Sentencia 1998-00625 de diciembre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

Exp.: 39118

Rad.: 08001233100019980062501

Actor: Albert Lachman Hulu

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil

Acción: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(3).

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la cuantía y su vocación de doble instancia, en consideración a que el monto de la pretensión mayor asciende a $ 525.000.000, reclamados por las presuntas sumas dejadas de percibir por la imposibilidad de cumplir el contrato de arrendamiento de la aeronave, suma que excede ampliamente el monto necesario para que el asunto sea considerado de doble instancia.

1.2. Acción procedente.

La acción incoada es procedente por cuanto se dirige a obtener la reparación de los perjuicios que, afirma el actor, le fueron ocasionados por la omisión de Aerocivil en el cumplimiento de sus funciones relativas al registro público de propiedad de las aeronaves. A este respecto debe precisar la Sala que el asunto no se encamina a la reparación de perjuicios por la no inscripción de la titularidad del dominio que adquirió el actor en remate, esto es, no se cuestiona en modo alguno acto administrativo ficto o expreso relativo al registro de la propiedad. Lo que se cuestiona es el hecho consistente en que Aerocivil no registró la medida de incautación que dejaba a la aeronave fuera del comercio y que pese a su existencia sí registró el embargo de dicho bien al ser decretado en forma posterior a la limitación impuesta por disposición de la justicia penal. En esos términos, no le merece duda a la Sala que las pretensiones de la demanda, tal como fueron formuladas, pueden despacharse por la vía de la acción prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis. 

El señor Albert Lachman Hulu, como presunto afectado por la conducta de la autoridad aeronáutica, está legitimado en la causa para comparecer como parte activa de esta controversia y pretender la reparación de los perjuicios que afirma padeció.

Por su parte, Aerocivil, entidad a la que se le endilgan las presuntas omisiones que constituyen la fuente del perjuicio, es la llamada a integrar el extremo pasivo de la controversia, sin que desde ninguna perspectiva sean de recibo los medios exceptivos de Aerocivil fundados en la extinción del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, contra el que se promovió la demanda, y de la asunción de sus funciones por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pues aunque ello ocurrió antes de la presentación de la demanda (D. 2171/92)(4), lo cierto es que es patente en el libelo inicial la intención de cuestionar el ejercicio de las potestades en materia de registro aeronáutico a cargo del Estado, por lo cual se vinculó legalmente al proceso a la unidad administrativa a la que se fusionó la extinta entidad a cuyo cargo estuvo la actuación cuestionada, que tuvo lugar en el 1989.

Bajo esa perspectiva no podría la Sala, sin desconocer el derecho de acceso a la administración de justicia del actor, fundarse en el rigorismo pretendido por la accionada para no emitir decisión de fondo en este caso, en el que Aerocivil fue legalmente vinculada al proceso y pudo ejercer su derecho de contradicción y defensa, en lo cual ninguna incidencia tuvo la fusión del otrora Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil con el Fondo Aeronáutico Nacional, que dio lugar a la entidad demandada y de la que, finalmente, pasó a formar parte la extinta dependencia.

En suma, es evidente que el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, contra el que se dirigieron las pretensiones y al que manifestó el poderdante su intención de accionar al conferir el mandato a su representante judicial, pasó a integrar Aerocivil, por lo que esta última es la llamada a comparecer judicialmente, sin que pueda hacerlo la que se extinguió al fusionarse para hacer parte de aquella.

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales. Si la acción judicial se ejerce por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia. En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

El presente caso aunque las presuntas omisiones en el registro ocurrieron en el año 1989 como se desprende de la demanda y el registro del embargo de la aeronave tuvo lugar en ese mismo año, alega la actora que desconocía la existencia del proceso penal dentro del cual había sido incautada la aeronave y que solo tuvo conocimiento de ello cuando al intentar registrarse como propietario ante Aerocivil se le puso de presente por parte de esa entidad que: “el registro de la escritura pública 468 se llevará a cabo una vez se aclare la situación de la aeronave ante la Dirección Nacional de Estupefacientes” respuesta que tuvo lugar el 23 de abril de 1996 (fl. 53, cdno. 1).

Solo a partir de ese momento, afirma el actor, pudo conocer de la existencia de una orden que dejaba fuera del comercio la aeronave y, precisamente, se funda su demanda en la omisión de Aerocivil en haber registrado esa limitación en el folio de matrícula aeronáutica del HK1670, pues afirma, de haberla conocido no habría adquirido la aeronave.

En esas condiciones se considera que el término de caducidad de la acción solo puede contabilizarse a partir del 23 de abril de 1996, cuando se le informó que existía una situación, desconocida para él, que impedía registrarlo como nuevo propietario y que dejaba la aeronave fuera del comercio, lo cual fuerza concluir que la demanda, presentada el 3 de abril de 1998 (fl. 24, cdno. 1), lo fue en la oportunidad prevista en la ley para ese efecto.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia y como quiera que sobre ello discurre la apelación, analizará la Sala si en el presente caso la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil incurrió en la omisión que se le endilga y si esa presunta falta generó daños antijurídicos al actor. Para ello, habrá de verificarse, conforme al caudal probatorio, si es cierto que se abstuvo de registrar algún gravamen o limitación al dominio de la aeronave materia del litigio, con la potencialidad de hacer incurrir en error al demandante sobre la situación jurídica del bien antes de adquirirlo, análisis que se realizará de cara a las competencias asignadas a la entidad en la época de los hechos.

3. Análisis probatorio.

Las pruebas aportadas al plenario dan cuenta de los siguientes hechos relevantes para la decisión del caso:

3.1. Aerocivil allegó al plenario el expediente íntegro del registro aeronáutico correspondiente al folio de matrícula aeronáutica Nº 781, modelo PA34-200, serie 347450211, matrícula HK1670-w, en el que se encuentra prueba de lo siguiente:

3.1.1. Mediante la escritura pública Nº 3266 de la Notaría Segunda del Circulo de Barranquilla la firma Negocios Generales del Norte Ltda., antes Apart-hotel Ideal Palace Ltda. vendió la aeronave de matrícula HK1670w a la sociedad Agropecuaria San Miguel Ltda. (fl. 600 y s.s., cdno. 2). Los socios de la firma compradora Miguel Antonio Buitrago Berrío y Victoria Vives González aportaron certificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes expedido el 18 de marzo de 1986 (fl. 592, cdno. 2) y con vigencia de un año a partir de su expedición.

3.1.2. Luego de dicha compraventa se registraron dos embargos de la referida aeronave, dispuestos por los juzgados Segundo Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal de Barranquilla, que fueron levantados en 1986 y 1987, respectivamente (fls. 590 y 577, cdno. 2).

3.1.3. El 31 de octubre de 1989 (fl. 574, cdno. 2) se registró el embargo dispuesto por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla mediante oficio 1737 de 8 de septiembre de 1989 (fl. 576, cdno. 2), según orden proferida dentro del proceso ejecutivo de Timoleón Acevedo Forero contra Agropecuaria San Miguel Ltda.

3.1.4. Posterior al registro del embargo, reposa en el expediente correspondiente al folio de matrícula aeronáutica de la aeronave una copia de la Resolución Nº 921 de 1990, por medio de la cual “se ordena la entrega en calidad de depósito provisional de la aeronave de matrícula HK1670”, en la que consta:

Que mediante acta según oficio número 508 del 24 de agosto de 1989, en diligencia practicada por el Juzgado 1 de Instrucción Criminal de Barranquilla Departamento del Atlántico, se puso a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes la aeronave de matrícula HK1670-w. 

Que de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1856 de 1989, el Consejo Nacional de Estupefacientes puede entregar en calidad de depósito a quién tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, la aeronave puesta a su disposición por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado. 

Que el Consejo Nacional de Estupefacientes luego de realizar un estudio pormenorizado de la situación de la aeronave de matrícula HK-1670-W acordó entregarla en calidad de depósito provisional.  

Sin más consideraciones, el Consejo Nacional de Estupefacientes,  

RESUELVE 

ART. PRIMERO.—Entrégase en depósito provisional la aeronave matrícula HK – 1670 – W, al señor Agropecuaria San Miguel Ltda. 

ART. SEGUNDO.—El depositario de la aeronave de matrícula HK1670-W, deberá cumplir con las siguientes obligaciones. 

Conservar la propiedad de la aeronave, hasta tanto el juez competente decida sobre la situación jurídica de la misma. 

(...)  

ART. TERCERO.—Comuníquese la presente resolución, al juez del conocimiento, al Ministerio de Defensa Nacional y al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, para lo de su competencia (fls. 572 y 573, cdno. 2).

La ubicación de la referida resolución dentro de la carpeta corresponde a los números de página 71 y 72. Por su parte, la respuesta al juzgado que comunicó el registro del embargo está ubicada en el número 70 de la secuencia de folios que cronológicamente está organizada en forma ascendente; esto es, primero se encuentra la respuesta al embargo y luego la resolución en comento.

3.1.5. Los siguientes documentos que reposan en la carpeta de la aeronave (fls. 73 y 74) corresponden a una solicitud de la DIAN en la que requiere información sobre diversas aeronaves, entre ellas la HK1670 y la respuesta emitida por Aerocivil, ambos documentos del año 1991 (19 de julio y 1 de agosto, respectivamente).

3.1.6. Seguidamente se encuentra en la carpeta de la aeronave la solicitud de 16 de abril de 1996, suscrita por el señor Albert Lachman, en la que requiere certificado de matrícula de la aeronave a su nombre(5). Frente a esa petición reposa la respuesta de 23 de abril de 1996, referida al analizar lo relativo a la caducidad de la acción, en la cual se le informa que solo podría registrar su derecho de dominio una vez “se aclare la situación de la aeronave ante la Dirección Nacional de Estupefacientes” (fl. 567, cdno. 2).

3.1.7. A continuación se encuentra el oficio de 23 de abril de 1996 (fl. 566, cdno. 2), en el que la Aerocivil le informa a la DNE:

Comedidamente me permito comentar que el señor ALBERT LACHMAN HULU ha concurrido ante esta dependencia con el fin de obtener el registro de la escritura pública 468 del 8 de febrero de 1995, otorgada en la Notaría 5ª del Círculo de Barranquilla, acto jurídico mediante el cual se protocoliza la diligencia de remate adelantada por el juzgado 10º Civil del Circuito de Barranquilla el 27 de octubre de 1994. 

Es de precisar que sobre la referida aeronave pesa una medida de depósito ordenada por su despacho mediante Resolución Nº 921 de 1990. 

Por lo expuesto, sería de gran ayuda conocer sus observaciones al respecto a la mayor brevedad posible. 

3.1.8. La DNE le respondió a Aerocivil el 24 de junio de 1996 en los siguientes términos (fl. 564, cdno. 2):

En atención al oficio de la referencia, me permito manifestarle que por el momento no es procedente el registro de la escritura pública 486 del 8 de febrero de 1995, otorgada en la Notaría 5ª del Círculo de Barranquilla, acto jurídico mediante el cual se protocoliza la diligencia de remate adelantada por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla el 27 de octubre de 1994. 

Lo anterior por cuanto mediante acta según oficio 508 de 24 de agosto de 1989, en diligencia practicada por el Juzgado 1 de Instrucción Criminal de Barranquilla, dejó a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes, la aeronave matrícula HK1670W, dicho Consejo, luego de realizar un estudio pormenorizado de la situación de la aeronave antes descritas (sic), acordó entregarla en calidad de depósito provisional, situación que materializó mediante Resolución Nº 921 de 1990. En el artículo 2º de la citada resolución señalado entre otras que el destinatario deberá conservar la propiedad de la aeronave, hasta tanto el juez competente decida sobre la situación jurídica de la misma, razón por la cual tampoco podría transmitir la propiedad.

Esta entidad tuvo conocimiento del proceso ejecutivo que se adelantó contra la sociedad Agropecuaria San Miguel, con el oficio Nº 1936 proveniente del juzgado 10 Civil del Circuito Barranquilla, razón por la cual la Dirección Nacional de Estupefacientes comunicó que hasta tanto no produjera (sic) decisión judicial que ordenara la devolución definitiva, de la aeronave no podría dejarla a disposición del referido juzgado.

3.1.9. El 9 de agosto de 1996, Aerocivil le informó al juez de la ejecución que la aeronave seguía fuera del comercio por cuanto fue entregada en depósito provisional a su propietario, bajo la condición de que permaneciera en su patrimonio (fl. 548, cdno. 2).

3.1.10. Mediante resolución de 23 de abril de 1997 un Fiscal Delegado ante los Jueces Penales de Barranquilla precluyó la investigación a favor de Miguel Antonio Buitrago Berrío y Victoria Eugenia Vives de Buitrago y dispuso la entrega definitiva de la aeronave de matrícula HK1670. Esta decisión fue confirmada en sede de consulta por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional (fls. 542 y ss., cdno. 2). La decisión fue comunicada a Aerocivil el 20 de octubre de 1997 (fl. 540, cdno. 2).

3.1.11. Finalmente, el 27 de noviembre de 1997, Aerocivil expidió el certificado de matrícula de la aeronave HK1670 (fl. 506, cdno. 2) a favor del demandante señor Lachman Hulu.

3.2. Consta en el expediente que el 2 de abril de 1990 (fl. 60, cdno. 1), el Juzgado Tercero Especializado de Barranquilla dispuso cesar el procedimiento adelantado en contra de los señores Miguel Antonio Buitrago Berrío y Victoria Eugenia Vivas de Buitrago, representantes legales y socios de Agropecuaria San Miguel Ltda. por los presuntos delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. En la misma decisión ordenó hacer entrega definitiva de la aeronave HK1670W a la referida sociedad. Empero la decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Barranquilla (fl. 56, cdno. 1) en sede de consulta, autoridad que dispuso “la reapertura del proceso, hasta por el término indicado en la ley para que se practique una peritación contable”, con el fin de establecer el posible incremento patrimonial injustificado de los investigados.

3.3. De otro lado, la diligencia de secuestro de la aeronave HK1670w la adelantó el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Soledad Atlántico (fl. 31, cdno. 1), en cumplimiento de lo ordenado por el juez de la ejecución. La diligencia tuvo lugar en los talleres “Aeroatlántico”, diligencia que fue atendida por el ahora demandante señor Albert Lachman, quien se identificó en ese momento como Director Comercial de SATEC Ltda. Seguidamente se inventarió la aeronave y se dejó registro de algunas piezas faltantes y “con la presencia de las partes y del juez y el secuestre se pudo constatar que dichos instrumentos se encuentran en los talleres de la empresa”. El secuestre dejó el bien en depósito al señor Albert Lachman.

3.4. El 27 de octubre de 1994 (fl. 35, cdno. 1) tuvo lugar la diligencia de remate de la aeronave, a la cual acudió como postor el señor Lachman “quien aporta (...) el título judicial J28693937 de fecha octubre 27 de 1994, por valor $ 7.000.000”. El referido actor hizo postura por la suma de $ 17.500.000, la que fue anunciada al público y ante la ausencia de otra oferta se le adjudicó. Se le otorgó un plazo de tres días para pagar el valor restante, el que efectivamente consignó en el Banco Popular el 1 de noviembre de 1994 (fl. 32, cdno. 1).

3.5. El 8 de febrero de 1995, el señor Lachman Hulu (fl. 34, cdno. 1) protocolizó el acta del remate y su auto aprobatorio en la Notaría Quinta del Círculo de Barranquilla, mediante la escritura pública Nº 486.

3.6. Enterado de que Aerocivil no registró la referida escritura (conforme consta en la carpeta contentiva de la matrícula aeronáutica del bien), el 15 de julio de 1996 el señor Lachman Hulu le solicitó al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla que ordenara la definición de la situación jurídica de la aeronave (fl. 67, cdno. 1), frente a lo cual el referido despacho dispuso oficiar a Aerocivil, a la DNE y a la Dirección Seccional de Jueces Regionales con el fin de obtener la información relativa a la situación jurídica de la aeronave. El 10 de julio de 1996 había solicitado previamente a la Fiscalía (fl. 69, cdno. 1) clarificar la situación jurídica de la aeronave.

3.7. El 7 de noviembre de 1996, la DNE resolvió la solicitud del actor relativa a la expedición de una certificación sobre la carencia de informes por tráfico de estupefacientes, negándola, por razón de la existencia de un proceso judicial en curso en el que estaba involucrada la aeronave de matrícula HK1670w. Indicó la referida autoridad (fl. 44, cdno. 1):

Es de precisar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Decreto Legislativo 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo cuarto del Decreto 2171 del mismo año, los bienes muebles e inmuebles, título valores, etc., señalados en el inciso primero de dicho artículo quedan fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta tanto quede definitivamente ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación. 

Finalmente es de anotar, que esta entidad informó oportunamente al Juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla, que hasta tanto no se ordenara la entrega definitiva de la aeronave en mención, por parte de la autoridad competente, no podría dejarla a disposición de ese juzgado. 

4. Análisis de la Sala.

La Sala encuentra demostrado que, tal como lo alega el demandante, no logró registrar de manera inmediata el derecho de dominio de la aeronave que adquirió en la venta forzada que realizó el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla dentro de la ejecución que se adelantaba contra la anterior titular del dominio.

Aunque el remate fue aprobado el 10 de noviembre de 1994 y el 8 de febrero de 1995 el señor Albert Lachman Hulu protocolizó los documentos necesarios para la tradición, fue solo hasta el 16 de abril de 1996 que acudió ante Aerocivil con el fin de perfeccionar el derecho real que adquirió sobre la aeronave, de modo tal que esa demora derivó de la decisión libre del accionante, quien solo acudió a legalizar el respectivo trámite 17 meses después de la aprobación del remate, de modo tal que estaba en el deber jurídico de soportarla por cuanto devino de un acto propio.

Ahora bien, desde la época en que acudió el adquiriente a perfeccionar la tradición de la aeronave ante la autoridad competente, 16 de abril de 1996, hasta la efectiva resolución del trámite, 27 de noviembre de 1997 transcurrieron 19 meses, dentro de los que afirma el actor padeció los diversos perjuicios de orden moral y material cuya reparación pretende.

Aunque en el presente caso el tradente era una sociedad comercial, la propietaria de la aeronave rematada denominada Agropecuaria San Miguel Ltda., el asunto estaba llamado a regirse, en lo allí regulado, por la legislación comercial(6) y en lo no regulado por las disposiciones civiles; de acuerdo con las primeras, el comprador puede exigir al vendedor el pago de perjuicios por el incumplimiento de la obligación de perfeccionar la tradición de la cosa vendida, con independencia de las demás acciones que la ley le otorga en este tipo de eventos(7).

En cuanto a las segundas, también están llamadas a regir el asunto por cuanto la obligación de saneamiento en los casos de ventas forzadas, no está prevista de modo expreso en la legislación comercial y sí lo está en el Código Civil.

En las ventas forzadas realizadas por disposición judicial, el modo de adquirir el dominio no es otro que la tradición, de manera tal que aunque tengan lugar por orden de la justicia, el titular del dominio que se transfiere funge siempre como tradente y el juez como su representante legal(8). Ese concepto resulta fundamental para entender que, aun cuando se compra en remate, opera la obligación de saneamiento, de acuerdo con la cual se ampara al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y se obliga al vendedor a responder por sus vicios ocultos.

Aunque la legislación comercial no define quiénes son los extremos de la tradición tratándose de ventas forzadas realizadas por autoridad de la justicia, si lo hace el Código Civil(9) al señalar, como es natural, que el tradente no puede ser otro que el propietario, quien transfiere la cosa vendida, aunque no lo haga voluntariamente. De igual manera prevé la obligación de saneamiento, tanto por evicción(10) como por vicios redhibitorios(11).

Así las cosas, el llamado a resarcir los perjuicios de la imposibilidad temporal de efectuar la tradición de la aeronave era el vendedor, frente quien el afectado contaba con las acciones para el resarcimiento del perjuicio, e inclusive para obtener la resolución del contrato y la devolución del precio, en caso de que dicha imposibilidad derivara de vicios de la cosa vendida.

Sin embargo, lo que se aprecia en el presente caso, de acuerdo con las evidencias de su desenvolvimiento fáctico, es que el demandante, en lugar de ejercer las acciones con las que contaba, optó, válidamente, por esperar a la solución de la circunstancia que impedía el registro de la tradición a su favor, esto es, pese a que ahora alega que en esas circunstancias no habría comprado, nunca manifestó su intención de resolver el contrato ni le reclamó al tradente la indemnización de los perjuicios que afirma sufrió.

Así las cosas, el daño cuya indemnización se pretende no es cierto, sino meramente hipotético o eventual, de modo tal que su configuración real dependía de la falta de efectividad de las acciones previstas en la ley para la válida reivindicación de los derechos del adquiriente frente a su vendedor. Empero, no se demostró en el proceso que dichas acciones se hubieran promovido y menos aún su resultado, panorama que impide afirmar que se acreditó la certeza del daño.

En gracia de discusión y con la finalidad de resolver el argumento de la apelación, considera la Sala que aún si se acepta que la demora en el registro de la tradición a su favor puede catalogarse como un daño cierto y antijurídico, las evidencias recaudadas no permiten señalar que este pueda ser imputado a la demandada.

Nótese que aquello que se le imputa, a título de falla, es el hecho de haber registrado el embargo decretado por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla; sin embargo, no se aprecia que frente a dicha orden judicial hubiera podido proceder Aerocivil de manera diferente, pues analizada de manera íntegra la carpeta contentiva de la matrícula de la aeronave HK1670 se advierte que para el 31 de octubre de 1989, cuando consta que se registró la medida (fl. 574, cdno. 2), ninguna comunicación por parte de autoridad judicial o administrativa había sido inscrita en dicho registro que impusiera a Aerocivil una conducta distinta al acatamiento de la decisión judicial en ejercicio de la competencia registral que para el momento le correspondía en los términos del Decreto-Ley 2332 de 1977 y que aún conserva.

Aunque la Sala no comparte el argumento de Aerocivil, de acuerdo con el cual nunca conoció de la restricción a la negociabilidad de la aeronave, pues consta que le fue comunicada la Resolución Nº 921 de 1990, por medio de la cual “se ordena la entrega en calidad de depósito provisional de la aeronave de matrícula HK1670”, en la que se impuso al propietario el compromiso de mantener en su patrimonio la aeronave, documental que reposa en la carpeta de matrícula aeronáutica del bien, lo cierto es que aunque no hay constancia de la fecha en que esa resolución se incorporó a la mencionada encuadernación, su fecha de expedición es posterior a la época del registro del embargo, por lo que no es posible reprocharle a Aerocivil no haber puesto en conocimiento del juez de la ejecución ese hecho, toda vez que solo a partir de esa resolución se dejó constancia en el registro aeronáutico de la actuación penal en la que estaba involucrada la aeronave.

No de otra manera se explica que en el año 1996, cuando el actor pretendió registrar su derecho de dominio se hubiera advertido la existencia de tal circunstancia, momento en el cual sí había llegado al conocimiento de Aerocivil dicha resolución, lo que determinó que se paralizara el trámite de registro del nuevo propietario; sin embargo, se insiste, ese conocimiento fue posterior al registro de la medida de embargo. Así las cosas, el reproche a Aerocivil en que se funda el recurso carece de sustento.

En las referidas condiciones, las pretensiones en su contra no pueden prosperar, tal como lo estimó el a quo.

Finalmente, como las pretensiones no prosperaron, ello releva a la Sala de analizar de fondo lo relativo a la responsabilidad del llamado en garantía.

Con fundamento en lo expuesto, se impone confirmar la decisión recurrida, adversa a las pretensiones del demandante.

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas en la instancia, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia proferida de 16 de diciembre de 2008, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas en la instancia.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero, magistrado ponente».

3 Código Contencioso Administrativo. “Artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley”.

4 ART. 67.—Fusión del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil con el Fondo Aeronáutico Nacional y reestructuración como Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. En virtud de lo dispuesto en el presente decreto, la Autoridad Aeronáutica, conformada por el actual Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil se fusiona con el Fondo Aeronáutico Nacional y se reestructura como Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, organismo al cual se le asigna el conjunto de facultades y funciones que ha venido desempeñando el mencionado departamento administrativo, sin perjuicio de lo previsto en este decreto.

5 Trámite correspondiente al traspaso del derecho de dominio a su favor como nuevo propietario.

6 ART. 1º—Aplicabilidad de la ley comercial. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.

7 Código de Comercio, artículo 925.—Indemnización por tradición no valida. El comprador tendrá derecho a exigir el pago de perjuicios por el incumplimiento del vendedor a su obligación de hacerle tradición válida, sin necesidad de instaurar previamente cualquiera de las acciones consagradas en el artículo 1546 del Código Civil y de este libro.

8 “ART. 741.—Tradente y adquirente. Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él, y adquirente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre.

Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales.

En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante legal”.

9 “ART. 2º—Aplicación de la legislación civil. En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil”.

10 ART. 1908.—Restitución por saneamiento de venta forzada. En las ventas forzadas, hechas por autoridad de la justicia, el vendedor no es obligado, por causa de la evicción que sufriere la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta.

11 ART. 1922.—Acción redhibitoria en las ventas forzadas. La acción redhibitoria no tiene lugar en las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia. Pero si el vendedor, no pudiendo o no debiendo ignorar los vicios de la cosa vendida, no los hubiere declarado a petición del comprador, habrá lugar a la acción redhibitoria y a la indemnización de perjuicios.