Sentencia 1998-00680 de marzo 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SECCIÓN C

Rad.: 15001-23-31-000-1998-00680-01 (25.326)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: José Nicolás Rodríguez Sánchez

Demandado: municipio de Tunja

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 13 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

1. Previo a resolver de fondo, debe precisarse que solo una de las partes —entidad demandada—, impugnó la providencia de primera instancia, de allí que, la Sala resolverá a partir de lo señalado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, es decir, abordará el estudio respecto a lo que sea desfavorable al apelante sin modificar la decisión en lo que no fue objeto del recurso.

Ahora bien, conforme lo ha señalado la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado(1), la competencia del juez de la segunda instancia está limitada a los motivos de inconformidad que exprese el recurrente en el escrito de apelación, de allí que, en el asunto sub examine esta subsección se restringirá a los argumentos señalados por la entidad territorial demandada, en el recurso.

De otro lado, la Sala Plena de la Sección Tercera también se pronuncio recientemente(2) sobre la facultad de los agentes o delegados de la Procuraduría General de la Nación, en la intervención dentro de los procesos adelantados en esta jurisdicción, y concluyó que “no son terceros frente al trámite sino que ostentan la condición de parte y, por lo tanto, como sujetos procesales su interés recae sobre la protección del patrimonio público, el orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales”.

Así las cosas, comoquiera que la entidad demandada se limitó en el recurso de apelación a señalar que no era responsable del daño alegado y, de otra parte, el Ministerio Público consideró que si bien la sentencia debía de ser confirmada la condena debía ser revisada, se resolverá a partir de lo expresado por el recurrente en el escrito allegado en esta instancia y adicionalmente, se tendrá en cuenta lo señalado por el procurador delegado en su concepto, si es del caso confirmar la condena.

2. De otra parte, en relación con el proceso penal adelantado por el demandante por el delito de estafa, debe precisarse que él fue quien solicitó esta prueba en la demanda (fl. 28, cdno. 1), y el a quo, en proveído del 28 de julio de 1999 la decretó (fl. 50, cdno. 1) y el Juzgado Primero Penal de Tunja lo allegó el 25 de agosto de 2000; si bien, es cierto que la entidad demandada no coadyuvó la solicitud, se valorará y tendrá en cuenta, como se ha considerado de manera reiterada por la Sala, pues ha obrado en el proceso desde que fue decretada en el auto que abrió el período probatorio, surtiéndose así el principio de contradicción

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

En el caso sub examine, por ejemplo, la parte demandada pudo controvertir y tachar la prueba documental, es más, las razones de inconformidad que motivaron la apelación, no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que obran en el proceso sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada(3).

3. Ahora bien, conforme a lo solicitado en el libelo demandatorio, el actor configuró el hecho dañoso en la pérdida del vehículo de placas QFL 859, que adquirió teniendo como respaldo un certificado de tradición en el que constaba su historial sin ninguna anormalidad.

En este orden de ideas, se analizará el acervo probatorio allegado al expediente, con el fin de determinar si la pérdida del vehículo configuró un hecho dañoso y si este se puede derivar de alguna actuación imputable a la entidad demandada. En efecto, de las pruebas que obran en el proceso, están demostrados los siguientes hechos:

3.1. De acuerdo a la certificación del 10 de octubre de 1996, expedida por la jefe de la sección de trámites de la dirección de tránsito y transporte de la alcaldía de Tunja, el vehículo de placas QFL 859, era de propiedad de la señora María Cecilia Martínez Moreno. En efecto, allí se indicó lo siguiente:

“... Revisados los archivos quese (sic) llevan en esta dirección, aparece inscrito(a) el señor(a): MARTÍNEZ MORENO MARÍA CECILIA, portadora de la cédula de ciudadanía 41.790.995 expedida en la ciudad de Santafé de Bogotá, residente en la calle 18 Nº 9-74 Tunja.

“Como única propietaria del vehículo de placas: QFL-859 desde el día 9 de octubre de 1996 hasta la actualidad.

“CARACTERÍSTICAS:

“PLACAS: QFL-8T59 MARCA: TOYOTA LÍNEA: F3-43 MODELO: 1982 CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO COLOR: BEIGE Y BLANCO Nº DE MOTOR: 2F­544890 Nº CHASIS O SERIE: FJ43-67910 Nº DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN O ACTA DE REMATE: 156106048902209334 CALI 19 DE MAYO DE 1994.

“LIMITACIONES A LA PROPIEDAD: NINGUNA

“OBSERVACIONES: NO REGISTRA PENDIENTES NI EMBARGOS JUDICIALES A LA FECHA.

“Se expide en la ciudad de Tunja, a los diez (10) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996)...” (mayúsculas en original) (fl. 21, cdno. 1).

3.2. Asimismo, según el acta de adjudicación 1561-0604 del 19 de mayo de 1994, y la constancia expedida por el Banco Popular el 4 de octubre de 1996, a la señora María Cecilia Martínez Moreno se le adjudicó un vehículo “CAMPERO MARCA TOYOTA LÍNEA FJ43 AÑO 1982 TIPO CABINADO COLOR BEIGE Y BLANCO SERIE Y CHASIS FJ43-67910 MOTOR 2F-544890” (mayúsculas en original) (fls. 10 y 17, cdno. 3).

3.3. Igualmente, se allegaron los recibos de pago efectuados el 9 de octubre de 1996, en los que se acredita la cancelación de la matrícula definitiva y los impuestos de timbre, rodamiento y semaforización (fls. 18 y 19, cdno. 1).

3.4. De acuerdo al formulario único nacional del Ministerio de Transporte, el 10 de octubre de 1996, se realizó el traspaso del vehículo de placas QFL 859, entre los señores María Cecilia Martínez Moreno —antigua propietaria— y el señor José Nicolás Rodríguez Sánchez —nuevo propietario— (fl. 2, cdno. 1).

3.5. Conforme a la licencia de tránsito 94-972085, expedida el 10 de octubre de 1996, el señor José Nicolás Rodríguez Sánchez era propietario del vehículo tipo campero, beige y blanco, de placas QFL 859, marca Toyota, de servicio particular. (fl. 8, cdno. 3).

3.6. Además, se allegó copia de la póliza de seguro de daños corporales causados a personas en accidente de tránsito, en donde consta que el tomador es el señor José Nicolás Rodríguez Sánchez y el vehículo amparado se identifica con las placas QFL 859 (fl. 6, cdno. 1).

37. Igualmente, obran varias facturas que corresponden a reparaciones, arreglos y mantenimiento realizados al automotor de placas QFL 859 (fls. 7 a 12, cdno. 1).

3.8. De otro lado, el 20 de noviembre de 1997, la Policía Nacional inmovilizó el vehículo de placas QFL-859 en la finca del señor José Nicolás Rodríguez Sánchez en el municipio de Samacá, con fundamento en la información del banco de datos de la Sijin en donde constaba que el automotor había sido robado según la denuncia formulada por el señor Otilio Gaviria (fl. 4, cdno. 1 y fl. 28, cdno. 3).

3.9. El 22 de diciembre de 1997, el Banco Popular remitió un oficio dirigido a la Dirección de Tránsito y Transporte de Tunja, en el cual señalaba que el acta de adjudicación 1561-0604 no fue expedida por dicha entidad. En efecto, allí se afirmó:

“... recibida la fotocopia del acta de adjudicación 1561-0604, nos permitimos informarle que esta no corresponde a documento alguno expedido por el Martillo del Banco Popular. Para el 19 de mayo de 1994 no efectuamos remates por cuenta de valorización departamental del Valle del Cauca. Igualmente las características del formato no coinciden con las emitidas por esta gerencia.

“Además le queremos recordar para próximas oportunidades, para expedir certificación de las actas, es necesario la presentación del original del documento; este requisito se implantó a nivel nacional debido a la falsificación de actas” (fl. 54, cdno. 3).

3.10. El 21 de noviembre de 1997, el señor José Nicolás Rodríguez Sánchez, presentó denuncia penal por la presunta comisión del delito de estafa, en contra de los señores Lizandro Yanquen Joya y Ricaurte Rincón Castaño (fls. 2 y 3, cdno. 3).

3.11. El 14 de marzo de 2000, la Fiscalía Doce Delegada de Tunja, profirió resolución de acusación en contra de Gonzalo Enrique Botero Sáenz, como coautor de los punibles de falsedad material de particular en documento público y su uso, en concurso con el de estafa y receptación (fls. 268 a 281, cdno. 3).

3.12. El 28 de octubre de 1997, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira(4), condenó a los señores Ricaurte Rincón Castaño, Gonzalo Enrique Botero Sánchez, Jhon Jairo Velásquez Rodríguez y Rubén Darío Grisales Ramírez, a la pena de 54 meses de prisión, como autores responsables de los punibles de encubrimiento por receptación, concierto para delinquir, falsedad material de particular en documento público, entre otros. El Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, confirmó esta decisión (fls. 102 a 113, cdno. 3).

3.13. En relación con los hechos, obran los testimonios de los señores, Luis Eduardo Rodríguez Sánchez y Yuber Eduardo Rodríguez Cárdenas, quienes, si bien es cierto son hermano y sobrino del demandante respectivamente, y aunque su credibilidad o imparcialidad se pueda ver comprometida en razón a su cercanía con este, la Sala ha señalado que los vínculos que puedan tener los testigos con cada una de las partes del proceso no son óbice, por sí mismos, para no valorarlos, y que de hecho, la prueba testimonial, regulada en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, se rige en cuanto a su apreciación, por el principio de la sana critica, de manera que el juzgador, según su buen criterio, le dará o no la credibilidad debida, lo cual aplica, incluso, tratándose de personas que tengan intereses marcados con alguna de las partes.

En este sentido señala la doctrina de manera elocuente:

“El medio radical de impedir los errores consiste en excluir los testimonios que ofrezcan garantías insuficientes. Esto parece sencillo: un testimonio vale esencialmente según la confianza concedida al testigo; si el deponente resulta indigno de ella, ¿no es más seguro descartarlo de golpe? Más, ¿qué testigos son los sospechosos hasta el punto de no quererlos oír? ¿Y cómo determinar, incluso antes de verlos y oírlos, su falta de credibilidad? Para merecer una exclusión total, la incredibilidad debe ser bastante completa, versar sobre todo el conjunto del testimonio, y no solamente sobre cual o tal de sus partes. Ahora bien, sabemos que ese supuesto resulta excepcional, que la mayoría de los errores son relativos o parciales y que hasta las mentiras son con frecuencia compartimentos estancos. La exclusión practicada por anticipado debe, por lo tanto, constituir un procedimiento muy limitado. No por eso hay que dejar de estudiarlos; porque ha formado el principal aspecto negativo del sistema de la prueba legal, más o menos subsistente en todas las legislaciones”(5).

No existe norma que ordene al funcionario judicial desechar las declaraciones de quienes tienen alguna relación con una de las partes del proceso judicial. Lo que ocurre es que el juez debe considerar estas circunstancias adecuadamente, y darles el valor que correspondan(6). Esta situación no desacredita a tales testigos, per se, ni la ley procesal descalifica, a priori, al testigo sospechoso, sino que, al tenor del artículo 218, advierte que el juez debe apreciarlo “de acuerdo con las circunstancias de cada caso”, lo que significa que debe examinarlo con mayor cuidado, pero puede merecerle plena credibilidad.

En este orden de ideas, en el asunto sub examine, advierte la Sala que los testimonios de los señores Luis Eduardo Rodríguez Sánchez y Yuber Eduardo Rodríguez Cárdenas, ofrecen plena confiabilidad, su versión se presume cierta, los hechos que relatan y las circunstancias que describen pueden ser tenidas en cuenta, además, no fueron desvirtuadas, ni su dicho fue tachado de sospechoso o falso(7).

En efecto, Luis Eduardo Rodríguez Sánchez, en relación con las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, afirmó:

“PREGUNTADO: díganos si usted conoce el vehículo de picas (sic) QFM 859 (sic) campero Toyota, color beis (sic) y blanco, en caso afirmativo cuánto hace, quien era el propietario y qué sucedió con este carro? CONTESTO: sí conozco ese vehículo, el día 10 de octubre de 1996, siendo por ahí las siete de la mañana, llegó aquí al parque de Samacá, un señor LIZANDRO YANQUEN, en compañía de dos señores más, preguntando por el señor NICOLÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ y yo les dije que él vivía en la vereda de Salamanca, que si podía ir hasta allá a decirles en donde era la casa, que ellos le train (sic) el campero Toyota haber (sic) si se lo compraba, así fue como a las ocho de la mañana, me fui con LIZANDRO YANQUEN a la casa de mi hermano y lo trajimos para que viniera a mirar el Toyota que estaba aquí en el parque y luego hicieron ellos el negocio ese día por nueve millones de pesos ($ 9.000.000), quedaron comprometidos a pagárselos ese mismo día en Tunja en las oficinas de circulación y tránsito, al moemento (sic) dehacer (sic) los ppeles (sic) del traspaso, mi hermano al mirar el carro que era de Tunja y estaba en buen estado se lo compró y él se trasladó con un hijo mío y un hijo de mi hermano y mi hermano o sea OVIDIO RODRÍGUEZ, YUBER EDUARDO RODRÍGUEZ y mi hermano JOSÉ NICOLÁS RODRÍGUEZ, se fueron para Tunja, junto con LIZANDRO YANQUEN y con los dos señores que venían con él, se trasladaron a la circulación de Tunja averiguar cómo estaban los papeles del carro Toyota que habían negociado, mirando allí que los papeles se encontraban bien en circulación y que la circulación les es expidió (sic) un paz y salvo, ellos cumplieron con hacer el negocio y pagar el carro de contado ahí en la circulación los nueve millones de pesos en efectivo se los entregaron a LIZANDRO YANQUEN y los dos señores que venían con él. Mi hermano NICOLÁS tuvo durante u un (sic) año ese carro, en ese tiempo le hizo reparar y pintar y le puso llantas nuevas y un equipo de sonido, luego el día 20 de noviembre de mil novecientos noventa y siete llegó el comandante Henao a la casa de mi hermano y luego obligándolo a que abriera la puerta del garaje que sacara el carro que lo iban a revisar, luego se lo llevaron, yo me encontré como a medio kilómetro del pueblo el carro venía conducido por el señor comandante Henao, que para esa época él ya no trabajaba aquí en Samacá de comandante estaba trabajando por halla (sic) en Tunja, luego yo le hice la parada a ese carro y el señor Henao paró y le pregunté por mi hermano NICOLÁS RODRÍGUEZ, él me dijo él viene aquí en el puesto de atrás, en ese momento mi hermano se bajó del carro y le preguntó qué pasaba con ese carro y el comandante Henao nos dijo que ese carro era robado que él se lo llevaba para los patios del DAS y así fue en después (sic) nosotros fuimos a Tunja y el carro no se encontraba en los patios del DAS sino en losmpatios (sic) de los Bomberos, el carro duró como unos diez días y no lo volvimos haber (sic) más...” (mayúsculas en original) (fl. 72 a 75, cdno. 1).

De otro lado, el señor Yuber Eduardo Rodríguez Cárdenas, indicó:

“... yo iba a comprar ese carro con mi hermano WILLIAM RODRÍGUEZ y nos quedaron mal con un cheque y se le ofreció a mi tío NICOLÁS y él lo compró PREGUNTADO: díganos si ustedo (sic) su tío averiguaron en el INTRA municipal de Tunja, por la situación del referido vehículo CONTESTO: sí, yo estuve con mi tío NICOLÁS RODRÍGUEZ, con el venderdor (sic) LIZANDRO YANQUEN y averiguamos, nos mostraron la carpeta del carro y el carro estaba bien, LIZANDRO YANQUEN era el intermediario, no recuerdo el nombre del dueño del carro...el carro figuraba a nombre de mi tío NICOLÁS...” (mayúsculas en original) (fls. 75 a 77, cdno. 1).

3.14. Finalmente, obra en el expediente el dictamen rendido por peritos especializados en la materia, en el que se calculan los perjuicios morales y materiales causados al demandante, así:

“Se trata de calcular los perjuicios materiales y morales causados al señor por (sic) Nicolás Rodríguez Sánchez, por la pérdida del vehículo placas QFF (sic) 859 campero, de servicio particular, color beige, cabinado y que fue retenido el 20 de noviembre/99.

“El vehículo fue adquirido por un valor de $ 13.000.000 millones y hasta esa fecha lo usufructuó el señor Rodríguez Sánchez.

“Para efectos del cálculo de los perjuicios materiales el lucro cesante y el daño emergente, tendremos en cuenta entre otros casos, actividad comercial del propietario y destinación del vehículo. Existen varios métodos para calcular este tipo de valoraciones, nos parece que el IPC es el más equitativo y siempre busca un equilibrio con la realidad comercial que se vive en su momento. Datos similares da el calcular por método estadístico matemático de Vr (sic) presente - valor futuro.

“A. LUCRO CESANTE

“$ 13.000.000 + 4.000.000 (pintura, equipo, caja de velocidades, tapisería (sic) y transmisión)

“Total $ 17.000:000 daño emergente para el 20 de noviembre/97 “Ahora actualizamos este valor aplicando al IPC respectivo

“(...).

“El valor del daño emergente es $ 24.506.100

“B. LUCRO CESANTE

“Como pudimos verificar en el expediente, el señor Rodríguez Sánchez es agricultor y parte de sus quehaceres diarios tienen (sic) que hacerlos aprovechando desplazarse en el vehículo, además de su parte comercial, también lo utilizaba para su uso personal y de su familia en labores diferentes. Remplazar un servicio de estos es como arrendar un vehículo de servicio público para que le preste los mismos servicios que le pudiere prestar uno propio. Por ello intentamos darle un valor a este servicios así: “20.000 diarios x 360 días = $ 7.300.000

“(...).

“Los perjuicios morales serán calculados a criterio de la honorable magistrada...” (mayúsculas en original) (fls. 61 y 62, cdno. 1).

4. De las pruebas relacionadas, está debidamente acreditado que el 10 de octubre de 1996, el señor José Nicolás Rodríguez Sánchez adquirió el vehículo de placas QFL 859. Igualmente, se verificó que en esa fecha se realizó el trámite del traspaso entre quien figuraba como propietaria y el señor Rodríguez Sánchez.

Asimismo, se demostró que la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Tunja expidió una certificación en la que señalaba que el automotor en mención no tenía limitaciones a la propiedad, ni registros o embargos pendientes. Además, allí se identificaba a la señora María Cecilia Martínez Moreno como la única y actual propietaria.

Adicionalmente, se acreditó con la prueba testimonial, que el señor José Nicolás Rodríguez Sánchez verificó la situación del vehículo previo a adquirirlo, teniendo en cuenta lo consignado en la mencionada certificación.

De otro lado, está probado con la documentación expedida por la entidad demandada, que la supuesta propietaria del automotor antes de que fuera adquirido por el demandante, era la señora María Cecilia Martínez Moreno, a la que le fue adjudicado el bien a través de una subasta adelantada ante el Banco Popular del Valle del Cauca.

Sin embargo, posteriormente se demostró que el acta de adjudicación no fue expedida por la entidad bancaria, y para la fecha en que esta fue emitida, no se habían realizado remates por cuenta de valorización departamental del Valle del Cauca.

Adicionalmente, la entidad demandada aceptó que cuando realizó el trámite de registro del acta de adjudicación, esta última se encontraba en copia simple y solo se limitó a comprobar que el documento contara con las medidas de seguridad del caso, toda vez que no estaba obligada a exigir la autenticación del acta ni a verificar el historial del vehículo que iba a ser sujeto a registro.

Finalmente, se acreditó que José Nicolás Rodríguez Sánchez perdió el vehículo mencionado cuando fue decomisado por la Policía Nacional, por tratarse de un automotor robado.

Así las cosas, es indudable que se acreditó el daño reclamado, esto es, la pérdida del vehículo que el demandante adquirió con anterioridad, de allí que, es preciso verificar si aquel es imputable a la entidad demandada a título de falla del servicio.

Por lo anterior, la Sala pasará a verificar si al inscribir un acta de remate falsa y expedir una certificación en la cual se indicaba el nombre del propietario del vehículo que fue adquirido posteriormente por el demandante, se configura la mencionada falla del servicio.

Así las cosas, se revisará la normativa aplicable al caso concreto para el momento en que ocurrieron los hechos. En efecto, el Código Nacional de Tránsito, Decreto-Ley 1344 de 1970, modificado por el Decreto 1809 de 1990, y reglamentado por el acuerdo 51 de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra, regulaba lo concerniente a la expedición de licencias de tránsito y el traspaso de vehículos.

El artículo 92 del Código Nacional de Tránsito, establecía que la licencia debía ser solicitada por el propietario del vehículo, de acuerdo con la reglamentación que expidiera el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra(8).

Adicionalmente, el artículo 88 de la misma normativa, preceptuaba que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra, era la entidad encargada de expedir las normas para que los organismos de tránsito y/o transporte tramitaran el registro terrestre automotor(9).

Asimismo, el acuerdo 51 de 1993, de la junta liquidadora del Intra, regulaba todos los trámites efectuados ante los organismos de tránsito del país, y establecía, en su artículo 73, el procedimiento para el registro de vehículos en los siguientes términos:

“El registro inicial de un vehículo automotor se efectuará ante el organismo de tránsito competente, por el comprador o por quien importe directamente el vehículo, para lo cual deberá observarse directamente el siguiente trámite:

“1. Presentar la solicitud en el formulario único nacional con reconocimiento en cuanto a contenido y firma debidamente autenticada del comprador acompañada de los siguientes documentos:

“a) Original de la factura de compra de vehículo con la firma autenticada del representante legal del establecimiento, cuando el objeto social de este sea la venta de vehículos, en cuyo caso deberá adherir las improntas de los números de identificación (motor, chasis y serial), protegidos con sello seco.

“Cuando se trate de importador, cuyo objeto no sea la venta de vehículos debe efectuarse el registro del vehículo a nombre del importador y su venta implica un cambio de propietario por traspaso. En este caso será válida la fotocopia autenticada de la factura en la cual vendrán adheridas las improntas de los números de identificación del vehículo.

“b) Cuando se trate de importaciones de vehículos efectuados por personas cuyo objeto social no es la venta de vehículos presentarán fotocopias autenticadas de la copia al carbón de la declaración de importación que reposa en cabeza del importador, la cual debe tener la debida identificación del vehículo, la fecha de presentación ante el banco y el número de levante...

“— Cuando se trate de vehículos ensamblados en el país presentarán la certificación original emitida por la empresa ensambladora del vehículo en papel que ella diseñe, en la que conste además de los datos necesarios para la debida identificación del automotor, el número de la declaración de importación, fecha de presentación ante el banco y el número de levante...

“— Cuando se trate de vehículos importados por empresas cuyo objeto social sea la venta de vehículos presentarán certificación expedida por dicha empresa, en la cual conste además de los datos necesarios para la debida identificación del automotor, el número de la declaración de importación, fecha de presentación ante el banco y el número del levante.

“— Cuando el importador posea el certificado individual de aduanas, de empadronamiento o declaración de despacho para consumo, este será válido como documento que define la procedencia del vehículo.

“c) Fotocopia autenticada de la póliza de seguro obligatorio de daños causados a las personas en accidentes de tránsito.

“d) Si la factura de compra aparece con limitación a la propiedad deberá adjuntarla al documento que la pruebe.

“2. Pago de impuestos de timbre nacional circulación y tránsito y demás derechos que se causen según el caso. Copia de estos recibos deben reposar en la carpeta del vehículo.

“PAR.—El organismo de tránsito expedirá el certificado de movilización a los vehículos último modelo al momento de su registro. Los vehículos que no sean último modelo para efectos de expedirle el certificado de, movilización deberán presentar la revisión técnico mecánica efectuada en el diagnosticentro oficial o en su defecto en serviteca particular autorizada por este organismo, previo al registro”.

Una vez se efectuara el trámite mencionado, el vehículo se registraba y se le asignaba “una serie de placa haciendo entrega de la misma, de la licencia de tránsito y certificado de movilización”(10).

De otra parte, el Acuerdo 51 de 1993, de la junta liquidadora del Intra, establecía en el artículo 78 el procedimiento a seguir cuando el vehículo sujeto a registro se hubiera adjudicado a través de remate. Allí se indicaba:

“Los vehículos no registrados, rematados o adjudicados por entidades de derecho público, sobre los que no exista certificado individual de aduana, declaración de despacho para consumo, ni la factura de compra, podrán ser registrados con el documento oficial expedido por la entidad adjudicadora en el que conste procedencia y características del vehículo”.

“PAR.—Previa diligencia de remate o adjudicación se deberá solicitar al Intra constancia del registro o no del vehículo (resaltado fuera del texto).

Y el artículo 81 de la misma normativa señalaba que “todo vehículo rematado deberá ser registrado en el servicio particular, en cualquier organismo de tránsito competente para ello”.

Ahora bien, respecto al trámite para registrar el traspaso de dominio de un vehículo, el artículo 84 del mencionado acuerdo, establecía:

“Presentar la solicitud respectiva en el formulario único nacional ante el organismo de tránsito donde esté registrado el vehículo, suscrita por vendedor y comprador, con reconocimiento en cuanto al contenido y firma, con improntas adheridas y, protegidas con lámina transparente autoadhesiva acompañada de los documentos que a continuación se relacionan:

a) Original de la licencia de tránsito o denuncia por pérdida.

b) Paz y salvo por todo concepto de tránsito.

c) Recibo de pago por concepto de retención en la fuente por parte del vendedor cuando este es una persona natural.

d) Cuando el vendedor o comprador es una persona jurídica, deberá presentar certificado de existencia y representación legal.

e) El pago de los derechos causados a favor del Intra y tránsito.

f) Si el vehículo tiene limitación o gravamen alguno a la propiedad, se debe adjuntar el documento reconocido y autenticado en el que conste su levantamiento o la autorización otorgada por el beneficiario del gravamen o limitación, en el sentido de aceptar la continuación de este con el nuevo propietario.

g) Cuando es de servicio público, paz y salvo de la empresa donde se encuentra vinculado o afiliado.

“En los casos de cambio de propietario por traspaso a una compañía de seguros por hurto del vehículo en el mismo formulario único nacional se solicitará cancelación de la licencia de tránsito, en cuyo caso no se exigirán las improntas ni el pago de la. Retención en la fuente que serán suplidos por la correspondiente denuncia penal por hurto del vehículo no causándose impuestos a partir de ese momento.

“En el evento en que el vehículo no se encuentre asegurado, su propietario solicitará cancelación de la licencia de tránsito, siguiendo el procedimiento referido anteriormente”.

Igualmente, la normativa en mención, establecía que en relación con los vehículos registrados y rematados por la justicia ordinaria como resultado de un proceso judicial, “el acta de remate o de adjudicación constituía el documento de traspaso, debiendo el adjudicatario solicitar su inscripción como propietario mediante formulario único nacional,” cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley(11).

Finalmente, el artículo 3º del Acuerdo 51 de 1993, preceptuaba lo siguiente:

“La responsabilidad de todos los trámites que se lleven a cabo ante los organismos de tránsito y ante el Intra, estará en cabeza del propietario, vendedor o comprador, mandatario, importador tenedor, poseedor del vehículo; médicos en la práctica de exámenes para la obtención de la licencia de conducción; propietarios, representante legal, directores de las escuelas de enseñanza automovilística, etc., sin perjuicio de las acciones legales que de ello se desprendan”.

De la normativa transcrita se advierte que el registro inicial de un vehículo se debía adelantar por el comprador ante el organismo de tránsito competente, presentando la solicitud a través del formulario único nacional con reconocimiento en cuanto al contenido y firma debidamente autenticada, y acompañada de los documentos que servirían de soporte al trámite. Adicionalmente, el interesado —en este evento el comprador del bien— debía pagar los impuestos de timbre nacional, circulación y tránsito y demás derechos que se causaran según el caso. Una vez finalizado el registro del vehículo se le asignaba una serie de placa y se le entregaba al nuevo propietario la licencia de tránsito y el certificado de movilización.

De otro lado, en relación con los vehículos rematados o adjudicadas por entidades de derecho público, sobre los que no existía certificado individual de aduana, ni declaración de despacho para consumo, ni la factura de compra, podían ser registrados con el documento oficial expedido por la entidad adjudicadora, siempre y cuando allí constara la procedencia y características del vehículo.

Así las cosas, se tiene que la entidad competente para realizar el registro de un automotor rematado o adjudicado —según la norma, cualquier organismo de tránsito— solo requería para dicho trámite el acta de remate o de adjudicación que constituiría el documento de traspaso, sin que fuera necesario que este estuviera en original o en copia auténtica, toda vez que la norma que regulaba estos eventos no señaló expresamente este requisito.

Ahora bien, en el asunto sub examine se advierte que el trámite de registro del automóvil cumplió con los requisitos establecidos en la ley, comoquiera que al ser un bien adjudicado por remate, la Dirección de Tránsito y Transporte se limitó a recibir el acta de adjudicación la cual contenía la procedencia y características de aquel, y procedió a registrar al nuevo propietario.

Posteriormente, la demandada llevó a cabo el trámite de traspaso iniciado por el señor José Nicolás Rodríguez Sánchez y le expidió la tarjeta de propiedad, en tanto que se cumplieron con los requisitos exigidos por la ley.

Ahora bien, aún cuando está demostrado en el proceso que la supuesta propietaria del vehículo que el demandante adquirió con posterioridad, realizó el registro con un acta de adjudicación falsa, es preciso advertir que para el momento en que se inscribió el documento, la Dirección de Tránsito y Transporte no estaba en la obligación de solicitar el acta en original o en copia auténtica, toda vez que la normativa de tránsito no lo exigía, y adicionalmente, se encontraba vigente el Decreto 2150 de 1995 que establecía lo siguiente:

ART. 1º—Supresión de autenticaciones y reconocimientos. Está prohibido exigir documentos originales, copias o fotocopias autenticados o reconocidos notarial o judicialmente, sin perjuicio de los controles o verificaciones que dichas entidades deban realizar salvo en los casos en que la administración pública actúe como entidad de previsión o seguridad social o como responsable en el reconocimiento o pago de pensiones.

“Los documentos producidos por las autoridades administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o reconocimiento. A este efecto, bastará con la simple copia o fotocopia del mismo aportada dentro de la actuación en la que se les requiera”.

En este estado de cosas, de acuerdo a la normativa vigente para la época en que sucedieron los hechos y el acervo probatorio recaudado, no es posible derivar algún error o irregularidad en el trámite adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Tunja, toda vez que esta entidad se limitó —como se lo ordena la ley— a verificar que en el acta de adjudicación constara la procedencia y características del vehículo que se iba a inscribir, sin que fuera obligatorio solicitar el original o la copia auténtica del documento ni comprobar con la entidad que lo expedía —Banco Popular— la veracidad del mismo.

Si bien, es cierto que posteriormente la entidad bancaria señaló que el acta de adjudicación era falsa y no correspondía al formato utilizado, no se puede desconocer que al momento de realizar el trámite la normativa aplicable no exigía la verificación de la autenticidad de estos documentos, en consecuencia, no es posible exigirle a la demandada que actuara mas allá de lo que la ley le ordenaba.

En efecto, la legislación vigente al momento de los hechos no le ordenaba a la Dirección de Tránsito y Transporte que requiriera a otras autoridades para la revisión de los antecedentes del vehículo, de allí que, no existía la obligación de ejercer medidas de control adicionales para establecer la procedencia del mismo, por ende, se cumplieron plenamente los requisitos exigidos por las normas que regían, en esa época, estos procedimientos.

Por las razones anotadas se revocará la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Boyacá, y se denegarán las súplicas de la demanda, pues aún cuando está acreditado el daño con la pérdida del vehículo, este no es imputable a la demandada en tanto que no se demostró una falla del servicio derivada de su actuación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Boyacá, y en su lugar, niéganse las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta decisión vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Al respecto, ver la Sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 9 de febrero de 2012, Expediente 21.060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Al respecto, ver la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 27 de septiembre de 2012, Expediente 44.541, C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Al respecto, ver entre otras la sentencia del 7 de marzo de 2011 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Expediente 20.171.

(4) Aun cuando la investigación penal se inició en la ciudad de Tunja, esta finalizó en la ciudad de Pereira debido que se trataba de varios sindicados que cometieron diversos delitos en esa zona del país.

(5) Gorphe, Francois. De la apreciación judicial de las pruebas. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1955, p. 412.

(6) En esa misma línea, continúa el autor en comento: “Aquí, como en los demás aspectos de la apreciación de las pruebas, la reglamentación legal, por fundada que pareciese estar, nunca da más que un resultado muy limitado, y a menudo resulta contraproducente. En primer término, solo puede operar de forma negativa, por vía de eliminación. Ahora bien, de ese modo solo se pueden eliminar algunos casos típicos de testimonios sospechosos; para intentar ser más o menos completo, ¿qué lista sería necesaria? Esto ya lo hemos visto en ciertas tentativas de legislaciones antiguas. Si se debiesen descartar todos los testimonios sobre los que hubiera sospechas, ¿qué quedaría en algunos casos? A la inversa, se corre el peligro de descartar buenos testigos. No se podría fijar a priori una noción tan compleja y variable como la de la credibilidad o incredibilidad, que depende de múltiples factores y comporta numerosos grados. La división de testigos en buenos y malos es, fuera de los casos extremos, superficial y artificial. Las declaraciones lo mismo que los documentos, no forman generalmente un todo indivisible y de igual valor: el tamiz de la crítica de aplicarse principalmente a su contenido para retener lo que merece confianza, rechazar lo sospechoso y dejar en suspenso lo incierto. Son muy pocas las deposiciones que no contienen una parte de verdad, que no son utilizables...” (ibídem, pág. 426 y 427).

(7) Artículo 217 del Código de Procedimiento Civil “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

Artículo 218 del Código de Procedimiento Civil “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a estos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba.

“Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración.

“El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

(8) “ART. 92.—La licencia de tránsito de un vehículo automotor deberá ser solicitada por su propietario, de acuerdo con la reglamentación que expida el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

“Si fueren varios o la propiedad estuviere limitada, la solicitud se hará conjuntamente por todos lo que figuren en el registro como titulares de derecho real principal”.

(9) “ART. 88.—El registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, característica y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros.

“El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito será el encargado de expedir las normas para que los diferentes organismos de tránsito y/o transporte lleven el registro terrestre automotor.

“PAR.—No serán objeto de este registro los vehículos y la maquinaria que por sus características no puedan transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público”.

(10) Artículo 74 Código Nacional de Tránsito, Decreto-Ley 1344 de 1970, modificado por el Decreto 1809 de 1990.

(11) “ART. 85.—Para los vehículos registrados y rematados por la justicia ordinaria como resultado de un proceso judicial el acta de remate o de adjudicación constituye el documento de traspaso, debiendo el adjudicatario solicitar su inscripción como propietario mediante formulario único nacional, cumpliendo con los requisitos enunciados en el articulo anterior”.