Sentencia 1998-00389 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 440012331000-1998-00389 01 (25294)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: José Omar Parodi Arias y otros.

Demandados: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-Incora.

Naturaleza: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Competencia.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, es competente para conocer, en segunda instancia, de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, que interpongan los sujetos afectados, contra actos administrativos preferidos por autoridades, siempre que su cuantía lo permita, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado.

Dentro del presente asunto, la pretensión mayor es aquella referida a la cancelación de los registros correspondientes a las resoluciones que adjudicaron los diferentes predios que, según los actores, son de propiedad privada. En el texto de la demanda se señaló como valor comercial de dichos inmuebles la suma de $ 196.000.000, de la cual corresponden $ 32.666.666 a cada uno de las 6 personas que figuran como demandantes.

Así las cosas, esta Subsección es competente para el conocimiento del presente asunto, pues para la fecha de presentación de la demanda(25) la cuantía mínima exigida para el efecto ascendía a $ 18.850.000.

2. Objeto del recurso de apelación.

La alzada interpuesta por la parte actora busca que se revoque la decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos: i) la decisión de primera instancia no debió producirse sin antes haberse practicado la inspección judicial decretada en primera instancia; ii) la inoponibilidad e inejecutabilidad de los actos demandados, surgida como consecuencia de la falta de publicación de los mismos en el correspondiente Diario Oficial, hizo imposible el cálculo del término de caducidad. En consecuencia no podía declararse la caducidad de la acción respecto de aquellas personas que se presentaron al proceso en calidad de coadyuvantes; iii) Los inmuebles adjudicados por el Incora por medio de las resoluciones 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 del 25 de septiembre de 1996 no eran bienes baldíos y, por tanto, la entidad se excedió en el ejercicio de sus competencias al expedir dichos actos; iv) tales actos administrativos fueron expedidos con violación del derecho de audiencia y de defensa.

Con relación al primero de los aspectos señalados, la Sala considera innecesaria su discusión, teniendo en cuenta que por medio del auto proferido el 13 de junio de 2002(26) el Tribunal Administrativo de La Guajira decidió abstenerse de la práctica de la inspección judicial decretada dentro del auto que dio apertura a la etapa probatoria y que dicha decisión fue confirmada al resolverse el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de los señores Lamberto, Edgardo, Ángela, Elena y Marlene García Parodi, decisión que se encuentra debidamente ejecutoriada. Igualmente la subsección recuerda que dentro de este último proveído se decretó un dictamen pericial con los mismos fines que esperaba cumplir la inspección judicial(27) y que la práctica de dicho dictamen fue ordenada por esta corporación mediante auto del 11 de febrero de 2004(28).

Respecto del segundo de los puntos arriba referidos, esto es, la caducidad de la acción, esta Sala no emitirá pronunciamiento alguno, pues la decisión que en tal sentido profirió el a quo en la sentencia de primera instancia fue objeto del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los señores Lamberto, Edgardo, Ángela, Elena y Marlene García Parodi, recurso que no fue sustentado en tiempo; por lo que, fue declarado desierto y la decisión se encuentra ejecutoriada.

Así las cosas, la subsección se pronunciará respecto de los demás asuntos descritos con anterioridad.

3. Hechos probados.

Con fundamento en el material probatorio recaudado a lo largo del proceso, la Sala tendrá por acreditados los siguientes hechos:

a) En relación con a la adjudicación de los bienes inmuebles realizada por el Incora por medio de las resoluciones 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 del 25 de septiembre de 1996, se tendrá como probado lo siguiente:

a) Que por medio de la Resolución 71 del 25 de septiembre de 1996 el predio conocido con el nombre de “El Lirio”, cuya extensión corresponde a 55 hectáreas 5.670 metros cuadrados, le fue adjudicado al señor Luis Rafael Acosta Acosta(29). La solicitud que para el efecto elevó el señor Acosta Acosta fue presentada el 3 de julio de 1996(30) y fue admitida el día 5 de los mismos mes y año para dar inicio al correspondiente trámite de adjudicación(31). Tras enviar comunicaciones a algunos de los colindantes con el predio a adjudicar y fijar los correspondientes avisos por el término de 5 días(32), se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular el día 11 de septiembre de 1996, dentro de la cual no se presentó objeción alguna por parte de terceros(33).

b) Que por medio de la Resolución 72 del 25 de septiembre de 1996 el predio conocido con el nombre de “El Retoño”, cuya extensión corresponde a 55 hectáreas 3.397 metros cuadrados, le fue adjudicado al señor Juan Carlos Lora Lentino(34). La solicitud que para el efecto elevó el señor Lora Lentino fue presentada el 3 de julio de 1996(35) y fue admitida el día 5 de los mismos mes y año para dar inicio al correspondiente trámite de adjudicación(36). Tras enviar comunicaciones a algunos de los colindantes con el predio a adjudicar y fijar los correspondientes avisos por el término de 5 días(37), se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular el día 11 de septiembre de 1996, dentro de la cual no se presentó objeción alguna por parte de terceros(38).

c) Que por medio de la Resolución 73 del 25 de septiembre de 1996 el predio conocido con el nombre de “La Fe”, cuya extensión corresponde a 55 hectáreas 3.532 metros cuadrados, le fue adjudicado a la señora María Claudia Daza Cerchar(39). La solicitud que para el efecto elevó la señora Daza Cerchar fue presentada el 2 de julio de 1996(40) y fue admitida el día 5 de los mismos mes y año para dar inicio al correspondiente trámite de adjudicación(41). Tras enviar comunicaciones a algunos de los colindantes con el predio a adjudicar y fijar los correspondientes avisos por el término de 5 días(42), se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular el día 10 de septiembre de 1996, dentro de la cual no se presentó objeción alguna por parte de terceros(43).

d) Que por medio de la Resolución 74 del 25 de septiembre de 1996 el predio conocido con el nombre de “Mi Fortuna”, cuya extensión corresponde a 55 hectáreas 3.539 metros cuadrados, le fue adjudicado a la señora María Alejandra Gómez Carrillo(44). La solicitud que para el efecto elevó la señora Gómez Carrillo fue presentada el 3 de julio de 1996(45) y fue admitida el día 5 de los mismos mes y año para dar inicio al correspondiente trámite de adjudicación(46). Tras enviar comunicaciones a algunos de los colindantes con el predio a adjudicar y fijar los correspondientes avisos por el término de 5 días(47), se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular el día 11 de septiembre de 1996, dentro de la cual no se presentó objeción alguna por parte de terceros(48).

e) Que por medio de la Resolución 75 del 25 de septiembre de 1996 el predio conocido con el nombre de “Las Margaritas”, cuya extensión corresponde a 55 hectáreas 3.650 metros cuadrados, le fue adjudicado al señor Alejandro Gómez Gómez(49). La solicitud que para el efecto elevó la señora Gómez Carrillo fue presentada el 2 de julio de 1996(50) y fue admitida el día 5 de los mismos mes y año para dar inicio al correspondiente trámite de adjudicación(51). Tras enviar comunicaciones a algunos de los colindantes con el predio a adjudicar y fijar los correspondientes avisos por el término de 5 días(52), se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular el día 11 de septiembre de 1996, dentro de la cual no se presentó objeción alguna por parte de terceros(53).

f) Que por medio de la Resolución 76 del 25 de septiembre de 1996 el predio conocido con el nombre de “La Necesidad”, cuya extensión corresponde a 55 hectáreas 3.994 metros cuadrados, le fue adjudicado a la señora María Antonia Gómez Carrillo(54). La solicitud que para el efecto elevó la señora Gómez Carrillo fue presentada el 3 de julio de 1996(55) y fue admitida el día 5 de los mismos mes y año para dar inicio al correspondiente trámite de adjudicación(56). Tras enviar comunicaciones a algunos de los colindantes con el predio a adjudicar y fijar los correspondientes avisos por el término de 5 días(57), se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular el día 11 de septiembre de 1996, dentro de la cual no se presentó objeción alguna por parte de terceros(58).

g) Que por medio de la Resolución 77 del 25 de septiembre de 1996 el predio conocido con el nombre de “Palo Quemao”, cuya extensión corresponde a 55 hectáreas 3.761 metros cuadrados, le fue adjudicado a la señora Moira Gómez de Gómez(59). La solicitud que para el efecto elevó la señora Gómez de Gómez fue presentada el 2 de julio de 1996(60) y fue admitida el día 5 de los mismos mes y año para dar inicio al correspondiente trámite de adjudicación(61). Tras enviar comunicaciones a algunos de los colindantes con el predio a adjudicar y fijar los correspondientes avisos por el término de 5 días(62), se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular el día 10 de septiembre de 1996, dentro de la cual no se presentó objeción alguna por parte de terceros(63).

h) Que por medio de la Resolución 78 del 25 de septiembre de 1996 el predio conocido con el nombre de “Las Marías”, cuya extensión corresponde a 55 hectáreas 3.761 metros cuadrados, le fue adjudicado a la señora Maribeth Gómez Carrillo(64). La solicitud que para el efecto elevó la señora Gómez Carrillo fue presentada el 2 de julio de 1996(65) y fue admitida el día 5 de los mismos mes y año para dar inicio al correspondiente trámite de adjudicación(66). Tras enviar comunicaciones a algunos de los colindantes con el predio a adjudicar y fijar los correspondientes avisos por el término de 5 días(67), se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular el día 11 de septiembre de 1996, dentro de la cual no se presentó objeción alguna por parte de terceros(68).

b) Respecto del hecho de que los predios adjudicados por el Incora por medio de los actos demandados corresponden a una parte de un inmueble de mayor extensión cuya propiedad alegan los actores, se tiene por probado que los predios adjudicados por las resoluciones 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 del 25 de septiembre de 1996 hacen parte del predio identificado como “Hato de la Huerta o Vuelta”(69).

c) En relación a la propiedad del globo denominado “Hato de la Huerta o Vuelta” se probó que los señores José Trinidad Parodi, Vicente Parodi y María M. Parodi de García ostentaban parcialmente la propiedad de dicho inmueble, por habérseles adjudicado una cuota del mismo a cada uno de ellos dentro del proceso de sucesión adelantado tras la muerte de la señora Elena Ovalle de Parodi, conforme lo acreditan los diversos certificados expedidos por la Oficina de Registros Públicos de Riohacha(70).

d) Se probó que los demandantes (Jacobo José Parodi Mendivil(71), David Parodi Arias(72), Hernán Parodi Arias(73), Maritza Consuelo Parodi Arias(74), José Omar Parodi Arias(75) y Clara Luz Parodi Linero(76)) son hijos del señor José Trinidad Parodi, quien falleció el 5 de junio de 1982(77).

e) Igualmente, se acreditó que la señora Indira Rosa Granadillo Rosado, quien se presentó al proceso en calidad de coadyuvante, es nieta de Vicente Marciano Parodi Ovalle(78).

4. Naturaleza de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y presupuestos procesales para su ejercicio.

Dentro de aquellas acciones dispuestas en el Código Contencioso Administrativo y que la doctrina agrupa dentro del contencioso subjetivo(79) se encuentra la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista por el artículo 85 de dicho cuerpo normativo en los siguientes términos:

“ART. 85.—Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”.

Como se extrae del contenido de la disposición citada, el mecanismo procesal al que se hace referencia tiene por vocación permitir a quienes se consideren perjudicados y disminuidos de manera injusta en sus derechos subjetivos con motivo de la expedición de un acto administrativo viciado de nulidad, por las causas que para el efecto ha dispuesto el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con las normas que resulten adecuadas frente a la materia y a las circunstancias de expedición del acto, obtener la correspondiente cesación de los efectos jurídicos de la disposición administrativa ilegítima y el restablecimiento de los derechos que le fueron conculcados durante el tiempo en que esta se encontraba en vigencia, así como la reparación de aquellas situación que por su naturaleza no pueden regresar al estado anterior a su producción.

Respecto de su naturaleza, a la acción en comento se le ha atribuido el carácter de subjetiva, individual, temporal y desistible(80), por lo que se contrapone a la acción de simple nulidad, pues esta se interpone en beneficio del interés general y es de naturaleza pública.

Igualmente, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se distingue de la acción de reparación directa dispuesta por el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto la fuente de las lesiones cuyo resarcimiento se pretende difieren en ambos casos, ya que el artículo 85 del mismo cuerpo dispone como tal la existencia de un acto administrativo viciado de nulidad, mientras que para la acción de reparación directa se dispuso como fuentes originarias del daño a reparar los hechos, omisiones, operaciones u ocupaciones de inmuebles por parte de la administración.

Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia han decantado una serie de requisitos sin los cuales la interposición de la acción bajo estudio no puede contar con ninguna vocación de prosperidad, referidos estos, no a las exigencias formales que prevé el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, sino a condiciones de tipo material, relacionadas con: i) la caducidad de la acción; ii) el agotamiento de la vía gubernativa; y iii) la capacidad jurídica y procesal con que ha de contar quien solicita la nulidad del acto y el correspondiente restablecimiento del derecho(81).

Con relación a la caducidad, se dispuso como un término general de 4 meses contados a partir de la notificación, publicación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de los términos especiales establecidos dentro de aquellos casos en los que, por ejemplo, el actor sea una entidad pública o el acto demandado sea uno de aquellos mediante los cuales se produjo la adjudicación de bienes baldíos por parte del Incora, como en el presente caso(82).

Respecto del agotamiento de la vía gubernativa, dicho requisito se encuentra establecido de manera expresa por el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo. Así:

“ART. 135.—Posibilidad de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra actos particulares. La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa.

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.”

Al referirse al contenido de la norma transcrita la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

“(...) el agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedimiento establecido por el legislador, permite que el afectado con una decisión que considera vulneratoria de sus derechos, acuda ante la misma entidad que la ha proferido para que esta tenga la oportunidad de revisar sus propios actos, de suerte que pueda, en el evento en que sea procedente, revisar, modificar, aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole así la oportunidad de enmendar sus errores y proceder al restablecimiento de los derechos del afectado, y, en ese orden de ideas, se da la posibilidad a las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para contribuir con el cumplimiento de los fines del Estado (C.P., art. 209), dentro de los cuales se encuentran entre otros los de servir a la comunidad y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º).

Por su parte, el administrado en caso de no considerar acorde con sus pretensiones el pronunciamiento de la administración una vez agotados los recursos de vía gubernativa, podrá poner en movimiento el aparato jurisdiccional mediante la presentación de la demanda ante la jurisdicción administrativa para que sea el juez el que decida finalmente sobre el derecho que se controvierte. Así, el cumplimiento de ese requisito fijado por la ley, constituye una garantía de más para que el administrado vea plenamente realizado su derecho fundamental al debido proceso.

En múltiples oportunidades tanto esta corporación como el Consejo de Estado se han pronunciado sobre la relevancia de la vía gubernativa, como mecanismo de protección a los intereses del administrado. En uno de dichos pronunciamientos, esta Corte, señaló que: “con dicha institución se le da la oportunidad a la administración de ejercer una especie de justicia interna, al otorgársele competencia para decidir, previamente a la intervención del juez sobre la pretensión del particular y lograr de este modo la composición del conflicto planteado. Por su parte, para el particular se deriva una ventaja o beneficio consistente en que puede obtener a través de la referida vía, en forma rápida y oportuna, el reconocimiento de sus derechos, sin necesidad de acudir a un largo, costoso y engorroso proceso judicial.

La vía gubernativa se constituye en un mecanismo, que muchas veces es sustituto del judicial, en la medida en que contribuye a satisfacer plenamente la pretensión del interesado y, además, es una institución que garantiza su derecho de defensa en cuanto le permite impugnar la decisión administrativa, a través de los recursos de ley”(83)(84).

De acuerdo con lo anterior, el agotamiento de la vía gubernativa se constituye en una institución en virtud de la cual quien busca la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que, siendo nulo, resulta lesivo respecto de sus derechos particulares, debe ejercitar los recursos que el ordenamiento le concede al interior del procedimiento administrativo de formación del acto antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que se pueda controvertir el acto acusado dentro de un proceso judicial sin agotar dicho procedimiento, en aquellos casos en que la conducta de la administración o el contenido mismo del acto deniegan la posibilidad de dicho ejercicio a quienes se ven afectados con la manifestación de voluntad vertida en el acto.

Por último, el requisito relacionado con la capacidad jurídica y procesal que debe asistirle a quien acude en calidad de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho también ha sido tratado por la corporación. Así:

“(...) Vale la pena resaltar, en cuanto al requisito del literal a), esto es, que el demandante tenga capacidad jurídica y procesal para actuar, que la Sala, en providencia de 1º de febrero de 2007 (Exp. 2006-01475, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), precisó lo siguiente:

“Una cosa es la capacidad para ser parte, que la tiene toda persona por el solo atributo de la personalidad jurídica, es decir, por el solo hecho de ser persona y otra, la capacidad para comparecer en juicio por sí misma. La capacidad para ser parte lo habilita para ser sujeto de una relación procesal como demandante, demandado, interviniente; por consiguiente, toda persona natural o jurídica, de derecho privado o público, tiene capacidad para ser parte en el proceso. Para que la concurrencia de la parte en el proceso sea válida y sus actos produzcan efectos procesales, además de tener esa capacidad de goce, debe actuar dentro del proceso con los requisitos adjetivos que legitiman su actuación y que le da la denominada legitimatio ad procesum (Palacio Hincapié, Juan Ángel. Derecho procesal administrativo. 4ª. Edición, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., pág. 173)” (resaltado fuera del texto).

Pues bien, de lo anterior se colige que en el caso que ocupa la atención de la Sala no es viable la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por faltar uno de los elementos fundamentales de ésta, es decir, la legitimación en la causa por activa (...)”.

Conforme a lo anteriormente citado, dicho presupuesto procesal comporta en sí mismo la noción de legitimación en la causa por activa, la cual se encuentra íntimamente ligada al carácter subjetivo e individual de la acción bajo estudio.

En sentido amplio, la jurisprudencia constitucional ha definido la legitimación en la causa como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(85), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, el juez no puede adoptar una decisión favorable a las pretensiones o a las excepciones de la demanda, según se trate del demandante o del demandado(86).

Lo anterior se ratifica en el precedente de la Sala, según el cual:

“La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista”(87).

La Sala(88) ha explicado en múltiples oportunidades que en los juicios ordinarios existe legitimación en la causa de hecho y legitimación en la causa material, de modo que, la legitimación de hecho se entabla con la relación procesal entre el demandante y el demandado a través de las pretensiones, es decir, tal relación tiene origen en la demanda y en su notificación personal al demandado; y por su parte, la legitimación material se refiere a la participación real en el hecho que origina la presentación de la demanda, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio(89).

De lo anterior se colige claramente que “todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues solo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda”(90). En pronunciamiento reciente, se reiteró la anterior posición en los siguientes términos:

“Con lo anterior, puede suceder que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores”(91).

Por tanto, “Puede ocurrir entonces que la afirmación de hecho en la demanda y a términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, de que la parte demandante se crea “interesada” (legitimación de hecho en la causa) no resulte cierta en el proceso, y por lo tanto no demuestre su legitimación material en la causa”(92).

En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa material, entendida como la relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, la Sala encuentra que constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una u otra parte.

En este orden, es presupuesto sustancial(93) de la sentencia favorable a las pretensiones o excepciones de la demanda que exista “identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada”(94).

Asimismo, la Sala ha manifestado que la falta de legitimación en la causa material no es una excepción de fondo que se oponga a la prosperidad de las pretensiones, no obstante, la falta de prueba del derecho para formular determinadas pretensiones faculta al juez a absolver a la parte demandada, así:

“La legitimación en la causa puede ser de hecho o material, siendo la primera aquella relación que se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, mientras que la segunda, corresponde a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta última clase de legitimación, por activa o por pasiva, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido. La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado; el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se los atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”(95).

Ahora bien, la Sala procede a analizar si dentro del presente proceso se encuentran cumplidos los presupuestos a los cuales se ha hecho referencia.

5. El caso concreto.

La Sala considera que la ausencia del presupuesto de la capacidad procesal de los demandantes dentro del plenario no permite dar respuesta favorable a las pretensiones de la demanda, por cuanto se advierte una falta de legitimación material en la causa por activa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los demandantes no lograron probar en debida forma la calidad de propietarios que aducen respecto de los inmuebles adjudicados por medio de las resoluciones cuya nulidad se solicita, pues si bien probaron la calidad de propietario del señor José Trinidad Parodi Ovalle respecto del predio denominado Hato de la Vuelta o Huerta, del cual forman parte los predios adjudicados, así como su calidad de hijos de aquel, como se explicará a continuación, ello no constituye sustento probatorio de su calidad de propietarios de los inmuebles referidos.

Tratándose del derecho real de dominio, el sistema civil colombiano requiere para su perfeccionamiento la convergencia del título y el modo. Es decir, para radicar la propiedad en cabeza de alguien es necesario, en primer lugar, que exista un título, entendiendo por éste la causa que justifica la adquisición del bien y que puede estar constituida por el hecho del hombre generador de obligaciones, o la sola ley que lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa(96); y posteriormente, que dicho título se ejecute o se realice mediante el modo, que según lo previsto en el Código Civil (art. 673) puede ser la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción o usucapión y la sucesión por causa de muerte. Es entonces en virtud de estos dos fenómenos que los particulares pueden adquirir el derecho de dominio sobre las cosas(97).

En el caso de la adquisición de los bienes de la persona que fallece se está ante un hecho jurídico, la muerte, a partir de cual se deriva el derecho de dominio; pero para que este se concrete o se perfeccione, resulta necesaria la existencia del derecho de dominio en cabeza de la persona que muere, la existencia de una persona con vocación hereditaria que surge de la ley o el testamento y, finalmente, la aceptación de la herencia o legado.

En otras palabras, en el caso de la propiedad de los bienes hereditarios, el derecho real nace de la suma de dos momentos. El primero de ellos, el correspondiente a la formación del título, esto es, la ley o el testamento; y el segundo momento, el modo, que en términos del Código Civil es la sucesión por causa de muerte, es decir, la transmisión directa del de cujus al heredero(98).

Este modo de adquirir el dominio tiene como finalidad poner en cabeza del sobreviviente los bienes del sujeto fallecido, dicho de otra forma, poner en el patrimonio del causahabiente el derecho del causante. Sin embargo, la sucesión mortis causa como modo de adquirir el dominio no opera de forma instantánea, como ya se dijo, es necesario que se produzcan varios hechos: la muerte del causante, la vocación hereditaria del sujeto que le sobrevive y la aceptación de la herencia(99).

Ahora, cabe aclarar, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que si bien el inciso 4º del artículo 765 del Código Civil prescribe que las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición, tanto judiciales como extrajudiciales, cualquiera que sea el origen de la comunidad (legal o convencional) y ya se trate de una comunidad universal o singular, son títulos traslaticios, los cierto es que esta naturaleza resulta incompatible con la sucesión mortis causa como modo de adquirir el dominio y con el carácter retroactivo de la partición(100).

Así las cosas, “La sentencia de adjudicación y la partición misma extrajudicial son simples títulos declarativos de ser titulares los herederos de los bienes distribuidos, desde la fecha de la muerte del causante, en virtud de la transmisión hereditaria y del efecto retroactivo expresado”(101). En consecuencia, la inscripción en el registro público de la sentencia de adjudicación o de la escritura pública mediante la cual se aprueba la partición, no tiene finalidad traslaticia, pues los bienes han sido adquiridos mediante la sucesión por causa de muerte. No obstante, dicha inscripción puede cumplir otros fines, como por ejemplo, cancelar las inscripciones del difunto y publicar la adquisición de los bienes con motivo de la muerte del causante(102).

En cuanto a la prueba del dominio sobre los bienes adjudicados esta resulta ser relativa, pues la hijuela puede ser suficiente en litigios entre los mismos coherederos o copartícipes o sus causahabientes, o en controversias con terceros en que se oponga a la hijuela un título posterior; sin embargo, en aquellos juicios donde el título que se opone es anterior a la hijuela, y es posible que en otros casos particulares, puede resultar necesario aducir el título del causante(103).

En conclusión, la prueba del derecho real de dominio sobre bienes inmuebles es de los pocos derechos subjetivos que el legislador somete a tarifa legal, esto es, al cumplimiento de unas solemnidades ad substantiam actus que exigen a su titular ciertas formas documentales para la prueba de los actos jurídicos que involucren la adquisición y transmisión de los mismos.

Por último, si para adquirir el dominio de los bienes el ordenamiento jurídico colombiano exige que confluyan el título y el modo, para que se entienda perfecta la traslación del derecho, quien alegue la propiedad de un inmueble para reclamar el reconocimiento de un derecho, debe acreditar estos elementos y así legitimar su interés en la causa petendi.

De conformidad con lo dicho, los actores dentro del presente proceso debían probar el derecho de dominio aducido por ellos acreditando tanto el título que justificaba la adquisición de los inmuebles como el modo mediante el cual asumieron la calidad de propietarios. Es decir, que, para invocar las pretensiones en nombre propio como lo hicieron los demandantes, éstos debían probar que i) el anterior propietario de los inmuebles había fallecido (como lo hicieron); ii) les asistía vocación hereditaria respecto del de cujus (como en efecto se acreditó); y iii) que se les realizó una asignación dentro de la sucesión adelantada tras la muerte de aquel y que la misma fue aceptada por ellos, cosa que ni siquiera fue objeto de afirmación por parte de los actores y mucho menos objeto de prueba.

Ahora bien, si al momento de la presentación de la demanda aún no había concluido el trámite sucesoral correspondiente, o en el evento de que éste ni siquiera se hubiese iniciado, debieron incoarse las pretensiones de la demanda, no en favor de los aquí demandantes, sino en favor de la sucesión a adelantarse por la muerte del señor José Trinidad Parodi Ovalle y en calidad de interesados y no de propietarios, como dijeron ser en el libelo demandatorio.

En consecuencia, la Sala desestimará las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, siendo la falta de legitimación en la causa por activa elemento suficiente para denegar las pretensiones de la demanda, la Sala se abstendrá de estudiar los otros aspectos que fueron objeto del recurso de apelación.

6. Solicitud de conformación de litis consorcio facultativo.

En este punto, la Sala considera necesario hacer referencia a la solicitud impetrada por la señora Indira Rosa Granadillo Rosado, con el fin de que se le permitiera actuar en calidad de coadyuvante de la parte actora dentro del presente proceso, por cuanto dicho pronunciamiento fue omitido por el a quo durante el trámite de la primera instancia del proceso.

Al respecto, la subsección considera que debe adecuar la solicitud de la señora Granadillo Rosado y entender que su petición iba encaminada no a que se le atribuyera la calidad de coadyuvante sino la de litisconsorte de la parte demandante, pues solicitó que se le concediese una proporción idéntica de los beneficios obtenidos por los actores dentro del presente proceso, por tener ella los mismos derechos que aquellos. Lo anterior teniendo en cuenta que, además, dicha solicitud se invoca aduciendo la calidad de titular de una relación jurídica sustancial, como es la copropiedad respecto de los bienes inmuebles adjudicados por medio de los actos demandados, a la que se harían extensivos los efectos de la decisión que se tome dentro del presente plenario y por virtud de la cual estaría la señora Indira Rosa Granadillo Rosado legitimada para demandar dentro del mismo.

Conforme a lo establecido por los incisos segundo y tercero del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, dicha intervención es procedente mientras que no se haya proferido una decisión definitiva dentro del proceso, siempre que ella se encuentre sustentada por los correspondientes hechos y fundamentos de derecho y que a ella se acompañen los medios probatorios pertinentes.

No obstante lo dicho, la referida solicitud será desestimada por la Sala, en tanto la señora Granadillo Rosado pretendió acreditar la legitimación en la causa por activa que le permitiría asistir al proceso como litisconsorte de la parte demandante por medio de la prueba de la muerte del titular del derecho de dominio del inmueble afectado con las resoluciones acusadas y con la acreditación de su parentesco respecto de aquel; con lo cual, a juicio de la Sala no logró probarse en debida forma la calidad de copropietaria que adujo respecto de dicho bien.

Así las cosas, la participación litisconsorcial solicitada por Indira Rosa Granadillo Rosado será denegada.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 22 de mayo de 2003, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda, pero con base en los argumentos comprendidos en la parte considerativa de la presente sentencia.

2. NEGAR la solicitud de participación litisconsorcial presentada por la señora Indira Rosa Granadillo Rosado.

3. Una vez ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(25) Septiembre 24 de 1998.

(26) Folio 454, cuaderno 1.

(27) Auto del 25 de julio de 2002. Folio 464 y 465, cuaderno 1.

(28) Folios 501 a 503, cuaderno 1.

(29) Folio 84, cuaderno 4. Copia auténtica de la Resolución 71 del 25 de septiembre de 1996.

(30) Folio 66 del cuaderno 4. Copia auténtica de la solicitud de adjudicación del predio “El Lirio” presentada por el señor Acosta Acosta al Incora.

(31) Folio 71, cuaderno 4. Copia auténtica de la aceptación de la solicitud de adjudicación por parte del Incora.

(32) Copias auténtica de las comunicaciones enviadas al gobernador del resguardo Mayabangloma, y de los avisos fijados en la alcaldía municipal de Fonseca, la emisora Retorno Stereo y en las oficinas de Riohacha del Incora. Folios 76 a 80, cuaderno. 4.

(33) Folios 81 y 82, cuaderno. 4. Copia auténtica del acta levantada en la diligencia de inspección ocular.

(34) Folio 108, cuaderno 4. Copia auténtica de la Resolución 72 del 25 de septiembre de 1996.

(35) Folio 88 del cuaderno 4. Copia auténtica de la solicitud de adjudicación del predio “El Retoño” presentada por el señor Lora Lentino al Incora.

(36) Folio 92, cuaderno 4. Copia auténtica de la aceptación de la solicitud de adjudicación por parte del Incora.

(37) Copias auténtica de las comunicaciones enviadas al gobernador del resguardo Mayabangloma a la señora María Alejandra Gómez, al señor Alfonso Alejandro Gómez, a la señora María Claudia Daza Cerchar y al señor Luis R. Acosta; y de los avisos fijados en la alcaldía municipal de Fonseca, la emisora Retorno Stereo y en las oficinas de Riohacha del Incora. Folios 98 a 105, cuaderno 4.

(38) Folios 106 y 107, cuaderno 4. Copia auténtica del acta levantada en la diligencia de inspección ocular.

(39) Folio 131, cuaderno 4. Copia auténtica de la Resolución 73 del 25 de septiembre de 1996.

(40) Folio 112 del cuaderno 4. Copia auténtica de la solicitud de adjudicación del predio “La Fe” presentada por la señora Daza Cerchar al Incora.

(41) Folio 118, cuaderno 4. Copia auténtica de la aceptación de la solicitud de adjudicación por parte del Incora.

(42) Copias auténtica de las comunicaciones enviadas al gobernador del resguardo Mayabangloma, al señor Juan Carlos Lora Lentino y al señor Luis Rafael Acosta; y de los avisos fijados en la alcaldía municipal de Fonseca, la emisora Retorno Stereo y en las oficinas de Riohacha del Incora. Folios 123 a 128, cuaderno 4.

(43) Folios 129 y 130, cuaderno 4. Copia auténtica del acta levantada en la diligencia de inspección ocular.

(44) Folio 154, cuaderno 4. Copia auténtica de la Resolución 74 del 25 de septiembre de 1996.

(45) Folio 135 del cuaderno 4. Copia auténtica de la solicitud de adjudicación del predio “Mi Fortuna” presentada por la señora Gómez Carrillo al Incora.

(46) Folio 138, cuaderno 4. Copia auténtica de la aceptación de la solicitud de adjudicación por parte del Incora.

(47) Copias auténtica de las comunicaciones enviadas a los señores Juan Carlos Lora, Alfonso A. Gómez, María Gómez Carrillo, Maribeth Gómez Carrillo y al gobernador del resguardo Mayabangloma; y de los avisos fijados en la alcaldía municipal de Fonseca, la emisora Retorno Stereo y en las oficinas de Riohacha del Incora. Folios 144 a 151, cuaderno 4.

(48) Folios 152 y 153, cuaderno 4. Copia auténtica del acta levantada en la diligencia de inspección ocular.

(49) Folio 176, cuaderno 4. Copia auténtica de la Resolución 75 del 25 de septiembre de 1996.

(50) Folio 158 del cuaderno 4. Copia auténtica de la solicitud de adjudicación del predio “Las Margaritas” presentada por el señor Gómez Gómez al Incora.

(51) Folio 161, cuaderno 4. Copia auténtica de la aceptación de la solicitud de adjudicación por parte del Incora.

(52) Copias auténtica de las comunicaciones enviadas a los señores Juan Carlos Lora, María Alejandra Gómez, Maribeth Gómez y al gobernador del resguardo Mayabangloma; y de los avisos fijados en la alcaldía municipal de Fonseca, la emisora Retorno Stereo y en las oficinas de Riohacha del Incora. Folios 167 a 173, cuaderno 4.

(53) Folios 174 y 175, cuaderno 4. Copia auténtica del acta levantada en la diligencia de inspección ocular.

(54) Folio 197, cuaderno 4. Copia auténtica de la Resolución 76 del 25 de septiembre de 1996.

(55) Folio 180 del cuaderno 4. Copia auténtica de la solicitud de adjudicación del predio “La Necesidad” presentada por la señora Gómez Carrillo al Incora.

(56) Folio 184, cuaderno 4. Copia auténtica de la aceptación de la solicitud de adjudicación por parte del Incora.

(57) Copias auténtica de las comunicaciones enviadas a la señora Maribeth Gómez Carrillo y al gobernador del resguardo Mayabangloma; y de los avisos fijados en la alcaldía municipal de Fonseca, la emisora Retorno Stereo y en las oficinas de Riohacha del Incora. Folios 190 a 194, cuaderno 4.

(58) Folios 195 y 196, cuaderno 4. Copia auténtica del acta levantada en la diligencia de inspección ocular.

(59) Folio 218, cuaderno 3. Copia auténtica de la Resolución 77 del 25 de septiembre de 1996.

(60) Folio 201 del cuaderno 4. Copia auténtica de la solicitud de adjudicación del predio “Palo Quemao” presentada por la señora Gómez de Gómez al Incora. En el documento aparece como solicitante Moira Gómez Carrillo y se identifica con la cédula de ciudadanía 26.982.841, la cual corresponde al número de identificación de la señora Moira Gómez de Gómez.

(61) Folio 204, cuaderno 4. Copia auténtica de la aceptación de la solicitud de adjudicación por parte del Incora.

(62) Copias auténtica de la comunicación enviada a la señora María Alejandra Gómez (fl. 210, cdno. 4). Igualmente, obra copia auténtica de la comunicación remitida al gobernador del resguardo Mayabangloma y de los avisos fijados en la alcaldía municipal de Fonseca, la emisora Retorno Stereo y en las oficinas de Riohacha del Incora. Folios 211 a 214, cuaderno 3.

(63) Folios 216 y 217, cuaderno 3. Copia auténtica del acta levantada en la diligencia de inspección ocular.

(64) Folio 242, cuaderno 3. Copia auténtica de la Resolución 78 del 25 de septiembre de 1996.

(65) Folio 223 del cuaderno 3. Copia auténtica de la solicitud de adjudicación del predio “Palo Quemao” presentada por la señora Gómez de Gómez al Incora. En el documento aparece como solicitante Moira Gómez Carrillo y se identifica con la cédula de ciudadanía 26.982.841, la cual corresponde al número de identificación de la señora Moira Gómez de Gómez.

(66) Folio 227, cuaderno 3. Copia auténtica de la aceptación de la solicitud de adjudicación por parte del Incora.

(67) Copias auténtica de las comunicaciones enviadas al Gobernador del Resguardo Mayabangloma y a los señores María Alejandra Gómez, María Antonia Gómez y Alfonso Alejandro Gómez; y de los avisos fijados en la alcaldía municipal de Fonseca, la emisora Retorno Stereo y en las oficinas de Riohacha del Incora. Folios 233 a 239, cuaderno. 3.

(68) Folios 240 y 241, cuaderno 3. Copia auténtica del acta levantada en la diligencia de inspección ocular.

(69) Así lo señala el dictamen presentado por el perito Alejandro Pacheco Amador, que obra a folio 548 a 572 del cuaderno principal.

(70) Copia auténtica de los certificados 7541 del 3 de agosto de 1998 (fl. 27, cdno. 4), 2256 del 15 de marzo de 2001 (fl. 429, cdno. 1) y 2700 del 6 de diciembre de 1989 (fl. 346, cdno. 3).

(71) Copia auténtica de su registro civil de nacimiento. Folio 19, cuaderno 4.

(72) Copia auténtica de su registro civil de nacimiento. Folio 20, cuaderno 4.

(73) Copia auténtica de su registro civil de nacimiento. Folio 21, cuaderno 4.

(74) Copia auténtica de su registro civil de nacimiento. Folio 22, cuaderno 4.

(75) Copia auténtica de su registro civil de nacimiento. Folio 23, cuaderno 4.

(76) Copia auténtica de su registro civil de nacimiento. Folio 247, cuaderno 3.

(77) Certificado expedido por la notaría única de Fonseca en el que consta que en la página 172 del libro de registros civiles de defunción se encuentra inscrita el acta de defunción de José Trinidad Parodi Ovalle.

(78) Así lo acreditan la copia auténtica de la partida de bautismo del señor Efrén Granadillo Parodi, en la que se indica su calidad de hijo del señor Vicente Parodi (fl. 426, cdno. 1) y la certificación expedida por la Notaría Única de Fonseca, en la que consta que en el folio 385 del año 1975 del libro de registros civiles de nacimiento se encuentra el de Indira Rosa Granadillo Rosado, hija de Efrén Granadillo (fl. 428, cdno. 1).

(79) “(...) el que reúne las acciones contenciosas que pretenden la preservación de los derechos subjetivos de las personas o restablecimiento de los derechos reconocidos por una norma y vulnerados con la vigencia de un acto administrativo o las indemnizaciones por los daños causados a los asociados individualmente considerados por los hechos, operaciones, ocupaciones, etc. de la administración”. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo. T. III, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, pág. 200.

(80) Ibídem.

(81) Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de octubre de 2011, C.P. María Elizabeth García González.

(82) En tales casos el término de caducidad es de dos años.

(83) Sent. C-060/96, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(84) Corte Constitucional. Sentencia C-319 del 2 de mayo de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(85) Corte Constitucional, Sentencia C- 965 del 21 de octubre de 2003.

(86) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2011, Exp. 20146.

(87) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 16271.

(88) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 15 de junio de 2000, Exp. 10.171; sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10.973; sentencia del 22 de noviembre de 2001, Exp. 13.356; sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 14.452; sentencia del 28 de abril de 2005, Exp. 4178; sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 15.352; sentencia del 31 de octubre de 2007, Exp. 13.503; sentencia del 30 de marzo de 2011, Exp. 33.238; sentencia del 8 de junio de 2011, Exp. 19.573; sentencia del 22 de junio de 2011, Exp. 16.703.

(89) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2011, Exp. 20705.

(90) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 14452. C.P. María Elena Giraldo.

(91) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Sentencia del 20 de septiembre de 2001, Expediente 10973. En este sentido véase también la sentencia del 19 de agosto de 2011, Exp. 19237.

(92) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, Exp. 13444.

(93) “(...) una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada” en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1º de marzo de 2006, Exp. 13764. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(94) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 1990, Exp. 6054.

(95) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 18163. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Puede verse también: sentencia del 2 de marzo de 2000, Exp. 11945. C.P. María Elena Giraldo Gómez y sentencia del 22 de noviembre de 2001, Exp. 13356. C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(96) Gómez, José J. Bienes. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1981, pág. 159.

(97) En este sentido véase, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 9 de junio de 1999, Rad. 5265. M.P. Pedro Lafont Pianetta.

(98) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de octubre de 1955, M.P. José J. Gómez.

(99) Ibídem.

(100) “La partición de la masa hereditaria tiene el efecto retroactivo señalado en los artículos 779 y 1401 del Código Civil. Este efecto consiste en que se tenga por efectuada, no en la fecha de su aprobación por el juez o de su verificación extrajudicial, sino el día de la delación de la herencia, que generalmente coincide con la de la muerte del causante, según los artículos 1012 y 1013 ibíd. Por tanto: primero, no hay descontinuidad (sic) entre la propiedad y la posesión del de cujus ni la propiedad y la posesión del heredero, ya que este es el continuador de la persona de aquel; segundo, queda borrado jurídicamente el tiempo de comunidad o indivisión que realmente haya existido entre la muerte del causante y la partición de los bienes; y tercero, cada heredero se reputa no haber tenido jamás parte alguna en los bienes distribuidos a los demás copartícipes”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de octubre de 1955, M.P. José J. Gómez.

(101) Ibídem.

(102) Ibídem.

(103) Ibídem.