Sentencia 1998-00451 de marzo 10 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente: 19001233100019980045101

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Radicación interna: 20109

Actor: Reinel Orozco Campo y O.

Demandado: Instituto Nacional de Vías

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso de doble instancia, pues la pretensión mayor, correspondiente al perjuicio material a favor de la demandante, se estimó en $ 42.500.000, mientras que el monto exigido para el año 1998 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia era de $ 18.850.000(1).

2. La naturaleza del instituto jurídico de la caducidad de la acción y la contabilización del término que la configura.

Como quiera que la sentencia apelada consideró que la acción se encontraba caducada para el momento de presentación de la demanda, forzosamente el examen que en esta instancia se adelante de la providencia recurrida habrá de iniciar por tal aspecto.

Se encuentra cabalmente establecido que la demanda fue presentada el 19 de enero de 1998 y en los antecedentes de esta providencia se expuso el raciocinio que llevó al tribunal a declarar la caducidad de la acción de reparación directa, pudiéndose éste contraer a que la demanda debió ser presentada a más tardar el 8 de noviembre de 1997 teniendo en cuenta que la entrega definitiva de la obra generadora del daño se realizó el 7 de noviembre de 1995, tal como consta en el acta de entrega que reposa en el expediente (fls. 55 a 58, cdno. 1).

En garantía de la seguridad jurídica el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio de determinadas acciones judiciales, dentro de un término específico fijado por la ley, circunstancia que impone a los interesados la carga de formular la demanda correspondiente dentro de dicho plazo, so pena de perder la oportunidad para hacer efectivo su derecho.

Ahora bien, tan importante como tener presente lo anterior también lo viene a ser que el legislador previó reglas para la contabilización de los términos de caducidad y, en tal sentido, en miras del ejercicio de la acción de reparación directa, la regla general indica que el término para interponerla empieza a correr a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos, según las voces del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Si bien es cierto que, como se acaba de señalar, la regla general para la contabilización del término de caducidad es la que se dejó indicada, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que pueden darse eventos en los cuales la manifestación o conocimiento del daño no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando —en consecuencia— ajeno a un principio de justicia que, por esa circunstancia, que no depende ciertamente del afectado por el hecho dañoso, quien no podría obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en aplicación del principio pro danmatum y en consideración a que el fundamento de la acción de reparación es el daño, se ha aceptado que en tales casos el término para contar la caducidad de la acción indemnizatoria empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste el daño. Así, en efecto, lo ha manifestado esta corporación en los siguientes términos:

“La determinación del momento a partir del cual se produce la caducidad de la acción no presenta problemas cuando la realización del hecho, operación, ocupación u omisión coinciden con la producción del daño. No obstante, cuando el perjuicio se produce o se manifiesta en un momento posterior o se trata de daños permanentes, de tracto sucesivo o que se agravan con el tiempo, surgen dificultades para su determinación”.

(...).

“En síntesis, en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio.

“Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daño que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

“Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen”(2).

Como se observa, las reflexiones que han llevado a esta corporación a reconocer la posibilidad de acudir a la solución que se deja vista, nacen de la aplicación de los principios de equidad y de justicia, bajo una visión de la lógica de lo razonable y habida consideración de la circunstancia de desconocimiento por parte del afectado de la existencia del daño, desconocimiento, se reitera, no nacido del desinterés o descuido de éste, sino de las particularidades específicas en que surgió(3).

En el marco de ese mismo universo, ha reconocido la jurisprudencia que ocurren eventos en los cuales los daños pueden provenir de un acontecimiento de agotamiento instantáneo, pero que también puedan —ocasionalmente— provenir de un hecho que se va produciendo de manera paulatina o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también, en el ámbito de la contabilización del término de caducidad de la acción. En el primer caso no cabe duda en cuanto a que el término para interponer la demanda resarcitoria ha de empezar a contabilizarse a partir del día siguiente a aquel en que se produjo el acontecimiento dañoso (y esta constituye la regla general), pero también puede ocurrir que los efectos del daño se agraven con el tiempo, o que fenómenos sucesivos y homogéneos puedan producir daños continuos.

En eventos como estos últimos, se ha señalado por la jurisprudencia, que ha de tenerse cuidado de no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo daño(4), pues en este último evento el término para ejercitar la acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio origen, y no así cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos hechos u omisiones, o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término para reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada uno de los daños derivados de esos sucesivos eventos.

2.1. La contabilización del término de caducidad en el presente caso.

Visto lo anterior, vale decir, el tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a la manera como ha de afrontarse la contabilización del término de caducidad de la acción resarcitoria, corresponde, ahora, entrar a determinar si en el caso que nos ocupa se configuró el fenómeno de la caducidad, como lo planteó la sentencia impugnada.

Examinado el texto de la demanda, encuentra esta Sala que, de manera clara, el demandante afirmó que las filtraciones de agua, que afectaron la estructura del inmueble de su propiedad, se debían a que la vía Gualcán - Belalcázar fue construida sin cuneta ni alcantarilla que permitiera conducir las aguas lluvias hacia un lugar que no causara daños ni perjuicios a su casa de habitación.

Igualmente advirtió que solamente se percató del daño causado en abril de 1996, debido a la gran ola invernal que se presentó en la población de Belalcázar, pues antes de esa época no se habían evidenciado problemas de humedad ni de filtraciones de agua; en vista de esa nueva situación, el 14 de mayo de 1996, solicitó al Juez Promiscuo Municipal de Belalcázar una inspección judicial (fl. 3, cdno. 1) con asistencia de un experto que determinara el motivo por el cual se estaban presentando las filtraciones, diligencia que se llevó a cabo en la misma fecha y en la que el perito determinó “que los problemas causados en la vivienda del señor Reinel Orozco Campo … se deben al taponamiento de la alcantarilla ubicada en la misma calle, ya que debido a esto las aguas lluvias se desvían sobre la casa al no encontrar evacuación adecuada, como alcantarillas y cunetas, por lo tanto se vienen sobre la casa ocasionándole filtraciones y humedades constantes” (fl. 5, cdno. 1).

No obra en el proceso documento alguno que permita desvirtuar la afirmación realizada por la parte actora, en cuanto a que solamente el 14 de mayo de 1996 pudo determinar la causa de las filtraciones que estaban perjudicando su vivienda. Así las cosas y teniendo en cuenta que el término de caducidad en los eventos de daño que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho en este caso la construcción de la vía Gualcán - Belalcázar, deberá contarse a partir de dicha manifestación fáctica. En consecuencia, esta Sala tendrá como fecha para iniciar el conteo del término de caducidad(5) el 14 de mayo de 1996 y como la demanda fue presentada el 19 de enero de 1998, es evidente que para ese momento no había precluido la oportunidad prevista por la ley para incoar la acción.

4. Determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

Antes de abordar el tema la Sala observa que la parte actora, con el fin de acreditar los hechos narrados en la demanda, aportó con la presentación de la misma demanda unas fotografías —fls. 21 a 27, cdno. 1—, que no serán valoradas, pues sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen, ni lugar, ni la época en que fueron tomadas o documentadas y, menos, ofrecen certeza sobre la identificación del inmueble que allí se registró, ya que al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden cotejarse con otros medios de prueba allegados al proceso(6).

También fueron aportadas junto con la demanda una inspección judicial (fls. 5, 8 y 9, cdno. 1) solicitada por la parte demandante como prueba anticipada en las que no intervino la parte demandada.

En relación con el tema de los alcances probatorios de las pruebas anticipadas, la ley prevé que quien quiera preconstituir una prueba de inspección judicial prueba anticipada podrá hacerlo.

Prescribe el Código de Procedimiento Civil:

“ART. 300.Con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso, cuando exista fundado temor de que el transcurso del tiempo pueda alterar su situación o dificultar su reconocimiento.

“Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial, siempre que se cite para ello a la persona contra quien se pretende hacer valer esa prueba.

“La petición se formulará ante el juez del lugar donde debe practicarse”.

Sin embargo el valor de la inspección anticipada dentro de un proceso, depende de que dicha prueba se haya practicado con citación de la presunta contraparte; de no ser así se le violarían a ésta los derechos de publicidad y de contradicción probatoria y, con estos, el debido proceso, por lo tanto las inspecciones judiciales que fueron realizadas como pruebas anticipadas y aportadas en este proceso no pueden ser valoradas porque se hicieron sin la citación de la entidad demandada y no fueron ratificadas durante el proceso, como dispone el normativo antes citado.

De otro lado está plenamente acreditado que el Instituto Nacional de Vías suscribió el contrato de obra número 750 de 1994, cuyo objeto era la “construcción de la variante Gualcán en la carretera Valencia – Belalcázar sector Guadalejo – Belalcázar” (fls. 14 a 24, cdno. 2); que el 7 de noviembre de 1995 fue recibida y que la misma incluyó la construcción de “23 alcantarillas de 0.60 cm de diámetro y 3 de 0.90 de diámetro con longitudes promedio de 7 m con sus correspondientes cabezales de entrada y salida en concreto ciclópeo” (fls. 55 a 58, cdno. 1).

Igualmente se encuentra probado que el señor Reinel Orozco Campo es propietario de una casa de habitación en la “población de Belalcázar, Municipio de Páez” por compra que le hizo a la señora Ana Apolina Campo de Muñoz, según consta en la escritura pública 50 del 5 de mayo de 1979 expedida por la Notaría Única de Inzá, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 134-0002958.

Se tiene igualmente demostrado que el 26 de septiembre de 1995 el alcalde municipal de Páez envió comunicación al interventor de la obra en la que le puso de presente que la administración municipal no daba por recibida la variante de Gualcán, entre otras situaciones porque “la obra de encauce de los excesos (desagüe) no se ha terminado”, documento que fue aportado en copia auténtica y al que la Sala le otorga mérito probatorio por hallarse conforme a la ley (fl. 14, cdno. 1).

Igualmente reposa en el proceso copia auténtica del informe rendido el 29 de noviembre de 1996 por el señor Néstor Fabio Gutiérrez, maestro de obra municipal (fl. 11, cdno. 1), documento presentado junto con la demanda, en el que afirma que realizada la visita a la casa de habitación de la parte demandante pone de presente que “se observa que los brotes de agua por las paredes y cielo raso (sic) perjudicando cocina y habitaciones de la vivienda es de forma considerada; a ningún momento (sic) se puede desconocer que es a causa de las aguas lluvias que se estancan en la vía pública entrada principal al barrio Alto Jardín, no teniendo otro rumbo de salida, sino resumiéndose y deslizándose superficialmente penetrándose por la parte lateral de la vivienda …”.

Así mismo, obran en el proceso los testimonios rendidos por los señores Hugo Valencia Ossa, Edgar Valencia Ceballos, Juan José Arias Loaiza (fls. 42, 43 y 476 a 48, cdno. 2) quienes coinciden en afirmar que la casa de habitación del señor Reinel Orozco Campo empezó a sufrir humedades y filtraciones una vez quedó concluida la construcción de la carretera de Gualcán y Belalcázar.

En relación con el tema el señor Hugo Valencia Ossa hizo las siguientes apreciaciones:

“Preguntado: Manifieste al despacho para qué época empezaron a presentarse los perjuicios en atención a que no existe alcantarilla sobre la vía que conduce de esta localidad hacia Gualcán y más concretamente al lado izquierdo de la vía en casa del señor Reinel Orozco Campo y otros vecinos del Barrio El Jardín parte alta. Contesto: Más que todo es porque no hay alcantarilla para el lado de arriba y entonces todo se resume para el lado de la casa del señor Reinel entrándose a la cocina y otras piezas, igualmente existe una caja de alcantarilla que está tapada y el agua es por eso que coge para donde Reinel y como la caja no tiene tapa ni nada esos problemas empezaron desde que hicieron la vía y todo ese sitio se enlaguna… Preguntado: Manifieste al despacho si a la fecha actual se presentan esos problemas de que se entre el agua a la casa del señor Reinel por motivo de la carretera y de no existir la respectiva alcantarilla. Contesto: Si que día le pasó lo mismo y más que todo es cuando llueve muy duro, hay una alcantarilla que existe esa coge el agua y la bota a la carretera y coge de ahí para abajo para donde los habitantes de ese barrio, esa alcantarilla no está metida en la tierra o entubada para que no cause perjuicios” (fl. 42, cdno. 2).

Por su parte el señor Edgar Valencia Ceballos, manifestó:

“Pues lo que sucede es que por apertura de la vía que conduce a Gualcán (barrio nuevo), el Instituto Nacional de Vías le pagó a varios propietarios de lotes para la apertura de esa vía y pues parece que fue un compromiso del Instituto Nacional de Vías construir los respectivos muros de aquellos beneficiarios donde más dificultad había para la apertura de la vía entre ellos Reinel Orozco y el señor Benjamín Campo, y pues en tiempo de invierno las casa se ven afectadas ya que no tienen alcantarillado. Preguntado: Diga si tiene conocimiento qué perjuicios ha recibido el señor Reinel Orozco Campo? Contestó: Pues en tiempo de invierno se le inunda toda la casa y presenta humedad en las paredes y filtraciones de agua y estos daños si están ya en forma permanente. Preguntado: Dígale al despacho si ha visitado la residencia del señor Orozco y cuál es su estado. Contestó: Pues hace unos dos(7) meses hicimos visita por petición del señor Orozco con el secretario de planeación y la vivienda está deteriorada como dije antes con filtraciones, humedad y cuando llueve se inunda” (fl. 43, cdno. 2).

El señor Juán José Arias Loaiza, se refirió al tema en los siguientes términos:

“Preguntado: Se informó en la demanda al tribunal que la variante mencionada atraviesa el barrio “El Jardín” de esa localidad. informe al tribunal si conoce usted dicho sitio en caso afirmativo indíquele la razón y el estado en que se encuentra? Contestó: Si, yo la conozco ya que era paso obligado para una obra que estaba realizando en el sitio de Gualcán, es una carretera que en tiempo de invierno se ponía muy fea, exactamente en el sitio donde está ubicada la casa de Don Reinel, por donde la carretera pasa por encima formando un Talud hacia la casa mencionada. Como profesional pienso que se deberían haber encausado las aguas lluvias con una cuneta o así mismo una obra de arte consistente en una alcantarilla, ya que las aguas cuando estaba lloviendo se escurrían a la casa de Don Reinel. Preguntado: Infórmele al Tribunal en qué condiciones se encontraba la carretera antigua con respecto a los desagües?”. Contestó: Como era una brecha a los lados hay o tenía unos morros a los costados, lo que había que el agua se encausara por el centro de la brecha. Preguntado: El problema de humedad que se presenta ahora en la casa de habitación del señor Reinel Orozco, se presentaba con anterioridad a la construcción de la nueva vía?. Contestó: Alguna vez yo fui a la casa de él, antes de que hicieron la carretera y era una casa normal, no existía ningún problema.” (fls. 46 a 48, cdno. 2).

Queda claro en virtud de lo informado por los deponentes antes señalados que las humedades y filtraciones de las que se queja la parte demandante empezaron a presentarse una vez quedó finalizada la construcción de la carretera Gualcán - Belalcázar, al parecer porque no se previó realizar las obras necesarias para encauzar las aguas lluvias (alcantarillas o zanjas) que permitieran desviarlas a un sitio diferente, evitando así perjuicio a la vivienda de los demandantes.

Bajo esta perspectiva ha de entenderse que se encuentra acreditada la existencia de una falla imputable a la parte demandada y la causación de de daño antijurídico derivado de dicha falla, daño consistente en la afectación al patrimonio económico de los demandante y lesionado a raíz de las averías causadas a su vivienda, por la falta de construcción como ya se dijo de alcantarillas y zanjas que evitaran que las aguas lluvias se dirigieran hacia ese inmueble. El carácter antijurídico del señalado daño deviene de no imponérselo el ordenamiento jurídico que, por lo mismo, no se los imponía y, menos, los obligaba a soportarlo.

Probado está que el Instituto Nacional de Vías era el ente encargado de la construcción de la vía Gualcán - Belalcázar, la que recibió sin percatarse que no contaba con las obras necesarias para evitar que se presentaran inundaciones en las viviendas aledañas a la misma. No encuentra esta Sala probado, por lo demás, que se hubieren realizado por parte del demandado acciones tendientes a impedir la ocurrencia de esos fenómenos.

5. Perjuicios.

Solicita la parte demandante que se reconozca perjuicios morales a favor de los demandantes en atención al “profundo dolor y trauma síquico que produce el hecho de ver destruirse su casa de habitación, la cual ha conseguido con el esfuerzo y el trabajo de toda su vida”.

En cuanto atañe específicamente a la procedencia del daño moral por la pérdida de bienes, cabe precisar que esta corporación ha encontrado posible su reconocimiento y así lo manifestó en sentencia del 5 de octubre de 1989:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(8).

Más adelante en providencias del 13 de abril de 2000 y 7 de junio de 2006(9) dijo:

“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(10)(11).

En relación con la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que:

“… la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente y en consecuencia, para considerarlo indemnizable con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública(12)”(Se resalta).

Para probar el reclamado dolor moral por el deterioro de su casa de habitación, la parte actora pidió del ingeniero Juan José Arias Loaiza, único testigo que se refirió al tema en los siguientes términos:

“En realidad yo conocía a Reinel como una persona jovial, pero luego cuando me pidió el favor de mirar lo que estaba sucediendo en la casa, lo vi bastante preocupado, una de las niñas me comentó que estaba enfermo que tenía inicios de asma, entonces dijo que iba a buscar una casa donde poderse pasar mientras le solucionaban el problema” (fl. 48, cdno. 2).

Como bien puede observarse, de la declaración testimonial antes trascrita no resulta establecido que los demandantes estuviesen pasando por unas circunstancias especiales y fuera de lo común que justifiquen entender que padecían un dolor moral como el reclamado en la demanda, por manera que imperioso resulta para la Sala despachar negativamente su pedimento indemnizatorio por este concepto.

También se solicitó en la demanda el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente conforme a la suma que resultare probada en el proceso y en el avalúo técnico (fls. 8 y 9, cdno. 1) rendido por el ingeniero Juan José Arias Loaiza.

Documento este último que fue ratificado por su autor en diligencia del 14 de octubre de 1998 (fls. 46 a 48, cdno. 2), en esa oportunidad el ingeniero Arias Loaiza cuando se le puso de presente el documento antes enunciado manifestó que si lo había elaborado y se había hecho “con base en la obra existente en la casa de Don Reinel” que ese “documento es un presupuesto de obra. Se asume que lo que existe en la casa en cantidades de obra se van a trasladar a un sitio diferente al que existe en el momento por eso en el presupuesto se incluye NUEVO en la parte en preliminar respecto al Item 1” .

De lo anterior se deduce que el presupuesto realizado por el ingeniero Arias Loaiza comporta la construcción nuevamente de toda la vivienda trasladándola a un lote de terrero diferente, siempre y cuando la vivienda estuviera totalmente destruida.

Como quiera que de la visita realizada por el maestro de obra del municipio en la que deja claro que se “observa los brotes de agua por las paredes, … perjudicando cocina y habitaciones de la vivienda” (fl. 11, cdno. 1), se deduce que la vivienda se encuentraba averiada y no destruida en su totalidad; afirmación que coincide con lo expuesto en los testimonios rendidos por los señores Hugo Valencia Ossa y Edgar Valencia Ceballos pues ellos ponen de presente que la vivienda tiene filtraciones y humedades (fls. 42 y 43, cdno. 2) y con lo manifestado por los ingenieros de la entidad demandada en el acta(13) en la consta la visita realizada por ellos el 3 de diciembre de 1997, quienes en esa oportunidad dejaron claro que “la construcción, es una buena construcción para el pueblo y consideramos que con reparaciones menores y medidas de protección y manejo, puede ser entregada nuevamente para el servicio del propietario” (fls. 91 a 193, cdno. 1).

Todas las anteriores manifestaciones conducen a concluir que la vivienda de propiedad de los demandantes no debe ser construida nuevamente sino que basta realizarle algunas reparaciones para que pueda ser habitada en condiciones normales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior esta Sala tomará como base para liquidar el perjuicio el avalúo presentado por el ingeniero Arias Loaiza, pero en esta oportunidad no se van a tener en cuenta los Items 1, 2 y 3, correspondientes a localización, cimientos y estructura; de los Items restantes se calculará un 50% porque no toda la vivienda sufre humedades y filtraciones solamente las paredes de las habitaciones y la cocina, una vez establecida la suma será actualizada conforme a los índices de precios al consumidor.

IV. Mampostería
$ 15.437.500
V. Pisos y enchapes
$ 5.904.000
VI. Instalaciones hidráulicas y sanitarias
$ 977.500
VII. Carpintería metálica
$ 1.985.000
VIII. Cubierta
$ 1.240.400
IX. Instalaciones eléctricas
$ 600.000
X. Otros
$ 711.000
Total
$ 26.855.400

El 50% de $ 26.855.400 es $ 13.427.700.

La suma de $ 13.427.700 se actualizará conforme a la fórmula aplicada por esta corporación, así:

1998-00451-a.JPG
 

Donde:

Vp: Valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia

Índice inicial: a la fecha en que se realizó el avalúo (septiembre de 1996).

Vp = 13.427.700 106,19

37,00

Vp = 38.537.499

6. Costas.

Como quiera que no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión sede Cali, el 22 de diciembre de 2000, y en su lugar se dispone:

1. Declarar al Instituto Nacional de Vías, administrativamente responsable por los daños causados al inmueble ubicado en el barrio El Jardín, cabecera municipal de Páez (Belalcázar).

2. Condenar al Instituto Nacional de Vías a pagar a favor de Reinel Orozco Campo por perjuicios materiales la suma de treinta y ocho millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos ($ 38.537.499).

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. En firme este fallo devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

5. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Decreto 597 de 1988.

(2) Sentencia del 16 de agosto de 2001, Expediente 13.772 (1048), mencionado en la sentencia del 13 de febrero de 2003, Expediente 13237 (Rad. 2555), M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque.

(3) Sentencia de 16 de agosto de 2001, Expediente 13.772, Sección Tercera.

(4) En sentencia de 2 de junio de 2005, Expediente AG-25000-23-26-000-2000-00008-02, dijo la Sala: “...en la demanda se afirma que los apartamentos del edificio han venido presentando problemas de deterioro progresivo es decir de tracto sucesivo sin que hasta la fecha haya cesado la acción vulnerante causante del daño. En dicha afirmación, que se hizo a todo lo largo del proceso, se confunde la acción vulnerante con la agravación del daño, cuando se trata de dos situaciones diferentes. De acuerdo con los hechos de la demanda, la acción vulnerante se presentó al expedirse la licencia de construcción o durante la ejecución de la obra, lapso en cual no se cumplió con el control administrativo debido. Suponiendo que no podía establecer el momento en que ocurrieron eso eventos, nada impide que la fecha cierta, de inicio del término de caducidad, se estableciera a partir del momento de la consolidación del daño, esto es cuando los habitantes del edificio conocieron de los deterioros que presentaba la construcción, que de acuerdo con los informes de las entidades distritales, ya se presentaban en agosto de 1998. Debe aclararse, en todo caso, que por el hecho de que el daño se agrave después de su consolidación, implique que se trata de un daño continuado o de tracto sucesivo, como lo pretende el apoderado de los demandantes; ya que, de esa manera, el término de caducidad se prolongaría de manera indefinida. De allí que, para efectos de computar el término de la caducidad de la acción, se debe tomar como punto de partida la fecha en que se realizaron los informes de la entidades distritales, en los cuales los demandantes dieron a conocer el deterioro de la edificación. Razón por la cual se declarará la caducidad de la acción de grupo. Debe aclararse, en todo caso, que por el hecho de que el daño se agrave después de su consolidación, implique que se trata de un daño continuado o de tracto sucesivo, como lo pretende el apoderado de los demandantes; ya que, de esa manera, el término de caducidad se prolongaría de manera indefinida. De allí que, para efectos de computar el término de la caducidad de la acción, se debe tomar como punto de partida la fecha en que se realizaron los informes de la entidades distritales, en los cuales los demandantes dieron a conocer el deterioro de la edificación. Razón por la cual se declarará la caducidad de la acción de grupo”.

(5) En ese momento el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. disponía: “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

(6) En relación con el tema ya la Sala se ha referido en los siguientes términos: “Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17, cdno. 1 y 177-185, cdno. de pruebas), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, sólo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso.” (Sec. Tercera. Sent. de dic. 5/ 2006. Exp. 28.459).

Igualmente sobre el valor probatorio de las fotografías pueden ser consultadas las sentencias 12497 de 2 de marzo de 2000, AP-263 del 21 de agosto de 2003, y 13811 de 25 de julio de 2002.

(7) Esta declaración fue rendida el 15 de septiembre de 1998.

(8) Sentencia del 5 de octubre de 1989, Expediente: 5.320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo.

(9) Sentencia del 7 de junio de 2006, Expediente AG-001, actora: Evelia Pérez Rojano.

(10) Sentencias del 5 de octubre de 1989, Expediente 5320, del 7 de abril de 1994, Expediente 9367 y del 11 de noviembre de 1999, Expediente 12.652, entre otras.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente 11.892.

(12) Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 15.351.

(13) Documento aportado en copia autentica, visible a folios 91 a 93, cdno. 1.