Sentencia 1998-00497 de febrero 29 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 19001-23-31-000-1998-00497-01(22278)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Miguel Ángel Revelo David

Demandado: Municipio de Caloto - Cauca

Referencia: Apelación Sentencia - Acción contractual

Bogotá, D.C. veintinueve de febrero de dos mil doce.

Resuelve la Sub-Sección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 27 de septiembre de 2001, por medio de la cual declaró la nulidad de las resoluciones 45 de febrero 10 de 1996 y 588 de julio 23 de 1996, proferidas por el Alcalde de Caloto y negó las otras súplicas de la demanda.

Antecedentes

1. La demanda.

El día 27 de julio de 1998, el señor Miguel Ángel Revelo David, en su nombre y en representación de sus hijos menores Andrés Felipe Revelo y José Miguel Revelo, mediante apoderado, presentó demanda contra el Municipio de Caloto, para que se declarara la responsabilidad de ambos y se declararan nulas las resoluciones 45 del 10 de febrero y 588 del 23 de julio de 1996, expedidas por el Alcalde del Municipio de Caloto, y en consecuencia, se condenara a la entidad municipal al pago de los perjuicios morales y materiales causados al actor.

1.1. Pretensiones.

1. Que se declaren nulas las Resoluciones 45 del 10 de febrero y 588 del 23 de julio de 1996 expedidas por el Señor Alcalde de Caloto y notificadas el día 29 de mayo y 29 de julio de 1996, respectivamente.

2. Que se ordene la suspensión provisional de dichos actos administrativos.

3. Que en consecuencia se condene al Municipio de Caloto, a pagar al Ingeniero Miguel Ángel Revelo David:

a) Por Perjuicios Morales, el equivalente a mil gramos oro, al precio que se encuentre el metal en la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con la certificación del Banco de la República, por el profundo trauma sicológico que le ha creado al profesional de la ingeniería, el no poder ejercer su profesión.

b) Por Lucro Cesante: La suma de doscientos cuarenta millones de pesos, por lo dejado de percibir desde el momento de la notificación de la sanción impuesta a través de las resoluciones de caducidad, y hasta el pago de los dineros adeudados.

c) Por Daño Emergente: Los gastos del profesional del Derecho, que a la fecha arrojan la suma de diez millones de pesos (10’000.000).

d) Por Intereses: los causados desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia, hasta el efectivo cumplimiento del pago, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.653 del C.C., todo pago se imputará primero a intereses.

4.- La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria, conforme a lo ordenado por el artículo 76 del C.C.A.

1.2. Hechos.

Las pretensiones tienen fundamento en los siguientes hechos:

1. El ingeniero Miguel Ángel Revelo, firmó un contrato de Consultoría con el municipio de Caloto, el día 31 de marzo de 1993, para la elaboración de un proyecto completo de viviendas, el cual constaba de: levantamiento topográfico del lote, estudio de suelos, diseño urbanístico general, diseño de redes de eléctricas, de acueducto, alcantarillado y estructurales, cálculo del presupuesto y cronograma de elaboración. Entre los documentos del contrato, el ingeniero presentó póliza de cumplimiento Nº 3834729 a favor del Municipio de Caloto, con la compañía de Seguros la Confianza.

2. El Ingeniero Revelo David cumplió a cabalidad con lo contratado por el Municipio, e hizo entrega de todos los documentos, al funcionario de ese Municipio, el Señor Adolfo Jordán, quién en nombre del Municipio firma el acta de entrega.

3. En la cláusula quinta del contrato 001 de 1993 se estipuló que el valor del mismo era la suma de diez y nueve millones de pesos ($ 19’000.000), de los cuales se entregaría el 50% como anticipo, los cuales fueron cancelados por la entidad, mientras que para los otros nueve millones y medio ($ 9’500.000) se suscribió un acuerdo de pago.

4. Como el Municipio no canceló el dinero restante, el 4 de diciembre de 1995 se instauró demanda ejecutiva al Municipio ante el Tribunal Administrativo del Cauca, y una vez se notificó al Alcalde, este profirió la Resolución 45 del 10 de febrero, en la que declaró la caducidad del Contrato 001-93, impuso las sanciones de la Ley 80 de 1993 y también hizo efectiva la póliza de cumplimiento.

5. Contra la resolución de caducidad, se interpuso tutela ya que la entidad alegaba que estaba ejecutoriada a pesar de no haberse notificado y el juez de tutela ordenó que se efectuara la notificación personal.

6. Atendiendo el Municipio lo ordenado en sentencia de tutela, de fecha 22 de mayo de 1996, notificó el acto administrativo el día 29 de mayo de 1996 y se interpuso recurso de reposición que se desató mediante Resolución 588 del 23 de julio de 1996 que confirmó la Resolución 45 del 10 de febrero de 1996. Esta decisión fue notificada el 29 de julio de 1996.

7. Mediante Sentencia de fecha 25 de febrero de 1997, el Tribunal Administrativo del Cauca, ordenó seguir con la ejecución de acuerdo a la resolución de caducidad, expedida por el Municipio de Caloto.

8. Durante todo este tiempo el Ingeniero ha estado tratando de conseguir contratos con las alcaldías pero no ha sido posible por la inhabilidad resultante de la declaratoria de caducidad del contrato que fue proferida por el citado Municipio.

9. El Municipio de Caloto, en ningún momento hizo ningún requerimiento por el supuesto incumplimiento y tampoco se cumplió el procedimiento para la expedición de la resolución, entre otras no se motivó el acto administrativo, no se ordenó la terminación y liquidación del contrato y no se dispuso la declaratoria de caducidad como constitutiva del siniestro de incumplimiento.

10. El Ingeniero Revelo David, ha tenido graves perjuicios morales y económicos por los citados actos administrativos lo que se demuestra con las declaraciones de rentas que evidencian la disminución de los ingresos después de la declaratoria de caducidad. Es así que para el año 1994 se tenían como ingresos $ 96’146.000, para el año 1995 los ingresos fueron de $ 43’641.000, para el año 1996 solo ascendieron a $ 26’032.000 y para el año 1997 sumaron $ 26’729.000., demostrando esto que en lugar de aumentar como era de esperarse fueron bajando, debido a que no pudo conseguir más contratos con las Alcaldías Municipales.

11. El actor siempre había contratado con los municipios y jamás se le había presentado un inconveniente de este tipo, se ha caracterizado por la responsabilidad y cumplimiento de dichos contratos, tan es así que los años anteriores a la resolución de caducidad firmó varios contratos tales como la Construcción de la Casa de la Cultura, en el Municipio de Puerto Tejada y el Estudio, trazado y diseño del Acueducto Regional de La Carbonera, en el Municipio de Bolívar.

Como normas vulneradas señaló los artículo 2º, 6º, 58 y 113 de la Constitución Política y los artículos 3º, 4º, 5º, 18 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 e indicó que los actos fueron proferidos con abuso de poder, en forma arbitraria y que había desvío de poder porque la caducidad se decretó cuando el contratista demando en proceso ejecutivo al Municipio.

2. Trámite en primera instancia y contestación de la demanda

Presentada la demanda, mediante auto de noviembre 3 de 1998, se admitió la misma y se decretó la suspensión provisional de las Resoluciones 45 y 588 del 10 de febrero y 23 de julio de 1996 respectivamente. Así mismo se dispuso notificar a las partes y fijar en lista (fls. 38 a 41).

En la contestación de la demanda, la entidad se opuso a las pretensiones del demandante, aceptó algunos hechos y negó otros, y alegó fundamentalmente que el contratista no cumplió a cabalidad el contrato ya que entre sus obligaciones estaba la elaboración del cronograma y del pliego para presentar al Inurbe y eso no se entregó, por lo tanto la administración no estaba obligada a cancelar el dinero restante.

En cuanto a la declaratoria de caducidad manifestó que la ley no ha previsto un procedimiento previo para la expedición de dicha resolución y tampoco fue pactado en el contrato, de tal forma que no se requería agotar ningún trámite previo. Adicionalmente considera que este constituye un acto independiente de la terminación y liquidación que pueden darse de manera posterior.

En cuanto tiene que ver con el concepto de violación manifestó que la ley del contrato era el Decreto 222 de 1983 y no la Ley 80 de 1993, ya que fue celebrado el 31 de marzo de 1993, cuando todavía esta última no había entrado en vigencia. Se precisa que no se cumplió con el requisito de indicar el concepto de violación y por ello no puede el juez pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Finalmente propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por activa, respecto de los hijos del actor, ya que se trata de la nulidad de un acto administrativo de contenido particular y por tanto el único legitimado es el afectado directamente con la decisión allí contenida (fls. 54 a 67).

Simultáneamente la entidad llamó en garantía al entonces Alcalde de Caloto, doctor Rubén Darío Gómez Bermúdez, por haber proferido los actos administrativos aquí demandados (fls. 68 a 71).

Con auto de septiembre 16 de 1999, el Tribunal Administrativo del Cauca aceptó el llamamiento en garantía, ordenó notificar al interesado y se ordenó la suspensión del proceso hasta el vencimiento del término concedido a los notificados o emplazados para su comparecencia (fls. 76 a 78).

Mediante providencia del 1º de febrero de 2000, se corrió traslado a la parte demandante para que se pronunciara sobre las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, lo cual hizo el demandante con escrito en el cual rechazó la excepción de falta de legitimación por activa, ya que mediante las resoluciones atacadas se decretó la caducidad de un contrato suscrito con el actor y por consiguiente se le inhabilitó para desempeñarse como contratista, hecho que naturalmente afecta su núcleo familiar (fls. 91 y 93 a 94).

Con providencia de abril 28 de 2000, se decretaron pruebas (fls 97 a 99) y con auto de mayo 16 de 2001, se dio traslado para alegatos (fl. 115).

La parte actora descorrió el traslado con memorial en el cual enfatiza que en los casos en que se declara la caducidad con posterioridad a una demanda ejecutiva contra la entidad, el Consejo de Estado ha considerado que se puede inferir el desvío de poder y por otra parte reitera lo manifestado en la demanda aduciendo que las pruebas señalan el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, la vulneración del debido proceso que da lugar a la nulidad de los actos demandados y la existencia de los perjuicios tanto materiales como morales causados al actor (fls. 117 a121).

De igual forma el demandado presentó memorial contentivo de su alegato de conclusión en el cual consignó insistió en que la omisión en la cita de las normas legales y el concepto de violación debe dar lugar a un fallo inhibitorio o a que se desestimen los cargos, en atención al carácter rogado de la justicia contenciosa. De igual forma reiteró lo manifestado acerca del incumplimiento del contrato, que dio lugar a la declaratoria de caducidad y solicita que al acta de recibo existente en el proceso se le de ese valor y no el de acta final de entrega a satisfacción (fls. 122 a 128).

3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Cauca, profirió sentencia el 27 de septiembre de 2001, en la cual declaró la nulidad de las resoluciones demandadas pero negó las pretensiones relacionadas con el pago de perjuicios.

Las resoluciones fueron anuladas porque de acuerdo con las pruebas, la declaratoria de caducidad, que tiene carácter sancionatorio fue impuesta con violación del derecho de defensa ya que se basó únicamente en un informe de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio según el cual el contratista no había cumplido en su totalidad el contrato y también porque se produjo por fuera del término previsto para ello, tres años más tarde, cuando ya se había vencido el plazo contractual y el término para efectuar la liquidación del contrato. Adicionalmente, se estableció que la vulneración del debido proceso llegó al punto de ejecutar el acto sin haber notificado previamente al afectado.

En cuanto al reconocimiento de perjuicios se negaron los morales por cuanto en criterio del a-quo no fueron acreditados en el proceso, porque las declaraciones apuntan a sostener que el decaimiento económico le implicó dificultades personales y hogareñas, pero no puede afirmarse válidamente que este fue producto de la sanción impuesta ya que empezó a producirse desde el año 1995.

Los perjuicios materiales solicitados consistentes en el pago de honorarios profesionales del abogado no fueron probados y respecto del lucro cesante se afirma que las pruebas refieren meras expectativas y el daño exige certeza y actualidad en su causación, adicionalmente debe tenerse en cuenta que no existe prueba que permita establecer una relación causal entre la disminución de ingresos del contratista y el hecho de la declaratoria de caducidad (fls.131 a 147).

4. El recurso de apelación y el trámite de segunda instancia.

Mediante memorial del 4 de octubre de 2001, el demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue sustentado oportunamente y admitido en providencia del 21 de marzo de 2002.

El principal motivo de inconformidad lo constituye el hecho de no haberse reconocido por el Tribunal los perjuicios reclamados por haber sido inhabilitado por cinco años como consecuencia de la declaratoria de caducidad, con lo cual su ejercicio profesional se vio afectado.

Argumenta la impugnante que si la caducidad en este caso fue una sanción injusta, lo procedente es que la entidad responda por los daños y perjuicios irrogados con tal decisión, ya que en este caso al depender el actor y su núcleo familiar de su ejercicio profesional, se vio afectado no solo patrimonialmente, también recibió un gran perjuicio moral porque se vio afectado su imagen, buen nombre e idoneidad profesional. Dichos perjuicios se probaron con las certificaciones de los Alcaldes donde consta que no podía ser contratado porque estaba inhabilitado, es decir que se generó una pérdida de oportunidades con relación a los trabajos realizados como contratista. En consecuencia solicita el pago de los perjuicios ya que es absurdo declarar la nulidad y que esto no haya generado ningún perjuicio.

Finalmente, se refiere a la contradicción existente entre lo manifestado en el subjudice respecto del incumplimiento del contratista, cuando en el proceso ejecutivo instaurado por el actor contra la entidad se demostró y aceptó por el mismo Tribunal que no hubo incumplimiento del contratista (fls. 150, 155 a 160 y 166 a 167).

En auto del 7 de junio de 2002, se dispuso correr traslado para alegar de conclusión, pero las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fls 169 a 170).

Se recibió documentación de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el acta de liquidación de un contrato y mediante auto de abril 18 de 2006 se dispuso incorporarla al expediente y ponerla en conocimiento de las partes para que ejercieran su derecho de contradicción (fls 172 a 189).

Consideraciones

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 27 de septiembre de 2001, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía.

Sea lo primero indicar que al verificarse que se trata de apelante único, se dará aplicación al artículo 357 del C. de P.C. según el cual, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto el superior limitará su estudio a los aspectos contenidos en la impugnación.

Del caso concreto

El Ingeniero Miguel Ángel Revelo David, celebró un contrato con el Municipio de Caloto, cuyo objeto era la elaboración de un proyecto completo de viviendas. El valor del contrato fue de 19 millones de pesos y se entregó un anticipo del 50% pero como el dinero restante no fue cancelado, el contratista demandó ejecutivamente a la entidad y a su vez el Municipio, mediante Resolución declaró la caducidad del contrato aduciendo incumplimiento del contratista.

La caducidad fue declarada con base en un informe de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, sin audiencia del contratista y por tanto con violación de su derecho de defensa y por fuera de la oportunidad legal para hacerlo e incluso se llegó al punto de comunicar a los diferentes municipios el acto administrativo antes de su notificación al afectado, ya que ella solo se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de un juez de tutela.

Partiendo de lo expuesto, el Tribunal de primera instancia decidió anular las Resoluciones atacadas, con lo cual está de acuerdo la parte demandante, de modo que el punto objeto de debate es el no reconocimiento de los perjuicios por considerar que no fueron debidamente probados.

Antes de analizar la valoración probatoria, conviene precisar que para que el perjuicio sea indemnizado debe probarse como todos los supuestos de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen y por tal razón quien persigue la reparación de un daño debe probarlo, sin que baste probar la ilegalidad del acto demandado, tal como se aduce en la apelación.

Al respecto ha dicho la Sala(1):

“No es suficiente que en la demanda y en desarrollo del proceso se afirme su existencia, tampoco es suficiente probar la ilegalidad del acto demandado para deducir la existencia del perjuicio; es necesario, se repite, que el mismo se acredite ((2)).

Así lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala en reiteradas oportunidades; en sentencia proferida el día 26 de marzo de 1998, decretó la nulidad del acto por medio del cual se declaró la caducidad del contrato y condicionó la prosperidad de la pretensión resarcitoria a la prueba de los perjuicios; afirmó:

“La Sala no acogerá este dictamen por que carece de bases sólidas que permitan determinar con certeza el valor de los perjuicios que la declaratoria de caducidad ocasionó a la demandante. Se advierte en primer lugar que se echa de menos un cuadro sobre la actividad económica de la demandante con posterioridad a 1.982, que permita determinar el valor del perjuicio ocasionado con la declaratoria de caducidad. El porcentaje en la disminución de las utilidades no puede imputarse en su integridad a la declaratoria de caducidad, entre otras razones porque como adelante se detalla, algunos contratos siguieron ejecutándose inclusive hasta 1984. No aparece establecida la relación de causalidad entre la declaratoria de caducidad y el cálculo realizado por los peritos como utilidades no percibidas.

Por otra parte, la inhabilidad solo se refiere a la contratación con entidades públicas, en consecuencia, solo aquel contrato cuya terminación o no perfeccionamiento obedeció a esa inhabilidad, puede considerarse como un perjuicio que proviene directamente de la actuación del Sena que ahora se anula. Varios documentos que reposan en el expediente dan cuenta de que efectivamente la Procuraduría General de la Nación informó a algunas entidades estatales en relación con la inhabilidad de la contratante, en algunos casos actuó oficiosamente y en otros para responder a entidades que solicitaron información en tal sentido ((3))”.

En caso similar la Sala precisó que la anulación judicial del acto demandado, por medio del cual se declaró la caducidad del contrato, comporta, desde el punto de vista del negocio jurídico y desde la óptica de la teoría del acto administrativo, la responsabilidad de la Administración y la consecuente obligación de indemnizar los perjuicios que se prueben en el proceso; dijo:

“La cláusula exorbitante de que se trata, como cualquier otra, comporta la obligación de ser cumplida dentro de los límites impuestos por el principio de la buena fe, según reza el artículo 1603 del Código Civil y como además lo aceptan la doctrina y la jurisprudencia. El ejercicio indebido de la cláusula exorbitante, equivale a no cumplir con la obligación contractual, conducta esta que genera la correspondiente indemnización de perjuicios según las voces del artículo 1613 del Código Civil. Eso desde el punto de vista meramente negocial de la cláusula. Ya desde el ángulo de la teoría del acto administrativo, es claro que tal actuación se encuentra afectada de nulidad y que implica también el resarcimiento del daño causado por ese acto administrativo ilegal, siempre y cuando, desde luego, exista prueba suficiente de los perjuicios alegados, indemnización que puede intentarse mediante el restablecimiento del preciso derecho subjetivo conculcado por el acto que se anula.

Así las cosas, establecida como ha sido la obligación consecuente de reparar el daño ocasionado por el uso indebido de la potestad unilateral de la administración, queda por determinar la clase y monto de los perjuicios a indemnizar, tomando en cuenta los daños causados y la magnitud de los mismos, que, como se analiza en el acápite siguiente, estos se contraen únicamente a los perjuicios de orden material, en la modalidad de lucro cesante, correspondiente a la suma dejada de percibir por el actor por razón de lo dispuesto en la Resolución 1217 del 13 de abril de 1987, toda vez que no se encuentran acreditados aquellos perjuicios definidos como daño emergente, ni tampoco los daños de orden moral” ((4)) (Subraya la Sala).

De los perjuicios materiales en el presente caso.

Sea lo primero indicar que el perjuicio para que sea indemnizable debe ser cierto (presente o futuro), particular, que verse sobre una situación jurídicamente protegida y sea anormal, de modo que lo eventual y las simples expectativas no cumplen con las condiciones exigidas para que proceda la reparación.

a) Daño emergente: los perjuicios solicitados por el demandante corresponden a los honorarios de la abogada que lo representa en el proceso, cuya cuantía es de 10 millones de pesos, pero al respecto solo se cuenta con lo afirmado en la demanda ya que no se allegó al plenario ninguna factura o recibo del pago realizado por este concepto.

b) Del lucro cesante.

El demandante lo hace consistir en la disminución de los ingresos económicos, circunstancia que se derivó de la imposibilidad de celebrar contratos con los diferentes municipios por cuenta de la inhabilidad impuesta como consecuencia de la declaratoria de caducidad.

Para probar este hecho allegó copia de las declaraciones de renta, que evidencian que la disminución patrimonial se presentó antes de que fuera proferida la resolución declarando la caducidad, que fue impuesta mediante Resolución 45 del 10 de febrero de 1996, y quedó en firme el 29 de julio de ese mismo año,(se recuerda que produjo efectos hasta el 3 de noviembre de 1998, fecha en la cual fue suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo del Cauca) ya que según lo afirmado en el libelo petitorio, pasó de percibir ingresos por valor de $ 96.146.000 en el año 1994 a solo $ 43.641.000, en el año siguiente, de tal forma que este detrimento no puede atribuirse a la declaratoria de caducidad y la inhabilidad posterior.

Ahora bien, en cuanto a las certificaciones suscritas por varios Alcaldes del Departamento, en que rechazan la posibilidad de celebrar contrato con el demandante por la existencia de una inhabilidad, conviene precisar que ello no puede considerarse un daño cierto y tampoco una pérdida de oportunidad, sino una mera expectativa de que fueran contratados sus servicios, que bien podía materializarse o no.

Otro sería el caso si la inhabilidad hubiera sobrevenido cuando ya se había celebrado un contrato o durante su ejecución, puesto que allí las pérdidas serían reales y evidentes, pero en el sub judice, no se presentó tal circunstancia.

De esta manera, se considera que estos perjuicios no fueron debidamente acreditados y en consecuencia, se impone la confirmación de la decisión de primera instancia en este aspecto.

De los perjuicios morales.

Aunque en una época esta Corporación negó este tipo de indemnización en la actividad contractual, por considerar que estos daños solo se configuraban cuando se vulneraba alguno de los derechos de la personalidad del sujeto y ese era un concepto extraño a las relaciones contractuales, posteriormente esta posición varió para aceptar que es procedente su reconocimiento.

Así lo consignó la Sala en la providencia arriba citada:

“Sin embargo en importantes providencias posteriores rectificó tal posición y dispuso la condena al pago de perjuicios morales, causados con ocasión de la celebración o ejecución de contratos celebrados con la Administración.

Resulta ilustrativo referir a las consideraciones que adoptó la Sala de entonces en sentencia proferida el día 24 de septiembre de 1987, para modificar su posición; dijo:

“a) Doctrina y jurisprudencia han sido vacilantes en relación con la procedencia de los perjuicios morales en materia contractual, especialmente guiándose por la antigua doctrina francesa orientada por Pothier y Domat, inmediatos precursores del Código Civil Francés y cuyo criterio, en general, fue seguido por los redactores de tal estatuto.

No los excluye, sin embargo, el articulado del Código de Napoleón y siguiendo los mismos principios, estatuye el artículo 1613 del Código Civil Colombiano que la ‘indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante...’ Sin distinguir entre los materiales y los morales.

Y como complemento de la norma anterior, previene el artículo 1.616, ibídem, que ‘si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato, pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento’.

Es decir, si no hay dolo responde solo de los previstos o previsibles al momento de contratar; pero si hay dolo, responde de todos los directos e inmediatos a la violación contractual, imprevisibles o imprevistos;

b) Por su parte el artículo 1.604 modera la responsabilidad del contratante incumplido, según el beneficio que reporten los contratantes, frente a la culpa lata, culpa leve y la levísima, definidos por el artículo 63 del mismo Código según el cual, además, en materias civiles la culpa grave equivale al dolo;

c) Ciertamente en la generalidad de los contratos el objeto de las obligaciones pactadas tiene un valor patrimonial y ello ha servido a doctrina y jurisprudencia para negar la procedencia de la indemnización de los perjuicios morales.

Pero en casos excepcionales, tratándose de aquellos contratos en que el valor venal no existe o es írrito frente a otros factores consustancialmente unidos a la persona humana, como el afecto, el honor, la capacidad laboral personal o profesional, el cerrar la vida a los perjuicios morales implica suma desprotección y negación de indemnización de los verdaderos perjuicios sufridos con clara violación de los principios legales que se dejan reseñados;

d) Esta Sala reconoció expresamente la indemnización de los perjuicios morales en materia contractual, en sentencia de mayo 5 de 1977 (Expediente 1320, actor Metalúrgica Grancolombiana y otro contra Colcarril S. A. y otro) pero sin dejar claramente establecidas las razones que la llevaron a tal pronunciamiento;

e) El extinguido Tribunal Supremo del Trabajo, en sentencia de septiembre 21 de 1951 (Manuel Medina Corso vs. Malterías de Colombia S.A.), con ponencia del Magistrado doctor Juan Benavides Patrón, reconoció la indemnización de los perjuicios morales causados por la ruptura ilegal e injusta del contrato de trabajo, con argumentos que por considerarlos pertinentes, se transcriben a continuación:

‘Para el Tribunal Supremo, el problema de fondo no ofrece dificultad alguna. Son ampliamente conocidos los principios que gobiernan el derecho indemnizador por incumplimiento de los contratos. De manera universal se hallan registrados por la doctrina y establecidos en la legislación positiva de los pueblos civilizados. Y nada autoriza a entender que en tratándose del contrato de trabajo, aquellos principios carecen de validez y no tiene operancia la indemnización por su incumplimiento. Por el contrario, la jurisprudencia constante de esta Corporación y de los Tribunales del país ha reconocido este derecho indemnizador en materia contractual del trabajo y ha aplicado, en lo pertinente, las reglas del derecho común, en efecto de disposiciones especiales. De otra parte, la Ley 6ª. De 1945, en su artículo 11 instituyó en forma expresa la acción de indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato de trabajo, y el artículo 3º de la Ley 64 de 1946 atribuyó a la jurisdicción especial el conocimiento de ella. No puede pretenderse, por tanto, que su estimación por la justicia del trabajo implique un desplazamiento hacia el derecho común y constituya múltiples sanciones. Simplemente, es una acción derivada del contrato de trabajo, tomada en verdad, de las instituciones comunes, como muchas otras, pero sin contrariedad jurídica de los principios y, por el contrario, como consecuencia lógica de ellos; y, en todo caso, al incorporarse a la legislación laboral ya no descalificarse como ajena o extraña a ella.

El punto que en concepto de esta Corporación sí requiere mayores consideraciones, es el relativo a la improcedencia de la indemnización de los perjuicios morales por incumplimiento del contrato de trabajo. Porque ciertamente, la jurisprudencia ordinaria, siguiendo a la doctrina más generalizada, tiene establecido que el incumplimiento de las obligaciones contractuales no da lugar a exigir indemnización por perjuicios morales. Y entonces, el mismo respeto a los principios generales que consagran el derecho indemnizador en materia laboral, impondría la conclusión de que el incumplimiento del contrato de trabajo tampoco da lugar a ellos. Sin embargo, el Tribunal Supremo observa, sobre esta interesante materia, que calificados autores de escuela científica francesa sostienen la procedencia del derecho indemnizador de los perjuicios morales aún en materia contractual explican que la tesis opuesta, dominante ciertamente en la jurisprudencia, no consulta con rectitud los textos reparadores, ni interpreta a cabalidad el origen de la institución, aunque los redactores de ellos fuesen hostiles, equivocadamente, a la reparación del perjuicio moral en materia contractual.

Así, Henri León Mazeaud en su ‘Tratado de la Responsabilidad Civil’, Tomo I, páginas 164 y 165, exponen, en términos pertinente porque es bien conocida la génesis del Código Civil Colombiano”.

“Los textos del Código Civil están concebidos en términos bastante amplios para permitirlo. Así, el artículo 1142 del Código Civil Francés, dispone que “toda obligación de hacer o de no hacer se traduce en indemnización de daños y perjuicios en caso de incumplimiento de parte del deudor”, sin distinguir según el incumplimiento, cause al acreedor un perjuicio pecuniario o moral. Por otra parte, artículo 1149 del mismo Código declara que “los perjuicios que deben al acreedor lo son, por lo general, a consecuencia de la pérdida que ha experimentado o de la ganancia de que se ha visto privado ¿Por qué interpretar la palabra pérdida por pérdida en dinero? ¿Es posible ver la pérdida “lato sensu” aún en el menoscabo que sufra patrimonio moral? Y si a ello nos negamos, ¿no podemos afirmar que las palabras por lo general indican que los redactores del Código, que solo quisieron prever en el texto las situaciones ordinarias, aquellas en que el perjuicio moral en los casos excepcionales en que el acreedor sufra tal perjuicio?

La mera lectura de los antecedentes legislativos no indica la voluntad en contrario de los redactores del Código. Pero si, tras del término empleados, se investiga el espíritu que guio a los redactora hay que convenir en que eran hostiles a la reparación del perjuicio moral en materia contractual”.

(…)

‘Y Planiol y Ripert, páginas 168 y siguientes del tomo séptimo de su ‘Tratado Práctico de Derecho Civil Francés:

“857. Perjuicio moral. El cumplimiento de una obligación puede ocasionar, bien exclusivamente, bien solo en parte, un daño de carácter no material, una lesión extrapatrimonial, que no afecta los bienes pecuniarios. La reparación procederá también en este caso?”.

En materia de delitos, la jurisprudencia concede desde hace tiempo sin vacilaciones una reparación pecuniaria por el daño moral, siempre que este sea serio y real. En materia de contratos, en cambio, la cuestión es mucho más discutida. Frecuentemente se considera que el contrato solo afecta los intereses de carácter pecuniario; su objeto, en ese sentido, no podría consistir en un simple interés moral. Por consiguiente, los daños causados al acreedor por el incumplimiento no podrán tomarse en cuenta y dar lugar a su reparación sino en la medida en que constituyan un daño de orden pecuniario. Muchos tratadistas, conformándose a este razonamiento, estiman que el incumplimiento de una obligación contractual no da lugar al abono de los daños y perjuicios, cuando solamente resulte de él un perjuicio moral.

Esta solución debe rechazarse. Es relativamente raro, sin duda, encontrar un interés moral en materia de contratos y sobre todo, que sea con carácter exclusivo. La mayoría de las veces se encuentra ligado a un interés pecuniario: La cosa que deberá entregarse ofrece para el acreedor, aparte su valor venal un valor moral (retratos o documentos familiares, obras de arte); el incumplimiento del hecho ofrecido puede producir repercusiones sobre la honorabilidad o el crédito del acreedor, y cuando sea un comerciante, la lesión a su honor se traducirá en una lesión más o menos inmediata a sus intereses materiales. El ataque a la vida humana, va casi siempre acompañada de pérdidas materiales.

‘Pero, lo poco frecuente del daño moral como resultado del incumplimiento de una obligación contractual no constituye objeción contra la procedencia de su reparación en todos aquellos el en que exista y sea demostrado. El derecho no se encuentra ya en aquel período en que solamente tenía en cuenta los valores materiales; las soluciones ofrecidas en materia extracontractual lo demuestran suficientemente. Es indispensable, para que, como debe ser, la indemnización del acreedor sea completa, que pueda obtener la reparar de todos sus intereses afectados, sean de la índole que fueren. El modo de reparación de que se dispone, es, ciertamente pecuniario; pero ejecución no tiene más valor en materia de obligaciones contractuales que en cuanto a las extracontractuales. En ambos casos, es mejor una reparación imperfecta o inadecuada, que la ausencia de toda reparación. En defecto de un procedimiento más especializado, la equidad impone que se haga de los medios ordinarios el mejor empleo posible “(…)”((5)).

De lo anterior se observa como en la actualidad la tesis jurisprudencial de aceptación de la procedencia de indemnización de perjuicios morales con fundamento en la actividad contractual tiene su raíz jurídica en que el legislador garantiza la indemnidad de todo perjuicio sin diferenciar sus clases, con las características anotadas, y siempre y cuando se demuestren los hechos en que se sustenta.

A continuación la Sala pasará a examinar en concreto la solicitud de reconocimiento de indemnización.

c. Observa la Sala:

En primer lugar, que la posición del Tribunal, relativa a la improcedencia de reclamación de perjuicios morales está revaluada con fundamento en el ordenamiento jurídico. Como ya se anotó no existe razón válida para excluirlos si se tiene en cuenta que el derecho positivo prevé la responsabilidad contractual por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, sin hacer diferencia alguna respecto de la consecuente indemnización de los perjuicios que, con tal comportamiento, se causaron a cualesquiera de las partes contratantes.

En segundo lugar, que la condena por concepto de perjuicios morales causados con ocasión de la actividad contractual estatal, está condicionada al igual que la indemnización por cualquier otro tipo de perjuicio a la prueba de su existencia. No hay razón alguna para que la realidad y la entidad de este perjuicio estuviese eximida de prueba; cabe aquí la misma consideración hecha a propósito de la existencia de este perjuicio: si la ley exige la prueba del perjuicio como condición para que proceda su restablecimiento, no cabe hacer distinciones respecto de algún tipo de perjuicio, salvo cuando la ley lo presuma.

En otras palabras, los precitados perjuicios morales contractuales, que pudieron ocasionarse con la expedición del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y que podrían consistir, según el caso, en el pesar, angustia, congoja, tristeza, desolación etc. que sufrió el contratista, requieren ser demostrados en el proceso, como todo aquel perjuicio respecto del cual se pretenda su resarcimiento.

Así lo precisó la Sala al negar los perjuicios morales reclamados por el contratista; afirmó:

“En general, la doctrina del Consejo de Estado(6) ha sido reacia a reconocer el perjuicio moral tratándose de responsabilidad patrimonial contractual o precontractual, aunque no niega su procedencia en el evento de que se presentare lesión a alguno de los bienes extrapatrimoniales (honor, reputación, etc.) y estuviese demostrada en el expediente. En el subjudice no procede la condena por daño moral solicitada por el actor por cuanto no hay una sola prueba que así lo indique y los perjuicios no pueden presumirse del solo incumplimiento obligacional”((7)).

Es cierto que el acto de caducidad del contrato puede alterar el good will del contratista sancionado lo que indiscutiblemente causaría su afectación emocional; pudo acontecer también que a raíz del mismo acto el contratista sancionado perdiese nuevas oportunidades de contratar, lo que también podría afectar su tranquilidad y autoestima, pero todas estas posibilidades, causas y efectos, de llegar a concretarse en la realidad, deben acreditarse ante el juez del contrato para que, establecida su existencia y magnitud, profiera la deprecada decisión condenatoria.

La sola creencia de que la ilegalidad del acto produce perjuicios morales no es de recibo para la Sala; no es dable presumir, porque no existe sustento normativo, que la expedición de un acto de caducidad del contrato declarado nulo, causa perjuicios morales”.

En el sub examine el demandante solicitó el pago de perjuicios morales “por el profundo trauma sicológico que le ha creado al profesional de la ingeniería el no poder ejercer su profesión”, sin embargo las testimonios vertidos en el proceso coinciden en que el padecimiento sufrido por el ingeniero fue debido a la disminución de sus ingresos, lo que se tradujo en problemas familiares por la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones económicas llegando incluso a la separación de su esposa, no se refirieron los declarantes (como sí lo argumentó la apoderada judicial) a la afectación de su prestigio y su imagen por la sanción impuesta o al dolor de ver limitada su carrera como ingeniero porque e incluso aclaran que después de la declaratoria de caducidad continuó ejerciendo su profesión pero con contratos particulares.

Al respecto el señor Manuel Antonio Revelo David, manifestó que “lo cierto es que a partir de ese momento las contrataciones con los municipios a Miguel se le vinieron a pique, lo cual afectó notoriamente su parte económica y no solo parte económica sino también la parte moral que le ocasionó una situación de crisis emocional porque ya se volvió gritón, irascible, intolerante sobre todo a las personas que estaban cerca de él, inclusive a los mismos hijos y a la mujer” (fls. 7 a 8, cdno pruebas).

Por su parte el señor Eric Javier Martínez Andrade quien compartió oficina con el ingeniero Revelo David, manifestó: “(…) en la parte moral tuvo un bajonazo anímico que se vio reflejado en problemas en su hogar, en su relación con su señora, en la misma relación con los niños porque según me comentaba él a veces le era imposible pagar las mensualidades de los niños y todo esto lo minó en la parte anímica y moral” (fls.10 y 11, cdno pruebas).

A su turno, el señor Víctor Raúl David Guerrero quien trabajaba con el demandante, declaró: “las consecuencias fue de que ya los ingresos de él no eran los mismos, no tuvo la capacidad de pago para los compromisos que tenía en el hogar, con los hijos, los colegios, el comenzó a sentirse pues mal económicamente y con stress y sentirse mal por no contar con los recursos que iba a percibir con ese contrato y entra las otras cuestiones que se perjudicó él fue con el hogar hasta el punto de llegar con la separación por no tener con qué responder a los gastos que ellos estaban acostumbrados” (fls. 13 y 14, cdno pruebas).

Así las cosas, el análisis de los testimonios obrantes en el proceso, que son las únicas pruebas relacionadas con el perjuicio moral, permiten concluir que los padecimientos fueron producidos por la disminución de los ingresos que sufrió el Ingeniero Revelo David, pero como ya se afirmó al analizar las pruebas relativas a los perjuicios materiales, este hecho no puede atribuirse a la declaratoria de caducidad por cuanto la mayor variación de estos se produjo antes de haberse proferido el acto administrativo sancionatorio por parte de la Alcaldía de Caloto.

Corolario de lo anterior resulta que la providencia apelada habrá de ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 27 de septiembre de 2001, por medio de la cual decretó la nulidad de las Resoluciones 45 del 10 de febrero y 588 del 23 de julio de 1996 expedidas por el Alcalde de Caloto y se negaron las demás súplicas de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

2. En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Olga Mélida Valle de De La Hoz, Presidenta de la Sala—Enrique Gil Botero—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 8 de febrero de 2001, rad 12848 C.P. Maria Helena Giraldo.

2 Así lo ha explicado la Sala en varias providencias, entre otras cabe citar: Sentencia dictada dentro del expediente 6.030, el día 6 de febrero de 1992; Sentencia proferida el 11 de diciembre de 1992, exp. 7403. Sentencia proferida el 13 de julio de 2000, exp. 12.513.

3 Sentencia dictada dentro del expediente 10538; actor: Sociedad Compañía Colombiana de Ascensores.

4 Sentencia dictada dentro del expediente 11197 el día 14 de octubre de 1999; actor: Medardo Serna Vallejo.

5 Sentencia proferida el 24 de septiembre de 1987 dentro del expediente 4039; actor: David Vásquez Caicedo.

6 Ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de julio 25 de 1985. Expediente 2963 Magistrado Ponente Julio Cesar Uribe Acosta; Sentencia del 24 de septiembre de 1987. Expediente 4039. Magistrado Ponente Jorge Valencia Arango y Sentencia del 24 de agosto de 1990. Expediente 5712. Consejo Ponente Gustavo De Greiff Restrepo.

7 Sentencia proferida dentro del expediente 10038 el día 6 de marzo de 1997; actor: Oscar Gómez España.