Sentencia 1998-00631 de marzo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001 23 31 000 1998 00631 01

Número interno: 29276

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Ref.: acción de reparación directa

Actor: Confecciones Nancy Ltda. y otros

Demandado: municipio de Santiago de Cali

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dado que la cuantía supera la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia(4).

2. Valoración probatoria y caso concreto.

Con el escaso material probatorio, válidamente decretado y aportado al plenario, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

2.1 La sociedad Confecciones Nancy Ltda., mediante escritura de compraventa 2.579, del 14 de julio de 1989, adquirió el derecho de dominio sobre el edificio “Granada”, ubicado en la “... Avenida 4ª Norte, distinguida en sus puertas de acceso con los números 10 N-60 y 10 N- 64...”(5), de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Dicho edificio se compone de los siguientes inmuebles:

Apartamento 2, bloque 1, piso 2: matrícula inmobiliaria 370-259459 (certificado de tradición y libertad, fl. 19, cdno. 1).

• Apartamento 3, bloque 1, piso 2: matrícula inmobiliaria 370-259460 (fl. 20, cdno. 1).

• Apartamento 5, bloque 1, piso 5: matrícula inmobiliaria 370-259462 (fl. 21, cdno. 1).

• Apartamento 5 A, bloque 1, piso 5: matrícula inmobiliaria 370-287804 (fl. 36, cdno. 1).

• Apartamento 7, bloque 2, piso 2: matrícula inmobiliaria 370-259464 (fl. 22, cdno. 1).

• Apartamento 9, bloque 2, piso 4: matrícula inmobiliaria 370-259466 (fl. 23, cdno. 1).

• Apartamento 9A, bloque 2, piso 5: matrícula inmobiliaria 370-287805 (fl. 37, cdno. 1).

• Apartamento 9 B, bloque 2, piso 5: matrícula inmobiliaria 370-287806 (fl. 38, cdno. 1).

• Apartamento 4, bloque 1, piso 4: matrícula inmobiliaria 370-259461 (fl. 25, cdno. 1).

• Apartamento 6, bloque 2, piso 1: matrícula inmobiliaria 370-259463 (fl. 26, cdno. 1).

• Apartamento 8, bloque 2, piso 3: matrícula inmobiliaria 370-259465 (fl. 27, cdno. 1).

• Apartamento 10, bloque 3, piso 1: matrícula inmobiliaria 370-259467 (fl. 28, cdno. 1).

• Apartamento 11, bloque 3, piso 2: matrícula inmobiliaria 370-259470 (fl. 30, cdno. 1).

• Apartamento 12, bloque 3, piso 2: matrícula inmobiliaria 370-259473 (fl. 33, cdno. 1).

• Apartamento 13, bloque 3, piso 3: matrícula inmobiliaria 370-259471 (fl. 31, cdno. 1).

• Apartamento 14, bloque 3, piso 3: matrícula inmobiliaria 370-259474 (fl. 34, cdno. 1).

• Apartamento 15, bloque 3, piso 4: matrícula inmobiliaria 370-259472 (fl. 32, cdno. 1).

• Apartamento 16, bloque 3, piso 4: matrícula inmobiliaria 370-259475 (fl. 35, cdno. 1).

• Apartamento 17, bloque 3, piso 5: matrícula inmobiliaria 370-287807 (fl. 36, cdno. 1).

• Apartamento 18, bloque 3, piso 5: matrícula inmobiliaria 370-287808 (fl. 40, cdno. 1).

• Oficina 1, bloque 3, piso 1: matrícula inmobiliaria 370-259468 (fl. 24, cdno. 1).

• Oficina 2, bloque 1, piso 1: matrícula inmobiliaria 370-259469 (fl. 29, cdno. 1).

• Garaje 1: matrícula inmobiliaria 370-287799 (fl. 42, cdno. 1).

• Garaje 2: matrícula inmobiliaria 370-287800 (fl. 43, cdno. 1).

• Garaje 3: matrícula inmobiliaria 370-287801 (fl. 44, cdno. 1).

• Garaje de visitantes: matrícula inmobiliaria 370-287798 (fl. 41, cdno. 1).

• Garaje 5: distinguido con la matrícula inmobiliaria 370-287803 (fl. 17 y 196, cdno. 1).

2.2. Mediante el artículo 98 del Decreto 605, del 7 de junio de 1995, “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali”(6), se declaró de utilidad pública, entre otros, el siguiente predio:

 

“Predio NºMatr. Inmob.Destinación
“...  
“B. 122003370-0287803 Espacio público”(7) (se resalta).

 

En el artículo 100 del mismo decreto se consignó: “... Las novedades de uso que este decreto establece en los predios... serán comunicadas a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Cali y a la Oficina de Catastro Municipal por el Departamento Administrativo de Control Físico Municipal o la entidad que haga sus veces, para los efectos de su anotación y registro” (fl. 127, cdno. 2).

2.3. Mediante oficio 021218, radicado el 18 de agosto de 1995 (fls. 167 a 168, cdno. 2), la directora del Departamento Administrativo de Control Físico Municipal le solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali anotar —en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria— la afectación de que fue objeto el predio con matrícula inmobiliaria 370-287803 y, en efecto, la oficina de registro de instrumentos públicos anotó en dicho certificado lo siguiente (se transcribe tal cual):

“Anotación 008...

“Oficio 021218 del: 18-08-95 Departamento Administrativo de Control Físico Municipal de Cali

“Especificación: 999 predio declarado de utilidad pública o destinación específica: a espacio público. En cumplimiento del artículo 100 del Decreto 605 de 07-06-95 y aplicación de la Ley 9ª de 1989.

“(...)

“Personas que intervienen el acto...

“De: Departamento Administrativo de Control Físico Municipal de Cali”(8) (se resalta).

2.4. En el mismo certificado de tradición y libertad se observa que, mediante oficio 010841, del 25 de junio de 1998, se canceló la referida anotación, así:

“Anotación 11...

“Oficio 010841 del: 25-06-98 Departamento Administrativo de Control Físico Municipal de Cali

“Especificación: 915 otros cancelación predio destinado a espacio público. Según oficio 021218 del 18-08-95...

“(...).

“Personas que intervienen en el acto...

“De: Departamento Administrativo de Control Físico Municipal hoy Secretaría de Ordenamiento Urbanístico”(9) (se resalta).

2.5. Mediante avalúo administrativo especial 1102, del 2 de septiembre de 1996, efectuado por la oficina de Catastro del municipio de Cali, se estableció en $ 3.093’195.000.oo, el valor total del edificio “Granada”; empero, se hizo la siguiente observación (se transcribe tal cual):

“... Para determinar el valor se tuvo en cuenta: frente, forma, topografía, ubicación, influencia económica de la zona, posible rentabilidad que generare el inmueble, vías de acceso, área circundantes, uso, diseño, características, especificaciones y conservación de los materiales de construcción, momento del mercado inmobiliario (oferta y demanda), avalúos y negociaciones en la zona, valores formados e investigados para el sector. El valor interpretado se consideró teniendo en cuenta la solidez estructural de la edificación, pero se descuento el 15.5% por falta de mantenimiento y deterioro en gran parte de los acabados...”(10) (se resalta).

2.6. Por medio del oficio 001846, del 6 de diciembre de 1996, el director administrativo y del registro estadístico de bienes inmuebles presentó, a la representante legal de la sociedad demandante, oferta de compra-venta por valor de $ 1.536’272.000.oo (fl. 61, cdno. 1); no obstante, mediante oficio 001939, del 12 de los mismos mes y año, se modificó la oferta y se estableció un nuevo precio de $ 1.634’711.500.oo. En el último de los oficios mencionados se consignó (se transcribe tal cual):

“Después de haber rectificado las medidas de las áreas construidas del Edificio Granada hemos corregido nuestra propuesta de compra-venta de diciembre 6 de 1996 según oficio 001846 de la mencionada edificación que ahora arroja un total de mil seiscientos treinta y cuatro millones setecientos once mil doscientos pesos m/cte. ($ 1.634.711.200.oo), de acuerdo con la liquidación adjunta”(11).

Al parecer, la parte actora tuvo la intención de rechazar la anterior propuesta de compra; sin embargo, el documento en que así se manifiesta no se encuentra suscrito ni consta que se haya radicado en la entidad demandada (fl. 64 y 65, cdno. 1).

2.7. En comunicación del 10 de enero de 1997, la sociedad Confecciones Nancy Ltda., por intermedio de su representante legal, le expresó al director administrativo y del registro estadístico de bienes inmuebles, lo siguiente: “Por medio de la presente nos permitimos ratificarle, de acuerdo a (sic) la reunión del día de hoy, nuestra aceptación como precio de compra-venta..., la suma de $ 2.114’454.586...”(12). Este documento fue recibido por Claudio Borrero Quijano, director administrativo y del registro estadístico de bienes inmuebles, para aquella época, quien consignó: “Recibí conforme a lo pactado el documento, hoy viernes 10 de enero de 1997 hora 9 p.m.”(13).

Con todo, conviene anotar que en el expediente no obra ninguna prueba oficial que consagre tal acuerdo de compraventa.

2.8. Mediante la Resolución S003, del 14 de enero de 1997, el Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería modificó el avalúo administrativo especial 1102, referido en el numeral 2.5 de estas consideraciones, y fijó la suma de $ 2.022’354.000.oo como precio total del edificio Granada (fls. 71 a 74, cdno. 1). Para arribar a tal modificación, se consideró que (se transcribe tal cual, inclusive con errores):

“... el área total construida registrada en el avalúo administrativo 1102/96 no corresponde a la encontrada en la visita practicada y consignada en la ficha predial y en el cálculo de área realizado conjuntamente con la Dirección Administrativa y Registro Estadístico de Bienes Inmuebles.

“... para determinar el valor de la construcción se encontró que por sus características de ser un predio que no ha sido sometido a régimen de propiedad horizontal y... aunque en el primer piso funciona un negocio de restaurante... el resto de la edificación está abandonada hace algunos años sin ningún uso y con el consiguiente deterioro. Que la edificación en tiempos anteriores fue aprovechada para vivienda, pero actualmente por los cambios de uso en la zona, por no tener parqueadero ni forma de hacérselos, porque cualquier rehabilitación dado su obsoleto diseño arquitectónico, solo podría aprovecharse la parte estructural y analizando la cantidad de factores negativos, si se tuviera que llegar a un programa de restauración de esta edificación el valor promedio por M2 a pagar por el área construida no podrá estar por encima de los $ 400.000, incluyendo en este precio el local comercial...”(14) (se resalta).

2.9. El señor Claudio Borrero Quijano (quien, como se dijo, fungía como director administrativo y del registro estadístico de bienes inmuebles del municipio de Cali), en la declaración que rindió ante el a quo expresó que la verdadera intención de la administración era adquirir el edificio Granada en su totalidad y no solamente el garaje 5; además, indicó que, en opinión de su “oficina”, el valor justo de dicho edificio era de $ 1.642’000.000.oo, razón por la cual objetó el avalúo inicial (se refiere al avalúo 1102, referido en el numeral 2.5).

Adicionalmente, ante la pregunta de si se efectuó alguna solicitud a la sociedad demandante para que desocupara el edificio, respondió: “... Antes de tener yo personalmente la autorización para negociar, al visitar el inmueble con mis Asesores (sic) ya lo encontramos desocupado con excepción del local comercial donde funcionaba un Restaurante (sic)...”(15) (se resalta).

2.10. Respecto del abandono en que se encontraba el edificio da cuenta, también, el dictamen pericial del 7 de diciembre de 2000, en el cual se consignó (se transcribe tal cual): “El edificio se encuentra desocupado desde 1993 a excepción del local comercial que se desocupó en septiembre/97 y se encuentra en mal estado por falta de mantenimiento y daños ocasionados por vandalismo”(16). Este dictamen se practicó en el proceso y no fue objetado por ninguna de las partes (fl. 327 y 333, cdno. 2).

2.11. Con la demanda se allegaron varios títulos valores (obrantes a fls. 86 a 97, cdno. 1), los cuales dan cuenta de algunas obligaciones dinerarias que contrajeron los socios de la sociedad demandante en este proceso.

Por último, se aportaron varias fotografías (fls. 107 a 120, cdno. 1), las cuales no se valorarán, dado que se desconoce su origen, cuándo y en qué lugar fueron tomadas(17).

3. Con la expedición de la Ley 9ª de 1989, vigente para la época de los hechos, la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios podían adquirir (por enajenación voluntaria o forzada —expropiación—) bienes inmuebles urbanos y suburbanos, destinados a fines específicos, según lo previsto en el artículo 10 de dicha ley(18). En estricto sentido, dichas entidades tenían competencia para afectar el “... pleno derecho de dominio y sus elementos constitutivos como los demás derechos reales” (ley ejusdem, art. 9º)(19).

Bajo este escenario, se enumeró una serie de actividades que constituían motivos de “utilidad pública”, dentro de los cuales se estableció la “provisión de espacios públicos urbanos”, motivo que llevó al municipio de Cali a declarar la afectación en el predio con matricula inmobiliaria “370-0287803”, propiedad de la demandante (ver nums. 2.2 y 2.3).

En el sub examine, lo primero que advierte la sala es que la referida declaratoria de utilidad pública —alegada en la demanda— se efectuó únicamente en relación con el predio registrado con matrícula inmobiliaria 370-287803, es decir, aquél correspondiente al garaje 5 del edificio Granada y no respecto de todos los inmuebles que lo conforman, relacionados anteriormente, en el numeral 2.1; empero, es importante anotar que, de las demás pruebas obrantes en el expediente (ver nums. 2.5, 2.6, 2.8 y 2.9), se puede concluir que la verdadera intención del municipio de Cali era comprar el edificio en su totalidad y no, solamente, el referido garaje.

Ahora, si bien la parte actora señala que el edificio Granada se deterioró por el abandono que se produjo como consecuencia de la declaratoria de utilidad pública, para la Sala tal argumento no es de recibo, habida consideración de que está suficientemente demostrado que dicho inmueble se encontraba abandonado desde mucho antes de que se declarara de “utilidad pública”; al respecto, en la Resolución S003, del 14 de enero de 1997, se consignó que la edificación estaba “... abandonada hace algunos años sin ningún uso y con el consiguiente deterioro...” (ver num. 2.8), lo cual se encuentra corroborado con la declaración del señor Claudio Borrero Quijano (num. 2.9) y el dictamen pericial, del 7 de diciembre de 2000, en el cual se indicó que el edificio estaba “... desocupado desde 1993...” y se hallaba “... en mal estado por falta de mantenimiento y daños ocasionados por vandalismo” (num. 2.10). Dictamen este que, se reitera, no fue objetado por la parte actora.

Así las cosas, no se le puede endilgar responsabilidad a la entidad demandada, toda vez que el deterioro que sufrió el edificio no fue producto de la afectación que hizo el municipio de Cali, sino que, por el contrario, obedeció al descuido y abandono de la misma propietaria.

Por otro lado, la parte actora arguye que el edificio constituía la principal fuente de ingresos de los miembros de la sociedad demandante; por ende, la afectación de que fue objeto y la imposibilidad de venderlo a terceros le generaron graves perjuicios económicos.

La Sala no comparte esta última afirmación de la parte actora, toda vez que, si bien la intención de la entidad demandada era comprar la totalidad del edificio Granada, como se dejó en claro líneas atrás (ver, párr. 3 de este acápite), lo cierto es que tanto la declaratoria de utilidad pública y la anotación que hizo la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali recayeron únicamente sobre el garaje 5, de modo que no se afectó la situación jurídica o registral de los demás bienes que integran el edificio y, por consiguiente, no se restringió o limitó respecto de ellos el derecho de dominio de la parte actora, de suerte que tampoco se le impidió el comercio de tales bienes, máxime que, en los términos del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, la falta de anotación de la afectación la hace inexistente(20).

Aún más, de haberse afectado la situación registral de todos los bienes que hacen parte del edificio en mención, tal circunstancia no habría impedido el pleno ejercicio de los derechos reales sobre dichos predios, pues la inscripción de que trata el artículo 37 ejusdem (ver, pie de pág., párrafo anterior) no deja por fuera del comercio los “... bienes afectados y solo tiene efectos publicitarios”, según lo dispone el artículo 19 del Decreto 2400 de 1989(21).

Ahora, es justo decir que, si bien es cierto el municipio de Cali declaró como bien de utilidad pública el garaje 5 del edificio Granada, declaración que se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria 370-0287803, también es cierto que tal limitación no vulneró el núcleo esencial de la propiedad privada del extremo demandante, pues esta siempre mantuvo la oportunidad de explotarlo jurídica y económicamente durante los dos (2) años que duró la medida; por consiguiente, a juicio de la sala, se erigió en una carga soportable, en virtud de la función social y ecológica de la propiedad (C.N., art. 58), que “... todo propietario debe soportar por el hecho de serlo”. Al respecto, esta corporación ha sostenido:

“... le corresponde al demandante probar la imposibilidad o limitación jurídica o fáctica de explotación del bien de su propiedad por la declaratoria de afectación al interés general. Si de las pruebas aportadas al proceso el juez infiere que la afectación tiene efectos expropiatorios, es decir, imposibilita toda explotación jurídica o económica de la propiedad, se deberá indemnizar por la totalidad del valor del predio...; ahora bien, si de la naturaleza de la afectación y de lo probado por las partes en el proceso se encuentra que la limitación en el ejercicio de propiedad tiene carácter parcial o que el ordenamiento jurídico permite usos adecuados a la afectación y compensaciones tarifarias, esto se deberá tener en cuenta con el fin de establecer el alcance concreto de los perjuicios; finalmente, si la limitación derivada de la afectación resulta de naturaleza leve [como sucedió en este caso, pues la medida se mantuvo por un plazo inferior al permitido por la ley (L. 9ª/89, art. 37)], se deberá realizar un juicio más severo para determinar la existencia de un daño especial que deba ser indemnizado, por cuanto dichas afectaciones leves obedecen al ámbito normal de cargas que todo propietario debe soportar por el hecho de serlo” (resalta la Sala)(22).

En cuanto a la afirmación de que el edificio Granada constituía la principal fuente de ingresos de los miembros de la sociedad demandante, tal circunstancia tampoco se encuentra acreditada, por cuanto no se allegó ningún medio de prueba de ello, ni de una expectativa cierta de ganancias; en efecto, la parte actora no allegó los supuestos contratos de arrendamiento de los apartamentos, locales comerciales o garajes que hacen parte del inmueble y que, afirmó, no se pudieron “volver a arrendar” por causa de la declaratoria de utilidad pública.

A lo anterior se suma que tal actividad económica resulta ajena al giro de negocios de la sociedad demandante, pues el objeto principal de esta es la “... adjudicación, enajenación, importación, exportación, agencia, consignación, representación, distribución, la intermediación, venta como mayorista o detallista, la fabricación o transformación de materias primas o productos terminados, en especial lo relacionado con las confecciones de ropa interior y exterior para damas y niñas de las marcas ‘Paola’ y ‘Sweet Dreams’ en modelos exclusivos, el suministro de mano de obra, dirección y administración de proyectos de fabricación y las demás actividades relacionadas con las anteriormente mencionadas o que sean similares o complementarias”(23), actividades dentro de las cuales, como se ve, no está incluido el arrendamiento de bienes inmuebles, y que tampoco encuadra, a juicio de la Sala, como actividad que se relacione “con las anteriormente mencionadas” ni se ve que sea similar o complementarias en relación con estas.

Por último, la parte actora arguye que solicitó la “demarcación” del edificio, con el fin de realizarle una modificación estructural; no obstante, tal afirmación tampoco se encuentra probada en el proceso, pues el extremo demandante no acreditó haber formulado solicitud alguna en tal sentido.

Así, pues, comoquiera que no se encuentra demostrado el daño antijurídico alegado en la demanda, la Sala se abstendrá de analizar los demás elementos estructurales de la responsabilidad y, en consecuencia, confirmará la sentencia apelada.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 18 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Cuando se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26’390.000.oo (CCA, arts. 129 y 132, subrogados por el D. 597/88). En el presente asunto, la pretensión mayor asciende a $ 2.022’354.000.oo, solicitados en favor de la parte actora, por concepto de daño emergente.

(5) Folio 223, cuaderno 1.

(6) Folio 15, cuaderno 2.

(7) Folio 126, cuaderno 2.

(8) Folio 196, cuaderno 1.

(9) Folio 197, cuaderno 1.

(10) Folio 59, cuaderno 1.

(11) Folio 62, cuaderno 1.

(12) Fl.75, cuaderno 1.

(13) Folio 75, cuaderno 1.

(14) Folio 72, cuaderno 1.

(15) Folio 9, cuaderno 2.

(16) Folio 229, cuaderno 2.

(17) Al respecto consultar, entre otras, la sentencia de 5 de diciembre de 2006, Expediente 28459.

(18) Este artículo (sin la sustitución que introdujo la L. 388/97) contemplaba: “Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara la utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles urbanos y suburbanos para destinarlos a los siguientes fines:

“a) Ejecución de planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado;

“b) Ejecución de planes de vivienda de interés social;

“c) Preservación del patrimonio cultural, incluidos el histórico y el arquitectónico en zonas urbanas y rurales;

“d) Constitución de zonas de reserva para el desarrollo y crecimiento futuro de las ciudades;

“e) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y de los recursos hídricos;

“f) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los campos de la salud, educación, turismo, recreación, deporte, ornato y seguridad;

“g) Ejecución de proyectos de ampliación, abastecimiento, distribución, almacenamiento y regulación de servicios públicos;

“h) Sistemas de transporte masivo de pasajeros, incluidas las estaciones terminales e intermedias del sistema;

“i) Funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades a las cuales se refiere el artículo 11 de la presente ley, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y las de las sociedades de economía mixta;

“j) Ejecución de obras públicas;

“k) Provisión de espacios públicos urbanos;

“l) Programas de almacenamiento, procesamiento y distribución de bienes de consumo básico;

“ll) Legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales;

“m) Reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo y rehabilitación de inquilinatos;

“n) Ejecución de proyectos de urbanización o de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificados, y

“o) Ejecución de proyectos de integración o readaptación de tierras” (resalta la Sala).

(19) “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.

“Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca...” (C.C., art. 665).

(20) Dicha norma establece:

“Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta un máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia. El registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho.

“En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de nueve (9) años.

“La entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta celebrará un contrato con el propietario afectado en el cual se pactará el valor y la forma de pago de la compensación debida al mismo por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La estimación de los perjuicios será efectuada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones, en los términos previstos en la presente ley.

“Para los efectos de la presente ley, entiéndase por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental” (se resalta).

(21) Dicha norma establece: “La inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, no deja fuera del comercio bienes afectados y solo tiene efectos publicitarios” (se resalta).

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, radicado 1993-04137 01, interno: 21906, actor: Hernando Morales Silva y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Folio 3 y 3 Vto., cuaderno 1.