Sentencia 1998-00574 de marzo 21 de 2007

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Alier Eduardo Hernández Enríquez

Bogotá, D.C., marzo veintiuno (21) de dos mil siete (2007).

Rad.: 25000-23-26-000-1998-00574-01(29102)

Actor: Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema

Demandado: Jhon David Isaac Cure y otro

Ref.: Consulta

Resuelve la Sala el grado jurisdiccional de consulta, surtido frente a la sentencia dictada el 5 de octubre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión —atendiendo a la prelación autorizada por la Sala, para los procesos con grado de consulta—, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la acción contractual, en la cual se pidió la declaración de incumplimiento de los acuerdos de trueque celebrados en la rueda de negocios Nº 73 del 15 de septiembre de 1995, realizada en la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A.

La sentencia, que será confirmada, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLÁRASE el incumplimiento de las operaciones de trueque DT-76771/72, DT-76785/86, DT-76787/88, por parte del señor JOHN DAVID ISAAC CURE frente al Instituto de Mercadeo Agropecuario “Idema” (hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural); que consistió en el trueque de arroz paddy por arroz blanco grado 2 en cantidad de 276.684 kilos de arroz, según negociaciones Nos. 0215643, 0215704, 0215657, 0215658, 0215659 y 0215660 de la Bolsa Nacional Agropecuaria.

SEGUNDO. Como consecuencia de la declaración que antecede, se CONDENE a JOHN DAVID ISAAC CURE a pagar al INSTITUTO DE MERCADEO AGRÍCOLA “IDEMA” –hoy la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL-, a título de indemnización la suma de... ($ 380’284.590)

TERCERO. Como consecuencia de la declaración que antecede DECLÁRASE la ocurrencia del riesgo cubierto por las pólizas números 9520654, 9521080, y 9520653 de SEGUROS DEL ESTAD SA., a favor del INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO “IDEMA” —hoy la NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL—, expedidas por él, conforme a los expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior, DECLÁRASE que SEGUROS DEL ESTADO S.A., está obligada a pagar al “Idema” hoy la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICUILTURA Y DESARROLLO RURAL la suma de... $ 149.499.000...

(...)

ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones. El 23 de enero de 1998, el Idema interpuso acción contractual en contra del señor Jhon David Isaac Cure y la compañía Seguros del Estado —fls. 7 a 14, c. 2—.

Pidió que se declare el incumplimiento de los acuerdos de trueque celebrados en la rueda de negocios Nº 73, (llevada a cabo el 15 de septiembre de 1995, y realizada en la Bolsa Nacional de Agropecuaria S.A), suscritos entre el Idema y los comisionistas CORCARIBE Y CIA., y Mario Alberto Valencia y/o su mandante, Jhon David Isaac Cure, demandado. Los acuerdos consistieron en el trueque de arroz paddy por arroz blanco grado 2, según negociaciones números 0215643, 0215704, 0215657, 0215658, 0215659 y 0215660 de la Bolsa Nacional Agropecuaria.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó la condena solidaria de los demandados Jhon Isaac Cure y Seguros del Estado a pagar $ 125’891.220, correspondientes a 276.684 kilos de arroz blanco grado 2, suma que las partes aceptaron como saldo cierto el 27 de mayo de 1997, más los intereses de esta suma a la tasa moratoria correspondiente, hasta cuando se verifique el pago —fl. 11, c. 2—.

1.2. Hechos de la demanda. Las anteriores pretensiones se fundan en los siguientes hechos —fls. 7 a 10, c. 1—:

En la rueda de negocios Nº 73, llevada a cabo el 15 de septiembre de 1995 en la Bolsa Nacional de Agropecuaria SA., se celebraron varias operaciones de trueque entre el Idema y los comisionistas CORCARIBE y CIA., y Mario Alberto Valencia y/o su mandante, Jhon David Isaac Cure, que consistieron en el trueque de arroz paddy por arroz blanco grado 2, las cuales fueron avaladas por Seguros del Estado, mediante las pólizas Nos. 9520654, 9521080 y 9520653.

Dice el actor que el demandado incumplió las obligaciones, en la cuantía asegurada en las pólizas —$ 149’499.000—, equivalentes a 276.684 kilos de arroz blanco grado 2. Por lo anterior el Idema dictó la Resolución Nº 219 de abril 30 de 1997, mediante la cual declaró la ocurrencia del siniestro.

El 27 de mayo de 1997 se reunieron Jhon Isaac Cure y funcionarios del Idema, con el fin de sustituir las obligaciones originales por otras, en cuanto a cantidad y plazo, a través de un contrato de novación. En el acuerdo, que consta en un “acta”, las partes aceptaron como saldo la suma de $ 125’891.220, correspondientes a 276.684 kilos de arroz blanco grado 2. También se estipuló que el Acta estaría sujeta a ratificación en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cartagena, a la suscripción de un pagaré y a la constitución de una póliza que garantizara el cumplimiento del nuevo acuerdo.

La condición suspensiva falló, pues no fue ratificado el acuerdo en la Cámara de Comercio, por eso los efectos de la convención no se produjeron y, tratándose de una novación, no extinguió las obligaciones existentes ni creó otras nuevas. No obstante, alega el actor, el Acta existe y a partir de ella se puede deducir que el demandado aceptó deber el saldo que allí se dejó constando.

Mediante la Resolución Nº 206, del 5 de noviembre de 1997, el Idema liquidó unilateralmente los contratos que contienen las operaciones de trueque. Posteriormente, el 23 de diciembre, dictó la Resolución Nº 341, por medio de la cual revocó el acto que declaró la ocurrencia del siniestro, aduciendo su ilegalidad, pues se fundamentó en el Decreto-ley 222 de 1983, que permitía declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato, la ocurrencia del siniestro y la liquidación unilateral del mismo; pero bajo el régimen de la Ley 80 de 1993 esas decisiones carecen de sustento legal, porque se trata del ejercicio de poderes exorbitantes que ya no existen.

2. Contestación de la demanda.

La demanda fue dirigida contra la compañía de Seguros del Estado y contra el señor Jhon David Isaac Cure, quienes la contestaron, en los siguientes términos:

2.1. Seguros del Estado. Frente a la mayoría de los hechos dijo que no le constaban, y propuso las siguientes excepciones, las cuales se comentarán junto con la sentencia consultada:

i) “Inexistencia de las relaciones jurídicas de aval y/o solidaridad entre Seguros del Estado S.A., y Jhon David Isaac Cure”, ii) “Inocurrencia del siniestro cuya cobertura se protege mediante los seguros de cumplimiento comprometidos en la demanda”, iii) “En la eventualidad del siniestro su improbable ocurrencia se produciría por fuera de la vigencia de la póliza”, iv) “Prescripción de los derechos derivados de los contratos de seguro llevados al proceso”, v) “Extinción de la obligaciones derivadas de las operaciones de trueque y del contrato de seguro por haberse verificado convención” y vi) “Límite de responsabilidad de Seguros del Estado S.A.”.

2.2. Jhon David Isaac Cure. Contestó la demanda por medio de curador ad litem —fls. 85 a 87, c. 1—.

Dijo que no le constaba ninguno de los hechos de la demanda, y propuso la excepción de prescripción, aunque sin presentar fundamento alguno. Tan sólo dijo que esta se había configurado “... teniendo en cuenta las fechas de presentación y aceptación de la demanda, así como la fecha de la notificación de la misma...” —fl. 86, c. 2—.

3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera —Sala de Descongestión— dictó sentencia el 5 de octubre de 2004, accediendo a las pretensiones de la demanda —fls. 149 a 178, c. p.—.

Desestimó las excepciones propuestas por los demandados, en los siguientes términos:

i) “Inexistencia de la relaciones jurídicas de AVAL y/o SOLIDARIDAD entre Seguros del Estado y Jhon David Isaac Cure”. Frente a la afirmación de la aseguradora, según la cual Seguros del Estado S.A. no asumió la función de avalista del contratista, por cuanto la obligación garantizada no se encontraba instrumentada en un título valor, dijo el tribunal que el término avalista, empleado por el demandado, quiere significar que él es responsable como asegurador, al asumir los riesgos amparados en las pólizas de cumplimiento. De hecho, la compañía de seguros expidió las pólizas pertinentes, luego está en el deber de responder por los riegos que se hayan causado.

ii) Sobre la denominadaInocurrencia del siniestro” en virtud de que el Idema no expidió un acto administrativo declarándolo, consideró el Tribunal que si bien es usual que la administración actúe de esta manera, bien puede la entidad abstenerse de hacerlo y en lugar de ello solicitar al juez su declaración. Por lo tanto, no le asiste razón al asegurador al considerar que el siniestro solo podía declararlo el Idema, mediante acto administrativo, porque la jurisdicción de lo contencioso administrativo no pierde la competencia para hacerlo.

iii) “En la eventualidad del siniestro su improbable ocurrencia se produciría por fuera de la vigencia de la póliza”. Para el demandado, el siniestro no se presentó dentro de la vigencia de las pólizas, pues si la sentencia es la que lo constituye, entonces para la fecha en que se dicte ya están vencidos los amparos.

El a quo indicó que el siniestro ocurrió dentro de la vigencia de las garantías, ya que el contratista tenía la obligación de entregar 276.684 kilos de arroz blanco grado 2, el 30 de noviembre de 1995 —obligación que no cumplió—, y las pólizas de seguros de cumplimiento Nos. 9520653, 9520654 tenían fecha de vigencia hasta el 5 de febrero de 1996, la póliza 9521080 hasta el 23 de febrero de 1996 y la póliza 153542 hasta el 30 de mayo de 1996, de lo cual se infiere que el siniestro ocurrió dentro de la vigencia de las pólizas, motivo por el cual Seguros del Estado debe responder. 

iv) “Prescripción de los derechos derivados de los contratos de seguro”. La mencionada excepción fue propuesta por ambos demandados. La aseguradora argumentó, con fundamento en el artículo 1081 del Código de Comercio, que a la fecha y contada desde la expiración de la vigencia de cada una de las pólizas, han pasado más de 5 años y ha prescrito el derecho a la indemnización por haber pasado los 2 años exigidos para constituir el siniestro.

Al respecto, dijo el tribunal que para el 15 de septiembre de 1995, fecha de celebración de los contratos, regía el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, norma que otorgaba 20 años para demandar, y ésta se presentó el 23 de enero de 1998, luego no había operado el fenómeno de la caducidad.

v) “Extinción de las obligaciones derivadas de las operaciones de trueque y del contrato de seguro por haberse verificado convención”. Se sustentó este medio de defensa en el hecho de que las partes del contrato suscribieron un “acta de compromiso”, en la cual se cambiaron las obligaciones iniciales por otras, con lo cual se extinguieron las operaciones de trueque garantizadas por Seguros del Estado S.A.

El tribunal negó la excepción, apoyado en los artículos 1692 y 1693 del Código Civil, porque consideró que la novación no se configuró, por varias razones: i) porque estaba sometida a condición, y ella falló, y ii) porque la intención de las partes, expresada en el “acta de compromiso”, no fue la de sustituir unas obligaciones por otras, sino modificar los plazos para el cumplimiento de las inicialmente adquiridas, estableciendo el equivalente pecuniario de dichas obligaciones. Por lo tanto, lo que hizo el contratista fue ratificar las obligaciones derivadas de las operaciones de trueque, sin que se entienda que la obligación fue novada, pues los elementos esenciales del negocio siguen presentes. 

vi) “Limite de responsabilidad de Seguros del Estado S.A.”. La compañía de seguros dijo que sólo debe responder hasta el monto asegurado, previa demostración de los perjuicios, en los términos previstos en el art. 1077 del Código de Comercio.

Sin pronunciarse en forma concreta sobre este punto, el tribunal condenó a la compañía de seguros a pagar la suma de $ 149’499.000, equivalente al valor máximo asegurado con las pólizas expedidas.

5. El trámite en esta instancia.

5.1. La consulta. Las partes del proceso no apelaron la sentencia, y dado que uno de los demandados, el señor Jhon David Isaac Cure estuvo representado por curador ad litem, se surtió la consulta a que se refiere el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo. Mediante auto del 2 de febrero de 2005 —fl. 184, c. p.— este despacho admitió el grado de consulta.

5.2. Alegatos de conclusión.  

5.2.1. Las partes guardaron silencio.

5.2.2. El Ministerio Público, a través de la procuradora quinta delegada, hizo uso del traslado especial para alegar de conclusión —fls. 185 a 203, c. p.—. Dijo que comparte parcialmente la decisión del tribunal y por ello solicita que se modifique, con base en las siguientes razones:

Sobre la excepción denominada falta de ocurrencia del siniestro por falta de acto administrativo, la Procuraduría comparte la decisión adoptada por el a quo para desestimarla, pero la fundamenta en argumentos diferentes, pues el artículo 1077 del Código de Comercio establece que para reclamar la ocurrencia del siniestro amparado por la aseguradora, solo se exige al beneficiario demostrar su ocurrencia y la cuantía de la pérdida, de manera que no se impone la obligación de que se expida un acto administrativo. Por tanto, una cosa es aplicar una cláusula excepcional dentro de un contrato estatal, y otra distinta comunicarle a la compañía aseguradora la ocurrencia del hecho, lo cual no necesariamente implica la expedición de un acto administrativo.

Añadió que se debe distinguir entre la relación contractual que existe entre el contratista del Estado y la propia administración pública, y la relación contractual privada que existe entre el contratista del Estado y la compañía de seguros. De manera que si acaece el siniestro, el beneficiario del seguro debe reclamarle el pago a la compañía, momento en el cual entran en contacto dos sujetos que inicialmente no tenían ninguna relación contractual.

En cuanto a la excepción de límite de responsabilidad por parte de seguros del Estado S.A., el Ministerio Público le concede la razón al impugnante, por lo que solicita se declare su prosperidad. En efecto, dice que en la demanda se solicita el pago de $ 125’891.220, equivalente a 276.684 kilos de arroz blanco que dejó de recibir por los acuerdos de trueque, sin embargo, dentro del expediente solo se encuentra la negociación Nº 0215659, donde el demandado le compró al Idema 170.000 kilos de arroz paddy, para entregar el 30 de noviembre de 1995, por valor de $ 252.000 la tonelada, y la negociación Nº 0215660, donde el Idema le compró al demandado 97.750 kilos de arroz blanco por valor de $ 455.000 la tonelada. Así, solo se encuentran demostradas las negociaciones anteriores y el incumplimiento de la entrega de los 97.750 kilos de arroz blanco, operación amparada por la póliza número 950653 del 5 de octubre de 1995, documento que limita el valor asegurado a $ 44’982.000. Por lo anterior, solicita que se declare probada la excepción propuesta por Seguros del Estado y limitar su condena al monto señalado.

6. Consideraciones.

Para una mejor comprensión de esta providencia la Sala estudiará los temas involucrados en ella, en el siguiente orden: i) primero se analizará la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, en el caso concreto, ii) luego, determinará qué se encuentra probado en el proceso, y, a continuación, iii) abordará el debate sobre la caducidad de la acción, para, finalmente, iv) estudiar el cumplimiento o no de las operaciones de trueque, y v) su indemnización.

6.1. Procedibilidad del grado jurisdiccional de consulta.

Desde el punto de vista de la competencia funcional, no cabe duda que procede la consulta, porque se reúnen los requisitos previstos en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, dado que este grado jurisdiccional opera en los siguientes supuestos: a) Cuando la sentencia imponga condena, a cargo de cualquier entidad pública, siempre que la misma exceda de 300 smlmv y no haya sido apelada, o b) cuando la decisión ha sido proferida en contra de quien ha sido representado por curador ad litem. Esta última situación se configuró en el caso concreto —fls. 72, 75, 78 a 79 y 83, c. 1—(1).

En estas condiciones, procede la Sala a resolver la consulta, bajo el entendido de que ésta se surte exclusivamente en favor del demandado John David Isaac Cure, representado por curador ad litem, no así a favor de Seguros del Estado, quien estuvo representada por abogado de parte. Se advierte, también, que la sentencia será confirmada.

6.2. Lo probado en el proceso.

En el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos, en virtud de los medios de prueba que, a continuación, se relacionan:

— Original del documento de negociación Nº 0215659, de septiembre 15 de 1995, realizado en la Bolsa Nacional Agropecuaria, correspondiente a la rueda de negocios Nº 73, en el cual consta la operación de trueque de 170.000 kilos de arroz cáscara. Este documento viene acompañado del Anexo DT-76787 —fls. 15 a 16, c. 2—.

— Original del documento de negociación Nº 0215660, de septiembre 15 de 1995, realizado en la Bolsa Nacional Agropecuaria, correspondiente a la rueda de negocios Nº 73, en el cual consta la operación de trueque de 97.750 kilos de arroz blanco. Este documento viene acompañado del anexo DT-76788 —fls. 18 a 19, c. 2—.

— Original de la póliza de seguro de cumplimento Nº 9520653, cuyo tomador fue John David Isaac Cure, y el asegurado el Idema y/o la Bolsa Nacional Agropecuaria SA. Esta póliza amparó la operación Nº 0215659, anexo 76787 —fls. 23, c. 2—.

— Original de la póliza de seguro de cumplimento Nº 9520654, cuyo tomador fue John David Isaac Cure y el asegurado el Idema y/o la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. Esta póliza amparó la operación Nº 0215643, anexo 76771 —fl. 22, c. 2—.

— Original de la póliza de seguro de cumplimento Nº 9521080, y su modificación Nº 153542, cuyo tomador fue John David Isaac Cure y el asegurado el Idema. Esta póliza amparó la operación Nº 0215657, anexo 76785 —fls. 24, c. 2—.

— Copia auténtica de la Resolución Nº 219 de abril 30 de 1997, por medio de la cual el Idema declaró el siniestro de incumplimiento de las operaciones de trueque, y se hicieron efectivas las pólizas constituidas con Seguros del Estado, correspondientes a las operaciones de trueque Nos. DT-76771/72, 76787/88 y 76785/86, celebradas con el señor John David Isaac Cure —fls. 26 a 27, c. 2—.

— Copia auténtica de la Resolución Nº 335 de diciembre 23 de 1997, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 219 de 1997, y se revocó dicha decisión —fls. 9 a 14, c. 2—.

— Original del Acta de Compromiso sobre las operaciones de trueque Nos. DT-76769/70, 76771/72, 76787/88 y 76785/86, suscrita entre el gerente del Idema y John David Isaac Cure. En este documento el señor Isaac Cure reconoce deber al Idema 276.684 kilos de arroz blanco grado 2, los cuales tienen un valor de $ 125’891.220.

En este mismo documento las partes acordaron pagar dicha suma dinero, previa ratificación del acuerdo en un acta de conciliación, que se debería suscribir en una audiencia que habría de celebrarse el 19 de junio de 1997, en la Cámara de Comercio de Cartagena —fl. 28, c. 2—.

La condición a que quedó sometido el acuerdo no se cumplió.

— Copia auténtica de la Resolución Nº 206 de noviembre 5 de 1997, por medio de la cual el Idema liquidó unilateralmente las operaciones de trueque Nº DT-76769/70, 76771/72, 76787/88 y 76785/86, celebradas con el señor John David Isaac Cure —fls. 5 y 6, c. 2—.

Analizadas en su conjunto estas pruebas, advierte la Sala, que entre el Idema y el señor John David Isaac Cure efectivamente se celebraron varias operaciones de trueque, para la adquisición y entrega de arroz blanco y arroz cáscara.

Este tipo de negocios tiene sustento en el artículo 24 numeral 1º, literal k) de la Ley 80 de 1993, el cual permite que las entidades estatales celebren contrataciones directas, cuando se trate de “Productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas.” Los negocios celebrados por las partes de este proceso revisten esta naturaleza, por lo que se trata de contratos estatales que tienen un procedimiento de contratación especial.

La anterior norma fue reglamentada por el artículo 10 del Decreto 855 de 1994, el cual estableció que “En los contratos cuyo objeto sea la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria, que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas, la entidad estatal contratará directamente, en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones legales sobre dichos mercados”.

En el caso concreto, los negocios no fueron celebrados directamente por el señor Isaac Cure, sino por intermedio de un comisionista, quien, por actuar en nombre de aquél, hizo radicar en él todos los efectos del negocio. Téngase en cuenta que, en términos del artículo 1505 del Código Civil, “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada para ello o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado él mismo”.

Pese a que en el expediente no obra prueba del contrato de mandato, el cual por demás bien pudo ser consensual, por admitirlo de este modo el derecho privado, observa la Sala que el señor Isaac Cure sí actuó como mandante en estos negocios, según puede inferirse de otras actuaciones posteriores suyas, como son: i) la constitución de las pólizas de garantía de estos negocios, cuyo tomador fue el señor John David Isaac Cure, al igual que ii) la suscripción de la denominada “acta de compromiso sobre operaciones de trueque”, en la cual las partes aceptan ser las acreedoras y deudoras de las obligaciones derivadas de las operaciones de trueque demandadas para su cumplimiento.

También se encuentra acreditada la existencia de una deuda del señor Isaac Cure con el Idema, equivalente a 276.684 kilos de arroz blanco grado 2, cuyo valor asciende a $ 125’891.220. De este hecho también da cuenta el “acta de compromiso sobre operaciones de trueque”, en la cual el señor Isaac Cure aceptó estar en deuda con el Idema, y asumió el compromiso de pagarla, aunque esta obligación quedó sometida a condición, al acordar que se debía ratificar el contenido del acuerdo en una audiencia de conciliación, la cual se debía celebrar en la Cámara de Comercio de Cartagena.

6.3. Sobre la caducidad y la prescripción.

Acreditada la existencia de la obligación, a cargo del representado por curador ad litem, la Sala analizará los argumentos expuestos por éste al momento de contestar la demanda.

En particular, propuso como excepción de mérito la “prescripción”, y adujo, sin más argumentos, “... teniendo en cuenta las fechas de presentación y aceptación de la demanda, así como la fecha de la notificación de la misma...” —fl. 86, c. 1—.

Cabe advertir que la excepción formulada por el demandado técnicamente no corresponde a la de prescripción, sino a la de caducidad, como lo ha hecho notar esta Sección en otras oportunidades:

“a) Diferencias entre las figuras de prescripción y caducidad.

Se debe tener en cuenta que la institución de la prescripción es diferente de la de caducidad, por lo cual las normas que regulan una institución no pueden aplicarse a la otra. La Corte Suprema de Justicia ha expuesto las diferencias entre caducidad y prescripción, afirmando lo siguiente.

“(...) debe precisarse que si bien en la caducidad se ataca la acción y no el derecho, mientras que en la prescripción se extinguen, tanto la acción como el derecho, en ambos casos la ley atribuye este fenómeno al vencimiento de ciertos plazos en ella señalados sin que se ejercite la acción correspondiente, por lo que el acreedor que acepte la entrega de títulos valores, debe ceñirse no solamente al cumplimiento de los requisitos de índole formal, sino someterse a las condiciones de presentación para su cobro dentro de los términos que la ley impone (...).(2) (Se resalta).

“Además, como igualmente lo ha predicado la Corte, la caducidad es “fenómeno relativo a la acción”, hasta el punto que algunos doctrinantes califican la no caducidad de la acción como uno de los presupuestos procesales de la demanda o memorial a través del cual incoa materialmente la acción, razón por la cual hallan justificación a normas como las consagradas por los artículos 85 y 383 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, autorizando el rechazo de plano de la demanda cuando elementalmente se verifica la caducidad (...)”.(3)

Así mismo, la Corte Constitucional ha entendido la caducidad como un sistema de extinción de las acciones, independiente de la regulación de la prescripción extintiva de derechos:

“La institución de esta clase de términos fijados en la ley, ha sido abundantemente analizada por la doctrina constitucional, como un sistema de extinción de las acciones, independientemente de las regulaciones consagradas a través de la figura jurídica de la prescripción extintiva de derechos.

Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos”(4).

Sobre este punto, es necesario precisar que, como lo sostiene el profesor Fernando Hinestrosa, la prescripción se refiere al “modo de extinguirse los derechos por su no ejercicio durante cierto lapso (art. 2535)”(5) y no a la extinción de las acciones. Al respecto, el citado profesor afirma lo siguiente:

“(...) no se remite a duda que la declaración de la prescripción implica inmediatamente la extinción de la pretensión correspondiente al derecho en cuestión. A lo que se agrega, que no se trata simplemente de privar al derecho de tutela (prescindir de la responsabilidad inherente al débito, dentro de la plenitud del concepto de obligación, sino de la afectación del derecho, esto es, de su extinción misma. O sea que más allá de la imposibilidad de hacer efectivo el derecho prescrito, lo que se tiene es su extinción. De ahí su efecto “liberatorio”. (...)

Concretamente, el derecho nacional, lejos de limitar el alcance de la prescripción extintiva a las acciones, lo proyectó a los derechos (y no sólo a los de crédito). Inclusive el artículo 1527 Código Civil, dentro de la disciplina de las denominadas “obligaciones naturales”, resalta el hecho de que las “obligaciones civiles [quedan] extinguidas por prescripción”(6)

Adicionalmente, en relación con sus efectos, la Corte Suprema de Justicia ha condensado las diferencias entre las dos instituciones, de la siguiente manera:

“a) Aunque excepción de naturaleza perentoria, la prescripción debe ser propuesta o alegada por quien quiera aprovecharse de ella, pues no es susceptible de ser declarada de oficio (arts. 2513 del C.C. y 434 del C.J.). Es, por consiguiente, un medio de defensa al alcance de la parte demandada, lo que quiere decir que no puede operar sino cuando se ha conformado la relación procesal, o sea una vez que se promueva la acción y el adversario se propone extinguirla por tal vía. De ahí que la prescripción extintiva no tiene cabida sino ope exceptionis.

Por el contrario, la caducidad puede ser declarada de oficio por el juez, pues sería inadmisible que vencido el plazo señalado por la ley para el ejercicio de la acción o del recurso, sin embargo, se oyera al promotor de la una o del otro. Aparecen como ejemplos de estas caducidades los términos señalados en el Código de Procedimiento para el cumplimiento de ciertos actos, la interposición de recursos etc., los cuales no pueden producir resultados de ningún género si no se cumplen dentro de la oportunidad prevista, pues de otro modo se surte con respecto a ellos un efecto preclusivo. En este sentido la caducidad opera ipso iure, vale decir que no es necesario instancia de parte para ser reconocido.

b) La prescripción es renunciable de modo expreso y tácito, en las condiciones previstas en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil. La caducidad no lo es nunca, lo cual se explica por la naturaleza de orden público que en esta última tiene el término preestablecido por la ley positiva para realización del acto jurídico.

c) Los términos de prescripción admiten suspensión y pueden ser interrumpidos. Es la regla general que domina el fenómeno, si bien es cierto que algunas prescripciones breves —las señaladas en los artículos 2542 y 2543— corren contra toda clase de personas y no son, por tanto, susceptibles de suspensión. Pero tal circunstancia no altera ni disminuye la diferencia apuntada, puesto que los plazos de caducidad no comportan jamás la posibilidad de ser ampliados por medio de la suspensión y deben ser cumplidos rigurosamente so pena de que el derecho la acción se extinga de modo irrevocable. La interrupción de la prescripción impide que ésta se produzca. En la extintiva o liberatoria la interrupción civil por la notificación judicial de la demanda hace legalmente eficaz el ejercicio del derecho o de la acción.

Con respecto a la caducidad no puede hablarse de interrupción, desde luego que en el mismo supuesto la presentación de la demanda dentro del término preestablecido es el ejercicio mismo de la acción, el adecuado acomodamiento al precepto que instituye el plazo.

d) La prescripción corre o empieza a contarse desde que la obligación se hace exigible lo que implica siempre la existencia de una obligación que extinguir (art. 23325, inc. 2º).

La caducidad por el transcurso del tiempo no lo supone necesariamente, ya que la consagra la ley en forma objetiva para la realización de un acto jurídico o un hecho, de suerte que el plazo prefijado sólo indica el límite de tiempo dentro del cual puede válidamente expresarse la voluntad inclinada a producir el efecto de derecho previsto”(7).

La diferencia entre las dos instituciones merece mantenerse, como lo señala el profesor Fernando Hinestrosa:

“Pero, desde el punto de vista práctico, lo más importante resulta ser la distinción concreta entre caducidad y prescripción, para cuyo esclarecimiento lo que menos pudiera pensarse es en unificar las figuras y darle a la prescripción el tratamiento de la caducidad.

(...)

Así, a mi juicio, sostener que por cuanto “serían idénticos los efectos procesales de una y otra figura”, caso de que, “respetando las diferencias teóricas entre prescripción extintiva y caducidad, se solucionaría de un tajo el problema estableciendo que la prescripción extintiva la puede reconocer de oficio el juez (López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil colombiano, cit., pág. 476), implica, de una parte asimilar el efecto a su razón de ser, desatender la función propia de cada una de las figuras y, en últimas, sobre una afirmada, que no cierta, modernidad, desarticular el sistema de la prescripción”(8) (Se resalta).

Sintetizando, las diferencias que separan las dos instituciones, de acuerdo con la jurisprudencia citada, son, entonces, las siguientes: La caducidad se refiere a la extinción de la acción, mientras que la prescripción a la del derecho; la primera debe ser alegada mientras que la caducidad opera ipso iure; la prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es, en ningún caso, y mientras que los términos de prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos, los de caducidad no son susceptibles de suspensión, salvo expresa norma legal, como es el caso de la conciliación prejudicial establecida en la Ley 640 de 2001.

Queda claro, pues, que se trata de dos figuras que regulan fenómenos diferentes y, que, en consecuencia, no es posible aplicar las normas que regulan la prescripción a la caducidad, o viceversa. Estas premisas permiten concluir que el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 no es aplicable al presente caso, dado que dicha disposición sólo se refiere a los términos de prescripción y no a los de caducidad. —Sección Tercera, auto de mayo 27 de 2004. Actor: Willman Quintero González. Exp. 24.371—.

Pese a lo anterior, es decir, al error del curador en identificar la excepción que corresponde, por aplicación del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, y del principio iura novit curia, entiende la Sala, como lo hizo el a quo, que la excepción propuesta es la de caducidad, y en estos términos pasará a estudiar si el Tribunal resolvió acertadamente el problema.

Hay que recordar que los negocios cuyo incumplimiento demanda el Idema se celebraron en la rueda de negocios Nº 73, llevada a cabo el 15 de septiembre de 1995, en la Bolsa Nacional Agropecuaria.

En los anexos de dichos negocios, identificados con los Nos. DT-76787 y 76788 —visibles a fls. 16 y 19, c. 2—, consta que la entrega del arroz debió realizarse el 30 de noviembre de 1995, es decir, que el cumplimiento del contrato debió ocurrir en esa fecha. La demanda, por su parte, fue presentada el 23 de enero de 1998 —fl. 14 vto., c. 1—.

Para resolver la excepción, teniendo en cuenta los anteriores datos, resulta pertinente hacer un recuento breve sobre las distintas disposiciones que han regulado el tema de la caducidad de la acción contractual, empezando por el Código Contencioso Administrativo, que entró a regir en 1984 y estableció un término de caducidad de 2 años.

Posteriormente, el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, modificando parcialmente la norma anterior, estableció en 20 años el nuevo término de caducidad. No obstante, cabe advertir, esta norma hace referencia en su texto a la “prescripción” de las acciones de responsabilidad contractual, y dispuso que “la acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50,51, 52 y 53(9) de esta ley prescribirá en el término de 20 años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en 10 años. La acción penal prescribirá en 20 años.” (Subraya fuera del texto). Sobre esta norma ha dicho la Sala que:

(...) Sobre este particular precisa la Sala que, efectivamente, la Ley 80 introdujo la figura de la “prescripción de la acción” para ciertas controversias contractuales y fijó su término en 20 años, siempre y cuando el asunto debatido dijese relación con la responsabilidad patrimonial de las partes o la civil de los servidores públicos.

En otros términos, en tanto las controversias contractuales girasen en torno a la responsabilidad de las partes en el contrato (responsabilidad patrimonial), las acciones respectivas se podían intentar dentro del término de veinte (20) años.

Las demás acciones fundadas en los contratos del Estado, vale decir, aquéllas que no comprometen la responsabilidad patrimonial de las partes, como es el caso de la nulidad absoluta intentada por un tercero ajeno al contrato, continuaron sujetas a la regla general de los dos (2) años prevista en el art. 136 del Código Contencioso Administrativo”(10). (Negrillas de la Sala).

Posteriormente, la Ley 446 de julio de 1998, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 80 de 1993, volvió a modificar el término de caducidad, en los siguientes términos:

“ART. 44.—Caducidad de las acciones. El artículo 136124 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“ART. 136125.—Caducidad de las acciones. (...)

10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;

e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento. En ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22136 de la ley “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.

f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento”.

Con esta norma se retornó a la caducidad de 2 años, como regla general, solo que esta disposición regula la forma de computar el tiempo partiendo de las diversas formas como se pueden liquidar los contratos estatales(11).

Acorde con lo anterior, y ratificando lo expresado por el a quo, la disposición aplicable al caso concreto resulta ser el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, es decir, la norma que estuvo vigente tanto al momento de la celebración de las operaciones de trueque —15 de septiembre de 1995— como al momento de la presentación de la demanda —23 de enero de 1998—. Por tanto, el término de caducidad de la acción era de 20 años, más aun cuando para la época en que se presentó la demanda no había entrado en vigencia la Ley 446 de 1998.

6.4. El incumplimiento de las operaciones de trueque.

Dado que la demanda fue presentada en tiempo oportuno, la Sala examinará la decisión del a quo sobre el pretendido incumplimiento del señor Isaac Cure, de las obligaciones contenidas en las operaciones de trueque objeto de este proceso.

6.4.1. El siniestro del incumplimiento declarado por el Idema. Mediante la Resolución Nº 219 de 1997, el Idema declaró el siniestro correspondiente a las pólizas de seguro que amparaban las operaciones de trueque realizadas en la rueda de negocios Nº 73. Por tanto, ordenó el pago de $ 149’499.000 a cargo de Seguros del Estado.

No obstante, esta decisión fue posteriormente revocada, mediante la Resolución Nº 335 del 23 de diciembre de 1997. Dijo la administración, con fundamento en el artículo 14, numeral 2º, de la Ley 80 de 1993(12), que no es posible pactar ni ejercer poderes exorbitantes en los contratos que hacen parte de la actividad industrial o comercial propia del Idema, como lo eran las operaciones de trueque de arroz. Por esta razón, la entidad dijo que carecía de competencia para declarar la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato —fl. 11, c. 2—.

Del mismo criterio de la administración se mostró el a quo, quien dijo al respecto que “... tratándose de eventos como el presente, en donde la administración prescinde de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales por tratarse de un contrato que tiene por objeto una actividad comercial o industrial, en los cuales no puede declararse el incumplimiento unilateralmente y por ende ocurrido el siniestro, es necesario acudir ante la Rama Judicial para que declare el siniestro y la existencia de la obligación del asegurador, como ocurrió en el caso en concreto...” (fl. 173, c. 3).

Dado el criterio adoptado por el tribunal, para la Sala es necesario hacer claridad acerca de la competencia que tienen las entidades estatales para declarar la ocurrencia de un siniestro, amparado en una póliza de seguros, a pesar de que en el contrato, según sea el caso, no se puedan pactar o no se hayan pactado cláusulas exorbitantes, cuando ello sea posible. Sobre este aspecto la Sala hace las siguientes precisiones.

En primer lugar, la declaración de un siniestro no es, como lo considera el Idema y el a quo, producto del ejercicio de los poderes exorbitantes, sino un privilegio administrativo de naturaleza diferente. De hecho, su origen no se encuentra en la ley de contratación estatal, sino en el Código Contencioso Administrativo. 

Por tanto, el Estado, que al contratar con particulares pretende satisfacer los intereses públicos, actúa investido de prerrogativas para el ejercicio de sus funciones, privilegios que no surgen de la celebración del contrato, sino que son atributos de la administración, inherentes al imperio del Estado, conferido por la ley. 

No es del caso, por consiguiente, concluir que la declaración de un siniestro, como es el caso del incumplimiento de las obligaciones de un contrato, o cualquier otro, corresponde al ejercicio de los poderes previstos en el artículo 14 de la Ley 80.

En segundo lugar, y como consecuencia del criterio anterior, se debe reiterar la jurisprudencia de esta Sección, expresada en la sentencia del 24 de mayo de 2001 —Rad. 13.598(13)—, según la cual las entidades estatales conservan la competencia para declarar la ocurrencia de un siniestro, amparado con pólizas de seguros. Al respecto, la sentencia aludida dijo que:

“Es en el privilegio de la decisión previa ejecutividad (autotutela administrativa) que ostenta la administración en todas sus relaciones jurídicas de donde deriva la potestad de declarar unilateralmente el incumplimiento de las obligaciones del contratista y de ordenar la efectividad de las garantías, sin la aquiescencia previa del asegurador y sin necesidad de acudir al juez del contrato mediante la expedición de un acto administrativo, con lo que técnicamente se configura el siniestro. 

De manera que la administración pública al celebrar contratos con los particulares (siempre para la satisfacción del interés público) actúa revestida de las prerrogativas que ordinariamente ostenta en el ejercicio de sus funciones, de las cuales no se despoja en la gestión contractual; privilegio que no tiene su fundamento en la lex contractus, ni en la naturaleza intrínseca del contrato administrativo, sino en los atributos propios de la administración pública inherentes al imperium del Estado, que le confieren una supremacía jurídica en todas sus relaciones jurídicas. Si el fin de todo contrato estatal es el interés público (art. 3º L. 80/93), tiene justificación esta supremacía frente al interés privado que persiguen los particulares que negocian con el Estado; de ahí que esté dotada de diversos instrumentos que le permitan asegurar la realización de sus fines institucionales, tal como la decisión unilateral y ejecutoria en la cual ejerce directamente las potestades y derechos derivados de la ley y del contrato.

La llamada potestad de autotutela declarativa se materializa en actos administrativos que como tales gozan de la presunción de legalidad y son de obligatorio cumplimiento para el contratista, quien si está inconforme con ellos tiene la carga de impugnarlos, ya sea ante la misma administración, ya sea ante el juez del contrato. Este principio se encuentra consagrado con carácter general en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo y constituye la prerrogativa de poder público que por excelencia tiene la administración en todas las relaciones jurídicas en las que es parte, tanto en las de naturaleza extracontractual como en las contractuales, en las cuales se aplica en virtud del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 que expresamente incorpora a la gestión contractual pública las normas que rigen el ejercicio de la función administrativa.

Vale la pena aclarar que este privilegio tiene un contenido eminentemente formal, en tanto incide exclusivamente en el ejercicio de las potestades y derechos de la administración, ya que exime a las entidades públicas de la carga de acudir a la justicia administrativa para obtener el reconocimiento y efectividad de sus pretensiones, sin afectar las reglas de fondo propias del contrato y permaneciendo inalterables los principios y las normas que gobiernan las relaciones jurídicas contractuales”. (Se subraya).

En desarrollo de lo anterior, la ley faculta a la administración para expedir actos administrativos que declaran el siniestro, potestad que se encuentra prevista en el artículo 68, numerales 4 y 5 del Código Contencioso Administrativo, donde se relacionan los actos que prestan mérito ejecutivo, así: 

ART. 68.—Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: 

(...) 

“4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de las entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad o la terminación según el caso. 

“5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación”. (Se subraya). 

En relación con este artículo, vigente en forma parcial, la sentencia de agosto 24 de 2000, —Sección Tercera, Exp. 11.318—, expresó que:

“La Sala precisa que si bien es cierto la Ley 80 no derogó en su totalidad el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, el cual prevé el trámite de la jurisdicción coactiva en favor de la administración pública, si derogó el numeral 4º de la norma, puesto que esta disposición facultaba a las entidades estatales para aplicar el procedimiento coactivo en contra de los contratistas, siempre que los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorgaran a favor de las entidades públicas, integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso. El artículo 75 derogó dicha prerrogativa de la administración y fijó la competencia únicamente en el juez contencioso para el trámite de los procesos de ejecución, cuya fuente de la obligación la configure un contrato estatal”.

La providencia citada, no obstante, fue posteriormente aclarada y precisada por la Sala, al decir que:

“De modo que la derogatoria ocurrida, según lo entendió entonces la Sala, se circunscribe a la atribución de competencias, para los procesos ejecutivos a la jurisdicción contencioso administrativa, despojando de la misma a la jurisdicción coactiva, pero no se extiende a la posibilidad de dictar los actos administrativos a que dicha norma se refiere, ni a la conformación del título ejecutivo; luego el numeral 4º del artículo 68 sigue vigente, en cuanto al hecho de que indiscutiblemente los actos allí relacionados prestan mérito ejecutivo, pues esto no contraviene la Ley 80 de 1993, luego no se ha operado una derogación tácita en este sentido; lo que sí quedó derogado fue el hecho de que dichos actos presten mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, pues el artículo 75 de la Ley 80 ha dispuesto que los procesos de ejecución, derivados de los contratos estatales, sean de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa”.(14)

Ahora bien, sobre la potestad que tiene la administración para hacer efectivas las pólizas de cumplimiento, por medio de actos administrativos, esta corporación dijo, en la providencia antes citada: 

Lo anterior permite deducir que una vez declarado el incumplimiento de las obligaciones del contratista y configurado el siniestro, se ordenará hacer efectiva la garantía otorgada, mediante acto administrativo, el cual podrá ser objeto de recursos en la vía gubernativa, pero la ejecución no podrá tramitarse mediante el procedimiento de la jurisdicción coactiva, sino mediante el proceso ejecutivo ante esta jurisdicción, como pasa a exponerse:...” (Subrayas fuera de texto. Sentencia de agosto 24 de 2000, Exp. 11318, C.P. Jesús María Carrillo). 

Con fundamento en lo anterior, y en sentido contrario a lo manifestado por el a quo, la Sala reitera su criterio, según el cual las entidades públicas conservan, en los términos analizados, la competencia para declarar los siniestros de las pólizas de seguros, pues se encuentran plenamente facultadas por la ley —art. 68, nums. 4º y 5º CCA—.

6.4.2. La declaratoria judicial del incumplimiento del contrato. En vista de que el Idema revocó la declaración del siniestro, y dado que presentó demanda ante esta jurisdicción con ese propósito, el a quo consideró que el demandado incumplió sus obligaciones con el Idema, porque no entregó el arroz que le correspondía, ni pagó el dinero equivalente. Por esta razón accedió a las pretensiones de la demanda.

La Sala confirmará la decisión, pues se encuentra demostrado en el proceso que el señor John David Isaac Cure dejó de entregar al Idema 276.684 kilos de arroz blanco grado 2, cantidad que equivalía a la suma de $ 125’891.220.

Esta deuda fue reconocida por el propio obligado, en el “acta de compromiso sobre operaciones de trueque”, suscrita por las partes del contrato el 27 de mayo de 1997 —fl. 28, c. 2—.

No obstante, el Ministerio Público considera que dentro del expediente solo se encuentran probadas i) algunas de las operaciones de trueque, ii) así como el incumplimiento de varias de ellas, y iii) algunas de las pólizas otorgadas por Seguros de Estado, que limitan el valor del seguro a $ 44’982.000. Por esta razón solicita a la Sala que declare probada una de las excepciones propuestas por la compañía de seguros, también demandada en este proceso, y que por tanto se limite su condena hasta el monto asegurado y probado en el mismo —fl. 201 y 202, c. 3—.

La Sala no comparte el análisis realizado por el Ministerio Público, porque olvida que el grado jurisdiccional de consulta no se operó en favor de Seguros del Estado, pues estuvo representada por su propio abogado. Como tampoco apeló la sentencia, en esta instancia no se puede favorecer su posición en el proceso, lo cual sólo podía ocurrir de haber impugnado la decisión. Por estas razones no se estudiará el argumento expuesto por el Ministerio Público(15).

No obstante lo dicho, se debe analizar si acaso el anterior argumento puede favorecer la posición del representado por curador ad litem, dado que si sólo se encuentra demostrado un incumplimiento de las operaciones de trueque inferior al que declaró el a quo, entonces se debe proceder a la reducción de la condena.

Para la Sala, el a quo acertó al declarar el incumplimiento del contrato, a cargo del señor John David Isaac Cure, porque en el documento denominado acta de compromiso, suscrito por él con el Idema, afirma que “El mandante reconoce la deuda al Instituto de 276.684 kilos de arroz blanco grado 2” y que “el Idema acepta el precio de $ 455.000 tonelada de arroz blanco grado 2 para un total de $ 125’891.220...”.

El anterior reconocimiento es prueba suficiente de que la deuda existe, y que asciende al monto valorado por las propias partes, además de que coincide con el valor solicitado en la pretensión segunda de la demanda —fl. 11, c. 1—. En este sentido, no es necesario, como lo sugiere el Ministerio Público, que el incumplimiento y su valor sea probado con la copia de los demás documentos donde constan las operaciones de trueque realizados en la Bolsa, pues por esta otra vía —la suscripción del “Acta de Acuerdo”— es posible lograr la certeza del valor adeudado al Idema.

Esta conclusión no se contrapone con el hecho de que la mencionada acta quedó sujeta, para su eficacia, a una condición: que se ratificara el compromiso allí adquirido —pagar la deuda— en una conciliación que se debía llevar a cabo en la Cámara de Comercio de Cartagena, el 19 de junio de 1997, compromiso que no se cumplió, pues no se adelantó la diligencia.

No obstante, el hecho de no haberse realizado este trámite tiene varios efectos: i) uno de ellos, la falta de obligatoriedad del acuerdo logrado administrativamente, lo que explica por qué, en lugar de adelantar un proceso ejecutivo, se tuvo que tramitar éste de conocimiento; ii) el otro, que lo acordado es prueba suficiente de la existencia de la obligación del señor John David Isaac Cure de pagar al Idema el arroz blanco grado 2. Por tanto, el hecho de no haber celebrado la audiencia de conciliación pudo restarle efectos jurídicos, de carácter ejecutorio, a lo acordado; pero no probatorios, en este proceso, a la manifestación clara y espontánea de voluntad de las partes del negocio.

Por las anteriores razones resulta acertada la decisión del a quo, al condenar al demandado a pagar el valor acordado como precio de los 276.684 kilos de arroz blanco.

6.5. Indemnización.

Para indemnizar los perjuicios al Idema se tendrá como base, según lo hizo acertadamente el a quo, la suma equivalente a $ 125’891.220.

El valor indicado se actualizará con base en el índice de precios al consumidor (IPC). A dicho monto se le aplicarán los intereses legales establecidos en el inciso 2º del numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 1º del Decreto 679 de 1994, esto es, el 12% anual.

La actualización se hará por periodo anual, o por fracciones, empezando a contar desde la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia, o sea el 5 de octubre de 2004, hasta el mes de marzo de 2006 fecha de la sentencia, utilizando la siguiente fórmula:

Va = VhIPC final

IPC inicial

Donde, Va = valor actualizado ($ 380.284.590 Capital + intereses, según sentencia de primera instancia.

Vh= Valor histórico.

IPC final= Índice de precios al consumidor mes de marzo de 2007

IPC inicial= Índice de precios al consumidor mes de octubre de 2004

(fecha sentencia primera instancia).

Va = 380.284.590 * 173.74 = 432.349.949

152.82

Valor Actualizado = $ 432.349.949

Interés 12% anual y por fracción.

Liquidación de intereses del 12% anual desde la sentencia de primera instancia
AñoSentencia primera instanciaÍndice de precios acumulado del año inmediatamente anterior (2003 a 2006)Valor actualizado (conforme al artículo primero del decreto 679 de 1994)Tasa de interés (12 % o fracción)
2004 (5 de octubre a 31 de diciembre)380.284.590,006,49404.965.059,8911.583.110,21
2005380.284.590,005,50401.200.242,4548.144.029,09
2006380.284.590,004,85398.728.392,6247.847.407,11
2007 (1° de enero a 21 marzo)380.284.590,004,48397.321.339,6310.450.095,51
Total de intereses   118.024.641,92

TOTAL A PAGAR (Capital + intereses) = $ 550’374.591

En mérito delo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confírmase la sentencia proferida el 5 de octubre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de descongestión, salvo el numeral segundo de la parte resolutiva, el cual quedará así:

SEGUNDO. Como consecuencia de la declaración que antecede, se CONDENE a JOHN DAVID ISAAC CURE a pagar al INSTITUTO DE MERCADEO AGRÍCOLA “Idema” –hoy la NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL-, a título de indemnización, la suma de quinientos cincuenta millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos noventa y un mil pesos ($ 550’374.591).

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Consejeros: Mauricio Fajardo Gómez, Presidente de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—Enrique Gil Botero—Ramiro Saavedra Becerra—Ruth Stella Correa Palacio.

1 Sobre la consulta dice Hernán Fabio López Blanco que “... únicamente busca que se surta la segunda instancia para asegurar al máximo el acierto en la decisión, en orden a proteger los intereses de determinados sujetos de derecho que actúan en un proceso y que con ella reciben un especial tratamiento”. (Subraya fuera del texto) (Procedimiento Civil. Parte general. Dupré Editores, novena edición, Bogotá. 2005, pág. 882).

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Exp. R-6550.

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, Sentencia del 16 de junio de 1997, Exp. R-6630.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-115/98.

5 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones, Tomo I, Universidad Externado, 2002, pág. 813.

6 Ibídem, pág. 820.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1º de octubre de 1946.

8 HINESTROSA, Fernando. La prescripción extintiva. Universidad Externado, Bogotá, 2001, págs. 238 y 243.

9 “ART. 50.—De la responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista”.

“ART. 51.—De la responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley”.

“ART. 52.—De la responsabilidad de los contratistas. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.

“Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7º521 de esta ley”.

“ART. 53.—De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría”.

10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de octubre 19 de 2000, Exp. 12.393.

11 Entre otras sentencias de esta sección, que se han referido a la caducidad de la acción contractual, y sobre todo a la modificación que se ha hecho del término a lo largo de los últimos 25 años, puede consultarse la sentencia de junio 28 de 2006, Exp. 19.482. Actor: Carlos Fidolo González y Otro.

12 De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

(...).

Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del estado, así como los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del estado se incluirá la cláusula de reversión.
Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente.

PAR.—En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2º de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.

13 Dice esta providencia que “El Decreto-Ley 222 de 1983 en lo referente a las garantías que debían acompañar al contrato administrativo para garantizar el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, estableció en los artículos 25, literal d, 48, 58, 60, 67 a 70 su estipulación forzosa y su constitución como requisito para el perfeccionamiento, los tipos de riesgos que se hacía obligatorio cubrir (cumplimiento del contrato, el manejo y buena inversión del anticipo, la estabilidad de la obra o calidad del servicio, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, el correcto funcionamiento de los equipos a suministrar o instalar) y dejó en manos de la Contraloría General de la República la reglamentación de las mismas (art. 69), la cual fue adoptada por medio de la Resolución 10500 de 5 de marzo de 1984. (...).

“Las garantías en los contratos estatales, a lo largo de los diferentes estatutos que han regido la materia, han tenido la connotación de ser obligatorias, toda vez que las debe otorgar todo particular que contrate con la administración pública para asegurar su ejecución oportuna y correcta y proteger patrimonialmente el interés público. Así que cualquiera que sea la legislación que se consulte, vale decir, el Decreto-Ley 150 de 1976, el Decreto-Ley 1670 de 1975, como la Ley 225 de 1938, todas exigían que se aseguraran las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con la administración pública”.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2005, Exp. 1250.

15 En este mismo sentido, la Sala advierte que las demás excepciones propuestas por la compañía de seguros tampoco serán estudiadas en esta instancia, fundamentalmente por dos razones: i) porque, según se dijo atrás, esta instancia no tiene porqué favorecer su posición en el proceso y ii) porque las demás excepciones tampoco favorecen la situación del representado por curador ad litem.