Sentencia 1998-00529 de septiembre 1º de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 05001233100019980052901 (18274)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. Fabricato S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del 28 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Se debate en el presente proceso la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administración de Impuestos de Medellín negó la solicitud de corrección (presentada abr. 2/96) de la declaración de IVA de fecha 26 de enero de 1995, correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 1994, por considerar que la corrección solicitada tiene como objetivo modificar los valores de la declaración inicial, disminuyendo el saldo a pagar (E.T., art. 589) y porque: “…las solicitudes de corrección a las declaraciones tributarias presentadas con anterioridad a la publicación de la Ley 223 de 1995, se rigen por la Ley vigente al momento de la presentación de la declaración…”, señalando que el contribuyente: “… podrá presentar nueva solicitud, liquidando la sanción correspondiente y acreditando el pago o acuerdo de pago de los valores a cargo, conforme al artículo 589 del estatuto tributario”.

Observa la Sala que el 26 de enero de 1995 la sociedad demandante presentó la declaración de IVA correspondiente al 6º bimestre de 1994, identificada con el Nº 2200915050506-4 (fl. 98, exp.) determinando un saldo a pagar de $ 2.012.357.000.

Para la fecha de presentación de la declaración estaba vigente el artículo 589 del estatuto tributario, sustituido por el artículo 63 de la Ley 6ª del 30 de junio de 1992, que señalaba:

“ART. 589.—Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Para corregir las declaraciones tributarias que disminuyan el valor por pagar, o que aumenten el saldo a favor, se elevará solicitud a la administración de impuestos correspondiente, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración, anexando un proyecto de la corrección, en la cual se liquide una sanción equivalente al 5% del menor valor a pagar o del mayor saldo a favor, acreditándose el pago o acuerdo de pago de los valores a cargo, incluida la sanción señalada, cuando a ello hubiere lugar” (resalta la Sala).

Posteriormente, dicha norma fue sustituida por el artículo 161 de la Ley 223 de 1995, eliminando la sanción del 5% establecida, así:

ART. 589.—Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor.<Artículo modificado por el artículo 161 de la Ley 223 de 1995 El nuevo texto es el siguiente:> Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando al saldo a favor, se elevará solicitud a la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente, dentro de los dos(1) años siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración.

Según el apelante, no resulta sensato penalizar a un contribuyente porque con anterioridad a la expedición de la Ley 223 de 1995 presentó la declaración tributaria y, una vez retirada del ordenamiento la sanción del 5% por la corrección prevista en el artículo 589 del estatuto tributario, pretende hacer uso de este derecho dentro de la oportunidad legal, sin liquidar la sanción anotada.

La Sala observa que la disposición aplicable al sub lite era, como lo advirtió la administración, el artículo 589 del estatuto tributario vigente para la fecha de presentación de la declaración inicial (sustituido por la L. 6ª, art. 63, jun. 30/92), por las siguientes razones:

En reiterada jurisprudencia, la corporación(2), acerca de la vigencia de la ley en el tiempo, ha señalado que las disposiciones aplicables son las vigentes en la época de la ocurrencia de los hechos a cobijar por la normativa, toda vez que, por regla general, “la ley” no es retroactiva, como quiera que se expide para que rija en el futuro, desde su promulgación hasta que sea derogada.

La norma que elimina una sanción tributaria es una norma sustancial, de aplicación hacia el futuro, es decir, para conductas que ocurran después de su vigencia, y no antes.

Anota la Sala que no puede confundirse el principio de irretroactividad de la ley sustancial, con el principio de “inmediatez” que rige las normas de procedimiento, entendiendo como tales las que regulan trámites, términos y competencias, las cuales, dado su carácter de “orden público” (CPC, art. 6º) son de aplicación inmediata, y prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Por tanto, no puede pretenderse que una norma que elimina una sanción pueda ser aplicada a un hecho anterior a su vigencia, puesto que tales normas, como ya se dijo, son de naturaleza sustantiva y, en consecuencia, se aplican a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en contraposición a las de procedimiento que rigen de manera inmediata.

La Sala reitera(3) que, en materia sancionatoria las normas aplicables son las vigentes al momento en que se incurre en la conducta sancionable, o al de la ocurrencia de los hechos respecto de los cuales se ejerce la facultad sancionatoria, independientemente de que la actuación administrativa de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la expedición de los actos sancionatorios ocurran con posterioridad.

El Consejo de Estado ha precisado también (sents. jul. 7/2000, exp. 10053; nov. 5/99, exp. 9584 y mar. 12/99, exp. 9177, entre otras), que el derecho de corrección de la declaración nace desde el mismo momento en que se ha presentado una declaración errónea, y la consecuencia de tal error, que es la solicitud de corrección, se regula por la ley vigente al momento de la presentación del respectivo denuncio.

Según lo expuesto, resulta claro que el hecho sancionable se configuró el día siguiente de la fecha límite establecida para declarar, por lo que para el período en discusión debía aplicarse la normativa vigente en el momento, y preexistente a la infracción, es decir el artículo 589 del estatuto tributario, antes de la modificación efectuada por el artículo 161 de la Ley 223 de 1995.

En consecuencia, la disposición aplicable al momento de presentar la solicitud de corrección (abr. 2/96) era el artículo 589 del estatuto tributario, vigente antes de la modificación efectuada por el artículo 161 de la Ley 223 de 1995, por ser los hechos que originaron la corrección anteriores a dicha norma. Por tanto, el contribuyente debió liquidar la sanción del 5% del menor valor a pagar.

Toda vez que la sociedad actora no liquidó en la declaración de corrección presentada la sanción a la que legalmente estaba obligada, la Administración procedió de legal forma a negar la petición formulada, puesto que este era el presupuesto necesario de la corrección.

Por consiguiente se confirmará la sentencia del 28 de octubre de 2009 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 28 de octubre de 2009, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Fabrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. Fabricato S.A. contra la DIAN.

RECONÓCESE personería a la abogada Nohora Elizabeth Sánchez Garzón como apoderada de la DIAN, conforme al poder que obra a folio 165 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(1) El artículo 8º de la Ley 383 de 1997 modificó el plazo a un año.

(2) Sentencias del 26 de noviembre de 2009, expediente 16928, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 7 de diciembre de 2004, expediente 13630, C.P. Ligia López Díaz; y del 18 de junio de 2009, expediente 15540, C.P. Héctor J. Romero Díaz, entre otras.

(3) Sentencias del 26 de marzo de 2009, expediente 16496, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 29 de septiembre de 2000, expediente 10567, C.P. Julio E. Correa.