Sentencia 1998-00675 de septiembre 2 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Ref.: Expediente 150012331000199800675-01

Autoridades municipales

Actor: Mario Alirio Camargo Cabra

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los actos acusados.

Copia auténtica de los actos acusados obran a folios 9 a 12 del cuaderno principal y expresan lo siguiente:

“RESOLUCIÓN 9 DE 1998

(Marzo 13)

“Por la cual se suspende una obra y se ordena parte de la demolición de la misma”.

La suscrita Secretaria de Gobierno Municipal, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, artículo 104, y debidamente facultada por el Decreto 117 del 20 de abril de 1995 y,

CONSIDERANDO

1. Que el señor Marco Alirio Camargo Cabra adelanta obra de construcción en el predio ubicado en la carrera 21 Nº 14-08, jurisdicción del municipio e Duitama, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acuerdo 23 de 1994.

2. Que la Secretaría de Planeación Municipal realizó inspección ocular al predio mencionado... y nos informa que se está construyendo sin dar cumplimiento a lo establecido en la demarcación Nº 322 con referencia al paramento establecido para este sector. Vale decir, que la obra se construye fuera del paramento por la calle 14 en una extensión de 0.60 mts.

3. Que en la diligencia de descargos rendidos por el señor Mario Alirio Camargo manifestó. “yo no vi la demarcación porque eso tenía 12.20 y el plano dice que 11.80 y así esta como dice el plano...”.

4. Que el Acuerdo 23 de 1994 prevé las sanciones a aplicar en estos casos.

RESUELVE:

ART. 1º—Suspéndase la obra de construcción que adelanta el señor Mario Alirio Camargo Cabra en la carrera 21 Nº 14-08 de esta ciudad.

ART. 2º—Ordenar la demolición de obra que se construye fuera de paramento por la calle 14 en una extensión de 0. 60 mes.

ART. 3º—Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

ART. 4º—Continuar con el trámite del presente proceso.

Notifíquese y cúmplase

Dolores Rojas Pérez

Secretaria ejecutiva”.

La Resolución 18 de 27 de abril de 1998, por su parte, decidió el recurso de reposición contra la resolución transcrita, confirmándola, por considerar probada la violación de las normas allí señaladas.

En la demanda se solicitó igualmente la nulidad de la comunicación de 5 de mayo de 1998, proferida por la secretaría de gobierno del municipio de Duitama, porque habría suspendido y ordenado la demolición de la obra construida en terreno de propiedad del actor.

Al examinar dicho oficio la Sala constató que no contiene decisión alguna y se limita a informarle al actor la decisión contenida en las resoluciones demandadas. En consecuencia, no procede enjuiciar su legalidad.

3. Estudio y decisión del recurso de apelación.

3.1. El demandante cuestionó al a quo por inhibirse de decidir de fondo en vista de que la demanda no explicó el concepto de la violación de las normas citadas como violadas.

Afirmó que sí explicó dicho concepto y que aún si no lo hubiera hecho debe aplicarse el criterio contenido en la Sentencia C-197 de 1999 de la Corte Constitucional, según la cual cuando dentro de un proceso en el que se pretenda la nulidad de un acto administrativo el juez advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata deberá proceder a su protección aunque la demanda no hubiera cumplido con el requisito de señalar la norma violada y el concepto de la violación y cuando advierta incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica deberá aplicar el artículo 4º de la Constitución.

Aseveró que en aplicación de dicho criterio se debe declarar en este proceso que los actos acusados violaron sus derechos a la propiedad, la igualdad y la dignidad humana.

3.2. A juicio de la Sala el demandante reclama fundadamente un pronunciamiento de fondo en lugar de la inhibición del a quo por las siguientes razones:

Esta corporación ha sostenido de manera reiterada el criterio según el cual el requisito de la demanda exigido por el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, se cumple cuando se señalan las normas violadas aunque dichas normas estén derogadas o no resulten aplicables al caso y la exigencia de explicar el concepto de la violación se entiende cumplida aunque a la explicación ofrecida le falte claridad, sea incoherente, insuficiente o carezca de rigor.

En tales casos no falta el requisito previsto en el artículo 137-4 ni puede calificarse la demanda como inepta a efectos de justificar un fallo inhibitorio.

La consecuencia que debe sufrir quien formula una demanda que tenga ese tipo de defectos es la improsperidad de las pretensiones pues la jurisdicción contencioso administrativa tiene carácter rogado y por ello los jueces están obligados a decidir atendiendo el marco de la litis fijado en la demanda. Si las normas que se citan como violadas no resultan aplicables al caso o si el concepto de la violación no se explica adecuadamente, así debe declararlo el juez y con base en esa consideración despachar desfavorablemente las pretensiones(1).

La demanda en estudio contiene un acápite en el que se señalan de modo expreso como normas violadas los artículos 62 a 67 de la Ley 167 de 1941 y la Ley 43 de 1946, así como los artículos 2º, 13, 21, 23, 29 y 90 de la Constitución Política, y en otro capítulo expresa el concepto de la violación, razón suficiente para considerar satisfecha la exigencia del artículo 137-4 del Código Contencioso Administrativo, comentado y estudiar de fondo las acusaciones contenidas en el libelo.

Estudio de fondo de los cargos.

3.3.1. El demandante afirmó que los actos acusados violaron los artículos 62 a 67 de la Ley 167 de 1941.

La Ley mencionada regulaba la “organización de la jurisdicción contencioso-administrativa”(2), y fue modificada por el actual Código Contencioso Administrativo.

Dichas normas se limitaban a instituir el control judicial de legalidad de los actos de la administración y a definir las acciones de nulidad y de restablecimiento del derecho y aunque pudiera aducirse que conservan parcialmente su vigencia porque parte de su contenido normativo fue recogido en el Código Contencioso Administrativo vigente, esta discusión no es relevante porque no figura descrito en la demanda ni probado en el proceso hecho alguno que pudiera vulnerarlos. En consecuencia el cargo relacionado con su presunta violación no tiene vocación de prosperidad.

3.3.2. El demandante sostuvo, por otra parte, que los actos acusados violaron la Ley 43 de 1946.

Esta acusación no prospera en consideración a su vaguedad pues el demandante no señaló los apartes de su contenido que pudieron ser violados por los actos acusados ni precisó hecho alguno en la demanda que guardara relación con su violación.

3.3.3. En cuanto a los cargos de violación de las normas constitucionales señaladas en la demanda, advierte la Sala que se sustentó el relacionado con el principio de igualdad, con el argumento de que al único propietario de inmueble del sector al que se le aplicó la medida de suspensión y demolición de la obra por invadir el espacio público fue al demandante pese a que otras construcciones estaban en la misma condición.

Este reproche no es de recibo porque, como lo sostuvo esta Sección en un caso semejante al que ahora ocupa su atención “en un Estado de Derecho la igualdad frente a la ley puede invocarse para reclamar que la ley se aplique de la misma manera a todos sus destinatarios, pero en ningún caso para reclamar que las autoridades prodiguen un trato igualmente ilegal para todos, como pretende el apelante. Para que el principio de igualdad opere plenamente en un caso como el planteado por la demandante la autoridad pública debe aplicar las normas urbanísticas frente a todos sus infractores”(3).

Como el actor no pretende la aplicación de las normas urbanísticas en igualdad de condiciones a todos sus destinatarios sino que dejen de aplicarse a todos aquellos que las infringen, en aplicación del criterio descrito en el párrafo anterior el cargo no prospera.

3.3.4. El actor afirmó en la demanda que la secretaría de gobierno de la entidad demandada violó su derecho al debido proceso porque carecía de competencia para ordenar la suspensión y demolición de obras que ocuparan el espacio público, dado que esa competencia correspondía a la secretaría de planeación; además no siguió un procedimiento que le permitiera ejercer su defensa y hacer valer las pruebas que habían servido de fundamento al acto administrativo que le autorizó la construcción en el año 1997.

Este cargo tampoco prosperará porque el demandante no señaló las normas que establecen las funciones de las secretarías de planeación y gobierno y no allegó al proceso los acuerdos y demás disposiciones del orden municipal que regulan la estructura y funciones de esta última secretaría, para poder establecer si ella tenía o no la competencia para suspender y ordenar la demolición de construcciones que ocuparan el espacio público.

Además, no señaló en el libelo las normas legales que establecen el procedimiento que, en su opinión, debió aplicarse en su caso y pudo resultar vulnerado por la administración, y aunque se quejó de no haberse podido defender, lo cierto es que los actos acusados dan cuenta que al actor se le pidieron explicaciones en torno a la ocupación del espacio público, pudo participar de una inspección sobre la obra que ejecutaba y defendió sus intereses mediante un recurso de reposición que fue decidido en su contra.

Lo manifestado en los actos acusados está corroborado por el auto de 20 de enero de 1998 donde la secretaría de gobierno ordena citar al actor para que rinda descargos y dispone efectuar las demás diligencias orientadas a esclarecer los hechos; el oficio de 16 de enero de 1998 donde se cita efectivamente al actor para que rinda sus descargos; y la diligencia de descargos rendida efectivamente por este el 29 de enero de 1998; además del recurso de reposición presentado contra la Resolución 9 de 13 de marzo 1998 acusada, documentos todos obrantes en el expediente administrativo que remitió al proceso la parte demandada.

La legalidad y veracidad de los actos administrativos se presumen y la carga de desvirtuarlas corresponde al actor. Como este no las desvirtuó debe asumir las consecuencias desfavorables de su omisión.

3.3.5. El actor afirmó que los actos acusados están falsamente motivados porque consideraron que no había cumplido los requisitos para obtener la licencia que le fue expedida en el año 1997 y que existía un “Cartel” en la Secretaría de Planeación de Duitama que hacía presumir la ilegalidad de sus actos.

Este cargo no prospera porque los actos acusados no expresan en parte alguna los motivos que le atribuye el actor.

3.3.6. Finalmente, como en el proceso no está probada la violación de los derechos constitucionales fundamentales invocados en la demanda, la Sala considera innecesario debatir acerca de la aplicabilidad en este caso de los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-197 de 1999, según los cuales procede decretar la nulidad de los actos demandados cuando encuentre demostrada la violación de derechos constitucionales fundamentales, aunque en las demandas no se haya señalado la norma violada y el concepto de la violación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia apelada en cuanto se inhibió de decidir de fondo las pretensiones de la demanda. En su lugar, SE DENIEGAN dichas pretensiones.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Sentencias de 11 de marzo 1999, radicación 1847; de 28 de noviembre de 1995, radicación, 1471 y de 27 de octubre de 2005, expediente 3678, entre otras de la Sección 5ª.

(2) Ley 167 de 1941, diciembre 24. Diario Oficial 24.853, de 7 de enero de 1942. Sobre organización de la jurisdicción Contencioso-administrativa. (...) ART. 62.—Podrán ser acusados ante el Consejo de Estado o ante los tribunales administrativos, según las reglas de competencia señaladas en los dos anteriores Capítulos, los decretos, resoluciones y otros actos del gobierno, los ministros y demás funcionarios, empleados o personas administrativas, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad. Cuando un acto de carácter particular ha sido proferido por un funcionario, empleado o persona administrativa del orden nacional, y con él se viola un reglamento ejecutivo, habrá lugar a recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. ART. 63.—Las ordenanzas y demás actos de las asambleas departamentales serán acusables por violación de la Constitución, la ley o el reglamento ejecutivo. Los decretos, resoluciones y otros actos de los gobernadores son acusables por los mismos motivos y, además, por violación de las ordenanzas. Por las mismas causas y también por violación de los decretos y reglamentos de los gobernadores serán acusables los actos de carácter particular de las autoridades, funcionarios o personas administrativas del orden departamental. ART. 64.—Los decretos, resoluciones y otros actos de los intendentes y comisarios son anulables en los mismos casos y por los mismos motivos que las ordenanzas departamentales. ART. 65.—Son acusables igualmente los acuerdos y otros actos de los concejos municipales en el concepto de ser contrarios a la Constitución, la ley, el reglamento ejecutivo, las ordenanzas departamentales o los reglamentos del gobernador. Los actos de las autoridades, funcionarios o personas administrativas del orden municipal serán anulables por los mismos motivos y, además, por violación de los acuerdos de los concejos. ART. 66.—Toda persona puede solicitar por si o por medio de representante la nulidad de cualesquiera de los actos a que se refieren las anteriores disposiciones, por los motivos en ellas expresados. Esta acción se llama de nulidad y procede contra los actos administrativos, no sólo por estos motivos, sino también cuando han sido expedidos en forma irregular, o con abuso o desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que las profiere. ART. 67.—La persona que se crea lesionada en un derecho suyo establecido o reconocido por una norma de carácter civil o administrativo podrá pedir que además de la anulación del acto se le restablezca en su derecho. La misma acción tendrá todo aquel que se hubiere hecho parte en el juicio y demostrado su derecho.

(3) Sentencia de 25 de marzo de 2010, expediente 199901727 01.