanos son varias las disposiciones que amparan el derecho a la libertad personal, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual expresa que,

“Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta (...). La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo” (resaltado adicional).

De igual forma, el artículo 7º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, preceptúa, que,

“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas”.

“(...).

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario encargado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.

En cuanto a las generalidades de dicha medida cautelar de detención preventiva, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que esta, para evitar la vulneración del derecho a la libertad personal, debe contar, por lo menos, con los siguientes elementos: i) debe ser adecuada, esto es cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional (C.N., art. 28); ii) debe fundamentarse en un causa que esté previamente prevista en la ley; en otras palabras, la autoridad que asume la medida en todo momento está sujeta al más estricto principio de legalidad. Se exige como presupuesto la existencia de indicios y medios probatorios que desde un punto de vista racional arrojen una posible responsabilidad penal del individuo inculpado; iii) No puede ser indefinida, debe tener un límite temporal que se relaciona directamente con el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos que dieron lugar a la asunción de la medida y iv) Por tratarse de una medida cautelar su finalidad no es represiva, se encamina principalmente a prevenir la fuga del sindicado, a garantizar su presencia en el proceso, asegurar la efectividad de la sentencia o a impedir la continuación de su actividad delictiva(24).

Así mismo, se ha manifestado que dicha medida tiene una naturaleza jurisdiccional en sus diferentes fases: en la toma de decisión, en su control y en su finalización, así por ejemplo, una vez asumida la medida y afectada la libertad de una persona se activan diversas garantías de orden procedimental y sustancial que hacen parte del derecho fundamental al debido proceso: principalmente la presunción de inocencia, el derecho de contradicción, la radicación de la carga de la prueba en cabeza del Estado, entre otros.

De igual forma, la detención preventiva debe responder al criterio de excepcionalidad, esto es, dicha medida debe asumirse cuando no existe otra forma de asegurar los objetivos señalados en la ley y, finalmente, la detención preventiva siempre debe responder al principio de proporcionalidad, es decir que debe constituir un medio adecuado para la finalidad que se pretende alcanzar(25).

Ahora bien, el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos materia del presente asunto (D. 2700/91), respecto de las diferentes medidas de aseguramiento y los requisitos para la imposición de estas, establecía lo siguiente:

“ART. 388.—Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso” (se resalta).

En cuanto a la regulación de las medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva y pago de caución, el aludido estatuto procesal penal disponía:

“ART. 393.—La caución es juratoria o prendaria y se aplica en relación con los delitos cuya pena mínima sea inferior a dos años de prisión, excepto lo previsto en el numeral tercero del artículo 397 de este código.

La caución juratoria constará en acta en donde el sindicado bajo juramento, prometa cumplir las obligaciones que le hayan sido impuestas. Procederá, cuando a juicio del funcionario, el sindicado carezca de recursos económicos para constituir caución prendaria.

La caución prendaria consiste en el depósito de dinero o constitución de una póliza de garantía, en cuantía de hasta mil salarios mínimos mensuales legales y se fijará teniendo en cuenta las condiciones económicas del sindicado y la gravedad del hecho.

“ART. 394.—Contenido de las actas. En las actas de conminación y de caución juratoria o prendaria se consignarán las obligaciones que debe cumplir el sindicado. El funcionario judicial determinará dichas obligaciones y su duración de acuerdo con la naturaleza del hecho punible y dejará constancia de las consecuencias legales de su incumplimiento.

ART. 395.—En el auto de detención preventiva el funcionario judicial ordenará la prohibición de salir del país y librará los oficios respectivos.

ART. 416.—Momento de la libertad bajo caución. Cuando exista detención preventiva, la libertad provisional se hará efectiva después de otorgada la caución y una vez suscrita la diligencia de compromiso” (resaltado adicional).

En relación con las obligaciones a las cuales se encontraba sometido el sindicado como producto del otorgamiento de la libertad provisional en virtud del pago de una caución, la norma legal en comento era del siguiente tenor literal:

“ART. 419.—Obligaciones del sindicado. En los casos de conminación, caución, detención domiciliaria y libertad provisional, se le impondrán las siguientes obligaciones:

1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite. No se pueden imponer presentaciones periódicas.

2. Observar buena conducta individual, familiar y social.

3. Informar todo cambio de residencia.

4. No salir del país sin previa autorización del funcionario”.

“ART. 420.—Cancelación de las cauciones. La caución se cancelará al cumplir el sindicado las obligaciones impuestas, o cuando se revoque la medida que la originó, o cuando termine la actuación procesal por causa legal” (se deja resaltado).

Con fundamento en las anteriores disposiciones normativas, puede inferirse que en vigencia del Decreto 2700 de 1991, la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, aunque estuviere acompañada del beneficio de la libertad provisional, cuyo disfrute se condicionaba a la constitución previa de una caución, independientemente de su legalidad o ilegalidad, necesariamente implicaba, per se, una limitación al mencionado derecho fundamental de la libertad, circunstancia que eventualmente podía generar un daño antijurídico cuando se hubiere establecido, entre otras hipótesis, que la conducta no hubiere sido cometida por el sindicado, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se habría hecho padecer al sindicado.

En efecto, dichas medidas consistentes en la prohibición de salir del territorio nacional, la comparecencia ante la autoridad penal cuando esta lo requiera y el deber de dar aviso sobre el cambio de su residencia, conllevan una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación y la libertad de fijar domicilio (C.N., art. 24), amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representaba necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se hiciere efectiva en el plano real por razón del también referido beneficio de libertad provisional, cuya sola denominación evidenciaba que el afectado no podía gozar a plenitud de su derecho fundamental sino de manera provisional, es decir con limitaciones, con restricciones.

Agréguese a lo anterior que el artículo 24 constitucional prevé dos expresiones de la libertad personal en cabeza de los colombianos que revisten el carácter de derechos fundamentales: i) la libertad de locomoción o circulación que comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es, la facultad de desplazarse y de transitar por todo el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de entrar y de salir del país sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna; este derecho fundamental se encuentra amparado internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto limita el ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo (artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(26), artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968(27), artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972(28), entre otros convenios); y ii) la libertad de fijar domicilio, dimensión que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(29) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica (C.N., art. 14) y del libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 eiusdem, por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(30).

En relación con el derecho de libertad de circulación y residencia, tal como está contenido en la Carta Política, así como en los diferentes instrumentos internacionales, implica entonces que una persona no solo no pueda ser desplazada y trasladada contra su voluntad de un lugar a otro, dentro o fuera del territorio nacional, sino que no se le impida, por cualquier medio, hacerlo cuando así lo desee. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que,

“El derecho de circulación se trata del derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y establecerse libremente en el lugar de su elección. El disfrute de este derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona”(31).

Ahora bien, de conformidad con las consideraciones antes expuestas, estima la Sala que aun cuando el legislador estableció en el artículo 414 del entonces Código de Procedimiento Penal, algunos eventos en los cuales objetivamente se entiende la injusticia de la detención frente a quien hubiere resultado exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente i) porque el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, iii) o la conducta no constituía hecho punible, eventos en los cuales se tendrá derecho a ser indemnizado, ello no puede significar que en otro tipo de situaciones, independientemente de que no se subsuman en alguno de estos tres eventos, no hubiere lugar a declarar la responsabilidad del Estado, cuandoquiera que una decisión judicial que hubiere limitado, restringido o afectado la libertad de un individuo hubiere sido, a su turno, la causante de un daño antijurídico.

En efecto, cuando el artículo 90 superior prescribe que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, establece sin ambages la obligación reparatoria a cargo de la administración pública, cuando se determine que la víctima no lo debía soportar, independientemente de si el proceder (por acción u omisión) del agente estatal hubiere sido lícito o no.

De manera tal que la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, aunque estuviere matizada o acompañada del beneficio de libertad provisional, dará lugar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, en cuanto a la finalización del respectivo proceso penal se hubiere concluido con exoneración a favor del imputado, pues resulta desde todo punto de vista desproporcionado exigirle a un particular que soporte inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse limitado en su libertad, incluyendo la libertad de circulación y de escoger domicilio, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de administración de justicia si, una vez desplegada su actividad, esta rama del poder público concluye que no se desvirtuó la presunción de inocencia del particular al que se inculpaba.

De igual forma, cabe reiterarse que si bien el legislador dio un tratamiento normativo especial a unas situaciones que considera reprochables y que cobijó bajo la genérica denominación de “detención injusta” (título de imputación privilegiado), ello no impide que otro tipo de afectaciones de los derechos de libertad, como es el caso de sus manifestaciones de locomoción y domicilio, sean susceptibles de reproche ante esta jurisdicción, en orden a que se declare la responsabilidad de la administración, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 90 superior.

Para la Sala resulta claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que él no cometió el hecho del cual se le acusa, la restricción a la libertad a la cual se le sometió, le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, habrá lugar a indemnizarlo. Así pues, en estos eventos considera la Sala que el elemento que compromete la responsabilidad del Estado radica en la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, comoquiera que esta no tiene el deber de padecerlo.

Por manera que —reitera la sala—, las obligaciones derivadas de la medida cautelar consistente en detención preventiva, aunque se relativice por razón del beneficio de la libertad provisional en virtud de la constitución de una caución prendaria, a la cual se añade necesariamente las obligaciones de no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa información y autorización de la autoridad judicial respectiva, así como la de presentación ante el organismo competente cuando este lo requiera, obviamente resulta generadora de un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis, que la conducta no fue cometida por el sindicado, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer.

Así las cosas, esa limitación de la libertad no constituye una carga que todos los ciudadanos deban soportar por igual y, por ende, cuando se demuestre que el administrado no cometió el hecho que sirvió de base a la medida cautelar y acredite los perjuicios que la misma le ocasionó, habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por haber causado a una persona un daño antijurídico, de todo lo cual se deriva la responsabilidad del Estado.

Y es que la garantía a los derechos de libertad consignada tanto en la Carta Política como en tratados internacionales de los cuales el Estado colombiano hace parte, no puede verse reducida a la efectiva privación física de la libertad, pues ello implicaría que muchas situaciones fuente de responsabilidad estatal quedarían excluidas de indemnización, en abierto desconocimiento del artículo 90 superior.

En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, dirigida a normativizar los casos de detención injusta, sirve también para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del juicio penal, en cuanto desencadenen la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, porque no hubiere cometido el hecho, o porque el hecho no era delito, o porque el hecho no existió, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 Constitucional(32).

La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si están demostrados en este caso, como en efecto lo están, los elementos de la responsabilidad de la entidad demandada respecto de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Acasio Hinestroza Cossio.

2.3. Los elementos de prueba allegados al proceso con el fin de acreditar los hechos de la demanda.

La Sala entrará a analizar las pruebas aportadas debidamente al proceso y, por ende, susceptibles de valoración.

Obran en el expediente copias auténticas de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso penal adelantado en contra del señor Acasio Hinestroza Cossio, las cuales fueron aportadas al proceso por la Unidad Sexta Local de Fiscalías de Quibdó (fl. 87, cdno. 1):

— Proveído del 18 de septiembre de 1996, mediante el cual la Fiscalía Sexta Local Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Quibdó, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Acasio Hinestroza Cossio y otros. La anterior decisión se originó en los siguientes hechos y consideraciones:

“... El día 4 de enero de 1996 el Dr. Julio González Cuesta, secretario general, con funciones de asesor jurídico de la Electrificadora del Chocó, puso en conocimiento de la autoridad competente el hurto de un transformador trifásico de energía eléctrica de 45kwa, de propiedad de la empresa en mención, en hechos sucedidos entre los días 15 a 18 de noviembre del año próximo pasado, elemento este, que al parecer se encontraba en mal estado, razón por la cual fue dejado en la bodega de la empresa indicando que el ilícito se pudo llevar a cabo con la complicidad de los celadores de la entidad y de personas ajenas a la misma. Esto conllevó a que funcionarios de la entidad hicieran averiguaciones acerca del lugar donde se podría encontrar el transformador y fue así como el día 11 de enero del año en curso, el Dr. Pedro León Hinestroza García, ingeniero de la electrificadora, con funciones de jefe de la zona San Juan, acudió ante la Fiscalía 5ª local de Istmina, y puso en conocimiento de ese despacho el hecho de haber recibido información del hurto de un transformador de 45kwa, de propiedad de la empresa, de lo que se enteró posteriormente que en su aserrío ubicado en la vía que conduce al corregimiento Pie de Pepe se encontraba instalado uno de las mismas características al hurtado, sorprendiéndole que este, hubiera sido vendido por un conductor de la empresa, de nombre Tito Jumaco. Agregó que el mencionado objeto desapareció del almacén de materiales de la electrificadora de esta ciudad.

“Por estos hechos se abrió la correspondiente investigación y fue así como por existir mérito para ello, se vinculó a este instructivo a los señores: Dámaso Sánchez Murillo, Jafeth Maturana Mena, Acasio Hinestroza Cossio y Tito Jumaco Sánchez.

“(...).

“Analizados los distintos elementos de prueba que de manera legal se han allegado a estas sumarias, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debe este despacho aceptar sin temor a equívocos que los señores: Tito Jumaco Sánchez y Acasio Hinestroza Cossio, aparecen seriamente indiciados en la comisión del punible de hurto del transformador trifásico de 45 kwa, de propiedad de la Electrificadora del Chocó, el cual se encuentra instalado en el monasterio de las Hermanas Clarisas, de la ciudad de Istmina, esta afirmación por parte de la Fiscalía General encuentra respaldo probatorio en el dicho de Argiro Cortez Hernández, quien a folio 73 del C.O., refiriéndose a Luis Mejía y a la negociación del aludido transformador, manifiesta que: “(...)”.

“Es importante dejar anotado que al realizar este despacho diligencia de inspección judicial al almacén de la Electrificadora del Chocó, pudo constatar de que entre los días 15 a 18 de noviembre de 1995, el conductor Tito Jumaco, desplazó hacia la zona del San Juan un transformador trifásico de 45kwa, elemento este que no figura con salida autorizada por parte del almacén y que conforme al haz probatorio, nos encontramos frente a un hecho indicante que nos conlleva a manifestar que se puede tratar del mismo objeto que hoy es materia de este pronunciamiento.

“Es por todo lo anterior que este despacho considera que existe indicio grave de responsabilidad en contra de los señores: Jumaco Sánchez e Hinestroza Cossio.

“(...).

“Por estar reunidos los presupuestos de los artículos 388 y 389 en armonía con el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, se proferirá en contra de los señores: Tito Jumaco Sánchez y Acasio Hinestroza Cossio, medida de aseguramiento en el grado de detención preventiva, como presuntos coautores del delito de hurto agravado.

“Se declarará que los sindicados tienen derecho al beneficio de la libertad provisional en atención a lo dispuesto en el artículo 415, numeral 1º del Código de Procedimiento Penal, ya que en caso de una eventual condena, esta no superaría los tres años, pues no aparecen antecedentes penales. Para tener derecho a este beneficio, deberán prestar caución prendaria cada uno por la suma de ochenta mil pesos $ 80.000, que deberán consignar en la cuenta de que para estos efectos tiene la fiscalía en el Banco Popular de esta ciudad, dentro de los tres días siguientes de la notificación de este proveído, debiendo cumplir con la diligencia de que trata el artículo 419 de la obra en cita”.

“No se decretará el embargo y secuestro de los bienes de los sindicados, por cuanto son desconocidos por la fiscalía, pero se deja en libertad a las partes para que denuncien.

“Se les prohibirá la salida del país” (resaltados y subrayas adicionales - fls. 90 a 100, cdno. 1).

— En providencia calendada el 4 de diciembre de 1996, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Chocó revocó la anterior providencia y, en consecuencia, decidió

Abstenerse de proferir medida de aseguramiento en contra de los sindicados ... y hágase la correspondiente devolución de la caución prendaria consignada por los procesados Acasio Hinestroza Cossio y Tito Jumaco Sánchez, para el disfrute de la libertad provisional”.

Como fundamento de dicha decisión se expusieron los siguientes argumentos:

“En fin, ni en la investigación ni mucho menos en la providencia recurrida encuentra esta instancia fiscal que se haya establecido la propiedad del transformador y así derivar el concepto de ajenidad de la cosa vendida en la que presumiblemente recayó el apoderamiento injusto (...).

“En los autos se encuentran todas las diligencias realizadas por el instructor para obtener la prueba que indicara la propiedad o la posesión por parte de la empresa Electrificadora del Chocó del objeto (transformador), institución que no pudo comprobar lo dicho presumiblemente por la situación de desorden administrativo en que se encuentra sumida, de ahí que resulte un imposible imputarle comisión de hechos punibles a Tito Jumaco Sánchez y Acasio Hinestroza Cossio, como consecuencia de la venta de un transformador de 45kwa, cuando hasta el momento son los únicos que han probado la posesión del bien, que posteriormente fue vendido a Argiro Cortés Hernández y quien luego lo vendiera al monasterio de las Hermanas Clarisas; de ahí que comoquiera que en nuestro país la venta de estos bienes muebles no se encuentra restringida de manera legal en el comercio, es probable que los procesados hayan ejecutado esta actuación de manera lícita.

Por todo lo anterior esta instancia procede a revocar la resolución venida en alzada por no darse los mínimos supuestos establecidos en la ley penal para derivar la tipicidad de los hechos imputados a los procesados, propiedad de la cosa mueble y consecuente ajenidad de la misma, lo que estructuraría la conducta de el apoderamiento reglamentada y tutelada en el artículo del Código Penal arriba referido” (fls. 101 a 109, cdno. 1).

— Providencia de fecha 7 de febrero de 1997, proferida por la Fiscalía Sexta Local de Quibdó, mediante la cual profirió resolución de preclusión de investigación en favor de los señores Acasio Hinestroza Cossio y otros por los delitos de hurto agravado, como consecuencia de lo cual se ordenó el archivo definitivo del expediente. En la referida providencia, el fiscal de conocimiento puso de presente, básicamente, los siguientes argumentos:

“De un estudio sistemático del haz probatorio llegamos a la conclusión de que nos encontramos frente a un delito contra el patrimonio económico, concretamente de hurto, ya que una o varias personas se apoderaron del transformador trifásico de 45kwa, de propiedad de la Electrificadora del Chocó pues así debe inferirse de las circunstancias que rodearon la perpetración criminal, esta infracción esta tipificada en el artículo 349 del Código Penal, la que en el caso sub lite, presenta las circunstancias de agravación consignadas en el artículo 351 de la obra citada, por cuanto los hechos al parecer sucedieron por la noche y lo cometieron dos o más personas que se reunieron a cometer el ilícito.

“(...).

“En realidad las pruebas allegadas al sumario solamente nos conducen a demostrar la materialización del hecho, sin embargo a fin de establecer si se reúnen los requisitos sustanciales y formales para proferir resolución de acusación, en contra de los sindicados, es necesario estudiar el acervo probatorio existente y así tenemos de que si bien se encuentra demostrada la ocurrencia del hecho, también es cierto que este despacho, agotó los mecanismos en aras de obtener la prueba que indicara la propiedad o la posesión por parte de la empresa Electrificadora del Chocó del objeto (transformador), institución que no pudo comprobar lo dicho presumiblemente por la situación de desorden administrativo en que se encuentran sumidos ahí, de ahí que teniendo en cuenta que la responsabilidad penal, es la capacidad que tiene el agente para responder por la transgresión de una norma, no podríamos seguir manteniendo vinculados a este instructivo a los señores Acasio Hinestroza Cossio, Dámaso Sánchez Murillo, Janeth Maturana Mena y Tito Jumaco Sánchez, por cuanto respecto del transformador que actualmente se encuentra en poder de la comunidad religiosa que habita en el Monasterio María Madre de Dios, solo tenemos que fue adquirido por el Sr. Argiro Cortés y Luis Mejía, por intermedio de Tito Jumaco, conductor de la electrificadora con sede en Itsmina, Chocó, sin que hasta el momento se haya establecido que el transformador en cuya compraventa intervino sea producto de un hurto, careciendo en estos momentos de confesión, testimonio, que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad de los imputados. Por ello se procederá a darle aplicación a lo dispuesto en los artículos 36 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el 443 ibídem.

“Por no existir mérito para proferir resolución de acusación en contra de Dámaso Sánchez Murillo, Janeth Maturana Mena, Tito Jumaco Sánchez y Acasio Hinestroza Cossio, se proferirá a favor de estos preclusión de la instrucción, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 439 y 443 del Código de Procedimiento Penal” (fls. 110 a 116, cdno. ppal.).

2.4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

En el caso sub examine, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer, básicamente: i) que mediante providencia del 18 de septiembre de 1996, la Fiscalía Sexta Local de Quibdó profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el señor Acasio Hinestroza Cossio, como presunto autor del delito de hurto agravado, concretamente respecto de un transformador de energía eléctrica de propiedad de la Electrificadora del Chocó; ii) que en esa misma providencia se otorgó el beneficio de libertad provisional, para lo cual se fijó una caución prendaria por valor de $ 80.000; iii) que a través de providencia de 4 de diciembre de 1996, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Chocó revocó la anterior decisión y, en consecuencia, ordenó devolver la caución prendaria a los sindicados; iv) que mediante providencia proferida el 7 de febrero de 1997, la Fiscalía Sexta Local de Quibdó precluyó la investigación en contra el señor Acasio Hinestroza Cossio.

Así mismo, de los anteriores hechos probados puede inferirse que el señor Acasio Hinestroza Cossio si bien no fue privado efectivamente de su libertad física (intramuros) —pues al actor se le otorgó el beneficio de libertad provisional, previo el pago de una caución por $ 80.000—, lo cierto es que esa medida comportó la restricción de su derecho de libertad en el plano jurídico, amén de haberse traducido en una realidad concreta y efectiva, respecto de sus derechos de libre circulación y de residencia, esto es la obligación de no cambiar de domicilio ni de salir del país sin previa información y autorización de la autoridad judicial respectiva, así como la de presentación ante la autoridad cuando esta lo requiriera.

Ahora bien, las circunstancias descritas evidencian que el señor Acasio Hinestroza Cossio fue objeto de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y se le otorgó el beneficio de libertad provisional por haber sido sindicado del delito de hurto agravado; sin embargo, el fiscal de conocimiento, después de valorar el material probatorio allegado al proceso penal, concluyó acerca de la ausencia de responsabilidad penal respecto del delito por la cual se le restringió su libertad, toda vez que en palabras de la propia fiscalía, no obra en el proceso penal “confesión, testimonio, que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad de los imputados”.

Resalta la Sala que la imposición de la respectiva medida de aseguramiento y la consiguientes medidas cautelares restrictivas de la libertad de locomoción y de residencia, de las cuales fue objeto el demandante, no se produjeron entonces como consecuencia de un hecho que fuere atribuible al sindicado, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permitiere establecer que esa medida restrictiva de su libertad se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquel.

Ciertamente, el señor Acasio Hinestroza Cossio fue exonerado de responsabilidad penal mediante resolución que declaró la preclusión de la instrucción penal porque en el proceso penal finalmente se encontró que no existía prueba alguna para acreditar la responsabilidad del sindicado.

Esta sola circunstancia constituye a todas luces un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo ampara y que el Estado jamás le desvirtuó.

En consecuencia, no es posible considerar que el señor Acasio Hinestroza Cossio hubiere estado en la obligación de soportar la medida cautelar restrictiva de su libertad que en ese entonces le impuso la justicia penal.

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al hoy demandante que asuma en forma inerme y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante casi tres (3) meses, la privación jurídica de su derecho a la libertad y la afectación física, real, efectiva, de sus derechos a la libre circulación y libre fijación de residencia en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma administración de justicia que le limitó el derecho a la libertad, concluyó que no habían elemento de prueba alguno que comprometiera la responsabilidad penal del sindicado.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaba el señor Acasio Hinestroza Cossio en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor Acasio Hinestroza Cossio tuviere que padecer de la limitación a su libertad durante casi tres (3) meses y después de cinco meses aproximadamente de la imposición de dicha medida cautelar se declaró precluída la investigación al concluirse sobre la falta de elementos de convicción respecto de la responsabilidad del sindicado del delito por el cual se le abrió investigación.

En cambio, es al accionado a quien correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(33).

En casos similares al que ocupa hoy la atención de la Sala, en los cuales se ha discutido la responsabilidad del Estado por la imposición de una medida de aseguramiento que implicaba la afectación del derecho de circulación y residencia, la jurisprudencia de esta sección ha manifestado:

“En tales condiciones, quedó establecido en el plenario que como consecuencia del proceso penal adelantado en su contra, el demandante fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba una limitación a la libertad de locomoción y de residencia. Así mismo logró establecerse que en fallo de segunda instancia, el actor fue absuelto porque no cometió el hecho.

El compromiso al que fue sometido el demandante el día 25 de enero de 1994, conllevó la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin previa autorización, vulneró el desarrollo íntegro de su derecho fundamental a la libertad de locomoción y residencia, daño que se tornó en antijurídico habida consideración que después en fallo definitivo se determinó que la víctima no cometió el hecho, de donde resulta evidente que no tenía por qué soportarlo y por tanto compromete la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos del artículo 90 superior.

En este orden de ideas, el daño sufrido por el demandante como consecuencia de la afectación de una de las facetas de la libertad es imputable a las entidades demandadas, por ser estas quienes intervinieron en la adopción de las decisiones dentro del proceso penal que comportaron el sacrificio de su libertad, cuando finalmente fue absuelto por no cometer el hecho punible.

Está, pues, demostrado que el daño infligido al demandante, vale decir, su limitación a la libertad de locomoción y residencia reviste el carácter de antijurídico en tanto injusto por cuanto la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, dado que Delgado Cruz fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba limitantes a su libertad por motivo de la sindicación del delito de prevaricato por omisión, cuando posteriormente el Tribunal Superior de Ibagué decidió absolverlo en tanto no cometió el hecho endilgado en su contra”(34).

2.5. Indemnización de perjuicios.

2.5.1. Perjuicios morales.

Los demandantes solicitaron que por concepto de perjuicios morales se condenara al pago del equivalente en pesos a 7.000 gramos de oro fino a favor de cada uno de los demandantes.

Obran en el proceso los respectivos registros de los señores Jever Hinestroza García, Gladys Esther Hinestroza Ortiz, Jasser Enrique Hinestroza Andrade, Alberth y Jeny Hinestroza Cuesta y Carmelina Cuesta Bermúdez, los cuales permiten establecer la relación de parentesco existente entre los referidos demandantes (hijos y cónyuge) y el señor Acasio Hinestroza Cossio (fls. 18 a 21, cdno. 1).

Por otra parte, rindieron testimonio en este proceso los señores Marco Tobías Cuesta Moreno y Héctor Mario Moreno Albornoz, quienes manifestaron que la detención del señor Acasio Hinestroza Cossio causó un gran dolor tanto en el sindicado como en los integrantes de su familia, quienes además debieron soportar el desprestigio que esa circunstancia les produjo y el rechazo al cual fueron sometidos por parte de la ciudadanía de Quibdó (fls. 119 y 138, cdno. 1).

Acreditado como se tiene el perjuicio moral sufrido por los demandantes, se reconocerá y dispondrá el pago de una indemnización por este concepto a favor de los demandantes.

Ahora bien, en cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización por tales perjuicios morales, debe recordarse que de acuerdo con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001(35), esta Sala abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral y ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad.

La Sala considera necesario advertir que la restricción de la libertad a la cual fue sometido el señor Acasio Hinestroza Cossio no fue intramuros, sino que se le otorgó el beneficio de libertad provisional, con las consecuentes restricciones a su libertad de circulación y residencia antes analizadas, lo cual sin duda reduce las condiciones de severidad de una medida de esa naturaleza, amén de que la misma no alcanzó a prolongarse durante un tiempo demasiado largo; no obstante, la sola circunstancia de estar privado del goce de un derecho fundamental como lo es la libertad, sí causa, como en efecto ocurrió en este caso, según se acreditó con la prueba testimonial referida, una afección moral que debe ser indemnizada.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala impondrá a favor del señor Acasio Hinestroza Cossio una indemnización correspondiente a 30 SMLMV y a nombre de la esposa e hijos del detenido la suma equivalente en pesos a 15 SMLMV para cada uno.

2.5.2. Perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia.

La parte demandante solicitó que se reconocieran “perjuicios en el cambio de condiciones de existencia” en los siguientes términos:

“En razón al cambio de condiciones de existencia al que tuvieron que someterse mis mandantes, luego de semejante decisión, que le costó el trabajo a mi mandante, así como su buen nombre en toda la región, quedando señalado como delincuente muy a pesar de haber sido exonerado de todos los cargos, por este concepto la demandada deberá cancelar el valor equivalente a siete mil gramos de oro”.

Al respecto, cabe resaltar que mediante sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(36), la Sala se refirió a dicho perjuicio en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él”.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(37).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(38) pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”(39) o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”(40).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

No obstante lo anterior, estima la Sala necesario precisar que respecto del concepto de “perjuicios fisiológicos” mediante sentencia del 4 de mayo de 2011, se precisó que dicho concepto no está proscrito en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Al respecto se dijo:

“(...) 26. Es preciso aclarar que la unificación de criterios en torno al uso de la expresión “alteraciones graves a las condiciones de existencia” no obsta para que en cada caso particular se identifique de manera clara el origen del daño que se pretende indemnizar el que, en todo caso, puede tener su causa en afectaciones físicas o fisiológicas de la persona, por lo que no puede pretenderse que la utilización de la expresión “perjuicios fisiológicos” esté totalmente proscrita de la jurisprudencia de la Sala, y deberá ser utilizada cuando las “alteraciones graves a las condiciones de existencia”, siempre que esta tengan origen en afectaciones de carácter físico o fisiológico.

27. Esta precisión es relevante, pues además de facilitar la prueba en relación con este particular tipo de perjuicio —de origen fisiológico—, también proporciona al juez mejores criterios para establecer la tasación del perjuicio. En relación con lo primero, es claro que resulta más expedito demostrar las “alteraciones a las condiciones de existencia” cuando queda demostrada la alteración física o fisiológica que les dio origen y, en relación con lo segundo, también es indiscutible que es más fácil establecer el monto de la indemnización cuando en el proceso aparecen medios directos de convicción sobre la afectación física o “fisiológica” padecida, los que sirven también para evaluar las alteraciones producidas por dichas afectaciones y, por esa misma vía, para establecer una tasación de la condena que cumpla con los criterios de razonabilidad que han sido establecidos por la Sala”(41).

En el presente caso, para la Sala resulta claro que el señor Acasio Hinestroza Cossio sufrió, a más del daño moral, una alteración grave a sus condiciones de existencia, el cual rebasa la esfera interna del individuo y se sitúa en su vida exterior.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones psicofísicas que afectan la calidad de vida de las personas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(42).

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza o el alcance de la lesión sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en su ámbito placentero o de otra índole, e incluso con base en las reglas de la experiencia.

En el presente asunto resulta evidente que tanto el señor Acasio Hinestroza Cossio como sus familiares sufrieron tanto un daño moral como una alteración grave a sus condiciones de existencia. Las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas y se refieren, especialmente, a la preocupación y al rechazo social que les produjo la vinculación al proceso penal del señor Hinestroza Cossio y la afectación al derecho a la libertad personal de este, específicamente en cuanto corresponde a su libertad de locomoción y de residencia.

Así pues, resulta evidente que, en este caso, el perjuicio reclamado por los demandantes debe ser indemnizado. Tal razonamiento deriva de entender a la víctima a partir de su dignidad e integridad humanas, que no pueden verse quebrantadas a raíz del daño y que deben permanecer indemnes a pesar de él, para que pueda quedar en una posición frente a la vida y a las posibilidades que ella le ofrezca, como si el daño no hubiera ocurrido o lo más cercano a una situación tal(43).

En conclusión, la Sala encuentra demostrado el perjuicio a la alteración grave a las condiciones de existencia por cuanto el hecho de encontrarse privado de la libertad evidentemente alteró su entorno en relación con su esposa, hijos y modificó los aspectos externos de su vida familiar.

Así las cosas, la Sala reconocerá dicho perjuicio en la cuantía equivalente a 50 SMLMV para el señor Acasio Hinestroza Cossio y 20 SMLMV para su esposa y cada uno de sus hijos.

2.5.3. Perjuicios materiales.

— Daño emergente.

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados en la modalidad de daño emergente, el señor Acasio Hinestroza Cossio solicitó que se condenara al pago de las sumas de dinero que se vio obligado a cancelar a su abogado con ocasión de la investigación penal promovida en su contra, así como la cantidad de $ 80.000, por concepto de la caución prendaria que el señor Acasio Hinestroza Cossio tuvo que cancelar para obtener el beneficio de libertad provisional.

Respecto a la caución prendaria, la Sala advierte que mediante providencia de fecha 4 de diciembre de 2006, proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Chocó, se revocó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva proferida en su contra y, en consecuencia, se ordenó la devolución de la caución preventiva fijada, por lo cual no hay lugar a reconocer rubro alguno por dicho concepto.

Con el fin de acreditar los gastos asumidos por el sindicado por concepto de honorarios de abogado se aportaron en original, dos recibos de fechas 17 de septiembre de 1996 y mayo 20 de 1997, por valor de $ 400.000 cada uno, por concepto de “[d]efensa al señor Acasio Hinestroza Cossio, en un asunto de carácter penal”. El documento anterior fue aportado en original con la demanda por la parte actora y el Tribunal Administrativo del Chocó ordenó tenerlo como prueba mediante auto proferido el 8 de marzo de 1999 (fl. 117, cdno. 1), sin que el mismo hubiere sido tachado de falso por la entidad demandada, razón por la cual el documento en mención resulta suficiente para acreditar el desembolso efectivo de la suma de $ 800.000 por dicho concepto.

Con fundamento en lo anterior, la Sala reconocerá la indemnización correspondiente a $ 800.000, suma que será actualizada a la fecha de esta sentencia, así:

 

SENT19958 CE FOR 1.JPG
 

 

SENT19958 CE FOR 2.JPG
 

Total perjuicios por daño emergente: Dos millones ciento ochenta y seis mil doscientos cuarenta pesos ($ 2.186.240).

 

— Lucro cesante.

En cuanto a los referidos perjuicios materiales cuya indemnización se deprecó en la demanda a favor del actor, no habrá reconocimiento, toda vez que al interior del plenario no reposa prueba alguna demostrativa de tales perjuicios, en tanto el señor Acasio Hinestroza Cossio no acreditó una relación causa-efecto entre la aludida medida cautelar y los perjuicios que dice haber padecido, concretamente la ruptura de su vínculo laboral supuestamente derivada de su vinculación al proceso penal, circunstancia que no se encontró demostrada. En efecto, tan solo obra la declaración rendida en este proceso por el señor Marco Tobías Cuesta Moreno en la cual informa que el actor habría sido despedido de su empleo; sin embargo, no indicó cuál específicamente era su cargo, ni mucho menos su empleador; además, tampoco supo precisar la incidencia del proceso penal en el despido del cargo que habría ocupado el actor (fls. 119 a 120, cdno. 1), todo lo cual lleva a la Sala a concluir que dicho perjuicio reclamado no se demostró, por lo cual habrá de denegarse.

2.6. Condena en costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 7 de septiembre de 2000.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Dirección ejecutiva de administración judicial por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación - Dirección ejecutiva de administración judicial, a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. A título de daño emergente para el señor Acasio Hinestroza, la suma de dos millones ciento ochenta y seis mil doscientos cuarenta pesos ($ 2.186.240).

3.2. Por daño a la alteración grave de las condiciones de existencia, el equivalente en pesos de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia a favor del señor Acasio Hinestroza Cossio y 20 SMLMV para los señores Jever Hinestroza García, Gladys Esther Hinestroza Ortiz, Jasser Enrique Hinestroza Andrade, Alberth y Jeny Hinestroza Cuesta y Carmelina Cuesta Bermúdez, en su calidad de hijos y cónyuge de la víctima directa.

3.3. Por daño moral, el equivalente en pesos de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia a favor del señor Acasio Hinestroza Cossio y 15 SMLMV para los señores Jever Hinestroza García, Gladys Esther Hinestroza Ortiz, Jasser Enrique Hinestroza Andrade, Alberth y Jeny Hinestroza Cuesta y Carmelina Cuesta Bermúdez, en su calidad de hijos y cónyuge de la víctima directa.

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el 8 de julio del 2009, Exp. 17.517, del 23 de abril de 2008, Exp. 17.534 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, Expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, Expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras.

(3) Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente: 13.168.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, Expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(5) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, Expediente 9734.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, Expediente 8.666.

(9) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, Expediente 10.056.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, Expediente 10.229.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2.002, Expediente 13.606.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601. En similar dirección, la Sala ha afirmado: “No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601. En línea similar también puede verse: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de enero de 2001, Expediente 11.413.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Radicación: 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación - Rama Judicial.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168.

“No escapa a la Sala que unos son los requisitos que el orden jurídico establece que deben constatarse para que la autoridad competente pueda disponer, ajustándose a derecho, la privación de la libertad de las personas, y otras diversas son las exigencias cuya concurrencia se precisa para que resulte jurídicamente procedente condenarlas mediante sentencia penal. De hecho, puede ocurrir que en un caso concreto hayan estado dados los requisitos para proferir una medida de aseguramiento que afecte la libertad personal del sindicado, sin que finalmente —en el mismo supuesto fáctico— se reúna la totalidad de presupuestos de una condena, situación que, a juicio de la Sala, es la que ha tenido lugar en el sub lite.

“Y es que de acuerdo con lo preceptuado por el antes citado artículo 388 del Código de Procedimiento Penal, podía imponerse la medida de aseguramiento de detención preventiva cuando obrare, en contra del sindicado, un indicio grave de responsabilidad. Era posible, entonces, que se ordenare la detención preventiva de una persona, con pleno acatamiento de las exigencias legales y, no obstante, concluirse con posterioridad, en el curso del proceso y atendiendo a otros elementos de prueba, que se daba alguna de las hipótesis previstas por el artículo 414 del mismo código —esto es, que el hecho no existió, no era constitutivo de delito, o el acusado no lo había cometido— o, simplemente, que no pudo desvirtuarse con toda certeza la presunción de inocencia que protege al ciudadano, razón por la cual la duda debía resolverse en su favor y se imponía el fallo absolutorio.

“Se estaría, en estos casos, ante la necesidad de diferenciar entre una decisión legal —la que ordena la detención preventiva— pero que a la postre se revela equivocada, pues si bien se trata de una situación en que la ley autoriza, con el propósito de proteger a la colectividad y garantizar el cumplimiento de una sentencia eventualmente condenatoria, la vulneración del derecho fundamental a la libertad aunque no se encuentre demostrada la responsabilidad del sindicado, cuando esta demostración termina por no producirse y la decisión, por el contrario, es absolutoria, el yerro en que se incurre salta a la vista y debe, entonces, pasar a analizarse si se ha producido un daño antijurídico.

“Esta corporación ha sostenido que a los asociados corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación. Sin embargo, ahora la Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

“Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas. (...).

“Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En ese orden de ideas, no pocas veces se ha concluido que constituye daño antijurídico aquel que se experimenta en el ámbito puramente material, por vía de ejemplo, cuando se devalúa un bien inmueble por la proximidad de un puente vehicular que ha sido construido y puesto en funcionamiento para el bienestar de toda la colectividad.

“No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad —como en el presente caso— durante cerca de dos años y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar dos años en prisión y que sea posible aducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de administración de justicia del Estado.

“Considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta administración de justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi (...).

“5. De la distinción entre los supuestos en que se absuelve al imputado por inexistencia de pruebas y aquellos casos en que la exoneración de responsabilidad penal se deriva de la aplicación, en su favor, del beneficio de la duda.

“La Sala observa que en el presente caso, lejos de haber recuperado el sindicado su libertad porque no existiese elemento alguno demostrativo que obrara en su contra, le benefició que la valoración del acervo probatorio ofreciera serias dudas que debieron ser resueltas en su favor, comoquiera que no pudo ser desvirtuada la presunción de inocencia que le amparaba. De manera tal que, en el sub judice, si bien no se ha configurado cabalmente uno solo de los supuestos contenidos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, entonces vigente, ello obedeció precisamente al hecho de que la administración de justicia ora no desplegó, ora no pudo llevar a buen término los esfuerzos probatorios que pudieran haber conducido a demostrar, en relación con el punible de cuya comisión se inculpaba al aquí demandante, que “el sindicado no lo cometió”.

“No obstante, en pretérita ocasión la Sala ha procurado deslindar dos situaciones de diversa índole que pueden tener lugar cuando se absuelve a personas que han sido previamente sujetas a medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. Se ha sostenido, en dicha dirección, que unas son las circunstancias en las que a esa decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado —deficiencia probatoria que también afectaría la legalidad de la orden de detención preventiva—, y otras diversas las que tendrían lugar cuando la absolución deriva de la aplicación del beneficio de la duda. Así pues, frente a un evento de falta de prueba y encarcelamiento por sospecha, se sostuvo:

“«En lo que hace a los motivos por los cuales el hoy demandante obtuvo absolución respecto del cargo que por homicidio se le formuló, de las anteriores providencias se extrae que la razón fundamental por la cual se produjo dicha decisión se contrajo a la falta de prueba que permitiera incriminar a dicho sujeto procesal. Analizado el contenido de la valoración probatoria allegada al presente proceso se observa, que (...) ninguna prueba que lo incriminara directamente como autor material de dicho delito. Por el contrario, se constató, la inexistencia en toda la investigación de prueba directa que incriminara a los acusados.

“En este orden de ideas y sin mayores análisis de la propia percepción probatoria inequívocamente expresada por el juzgador penal, se echa de menos la justificación para la privación de la libertad del hoy demandante, pues del contenido de la providencia de primera instancia se concluye que lejos de la existencia de indicio de responsabilidad, el hoy demandante fue vinculado al proceso sobre la base de un testimonio del cual no surgía ni por asomo el indicio requerido a más de que adoleció de notorias deficiencias como acaba de verse.

“Y se dice que no se comparten dichas apreciaciones, base de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, toda vez que, como se ha observado, antes que duda, lo que se evidenció durante la investigación, fue ausencia total de prueba incriminatoria para el hoy demandante. (...) De lo dicho se tiene, que una de las razones por las cuales no se logró dentro de la investigación penal una prueba adecuada de la responsabilidad de los implicados, fue en palabras del propio juez, la pasividad por parte de la fiscalía en dicha labor, circunstancia que justifica aún más la condena que habrá de imponerse, habida consideración de que la acción punitiva del Estado cuya titularidad ostenta impele a este a adelantar las labores convenientes en materia probatoria que permitan el esclarecimiento de la verdad real.

“Lo que no puede aceptarse de ninguna manera es que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función, depende el buen éxito de la investigación, y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento.

“La Sala no pasa por alto la afirmación contenida en la providencia del Tribunal Nacional que hizo suya el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de que la conducta de los implicados no aparecería limpia de toda ‘sospecha’, pues entiende, que frente a la legislación procesal penal colombiana, la sospecha no existe y mucho menos justifica la privación de la libertad de una persona.

Se observa sí que teniendo presente que la responsabilidad derivada de privación injusta de la libertad es de carácter objetivo, es a la parte demandada, para el caso la Nación - Ministerio de Justicia, a quien correspondía adelantar la labor probatoria que apuntara al acreditamiento de una eventual causal de exoneración, conducta que echa de menos esta corporación, pues ha de repararse en que cuando se le endilga a la Nación la privación de la libertad de una persona, es ella la llamada a acreditar las causales de exoneración» (resaltado y subrayas fuera del texto original).

“En el pronunciamiento que se acaba de referir, entonces, la responsabilidad del Estado se derivó de la inexistencia de probanza alguna en contra del imputado. Sin embargo, en la misma sentencia, la Sala razonó en torno al otro supuesto al que aquí se ha aludido, esto es, aquel en el cual la absolución se impone como consecuencia de la aplicación del “in dubio pro reo”, en los siguientes términos:

“«En lo que hace a la aplicación en el proceso penal que originó el presente asunto del principio in dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolución es consecuencia de dicha aplicación, cree la Sala que, tal como se manifestó anteriormente, no se trató de duda sino más bien de falta de prueba incriminatoria. Sin embargo aunque se tratase de dicha hipótesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicación de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuación estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneración del Estado por la privación injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normativa penal, están los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria.

La duda, en materia penal, se traduce en absolución y es esta precisamente a la luz del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal la base para el derecho a la reparación. Ya tiene mucho el sindicado con que los jueces que lo investigaron lo califiquen de ‘sospechoso’ y además se diga que fue la duda lo que permitió su absolución, como para que esta sea la razón, que justifique la exoneración del derecho que asiste a quien es privado de la libertad de manera injusta.

“Entiéndase que lo injusto se opone al valor justicia, por lo cual perfectamente puede sostenerse que en punto del derecho fundamental de la libertad de las personas, la necesaria protección que ha de brindarse al sindicado, no puede caer en el vacío mediante un mal entendimiento y utilización de las medidas de aseguramiento.

“Ante todo la garantía constitucional del derecho a la libertad y por supuesto, la aplicación cabal del principio de inocencia. La duda es un aspecto eminentemente técnico que atañe a la aplicación, por defecto de prueba, del principio in dubio pro reo. Pero lo que sí debe quedar claro en el presente asunto es que ni la sospecha ni la duda justifican en un Estado social de derecho la privación de las personas, pues se reitera, por encima de estos aspectos aparece la filosofía garantística del proceso penal que ha de prevalecer. Aquí, como se ha observado, sobre la base de una duda o de una mal llamada sospecha que encontrarían soporte en un testimonio desacreditado, se mantuvo privado de la libertad por espacio de más de tres años al demandante, para final pero justicieramente otorgársele la libertad previa absolución» (resaltado y cursiva fuera del texto original).

“La Sala reitera, en el presente caso, los razonamientos que se efectuaran en el pronunciamiento en cita. Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían —probablemente— conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título —ex post— a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente”.

En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre ocho (8) de dos mil siete (2007); Expediente: 520012331000199607870 01; Radicado: 16.057; Actor: Segundo Nelson Chaves Martínez; Demandado: Fiscalía General de la Nación. En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al derecho comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica. Recientemente, la Sala reiteró los argumentos en mención en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, Expediente: 25.508.

(16) Sobre el punto, véase De Asís Roig, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; Rodríguez-Toubes Muñiz, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

(17) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introducción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, p. 375.

(18) Se toma la cita de la trascripción que del texto de la declaración efectúa Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., p. 139.

(19) En similares términos puede consultarse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517, 25 de febrero del 2009, Exp. 25.508 y del 15 de abril del 2010, Exp. 18.284, entre otras.

(20) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-301 de 1993; Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-301 de 1993, Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Actor: Pedro Pablo Camargo.

(21) Sentencia C-395 de 8 de septiembre de 1994, Ponente: Carlos Gaviria Díaz Actor: Mario Nicolás Cadavid y otro.

(22) Sentencia C-689 de 5 de diciembre de 1996, Ponente: José Gregorio Hernández Galindo, Actor: María Carola Zuluaga.

(23) Sentencia C-634 de 31 de mayo de 2000, Actor: Luis Gonzalo Peña y otro, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

(24) Ibídem.

(25) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril del 2010, Expediente 18.960, M.P. Enrique Gil Botero.

(26) “toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”.

(27) “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él ...”.

(28) “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

“2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.

(29) De acuerdo con el Código Civil el domicilio es un atributo de la personalidad (C.C., art. 76) que consiste la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.

(30) Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(31) En Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 31 de agosto de 2004, Caso Ricardo Canese v. Paraguay.

(32) En términos similares pude consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(33) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(35) Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(37) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, p. 98.

(38) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 78.

(39) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 252.

(40) Paillet Michel. La responsabilidad administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p. 278.

(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2011, Expediente 17.396, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(42) Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, Expediente 16.407.

(43) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 17 de agosto de 2000, Exp. 12.123, Consejero Ponente: Alier Hernández y del 22 de noviembre de 2001, Exp. 13.121, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos, entre otras.