Sentencia 1998-00409 de marzo 24 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 66001233100019980040901 (19067)

Exp.: 19.067

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Nohelia del Socorro Londoño Giraldo y otros

Demandado: Municipio de Dosquebradas - Risaralda

Ref.: Acción de reparación directa - Apelación sentencia.

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos mil once.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2000, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se hicieron las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Se niegan las súplicas de la demanda, respecto de la Nación, departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas y el área metropolitana Centro Occidente.

“2. Inhibirse de fondo, por lo dicho en la parte motiva, con relación a la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC”.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

El 13 de julio de 1998, los señores Jorge de Jesús Restrepo Londoño, Nohelia del Socorro Londoño Giraldo, Marleny del Socorro, Luz Dary, María Lucídia, Claudia María, Beatriz Elena y Alba Nelly Restrepo Londoño, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas, área metropolitana Centro Occidente, Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, y Nación - Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios sufridos con ocasión de la muerte del señor Arcesio Restrepo Medina, en hechos ocurridos el 30 de abril de 1997, en el área urbana de Dosquebradas.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de daño moral, la suma equivalente en pesos a 2.021 gramos de oro(1) para cada uno de los demandantes; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma que resultare probada en el proceso o, subsidiariamente, la cantidad equivalente en pesos a 4.000 gramos de oro para la esposa de la víctima directa.

Como fundamentos de hecho de la demanda se expusieron, los siguientes:

“Para el 30 de abril de 1997, el señor Arcesio Restrepo Medina, hacia las 3:15 p.m. laboraba en una obra del “Plan maestro del acueducto y alcantarillado”, del municipio de Dosquebradas, que se desarrollaba en zona aledaña al lago La Pradera del municipio citado.

“Para el desarrollo de la construcción, se hizo necesaria la utilización de una retroexcavadora, y en forma por demás inesperada, esta hizo contacto con una cuerda de alta tensión, reventándose y cayendo sobre la humanidad del trabajador Arcesio Restrepo Medina, ocasionándole la muerte de manera inmediata”.

“La muerte del señor Arcesio Restrepo Medina, es responsabilidad solidaria de los demandados por las siguientes razones: La Central Hidroeléctrica de Caldas, por virtud del servicio público que prestaba, esto es la conducción de energía eléctrica, prestación que por si implica un riesgo y que si bien se trata de una empresa creada por acciones, los integrantes de su junta directiva son nada más ni nada menos que el Gobernador del departamento de Risaralda, delegados del Ministerio de Minas y Energía y otras entidades públicas aquí vinculadas y que por ende deben ser llamados o responder por este hecho trágico, además que frente a esta entidad operaría el fuero de atracción; el municipio de Dosquebradas, por cuanto la cuerda con la cual hizo contacto la máquina, se encontraba a su servicio para el desarrollo de la obra que a él le competía; el departamento de Risaralda por cuanto es el ejecutor de la obra de acuerdo al contrato que se celebró para el desarrollo del plan de acueducto y alcantarillado; la Nación colombiana por su parte tiene su injerencia en el hecho por dos razones: la primera por cuanto el proyecto que propició el accidente era financiado por ella, además por que por mandato constitucional es la cabeza del sector eléctrico a nivel nacional y, por último, el área metropolitana Centro Occidente por cuanto también financió la obra y como tal debía vigilar su óptimo desarrollado”.

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de providencia del 11 de agosto de 1998, decisión que se notificó a las entidades demandadas en debida forma (fls. 82, 85 a 90, cdno. 1).

1.2. Las contestaciones de la demanda.

La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que no tuvo injerencia alguna en el hecho por cuya indemnización se demandó, comoquiera que de conformidad con el Decreto 2112 de diciembre de 1992 (norma que reglamenta la organización y funcionamiento de dicho ministerio), en ninguno de sus apartes se establece función relacionada con el servicio público de energía o transporte de la misma, razón por la cual propuso como excepción la que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva” (fls. 101 a 103, cdno. 1).

El Ministerio de Minas y Energía sostuvo que “no tuvo ninguna participación en la creación de la situación jurídica que constituye el objeto del litigio”, por manera que no le asiste responsabilidad alguna en el hecho demandado; como excepción propuso igualmente la denominada “falta de legitimación en la causa por pasiva” (fls. 254 a 264, cdno. 1).

La Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC S.A. ESP, señaló que dicha entidad no es la llamada a responder por el daño fundamento de la presente acción, dado que la sociedad contratista Conacon S.A., actuó de forma temeraria en el desarrollo de estas obras, puesto que habría omitido el trámite de la solicitud de apertura del circuito ante la CHEC, esto es “la desenergización de las líneas que cruzan por el sector”, requisito indispensable en tratándose de obras de esta naturaleza, lo cual hubiese evitado el fatal accidente, por manera que en este caso se configuró “la culpa de un tercero”. Así mismo propuso como excepciones las que llamó “inexistencia del derecho demandado” e “inexistencia de falla del servicio”, respecto de las cuales sostuvo que “[e]l hecho de que las líneas estuvieren energizadas es imputable directamente a la falta de gestión del contratista, quien no realizó el trámite de rigor requerido en la ejecución de este tipo de obras ante las oficinas de la CHEC, a fin de que se realizara la desenergización del circuito” (fls. 275 a 280, cdno. 1).

A su turno, el municipio de Dosquebradas manifestó que en el presente asunto había lugar a declarar “la falta de legitimación en la causa por pasiva” frente a dicha entidad, comoquiera que el departamento de Risaralda a través de la gobernación era el ente encargado de adelantar, bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, todos los procesos de selección de contratistas para la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado.

Sostuvo también que el vehículo en el cual había perdido la vida la víctima no era de propiedad del municipio, sino de una firma contratista al servicio de la gobernación (Conacon S.A.), a lo cual agregó que la causa exclusiva y determinante de la ocurrencia del luctuoso hecho fue la actitud asumida por el conductor de la retroexcavadora, dado que no tuvo en cuenta las medidas mínimas de precaución y/o seguridad para proteger su humanidad (fls. 321 a 332).

1.3. Los llamamientos en garantía.

En el escrito de contestación de la demanda, el departamento de Risaralda llamó en garantía, por un lado, a la sociedad Conacon S.A., con fundamento en el contrato de obra 412 de noviembre 12 de 1996, cuyo objeto consistió en la construcción de obras civiles de la red de distribución grupo II del plan maestro de acueducto de Dosquebradas, contrato en cuyo contenido se estipuló que el contratista asumía la responsabilidad civil frente a daños sufridos por sus trabajadores y/o contratistas; por otro lado, llamó en garantía a las compañías de Seguros Colmena S.A., y La Previsora Compañía de Seguros S.A., en atención a las pólizas de seguros 200.336 y RC-289775, respectivamente.

Por su parte, la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, llamó en garantía a la Compañía de Seguros Atlas S.A., en virtud de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 19, renovación 634 de 31 de diciembre de 1996.

Tales solicitudes de llamamiento en garantía fueron aceptadas mediante proveído de 5 de marzo de 1999 (fls. 347 a 349, cdno. 1).

1.4. En la contestación del llamamiento, la Compañía de Seguros Atlas S.A., manifestó que no estaba llamada a responder por el daño demandado, dado que la sociedad contratista Conacon S.A., no suscribió la póliza de seguros de vida y accidentes para su personal, pues “a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, las compañías de seguros no pueden expedir esa clase de seguros, lo cual obliga a que el trabajador vinculado a la empresa debe igualmente al momento de su vinculación inscribirse en una ARP”, por manera que en el presente asunto resultaba evidente la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, pues “estamos frente a una carga laboral y prestacional de la empresa Conacon S.A., asunto cuya competencia corresponde a la jurisdicción laboral”; así mismo propuso como excepciones las denominadas “falta de legitimación por pasiva y hecho de un tercero”, respecto de las cuales sostuvo que Conacon S.A., era el único responsable de la pérdida de la vida del señor Arcesio Restrepo Medina, toda vez que fue un operario suyo quien ocasionó la ruptura de la línea de energía, la cual debía haber estado desenergizada para ese momento, a solicitud del propio contratista (fls. 367 a 380, cdno. 1).

A su turno, la Compañía de Seguros Colmena S.A., propuso, en la contestación del llamamiento, la excepción denominada “No estar el evento amparado por la póliza de responsabilidad civil extracontractual 200336 contratada por la sociedad Conacon S.A., con la Compañía de Seguros Colmena S.A.”, pues en la aludida póliza se consagró de forma expresa la exclusión de los daños causados a trabajadores al servicio del asegurado (fls. 388 a 400, cdno. 1).

La sociedad Conacon S.A., sostuvo que no le asiste responsabilidad extracontractual por el hecho dañoso demandado, por cuanto la muerte de la víctima se produjo como consecuencia de un caso fortuito mientras se encontraba desarrollando actividades laborales, razón por la cual obtuvo una indemnización de la sociedad por ese concepto (fls. 418 a 420, cdno. 1).

La Compañía de Seguros La Previsora S.A., como fundamento de su defensa, propuso también las excepciones denominadas: “Ausencia de falla del servicio imputable a la entidad demandada”, “siniestro no amparado” y “falta de legitimación en la causa por pasiva” (fls. 429 a 434, cdno. 1).

1.5. Alegatos de conclusión en primera instancia.

Vencido el período probatorio, previsto en providencia del 16 de junio de 1999 y fracasada la audiencia de conciliación, el tribunal de primera instancia corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, el 23 de febrero de 2000 (fls. 449, 489, cdno. 1).

La parte demandante señaló que del material probatorio aportado al proceso se podía determinar con claridad la responsabilidad patrimonial solidaria de las entidades demandadas, a título de falla del servicio, por la muerte del señor Arcesio Restrepo Medina, toda vez que dicho hecho dañoso se produjo como consecuencia de la falta de adopción de las medidas de precaución y/o seguridad necesarias respecto del riesgo que implicaba trabajar con maquinaria pesada en un sector con redes eléctricas ubicadas por debajo de la altura reglamentaria, además de que dichas redes eléctricas para el momento del accidente debieron haber estado desenergizadas, todo lo cual llevó a que se produjera el fatal accidente (fls. 504 a 516, cdno. 1).

A su turno, el departamento de Risaralda reiteró los argumentos expuestos con la contestación de la demanda e insistió en que el hecho luctuoso demandado “es imputable exclusivamente a la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, fundado en el riesgo excepcional, por la conducción de energía”. Agregó que se probó en el proceso que la línea de conducción que estuvo comprometida en el accidente pasa a una altura inferior a la establecida en las propias normas de la CHEC (fls. 519 a 522, cdno. 1).

Por su parte, los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, replicaron los argumentos expuestos con la contestación de la demanda, esto es la configuración de la excepción consistente en la falta de legitimación por pasiva (fls. 523 a 525 y 526 a 529, cdno. 1).

Finalmente, la Compañía de Seguros La Previsora S.A., partió de afirmar que habida cuenta de que el accidente en el cual perdió la vida la víctima se produjo en desarrollo de un contrato de trabajo, la jurisdicción competente no podía ser otra sino la laboral (fls. 526 a 528, cdno. 1).

Dentro de la respectiva oportunidad procesal, tanto el Ministerio Público como las demás entidades demandadas y las demás sociedades llamadas en garantía guardaron silencio (fl. 535, cdno. 1).

1.6. La sentencia apelada.

Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia el 11 de agosto de 2000, oportunidad en la cual denegó las súplicas de la demanda respecto de las entidades públicas demandadas y decidió inhibirse para decidir de fondo frente a la Central Hidroeléctrica de Caldas.

Para arribar a la anterior decisión, el tribunal de primera instancia puso de presente las siguientes consideraciones:

“El marco expuesto enseña, diáfanamente, donde aparece la causa de la muerte que nos ocupa: una máquina retroexcavadora que laboraba al servicio de la firma particular Conacon golpeó la línea de conducción de energía, de propiedad de la CHEC, empresa encargada de la atención del servicio de energía, regulada por el derecho privado, produciendo su rompimiento, para luego ir a caer (la línea rota pero energizada), sobre el cuerpo de Arcesio Restrepo Medina, causándole la muerte por electrocución, quien laboraba en ese instante al servicio de un subcontratista de la mencionada Conacon, en obra que hacía parte del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Dosquebradas.

“Ahí, entonces, que la imputación inicial del daño tiene que mirar a la firma Conacon, y en el cual ha podido contribuir la propietaria de la línea que conducía la energía, posiblemente por no estarse cumpliendo con el requisito adecuado de la altura máxima de la misma.

“Pero el contexto que ha servido para la conclusión anotada, igualmente, sirve para señalar que en la producción del referido daño antijurídico, no hubo concurrencia de ninguna de las entidades oficiales demandadas, regidas por el derecho administrativo, quedándose de lado la socorrida solidaridad, no obstante la intención del líbelo de enseñar que ello se dio, por el simple hecho de haber contribuido algunas en la financiación del trabajo que se realizaba (...).

“La conclusión de lo que se trae es que al no hallarse la ameritada solidaridad, fundamento de la vinculación de las multicitadas entidades oficiales, regidas por el derecho administrativo, se tendrán que absolver, lo que releva de pronunciamiento respecto de las llamadas en garantía por ellas; y que respecto de la CHEC, Conacon no fue demandada (sí llamada en garantía), que se tiene que dar fallo inhibitorio, por cuanto esta jurisdicción no es la competente para juzgarla respecto del asunto que es tema de este proceso.

“No obstante lo anterior, el tribunal considera procedente dejar registrado lo siguiente: las pruebas recaudadas dejan la certinidad referente a que lo que ocurrió en esta ocasión fue un accidente de trabajo, dado que cuando se ejecutaba el contrato que se había suscrito entre el departamento de Risaralda y la firma Conacon, habiendo sido el accidentado el fallecido Restrepo Medina, estando llamada a dirimir cualquier controversia de esa índole la jurisdicción ordinaria laboral” (fls. 526 a 552, cdn. ppal.).

1.7. El recurso de apelación.

Contra la anterior sentencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por esta corporación mediante proveído de fecha 17 de noviembre de 2000 (fl. 622, cdno. ppal.).

Como fundamento de su inconformidad, la parte actora señaló, en síntesis, que si bien era cierto que la CHEC es una persona de derecho privado, no es menos cierto que al haber sido vinculada al proceso, por virtud del fuero de atracción, ha debido resolverse su situación jurídica, bien a través de un fallo absolutorio o condenatorio, pero de ninguna forma profiriendo una sentencia inhibitoria, a lo cual agregó que resulta equivocado el argumento del a quo al sostener que por no haberse configurado la solidaridad no procedía la sentencia contra la citada sociedad, puesto que “lo que debió hacer, si es que así lo estimó pertinente era absolver a las entidades de derecho público y condenar a la de derecho privado, sin abordar este tema la solidaridad, por sustracción de materia”.

Finalmente, insistió en que el hecho dañoso demandado se produjo por la falla del servicio de todas las entidades demandadas, la cual se habría concretado en el hecho de que tales entes oficiales interesados en la ejecución de la obra del plan maestro de acueducto y alcantarillado no actuaron de manera coordinada, esto es “revisar las condiciones técnicas, preparando el terreno o haciendo una simple inspección a la obra y las redes eléctricas, pese a que ya habían sido advertidos, según se dice en el expediente por la CHEC”, todo lo cual llevó a que se sometiera al señor Restrepo Medina a un riesgo excepcional mayor al que debía soportar (fls. 555 a 594, cdno. ppal.).

1.8. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

El 29 de junio de 2001 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, término durante el cual tanto las partes como las sociedades llamadas en garantía y el Ministerio Público guardaron silencio (fls. 631, 632, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 11 de agosto de 2000, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda respecto de las entidades públicas demandadas y decidió inhibirse para pronunciarse de fondo frente a la Central Hidroeléctrica de Caldas.

Previo a decidir el fondo del sub examine, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones:

Según se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, la presente acción se encuentra dirigida contra el departamento de Risaralda, el municipio de Dosquebradas, el área metropolitana Centro Occidente, la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, y la Nación - Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía.

Ahora bien, comoquiera que junto con las entidades públicas antes relacionadas se demandó también a una empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta (CHEC), resulta irrelevante detenerse a determinar la composición accionaria y/o el porcentaje de participación estatal en dicha entidad, puesto que desde un principio le resulta aplicable el llamado fuero de atracción(2).

En efecto, en virtud de dicha figura, al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y contra otra entidad, en un caso en el que la competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de todas las entidades demandadas(3).

Por lo tanto, se concluye que esta corporación es competente para pronunciarse respecto de la responsabilidad que le pudiere ser atribuida a cualquiera de las entidades demandadas que fueron demandadas en el presente asunto.

2.1. Régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

Dados los supuestos fácticos descritos, resulta necesario precisar el contenido y alcance de los parámetros con arreglo a los cuales el Estado debe responder frente a casos como el presente, marco en el cual se le atribuye el daño causado por la conducción de redes eléctricas.

Al respecto, esta Sala considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 14 de junio de 2001(4), en el cual se señaló:

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política ...(5).

No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima” (resaltados adicionales).

Sobre el particular, la doctrina especializada en el tema(6) ha precisado:

“La doctrina del riesgo creado puede ser sintetizada de esta manera: quien se sirve de cosas que por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que ellas originan. La teoría que analizamos pone especial atención en el hecho de que alguien “cree un riesgo”, “lo conozca o lo domine”; quien realiza esta actividad debe cargar con los resultados dañosos que ella genere a terceros, sin prestar atención a la existencia o no de una culpa del responsable. (...).

“Por nuestra parte, pensamos que la correcta formulación de la teoría del riesgo debe ser realizada sobre la base del llamado “riesgo creado”, es decir, en su formulación más amplia y genérica.

“Quien introduce en el medio social un factor generador de riesgo potencial para terceros, se beneficie o no con él, debe soportar los detrimentos que el evento ocasione. Esto es una consecuencia justa y razonable del daño causado, que provoca un desequilibrio en el ordenamiento social y pone en juego el mecanismo de reparación”.

Esta Sala en otra oportunidad y con ocasión de un debate sobre la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento o la instalación de redes eléctricas y de alto voltaje manifestó lo siguiente:

“En primer término, es preciso afirmar que cuando el Estado, en cumplimiento de sus deberes y fines constitucionales y legales de servir a la comunidad y promover la prosperidad general, construye una obra o presta un servicio público utilizando recursos o medios que por su propia naturaleza generan un peligro eventual o un riesgo excepcional para la vida, la integridad o los bienes de los asociados, está llamado a responder por los daños que se produzcan cuando dicho peligro o riesgo se realice, por cuanto de no hacerlo estaría imponiendo a las víctimas, en forma ilegítima, una carga que vulneraría el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas que están llamados a soportar todos los administrados, como contraprestación por los beneficios que les reporta la prestación de los servicios públicos.

En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una típica responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o culpa exclusiva y determinante de la víctima”(7).

Como se observa, el régimen de imputación del riesgo excepcional mantiene como asidero y fundamento el concepto de daño antijurídico (C.P., art. 90), en la medida en que este comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado cuyo titular —quien ha sufrido las consecuencias de un riesgo anormal—, no se encuentra en la obligación de soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas(8). Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la administración, para exonerarse de responsabilidad, la carga de probar la inexistencia de nexo causal por la ocurrencia de una causa extraña(9).

En este caso, debe precisarse que debido a que el hecho dañoso demandado se produjo como consecuencia del ejercicio de una actividad riesgosa (conducción de energía a través de redes eléctricas), quien realiza este tipo de actividad debe cargar con los resultados dañosos que ella genere a terceros, puesto que los mismos son inherentes al ejercicio de dicha actividad, sin que se requiera prestar atención a la existencia o no de una culpa del responsable, toda vez que —bueno es reiterarlo—, bajo este régimen de responsabilidad objetiva (riesgo excepcional), quien realiza esta actividad solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o por el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero.

2.2. El hecho de la víctima y/o de un tercero como eximentes de responsabilidad o causal excluyente de imputación(10).

Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta sección ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C. C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

“La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida(11).

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia(12),toda vez que “Prever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación(13), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(14) y la, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”(15). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo “inimaginable” de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

(...).

Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración —al menos con efecto liberatorio pleno— de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada(16).

Por otra parte, a efectos de que operen los mencionados eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(17).

2.3. El asunto sometido a examen.

Las pruebas allegadas al plenario, para fundamentar los hechos y pretensiones formuladas, son las siguientes:

— Registro civil de defunción del señor Arcesio Restrepo Medina, el cual indica que su muerte se produjo el 30 de abril de 1997, en el municipio de Dosquebradas, Risaralda (fl. 45, cdno. 2).

— A folios 42 a 45 del cuaderno 6 obra copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver de quien en vida respondía al nombre de Arcesio Restrepo Medina, practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se dejó constancia de que su muerte se produjo el día 30 de abril de 1997, en “la vía pública - La Pradera Dosquebradas”; en dicho documento se consignó la siguiente información:

“Cadáver de hombre adulto, quien fallece debido a trauma multiorgánico severo, secundario a quemaduras eléctricas de tercer grado en toda la superficie corporal”.

— A folio 3 del cuaderno 2 obra copia auténtica del acta de levantamiento de cadáver del señor Arcesio Restrepo Medina, realizada por el departamento de policía de Risaralda, en la cual se señaló:

“Descripción del lugar de los hechos: Se trata de la vía pública dentro de una brecha destinada para acueducto, sobre el cadáver se observa un cable quemado con varias muestras de quemaduras de alto voltaje sobre las paradas de la brecha, a una distancia de 10,50 metros se encuentra una maquina retroexcavadora, marca John Deere (...), en la pluma (brazo), levantado observándose una quemadura en la parte superior, lugar donde hizo contacto con línea de conducción eléctrica.

Condiciones de visibilidad: Buena.

Probable manera de muerte: Accidental”.

Así pues, una vez establecida la existencia del hecho dañoso, concretado en la muerte del señor Arcesio Restrepo Medina, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a alguna de las entidades demandadas y, por lo tanto, si constituye deber jurídico de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser confirmada o revocada.

Para establecer la responsabilidad de las demandadas por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se reunieron los siguientes medios de prueba:

— A folio 92 del cuaderno 2, obra certificación del 21 de junio de 1999, expedida por la secretaría jurídica de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, a través de la cual dicha entidad hizo constar su propiedad sobre la red eléctrica que presta el servicio de energía al barrio La Pradera y en general a todo el municipio de Dosquebradas.

— A folios 70 a 73 del cuaderno 1, obra el informe de seguridad industrial sobre el accidente ocurrido el 30 de abril de 1997, suscrito por el jefe de seguridad industrial de la sociedad Conacon S.A., ingeniero Juan Pablo Contreras, en el cual señaló:

“El miércoles 30 de abril de 1997 a las 3:30 p.m., en las obras que se realizan en el barrio La Pradera, esquina de la carrera 21 con calle 26, en las inmediaciones de las urbanizaciones Prado Verde y Colmenares, sitio donde se realizan los trabajos de instalación de la tubería american pipe (diámetro 20 pulgadas) y colocada por la firma Conacon S.A., para el plan maestro de acueducto de Dosquebradas, se presentó un lamentable accidente con una línea primaria de energía, la cual se desprendió en uno de sus extremos de su respectivo poste, agarrando a los dos obreros que laboraban en el sitio (Arcesio Restrepo Medina y José Arbey Arenas Bustamante), causándole la muerte en forma inmediata al primero y posterior muerte al segundo.

La firma Conacon S.A., trabaja en este sector (grupo II del plan maestro de acueducto y alcantarillado de Dosquebradas), y viene instalando la red de tubería american pipe, que tiene como diámetro 20 pulgadas con un peso que oscila entre tres toneladas, razón por la cual deba hacer que esta tubería deba ser colocada haciendo uso de maquinaria pesada, particularmente una retroexcavadora.

Al momento de instalar la tubería, se destina un obrero para indicar al operario de la retroexcavadora hasta dónde puede extender y elevar el brazo de la máquina, en el caso particular, el obrero destinado para esta labor era el señor José Arbey Arenas Bustamante, el cual fue una de las personas víctimas del fatal accidente.

(...).

La otra víctima, el señor Arcesio Restrepo Medina, era uno de los obreros que tenía como oficio pisar la tierra luego de ser instalada la tubería y llenada la excavación; al momento de producirse el accidente se encontraba realizando esta labor.

Según los testigos del lugar, a las 3:30 p.m., del miércoles 30 de abril de 1997, se instalaba la tubería antes mencionada haciendo uso de la retroexcavadora y contando con una persona de apoyo para dirigir al operario de la máquina. Cabe anotar que en el sector se encontraban además unas 20 personas más colaborando con la instalación de la tubería. En el momento menos esperado, una línea primaria de energía que transporta 13.200 voltios, ubicada en el sector, se desprendió de su respectivo poste y se movió de un lado a otro (como una culebra) y en cuestión de segundos hizo contacto con las personas mencionadas, primero con el señor Arcesio Medina y luego con José Arbey Arenas el cual trató de huir pero fue alcanzado por la cuerda.

“Cabe anotar que la cuerda que se desprendió se encuentra a una altura de 5.38 metros del piso, la cual según expertos no es la reglamentaria dado que la altura mínima para este tipo de cuerdas es de 6.10 metros. Además, este tipo de cuerdas se encuentran provistas de velas que cortan la energía al momento de tocarse con un objeto extraño y más aún al momento de desprenderse. Al momento del accidente las velas no funcionaron y la cuerda continuó transportando energía”.

“Según testigos en el lugar, el brazo de la retroexcavadora nunca tocó la cuerda de energía, puesto que se encontraba dentro de la excavación instalando tubería” (se resalta).

— A folio 74 del cuaderno 2, se encuentra el informe sobre el aludido accidente, suscrito por el ingeniero Alberto Villegas adscrito a Conacon S.A., en dicho documento se manifestó:

“La presente para dar informe sobre el accidente eléctrico presentado la semana pasada en Dosquebradas. Después de analizar los hechos en el sitio de trabajo, aún se pueden observar los siguientes hechos:

La retroexcavadora presenta un quemón en el brazo, en un sitio donde se aprecia que esta empujó la línea, y no que la línea haya caído encima, lo que da a entender que ésta si tocó la línea primaria. Al tener orugas y no llantas, causa que al tocar la cuerda, se crea un fallo a tierra, que hizo reventar la primaria con las consecuencias presentadas. Al hacer un análisis del sitio de los hechos se observa lo siguiente: La altura de las cuerdas no están cumpliendo con las normas de la EEPP.

“También se presentó una mala operación en los cortacircuitos que existen al arranque de esta. Si hubieran operado correctamente, habrían podido evitar parte del accidente” (negrillas adicionales).

— A folios 50 a 52 obra el peritazgo rendido por los ingenieros eléctricos, señores Jaime Amaya Buitrago y Lucía Rivera Salazar. Dicha prueba pericial arrojó las siguientes conclusiones:

“1. Los hechos ocurrieron en el barrio La Pradera de Dosquebradas, zona servida por la CHEC, lo cual hace que las normas que se apliquen allí sean las de esta entidad. Se aclara que estas normas son muy similares para todas las electrificadoras del país. Para una red de alta tensión, alimentada a 13.200 voltios de la distancia mínima reglamentaria (de la línea del piso) para una zona poblada es de 7 m.

2. En el sitio del accidente la línea está tendida entre 2 postes de 10 m, los cuales por norma son instalados a 10/10+0.6 m (de profundidad) en el caso límite, o sea a 1.6 m; esto para postería instalada durante los últimos 8 años, pues antes se instalaban a una profundidad de h/10 donde h corresponde a la altura del poste, o sea que por estar este poste instalado hace más de 8 años, está enterrado por lo menos 1 m; la cruceta de arranque está instalada a 1.5 m, por debajo de la punta del poste, lo que permite deducir que la línea esta arrancando a 7.5 m. En la llegada la línea está instalada más o menos a 5 m de altura, por estar pasando por debajo de un circuito de 33 kv de la Empresa de Energía de Pereira; en el punto del accidente la línea está ubicada a una altura aproximada a los 5.5 m ya que la línea sufre una caída por su propio peso, y por la “ventaja” que se le deja cuando se templa la línea en el momento de la instalación para que pueda soportar las fuerzas del viento, y resistir los cambios de temperatura como enfriamiento o calentamiento.

3. A la pregunta referente a que si un vehículo tipo retroexcavadora puede ser operado en un lugar donde existían redes de alta tensión, respondemos que sí, pero con muchas precauciones y con las medidas de seguridad pertinentes. Lo recomendable sería que en una zona de riesgo se trabajara éste tipo de obras con obreros y palas, para excavación.

4. A la pregunta atinente a que si una retroexcavadora puede ser operada en un lugar donde existan redes de alta tensión, qué norma de seguridad debe cumplir, respondemos que se deben colocar cintas de seguridad que restringen el paso de peatones, trabajadores y vehículos por el área donde existe peligro; también debe guardarse la distancia prudente de la máquina retroexcavadora a las redes de alta tensión, demarcando con pintura especial en el pavimento la distancia de seguridad a la cual debe operar la máquina. Además se debe evitar levantar el brazo cerca de las líneas para no hacer contacto con ellas y ocasionar un accidente. Si es inminente levantar el brazo cerca de las líneas para no hacer contacto, se debe pedir el corte de energía a la CHEC (en el caso de Dosquebradas), se debe hacer con mucho cuidado para no reventar las líneas. Es el mismo caso de un obstáculo (una casa por ejemplo), que se le presente al operario en su labor, debe hacer la operación sin dañar el obstáculo; existen puntos donde sólo se puede operar con pala para no dañar el entorno.

5. La altura máxima que puede alcanzar una retroexcavadora John Deere 690 ELC, como la correspondiente a este caso, es de 9.6 m.

6. En el caso de los operarios de retroexcavadoras, grúas, volquetas, se debe contar con operarios expertos que indiquen todos los obstáculos para evitar accidentes.

7. Frente a la pregunta de cuáles son las causas que pueden ocasionar un accidente por electrocución cuando es operada una retroexcavadora en un lugar donde existen redes de alta tensión, respondemos que la única causa es el contacto directo con la línea de alta tensión, que puede originar los siguientes hechos:

Corto a tierra a través de la retroexcavadora, originando la muerte del operario y/o las personas que estén en contacto con el equipo.

Ruptura de la línea originando posibles accidentes en tierra, ya que la coordinación de protecciones usualmente es inadecuada.

8. La causa probable del accidente fue la ruptura de las líneas de alta tensión por contacto con el brazo de la retroexcavadora con ellas”.

El anterior dictamen fue objeto de aclaración y complementación; en dicho documento los peritos manifestaron:

“La red involucrada en el accidente es una red trifásica, energizada a 3.200 voltios. El sistema de velas o cortacircuitos es una forma de proteger equipos y conductores cuando se presentan fenómenos de sobrecarga y/o cortocircuitos; esto se logra por medio de un dispositivo llamado fusible que se “derrite” cuando la corriente nominal excede su capacidad, lo cual hace que se abra la vela inmediatamente, interrumpiendo el paso de la corriente, y por lo tanto su efecto. Cuando se genera un contacto a tierra (la retro), esa corriente debe ser limitada por un sistema de protección adecuado, que hacen que el circuito se abra. Si no existe una adecuada coordinación de protecciones, no se abrirá el circuito.

“Si deben existir protecciones que saquen la línea cuando se presenta una falla a tierra. En este circuito existen protecciones pero es imposible afirmar si actuaron o no, y si se presentó mala operación en los circuitos. Lo que sí es importante aclarar es que cuando se hace contacto con una línea media o alta tensión, es suficiente el contacto en el mínimo tiempo para producir daños irreversibles, y hasta la muerte.

“(...).

“El evento de desprendimiento de las líneas por efecto de la gravedad o por el mal estado de los conductores es inusual, ya que se aseguran a los postes por medio de herrajes y aisladores y en el caso de Dosquebradas, periódicamente la CHEC realiza mantenimiento a fin de garantizar el buen estado; basados entonces en el hecho de que la probabilidad de ocurrencia de un evento de estos es mínima, y en que existe un concepto técnico de la época que evidencia un contacto de la retroexcavadora con la línea y ante la imposibilidad de obtener mayores elementos de juicio, nos ratificamos en la respuesta de que la causa probable del accidente fue la ruptura de las líneas de alta tensión por contacto del brazo de la retroexcavadora con ella” (se resalta).

— A folios 292 a 294 del cuaderno 1 se encuentra copia auténtica de la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual 19, renovación 634, suscrita entre la Central Hidroeléctrica de Caldas y la Compañía Aseguradora Atlas S.A., con una vigencia comprendida entre los días 31 de diciembre de 1996 y 31 de diciembre de 1997 y un valor de asegurabilidad equivalente a US$ 1’000.000 por suma total asegurada.

2.4. Conclusiones probatorias.

De conformidad con lo probado en el presente proceso, en el caso concreto se encuentra que el día 30 de abril de 1997, mientras se encontraba laborando como obrero de construcción en una vía pública del municipio de Dosquebradas, Risaralda, el señor Arcesio Restrepo Medina murió como consecuencia de una electrocución, causada por el desprendimiento de una cuerda de alta tensión cuando fue golpeada por el brazo de una retroexcavadora; de igual forma se tiene que la propiedad de la línea eléctrica que transitaba por ese sector era de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC.

Ahora bien, respecto de la imputación del daño antijurídico endilgado por la parte actora en la demanda, resulta necesario efectuar algunas precisiones a efectos de determinar si en el caso sub lite el daño o detrimento se produjo como consecuencia de la concreción o materialización del riesgo excepcional, traducido en la actividad de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, por parte de la entidad demandada que ejercía dicha actividad.

Sobre el particular, debe señalarse que la actividad de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica es en sí misma una actividad lícita del Estado, a través de la cual somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo excepcional y, por lo tanto, podría llegar a generar perjuicios. Así lo ha sostenido en diversas oportunidades esta misma sección(18).

En el caso sub exámine, la parte actora pretende derivar responsabilidad a las demandadas, pues —en su criterio—, la concreción del daño se debió a una descarga eléctrica que ocasionó la muerte del señor Arcesio Restrepo Medina, quien no estaba obligado a soportar el daño, comoquiera que ese riesgo que se materializó rompió con las cargas públicas a que se encuentra sometida cualquier persona; adicionalmente, según la demanda, las entidades demandadas incurrieron en una falla del servicio por no adoptar las medidas de seguridad y/o precaución necesarias para evitar accidentes con las redes eléctricas como el que le quitó la vida al señor Restrepo Medina, al paso que se permitió que existiera un tendido eléctrico por debajo del metraje mínimo establecido para este tipo de infraestructura.

En criterio de la Sala, no existe una prueba idónea y conducente que demuestre que el ramal monofásico que atraviesa el sector donde se produjo el accidente se hubiere encontrado averiado o en defectuoso funcionamiento o que hubiese sido instalado por debajo del metraje establecido en normas de seguridad o que la desenergización del sector constituía un requisito indispensable para adelantar la obra pública, pues tanto el experticio rendido en el proceso, como los informes de seguridad del accidente se limitan a emitir apreciaciones subjetivas sin que se fundamenten en norma reglamentaria alguna que establezca una altura mínima o la referida desenergización, así como tampoco obra en el plenario algún otro medio probatorio que acredite tales circunstancias.

Así pues, comoquiera que no se demostró que el hecho dañoso demandado se hubiere producido por una falla del servicio imputable a alguna de las entidades públicas demandadas (departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas, área metropolitana Centro Occidente y Nación - Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía), por ser una actividad riesgosa (esto es la generación, conducción, distribución y comercialización de energía eléctrica), el caso sub lite debe analizarse —según se consideró anteriormente—, bajo la perspectiva del régimen objetivo de responsabilidad, cual es el riego excepcional, respecto de la persona jurídica propietaria de la red eléctrica.

En el presente caso, fue precisamente la energía transportada por la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, la que desencadenó el hecho dañoso por cuya indemnización se demandó, circunstancia por la cual no es posible aceptar que dicha entidad demandada pretenda desprenderse de la responsabilidad que le asiste al sostener que habría sido “la culpa del contratista” la que habría ocasionado el hecho dañoso, máxime si de conformidad con los oficios allegados al proceso por la misma entidad, se tiene que aquella era la propietaria y encargada del mantenimiento de las redes.

En ese orden de ideas, forzoso resulta concluir que el hecho dañoso es imputable al propietario de la cosa mediante la cual se presta y desarrolla esa actividad, esto es la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, pues —bueno es reiterarlo—, el riesgo que genera la transmisión y comercialización de energía que en determinados eventos puede llegar a causar un daño que la persona no se encontraba obligada a soportar (como en efecto ocurrió en el sub lite), en tanto se somete a la víctima a un riesgo excepcional.

En conclusión, en el caso concreto el deber de reparación radica en cabeza de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, en la medida en que el daño se produjo a causa de la concreción del riesgo que implica la generación y el transporte de energía por parte de la citada entidad demandada.

Por otro lado, como se aprecia, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala la entidad demandada CHEC no demostró con pruebas idóneas y conducentes que el hecho dañoso se hubiera producido por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, en este caso por la empresa contratista Conacon S.A., pues —se insiste—, no allegó prueba idónea y conducente para demostrar que la desenergización del sector era un requisito indispensable para desarrollar la obra pública, por manera que la simple manifestación de tal circunstancia impide romper el nexo causal o imputación en cabeza de la citada entidad demandada.

En ese contexto, para la Sala se impone revocar la providencia apelada, por cuanto —se insiste—, la conducción de energía constituye una actividad que por sí misma es peligrosa y, por consiguiente, cualquier tipo de daño que se produzca a partir de la misma debe ser indemnizado con base en la teoría del riesgo excepcional.

Así las cosas, comoquiera que el daño resulta imputable a la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, se procederá a declarar su responsabilidad, a título de riesgo excepcional, por los hechos objeto de esta demanda, motivo por el cual se condenará al pago de los perjuicios causados a los demandantes y, de manera consecuencial, se condenará a la empresa llamada en garantía Seguros Atlas S.A. (o la persona jurídica que la suceda), a reintegrar, hasta el límite y porcentaje del valor asegurado, las sumas que la primera tenga la obligación de cancelar por la condena impuesta. En efecto, según la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual 19, renovación 634 expedida por dicha compañía aseguradora (fls. 292 a 295, cdno. 1), la cual se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, se tiene que el siniestro denominado “predios, labores y operaciones” a cargo del tomador, se encontraba amparado por la referida póliza de seguros, sin que se observe exclusión expresa respecto de dicho amparo.

Finalmente, se observa que la aludida póliza fue expedida en la modalidad de coaseguro, tanto por Seguros Atlas S.A., como por la Compañía de Seguros La Fenix, y en esa misma póliza se incluyó una estipulación según la cual “en los siniestros la Compañía de Seguros Atlas S.A., pagará únicamente la participación porcentual señalada anteriormente(19) y además, una vez recibida la participación correspondiente de las otras compañías, la entregará al asegurado, sin que en ningún momento se haga responsable por un porcentaje mayor al de su participación”.

En virtud de lo anterior, la Sala ordenará pagar a la Compañía de Seguros Atlas S.A., y a favor de la CHEC, la proporción correspondiente a las sumas que la última tenga la obligación de cancelar por la condena aquí impuesta, pero únicamente hasta el límite y porcentaje del valor asegurado, esto es la suma equivalente al 60% de la condena; respecto del otro 40%, la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en esta providencia, toda vez que la Compañía de Seguros La Fénix, no fue llamada en garantía por la CHEC y, por ende, no fue vinculada al proceso, lo cual impide pronunciarse y menos aún imponer condena alguna en su contra(20).

2.5. Indemnización de perjuicios.

Los demandantes reclamaron, dentro del contenido de la demanda, los siguientes grupos de perjuicios:

2.5.1. Morales: De conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio mora y en su lugar ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(21).

En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos mensuales vigentes para todos los demandantes, esto es para la señora Nohelia del Socorro Londoño Giraldo (cónyuge) y para Marleny del Socorro, Luz Dary, María Lucídia, Claudia María, Jorge de Jesús, Beatriz Elena y Alba Nelly Restrepo Londoño (hijos), comoquiera que obran los registros civiles que dan cuenta de la relación de parentesco que los vincula con la víctima directa (fls. 8 a 16, cdno. ppal.).

Ahora bien, con la simple acreditación de la relación de parentesco, así como con los registros civiles de nacimiento, se presume que tanto la esposa como los hijos de la víctima fatal sufrieron un perjuicio de orden moral, derivado de la pérdida de su padre y esposo. En efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(22), permite presumir, que el peticionario ha sufrido el perjuicio solicitado.

Así las cosas, como en el sub judice se presenta el perjuicio en su mayor magnitud, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

Nohelia del Socorro Londoño Giraldo (Cónyuge)
100 SMMLV
Marleny del Socorro Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
Luz Dary Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
María Lucídia Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
Claudia María Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
Jorge de Jesús Restrepo Londoño (Hijo)
100 SMMLV
Beatriz Elena Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
Alba Nelly Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV

 

2.5.2. Perjuicios materiales:

Toda vez que en la demanda no se solicitó reconocimiento alguno por concepto de daño emergente, salvo lo atinente a la condena en costas, lo cual será objeto de pronunciamiento más adelante, la Sala se ocupará exclusivamente de analizar, de acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, el reconocimiento y monto de la indemnización de perjuicios correspondientes al rubro de lucro cesante a favor de la señora Nohelia del Socorro Londoño Giraldo (cónyuge), en cuanto fue reclamado, únicamente, por la citada demandante.

En el presente caso, quedó demostrado que el señor Arcesio Restrepo Medina para la época de los hechos laboraba como obrero de construcción y precisamente, en desarrollo de dicha labor perdió la vida, no obstante los medios probatorios arrimados al proceso no permiten tener por demostrado el monto del ingreso percibido por tal concepto, razón por la cual se acudirá a la presunción de que dicha actividad le generaba como ganancia un salario mínimo legal mensual, el cual, para la época del accidente —año 1997—, equivalía a $ 172.005.

Ahora bien, comoquiera que en el proceso no obran los respectivos registros civiles de nacimiento de los señores Arcesio Restrepo Medina y/o Nohelia del Socorro Londoño Giraldo, así como tampoco obra algún otro medio probatorio que permita establecer la edad de alguno de ellos, la Sala en aplicación de los principios de economía procesal y celeridad y con el propósito de evitar una condena en abstracto, tendrá en cuenta para efectos de realizar la liquidación correspondiente a los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la copia auténtica del protocolo de necropsia practicada al cadáver del señor Restrepo Medina (fl. 45, cdno. 6), en la cual se indicó que para el momento de su muerte este contaba con 52 años cumplidos.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su fallecimiento: $ 172.005

Expectativa de vida total de la víctima: 25.97 años (311 meses)

Período consolidado: 166 meses

Período futuro: 145 meses

Índice final: enero de 2011 (último conocido): 106.19

Índice inicial: abril de 1997: 41.11

Actualización de la base:

 

s1998-00409  formula 1.JPG
 

 

RA = $ 444.300,39, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2011, se tomará en cuenta el actual ($ 535.600) para la liquidación; adicionalmente dicho guarismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 669.500) y de dicho monto se reducirá un 25%, correspondiente al porcentaje que dedicaba a sus gastos personales ($ 502.125).

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Arcesio Restrepo Medina (abr./97) hasta la fecha de esta sentencia (mar./2011), esto es 145 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

s1998-00409  formula 2.JPG
 

 

 

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 145 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

s1998-00409  formula 3.JPG
 

 

Total perjuicios materiales: Ciento setenta y nueve millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y dos pesos ($ 179’952.762).

2.6. Costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerla.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es la proferida el 11 de agosto de 2000, por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Central Hidroeléctrica de Caldas, a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. A título de lucro cesante consolidado para la señora Nohelia del Socorro Londoño Giraldo, la suma de ciento setenta y nueve millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y dos pesos ($ 179’952.762).

3.2. Por daño moral, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Nohelia del Socorro Londoño Giraldo (Cónyuge)
100 SMMLV
Marleny del Socorro Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
Luz Dary Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
María Lucídia Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
Claudia María Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
Jorge de Jesús Restrepo Londoño (Hijo)
100 SMMLV
Beatriz Elena Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV
Alba Nelly Restrepo Londoño (Hija)
100 SMMLV

 

4. CONDÉNASE a la Compañía de Seguros Atlas S.A., llamada en garantía (o a la sociedad que la suceda), a reintegrar a favor de la CHEC, hasta el límite y porcentaje del valor asegurado, la proporción correspondiente a las sumas que la última tenga la obligación de cancelar por la condena aquí impuesta, pero únicamente hasta el límite y porcentaje del valor asegurado, esto es la suma equivalente al 60% de la condena, de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia.

5. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase.

Magistrados: Gladys Agudelo Ordóñez—Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez.

(1) Suma equivalente en pesos a $ 25’957.441, la cual resulta superior a la legalmente exigida para tramitar el proceso en dos instancias, comoquiera que a la fecha de presentación de la demanda, esto es el 13 de julio de 1998, la cuantía establecida para esos efectos era de $ 9’610.000 (D. 597/88).

(2) “El factor de conexión, que es aquél que centra la atención de la Sala en el presente asunto, consiste, según se ha visto, en que si se demanda a una entidad pública en relación con la cual el competente para conocer de los juicios en los cuales ha de dilucidarse su responsabilidad es el juez administrativo, en conjunto con otra u otras entidades o incluso con particulares, en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados está atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del “factor de conexión”, el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos”. En Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto del 2007, expediente 15.526.

(3) Al respecto consultar, por ejemplo, sentencias del 4 de febrero de 1993, expediente 7.506; 25 de marzo de 1993, expediente 7.476; 12 de septiembre 1997, expediente 11.224; 30 de abril 1997, expediente 12.967.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2001, expediente 12.696, C.P. Alier Hernández Enríquez. Posición jurisprudencial reiterada en sentencias del 23 de abril del 2008, expediente 16.235 y del 28 de abril del 2010, expediente 18.646, entre otras.

(5) Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, expediente 10.024.

(6) Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad Civil por el riesgo o vicio de las cosas”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, págs. 38 y 43.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2001, expediente 11.162, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de mayo de 2007, expediente 16.898, M.P. Enrique Gil Botero.

(9) Sin perjuicio de lo anterior, esto es de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad por la creación de un riesgo excepcional, resulta necesario precisar que el juez puede, en todos los casos, ejercer una labor de control de la acción administrativa del Estado, por manera que si las pruebas evidencian una falla del servicio que revele el incumplimiento de una obligación a cargo de la entidad demandada, bien por acción o por omisión, no hay duda de que ésta debe ser declarada.

Al respecto resulta pertinente señalar que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, en el sentido de determinar que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “... debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”.

Es que las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. En ese sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril de 2008, expediente 16.235 y del 23 de abril de 2009, expediente 17.187, entre muchas otras.

(10) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 11 de febrero de 2009, expediente 17.145.

(11) Nota original en la sentencia Citada: Robert, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, pág. 1039, citado por Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 19.

(12) Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, pág. 8.

(13) Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, pág. 581.

(14) Nota original en la sentencia citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

(15) Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, pág. 21.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16.530.

(17) En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo 2 de 2007; Expediente 190012331000199800031 01; Radicación 24.972.

(18) Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el 15 de marzo de 2001, expediente 11.162, M.P. Alier E. Hernández Enríquez y el 31 de mayo de 2007, expediente 16.898, M.P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras.

(19) En la póliza se consagró la siguiente participación: Seguros Atlas S.A. 60% equivalente a US$ 600.000 y La Fénix con un 40% equivalente a US$ 400.000.

(20) Al respecto, debe precisarse que el valor real del interés asegurado o suma asegurada limita la responsabilidad máxima de la compañía de seguros, pues de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, cuyo tenor indica: “El asegurador no estará obligado a responder, sino hasta la concurrencia de la suma asegurada”.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232-15.646, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(22) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.