Sentencia 1998-00697 de agosto 11 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-1998-00697-01(20758)

Consejera ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordoñez

Actor: José Ignacio Salinas Torijano y otros

Demandado: Nación-Ministerio de la Defensa-Policía Nacional

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de 28 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada y se la condenó parcialmente al pago de los perjuicios solicitados por los actores en relación con los hechos acaecidos el 10 de marzo de 1998, en la ciudad de Cali.

Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, es pertinente manifestar que, de conformidad con el artículo 357 del CPC, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado la providencia, como ocurrió en este caso, o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

De conformidad con las pruebas válidamente practicadas en el proceso, se encuentra lo siguiente:

El 10 de marzo de 1998 resultaron lesionados los menores José Ignacio Salinas Zetty, quien sufrió una incapacidad laboral equivalente al 35,5%; Jhon Fredy Mayor Díaz, quien sufrió una incapacidad laboral equivalente al 45%; Fran Yimmy Villegas Londoño, Steven Alberto Díaz Ordóñez, Jhon Hernando Ramírez Guaspu, Oscar Eduardo Rubio, Nelson Andrés Sáenz Díaz, Luis Ernesto Ramírez Correa, Jhoan Andrés Agudelo Ruiz, y Jhonatan Salinas, quienes sufrieron una incapacidad laboral equivalente al 25%, según lo estableció el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social - dirección regional del trabajo del Valle del Cauca (fls. 297 a 303, cdno. 2).

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda que se encuentra acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, pues las lesiones de las personas citadas constituyen un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado por el legislador, del cual se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

c. Establecida la existencia del daño antijurídico sufrido por los demandantes, se pretende ahora demostrar si este resulta imputable a la entidad demandada y, por lo tanto, si le asiste el deber jurídico de resarcir los perjuicios derivados del mismo, como lo pretenden los demandantes, y para ello se analizará el material probatorio debidamente aportado al plenario.

En el curso del proceso contencioso administrativo rindieron declaración las siguientes personas:

El señor Héctor Fabio Díaz Díaz, quien sobre lo ocurrido el 10 de marzo de 1998, en la cancha de fútbol del barrio Meléndez, manifestó lo siguiente:

“(...) Nosotros, el compañero Edier Reyes, Vicente Portilla y Nelson Escobar, estábamos entrenando unos niños, tenemos una escuela de fútbol del barrio Meléndez, cuando en horas de la noche, entre las siete u ocho de la noche sonó una explosión, según la versión era un petardo en la cual quedaron muchos niños afectados. Uno de los más afectados fue José Salinas, Luis Ernesto Ramírez, el hijo de una señora doña Rosario que le cayó una esquirla en la vista (...) PREGUNTADO: Manifieste al despacho qué actividad desempeñaba usted para el día 10 de marzo de 1998 en la cancha de Wembley. CONTESTÓ: Yo era técnico de los niños de la escuela de fútbol (...) PREGUNTADO: Manifieste al despahco (sic) cuál es la distancia que hay entre la cancha de fútbol (sic) de Wembley y la estación de policía de Meléndez. CONTESTÓ: Pues la cancha está pegada, por ahí metro y medio la separa. PREGUNTADO: Manifieste al despacho la separación entre la cancha de fútbol y la estación de policía a la cual hacemos referencia que es lo que las separa a ellas. CONTESTÓ: Nada, el muro de la edificación, arriba había una malla que protegía para que no se fuera el balón dentro de la estación (...) CONTESTÓ: Pues la vigilancia era casi nula aunque ahí se encontraba la inspección, para ese día no había ningún policía, había pero en la parte de adentro (...) PREGUNTADO: Manifieste al despacho si usted tuvo conocimiento de que la policía o alguna entidad del Estado posterior al petardo colocado en la cancha de fútbol dieran alguna ayuda para los lesionados. CONTESTÓ. Hasta donde yo me he dado cuenta no. PREGUNTADO: Manifieste al despacho si después del accidente ocurrido a todos los menores lesionados como lo dijo usted anteriormente, qué medidas se han tomado por parte de la policía ahí en la cancha de fútbol Wembley. CONTESTÓ: De requisar a la gente, ahí funciona en la inspección una escuela e (sic) bachilleres, tienen varios agentes, ahoras (sic) si por detrás mantiene uno, pero no requisan a nadie, aunque la cancha es encerrada en malla, pero entra cualquiera (...) La cancha tiene tres entradas y no hay vigilancia, prácticamente cuatro porque puertas tres y una que hay de a pie de la inspección” (fls. 260 a 264, cdno. 2).

El señor Jorge Eliécer Manjares Valencia señaló al respecto:

“(...) Yo me encontraba en la cancha de Wembley entrandi (sic) a unos menores de edad, yo empecé a entrenar desde las cinco de la tarde hasta las siete de la noche que me dirigía a la a casa a comer algo para luego volver, estando en la casa comiendo eso a horas (sic) de las siete y treinta de la noche u ocho de la noche sucedió la explosión en la inspección de policía, inmediatamente corrí a la cancha para ver si se encontraban afectados niños que yo tenía entrenando en el alboroto de la gente me dirigía preguntándole a los demás muchachos que se encontraban por ahí (...) el petardo fue colocado atrás de la inspección de policía del barrio Meléndez, fue deteriorada la malla, y el muro de la inspección (...) PREGUNTADO: Manifieste al despacho a qué distancia se encuentra la cancha de fútbol Wembley de la estación de policía de Meléndez. CONTESTÓ: De uno a dos metros. PREGUNTADO: Manifieste al despacho que es lo que separa la cancha de Wembley de la estación de policía de Meléndez. CONTESTÓ: Hay una malla que se encuentra atrás de la inspección de policía del barrio Meléndez, hay una malla arriba, y otra abajo encerrando la cancha (...) Nunca vi seguridad en la parte de atrás de la inspección (...) Después de lo sucedido de la explosión, sí están colocando vigilancia a la inspección, a la cancha no, sigue siendo la entrada libre, no hay control (...) PREGUNTADO: Manifieste al despacho si la inspección de policía del barrio Meléndez prestaba vigilancia la noche cuando ustedes entrenaban. CONTESTÓ: En ningún momento, ni en la parte trasera de la inspección (...) PREGUNTADO: Manifieste al despacho cuántas entradas tiene la cancha de fútbol Wembley y cuántos policías la vigilan a cada entrada para antes del 10 de marzo de 1998 y después. CONTESTÓ: Tiene tres entradas, antes el 10 de marzo no había policía vigilando las entradas, después tampoco. La entrada es pública a la cancha (...)” (fls. 268 a 271, cdno. 2).

Por su parte, Edie Reyes Barrera hizo las siguientes precisiones:

“(...) Yo estaba ahí, estaba entrando con un grupo de menores que yo manejo en una escuela de fútbol en uno de los programas del club deportivo, El Jordan del cual yo soy presidente. Nosotros como normalmente lo hacíamos martes y jueves, comenzamos entrenamiento y a eso de las siete de la noche hubo una explosión horrible en la inspección en la parte de atrás de la estación de Meléndez, eso relampegeo (sic) y la onda explosiva subió por una malla que tiene la inspección para que caigan los balones y la onda explosiva removió toda la tierra de la cancha, y se movió como si fuera un terremoto, volaron muchas esquirlas de la parte de atrás que cayeron en muchos de los niños que estaban allí. Hubo varios heridos, muchos con el problema de los oídos porque estaban aturdidos, yo quedé afectado durante varios días, hubo varios niños perjudicados, (...) Estuvimos un tiempo en que no volvimos a entrenar, el remesón fue tan duro que se sintió en toda la comuna y fuera de la comuna, y en otros barrios cercanos. Nosotros pensamos que hay una responsabilidad de quienes deberían de estar encargados de la seguridad en un sitio donde se hace deporte con tanto niño, como es posible que en una inspección no haya servicio de vigilancia adecuado, para prevenir estos hechos como ahí entra tanta gente, los policías daban ronda pero esporádicamente, por lo regular permanecían en la parte de adelante, no se restringía el acceso solo cuando hay actividades de feria, eso hay un manejo por parte de un comité pero no se cierra y cuando se trató de cerrarlo rompieron las cadenas (...).

PREGUNTADO: A qué distancia se encuentra la cancha de fútbol Wembley de la estación de policía de Meléndez. CONTESTÓ: Está ahí pegado, más o menos tres metros. PREGUNTADO: Manifieste al despacho qué es lo que separa la cancha de Wembley de la estación de policía de Meléndez. CONTESTÓ: Hay unos muros, una biga, encima de ella hay una malla de alambre y después sigue la pared de la inspección (...) es la cancha de Wembley, y la portería que está al lado de la inspección de policía de Meléndez, ahí fue donde colocaron el petardo (...) Toda la gente dijo que iba dirigido contra la inspección de policía del barrio Meléndez, yo también creo que si porque para quién más, si nosotros estábamos entrenando. PREGUNTADO: Manifieste al despacho cuántas entradas tiene la cancha de fútbol Wembley y cuántos policías la vigilan a cada una de ellas para la época del 10 de marzo de 1998, y para después de esa fecha. CONTESTÓ: Tiene tres entradas y pues antes no eran vigiladas, solamente la que era al lado de la inspección porque queda en toda la entrada a la inspección, y en la actualidad porque ahí mantienen muy pendientes en el día, pero no vigilan, solamente hacen presencia, en la noche solo la que está al lado de la inspección es vigilada, esa se cierra (...)” (fls. 272 a 276, cdno. 2).

Los recortes de prensa visibles a folios 132 a 136 del cuaderno 2, aportados con el escrito de la demanda, no serán tenidos en cuenta, toda vez que en relación con el valor probatorio de tales documentos, la Sala ha manifestado que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas pruebas testimoniales porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio —artículo 228 del CPC—, por lo que solo pueden ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido(2).

Según lo dicho por los citados testigos, quienes para la época de los hechos se dedicaban a entrenar niños en la cancha de fútbol denominada “Wembley” del barrio Meléndez, en la ciudad de Cali, contigua a una estación de policía, el 10 de marzo de 1998, cuando eran aproximadamente las 7:30 de la noche, escucharon una fuerte explosión en el escenario deportivo, la cual produjo heridas de consideración a varios de los menores que se encontraban en ese momento practicando deporte, así como innumerables daños materiales causados a las edificaciones cercanas.

Aseguraron que se trató de un petardo dirigido contra la estación de policía del barrio Meléndez, contigua a la cancha de fútbol en la cual los menores lesionados practicaban deporte, y que se encuentran separadas por una malla. Agregaron que la cancha tiene cuatro entradas, pero que solo existía vigilancia en la puerta contigua al destacamento de policía, pues la gente entra libremente sin ser requisada, y que el artefacto explosivo fue colocado en la parte posterior de la estación de policía, aprovechando que en ese momento no había seguridad en la cancha de fútbol, cuya entrada era libre por tratarse de un escenario público.

A su turno, Fabián Salguero González, José Rodrigo Criollo Delgado, Adalberto Marín Suárez, Yolanda Patiño Páez, Giovanni Andrade de Correa, Lucía Aricada de Ramos, Rosario Dolores Cuaspu, Luz Marina Osorio Grisales, Ninfa María Quintero Plaza, Oscar Hernán Rengifo Malaver, Luis Humberto Colorado, José Alexander Cáceres Mateus, Myriam Carvajal Calderón, Humberto Sanmiguel Ramírez, Teresa de Jesús Zuluaga de Sanmiguel, Liliana Silva de Navia, Lucy Carvajal Calderón, Patricia Ibáñez Gaviria, Alba Teresa Murcia Felantana, Luis Fernando Ibáñez Gaviria, María Patricia Capera Yara, Carley Acevedo Álvarez, Gonzalo Emiro Jácome Segura, Argelia Mondragón de Sandoval, Héctor Fabio Díaz Díaz, Jorge Eliécer manjares Valencia Edie Reyes Barrera, Fabiola Realpe Calvache, Julio Manuel Parra Campos, Carlos Alberto Cobo Toro, manifestaron que escucharon un fuerte estruendo, constatando que se trataba de un petardo colocado en la parte posterior de la estación de policía del barrio Meléndez y que al parecer estaba dirigido contra dicho destacamento. Relataron acerca de las consecuencias y secuelas que el estallido del artefacto explosivo dejó en los menores lesionados y sobre las relaciones de estos con sus padres, hermanos, abuelos y demás familiares que concurrieron al proceso (fls. 3 a 81, 243 a 276, cdno. 2).

Mediante comunicación de 15 de junio de 1999, la Policía Metropolitana de Cali le informó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, “que revisados los archivos y libros radicadores de la unidad, no aparece que se haya adelantado investigación disciplinaria o administrativa alguna por el atentado terrorista realizado a las instalaciones de la subestación Meléndez, en hechos sucedidos el día 10 de marzo de 1998” (fl. 277, cdno. 2 Los actores solicitaron que se juzgara la conducta de la administración con fundamento en un régimen de daño especial, toda vez que personas inocentes resultaron afectadas como consecuencia de un ataque dirigido contra la Fuerza Pública, y lo cierto es que estas no tenían por qué soportar los daños y perjuicios derivados del el accionar terrorista dirigido contra Instituciones del poder público.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, declaró la responsabilidad de la accionada y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento en un régimen de riesgo excepcional, el cual, según dijo, fue creado por la ubicación en ese lugar de la estación de policía que resultó atacada por grupos al margen de la ley.

Valorado en su conjunto el material probatorio debidamente aportado al proceso, no es posible deprecar en este caso la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le endilgan, de tal suerte que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, mediante la cual fue condenada la entidad demandada al pago de perjuicios, será revocada, por las razones que se exponen a continuación:

Se encuentra acreditado en el plenario que las lesiones que sufrieron los menores que se encontraban jugando fútbol el 10 de marzo de 1998, en la cancha denominada “Wembley” del barrio Meléndez, en la ciudad de Cali, obedecieron a una acción deliberada de terceras personas que colocaron un petardo en ese lugar, cuyo objetivo habría sido la estación de policía, contigua al escenario deportivo; es decir, se trató de un hecho exclusivo y determinante de un tercero, que exime de responsabilidad a la entidad demandada.

Ninguna de las pruebas que se aportaron al plenario permite inferir que dicho ataque hubiese ocurrido en circunstancias que permitan considerar que, a pesar de haber sido causado por personas ajenas a la administración, sea esta la que deba asumir responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dicho accionar, en la medida en que no se evidenció falla alguna del servicio por parte de la entidad demandada.

Y si bien algunos de los testigos que declararon en el proceso acusaron la falta de vigilancia y control por parte de los miembros de la estación de policía del barrio Meléndez, cuyas afirmaciones no aparecen respaldadas por otros medios de prueba, lo cierto es que el artefacto explosivo fue puesto en una cancha de fútbol, la cual se encontraba ubicada al respaldo del destacamento policial, cuyo ingreso era libre al público y se realizaba a través de cuatro entradas o puertas, lo cual tornaba imposible que se requisara a todas y cada una de las personas que ingresaban a diario en gran número a dicho lugar, además, ninguna de las pruebas arrimadas al proceso deja entrever que para la época de los hechos existían amenazas contra la estación de policía del barrio Meléndez, mucho menos las circunstancias de orden público imperantes en la zona hacían presagiar un atentado como el cometido contra dicha institución policial y que el petardo fuese dejado abandonado en una cancha de fútbol atiborrada de gente.

El material probatorio revela con toda claridad que se trató de un acto indiscriminado cuyo objetivo no era otro que el de alterar el orden público. Como lo ha precisado la corporación en otros pronunciamientos, los atentados terroristas dirigidos indiscriminadamente contra la población resultan imprevisibles para las autoridades públicas, a menos que se produzcan amenazas previas que permitan adoptar oportunamente medidas de protección. No existe, entonces, en estos casos, una omisión del Estado que pueda constituirse en causa del hecho, por no haber impedido la acción demencial de la delincuencia organizada.

El denominado régimen de falla o falta en la prestación del servicio, como régimen genérico o común en materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado, es el aplicable a situaciones de hecho caracterizadas por la violencia o fuerza de la conducta desplegada, cuyo contenido o finalidad no es otro que el de atentar o desestabilizar las instituciones políticas, la existencia misma del Estado, el régimen político que determina su estructura y sistema de gobierno o las políticas trazadas por las diferentes autoridades a quienes ello compete en ejercicio de las funciones legislativa o ejecutiva, siempre que concurran los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, el daño y el nexo causal entre los dos anteriores, cuando quiera que la conducta activa u omisiva resulte imputable a la autoridad pública y que la valoración de dicha conducta conlleve a concluir y a afirmar que ella no se ajusta a lo que es dable esperar y exigir del Estado colombiano dentro del marco preciso de las circunstancias en que tal conducta tuvo lugar.

La responsabilidad del Estado resulta comprometida cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico, es decir, aquel que el afectado no tiene el deber jurídico de soportar; una falla del servicio por el defectuoso, tardío o inexistente cumplimiento de las funciones o deberes a cargo de la administración; y el nexo o relación de causalidad entre el uno y el otro, lo que implica necesariamente demostrar que fue esa falla en la prestación del servicio la que produjo el daño antijurídico. A su turno, la administración se exonera de responsabilidad demostrando que obró diligentemente, es decir, que su proceder fue correcto y adecuado y que no incurrió en falla alguna del servicio, o acreditando la presencia de una causa extraña como lo es la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o la culpa también exclusiva de un tercero, circunstancias que enervan la responsabilidad de la accionada.

En el sub lite, ninguna prueba permite inferir que existían amenazas contra la estación de policía del barrio Meléndez, mucho menos el material probatorio deja entrever antecedentes que llevaran a pensar a las autoridades sobre la posibilidad o inminencia de un ataque terrorista, situaciones estas que sin duda habrían ameritado la implementación de medidas extremas de seguridad por parte de la demandada, pero lo cierto es que nada de ello ocurrió. Se requiere que la situación de amenaza o vulneración sea cierta, concreta, determinada y, por lo tanto, previsible atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollan los hechos. Siendo ello así, se descarta que el artefacto explosivo puesto en la cancha de fútbol denominada Wembley, contigua a la estación de policía del barrio Meléndez, obedeciera a la presencia de una falla en la prestación del servicio imputable a la accionada.

La parte actora estimó que la responsabilidad de la administración resultaba comprometida en este asunto bajo el régimen de daño especial, esto es cuando la conducta desarrollada por la autoridad pública es lícita, regular, ajustada al ordenamiento jurídico, pero que sin embargo ha causado un daño en cumplimiento de sus deberes, surgiendo la obligación del Estado de reparar los perjuicios causados bajo el entendido de que se ha presentado un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas en cuanto una o varias personas en particular han sufrido un detrimento en aras del interés común o colectivo(3).

Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que conlleva a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas. Es posible considerar como legítimas las imposiciones que puedan ser ubicadas dentro de los parámetros que, de acuerdo con la jurisprudencia, acepta el principio de igualdad ante las cargas públicas; y, en este mismo sentido, el Estado deberá responder cuando quiera que una actividad administrativa haya ocasionado un grado de perjuicio que exceda el ámbito de molestia que debe ser soportado. La igualdad, y como se antepuso, su manifestación en el equilibrio de las cargas públicas, aparece como el bien jurídico a restituir en estos casos, fruto directo de postulados equitativos a los que repugna, como lo expresan el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los eventos de extrema desigualdad en la repartición de las cargas públicas(4).

Sin embargo, en el sub lite, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos del 10 de marzo de 1998 en el barrio Meléndez de la ciudad de Cali, no hubo en estricto sentido intervención o participación de autoridad pública alguna, si se tiene en cuenta que el autor del petardo que produjo lesiones a varios menores de edad, fue obra de grupos al margen de la ley, de tal suerte que los resultados nocivos de dicho accionar no se le pueden trasladar a la entidad demandada, salvo que se hubiese acreditado que tal hecho obedeció a la presencia de una falla en la prestación del servicio, lo cual, como se anotó, no se encuentra acreditada en el plenario.

La sala tampoco comparte las razones esgrimidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, en cuanto declaró la responsabilidad de la entidad demandada con fundamento en un régimen de responsabilidad de riesgo excepcional(5), al considerar que la ubicación de la estación de policía del barrio Meléndez creó un riesgo injustificado, pues, en un evento como el que se analiza, no puede en rigurosa lógica afirmarse que fue la autoridad pública demandada la que creó unas condiciones o una situación particularmente peligrosa o riesgosa, en la medida en que fueron terceros, ajenos a todo cauce legal, que hicieron detonar un artefacto explosivo en una cancha de fútbol atiborrada de gente, la cual colindaba con el destacamento policial aludido.

La situación sería distinta si las personas resultan lesionadas porque las autoridades omitieron implementar las medidas de seguridad necesarias, a pesar de tener pleno conocimiento de que un acto de esa naturaleza se llevaría a cabo y no hubiesen hecho nada para evitarlo, caso en el cual se configuraría una falla en la prestación del servicio por omisión y abriría paso a que se desencadenara la responsabilidad del Estado y, por ende, a que se indemnizaran los perjuicios que ello hubiere causado, pero este no es el caso, por las razones atrás anotadas.

Hechas las anteriores precisiones, para la Sala no tienen vocación de prosperidad las pretensiones formuladas en la demanda por los actores, si se tiene en cuenta que las lesiones que sufrieron los menores que resultaron afectados en la cancha denominada “Wembley” del barrio Meléndez, obedecieron al hecho exclusivo y determinante de un tercero, configurándose de esta manera una causa extraña, que exime de responsabilidad a la entidad enjuiciada por los hechos que se le imputan.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, nadie actuó de esa manera, razón por la cual no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 28 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión; en su lugar,

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13338; sentencia de 25 de enero de 2001, Expediente 11413; auto de 10 de noviembre de 2000, Expediente 18298.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de marzo de 2010, Expediente 17.925.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, Expediente 16.696. Ver sentencia de 16 de julio de 2008, Expediente 15.821.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2008, Expediente 15.821