Sentencia 1998-00555 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “A”

Expediente: 520012331000199800555-01 (34165)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Wilmer Lizcano Torres y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

Referencia: Apelación de sentencia - Reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Pretenden los demandantes que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional sea declarada patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales, morales y fisiológicos causados al señor Wilmer Lizcano Torres, como consecuencia de la toma guerrillera de la que fue objeto la Base Militar de “Las Delicias”, ubicada en La Tagua (Putumayo), ocurrida el 30 de agosto de 1996, lugar en el que se encontraba prestando servicio militar obligatorio.

El apoderado del demandante insiste en que debe ser declarada la responsabilidad deprecada al existir en el expediente distintos medios de prueba que la demuestran, aunado a la situación de conscripción en la que se incorporó al Ejército Nacional.

Con el fin de acreditar los hechos de la demanda y de la contestación a la misma, las partes allegaron los siguientes medios de prueba:

1. Fotocopia auténtica de la decisión administrativa de sanción disciplinaria, consistente en destitución, proferida por la Procuraduría General de la Nación, dentro del expediente disciplinario 001-327 en relación con los investigados comandantes del Comando Unificado del Sur y del Batallón de Selva Nº 49 “Juan Bautista Solarte Obando”, por los hechos sucedidos en la Base Militar de “Las Delicias” los días 30 y 31 de agosto de 1996 (fls. 137 a 147, cdno. 1).

Del texto de la decisión disciplinaria resulta pertinente rescatar los siguientes apartes:

“…Pero, además, específicamente en el caso del comandante del comando unificado, entre sus responsabilidades primarias figura de manera destacada, la de ‘mantener la seguridad de la organización y la del área geográfica asignada’ según está dispuesto en el denominado ‘Manual de operaciones conjuntas para las Fuerzas Militares…’.

“…solamente mediante la observación directa y recorrido del terreno de la base, era posible que el máximo jefe militar pudiera darse cuenta de sus dificultades de orden geográfico, sus limitaciones de carácter logístico y, por consiguiente, de los riesgos del personal allí radicado, ante la perspectiva del sorpresivo ataque del enemigo.

“Con motivo de la visita practicada en el mes de junio de 1996, dos meses antes del ataque subversivo, el mayor Carlos Gustavo Leyva Rodríguez, (sic) había prevenido a su superior del CUS, mediante la siguiente conclusión: ‘Las medidas de seguridad perimétricas son deficientes a pesar de los esfuerzos hechos por el comandante de la Base en razón a que no cuenta con los medios o elementos necesarios como concertinas, piquetes, alambradas, etc. Así mismo las posiciones defensivas se deterioran rápidamente por la acción del clima’.

“La investigación preliminar a cargo de la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, (cdno. de copias Nº 1, fl. 1 y ss.), condujo a conclusiones igualmente definitivas, del siguiente tenor ‘el armamento de dotación de la unidad fundamental presentó fallas en su operación’, ‘no hubo conducción de la defensa de la base por parte de los cuadros’, ‘no hubo apoyo oportuno a pesar de que el combate fue prolongado en el tiempo.

“Y finalmente el documento denominado ‘Caso táctico’ que corresponde al análisis de los altos mandos militares sobre lo acontecido en Las Delicias, previa investigación interna, se alude igualmente a deficiencias de ‘la infraestructura organizacional’, la imposibilidad de efectivo ‘apoyo aéreo’, la ausencia de ‘suministro de los apoyos’ necesarios etc.

“Se agrega en el mismo estudio analítico: ‘No hubo inteligencia sobre el enemigo en ninguno de los niveles del mando comprometidos en el hecho (CUS - FNS - Gasur - Bisel - 49 - CPC)’, ‘no existía disponibilidad a nivel unidad operativa mayor (CUS), de una reserva para empleo inmediato’, ‘La construcción de las trincheras no cumplía con las necesarias especificaciones técnicas y tácticas (14 muertos por tiros en la cabeza). Los fusileros necesitaban ponerse de pie para disparar y en ese momento facilitaban o permitían el fuego enemigo.

“La conclusión de todo ese detenido estudio por parte de la más alta superioridad militar, (sic) es elocuente en grado superlativo: ‘La ubicación y misión de la base no justificaba su permanencia como tampoco sus resultados operacionales’ (fl. 143).

“…

“PRIMERO: SANCIONAR, a los señores brigadier general de infantería de marina Jesús María Castañeda Chacón, identificado con la c.c. 17.183.398 de Bogotá, comandante del Comando Unificado del Sur, con sede en Leticia, para la época de los hechos, y al señor teniente coronel del Ejército Nacional José Claudio Bastidas Javela, identificado con la c.c. 19.203.984 de Bogotá, comandante del Batallón de Selva Nº 49 ‘Juan Bautista Solarte Obando’, radicado en La Tagua - Putumayo, para la misma fecha, con separación absoluta de las Fuerzas Militares, por los cargos que les fueron imputados”.

2. Fotocopia auténtica de la resolución de acusación y otras piezas del proceso penal seguido contra los miembros del “Secretariado de las FARC”, por los hechos ocurridos el 30 de agosto de 1996 en la Base Militar de Las Delicias (cdno. 3 pbas.).

3. Oficio 762 de 30 de enero de 2003, por medio del cual se allega al proceso, en fotocopia auténtica, el expediente administrativo prestacional correspondiente al soldado Wilmer Lizcano Torres. Allí se observa, entras cosas (cdno. pbas. 2):

• Constancia suscrita por el comandante del Batallón de Selva 49, donde se indica que el señor Wilmer Lizcano Torres hacía parte del personal militar secuestrado por las FARC, luego de perpetrado el ataque del 30 de agosto de 1996 (fls. 239 a 248).

• Certificación suscrita por el jefe de personal del departamento E-1 del Comando del Ejército Nacional, donde se indica que Wilmer Lizcano Torres ingresó como soldado regular el 1º de agosto de 1995 al Ejército Nacional y que fue dado de baja por incapacidad relativa y permanente, con novedad fiscal del 25 de agosto de 1997 (fl. 48).

• Informativo administrativo 010, del 17 de junio de 1997, correspondiente al soldado Wilmer Lizcano Torres, donde se lee (fl. 52, cdno. pbas. 2 - se transcribe tal como obra el original):

“El día 30 de agosto de 1996, aproximadamente a las 19:30 horas en la Inspección de Las Delicias municipio de Puerto Leguízamo Putumayo, cuando la Compañía ‘Córdova’ cumplía misiones de orden público, fue atacada la Base Militar de ‘Las Delicias’ destacada en esa inspección, por Narcobandoleros (sic) de las autodenominadas FARC, después del cruento combate al término de la noche fueron sometidos por la fuerza y secuestrados nueve meses y medio. Siendo entregados el día 15 de junio de 1997, lo que ocasionó desequilibrio psicológico”.

• Acta de junta médica laboral 3033, de 20 de agosto de 1997, donde se estableció en relación con el soldado Wilmer Lizcano Torres (fls. 53 a 55, cdno. pbas. 2):

“Conceptos de los especialistas”

“Otorrino. Diagnóstico: Ulceración septum lado derecho traumática.

“Psiquiatría: Mentalmente sano”

En relación con la detección de la patología denominada leishmaniasis, que según el acta de la junta médica aludida significó para el demandante el 25.17% de pérdida de su capacidad laboral, debe indicarse que ni la enfermedad ni la disminución que ella produjo en su capacidad productiva tienen relación alguna con los hechos que originaron la litis, debido a que en realidad se trata de una enfermedad profesional, como fue calificado por los miembros de la junta médica laboral de las Fuerzas Militares. Dentro del expediente administrativo aparece que, mediante Resolución 2259 de 21 de mayo de 1998, el demandante fue indemnizado de conformidad con lo previsto por el Decreto 2728 de 1968, lo cual significa que el origen de ese daño no fue la consecuencia directa de las fallas que se imputan a la entidad, ocurridas el 30 y 31 de agosto de 1996.

4. Fotocopia del informe elaborado por el Ejército Nacional, en relación con el análisis del ataque guerrillero. Allí se mencionó que, dentro de los aspectos negativos, las tropas se vieron enfrentadas a lo siguiente (fl. 217, cdno. pbas. 2):

• Escasez de medios, distancias y condiciones geográficas que dificultaron el ejercicio del mando.

• No hubo inteligencia sobre el enemigo.

• Las unidades no contaron con apoyo, ni hubo reacción.

• La ubicación y la misión de la base no justificaba su permanencia.

• Improvisación y errores tácticos.

• Dentro de los cuatro días previos al ataque no se realizó ninguna actividad operacional.

• Fallas en el armamento a pesar de haber sido cambiado.

• Relevo de oficiales y suboficiales.

• El dispositivo no garantizaba la seguridad.

• Trincheras mal construidas ocasionando catorce muertos por tiros en la cabeza.

• No hubo empalme operacional ni administrativo.

• No existía censo en el caserío aledaño a la base.

• No hubo integración de fuego entre los pelotones, ni entre las armas de apoyo y acompañamiento.

• No existían alarmas tempranas.

V. Las pruebas relacionadas en precedencia permiten a la Sala afirmar (CPC, art. 187) que se encuentra acreditado que el señor Wilmer Lizcano Torres prestó servicio militar, en condición de soldado regular bajo régimen de conscripción y, para la fecha en que ocurrieron los hechos que originaron la litis —30 de agosto de 1996—, hacía parte del Batallón de Selva Nº 49. También se acreditó que, luego del referido ataque, fue secuestrado por la insurgencia y en esa situación permaneció más de nueve meses (fl. 52, cdno. pbas.).

De igual forma, se ha probado que, una vez liberado, se sometió a una junta médica laboral a cargo de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, el 20 de agosto de 1997, cuya valoración quedó en el acta 3033, donde se determinó que se encontraba psiquiátricamente sano, que sufría de una “Leishmaniasis cutanea (sic) en pierna derecha e izquierda preauricular derecha cuello nasal, tratado…”, evaluación que arrojó como resultado una disminución en la capacidad laboral del 25.17% (fls. 49 y 50, cdno. pbas.).

Ahora bien, en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado, se debe recordar que la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que, frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente del que se aplica frente a quienes voluntariamente desarrollan actividades de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado(1), porque el sometimiento de aquéllos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución impone a las personas, “derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social”(2), para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas” (C.P., art. 216).

Por eso, desde tiempo atrás la jurisprudencia ha considerado que, cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud, ésta debe dejar el servicio en condiciones similares(3), criterio a partir del cual se estableció la obligación de reparación a cargo de la entidad demandada, frente a los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libertades inherentes a la condición de militar.

Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produce el hecho, la Sala ha aplicado, en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial, cuando el daño se produce como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; el de falla probada, cuando la irregularidad administrativa produjo el daño; y el de riesgo, cuando este proviene de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos(4). En todo caso, ha considerado que el daño no es imputable al Estado cuando éste se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, al no configurarse el nexo causal entre el hecho que se imputa a aquél y el daño.

También se ha dicho que el régimen que debe manejarse en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado es, por excelencia, la falla en la prestación del servicio, no obstante que la decisión de declararlo responsable pueda encausarse por otros regímenes (objetivos y subjetivos), como sucede en este caso; es decir, si el asunto es susceptible de ser enfocado a través de varios regímenes y uno de estos es la falla del servicio, debe darse aplicación a este último.

La Sala, sin hesitación alguna, considera que el régimen adecuado para decidir sobre las pretensiones de la demanda, en este caso específico, es el de la falla en el servicio, pues si bien es cierto que la víctima se hallaba en estado de conscripción y sobre él se pudo cernir un desequilibrio en las cargas públicas que debía soportar, el cual provino de la imposición legal consistente en la obligación de incorporarse a las Fuerzas Armadas, y fue mientras cumplía con esa carga impuesta que se produjo el daño, también es cierto que éste se causó, primordialmente, por la ocurrencia de fallas en la prestación del servicio que lo expusieron a la situación de secuestro del que fue víctima.

En efecto, la Procuraduría General de la Nación adelantó la investigación disciplinaria 001-327, con el objeto de establecer si los hechos ocurridos en la vereda “Las Delicias”, del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), estuvieron determinados no sólo por el ataque guerrillero de las “FARC” sino por eventuales faltas disciplinarias por parte de los comandantes de las tropas atacadas, a quienes les correspondía velar por la protección, seguridad y bienestar de sus hombres mediante la instrucción debida, el saneamiento de las deficiencias de infraestructura y de dotación que agobiaban a ese asentamiento militar, y el ofrecimiento de apoyo humano y logístico para repeler la agresión, evitando que las tropas instaladas en el lugar resultaran excesivamente vulnerables ante un suceso violento, como el ejecutado por los insurgentes.

Surtido el trámite del proceso disciplinario aludido y valoradas las pruebas que allí se recaudaron, el Procurador General de la Nación decidió imponer sanción de “separación absoluta de las Fuerzas Militares” a los funcionarios investigados, es decir, en contra de los entonces comandantes del Batallón de Selva Nº 49 y del Comando Unificado del Sur, por los hechos acaecidos los días 30 y 31 de agosto de 1996 en la base militar de “Las Delicias”, todo ello como resultado de la verificación de conductas omisivas que constituyeron faltas disciplinarias y cuyo resultado se reflejó indudablemente en la pérdida de la vida de algunos militares y el secuestro de otros, como ocurrió en el caso del soldado Wilmer Lizcano Torres.

Para esta corporación, resultan ser idénticos los antecedentes fácticos por los que fueron procesados disciplinariamente los comandantes de las unidades militares y los fundamentos del mismo orden que invocaron los demandantes (omisión y negligencia) al promover la acción indemnizatoria que se decide; por esa razón, las consecuencias o decisiones que se adopten en derecho, en principio, no pueden resultar contradictorias, sin que ello signifique que una decisión esté sujeta a la otra de manera indefectible, pues se trata de competencias distintas, de autoridades autónomas y de procesos independientes, en los que se tutelan bienes jurídicos diferentes; sin embargo, resulta innegable en este específico caso que la decisión administrativa de sanción guarda una íntima relación en su aspecto teleológico con la evaluación que necesariamente debe realizarse sobre el cumplimiento de las funciones del cargo de los agentes del Estado, funciones que a su vez están dadas para garantizar, a través de su cumplimiento, la eficiente y eficaz prestación del servicio público que se pretende satisfacer, de manera que, en estricto sentido, si el cumplimiento de las funciones falla, de manera inexorable surge la responsabilidad patrimonial del Estado, dada la presencia o existencia de una o más fallas en dicho servicio.

Con todo, debe quedar claro que no se trata de decidir sobre la responsabilidad del Estado con fundamento en un acto administrativo sancionatorio, sino de deducir a partir de allí la concreción de uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, cual es la existencia de una omisión como hecho generador del daño.

Por otra parte, en el informe administrativo elaborado por la entidad demandada, donde se resume lo ocurrido durante el ataque (fls. 172 y 173, cdno. pbas. 2), se lee que éste fue reportado, por quienes combatían, a las 7:30 p.m. del 30 de agosto de 1996 y solamente pasadas seis (6) horas y trece (13) minutos, es decir, a la 1:43 a.m. del día siguiente se estableció contacto por parte del comandante del Batallón de Selva Nº 49 con el apoyo aéreo (que en el proceso no pudo establecerse si fue prestado o no) y a las 6:30 a.m., o sea, pasadas once (11) horas se dispuso el envío de apoyo de tropas, las cuales llegaron al lugar veintiún (21) horas después de iniciado el ataque, es decir, a las 4:00 p.m. del 31 de agosto de 1996. Lo anterior devela la falta de oportunidad e inmediatez en la reacción de los militares que estaban en la obligación de prestar apoyo a los hombres que se encontraban, en número muy inferior, soportando la acción bélica en su contra.

En el caso que analiza la Sala, se ha verificado que la fuente del daño, como se indicó en precedencia, es la omisión en la que incurrió la administración frente al cumplimiento de un deber constitucional, pues el defecto señalado indica que se puede entender como tal haber dejado de hacer algo necesario o conveniente a lo que se está obligado, que en este caso se trataba de evitar o conjurar el padecimiento de un daño superior al debido por parte de sus hombres.

Así las cosas, es indudable que el hecho imputable a la administración se encuentra debidamente acreditado.

En efecto, la víctima sufrió un daño que, como consecuencia de la falla en el servicio, se materializó con la restricción injustificada, ilegal y antijurídica de su libertad de locomoción, la cual se extendió por más de nueve meses, por cuenta del secuestro que se produjo, circunstancia que, a su turno, ocasionó naturalmente un daño moral que involucra congoja y aflicción, debido a la situación misma de confinamiento.

Por su parte, la entidad demandada no probó ninguna causa extraña que impidiera la estructuración de la responsabilidad administrativa a su cargo.

Por las anteriores razones, el fallo de primera instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, será revocado y, en su lugar, se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que dentro del expediente se encuentran debidamente acreditados, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado, representado por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

Perjuicios morales

Se presume que el ataque del que fue objeto el señor Wilmer Lizcano Torres y su posterior secuestro implicaron un perjuicio moral, razón por la cual se condenará a la demanda a pagar en favor de aquél la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Perjuicios materiales

Se accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales solicitados en la demanda, por cuanto se acreditó que el señor Wilmer Lizcano Torres padece un daño que le impide percibir de manera normal los recursos necesarios para su subsistencia. Se probó que existe un detrimento que ha afectado su patrimonio y que se originó dentro del período en el que estuvo secuestrado.

La disminución de la capacidad laboral equivalente al 25,17%, dictaminado por la junta médica de calificación de las Fuerzas Militares (fl. 63, cdno. 2).

Como no existe prueba de la que pueda deducirse cuánto devengaba mensualmente el señor Wilmer Lizcano Torres antes de ingresar al Ejército Nacional, se tomará el salario mínimo mensual legal vigente para efectos de realizar la liquidación pues se trata de una persona productiva que, en el peor de los casos, devengará ese emolumento mensual.

Por la razón anterior, se tomará como base de liquidación el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2014 ($ 616.000).

Se debe reconocer a título de indemnización por daño material en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, las sumas que resulten desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la fecha en que se cumpla su expectativa de vida probable.

Daño emergente: No habrá lugar a reconocer suma alguna por este concepto, teniendo en cuenta que no se demostró dentro del proceso que el lesionado o persona distinta que obre como demandante dentro del proceso haya asumido el pago de suma alguna por concepto clínico, terapéutico u ortopédico originado en el trauma generado en la piel por efecto de la leishmaniasis.

Lucro cesante: Los perjuicios materiales corresponden a las sumas que afectan la capacidad productiva o laboral del señor Wilmer Lizcano Torres, víctima directa de los hechos, y que fue dictaminada en un 25.17%, a esta suma se le aumentará un 25% correspondiente a la proporción causada por concepto de prestaciones sociales.

Se tomará como base de liquidación el salario mínimo fijado por el Gobierno Nacional para el año 2014, que resulta mayor de lo devengado por la época de los hechos si esa cifra fuere actualizada, es decir, la suma equivalente a ciento cincuenta y cinco mil cuarenta y siete pesos ($ 155.047).

De conformidad con la regla de liquidación dictada anteriormente tenemos:

$ 155.047 + 25% = $ 193.808

Base de liquidación = $ 193.808

Liquidación de perjuicios materiales:

Las indemnizaciones se dividirán en histórica o consolidada y futura.

a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos —30 de agosto de 1996 hasta la fecha de esta sentencia 26 de febrero de 2014—. Se calcula aplicando la siguiente fórmula:

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De donde,

Ra - Ingreso o renta mensual ($ 193.808).

i - Interés puro o técnico del 0,004867 % mensual

n - Número de mensualidades que comprende el período a indemnizar (209.86)

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IH = $ 70’489.913

b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia —27 de febrero 2014— hasta la vida probable de la víctima. Wilmer Lizcano Torres tenía para la fecha de ocurrencia de los hechos 19 años de edad, lo que implica que tiene una vida probable de 56,85 años (672,85 meses), de los cuales ya se han liquidado 209,86 meses restan por liquidar 462,99 meses.

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IF = $ 40’946.742

Así las cosas tenemos que:

Indemnización debida o consolidada……………..….$ 70’489.913

Indemnización futura………………………………………$ 40’946.742

Total perjuicios materiales…………………………………$ 111’436.655

Perjuicio fisiológico y daño a la vida de relación.

No se accederá a este reconocimiento indemnizatorio porque el demandante no probó que padezca secuelas que le impidan relacionarse de forma normal con su entorno, ni se probó que los daños que padeció afecten drásticamente su forma de interactuar con el mundo exterior, no existe secuela psíquica que altere sus condiciones de existencia, ni física que afecte su autoestima o le haga distinto a otras personas normales.

Costas

No habrá lugar a condena en costas, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, de conformidad con las previsiones relativas al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVÓCASE la sentencia proferida el veinte (20) de abril de dos mil siete (2007) por Tribunal Administrativo de Nariño.

SEGUNDO. En su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, por el daño antijurídico causado al señor Wilmer Lizcano Torres en hechos ocurridos el 30 de agosto de 1996; en consecuencia, CONDÉNASE a aquélla a pagar en favor de éste, la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a título de indemnización por perjuicios morales y la suma de ciento once millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos ($ 111’436.655) por perjuicios materiales.

TERCERO. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo de Nariño cumplirá lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO. Sin costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Ha dicho la Sala que “quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)” (ver sent. del exp. con rad. 12.799).

(2) Sentencia de la Corte Constitucional T-250 del 30 de junio de 1993.

(3) Sentencias de 3 de marzo de 1989, expediente 5290 y del 25 de octubre de 1991, expediente 6465, entre otras.

(4) En sentencia de 28 de abril de 2005, expediente 15.445, dijo la Sala: “En el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación en relación a los conscriptos. Generalmente se acude al de daño especial cuando el ‘daño’ tiene su causa en el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. Sin embargo cuando la causa de los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe aplicarse el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y el de riesgo cuando los conscriptos sufren daños con causa y por razón del servicio que provienen o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos ... Ha partido de la regulación legal especial contemplada para la fuerza pública y en especial para los conscriptos, y ha concluido que cuando las pruebas son indicadoras de que los hechos ocurrieron por el riesgo a que fueron expuestos los conscriptos no se requiere realizar valoración subjetiva de (sic) conducta del demandado; que sólo es necesario demostrar: el ejercicio por parte del Estado de una actividad de riesgo en desarrollo del servicio militar prestado —o por su destinación o por su estructura—; el daño antijurídico; y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre ese riesgo y el daño causado al conscripto; y que el demandado sólo se exonera por causa extraña, es decir por el hecho exclusivo del tercero o de la víctima y fuerza mayor”.