Sentencia 1998-00656 de enero 24 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 25000-23-26-000-1998-00656-01(18190)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle De De La Hoz

Actor: Arturo Infante Villareal y otros

Demandado: Nación-rama judicial

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veinticuatro de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: « Consideraciones

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 23 de junio de 1999, pues, el monto de la pretensión mayor para la época en que fue presentada la demanda supera el exigido para que el proceso tenga vocación de doble instancia(15).

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida, el 04 de noviembre de 1999 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La competencia de la Sala se limitará a desatar el recurso interpuesto por la parte actora, y no entrará a revisar íntegramente la decisión apelada, en razón a que no se dan los supuestos del grado jurisdiccional de consulta(16).

En todo caso, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto de recurso. La Sala se limitará al estudio de dichos argumentos, y por esa razón no entrará a estudiar cada uno de los elementos que comprometen la responsabilidad de la administración. Aunque, sin perjuicio de lo dicho, es claro que el asunto se gobernó bajo el régimen de responsabilidad subjetiva por falla probada del servicio en el entendido de que el hecho dañoso resulta imputable a la entidad pública condenada.

Las pruebas documentales incorporadas al proceso en las distintas oportunidades procesales, serán tenidas en cuenta por cumplir los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, lo que de suyo permite a la luz de las normas procesales su valoración probatoria.

La condena apelada

La condena impuesta en primera instancia fue en total de doscientos (200) gramos oro para el doctor Arturo Infante Villarreal y cien (100) gramos oro para su cónyuge.

Ahora como la apelación del actor se formuló por reparo respecto a la condena impuesta, esta sala entrará a determinar la procedencia de su reajuste.

La Constitución Política consagró como fundamentales los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la libertad personal, en las siguientes normas:

“ART. 15.—Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivo de entidades públicas y privadas (...).

ART. 28—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (...)”.

Sobre ese punto la Corte Constitucional, en innumerables pronunciamientos, ha manifestado que, en principio, tienen prevalencia los derechos a la intimidad y al buen nombre sobre el derecho a la información, que los primeros son una consecuencia obligada del reconocimiento de la dignidad de la persona humana como valor fundamental y esencial del Estado social de derecho.

También ha expresado que el derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque se construye por el merecimiento de la aceptación social, en otras palabras, gira alrededor de la conducta que observe la persona en el desempeño de su rol dentro de la sociedad, la cual evalúa su comportamiento y sus actuaciones frente a unos patrones de admisión de conductas en el medio social, y al calificarlos reconoce su proceder honesto y correcto(17).

“Como no hay derecho a la reducción en la apreciación del daño, porque no existen conductas imprudentes de la víctima eficientes, coetáneas con las conductas falentes de la Nación, la Sala debe revisar la cuantificación de los perjuicios morales que hizo el a quo.

Respecto del perjuicio moral, de la experiencia humana se presume judicialmente —presunción de hombre— que la víctima, así como los demás demandantes (madre, hijas y hermanos) sufrieron dolor moral.

• La víctima directa porque padeció antijurídicamente la pérdida de su libertad que le limitó el derecho constitucional de locomoción y le lesionó el buen nombre, al publicarse la noticia de haber sido aprehendida por estar vinculado a un proceso penal; y

• Las víctimas indirectas (familiares hija, madre, hermanos) porque al ser sus parientes en la primera célula de la familia, de contera padecieron antijurídamente aflicción los hechos falentes de la Nación”(18).

Lo probado en el proceso

Obran dentro del expediente las siguientes pruebas:

1.Copia de las providencias T-172 de 1993 y T-554/9 de la Corte Constitucional; sentencia 31 de mayo de 1996, expediente T- 100917 de la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia; sentencia de 25 de abril de 1996, expediente de T 98282 de la Sección Primera del Consejo de Estado; providencia de 30 de enero de 1996 de la Sala Plena del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá; providencia de 2 de octubre de 1995 del Juzgado 52 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá; y auto del 24 de febrero de 1997 de la unidad de fiscales ante los tribunales de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca.

2. Copia del acta de presentación de 9 de febrero de 1996.

Tal documento debe reputarse como auténtico al tenor del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991.

3. Copia del registro civil de matrimonio del doctor Infante con la señora Sonia Duran Smela.

4. Copia del registro civil de Elsa Graciela Infante y Roberto Infante hermanos del demandante, así como el de este” (fls. 2 y 3 cdno. 2).

La Sala se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre el punto relativo a que los familiares de los detenidos, ilegalmente, padecen perjuicio moral. Así en sentencia de 30 de marzo de 1990 expresó:

“En efecto, como lo demuestran los testimonios, y como lo corrobora la lógica misma, cada uno de los miembros del grupo familiar sufrió una afrenta en su patrimonio moral. El padre, por verse injustificadamente detenido, y por haber debido soportar unos hechos para él bochornosos, no sólo por la imagen que fue proyectada a su familia, sino por aquella que fue proyectada a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. La madre y los hijos, por haber tenido que soportar la merma de su patrimonio moral, dentro del cual obviamente también se encuentra la reputación familiar. Se ha demostrado por demás, que a ellos la falla del servicio les causó congoja, pesadumbre, al encontrarse ante una situación a todas luces angustiante.

Pero, si bien se da por establecido el perjuicio moral para todos los componentes del grupo familiar, estima la Sala que su tasación no puede hacerse en forma similar para todos ellos, puesto que, como lo ha afirmando la jurisprudencia nacional, ‘si se admite, como es necesario admitir las diferencias de grados, es natural que la reparación de los daños busque una equivalencia más o menos aproximada para que la justicia no pierda su naturaleza de dar a cada uno lo que es suyo’ (CSJ, Sala de negocios generales, dic.13/43, G.J., tomo LVI, Nº 20001 - 2005, pág. 668)”(19).

Por consiguiente, cuando se atenta contra la honra y el buen nombre de la persona detenida su familia también se afecta.

“Esa afectación en sus grados no es idéntica para todos los demandantes:

• Es mayor para la víctima directa, señora Dyomar López y

• Es menor para los demás demandantes. Pero como estos, unos son la progenitora e hijas de aquella y los demás son los hermanos, se reiterará la jurisprudencia sobre el daño moral, la cual enseña que por el grado de cercanía es mayor la sufrida por los padres y los hijos que la de los hermanos.

Por lo anterior, la Sala estima que la indemnización debe ser, en pesos colombianos a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de los siguientes gramos de oro:

• a Dyomar López de Alzate, 400 gramos oro;

• a María Zair Jaramillo viuda de López, Sandra Liliana y Mónica Alzate López (madre e hijas), 200 gramos oro para cada una de ellas; y

• a Eduardo López Jaramillo y Gladys López de Sanz (hermanos), 100 gramos de oro para cada uno”(20).

Modificación de gramos oro a salario mínimo legal, valor de la condena

En cuanto la condena impuesta lo fue en gramos de oro, para calcularla en salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues en lo que se refiere a la cuantía de las indemnizaciones por perjuicios morales, debe recordarse que de acuerdo con lo expresado en sentencia del 2001, esta Sala abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas en salarios mínimos legales mensuales, lo cual impone modificar en este aspecto la sentencia de primera instancia. Ver sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente: 13.232-15.646. Consejero ponente Alier Hernández Enríquez.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(21).

Teniendo en cuenta que el señor Arturo Infante Villarreal estuvo privado de la libertad durante 16 días, y que dicha medida le produjo a este y a sus seres queridos mucha angustia e incertidumbre, la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto condenó a la Nación al pago de perjuicios morales, pero lo hará en salarios mínimos atendiendo a los parámetros atrás señalados. En consecuencia, la demandada deberá reconocer al señor Arturo Infante Villarreal la suma de: 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el cónyuge y la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Elsa Graciela Infante y Roberto Infante para cada uno de ellos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 04 de noviembre de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; en su lugar,

2. CONDÉNASE a la Nación Colombiana, Rama Judicial, Dirección Nacional de Administración Judicial, a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Para Arturo Infante Villarreal, la suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para la cónyuge de Arturo Infante Villarreal, la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para Elsa Graciela Infante y Roberto Infante, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos.

3. Sin costas.

4. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.

Aclaración de voto

Aunque compartí la decisión adoptada en sentencia de 24 de enero de 2011, me permito aclarar voto en cuanto a los siguientes aspectos: 1) determinar la procedencia del reajuste a partir de los derechos a la intimidad y buen nombre, cuando se compromete la libertad personal, y; 2) la tasación de los perjuicios, especialmente morales.

1. Determinar la procedencia del reajuste a partir de los derechos a la intimidad y buen nombre, cuando se compromete la libertad personal.

El reajuste que se examina en el fallo es limitado en su argumentación, razón que me lleva a disentir y formular las siguientes consideraciones:

Cuando se está en presencia de la privación injusta de la libertad, por conexidad surge una afectación a derechos fundamentales de la persona como al buen nombre y a la honra, que ligados a aquel potísimo de la libertad personal, exigen reparar no sólo la esfera material, sino también aquella propia a la personalidad y reconocimiento de la persona.

De esta manera, cuando se produce la detención de una persona y está se publifica (sic), o la persona tiene cierto reconocimiento personal, profesional o social, puede verse vulnerado su derecho al buen nombre, en atención a la alteración que sufre su reputación, al concepto que los demás tienen de ese individuo, socavando de manera directa su dignidad, como atributo intrínseco de esta(1). Se produce, sin duda, una distorsión no sólo en la imagen, sino también en la valoración social, el respeto profesional y la credibilidad personal, lo que hace necesario indagar si estos elementos han sido lesionados como consecuencia de la privación injusta, o incluso de la determinación de los hechos como no constitutivos de delito(2), de manera que se pueda cumplir con el principio de reparación integral.

Así mismo, ante la privación injusta de una persona es necesario indagar si se produce la vulneración del derecho a la honra, ya que puede haber comprometido la estimación personal y profesional, o la deferencia social, que en razón de la dignidad humana, se puede tener por los miembros de la colectividad que tienen conocimiento y trato permanente, periódico, e incluso ocasional con la persona objeto de la privación injusta. Para ello, y siguiendo el precedente de la Corte Constitucional, se considera que la,

“... honra es un derecho fundamental de todas las personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del estado a partir de esa consideración de la dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la honra, la Corte en sentencia señaló que del mismo hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta”(3).

La protección de los anteriores derechos se revela no sólo por medio de las acciones constitucionales, específicamente, de la acción de tutela, sino que en sede de la acción de reparación directa (siguiendo los instrumentos jurídicos internacionales) y, concretamente, cuando se está frente a una situación de privación injusta de la libertad, dicha protección también tiene asidero, de manera que se garantice su efectividad, que puede traducirse en la posibilidad de ser reparado, compensado, o desagraviado, de tal manera que se permita recomponer las condiciones previas que había alcanzado el titular de estos derechos.

Luego, cuando se está ante un asunto en el que un ciudadano ha sido objeto de privación injusta de la libertad, debe operar la cláusula del Estado Social de Derecho (que Böckenforde resalta) según la cual la garantía de los derechos se hace teniendo como eje la dignidad humana y a la persona como paradigma, de manera que la vulneración de derechos intrínsecos e inherentes a la dignidad deben ser objeto de protección y de reparación cuando a ello haya lugar(4).

Sin embargo, para corresponderse con el principio de congruencia debió advertirse en el fallo que si bien el ajuste podría proceder con base en la vulneración por conexidad de los derechos al buen nombre y a la honra, a este no podría accederse puesto que la parte actora en la demanda no solicitó de manera autónoma y concreta la indemnización por la violación de tales bienes jurídicos constitucionales, puesto que de lo contrario se podría dejar la percepción que el juez estaría incurso en un exceso en el uso de sus facultades, sin desconocer el mérito que cabe reconocer a la indemnización por los daños irrogados como consecuencia de la vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra(5).

2. La tasación de los perjuicios, especialmente morales.

Es oportuno señalar, que si bien a partir de 2001 la jurisprudencia ha venido aplicando como criterio de estimación de los perjuicios el salario mínimo mensual legal vigente de los perjuicios morales, no deja de seguir siendo un criterio que puede suponer un ejercicio discrecional (arbitrio iudicis) del juez de tasar los perjuicios morales, sin lograrse, aún, la consolidación de criterios objetivos en los que pueda apuntalarse la valoración, estimación y tasación de dichos perjuicios, con lo que se responda a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben operar para el juez como centro de atención, lo que hasta el momento ha sido defendido por la Sala al afirmar la existencia de “cierta discrecionalidad”, ya que el criterio determinante está radicado en la intensidad del daño moral, que usualmente se demuestra con base en las pruebas testimoniales las cuales arrojan una descripción subjetiva de quienes, por la cercanía, conocimiento o amistad deponen en la causa, restando objetividad a la determinación de dicha intensidad del daño moral.

En este sentido dejo presentada mi aclaración de voto.

Fecha ut supra

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

(15) Para el 29 de enero de 1998 fecha en que fue presentada la demanda, 3000 gramos de oro equivalían a $ 13.103.49,oo m/cte., y la cuantía exigida en esa fecha, para que un proceso tuviera vocación de doble instancia de conformidad con el Decreto 597 de 1988, era de $ 8.850.000.

(16) “ART. 184—Código Contencioso Administrativo, Consulta. <Subrogado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.

Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior.

En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.

La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común.

La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado.

(17) Sentencia SU 56 de 16 de febrero de 1995. Actor Rosmery Montoya Salazar y otros.

(18) Consejera ponente: María Elena Giraldo Gomez Santa Fe de Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio dos mil (2000). Rad.: 12641

(19) Expediente 3.510, demandante Luis Alberto Cifuentes Lindarte

(20) Consejera ponente: María Elena Giraldo Gomez Santa Fe de Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio dos mil (2000). Rad.: 12641

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros, William Alberto González y otra.

(1) Corte Constitucional. Sentencia T-787 de 2004.

(2) Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002. Puede verse también los siguientes precedentes jurisprudenciales: sentencias C-026, C-060 y C-063 de 1994 y T-679 de 2005. En cuanto al derecho a la honra en sede del precedente jurisprudencial de la Sala, puede verse: sentencias, Sección Tercera, de 17 de junio de 2004, Exp.15183; de 29 de enero de 2009, Exp. 16576 y; de 28 de mayo de 2009, Exp. AC-1091.

(4) Se encuentra sustento en el precedente de la Corte Constitucional. Sentencia T-499 de 1992.

(5) Sentencia de 9 de junio de 2010. Exp. 19283.