Sentencia 1998-00447/21779 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso 19001233100019980044701 (21779)

Asunto: Reparación directa

Actor: Humberto López y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario - INPEC

Bogotá D.C., doce de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Presupuestos procesales de la acción

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo del Cauca y decidido por la Sala de Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo con Sede en Cali, tal como lo dispone el art. 129 del CCA, habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(2).

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar -en función de los hechos probados y el recurso de apelación interpuesto- si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, es patrimonialmente responsable por cuenta de la muerte del recluso César Augusto López Zapata, en las instalaciones del centro carcelario “Rodrigo Lara Bonilla” del municipio de Santander de Quilichao (Cauca) como lo aduce el recurrente o si, por el contrario, se encuentra acreditada la configuración de un hecho de la víctima que conlleve a la exoneración de la entidad demandada.

3. Valoración de las pruebas trasladadas

Como prueba de los hechos sub exámine, la Sala solicitó, en ejercicio de la facultad probatoria que le asiste al juez contencioso de conformidad con el artículo 169 del CCA, que se allegara, la copia íntegra de lo actuado en el proceso penal 1998044700 seguido por la muerte del recluso César Augusto López Zapata. Plenario que fue aportado por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Juzgados Penales del Circuito de Santander de Quilichao – Cauca (fol. 133, c. ppal.), en el cual reposan medios de prueba documentales y testimoniales, que habrán de ser valorados por la Sala en la medida en que las mismas estuvieron a disposición de las partes y fueron practicadas con audiencia de la parte demandada sin que su legalidad fuera cuestionada.

4. Hechos probados

4.1. Como primera medida, en relación con la legitimación en la causa por activa, obra en el expediente el registro civil de nacimiento del occiso César Augusto López, del cual se desprende la relación filial de este con los señores Humberto López y Lilia María Zapata (fol. 13, c. ppal.), así como obran los registros civiles de nacimiento de los señores Nidia (fol. 5, c. ibíd.), Jorge Luís (fol. 6, c. ibíd.), Julio César (fol. 6, c. ibíd.), Licenia (fol. 8, c. ibíd.) y Gloria Inés López Zapata (fol. 9, c. ibíd.); Stella Zapata (fol. 10, c. ibíd.); Nubia María Vásquez Zapata (fol. 11, c. ibíd.); Rafael Alberto (fol. 35, c. ibíd.) y Alfonso López Vásquez (fol. 36, c. ibíd.), de donde se colige su calidad de hermanos de la víctima.

Respecto de la demandante María Stella Palacios, no obra prueba que lleve a la Sala al convencimiento de su calidad de compañera permanente del occiso, en la medida en que en la inspección de cadáver No. 06 (fol. 3, c. 2) se indicó que el occiso registraba como compañera permanente a la señora Gloria Stella Solarte, madre de su hijo César Andrés López Solarte. Por su parte la señora Miryam García García, vecina del señor López Zapata, indicó que este “en el momento no tenía compañera permanente”. Si bien, reseñó que la señora Stella Palacios se encontraba embarazada al momento de los hechos y le hacía visita en la cárcel al occiso durante la reclusión, dicha prueba no es coincidente con la información registrada por las autoridades, así como tampoco obran elementos de convicción que prueben la relación afectiva por lo que no podrá tenerse como legitimada en la causa por activa en el sub lite.

En cuanto a las pretensiones incoadas por el joven César Andrés Solarte, obra en el expediente su registro civil de nacimiento (fol. 14, c. ppal.). Si bien, al momento de la interposición de la demanda no se otorgó poder en su nombre y representación para adelantar el proceso sub lite, dicha situación fue subsanada en esta instancia, mediante su interesado ya mayor de edad (fol. 151, c. ppal.), por lo que está legitimado para comparecer al proceso.

4.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se tiene que la muerte del señor César Augusto López Zapata acaeció en las instalaciones de la Cárcel “Rodrigo Lara Bonilla”, cuando se encontraba detenido y bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, según hizo constar el director de dicho establecimiento carcelario (fol. 22, c. 2). En tal virtud, no cabe duda de que la legitimación en la causa pasiva se encuentra en cabeza de la parte demandada.

4.3. En relación con los hechos que se acusan como dañosos, se acreditó en el proceso:

4.3.1. El registro civil de defunción, da cuenta de que el señor Cesar Augusto López Zapata, falleció el 17 de agosto de 1996, como consecuencia de un “paro cardio respiratorio, proceso expansivo intracraneano – craneoencefálico severo” (fol. 12, c. 2). En el mismo sentido reza su historia clínica: “Agosto 17/96. Interno que fallece en el hospital por trauma craneano” (fol. 27, c. 2).

4.3.2. De conformidad con la certificación expedida por el Director de la Cárcel del Circuito Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” (fol. 15, c. ppal.), el señor César Augusto López Zapata se encontraba detenido a instancias del INPEC desde el 26 de abril de 1995 y específicamente en dicho centro penitenciario desde el 29 de mayo de 1996, por cuenta del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada, en virtud de medida de detención preventiva por la presunta comisión de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

Respecto de las causas del deceso del señor López, se indicó:

“El fallecimiento se debió a que el interno se lanzó de un muro que da al patio Número dos, hechos ocurridos el día 17 de agosto de 1996, a las 06:10 horas y se ordenó lo llevaran al hospital local, debido a la lesión que tenía, donde los galenos manifestaron que había fallecido (…)” – se destaca.

4.3.3. Lo anterior, de conformidad con el informe de novedad rendido al Director de la Cárcel por el Dragoneante Departamental William Antonio Gil Mosquera y el Inspector Alejandro Lozano (fol. 34, c. 3).

4.3.4. En el mismo sentido, frente a las causas de la muerte, indica el protocolo de necropsia No. 063, elevado por el Hospital Regional “Francisco de Paula Santander”:

“Según acta de levantamiento: “Según información obtenida en la cárcel del circuito; el occiso se encontraba detenido por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas por cuenta del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada y que en día de hoy (sic) cuando los internos se dirigían hacia el comedor a tomar el desayuno, el occiso salió corriendo y se arrojó por un muro cayendo al segundo piso, de donde fue levantado” (fol. 64 a 65, c. 2).

Misma anotación que aparece en la Inspección de Cadáver No. 06 (fol. 4 a 6).

Dicha tesis sobre su muerte, se reitera en el informe de necrodactilia, realizado por la Dirección Seccional de Fiscalía de Santander de Quilichao (Cauca), en que se itera que, “al parecer se arrojó de un segundo piso en la cárcel del circuito de Santander” (fol. 2 c. 3)

4.3.5. En el mismo sentido, obran múltiples declaraciones recaudadas en sede penal, las cuales son contestes en afirmar que la muerte del occiso acaeció cuando este, de manera voluntaria, saltó desde un muro de aproximadamente diez metros de altura, con la intención de quitarse la vida. Decisión que había sido adoptada por el recluso desde el día anterior, según indican sus compañeros de reclusión. Dicen los testigos:

4.3.5.1. Declaración del dragoneante Willian Antonio Gil Mosquera (fol. 19, c. 3):

“Preguntado: Sírvase manifestar al Despacho todo lo relacionado con los hechos ocurridos el día 17 de agosto del presente año en la cárcel del circuito de esta ciudad, donde perdió la vida el interno César Augusto López Zapata? Contestó: Me encontraba de servicio de pabellón durante todo el día hasta las seis de la tarde, luego pasé a comer y a descansar para nuevamente recibir turno en el mismo pabellón a las doce de la noche, siendo las 06:10 de la mañana procedíamos a sacar el personal en compañía del oficial de servicio Lozano Alejandro y los disponibles que se encontraban en el pabellón, se procedió a contar el personal para ser dirigido al patio que queda en la primer planta, en esos momentos pasaba el interno César Augusto López Zapata con acceso al patio en segundos se devolvió pasó corriendo por el lado mío y el señor cabo Lozano dando la vuelta por un pasillo que da acceso al patio número tres en la cual (sic) hay un muro que comunica al dormitorio número dos, éste interno en cuestión de segundos subió a dicho muro que da acceso al dormitorio número dos inmediatamente se quitó la camisa, se la enrrolló (sic) en la mano de inmediato los internos y el oficial de servicio cabo Lozano y cuyos nombres de estos internos que salieron detrás de él son: DANILO AGUILAR, JOSÉ MOSQUERA y ROMIR LÓPEZ MOSTACILLA quienes le gritaban que se bajara de ese muro que no se fuera a lanzar, dicho interno CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ no hacía caso a lo que sus compañeros le gritaban que se bajara de ese muro y que no se fuera a tirar. Las palabras que dijo CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ fueron: “NO ME CREEN QUE YO ESTOY ENFERMO?” e inmediatamente echó las manos hacia atrás y se lanzó al interior del patio, de inmediato con el personal disponible se procedió a sacarlo y a ser conducido (sic) al hospital de esta localidad (…) se ubicó en una camilla para que el médico de turno en esos momentos lo atendiera hasta que él dijo que ese interno había fallecido, cuando el médico lo examinó ya estaba muerto, al parecer se había desnucado Preguntado: Sírvase manifestar al Despacho si tiene usted conocimiento cuál fue el motivo que llevó al señor CÉSAR AUGUSTO a quitarse la vida? Contestó: Los desconozco…cuando regresamos a la Cárcel nuevamente a entregar el turno, los internos decían que la noche anterior había intentado quitarse la vida de varias formas, que inclusive les había tocado hacer turnos con el fin de cuidarlo porque él ya tenía pensado de cualquier forma suicidarse (…) Preguntado: Durante el tiempo que este joven estuvo preso cómo le notaba usted el estado de ánimo. Contestó: Animosamente se notaba decaído por él estando en ese patio número dos, pasó una solicitud o una audiencia para que fuera cambiado de patio y se le accedió a darle el patio número tres (3), unos pocos días después dijo que quería pasar nuevamente al patio número dos (2) porque allá tenía conocidos y en este patio número tres no tenía conocidos, y lo pasaron nuevamente al patio número dos donde había estado antes y ya fue donde él se quitó la vida. A él siempre se trató de tenerlo donde quería porque él decía que se sentía mal anímicamente y fue visto el médico creo pero no estoy seguro. A él se le trató de hacérsele lo que más se pudo para que estuviera tranquilo. (…) Preguntado: Cuando este joven estaba en el patio número dos como era con los compañeros, es decir, dialogaba o participaba con ellos en alguna actividad? Contestó: Él nunca buscaba a los compañeros si no que ellos lo buscaban a él y lo protegían porque ellos decían que él había colocado sábanas para suicidarse, tomar pinturas para ello, y siempre estaban pendientes de la situación (…) Preguntado: Algún siquiatra trató el caso del joven fallecido. Contestó: No me doy cuenta. Preguntado: Informe al Despacho a qué altura se encontraba el sitio de donde se lanzó CÉSAR AUGUSTO? Contestó: Por ahí unos diez metros aproximadamente, él se tiró como si se fuera a tirar a una piscina, de frente (…)” – se destaca.

4.3.5.2. Declaración del interno Romir López Mostacilla (fol. 24 y 25, c. ibíd.):

“Preguntado: Díganos si se dio cuenta de los hechos sucedidos el día 17 de agosto del año en curso a eso de las 06:10 horas, cuando el interno César Augusto López Zapata, se tiró del segundo piso, al interior del patio dos. Contestó: Yo desde el día antes, el día viernes que él se metió al patio a la fuerza y el Comandante GIL lo sacó otra vez al pasillo y le dijo que no pertenecía a ese patio, entonces él dijo que él no se iba para el tres que porque él allá se sentía mal y el Comandante GIL le dijo que hiciera una audiencia para pedir cambio de patio y se la hicieron en el patio y él la firmó, entonces lo metieron otra vez al patio, me dijo que se sentía un poco mejor y le llegó una entrevista con la familia, no sé qué le hayan dicho pero se encontraba deprimido, también inquieto, no se encontraba él. A mediados de las seis o seis y media de la tarde, yo me encontraba en mi camarote descansando, cuando sentí unos pasos cerca al camarote, era César que estaba parado ahí viéndome la cara, lo ví muy extraño, con una mirada muy desesperante, comenzó a buscarme debajo de los camarotes, como a mí me dan un específico para asear los servicios, comenzó a buscarme los frascos y a preguntarme que era eso, le dije que eso era un específico, tomó o cogió uno de ellos, lo olió porque lo tenía yo en un frasco de esos de patojito (sic) y se lo iba a tomar, yo le cogí el frasco y le dije que qué era lo que iba a hacer, no me contestó nada y se fue, yo al verlo en ese estado que se encontraba, me puse a echarle ojo o ponerle cuidado que no fuera a cometer algo grave, le dije a otros compañeros, a un muchacho DANILO AGUILAR y a un muchacho que lo apodamos como Paso de Reina, que ellos le pusieran cuidado que él andaba como con ganas de envenenarse (…) faltando unos cinco minutos para las seis (de la mañana del día siguiente) llegó el guardia, el Cabo Lozano, el Comandante Gil y abrieron para que el personal bajara hacia el patio, yo me dirigí a traer mi (ilegible) cuando oí gritos del compañero Paso de Reina que decía “César, César para dónde vas” y llamaba Paso de Reina a la guardia, el comandante Lozano y le decía que lo cogieron, que César se iba a tirar de arriba del muro hacia el interior del patio dos y el Comandante Lozano cogió el bolillo y se lo apretó en la mano y el Comandante Lozano confundido, arrancó a correr detrás de César, creyendo que el muchacho iba a subirse para volarse y ya comenzamos nosotros los internos, cuando lo vimos subido allí en ese murito con la mirada hacia el patio, comenzamos nosotros los internos que no se fuera a tirar allá al patio de cabezas (sic), como el comandante Gil no dejó salir a nadie más, ya que habíamos como quince por fuera y entonces (sic) uno allá abajo a ponerle cosas, espuma y atravesarse, buscando la forma de que no se tirara de allá y César, decía, no me creían y amagó y volvió y dijo lo mismo y dijo lo mismo y dijo la misma frase y el muchacho Paso de Reina que lo tiraba a cogerlo de los pies, César le decía “soltame” ni corto ni perezoso se lanzó y cuando iba a llegando clavó la cabeza y cayó encima de la espuma. Ahí mismo el comandante Lozano decía que bajáramos todos rápido para llevar rápido a ese muchacho al hospital y eso fue todo. Preguntado: Cuál pudo haber sido el motivo para que este interno se lanzara al interior del patio para quitarse la vida. Contestó: Por hechicería, tengo entendido que por el delito que él se encontraba era Homicidio en el cual se murió un persona accidentalmente, la familia del que mató arregló al muerto, o sea, le metió hechizo para que Cesar se desesperara, eso no le valía droga porque a mí me consta de que lo llevaban al hospital, le dieron calmantes, la mamá le traía también droga y no le valía (…) Preguntado: Díganos si tiene algo más que agregar, enmendar o corregir a la presente diligencia- Contestó: No nada. Así que tengo que decir que me gustaría que le pusieran más cuidado a una persona o interno le hagan esa clase de cochinezas (sic), no lo tomen como juego o como locura (…)” – se destaca.

4.3.5.3. Declaración del interno JOSÉ ANDRÉS MOSQUERA ARANGO (fol. 24 vto., c. ibíd.):

“Preguntado: Díganos si se dio cuenta de los hechos sucedidos el día 17 de agosto del año en curso a eso de las 06:10 horas, cuando el interno Cesar Augusto López Zapata, se tiró del segundo piso, muro al interior del patio dos. Contestó: Yo me di cuenta cuándo él comenzó a correr nos estaban sacando para el patio y él cogió y arrancó a correr al lado contrario por donde estábamos bajando nosotros y yo le seguí y me fui atrás, él decía que estaba muy desesperado y que se iba a matar, entonces yo pensé que iba a hacer eso y cuando yo llegué a donde él, él ya estaba trepado en el muro y ahí fue donde se tiró al interior del patio y se tiró de cabezas (sic) y nosotros bajamos y ahí lo sacaron para el hospital y eso fue todo (…) Preguntado: El interno López Zapata, qué le manifestaba a usted cuando decía que se iba a matar, ya que estaba desesperado. Contestó: Él me decía que de esa semana no pasaba, él se sentía muy enfermo y que nadie le paraba bolas, yo creo que esa era la causa por la cual se mató (…) Preguntado: Porque el interno López, le manifestó a usted que estaba desesperado. Contestó: Porque yo mantenía con él a toda hora, porque él no comía ni nada y yo le ofrecía la comida y me decía que se sentía muy mal, él no me comentó porqué estaba desesperado, él casi no hablaba (…) Preguntado: Díganos cuál era el comportamiento del interno López y que era lo que a él lo tenía desesperado. Contestó: El comportamiento, él llegaba y bajaba del patio y tendía una cobija, se acostaba ahí y tenía que llamarlo para que recibiera la comida, él mantenía era acostado (…)” – se destaca.

4.3.5.4. Declaración del interno Danilo Aguilar Bermúdez (fol. 32, c. ibíd.):

“Preguntado: Díganos si se dio cuenta de los hechos sucedidos el 17 de agosto del año en curso, a eso de las 06:10 horas, cuando el interno LÓPEZ ZAPATA, se tiró del segundo piso, muro al interior del patio dos. Contestó: En ese momento estábamos bajando al patio y cuando él salió yo estaba en el cambuche, cuando ahí mismo oí la bulla, que “cójanlo, cójanlo” y cuando lo vi, fue subido allá en el muro del patio dos, segundo piso (…) Preguntado: Cuál pudo haber sido el motivo para que este interno se lanzara al interior del patio para quitarse la vida. Contestó: El comentaba de que mantenía muy enfermo, él le decía que no se encontraba, vivía desesperado y no decía nada, casi no hablaba. Preguntado: Díganos el interno López Zapata llegó a manifestar que se iba a quitar la vida y cuál era la causa? Contestó: No llegué a oír nada de eso, le mantenía era aburrido y sentado no más. Preguntado: Díganos si el interno López decía que padecía alguna clase de enfermedad. Contestó: Él lo único que decía era que mantenía malo (sic), el mantenía era azarado (sic) y aburrido de la vida y sentado no más (…) – se destaca-.

4.3.5.5. Declaración del Sargento de Prisiones Luís Alberto Arboleda, quien reitera el informe suscrito sobre los hechos, en su calidad de Director encargado de la Cárcel de Santander de Quilichao (fol. 35, c. 3).

4.3.5.6. Con fundamento en el acervo probatorio recaudado, la Fiscalía Primera del Circuito de Santander de Quilichao (Cauca) profirió resolución inhibitoria y se abstuvo de abrir investigación penal por la muerte del señor César Augusto López Zapata. Consideró el ente investigador (fol. 36 a 37, c. 3):

“Esta abundante prueba testimonial enseña sin lugar a equívocos que el señor Cesar Augusto López Zapata atravesaba por una crisis depresiva que lo condujo a la determinación de terminar con su vida, inclinación que percibió incluso su compañero Romir López Mostacilla cuando López Zapata intentó ingerir una sustancia tóxica (específico) y de la que también tuvieron conocimiento los demás declarantes, compañeros de patio del occiso.

La causa de esta depresión, según César Augusto Zapata, era una enfermedad derivada de la brujería por lo que el occiso sentía que se estaba muriendo, sin embargo, del acervo probatorio no se desprende ninguna responsabilidad por parte de sujeto determinado, pues se sabe que recibió atención médica, que se lo cambio de patio para ver si mejoraba su estado de ánimo y que tanto el personal de prisiones como de internos trató de evitar el fatal desenlace protagonizado por César Augusto López Zapata, sin lograr impedir que este terminara con su vida.

En estas condiciones, estamos ante una conducta que no está tipificada como delito, un suicidio, decidido en forma voluntaria por el hoy occiso, razón por la cual fuerza concluir que no es viable iniciar investigación penal por el hecho, sin perjuicios de que aparezcan con posterioridad nuevas pruebas que desvirtúen esta argumentación”. – se destaca.

4.3.5.7. Finalmente, obra en el plenario copia de la historia clínica del occiso Cesar Augusto López, de la cual se desprende su visita constante a la división de sanidad del centro penitenciario. Dentro de los síntomas destacados de manera reiterada se encuentran cefalea(3), sinusitis, problemas gatroinstestinales(4), mareos, anemia, insomnio, así como en las últimas consultas médicas, se refiere su estado depresivo.

En tal sentido, se destacan las siguientes anotaciones:

“12 agosto/96 MC: Está nervioso y manifiesta que el tratamiento nuevo le ha servido, que sí puede comer.

E.A.: Su familia le compró oraxole (sic)(5) y sedolax enzimático, al igual que otros fármacos como Hiderax(6) y Triptona, formulados estos dos últimos por médico que lo valoró a solicitud de él y su familia.

E.F. Lo positivo SNC: paciente un poco irritable, levemente deprimido por estar preso (…)”

15 agosto/96 (…) Llama la atención el marcado interés del paciente porque lo debe tratar un yerbatero porque lo tienen rezado (sic) (…)

Cdta: (…)

3. Fluoxetina(7) (muestra médica)”. – se destaca.

Observa la Sala que en la historia clínica no se registra la especialidad de los médicos tratantes. No obra anotación alguna sobre remisión o del occiso al área de psicología o psiquiatría.

5. Juicio de responsabilidad

5.1. Régimen de responsabilidad estatal por la muerte de personas privadas de la libertad

Observa la Sala que los hechos por los cuales se reclama en el sub lite, están constituidos por la muerte de una persona sindicada de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, que se encontraba legalmente privada de la libertad a órdenes del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada (Cauca) y bajo la tutela y custodia estatal, a través de agentes pertenecientes a una institución pública, el INPEC.

A propósito de los daños antijurídicos provenientes de las lesiones o la muerte sufridas por las personas que se encuentran en tales condiciones, es decir legalmente privadas de la libertad, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que surge a cargo del Estado una responsabilidad de naturaleza objetiva, en la medida en que recae sobre él una obligación de vigilancia y protección sobre tales personas, dado que tiene a su cargo velar por la vida e integridad física de las mismas; así, ha sostenido(8):

“En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha señalado que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”(9)

(…) Con fundamento en lo anterior, pude concluirse entonces que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringir, limitar o modular algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización del interno y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues –según se consideró anteriormente-, su seguridad depende por completo de la Administración.

Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad” – se destaca-.

Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que en aquellos eventos en los cuales el daño que se alega está constituido por el suicidio de una persona que se encontraba bajo la tutela y vigilancia de una entidad estatal, salvo que se lograren probar circunstancias especiales demostrativas de una actuación negligente o ilegal de la entidad estatal en cuestión, como sería el hecho de que se tuviera conocimiento de antecedentes que permitieran advertir el peligro de que la persona atentara contra su propia vida y no se hubieren tomado las medidas preventivas necesarias para evitarlo o que, por tratarse de una persona mental o emocionalmente afectada o disminuida requería cuidados especiales que no se le hubieren brindado de manera oportuna, propiciando con ello el desenlace del suicidio, se trata de un hecho exclusivo de la víctima que impide, por lo tanto, imputarle responsabilidad a la administración.

Es así como en sentencia del 30 de noviembre de 2000(10), se sostuvo:

“En principio, el tema del suicidio pone de relieve concepciones meramente éticas que comprometen el fuero interno de las personas, pero que deben permanecer al margen del derecho, dado que éste sólo puede regular la conducta de las personas en cuanto interfieran con los demás y no los deberes que éste tiene para consigo mismo.

Por esto, la tentativa de suicidio no puede ser objeto de represión penal en un Estado que conciba a la persona “como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo…limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir”(11). Esta concepción de la persona como autónoma en tanto que digna, implica inevitable e inescindiblemente dejar que sea “la propia persona (y no nadie por ella) quien deba darle sentido a su existencia, y en armonía con él un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena”(12).

Desde esta concepción, el Estado no está habilitado para exigir a la persona una forma determinada de conducta para consigo mismo y por lo tanto, no puede obligarlo a que cuide de su salud, que se someta a un tratamiento médico ni por su puesto que prolongue su existencia si ésta considera que debe ponerle fin a la misma, pues sólo un Estado totalitario puede asumirse como dueño y señor de la vida de las personas. En otros términos, aunque las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida de las personas (arts. 2 y 46 C.P.), ese deber se limita cuando el autor del daño es la persona misma, pues “si yo soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo infligirme”(13).

Esa libertad de decidir sobre el cuidado de la salud o la preservación de la propia vida, tiene sin embargo límites relacionados precisamente con la capacidad de autodeterminación de las personas. En el caso de los enfermos mentales y de los menores el Estado tiene un deber de protección de las personas contra sí misma, pues éstas por su incapacidad síquica o inmadurez se encuentran en situación de mayor indefensión y carecen de plena autonomía. Por lo tanto, debe brindarles una mayor protección (art. 13 C.P.), lo cual se extiende a impedirles aún con medios coercitivos que atenten contra su propia vida(14).

En relación con las personas que se encuentran en situación de sujeción especial como los reclusos y los conscriptos el deber de protección del Estado también es mayor y se extiende a brindarles a éstos la ayuda médica que requieran cuando las circunstancias que viven, por su carácter forzoso, desencadena en ellos perturbaciones síquicas.

Es cierto que frente a los reclusos y conscriptos, el Estado tiene una obligación de resultado, lo cual significa que si no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su reclutamiento o retención, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo en el cual fue sometido a la prestación del servicio militar o a la detención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un simple comportamiento sino la obtención efectiva de un resultado determinado.

Las obligaciones del Estado frente a las personas sometidas a una situación especial de sujeción son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se recluta o se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no estén limitados por su situación especial.

En síntesis, el reclutamiento y la retención como ejercicio legítimo del poder del Estado que afecta algunos derechos de las personas, en sí misma no son actividades que generen responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a esas situaciones, dado que estas son cargas que los ciudadanos deben soportar. Pero así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que el reclutamiento o la retención son actividades que redundan en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarles una eficaz protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales riesgos.

La obligación de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar de retención, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los conscriptos y retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

Frente a las obligaciones de resultado el deudor responde de manera objetiva y por tanto, sólo se exonera si acredita una causa extraña, esto es, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero.

En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno síquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro.

En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o retenido sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias del caso, no hubiera sido conocida las autoridades encargadas de su protección, el hecho sería sólo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible para la administración” – se destaca.

Por otra parte, también debe tenerse en cuenta la posibilidad de identificación y previsibilidad por parte de las autoridades a cargo de la persona que comete suicidio, de que tal decisión pudiera ser tomada y llevada a cabo por aquella, porque si no es posible prever que la persona puede intentar una actuación de tal índole, tampoco es dable exigir a la administración un comportamiento o una reacción específica de protección y cuidado; en términos similares concluyó la Sala en providencia en la que se analizaron conceptos médico–científicos sobre la naturaleza de la tendencia suicida, como enfermedad en sí misma o como síntoma de una o de varias dolencias, que puede presentar manifestaciones externas que al ser advertidas, permiten tomar las medidas pertinentes para proteger a la persona de sus propios actos(15):

“En segundo lugar, no se puede afirmar que la enfermedad que padecía la paciente no implicaba un riesgo de suicidio, como tampoco se puede afirmar que este se encuentra asociado únicamente a un tipo de enfermedad específica, como la depresión. Lo cierto es que el suicidio se origina en múltiples condiciones que lo desencadenan, una de las cuales es la presencia de una enfermedad mental. Sobre el tema los expertos han señalado:

“Sobre la pregunta de si el suicidio es una enfermedad o un síntoma, los expertos han llegado a un consenso generalizado: el suicidio es un síntoma y no una enfermedad. Esto significa que el suicidio puede ser el resultado de un importante número de condiciones psicológicas y físicas, y que los intentos de suicidio pueden situarse en un punto intermedio en cualquier número de circunstancias.

“Sin embargo, existen algunos síntomas o conductas que suelen aparecer en el historial de las personas que intentan suicidarse o se suicidan. La depresión es el síntoma mencionado con mayor frecuencia. No obstante, el que un individuo sufra una depresión no significa que esté a punto de quitarse la vida. Ni todas las personas deprimidas son suicidas, ni todos los suicidas están necesariamente deprimidos (Cantor, 1987ª).

“Aunque la depresión es el síntoma que se asocia con mayor frecuencia al suicidio, los factores significativos que sitúan a la persona en este riesgo están más relacionados con los cambios de conducta y cognitivos que con el diagnóstico de depresión…

“¿Qué induce a la gente a suicidarse en la actualidad? Ya hemos dicho que el suicidio es un síntoma y no una enfermedad, y puede ser una consecuencia de enfermedades psiquiátricas, físicas o de desequilibrios bioquímicos...

“Es evidente que la enfermedad psiquiátrica predispone al suicidio, aunque no se trata de una variable necesaria. Además, no se ha podido determinar con exactitud cuáles son las enfermedades psiquiátricas que predisponen al suicidio (Cantor, 1989b; Shaffer, 1989).

“Las psicopatologías más documentadas en relación con el suicidio son los trastornos afectivos (en particular la depresión), los trastornos de conducta y el abuso de sustancias psicoactivas. También se citan los rasgos de personalidad, como la impulsividad y la agresión, así como los trastornos antisocial y límite de la personalidad. Por otra parte en un estudio reciente se aboga por los síntomas de ansiedad y angustia como los más claros indicadores de un potencial suicida (Weissman, Klerman, Markovitz y Ouellette, 1989).

“La literatura y el folclore nos inducen a pensar que el suicidio aparece en los individuos deprimidos. Sin embargo, los estudios actuales rechazan esta idea e indican otras áreas de riesgo, como la ansiedad, el abuso de sustancias psicoactivas, los trastornos bioquímicos y neuroquímicos, y factores psicosociales, como la falta de apoyo, el estrés, la enfermedad crónica y la oportunidad.

“Además, la vulnerabilidad actual de un individuo ante el suicidio puede fluctuar de un día para otro. Esto hace que nos preguntemos si el suicidio es con frecuencia la consecuencia de la enfermedad mental o de extravagancias y tensiones de la vida, sean hormonales, bioquímicas o circunstanciales...

“En resumen, los factores que pueden conducir al suicidio o al intento de suicidio son diversos y no específicos. La lista de características bioquímicas, de conducta, psicológicas y sociales ligadas al suicidio, incluye:

● El alcohol y el abuso de sustancias psicoactivas;

● La enfermedad mental - con una fuerte controversia sobre la determinación de la enfermedad más relacionada;

● Las conductas impulsivas y antisociales;

● El estrés severo, el sentimiento de culpabilidad o las pérdidas(16).

“(…).

“¿Cómo se puede reconocer el riesgo suicida? A pesar de que la investigación sobre suicidios ha mostrado múltiples factores de riesgo, para el terapeuta es extremadamente difícil valorar en qué medida el paciente presenta riesgo real de suicidio. Los factores expuestos en la tabla 18-1 se refieren a lo que incrementa el riesgo de suicidio. Cuando aparecen varios factores a la vez, es imprescindible prestar la máxima atención. Además, a lo largo de la terapia se debe comprobar de nuevo el riesgo de suicidio del paciente.

“Tabla 18-1. Factores que hay que valorar ante el riesgo de suicidio.

“- Indicios de suicidalidad en el comportamiento de la paciente:

“Avisos directos o indirectos de suicidio, como decir que ya no tiene ilusión por vivir o que sólo es un carga para los demás.

“Intensa dedicación a rumiar el suicidio.

“Hacer planes de suicidio.

“Conocer a alguien o identificarse con alguien que ha consumado el suicidio.

“- Indicios de suicidalidad: (...)

“- Sospechas clínicas de suicidalidad:

“Enfermedad médica crónica.

“Trastornos de personalidad.

“Abuso de medicamentos, drogas o alcohol.

“Síntomas sicóticos

“Conducta agresiva y falta de control de los impulsos.

“Desesperanza, sentimientos de culpa o pesimismo muy marcados.

“Baja autoestima.

“- Condiciones interpersonales, ambientales y sociodemográficas de suicidalidad: (...)”(17)

5.2. El caso concreto

De los hechos probados, relacionados ut supra, no cabe duda de que el señor César Augusto López Zapata, quien al momento de los hechos se encontraba detenido a instancias del INPEC y específicamente en la Cárcel “Rodrigo Lara Bonilla” del Circuito Judicial de Santander de Quilichao (Cauca) desde el 29 de mayo de 1996 –párrafo 4.3.2.-, murió por cuenta del sufrimiento de un trauma craneano, acaecido cuando voluntariamente saltó desde un muro de diez metros de altura aproximadamente, con el fin de quitarse la vida, como efectivamente ocurrió –párrafo 4.3.1. y 4.3.4.-.

Así las cosas, para establecer si por la muerte del prenombrado recluso procede la responsabilidad del Estado, es necesario vislumbrar, si su suicidio era previsible para la entidad, de modo que existiera la obligación de brindarle especial protección y cuidado, pues en ausencia de síntomas de suicidalidad, el hecho se constituye en una causa extraña que escapa a la órbita de la responsabilidad de la entidad.

Los testimonios rendidos en sede penal y trasladados legalmente a este proceso, del dragoneante Willian Antonio Gil Mosquera y de los internos Romir López Mostacilla, José Andrés Mosquera Arango y Danilo Aguilar Bermúdez son contestes en afirmar que el hecho se presentó el 17 de agosto de 1996 siendo las 6:10 a.m., cuando la guardia carcelaria despertó a los reclusos y procedía a trasladarlos al patio ubicado en la primera planta del edificio, momento en que intempestivamente el interno César Augusto López empezó a correr en sentido contrario a los demás reclusos, dando vuelta al pasillo que conecta con el patio número tres, al final del cual se ubicaba un muro al cual subió.

Así mismo, coinciden las declaraciones con que tanto guardias como internos intentaron persuadir, sin éxito, al señor López de que no saltara e inclusive, al advertir la determinación que este tenía de saltar, ubicaron espuma en el patio al que daba el muro con el fin de amortiguar su caída, mientras uno de los internos, conocido con el alias de “Paso de Reina” intentó tomarlo de los pies para impedir su acción suicida. Pese a lo anterior, el señor López se lanzó de cabeza y al caer en dicha posición se produjeron las graves lesiones craneanas que, pese a su traslado inmediato al hospital de la localidad, le causaron la muerte.

Frente a los motivos del interno para adoptar dicha determinación, se destaca que, antes de saltar, de conformidad con la declaración del dragoneante Gil Mosquera y del interno Romir López Mostacilla, gritó la frase “’¿no me creen que yo estoy enfermo?”. Frente a su estado de salud, los compañeros de reclusión del hoy occiso concuerdan en afirmar que aquél se quejaba con sus compañeros más cercanos de padecer múltiples dolencias y de la falta de atención de terceros respecto de las mismas.

En efecto, llaman la atención las múltiples anotaciones obrantes en la historia clínica del occiso, en que se destaca el padecimiento de cefaleas, mareos, sinusitis, problemas gatroinstestinales y anemia, los cuales eran motivo de constante visita a la división de sanidad de la Cárcel; así como inclusive, de médico particular, quienes formularon medicación para el tratamiento de todas sus dolencias. Así mismo, se registra “paciente un poco irritable, levemente deprimido por estar preso (…)” –párrafo 4.3.5.7.-.

Frente a su salud mental, la prueba testimonial indica de manera inequívoca el estado depresivo que manifestaba el señor López. El dragoneante Willian Antonio Gil Mosquera, al ser cuestionado sobre su opinión respecto del estado anímico del recluso indicó que “se notaba decaído” y “que decía que se sentía mal anímicamente”. Así mismo, afirmó frente a sus relaciones sociales que “él nunca buscaba a los compañeros si no que ellos lo buscaban a él y lo protegían porque ellos decían que él había colocado sábanas para suicidarse, tomar pinturas para ello, y siempre estaban pendientes de la situación” –párrafo 4.3.5.2.-.

El relato es concordante con el del interno Romir López Mostacilla, quien señaló que el día anterior al acaecimiento de los hechos el hoy occiso, estuvo buscando los jabones líquidos destinados para el aseo de los baños, con el fin de ingerirlos y de ese modo quitarse la vida por envenenamiento. Situación que llevó a su compañero a dar aviso a los reclusos Danilo Aguilar y alias “Paso de Reina” con el fin de turnarse su vigilancia nocturna y así impedir que el señor López se autoinfligiera daño –párrafo 4.3.5.2.-. Hecho que, sin embargo, sólo fue conocido por la guardia penitenciaria, con posterioridad al deceso del señor López, como lo afirmó el dragoneante Gil en su declaración juramentada.

En el mismo sentido, se lee en la declaración del interno José Andrés Mosquera Arango que el interno “no comía ni nada” y que cuando le insistían que comiera, “decía que se sentía muy mal”. Agregó así mismo el declarante que “él no me comentó porqué estaba desesperado, él casi no hablaba” y que, frente a su rutina diaria “llegaba y bajaba del patio y tendía una cobija, se acostaba ahí y tenía que llamarlo para que recibiera la comida, él mantenía era acostado”. Este testigo manifiesta haber conocido sus intenciones de suicidarse, pues “él [l]e decía que de esa semana no pasaba, él se sentía muy enfermo y que nadie le paraba bolas, yo creo que esa era la causa por la cual se mató” – párrafo 4.3.5.4.-. A la par, el interno Danilo Aguilar Bermúdez, confirmó lo dicho por los demás testigos y reiteró que “él comentaba de que mantenía muy enfermo (sic), él le decía que no se encontraba, vivía desesperado y no decía nada, casi no hablaba”, sin embargo, al ser cuestionado acerca de su conocimiento de las intenciones suicidas del señor López manifestó: “no llegué a oír nada de eso, él mantenía era aburrido y sentado no más” (…) Él lo único que decía era que mantenía malo (sic), el mantenía era azarado (sic) y aburrido de la vida y sentado no más (…)” –párrafo 4.3.5.4.-.

Así mismo, se acreditó que el señor López estaba convencido de que la causa de sus dolencias era el ejercicio de actos de brujería de los que era objeto. Así lo manifestó el testigo Romir López Mostacilla y se anotó en su historia clínica en donde se indica “el marcado interés del paciente porque lo debe tratar un yerbatero, porque lo tienen rezado”, anotación de 15 de agosto de 1996, esto es, de dos días antes de su fallecimiento –párrafo 4.3.5.7.-.

Finalmente, se acreditó que el señor López intentó mejorar su situación anímica solicitando cambio de patio en dos ocasiones, los cuales le fueron concedidos por el establecimiento penitenciario, como obra en los testimonios reseñados.

Del acervo probatorio relacionado se colige entonces (i) que el estado depresivo del señor López era un hecho conocido, no solo por los demás internos, sino también por el centro de reclusión, en la medida en que obraba anotación en dicho sentido en su historia clínica a cargo de la División de Sanidad Carcelaria y dado que los guardianes a cargo percibían su soledad, desgano y poca sociabilidad, síntomas inequívocos de la depresión; (ii) que su tendencia suicida, asociada a dicho trastorno, era previsible para la institución, como se desprende del testimonio del dragoneante Gil Mosquera quien adujo haber escuchado de los compañeros del occiso que ya había intentado quitarse la vida por ahorcamiento y envenenamiento; (iii) que desde el 15 de agosto de 1996, le fue ordenada la toma del medicamento “fluoxetina” o “prozac” por parte de la División de Sanidad Carcelaria, medicamento antidepresivo como medida para combatir dicho trastorno psíquico; (iv) que la institución adoptó medidas tendientes a hacer la vida del interno más amable, como fue la aceptación en dos ocasiones de la solicitud de cambio de patio, la atención médica constante y la formulación de fármacos para todas las dolencias manifestadas y; (v) que el hoy occiso estaba convencido de que era destinatario de maleficios o hechicerías que incidían en su sensación de ansiedad y en su detrimento físico. Creencia que determinó su decisión de quitarse la vida y que también fue anotada en su historia clínica el 15 de agosto de 1996.

Para la Sala, de los hechos probados se advierte una inadecuada atención de la depresión manifiesta y de los rumores de las intenciones suicidas del señor López por parte de la entidad demandada, lo que tuvo una incidencia causal adecuada con la muerte del occiso, comoquiera que es esperable y previsible –acorde con la literatura médica relacionada ut supra- que un individuo enfermo y que asistía regularmente al médico por distintas sintomatologías, asocial y depresivo pueda atentar contra su vida.

No desconoce la Sala el hecho de que, ante la depresión e irritabilidad encontrada, la División de Sanidad Carcelaria ordenó el medicamento “Fluoxetina” o “prozac”, y que permitió en dos ocasiones, el cambio de patio del interno, con el fin de que éste se ubicara en aquel en que se sintiera mejor, así como miembros de la guardia carcelaria intentaron persuadirle de no atentar contra su vida e inclusive se dispuso en el patio de una espuma para amortiguar su caída. Actuaciones que sin duda alguna, tenían como fin, mejorar las condiciones de reclusión del hoy occiso y evitar su deceso, pero que fueron insuficientes en la medida en que lo idóneo era la realización de un adecuado acompañamiento y seguimiento que disminuyera el riesgo de suicidio al que estaba expuesto el recluso en virtud de dicha situación.

Se reitera en este sentido que respecto de las personas que se encuentran en situación de sujeción especial como los reclusos, el deber de protección del Estado es mayor y se extiende a brindarles a éstos la ayuda médica especializada que requieran cuando las circunstancias que viven, por su carácter forzoso, desencadena en ellos perturbaciones síquicas, de modo que dado que éste se encontraba asistiendo de manera constante a solicitar ayuda médica desde el 20 de junio de 1996, esto es, durante los dos meses anteriores, se advierte un inadecuado y tardío manejo de la depresión manifestada por el recluso.

De lo anterior, concluye la Sala que la decisión del señor César Augusto López Zapata no fue libre y autónoma y en tal virtud, la misma no tiene la virtualidad de exonerar a la administración, por no ser un hecho exclusivo de la víctima sino que tuvo relación directa con el inadecuado manejo que dio la institución a la sintomatología presentada por el interno.

En consecuencia, la Sala condenará por estos hechos a la entidad demandada.

6. Los perjuicios a indemnizar

6.1. Perjuicios morales

La parte actora solicitó el reconocimiento de una suma equivalente en pesos colombianos a 2000 gramos oro para el padre y la madre del occiso, así como la suma equivalente a 1000 gramos oro para cada uno de los hermanos y el hijo del occiso, a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de los demandantes.

En este orden de ideas, es menester señalar, como primera medida, que para la cuantificación del pretium doloris con el cual se pretende compensar el dolor padecido por los accionantes, por la muerte del recluso César Augusto López Zapata, se acudirá a la tasación en salarios mínimos mensuales legales, como se viene sosteniendo por esta Corporación, a partir de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, proferida dentro de los procesos acumulados No. 13.232 y 15.646, por lo cual se continuará con el criterio fijado por el tribunal de primera instancia.

En segundo lugar, se tiene que, en relación con la acreditación del dolor moral padecido por el detenido y de la cuantía del perjuicio, con ocasión de la restricción injusta de la libertad a la que fue sometido, si bien la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado unos parámetros que operan como criterios orientadores para liquidar las condenas por daños morales, los mismos pueden variar –ser incrementados o disminuidos- según el caso concreto, en razón de la magnitud e implicaciones del padecimiento(18). En efecto, las pautas jurisprudenciales en la materia constituyen una guía, ante la dificultad de fijar reglas para gobernar una valoración que no las admite y precisamente por ello, si el caso concreto lo amerita, el juez se deberá apartar y condenar por montos superiores a los tradicionalmente empleados. En todo caso, es claro que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse, razonablemente, que los padres, hermanos e hijo del occiso tuvieron una afectación moral por cuenta de su fallecimiento.

Ahora bien, según los criterios de indemnización del perjuicio inmaterial adoptados recientemente en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014(19), el monto de la indemnización de perjuicios para los padres y el hijo del occiso ascenderá a 100 SMLMV, mientras que a sus hermanos se reconocerá la suma de 50 SMLMV.

En consecuencia, se reconocerá la suma de 100 SMLMV a cada uno de los señores Humberto López, Lilia María Zapata y César Andrés López Solarte y de 50 SMLMV a cada uno de los señores Nidia, Jorge Luís, Julio César, Licenia y Gloria Inés López Zapata, Stella Zapata y Nubia María Vásquez Zapata.

6.2. Perjuicios materiales

En relación con el perjuicio patrimonial derivado de la muerte del señor César Augusto López Zapata, se solicitó el pago de la suma de $1’000.000.000 por concepto de daño emergente por gastos funerarios, así como el lucro cesante correspondiente con base en el salario mínimo mensual legal vigente.

En relación con el daño emergente solicitado, si bien se deduce que con la muerte del señor López Zapata, debieron asumirse gastos funerarios, no cuenta la Sala con el soporte que permita conocer quién y cómo asumió dicha erogación y el monto de la misma. De donde no se cumplió con la carga probatoria que le correspondía a la parte demandante, mediante la aportación de recibos, facturas o similares. Por esta razón el mencionado perjuicio material será negado.

Respecto del lucro cesante, se debe precisar que la Sala ha reconocido esta modalidad de daño material cuando lo solicita un padre de familia con ocasión de la muerte de un hijo; sin embargo, ha dicho que esa indemnización sólo es procedente hasta cuando la víctima hubiera alcanzado la edad de 25 años, pues se supone que, a partir de ese momento de la vida, ésta decide formar su propio hogar(20). A pesar de lo anterior, si el padre acredita que dependía económicamente de su hijo por la imposibilidad de trabajar, dicha indemnización puede calcularse hasta la vida probable del padre(21).

De los registros de nacimiento y defunción del señor López Zapata, se colige que para el momento de su muerte contaba con la edad de 26 años y 6 días, mientras que no se acreditó que sus padres dependieran exclusivamente de sus ingresos, por lo cual no es procedente reconocer lucro cesante alguno en su favor. Sin embargo, dado que se encuentra probado que éste era el padre del joven César Andrés López Solarte y que ese hecho se presume la obligación de sostenimiento de su hijo hasta los 25 años, la Sala calculará el lucro cesante del menor hasta el cumplimiento de dicha edad con base en el salario mínimo mensual legal vigente ($616.000), aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($770.000), del cual se deducirá el 50% que se estima que el señor López Zapata destinaba en sus gastos propios ($385.000).

Ahora bien, en principio, podría sostenerse que el reconocimiento de indemnizaciones por perjuicios materiales –en la modalidad de lucro cesante– resulta improcedente respecto de familiares de personas que, encontrándose recluidas en centros carcelarios, pierden su vida, habida consideración de que en ese momento la víctima directa no se encuentran desarrollando actividad productiva alguna. No obstante lo anterior, la Sección también ha sostenido, frente a estos casos, que el sólo hecho de que la víctima directa –en este caso un recluso– estuviese privado de la libertad al momento de su muerte, no impide concluir per se acerca de la inexistencia del perjuicio material de los demandantes: “… si bien es cierto la víctima estaba privada de la libertad porque pesaba sobre él una medida cautelar consistente en detención preventiva, no lo es menos que dicha pérdida de su libertad no desconocía su derecho fundamental a la presunción de inocencia (artículo 29 de la C. P.), razón por la cual puede considerársele como económicamente productivo, sin restricción alguna. En otras palabras, la sola circunstancia relativa a que la víctima estuviese privado de la libertad al momento de su muerte, no impide concluir per se acerca de la inexistencia del perjuicio material de los demandantes”(22).

Así las cosas, la Sala estima que el señor César Augusto López Zapata contribuiría al sostenimiento de su hijo César Andrés López Solarte hasta que ésta cumpliera 25 años de edad, es decir, hasta el 16 de junio de 2013, en la medida en que no había sido condenado (fol. 14, c. ppal.).

Indemnización debida:

PAVCO1
 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir, $385.000.
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos –17 de agosto de 1996- hasta la fecha en que César Andrés López Solarte cumplió 25 años -16 de junio de 2013-, esto es, 204,9 meses.

PAVCO
PAVCO
 

Con fundamento en lo anterior, se condenará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a pagar al joven César Andrés López Solarte, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ciento treinta y cuatro millones ochocientos catorce mil doscientos noventa y seis pesos ($134.814.296).

7. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, toda vez que de las actuaciones del proceso no se colige la existencia de temeridad o mala fe en los términos del artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de 29 de marzo de 2001, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo con Sede en Cali, en que se negaron las pretensiones de la demanda.

2. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable al INPEC, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

3. CONDENAR al INPEC a pagar al demandante las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales:

- 100 SMLMV para cada uno de los señores Humberto López, Lilia María Zapata y César Andrés López Solarte, padre, madre e hijo del occiso, respectivamente.

- 50 SMLMV, a cada uno de los señores Nidia, Jorge Luís, Julio César, Licenia y Gloria Inés López Zapata, Stella Zapata y Nubia María Vásquez Zapata, hermanos del occiso.

4. CONDENAR al INPEC a pagar, por concepto de Lucro Cesante al señor César Andrés López Solarte, hijo del occiso, la suma de ciento treinta y cuatro millones ochocientos catorce mil doscientos noventa y seis pesos ($134.814.296).

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 115 del C.P.C. y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia, por Secretaría, expídanse copias con destino a las partes. Las destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. En firme esta providencia, REMITIR la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El 9 de julio de 1998, cuando se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $18’850.000 -artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988- y la mayor pretensión fue estimada en 2000 gramos oro por concepto de perjuicios morales sufridos por los padres del occiso, que a la fecha de la demanda equivalían a $24’678.000, por lo cual esta Corporación es competente.

(2) Asimismo, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A., por lo cual no operó en el caso concreto el fenómeno jurídico de caducidad de la acción. Para el caso concreto, la muerte del señor César Augusto López Zapata se produjo el día 17 de agosto de 1996 y la demanda fue presentada el 9 de julio de 1998 (fol. 26, c. ppal.), esto es, dentro de los dos años siguientes a su ocurrencia.

(3) Consulta de 20 de junio, 4 de julio, 30 de julio y 9 de agosto de 1996. Dolor tratado con analgésicos.

(4) En consulta de 18 de julio de 1996 se anota “ardor en boca del estómago y muchos gases. CC de 4 días de epigastria y de intolerancia a comidas grasosas u otras condimentadas. Según él le cae mal la comida de la cárcel”, diagnóstico que arroja una posible dispepsia y gastritis, la cual es tratada. El 30 de julio siguiente se reitera la presencia de los síntomas, con mayor intensidad en las tardes. Posteriormente, el 9 de agosto se anota en su historia clínica: “E.F.: Es normal salvo por el dolor a la palpación del epigastrio (pero este es muy leve!!) (sic).

(5) Medicamento que de conformidad con la literatura médica combate “úlcera péptica (gástrica y duodenal), reflujo gastroesofágico, esofagitis por reflujo gastroesfágico (GERD), síndrome de Zollinger-Ellison, profilaxis por aspiración ácida en pacientes quirúrgicos, tratamiento y profilaxis de gastropatía por AINEs y erradicación de Helicobacter pylori. Intravenosa: úlcera gástrica o duodenal sangrante o no sangrante, cuando la terapia oral esté contraindicada; esofagitis por reflujo (…)” tomado de: Doctoralia. Co (En línea:) http://www.doctoralia.co/medicamento/orazole+10+20+y+40-104408 (25/11/2014).

(6) Medicamento que de conformidad con la literatura médica tiene como funcionalidades: “Antialérgico/antipruriginoso de primera generación; ansiolítico, hipnógeno no narcótico. La hidroxicina por vía intramuscular es útil como coadyuvante en anestesia en el preoperatorio, preparto y posparto, y en procedimientos menores que sólo requieran anestesia local. Igualmente la hidroxicina tiene un efecto antiemético útil en el control de las náuseas y vómito del período posoperatorio”. Tomado de: http://www.doctoralia.co/medicamento/hiderax-102001 (25/11/2014).

(7) Medicamento descrito en la literatura médica así: “La fluoxetina (Prozac) se usa para tratar la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo (pensamientos perturbadores que no desaparecen y la necesidad de realizar ciertos actos una y otra vez), algunos trastornos de la alimentación y ataques de pánico (ataques súbitos e inesperados de terror extremo y la preocupación que tales ataques generan). La fluoxetina (Sarafem) también se usa para aliviar los síntomas del trastorno disfórico premenstrual, incluidos los cambios repentinos del estado de ánimo, la irritabilidad, la inflamación y el aumento de la sensibilidad de los senos. La fluoxetina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la reabsorción de la serotonina (SSRI, por sus siglas en inglés). Actúa aumentando las concentraciones de serotonina, una sustancia natural del cerebro que ayuda a mantener el equilibrio mental”. Tomado de: Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU (En línea:) http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a689006-es.html (25/11/2014).

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia del 7 de octubre de 2009. Expediente 16.990.

(9) Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Exp. 21138 y del 27 de noviembre de 2002, Exp. 13760, ambas con ponencia del Consejero, doctor Alier Hernández Enríquez.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Expediente 13.329. M.P.: Ricardo Hoyos Duque.

(11) Sentencia de la Corte Constitucional C-239 del 20 de mayo de 1997.

(12) Sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 5 de mayo de 1994.

(13) Sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 5 de mayo de 1994.

(14) En la sentencia T-474 del 25 de septiembre de 1996, por ejemplo, la Corte Constitucional ordenó brindarle a un menor adulto, testigo de Jehová, el tratamiento que requería para preservar su vida, aún contra la propia decisión del menor que se negaba a la práctica de una transfusión de sangre, por sus convicciones religiosas.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de abril del 2002, Expediente 13.122. M.P.: Alier Hernández Enríquez. Reiterada en sentencias del 8 de julio de 2009, Exp. 17.527. Actor: Edith Suárez Castañeda y otros y 26 de mayo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 18380.

(16) [ ]Pamela C. Cantor, “Síntomas, prevención y tratamiento del intento de suicidio”, en Benjamín B. Wolman, Geroge Stricker, Trastornos depresivos, hechos, teorías y métodos de tratamiento, Barcelona, Ancora S.A., 1993, pag.197 y ss. En el mismo sentido se ha señalado lo siguiente: “El gran cuidado y temor que hay que tener con el síndrome depresivo son las ideas de suicidio que suelen llevar al individuo a las conductas suicidas, al intento de suicidio. Cualquier medida preventiva ante un paciente que ha cometido un intento de suicidio, es poca. Tanto el intento de suicidio como el suicidio mismo no son propiamente entidades diagnósticas, es un hecho existencial con profundas repercusiones personales y familiares. Las entidades o situaciones con que se asocia frecuentemente el suicidio son: depresión, adolescente en crisis, alcoholismo, demencias, crisis conyugales, intoxicación por drogas, psicosis esquizofrénicas y afectivas, violaciones sexuales, enfermedades graves y terminales. Es posible valorar el riesgo suicida en pacientes con ideas de autoagresión si se tiene en cuenta los siguientes parámetros: (...)Enfermedad psiquiátrica. Se incrementa en la psicosis y en las depresiones. En César E. Sánchez V, “Urgencias”, en Ricardo José Toro G, Luis Eduardo Yepes R., Fundamentos de Medicina - Psiquiatría, Medellín, Corporación para investigaciones biológicas, tercera edición, 1997, pág. 391.

(17) Elizabeth Schramm, Psicoterapia Personal, de las depresiones y otros trastornos psíquicos, Barcelona, Editorial Masson S.A., 1998, pag. 247 y ss.

(18) Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, Exp. 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, Exp. 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, C. P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. Expediente: 73001-23-31-0002001-00418-01 (27.709)

(20) Sentencias del 9 de junio de 2005 y 8 de agosto de 2002, expedientes 15129 y 10.952.

(21) Expediente 16586

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de enero de 2011, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp.: 25000-23-26-000-1997-13804-01(19865)