Sentencia 1998-00620 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 17001-23-31-000-1998-00620-01 (30.218)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: María Elena Pinzón Rodríguez.

Demandado: Instituto Colombiano de Reforma Agraria Incora.

Asunto: Acción de reparación directa – Apelación de sentencia.

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS:«IV. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de octubre de 2004, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó —Sala de Descongestión—, a través del siguiente derrotero: 1) excepciones de inepta demanda por indebida escogencia de la acción y caducidad, 2) análisis probatorio y conclusiones, y 3) Indemnización de perjuicios.

1. Excepciones de indebida escogencia de la acción y caducidad.

1.1. Previo a efectuar el análisis probatorio del caso, es necesario hacer un estudio de las excepciones propuestas de indebida escogencia de la acción y de caducidad, como un presupuesto procesal para el análisis de fondo de la demanda.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto que al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del poder público, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea resuelta de manera definitiva por un juez de la república con competencia para ello.

Ahora bien, en relación con la caducidad de la acción de reparación directa, se encuentra en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998— que establece lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

En ese contexto, la Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones(1), que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa del perjuicio. Es esta la interpretación que surge después de una lectura de la norma.

Si bien, es posible que, en específicas ocasiones, el daño se prolongue en el tiempo, con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos dañosos que sirven de fundamento de la acción, lo cierto es que ello no puede significar que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, por cuanto la norma no consagra ese supuesto. Es decir, la disposición no establece que el cómputo de la caducidad debe iniciarse en el momento en que el daño se concreta por completo, sino que por el contrario, determina que el mismo debe empezar a contarse a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es, la fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquél con las secuelas o efectos del mismo.

Cosa distinta es que la parte demandante solo haya tenido conocimiento del daño tiempo después de la ocurrencia del hecho, omisión u operación, toda vez que en tales eventos, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (C.P., art. 228), el cómputo debe iniciarse a partir de la fecha en que la persona —o personas— tuvieron conocimiento del daño; una interpretación contraria supondría cercenar el mencionado derecho fundamental, así como el derecho de acción, y el supuesto lógico de que lo que no se conoce sólo existe para el sujeto cuando lo advierte o se pone de manifiesto.

En el asunto sub examine, se afirmó que a la señora María Elena Pinzón Rodríguez propietaria del bien inmueble denominado Selva Verde, ubicado en el Municipio de la Victoria —Caldas—, solo le fue posible conocer las adjudicaciones ilegales del predio, efectuadas por el Incora mediante resoluciones expedidas durante el año 1988, el 15 de julio de 1996 —cuando le fue entregada copia de las mismas a su apoderado—, afirmación que se encuentra confirmada por la entidad, en los siguientes términos:

“(…) En los archivos de la tesorería Regional, se encontró:

1. Copia del recibo de consignación en el Banco Ganadero, Oficina de la Dorada (Caldas), cuenta corriente Nº 46706650-2 “Incora, Recursos Propios”, del 11 de junio de 1996, por valor de $12.210 pesos m/cte; del cual envío fotocopia autenticada.

2. Copia del recibo de tesorería Nº 38154 del 11 de junio de 1996, a favor de María Elena Pinzón Rodríguez, C.C. 24.298.356, por valor de $12.210 pesos m/cte, por concepto de fotocopias de 22 resoluciones de adjudicación del predio La Esperanza, ubicado en el Municipio de Victoria (…)” (fls. 17 y 18, cdno. de pruebas) (Destaca la Sala).

Conforme a lo anterior —teniendo en cuenta que la demanda fue interpuesta el 1 de junio de 1998—, sería factible concluir que para la acción invocada el término de caducidad no se encontraba vencido, quedando entonces por definir si la escogencia de la misma fue o no indebida.

En ese sentido, es claro que la demanda está dirigida a obtener la indemnización de los perjuicios que sufrió la señora María Elena Pinzón Rodríguez con la adjudicación a terceros del terreno de su propiedad denominado Selva Verde, que realizó ilegalmente el Incora en el año 1988 —y del cual la afectada sólo tuvo conocimiento el 15 de junio de 1996—, comoquiera que dicho predio nunca fue objeto de trámite legal alguno que afectara su derecho real.

Así las cosas, resulta claro que la acción procedente sí es la de reparación directa, por cuanto se evidencia que lo atacado con la demanda no es la legalidad del acto administrativo que resuelve la extinción del derecho de dominio sobre el bien inmueble La Esperanza, sino las irregularidades que se provocan con la ejecución de la disposición que contiene la actuación. Por tanto, la fuente de los perjuicios alegados proviene de las categorías del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, esto es, hechos, omisiones y operaciones administrativas. Entonces, yerra el a quo al inferir de las pretensiones la solicitud de nulidad de la aludida resolución y, aún más, al declarar la indebida escogencia de la acción y negar con base en ello el pronunciamiento de fondo en el conflicto planteado.

Tampoco a la entidad demandada le asiste razón cuando señala que la fecha a partir de la cual empieza el término de caducidad es de dos años contados desde la publicación de la resolución que declaró la extinción de dominio —cuando sea necesaria—, o desde su ejecutoria —en los demás eventos—, pues como se determinó, en este particular caso el término debe empezar a correr desde el momento en que se conoció del hecho concreto.

En efecto, cuando el daño es provocado por un acto administrativo, y con la declaratoria de su ilegalidad se pretende la indemnización de los perjuicios con éste irrogados, lo procedente es acudir a la administración de justicia mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No sucede lo mismo cuando el perjuicio que se depreca se relaciona con una afectación concreta generada por un hecho de la ejecución del mencionado acto, toda vez que en estos casos la caducidad iniciará su cómputo una vez producido el hecho concreto u omisión, o cuando se tenga conocimiento del mismo, y la acción de que se trata sería sin duda la de reparación directa.

2. Análisis probatorio.

2.1. En el acervo probatorio, se encontraron las siguientes piezas susceptibles de ser valoradas.

Así las cosas, se aportó con la demanda la escritura pública Nº 87 del 23 de febrero de 1981, de la Notaría Única del Círculo de Neira, en la que consta la transferencia —a título oneroso—, del derecho de dominio y posesión efectiva de las fincas contiguas de nombre La Esperanza (200 hectáreas) y Selva Verde (100 hectáreas) —compartiendo la misma cédula catastral Nº 00-2-001-095 y de las que a continuación se delimitaron sus linderos—, a favor de la señora María Elena Pinzón de Gutiérrez (fls. 2 a 4, cdno. 1).

Posteriormente, se encuentra el certificado Nº 3678 —expedido el 12 de julio de 1995— del folió de matrícula inmobiliaria de la finca Selva Verde, identificado con el número 106-0003404, que hace constar su apertura el 13 de marzo de 1981. Allí también se afirma la extensión del terreno en 100 hectáreas, y en la descripción de sus linderos se advierte la colindancia con la finca La Esperanza, a la altura del mojón Nº 1. Al anverso del documento, en el histórico de anotaciones, figura como propietaria la señora María Elena Pinzón de Gutiérrez (fl. 5, cdno. 1).

Para el mismo efecto, se aportó el certificado de tradición y libertad del predio rural Selva Verde, expedido el 7 de junio de 2000 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada-Caldas, en el que, además de confirmarse los linderos del terreno, se ratifica como la más reciente anotación —del 13 de marzo de 1981— la titularidad del derecho a nombre de la señora María Elena Pinzón Rodríguez (fl. 8, cdno. de pruebas).

A continuación, obra documento expedido el 31 de julio de 2000 por el Incora, en el que certifica que no se encuentra trámite administrativo de extinción del derecho de dominio privado sobre el predio Selva Verde, advirtiendo que a nombre de la interesada, María Elena Pinzón Rodríguez, sí se gestionó el mencionado trámite —identificado con el número 9940— respecto del predio La Esperanza, proceso que finalizó con las resoluciones 5518 y 075 del 17 de diciembre de 1985, que ordenaron la extinción de dominio de ese terreno (fl. 9, cdno. de pruebas).

Por otro lado, hace parte del acervo probatorio la Resolución 005518, expedida por el Incora, el 17 de diciembre de 1985, y que resolvió de la siguiente manera:

“(…) ART. 1º—Declarar que se ha extinguido a favor de la Nación, el derecho de dominio privado de María Elena Pinzón de Gutiérrez, o de cualesquiera otra persona natural o jurídica, sobre la totalidad del inmueble rural denominado La Esperanza, ubicado en Jurisdicción del Municipio La Victoria, Departamento de Caldas, con una extensión aproximada de 170-0000 Has., comprendido por los siguientes linderos de acuerdo con el Certificado de Libertad y Tradición, expedido por el señor Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de la Dorada, el 14 de junio de 1985, así:

(…) de este caño aguas arriba y lindando con propiedad de Alejandro Villegas hasta el mojón A que sirve de lindero con finca denominada Selva Verde se sigue por el mismo caño Bonito aguas arriba hasta el mojón base Nº 1 situado sobre el camino del Neme punto de partida.

(…).

ART. 3º—(…). Igualmente, ordénase la cancelación de los registros que aparezcan bajo el folio de matrícula Nº 106-0003405, especialmente el de la Escritura Pública Nº 87 otorgada en la Notaría Única de Neira el 23 de Febrero de 1981 (…)” (fls. 74 a 80, cdno. de pruebas) (Negrillas y subrayas fuera del original).

Con la demanda se aportó copia auténtica de las resoluciones de adjudicación proferidas por el Incora entre el 29 de enero y el 30 de diciembre de 1988, mediante las cuales el jefe de área regional de La Dorada, resolvió adjudicar definitivamente los terrenos baldíos de la antigua finca La Esperanza —Corregimiento de Isaza, Municipio de Victoria, Departamento de Caldas—, conforme a los criterios que a continuación se relacionan:

PREDIORESOLUCIÓNFECHAMATRÍCULAADJUDICATARIOHECTÁREAS
O Mts2
Las Palmas00107630/12/88106-0009919Euclides Cardona7120
La Unión00010929/02/88106-0009327Joaquín Mayo – Florentina Guarín1240
Maguillal00003529/02/88106-0009153Luís Arboleda – Amada Sierra2840
El Porvenir00006002/03/88106-0009186José Palacio – María Rincón3320
La Divisa00055910/08/88106-0009418Pedro López – Marina Alzate1500
La Divisa00055810/08/88106-0009724José Rodríguez – Rosalba Betancourth9440
El Refugio00058010/08/88106-0009885Gustavo López Arias1000
Sufrimiento00002829/01/88106-0009160Libio Mayo – Dolores Herrera2440
Caño Bonito00007823/02/88106-0009145José Enrique Vanegas8880
Jardín00008123/02/88106-0009144Gabriel Ángel Vanegas3840
Buenos Aires00003629/01/88106-0009165Efraím Taborda – María Ramírez8800
Buenos Aires   Efraím Taborda – María Ramírez 
Las Flores00007723/02/88106-0009156Gustavo Rondón – Luisa Ballén7280
Barcelonia00005911/02/88106-0009151Pedro López1040
La Florida00007723/02/88106-0009156Gustavo Rondón – Luisa Ballén7280 (7640)
Alto Bonito00005811/02/88106-0009229Emelania Cruz Acosta1800
La Esperanza00005511/02/88106-0009146Nilsa Arenas de Franco7800
El Recuerdo00005311/02/88106-0009149Jairo salguero5720
Limones00003423/01/88106-0009708Ana Ospina – Jesús Ospina1600
Palo Cabildo00003323/01/88106-0009148Carlos Albarracín – Aleyda Franco9040
Los Claveles00002429/01/88106-0009143Pedro Nel Albarracín4480
La Ilusión00002529/01/88106-0009187Israel Villegas – María Ramón120
El Embudo00003129/01/88106-0009184Santiago Villegas – María Echeverri3720
El Dique00003229/01/88106-0009841Ireneo López7960

Sin embargo la información contenida en las Resoluciones de adjudicación del año 1988 —con suficiente lógica—, contrasta con las cartas catastrales que reposan a folios 43 a 62 —expedidas el 30 de julio de 2001— y 139 —expedida el 3 de junio de 2003—, cuya información cardinal se trascribe así:

PREDIOCÉDULA (ficha)PROPIETARIO(S)Área en Mts2FECHA
Las Palmas137Incora712030/07/01
La Unión142Gabriel Morales124030/07/01
Maguillal134José Domingo Ortiz y María Borey Ulloa284027/07/01
El Porvenir127José Palacio – Edilberto Alzate332026/07/01
La Divisa147Edilberto Alzate150030/07/01
El Refugio146Edilberto Alzate100030/07/01
Sufrimiento131Libio Mayo – Edilberto Alzate244027/07/01
Escuela140Municipio La Victoria180030/07/01
Caño Bonito141Francisco Javier Ramírez888030/07/01
Jardín145Israel Pérez Bernal384030/07/01
Buenos Aires124Rosalba Betancur José Rodríguez944026/07/01
Las Flores130Gustavo Rondón – Luisa Ballén728027/07/01
Barcelonia129Hermanos López Sáenz104027/07/01
La Florida128Hermanos López Sáenz764027/07/01
Alto Bonito095Emelania Cruz Acosta180026/07/01
La Esperanza126Ligia Vélez Díaz778026/07/01
El Recuerdo125Israel Pérez Bernal572026/07/01
Buenos Aires144Efraím Taborda – María Ramírez880030/07/01
Limones143Gabriel Morales160030/07/01
Palo Cabildo139Francisco Javier Ramírez904030/07/01
La Esperanza167María Inés Ramón – Edilberto Alzate Agudelo904003/06/03

En atención a que el dictamen pericial fue objetado por error grave, y habiéndose designado nuevos peritos para rendir el informe, se examinará el practicado más reciente —con fecha del 12 de junio de 2003—, ya que acata la orden del a quo, en el sentido de robustecer el criterio del perito también con el estudio de las cartas catastrales de los predios —omitidas en el anterior informe—, además de la inspección al terreno Selva Verde. De allí resulta pertinente destacar:

“(…) ubicación geográfica del inmueble

República de Colombia, Departamento de Caldas, Municipio de Victoria, Corregimiento de Isaza, Predio “Selva Verde”.

(…).

Propietario

En el certificado de tradición del predio Selva Verde corresponde al certificado de tradición Nº 106-3404, donde consta como propietaria del mismo la señora María Elena Pinzón de Gutiérrez.

Ficha Catastral

En el inmueble correspondiente al certificado de tradición ya citado Nº 106-3404 a nombre de María Elena Pinzón, comprende las siguientes fichas catastrales, las cuales figuran a nombre de las siguientes personas:

00-02-0001-00130: Gustavo Rondón, Luisa Ballén

00-02-0001-00131: Libio César Mayo, Edilberto Alzate Agudelo

00-02-0001-00134: José Domingo Ortiz Caro, María Borey Ulloa

00-02-0001-00137: Incora

00-02-0001-00139: Francisco Javier Ramírez Villegas

00-02-0001-00140: Municipio de Victoria

00-02-0001-00167: María Inés Ramón, Edilberto Alzate Agudelo

Avalúos Catastrales

La siguiente información fue extraída de las cartas catastrales rurales expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de los avalúos del 27 de julio de 2001 (…).

Individualización Avalúos Catastrales

De la totalidad de los lotes que comprende el predio Selva Verde:

(…).

Total promedio avalúo catastral por hectárea:

Total Hectáreas estudiadas 79,576

(…).

Valor avalúo catastral por hectárea: son novecientos treinta y tres mil pesos ($933.000) por hectárea.

Determinación física del bien avaluado

Linderos y dimensiones

Linderos los cuales aparecen en el certificado de tradición No. 106-3404 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de la Dorada 

Avalúo comercial

Según su petición de avalúo para el predio localizado en el corregimiento de Isaza, Municipio de Victoria, Departamento de Caldas, República de Colombia, certificamos que el inmueble Selva Verde se inspeccionó, el cual se describirá a continuación:

Un inmueble rural sobre la vía a Hidromiel – Kilómetro 30 corregimiento Isaza, con carretera de acceso sin pavimentar en el Paraje El Neme, con pastos naturales y dedicada a la explotación ganadera, con construcción, una cabida superficiaria de setenta y nueve hectáreas. Con (3) tres viviendas.

Propietario: Señora María Elena Pinzón de Gutiérrez.

(…)

Total avalúo comercial predio selva verde a junio de 2003:

Valor Total: $106’911.940

Ciento seis millones novecientos once mil novecientos cuarenta pesos mcte. (…)” (fls. 108 a 117 del cdno. de pruebas) (Negrillas del original, subrayas de la Sala).

2.2. Conclusiones.

Destacando que se trata de un segundo dictamen pericial que, además de fundarse en la inspección al predio, está vigorizado con el rigor probatorio que ordenó el a quo, y de conformidad con lo que en este se subraya, lo que en primer lugar salta a la vista es que el predio Selva Verde se encuentra integrado por las fichas catastrales que se enuncian a continuación:

PREDIOCÉDULA (ficha)PROPIETARIO(S)
Las Flores130Gustavo Rondón – Luisa Ballén
Sufrimiento131Libio Mayo – Edilberto Alzate
Maguillal134José Domingo Ortiz y María Borey Ulloa
Las Palmas137Incora
Palo Cabildo139Francisco Javier Ramírez
Escuela140Municipio La Victoria
La Esperanza167María Inés Ramón – Edilberto Alzate Agudelo

Por otro lado, del contenido del Certificado de Tradición y Libertad —expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de la Dorada (Caldas)—, del lote de terreno denominado Selva Verde, se advierte con claridad que los límites consignados en la escritura original y en el folio de matrícula inmobiliaria son los mismos, pero además, se corrobora de este último que el número que lo distingue es el 106-3404, que si a su vez se compara con el Nº 106-3405, que identifica al predio La Esperanza —cuya extinción de dominio a favor de la Nación se declaró mediante la Resolución 5518 del 17 de diciembre de 1985—, no queda más que concluir que se trata de dos predios completamente diferentes que se alinderan entre sí.

De los apartes del proceso administrativo de extinción de dominio que se realizó del predio La Esperanza —a favor de la Nación—, allegados por la demandada, basta observar en la Resolución 5518 del 17 de diciembre de 1985, el fragmento de la parte resolutiva en que se declara:

“(…) Con base en el informe de la visita previa (fls. 11 a 16), esta gerencia el 1º de diciembre de 1983, profirió la Resolución 05921, por medio de la cual ordenó iniciar el procedimiento administrativo tendiente a establecer la procedencia legal de declarar o no extinguido, en todo o en parte, el derecho de dominio privado sobre el predio rural denominado La Esperanza, ubicado en jurisdicción del Municipio de La Victoria, Departamento de Caldas.

La citada resolución fue notificada al Procurador Agrario, el 6 de diciembre de 1983 (fl. 85 vto.) y en igual forma al doctor Adolfo Vélez Echeverri, en su calidad de apoderado de la propietaria del inmueble, el 23 de enero de 1984 (fl. 96).

La anterior providencia, fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados, Seccional La Dorada, bajo el folio de matrícula inmobiliaria Nº 106-0003405, el 30 de diciembre de 1983 (fl..102 vto).” (fl. 74 del cdno. de pruebas) (Negrillas y subrayas fuera del original).

Determinado que tanto Selva Verde como La Esperanza son predios independientes, cada uno identificado con su propio folio de matrícula, es en este estadio que cobran valor la cartografía de la plancha Nº 188 y la aerografía de la región cuyo sobrevuelo data de 1985 —obrantes a folios 87 y 95 del cuaderno de pruebas—, ambas realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues en armonía con el informe pericial, permiten casi sin esfuerzo identificar los fundos que integran la antigua finca Selva Verde.

Así las cosas, atendiendo a las resoluciones de adjudicación de los feudos debidamente amojonados, expedidas por el Incora durante el período comprendido entre el 29 de enero y el 30 de diciembre de 1988, se resalta que en todas se deja constancia de su ubicación en el “…Paraje de La Esperanza, Corregimiento de Isaza, Municipio de Victoria, Departamento de Caldas”, lo que explica por qué el folio de matrícula de Selva Verde, aún mucho después de interpuesta la demanda, se encontró intacto. Pero una vez ratificada la ubicación de este terreno —y de los fundos que lo componen—, se evidencia que, reunidas como piezas de rompecabezas, las parcelas asignadas bajo la identidad del lote La Esperanza, no sólo integraron el bien baldío que se conoció con ese nombre, sino además también el bien de propiedad privada de la señora María Elena Pinzón —y de cuyo patrimonio jurídico nunca salió legalmente—, reconocido en el sub lite como Selva Verde.

En efecto, se constató el escrito allegado por el Incora el 2 de agosto del 2000, en el que la entidad certificó no tener procesos ni trámites administrativos vigentes de extinción del derecho de dominio privado relacionado con el predio Selva Verde, aunque, sin perjuicio de ello, advirtió del que cursó en contra de la señora Pinzón Rodríguez sobre la finca La Esperanza.

De esta manera, también se explica que los fundos enunciados en la tabla Nº 1 —en la que se desglosa la información de las resoluciones mediante las que el Incora adjudicó los terrenos en el Paraje La Esperanza—, y que no fueron acreditados por los peritos como pertenecientes al predio Selva Verde, son los que integraron en su momento la hacienda cuya extinción de dominio se declaró legalmente a favor de la Nación.

Por otro lado, el deber de la entidad demandada habría sido allegar —de haber existido—, la debida constancia de inscripción de la resolución que abrió el presunto trámite de extinción de dominio del predio Selva Verde, así como de aquella que lo dio por finalizado, lo que en todo caso sería la prueba fehaciente de que el derecho real de dominio sobre el mismo le fue extinguido a su titular —señora María Elena Pinzón—, pero tal circunstancia no fue objeto de defensa por parte de la entidad, cuyos argumentos se orientaron a ignorar el sentido de la demanda y distraer la atención de la naturaleza del pleito, lo que en consecuencia permite que nada se oponga para concluir que la adjudicación a terceros de los terrenos del predio Selva Verde no fue más que el despojo ilegal del derecho de un particular sobre su propiedad privada a manos de una entidad pública.

2.2.1. La responsabilidad derivada de la expropiación de hecho y adjudicación a terceros de bienes inmuebles.

El fundamento normativo de la responsabilidad de las entidades públicas, en los casos en los cuales, so pretexto de la actividad legítima de extinción del derecho real de dominio, se ha irrogado perjuicios a los particulares, se suele situar en el marco del aforismo latino "ubi emolumentum ibi onus esse debet". La imputabilidad se centra, entonces, en el beneficio efectivo obtenido por la entidad en cuestión, como resultado de la adjudicación irregular de un bien ajeno. Por ello el tratadista y ex Consejero de Estado, Ricardo Hoyos Duque, expone: "El que se beneficia de las actividades generadoras de riesgo debe asumir las cargas que se derivan de estos. Los efectos dañosos son inseparables de los efectos útiles"(2).

No es propiamente el riesgo creado, sino el perjuicio efectivamente causado, al amparo de un beneficio público —derivado de la adjudicación de baldíos y la protección del fin social y económico de la tierra— el que engendra la obligación de reparar, a cargo del Estado o de sus entidades vinculadas o adscritas, del grado y orden que sea.

La objetividad del perjuicio se traduce también en la objetividad del examen de la responsabilidad aneja: no ha de examinarse ningún factor de culpabilidad ni la existencia probable o posible de una falta en el servicio o de una falla en su prestación, para que pueda deducirse a cargo del ente administrativo la correspondiente condena, es por ello que: "(...) la responsabilidad de la colectividad pública se compromete inclusive por fuera de cualquier falta cometida por ella"(3).

Le basta en estos casos al particular demostrar la existencia del hecho dañoso o gravoso, y que éste ha sido producido como consecuencia directa del ejercicio de la actividad pública con la finalidad de la consecución de los fines del Estado. En tales eventos, la sola acreditación de la actividad de la administración
—adjudicación a terceros de bienes inmuebles de propiedad privada—, y la posterior causación del perjuicio efectivo al particular, son suficientes para entender por probada en debida forma la condición jurídica exigida como fundamento de la condena.

Elaborando un paralelo con los elementos que caracterizan los trabajos públicos, como fuente especial de responsabilidad administrativa, según el Consejo de Estado, ellos son:

"a) Que estos sean efectuados por cuenta del Estado, ya sea directa o indirectamente, lo que vale decir en nuestro país, por cuenta de la Nación, los Departamentos, los Municipios, y en general, por entidad oficial.

b) Que el trabajo tenga una finalidad estrictamente de interés público o social.

c) Que se realice en inmuebles; y

d) Que el daño recaiga sobre una propiedad raíz y que entre él y el trabajo público exista una relación de causa a efecto"(4).

Como se aprecia —a pesar de la identidad rigurosa entre los dos supuestos—, estos elementos se conjugan o concurren en el caso sub examine, con una claridad inexorable, y aparejan como consecuencia indefectible una declaración de condena en contra de la demandada, con fundamentación Constitucional en los artículos que se refieren a: 2º los fines del Estado; 4º a la supremacía de Constitución y obligación política de obedecerla; 13 a la igualdad ante la ley y las autoridades; 58 al derecho de propiedad privada, reformado por el Acto Legislativo Nº 1 de 1999; y al artículo 90 que consagra la responsabilidad extracontractual del Estado. En el ámbito legal el artículo 86 del Decreto 01 de 1984 subrogado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998 que en forma contundente se refiere a la ocupación temporal o permanente de inmueble, por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.

La situación particular expuesta por la demandante, constituye sin duda alguna una expropiación indirecta por vía de hecho, porque la actividad de la entidad inutilizó su derecho real sobre el lote de terreno Selva Verde, —así está dispuesto por la administración— y en su definición inutilizar es "Hacer inútil, vana o nula una cosa", es decir, la función específica de la propiedad se ha desligado de su esencia.

En el presente caso, resulta de interés examinar el fenómeno o situación desde la perspectiva paralela con la ocupación permanente por obra pública, a partir de un doble punto de vista:

I. La responsabilidad derivada de la ley. Desde el ángulo normativo y discrecional, existen las limitaciones contempladas en el Acuerdo Municipal Nº 21 de 1994 por medio del cual se adoptó el estatuto del sistema de valorización, que en el artículo 102 literal A es restrictivo en cuanto a la obligación de adquirir la totalidad de los predios no requeridos para la obra, y señala que sólo procederá en los eventos en que el área remanente no sea susceptible de edificación, venta al colindante o englobe, en concordancia con las disposiciones de planeación metropolitana y del Acuerdo 30 de 1990 que impone igualmente, restricciones al loteo. De ello se deriva que, las tres situaciones deben converger, como única alternativa para posibilitar la adquisición por parte de la administración de lo inutilizable para el despojado, porque así se le impone como efecto del quehacer administrativo; lo anterior implica que la función de la propiedad en cabeza de la demandante, solo pertenece al mundo de la literalidad, pues los derechos que comporta: de uso, goce y disposición, los ha usurpado el Estado de manera indirecta, al haberlas expropiado de la totalidad del lote que les permitía el desarrollo pleno —o la posibilidad de reivindicarlo— del ejercicio del derecho de dominio. En consecuencia ese daño antijurídico —el carácter inutilizable del lote— deviene de un acto o voluntad estatal, para el caso, derivado de la ley y, como ya es bien sabido, el artículo 90 de la Constitución Política no deja por fuera de su marco ninguna de las ramas del poder público.

En sentencia del 25 de junio de 1992, Expediente 6947, con ponencia del Magistrado Daniel Suárez Hernández, sobre la situación de la imposibilidad del ejercicio de los derechos reales sobre la propiedad por parte del sedicente dueño, se dijo:

"Procedió erradamente el Inderena a omitir las medidas económicas necesarias para indemnizarle a la parte actora la imposibilidad en que la situó para que enajenara su inmueble o para ejercer sobre este la explotación agropecuaria que de años atrás venía realizando. La situación que en este caso se presenta no difiere en mayor grado de la limitación de derechos que genera una ocupación permanente y por esta similitud estima la sala que se le debe dar un tratamiento jurídico similar".

"...Cabe anotar como la ocupación, figura asimilable a la reserva como parque nacional del terreno del demandante, no conlleva necesariamente la condición de originarse por trabajos públicos. Así lo consagra el artículo 220 del código contencioso administrativo, de donde se infiere que no fue intención del legislador circunscribir tal ocupación de una propiedad inmueble exclusivamente a la resultante por trabajos públicos sin que la misma bien puede concebirse y configurarse como en el caso examinado, con la prohibición absoluta del dueño de ejercer los derechos personales y reales que le corresponden sobre el inmueble de su propiedad".

En síntesis, la inutilización permanente de la franja de terreno Selva Verde, por imposibilidad de ejercer los derechos inherentes a la propiedad, dando por ajustadas al ordenamiento las normas restrictivas —Acuerdos Municipales Nº 21 de 1994 y 30 de 1990—, se traduce así mismo en una expropiación de hecho.

II. Pues bien, la adjudicación de la propiedad privada a cuyo titular no le ha sido debidamente extinguido su derecho real de dominio, así como las obras públicas levantadas con vocación de permanencia sobre los terrenos, implican la ocupación permanente en sí misma —salvo que en el primer caso el Estado no conserva la titularidad—. De cualquier manera, en ambos eventos, la ocupación resulta ser un dato objetivo, verificable a través de la experiencia, lo que configura de manera diáfana una expropiación de facto, y ante cuya evidencia se impone como condición imprescindible su reconocimiento; situación a la que le es perfectamente aplicable lo expuesto en sentencia donde se examinaron las características de la expropiación directa y la indirecta, así:

"La expropiación por causa de utilidad pública —dice Hauriou— es una operación por la cual el Estado procede a la adquisición forzada, mediante indemnización, de terrenos o edificios que son necesarios para uso público o para los servicios públicos. Hay lugar a distinguir la expropiación directa, que es el procedimiento organizado expresamente para obtener la expropiación del bien, y la expropiación resultante de procedimientos que no han sido expresamente (vías de hechos) o de eventos fortuitos. La teoría de la expropiación indirecta es la siguiente: todas las veces que de hecho, en el curso de una operación administrativa cualquiera, la administración se apodera de un terreno perteneciente a un particular, resultando de ello para el propietario una desposesión a la vez definitiva por parte de la administración, las reclamaciones de indemnización son de la competencia del poder judicial" (Droit Administratif, págs. 425-4441).

"Hay expropiación indirecta cuando en el curso de una operación administrativa regular, la administración se apodera del terreno de un particular sin usar el procedimiento de expropiación y sin estar por otra parte, legalmente autorizada para ello, mediante una ocupación definitiva que realiza una desposesión total del particular. Hay pues en primer lugar, una transferencia definitiva de la posesión, que se cumple sin poder legal o reglamentario, es decir, por vía de hecho, y en segundo lugar, una transferencia de propiedad al mismo tiempo que una condena de indemnización hecha por el Tribunal Civil. La expropiación indirecta es una toma de posesión que finaliza, a continuación de una intervención judicial expos facto, en una transferencia de propiedad" (Ch. Blavoet, Des Atteintes a la Proprieté Administratif, pág. 459; Hauriou, pág. 752; Barthemy, pág. 698).

"La expropiación regular en sí misma, es el fenómeno jurídico en virtud del cual se opera la transferencia de la propiedad privada a en favor de la administración, como consecuencia de la primacía del interés público o social sobre el interés particular; mediante la indemnización a que tiene derecho el propietario según el artículo 30 de la Carta. La indemnización comprende no solo el valor de la propiedad expropiada, sino "todos los perjuicios que por la expropiación misma se ocasionen en el patrimonio del expropiado en forma que, por una parte, no constituya para él pérdida alguna, ni por otra sea fuente de ganancia. La indemnización debe reparar en toda su extensión el perjuicio causado al propietario; a éste no debe pagársele más ni concedérsele menos que el perjuicio efectivamente sufrido por él. (Sentencia de la Corte Plena. G. J. Nº 2140, pág. 328)"(5).

Y en sentencia más reciente, en un caso de situación fáctica no similar a la que nos ocupa, pero si aplicable en cuanto a la conclusión, toda vez que se trató de un predio que quedó en imposibilidad de disfrute por su propietaria, la Sección Tercera de esta corporación, dijo:

"El perjuicio sufrido por la demandante como consecuencia de la conducta omisiva del Himat, puede asimilarse a una expropiación del predio de la actora, por cuanto el resultado es el mismo, existe imposibilidad absoluta de usar y disfrutar el terreno que permanece inundado, por el cual ni siquiera se puede transitar"(6).

Temática similar —expropiación de hecho- ha sido manejada también en sentencias de septiembre 15 de 1994, Expediente 8044, con ponencia del Magistrado Carlos Betancur Jaramillo; y en sentencia del 2 de septiembre de 1994, Expediente 8566, con ponencia de Juan de Dios Montes Hernández; se dijo en esta última:

"La administración incumplió el deber de proteger y preservar los derechos de posesión y dominio que la parte actora ejercía en el inmueble, como se lo imponían los artículos 16 y 30 de la Carta Política vigente a la sazón. El sub lite se contrae a un caso de ocupación permanente de una propiedad inmueble y como consecuencia de ello se deberá ordenar el pago de la indemnización por parte de la entidad demanda y que se haga a su favor la transmisión del dominio del inmueble mencionado".

2.2.2. La responsabilidad objetiva por trabajos públicos.

Por la claridad de los hechos que comprometen a la entidad demandada, es válido y pertinente señalar que se trata de una responsabilidad objetiva por trabajos públicos, conforme al axioma "Ubi emolumentum, ibi onus" en virtud de cuya aplicación "quien en el ejercicio de una actividad de la cual deriva provecho o utilidad y causa un daño, está obligado a repararlo". La jurisprudencia y la doctrina de manera unánime, coinciden en que el fundamento de esta responsabilidad es objetivo. Entendiéndose por trabajo público u obra pública la actividad de la administración hecha directamente por sus agentes o contratistas, recayendo sobre la construcción o administración o conservación de bienes inmuebles con miras al servicio público o al interés social. Sobre el particular el ex consejero de Estado, doctor Hernán Guillermo Aldana Duque, en un estudio titulado "La responsabilidad objetiva de la administración pública en Colombia", expuso:

"Precisa la jurisprudencia que el fundamento de esa responsabilidad es objetivo, siempre que entre el daño ocasionado y el acto ejecutado exista la relación de causa efecto.

Para dar aplicación a la teoría se entiende por trabajo público la actividad de la administración hecha por sí o por sus agentes o contratistas, el cual recae sobre la construcción, o administración o conservación de bienes inmuebles, con miras el servicio público o al interés social"(7).

La jurisprudencia de esta corporación, desde el año de 1960, ha reiterado que el fundamento de este tipo de responsabilidad, como ya se dijo, es eminentemente objetivo, a título de ejemplo se encuentran entre otros, los siguientes fallos:

Sentencia del 29 de octubre de 1992 Expediente 7036, Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández, sobre la naturaleza de la misma, señaló:

"La Sala comparte la decisión del Tribunal al haber resuelto el caso sub examine por el sistema de responsabilidad objetiva o responsabilidad del Estado con ocasión de trabajos públicos; pues por la ejecución de éstos se produjo un daño material imputable a la administración existiendo relación de causalidad entre ambos; en este caso es indiferente si el hecho dañoso se debió o no a una falla del servicio.

El demandante no está en la obligación de soportar la carga excesiva fruto de la obra pública realizada, pues un razonamiento contrario quebrantaría del principio de la igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas, derivados del principio Constitucional de la igualdad de los ciudadanos ante la ley (C.P., art. 13). En consecuencia, la administración deberá indemnizar los perjuicios patrimoniales causados en el monto en que se hubieren demostrado, de acuerdo con las pruebas de orden técnico recaudadas en el proceso;...".

Sentencia del 26 de febrero de 1998, Expediente 10846, el Consejero Ponente Jesús María Carrillo Ballesteros, hace alusión a varias decisiones, en las cuales se ha venido aplicando el régimen objetivo en materia de responsabilidad por trabajos públicos:

"...Así, en sentencia de 5 de julio de 1988 la Sala con ponencia del H. Consejero Carlos Betancur Jaramillo, dentro del expediente 5804, precisó que la responsabilidad derivada de los trabajos públicos es objetiva en el derecho Colombiano. Por esa razón, causado el daño a un tercero la entidad dueña de la obra deberá resarcirlo sin poderse exonerar alegando la diligencia y cuidado en la ejecución de la obra.

Con anterioridad y ponencia del mismo Consejero, la Sala ya había reconocido cómo la responsabilidad por trabajos públicos, en principio consagrada por la Ley 167 de 1941, fue instituida para la protección exclusiva de la propiedad inmueble, sin aplicar conceptos como culpa o descuido de la administración (Exp. 4556). Y por jurisprudencia contenida dentro del Expediente 5419 se aprecia que de tiempo atrás la Sala ya había reconocido que para la prosperidad de la acción indemnizatoria por trabajos públicos, bastaba con demostrar el derecho de dominio y los daños ocasionados como consecuencia del actuar administrativo". (Negrillas del texto)

Y en sentencia del 4 de diciembre de 1992, E Nº 7367, con ponencia del Magistrado Julio César Uribe Acosta, se adecua el contenido doctrinal y jurisprudencial de dicha forma de responsabilidad, poniéndolo en consonancia con la Carta Política, se enseñó:

"En el estadio actual del derecho administrativo colombiano, y con apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional, también es posible afirmar que la responsabilidad patrimonial le incumbe a la administración por haber causado un daño antijurídico que le es imputable, causado por la acción de la autoridad pública. Sobre el alcance del concepto daño antijurídico la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia de 31 de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), Expediente 6515, actor Fabio Ruíz Ospina, Consejero Ponente Julio Cesar Uribe Acosta".

Finalmente, la expropiación por vía de hecho del terreno denominado Selva Verde, permite la clasificación del mismo como "inutilizable"; la administración a través de su actuación ilegal —la expropiación por vía de hecho—, ocasionó un daño antijurídico en el patrimonio de la demandante, porque al quedar en ese "estatu quo" de inutilizable no tiene la dueña la posibilidad de ejercitar el derecho sobre el inmueble que le fuera segregado.

2.2.3 Por último, resulta conveniente enfatizar en que, a pesar de que el fundo Selva Verde se encontrara invadido por terceros —incluso desde el mismo momento de su adquisición por parte de la señora María Elena Pinzón—, no quiere decir que por ello el derecho de los ocupantes —que la demandada argumentó ya adquirido—, se haya consolidado de pleno derecho, pues lo cierto es que –de conformidad con el Código Civil, la prescripción adquisitiva —incluso por la posesión del predio rural— no opera de facto ni puede ser declarada de oficio, sino que se trata de una forma de adquirir la propiedad sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos necesarios para concretar el derecho que envuelve, cuya declaratoria, debe ser rogada para su efectivo reconocimiento por parte de la autoridad judicial competente —a través de las demandas de pertenencia o de reconvención—, circunstancia que en ningún momento se acreditó, razón por la cual la apreciación de la entidad demandada es errónea, pues lo cierto es que la vigencia de la titularidad del terreno, aún sin ser reconocida por los invasores y ante la ausencia del debido proceso de extinción de dominio, la ostentaba la señora Pinzón Rodríguez.

Sobre el particular, la doctrina ha precisado:

“(…) La razón de esta disposición es clara y no hace sino confirmar el principio general de que el juez debe obrar a petición de parte y sólo excepcionalmente por iniciativa propia.

La otra justificación de la necesidad de alegar la prescripción radica en la posibilidad de que esta encubra un acto ilícito.

El legislador, haciéndose cargo de esta circunstancia, coloca al individuo en situación de analizar, dentro de su fuero interno, si debe o no acogerse a la prescripción que lo favorece, porque bien puede que “el procedimiento repugne al que poseía la cosa ajena y lo sabía o lo sabe luego (…)”.

“(…) Hemos dicho al comenzar el estudio de la prescripción que si bien ésta desempeña un papel socialmente útil, puede, a veces, encubrir una injusticia o una incorrección desde el punto de vista moral. Por eso la ley deja a conciencia del prescribiente el que se aproveche o no de la prescripción. De ahí que, por un lado, pueda renunciarla y, por otro, esté en la necesidad de alegarla (…)”.

“(…) La prescripción debe alegarse, no en términos genéricos, sino en los términos concretos aplicables al caso de que se trata, pues el juez no puede declarar de oficio los elementos con que debe ser alegada para poder decidir si es procedente. Y, así, debe expresarse la fecha precisa desde la cual comenzó a correr el plazo, ya que en la prescripción es tan importante el lapso de tiempo y la posesión o la inacción en su caso, como la invocación o alegación(8). (Negrillas y subrayas de la Sala).

Así mismo, la legislación colombiana lo contempla, razón por la que se precisa resaltar los artículos más relevantes —conforme a lo evaluado—, del conjunto normativo pertinente, contenido en el Código Civil:

“ART. 2512.—La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales (…)”.

“ART. 2513.—El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio (…)”.

“ART. 2526.—Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o derechos reales constituidos en estos, sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo” (Subrayas fuera del texto original).

“ART. 2534.—La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos; pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción.

Como se puede observar, la prescripción es un modo de adquirir la propiedad, pero para ello se requiere —en primer lugar—, alegarla en instancia judicial, además del cumplimiento de una serie de requisitos legales, entre los que se cuenta la necesidad de acreditar el transcurso de un lapso determinado en posesión material del bien(9), advirtiéndose que la figura no permite la adquisición de un inmueble que tiene título inscrito sino por virtud de otro título —que bien puede ser la sentencia judicial que declara la adquisición por la configuración de la prescripción—, anteponiendo su inscripción como requisito para hacerlo valer ante terceros, pues sin el lleno de este, tampoco es suficiente.

Sin embargo, en el sub lite, si bien, no se aportó prueba alguna tendiente a demostrar que la señora Pinzón Rodríguez —como titular del derecho de dominio del predio Selva Verde—, haya acudido a la jurisdicción mediante la acción reivindicatoria de dominio, en contraposición tampoco se acreditó de ninguna forma que, previo a la adjudicación irregular de los fundos por parte del Incora, los poseedores, actuando en la acción pertinente para ello, hubieran adquirido el dominio en virtud de la declaratoria judicial del cumplimiento de requisitos, con fundamento en la prescripción; dicho de otra manera, con el hecho de adjudicar el bien de la forma irregular en que se hizo, se le cercenó a la demandante la posibilidad de recuperar la tenencia de su propiedad, bien mediante la acción reivindicatoria, o a través de la correspondiente acción de reconvención, sin perjuicio de la decisión judicial a que se hubiere dado lugar, y la ausencia de prueba que demuestre tal circunstancia —como tampoco la suposición de lo que hubiera podido ocurrir en la eventual contienda—, puede ser alegada por la entidad demandada para excusar —a partir del contrasentido que ello significa—, la arbitrariedad e ilegalidad que enmarca las medidas por vía de hecho con que se expropió el bien. Para complementar el esquema, se destaca:

“(…) El hecho de que la prescripción deba ser alegada por el que quiera aprovecharse de ella (…), no significa que el beneficio que ella envuelve se considere incorporado al patrimonio del prescribiente solo a partir de esa alegación; el beneficio lo adquiere el prescribiente desde el momento mismo en que se cumplen los requisitos legales de la prescripción, y el fallo que comprueba o reconoce esta se limita a declarar la existencia de un hecho ya producido, y a deducir de él las consecuencias jurídicas que le son propias (…).

(…) La sentencia que declara la prescripción adquisitiva del dominio de un bien raíz o de cualquier otro derecho real constituido en él, deberá inscribirse en el Registro Conservatorio del territorio en que esté ubicado el inmueble (…).

Anteriormente ya hemos dicho cuál es el objeto de esta inscripción: no representa el papel de tradición, es decir, de modo de adquirir, porque el modo de adquirir es la prescripción, no puede adquirirse una misma cosa por dos modos diferentes. En este caso, la inscripción responde a la segunda de las finalidades que la ley le atribuye, esto es, la de dar publicidad a la propiedad raíz, colocándola en un cuadro a la vista de todos, y manteniendo la continuidad de su historia. Esa inscripción tiene por objeto colocar al inmueble bajo el régimen de la posesión inscrita. En seguida, la inscripción de la sentencia judicial que declara la prescripción constituye una medida de publicidad dirigida a proteger a los terceros; pues sin su competente inscripción dicha sentencia es inoponible a terceros, no los afecta (…), no vale contra ellos (...)”(10).

En efecto, no obra prueba del cumplimiento de los requisitos legales requeridos para deprecar el reconocimiento judicial del derecho adquirido, tampoco de la decisión judicial que haya declarado la prescripción adquisitiva a favor de los poseedores, ni mucho menos de su debida inscripción, lo que también explica —en estrecho sentido—, la indemnidad del folio de matrícula inmobiliaria de la finca Selva Verde.

Para concluir, se insiste, la consecuencia de no haberse acreditado la adquisición del inmueble a favor de los prescribientes mediante la correspondiente declaración judicial —contrario sensu, habiéndose acreditado la titularidad del predio a nombre de la señora María Elena—, hace del derecho que se les pretendió atribuir a los ocupantes una simple ficción, una mera expectativa, hasta ese entonces, carente de título judicial que lo soportara y, por ende, lo que el Incora adjudicó a los terceros ocupantes no fue más que la propiedad de un terreno cuyo derecho real de dominio ostentaba la demandante.

Como corolario de lo anterior, concluye la Sala, a la entidad demandada se le debe imputar el daño antijurídico y, por lo tanto, debe responder patrimonialmente por el mismo, toda vez que está demostrado que de manera arbitraria adjudicó a terceros —injusta e ilegalmente— el lote de terreno denominado Selva Verde, de propiedad de la señora María Elena Pinzón Rodríguez, causándole un grave detrimento económico en su patrimonio, despojo de hecho que le es atribuible —con suficientes fundamentos probatorios—, al Incora, en virtud de lo cual se revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar ordenar la indemnización de perjuicios a cargo de la demandada.

3. Indemnización de Perjuicios.

3.1 Perjuicios materiales.

3.1.1. Lucro cesante.

En este punto es importante resaltar que, si bien esta modalidad de perjuicios fue invocada y tasada en la demanda, en atención a lo que la señora María Elena Pinzón Rodríguez dejó de percibir por la explotación de la tierra de la que fue despojada, no se logró acreditar ningún valor por este concepto. Así se leyó en el informe de la visita que realizara un funcionario del Incora a “La Esperanza” el 6 de septiembre de 1982:

“(…) El día 1 de septiembre de 1982, el suscrito Jefe de Zona de La Dorada, funcionario del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “Incora”, practicó la diligencia de visita y examen del predio rural denominado “La Esperanza” en asocio con el cuidandero y varios de los colonos del predio.

(…).

En el predio se encontraron los siguientes colonos, quienes reconocen a los propietarios de la tierra más no de sus mejoras.

(…).

Fuera de la explotación que tienen los colonos, existen aproximadamente unas 15 Has., en grama natural, el resto del predio está en monte de aproximadamente 20 años, en donde se encuentran árboles como Abarco, Chingalé, Sangre Toro, Nogal y Gualanday.

No existen semovientes en el predio.

El predio carece de administración, ya que los dueños según comentarios de la región casi nunca visitan la finca a excepción de don Álvaro que últimamente a raíz de la invasión llega al predio cada 15 días y la familia que está en la finca por parte de los dueños el papel que desempeña prácticamente es de cuidandera (…)” (fls. 63 a 68, cdno. de pruebas) (Negrillas adicionales).

Sin embargo, obra en el acervo probatorio el contrato de arrendamiento y explotación de bosques, celebrado el 13 de septiembre de 1982 entre la entonces propietaria de los inmuebles —para tal efecto representada por su hermano, Álvaro Pinzón Rodríguez—, y Maximiliano Galeano García, en el que pactaron:

“(…) El arrendador da en arrendamiento al arrendatario una finca rural llamada “La Esperanza y Selva Verde” situada en el Municipio de Victoria Departamento de Caldas (…). El término de arrendamiento y explotación es de tres (3) años contados a partir de la fecha de este contrato, término que podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes (…). El objeto del siguiente contrato es el de la explotación de la propiedad a la que se contrae el mismo en relación con las maderas que allí existen (…). El arrendatario recibe la finca con la existencia de algunos colonos contra los cuales ya se han iniciado las acciones legales, civiles y penales del caso y se compromete a prestar la ayuda necesaria para la desocupación de ellos e impedir que otros ocupen la finca o parte de ella (…)” (fls. 71 a 73, cdno. de pruebas) (Negrillas y subrayas agregadas).

En complementación, se aportó la Resolución 0038 del 7 de marzo de 1983, expedida por el Inderena, donde se resolvió:

“(…) Autorizar al señor Maximiliano Galeano García (…), para que adelante un aprovechamiento forestal persistente de la clase C, por un volumen de 2.000 m3 de madera en bruto sobre un bosque de 25 Has., ubicado en predios de la finca La esperanza de propiedad de la señora María Elena Pinzón de Gutiérrez (…).

(…) El tiempo que se concede para realizar el aprovechamiento es de dos (2) años contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia (…)” (fls. 69 y 70 del cdno. de pruebas) (Negrillas y subrayas de la Sala).

Sea la oportunidad de acotar que el arrendamiento al que se alude es un contrato que, celebrado por la entonces propietaria del inmueble y un particular igualmente capaz —sin perjuicio de que el bien estuviera invadido o no—, cobró plena validez y nació efectivamente al mundo jurídico —produciendo los efectos a que fue llamado—, pues reunió las características esenciales del mismo y no se desvirtuó su estricta adecuación a derecho.

Sin embargo, del análisis al respecto, se puede concluir con especial sindéresis que la duración del contrato de arrendamiento —a pesar de que su objeto se enmarcaba en la explotación maderera del bosque de 25 hectáreas ubicado en el inmueble, y ello resulta evidente si se tiene en cuenta que las partes acordaron el primer pago solo a partir de treinta días después de concedida la licencia respectiva por parte del Inderena—, no obstante haberse acordado entre las partes por el término de tres años, fue ejecutado entre el mismo momento de la suscripción del acuerdo de voluntades y el vencimiento de la licencia concedida por el Inderena al arrendatario para realizar la explotación, es decir, 2 años que finalizaron en marzo de 1985. Ello implica que, las prestaciones mutuas a que hubo lugar fueron percibidas por las partes hasta ese momento, es decir, 9 meses antes de que se expidiera la Resolución 5518 —del mismo año—, mediante la que se decidió la extinción del derecho de dominio, a favor de la Nación, sobre el predio La Esperanza.

Ahora bien, aun así establecido, no se demostró que el contrato se haya prolongado en el tiempo —ni por una extensión de la licencia de explotación, ni por otro interés particular que demostraran las partes—, lo que permite inferir de manera contundente que el contrato se ejecutó, en todo caso, antes de que se decidiera la extinción del derecho de dominio sobre el predio cuya titularidad, hasta ese momento, reposó en cabeza de la actora. Esto implica que —a partir de esas prestaciones concretas que las partes ejecutaron entre sí hasta la fecha en que cesó la explotación maderera—, no es posible elucidar si la arrendataria, a futuro, explotaría o no el inmueble por sí misma o por interpuesta persona, máxime si se tiene en cuenta que el informe rendido por el Incora en el año 1982 ya daba cuenta de la ausencia de cualquier tipo de explotación del bien por lo menos en los últimos 20 años, más allá de la realizada en mínima escala por los invasores.

De otro lado, en la diligencia de inspección judicial al predio Selva Verde —llevada a cabo el 3 y 4 de octubre de 2001—, adelantada con la intervención de peritos, se recibieron testimonios juramentados de parte de algunos de los colonos que se encontraron ocupando el terreno, siendo el primero de ellos el rendido por el señor Domingo Antonio Ardila, quien así refirió:

“(…) Efectivamente tengo dos lotes de terreno dentro del predio que hemos recorrido, están pegados pero no eran del mismo propietario, uno se lo compré a un señor Carlos, y era en el inicio de propiedad de Gustavo Rondón, que si era adjudicatario del Incora, le compré cinco (5) hectáreas más o menos y tengo escritura pública, limito con las tierras de Montenegro, por parte del caño “El Neme”, ya limito con la otra propiedad mía, ocupándola hace 19 años, y la otra sí por la parte del Neme propiedad de Montenegro, y parte a colindar con la finca del señor Julio César Mayo, que hoy es propiedad de Edilberto Alzate (...), quiero manifestar que tengo un total aproximado de diez (10) hectáreas en los dos lotes. Preguntado: Sírvase decirle al despacho en qué época entró usted en posesión de estos predios? Contestó: En posesión de estos predios no retengo la fecha pero una aproximación de diez años (…)” (fls. 37 y 38, cdno. de pruebas) (Negrillas y subrayas se incorporan).

Seguidamente, se encuentra la declaración de Edilberto Alzate Agudelo, quien sobre su tiempo de ocupación del predio argumentó:

“(…) Tengo aproximadamente treinta y tres hectáreas, las cuales se las compré al señor Ovidio Giraldo, a Israel Villegas, a Bárbara Toledo, a Francisco Velásquez y a Irineo López, y el 50% que le pertenece a la señora de César Libio Mayo, las cuales poseo la escritura y los planos. Preguntado: Cuánto hace que está explotando esos predios? Contestó: hace aproximadamente nueve (9) años, me tocó hacer varios predios, la montaña ya la habían explotado, las maderas de comercio no se encontraban, no sé en qué época la explotaron. Preguntado: Díganos si tiene títulos que soporten esa posesión que tiene? Contestó: Tengo las respectivas escrituras de cada propietario al cual le compré y las hice englobar del Agustín Codazzi, más no las que tengo en disputa con el señor Domingo Antonio Ardila, que echó un lindero a su amaño (…)” (fls 38 y 39, cdno. de pruebas) (Negrillas y subrayas de la Sala).

Finalmente, se verificó el testimonio de la señora Rosalbina Moyano Flautero, quien a su vez manifestó:

“(…) Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si usted tiene posesión alguna en este predio que hemos recorrido hoy. Contestó: Junto con mi esposo Euclides Vanegas Cardona, tenemos una propiedad en este terreno que recorrimos, se llama Las Palmas, tenemos unas cuatro hectáreas (…). Preguntado: Cuánto hace que tienen esa posesión en el terreno en mención? Contestó: Hace quince años y medio que estamos ahí, tengo esa posesión antes de que el Incora nos hiciera escritura, entramos en el año de 1986 aproximadamente, nosotros le compramos a un poseedor que era Dimas Díaz, él era el invasor que entró a tumbar y nos hizo cartaventa, no recuerdo el año en que el Incora nos hizo escritura, creo que en 1988. Preguntado: Dígale a este Despacho si cuando usted entró en esta posesión material el terreno que hemos recorrido hoy, también había sido invadido o no y si habían otros poseedores. Contestó: Lo que caminamos hoy, y que me han dicho que era otra finca, pero que conozco como La Esperanza en ese año ochenta y cinco ya estaba invadido por otras personas, de esos no queda ninguno, todos vendieron, la mayoría la tiene el señor Edilberto Alzate. Preguntado: Díganos si cuando usted entró en este terreno en posesión estaba el terreno como se observa hoy o estaba enmontado y qué clase de árboles existían? Contestó: Cuando entramos montaña, montaña no había, había rastrojito, pero no viejo, rastrojo de no más de cinco años, no conocí árboles maderables, ya no habían, no había sino sementera y rastrojo. Pastos no había sembrado todavía. Preguntado: Qué títulos tiene que acrediten la posesión suya? Contestó: Tenemos escrituras que me las hizo el Incora a mí y a mi marido (…)” (fls. 40 y 41, cdno. de pruebas) (Negrillas y subrayas adicionales).

Como se confirma en los testimonios, es claro que desde el año 86 o antes ya no quedaban más árboles maderables que pudieran ser objeto de un nuevo contrato de explotación con un tercero; también lo es, que los inmuebles no solo se encontraban ocupados desde 1981 —año en que la señora Pinzón Rodríguez los adquirió—, sino que, como lo certificó el Incora en septiembre de 1982, la única explotación económica que allí se adelantaba era realizada por sus ocupantes. En el informe también se inventariaron los recursos explotables que para entonces aún existían en el inmueble, insistiendo en la ausencia de administración en el predio, en razón a que los dueños no frecuentaban el lugar.

Ante las evidencias encontradas, es preciso aseverar que —si lo demostrado por la propietaria de La Esperanza y Selva Verde ante la situación de invasión no era más que una condescendiente y pasiva complicidad—, lo que queda sería incertidumbre, no solo respecto del origen del lucro cesante que pretende, sino además de la proporción en que asegura lo habría podido percibir, razón por la que lo deprecado por concepto de daños materiales bajo esta modalidad, no podrá ser más que denegado.

3.1.2. Daño emergente.

Mediante escrito presentado el 16 de junio de 2003, los peritos designados por el a-quo —en segunda oportunidad—, rindieron el experticio de avalúo del bien inmueble denominado Selva Verde, distinguido con la matrícula inmobiliaria Nº 106-0003404. Para ello, aseveraron haber tenido en cuenta —además de las cartas catastrales de las parcelas—, la memoria descriptiva del inmueble, donde se establecieron aspectos de gran relevancia como la ubicación geográfica del predio, transporte y vías de acceso y algunos servicios de infraestructura como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, puesto de policía y puesto de salud, además del avalúo catastral de cada uno de los fundos que componen la finca Selva Verde, cuya extensión fue totalizada en 79,576 hectáreas, cada una de las cuales se estimó en $933.000.

Ahora bien, previo a establecer el avalúo comercial, el informe elaboró la determinación física del bien, estudiando criterios como los linderos y dimensiones, topografía, relieves de la zona y erosión del suelo; contempló, también, las condiciones físicas del predio, teniendo presente los tipos de suelos que lo componen, los procesos de adecuación de tierras y las precipitaciones, fuentes de agua y recursos hídricos para la agronomía; estudió las condiciones climatológicas de la región y los aspectos de explotación económica tanto en la zona como en el inmueble, así como la cercanía con centros de consumo y grandes ciudades. Finalmente, observó el nivel de infraestructura del lugar, —corrales, cercas y vías— además de la riqueza de recursos potencialmente explotables, encontrando sólo abundantes pastizales para la ganadería. De estos aspectos, sólo a los más determinantes —estos son, acceso fácil y recursos hídricos—, se les otorgó un valor agregado de 1.2 a cada uno, cifras que, una vez multiplicadas entre sí y posteriormente su resultado por el valor catastral de la hectárea —es decir, $933.000—, determinó el avalúo comercial en $1’343.520; ahora bien, este valor individual multiplicado por el número total de hectáreas, permitió a los peritos determinar el valor comercial de Selva Verde, para el año 2003, en $106’911.940, cifra que actualizada equivale a:

 

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Así las cosas, se tiene que la indemnización por causa del daño emergente que sufrió la señora María Elena Pinzón Rodríguez, con ocasión de la adjudicación ilegal a terceros que de su predio hizo el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora, en el año 1988, asciende a la suma de $162’200.400

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 15 de octubre de 2004, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Choco —Sala de Descongestión—, y en su lugar se decide:

2. DECLÁRASE al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora en liquidación, patrimonialmente responsable por la adjudicación ilegal a terceros del predio Selva Verde —ordenada mediante resoluciones expedidas durante el año 1988—, ubicado en el Municipio la Victoria del Departamento de Caldas, y que fuera propiedad de María Elena Pinzón Rodríguez.

3. CONDÉNASE al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, a pagar, por concepto del daño emergente ocasionado a María Elena Pinzón Rodríguez, la suma de ciento sesenta y dos millones doscientos mil cuatrocientos pesos ($162’200.400), equivalente al valor actualizado del inmueble Selva Verde, cuyos terrenos le fueran ilegalmente despojados.

4. ORDÉNASE Al Incora en liquidación para que gestione la adecuación y formalización de los documentos de adjudicación, protocolización y demás concernientes a La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada —o a la seccional y/o dependencia que corresponda—, así como las escrituras respectivas en la notaria que reposen. Deberá proceder a la corrección del número de matrícula inmobiliaria afectado en las Escrituras Públicas y los Certificados de Libertad y Tradición de los bienes inmuebles que componen el predio Selva Verde, y tramitar la exclusión correlativa —si ello fuere posible—, de las inscripciones que afectaron erróneamente el predio colindante, anteriormente conocido como La Esperanza.

5. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

 

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: 11 de mayo de 2000 Exp. 12200; 10 de noviembre de 2000 Exp. 18805; 10 de abril de 1997 Exp. 10954, y de 3 de agosto de 2006, Exp. 32537. Autos de: 3 de agosto de 2006, Exp. 32537; 7 de febrero de 2007, Exp. 32215.

(2) La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, editorial Temis Bogotá, 1984, pág. 20.

(3) De Laubadere Andre, Manual de derecho administrativo, Editorial Temis, Bogotá, 1984, pág. 116.

(4) Sentencia de marzo 20 de 1956, Sala de lo Contencioso Administrativo, Ponente Ildefonso Méndez, Anales, año XXXIV, tomo LXI, Nº 382 - 386, págs. 404 y 405.

(5) Sentencia del 19 de julio de 1979, Expediente 2267, C.P. Jorge Valencia Arango, Anales, tomo XCVII, Nº 463 y 464 de 1979.

(6) Sentencia del 22 de marzo de 1996, Expediente 10571, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(7) "La responsabilidad de la administración pública en Colombia, España, Francia e Italia", Universidad Externado de Colombia, 1986, pág. 135.

(8) Tratado de los Derechos Reales Tomo II - A. Alessandri R. –M. Somarriva U. – A. Vodanocic H. Editorial Jurídica de Chile – 1993, págs. 50 a 55.

(9) “(…) Para prescribir adquisitivamente no basta que se haya poseído una cosa susceptible de posesión; es preciso también que transcurra un plazo continuado, que la posesión se prolongue durante el tiempo que señala la ley.

Este requisito da posibilidad al verdadero propietario para reclamar la cosa que está en poder de otro; solo si después de cierto tiempo el dueño persiste en su inactividad o negligencia para obtener la devolución del bien que le pertenece, la ley concede preferencia al poseedor, dejando la cosa definitivamente en sus manos (…)”. Tratado de los Derechos Reales Tomo II - A. Alessandri R. –M. Somarriva U. – A. Vodanocic H. Editorial Jurídica de Chile – 1993, pág. 26.

(10) Ibídem.