Sentencia 1998-00386 de febrero 21 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 76001-23-31-000-1998-00386-01(25458)

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Avelina Ordóñez Bonilla y otros

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Asunto: Acción de de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de 7 de febrero de 2003, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

2. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda a los perjuicios morales excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia.

3. El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por los demandantes en el recurso de apelación, específicamente en lo que tiene que ver con la legitimación en la causa por activa. Y como la sentencia sólo es apelada por la parte demandante, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de tal manera que el recurso se entiende interpuesto respecto a lo desfavorable al apelante y respetando el principio de congruencia.

4. El a quo en la sentencia de instancia encontró que los demandantes no acreditaron la calidad con la que actuaban respecto al lesionado, así como no probó el parentesco de los mismos con Epifanio Caicedo Rodríguez.

5 En tanto que la parte actora, en su apelación, afirmó que el a quo en el momento procesal de la admisión de la demanda, o cuando se ordenó su corrección, debió haber indicado la necesidad de aportar los registros civiles y los elementos que permitieran acreditar la calidad y parentesco de los demandantes con el lesionado, y como esto no se produjo entendió que el a quo tuvo por reconocido el parentesco.

6. La Sala entiende, como su precedente lo señala, que la calidad de damnificado y el parentesco son elementos sustanciales al momento de reclamar la indemnización cuando se trata de imputar la responsabilidad del Estado, por lo que encuentra necesario precisar varias cuestiones en relación con la legitimación en la causa. La doctrina procesal señala,

“Sabemos que por lo general es en la sentencia cuando el Juez estudia la legitimación en la causa.

“Sin embargo, en ocasiones el juez tiene el deber de examinarla para la admisión de la demanda, y ello ocurre por lo común cuando debe pronunciarse sobre el fondo de lo pedido, en el mismo auto admisorio de la demanda o posteriormente, pero sin debate probatorio previo. Tal caso ocurre en el juicio ejecutivo, inclusive para las tercerías, en el de mejora de la hipoteca o reposición de la prenda o exigibilidad de la obligación no vencida, en el de quiebra o concurso de acreedores, en el de sucesión por causa de muerte, y cuando no hay oposición del demandado, en los juicios de lanzamiento del arrendatario o restitución al arrendador, separación de bienes, alimentos, expropiaciones, deslinde y amojonamiento, servidumbres, posesorios, cesión de bienes, pactos accesorios de la compraventa, rendición de cuentas, controversias entre condueños, divisorios, venta de cosa hipotecada o dada en prenda, prestación o relevo de fianza y otorgamiento de otras cauciones.

“Otras veces existe etapa probatoria, pero la admisión de la demanda está condicionada no solamente a que se cumplan los presupuestos procesales de la acción previos del juicio —como sucede en todos los juicios— sino además a que aparezca la prueba de la debida legitimación del demandante y su interés para obrar. Así ocurre en los juicios de jurisdicción voluntaria, como los de interdicción, nombramiento de curadores, licencias para enajenar bienes de incapaces, y en algunos contenciosos, como el de autorización para que el hecho debido se ejecute por persona distinta del deudor y a sus expensas o por el mismo deudor si se trata de otorgar un documento, el de pago por consignación, el de reducción de la hipoteca o de la pena estipulada y fijación de intereses y en los asuntos varios en que el juez resuelve con conocimiento de causa o breve y sumariamente o con prudente juicio, de acuerdo con el título XLV del Código de Procedimiento Civil.

“Es decir en los juicios especiales se examina siempre la legitimación en la causa y el interés para obrar del demandante y del demandado si lo hay, para la admisión de la demanda, conforme a nuestro Código. Sin duda, esto es un acierto, pues así se evitan procesos inútiles y pérdida de dinero al Estado y a las partes, y de tiempo a estas y a los jueces.

“En los ordinarios, en cambio, el juez admite la demanda si esta reúne los presupuestos procesales de la acción y previos del juicio, sin examinar las condiciones de legitimación en la causa e interés para obrar, y esto por la infortunada ausencia de norma legal que lo autorice para hacerlo. Pero se permite proponer como impedimento procesal (excepción dilatoria según nuestro Código) la carencia de cualquiera de esas dos condiciones sustanciales o de ambas, en el demandado. Conforme al artículo 333, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil, norma que no ha sido utilizada por la jurisprudencia en forma alguna y que para nosotros tiene esa importantísima misión. Recuérdese que en España Fairen Guillern sostiene que la legitimación en la causa es una condición para la admisión de la demanda. Así se evitan sentencias contradictorias y los demás problemas que surgen del hecho de no constituir cosa juzgada la sentencia inhibitoria que declare improcedente la demanda por ausencia de uno de estos dos requisitos para la decisión de fondo o de mérito”(1).

Luego, la legitimación en la causa se entiende como la “posición sustancial” que tiene el sujeto procesal “en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exoneran de las segundas”(2). La legitimación en la causa, por lo tanto, permite reconocer al sujeto autorizado para intervenir en el proceso, formulando u oponiéndose a las pretensiones de la demanda (dependiendo de la calidad de sujeto activo o pasivo frente a la relación jurídica). Así mismo, la legitimación en la causa es una cuestión de mérito y no un presupuesto procesal.

Para la Sala, el a quo planteó la falta de legitimación en la causa por activa desde la perspectiva material, en relación con la cual el precedente señala,

“La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado; el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”(3).

Dicho precedente tuvo continuidad en la jurisprudencia de la Sala, pero agregándose la necesidad de distinguir entre legitimación en la causa y prueba del parentesco, ya que el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo cuando establece la acción de reparación,

“... otorga el derecho de acción a la persona interesada y no condiciona su ejercicio a la demostración con la presentación de la demanda, de su real interés porque este es objeto de probanza en juicio. No se puede confundir la prueba del estado civil con la de la legitimación material en la causa. Cuando la jurisprudencia partió de la prueba del estado civil para deducir, judicialmente, que una persona está legitimada materialmente por activa, lo ha hecho porque infiere o deduce de la prueba del estado civil el estado de damnificado del demandante, porque con la prueba del estado civil se puede colegir el dolor moral, hay veces. Por ello cuando el demandante no acredita el parentesco - relación jurídica civil - el juzgador no puede inferir el dolor, en ciertas oportunidades, y por consiguiente es indispensable demostrarlo y comprobándolo prueba el estado de damnificado y a su vez la legitimación material en la causa —situación jurídica de hecho—. Entonces puede concluirse que con la demostración del estado civil se infiere el daño (presunción de damnificado) y probando el daño se demuestra el estado de damnificado”(4).

No obstante, advierte la Sala que conforme a su precedente debe tenerse en cuenta que en,

“... un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra. En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de “... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(5).

Con base en lo anterior, encuentra la Sala que los argumentos del apelante no pueden admitirse ya que se tiene consolidado el precedente según el cual cabe distinguir entre la condición o calidad de “damnificado” alegada en la demanda (legitimación de hecho, como lo consagra el CCA, art. 86), como interés mínimo y suficiente para el ejercicio de la acción, la cual debe proponerse al inicio del juicio contencioso administrativo, del presupuesto indispensable para que haya lugar en la sentencia a acceder a las pretensiones —legitimación material—, la que necesariamente exige la prueba suficiente y efectiva de la condición de damnificado “que le permitirá a quien demandó obtener, con la satisfacción de otros supuestos, la favorabilidad de las pretensiones. Puede ocurrir entonces que la afirmación de hecho en la demanda y a términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, de que la parte demandante se crea “interesada” (legitimación de hecho en la causa) no resulte cierta en el proceso, y por lo tanto no demuestre su legitimación material en la causa”(6).

Luego, se aprecia que la legitimación en la causa, en nuestro caso por activa, es presupuesto necesario para la obtención de sentencia favorable a las súplicas que se presentaron con la demanda, significando en su extremo activo que existe en la persona (s) del demandante (s) la titularidad del interés jurídico a debatir en el proceso(7).

Conforme con los anteriores precedentes, la Sala encuentra que los demandantes simplemente alegaron en la demanda la calidad de damnificados, pero no demostraron suficientemente la misma, ni su parentesco con el lesionado, por ejemplo, estableciendo con el medio probatorio adecuado si conformaban una familia con el señor Caicedo Rodríguez, bien sea por unión libre o legítima, si quienes invocaron la calidad de hijos lo son con base en los respectivos registros civiles de nacimiento, o si Avelina Ordóñez Bonilla tenía la condición de compañera permanente. Por lo tanto, además de no acreditarse el parentesco, tampoco se demuestra el interés jurídico y la calidad de damnificados de los demandantes con relación al lesionado, lo que lleva a carecer de prueba de la condición en la que se pretenden las indemnizaciones, lo que materializa la ausencia del elemento de la legitimación material en la causa, llevando a denegar las súplicas de la demanda.

La Sala reitera, según su precedente, que la legitimación en la causa por activa se entiende como “la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo”(8). En ese sentido, le asiste razón al a quo al manifestar la existencia de falta de legitimación en la causa por activa, ya que los demandantes estaban obligados a probar el interés o calidad de damnificados en relación con la víctima y la controversia litigiosa en concreto lo que no quedó esclarecido en todo el proceso, pese a que en la apelación se haya afirmado que esto debía haberse advertido en el auto admisorio de la demanda, ya que no se trata de un elemento para el ejercicio de la acción de reparación, sino que lo es para establecer si existe la calidad y el interés jurídico con base en el cual se determinará si se accede en la sentencia a las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMESE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de 7 de febrero de 2003.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

(1) Devis Echandia, Hernando. Tratado de derecho procesal civil, T. I., págs. 575 a 577.

(2) Sentencia de 23 de abril de 2008, Exp. 16271.

(3) Sentencia de 11 de noviembre de 2009. Exp.18163.

(4) Sentencia de 27 de noviembre de 2002. Exp.13090.

(5) Sentencia de 4 de febrero de 2010. Exp.17720.

(6) Sentencia de 10 de agosto de 2005. Exp.13444.

(7) Sentencia de 26 de octubre de 1993. Exp.7793.

(8) Sentencia de 13 de febrero de 1996. Exp.11213.