Sentencia 1998-00699 de abril 26 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A"

Rad. 15001-23-31-000-1998-00699-02(1811-08)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Blanca Inés Monroy Garzón

Demandado: Alcaldía de Toca

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Consideración inicial – Impedimento

El Consejero de Estado doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren manifiesta su impedimento para participar en la discusión del presente asunto, en vista de que conoció del mismo en instancia anterior, como integrante de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que dictó la sentencia apelada.

En ese estado de cosas, la Sala acepta el impedimento manifestado por el doctor Gómez Aranguren por cuanto se configura la causal contenida en el numeral 2° del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto.

Asunto de fondo

En este caso se controvierte la legalidad del Decreto 007 de 2 de febrero de 1998, proferido por el alcalde de Toca, Boyacá, por medio del cual se aceptó la renuncia de la actora al cargo de secretaria código 3230 - grado 02.

En el sub lite se encuentra acreditado que:

— Blanca Inés Monroy Garzón fue nombrada, en provisionalidad, en el cargo de secretaria código 3230 – grado 02 (fls. 16, 124, cdno. ppal. - D. 033 sep. 5/97).

— El alcalde de Toca dio por terminado ese nombramiento provisional, a través del Decreto 038B de 29 de noviembre de 1997 (fls. 17, 125, 146, cdno. ppal.).

— Por haber superado satisfactoriamente todas las etapas de un concurso de méritos (fls. 148-168, cdno. ppal.), la demandante fue designada, en período de prueba, en el empleo que había desempeñado de secretaria código 3230 – grado 02 (fls. 18, 123, 147, cdno. ppal.- D. 039B de dic. 1º/97).

— Prácticamente a un mes de haber tomado posesión el alcalde de Toca, la actora presentó renuncia a su cargo (fls. 6-10, 131-135, cdno. ppal. - ene. 28/98).

— Mediante Decreto acusado 007 de 2 de febrero de 1998, el nuevo burgomaestre aceptó la renuncia de la demandante (fls. 2, 130, cdno. ppal.).

El municipio de Toca considera, en síntesis, que el a quo no hizo un análisis integral de las pruebas aportadas al proceso, por cuanto solo hizo alusión a la “supuesta” persecución laboral de que fue objeto la actora y no a la actitud negligente, desafiante y poco esforzada de esta.

Aclara que si se inició una investigación disciplinaria y se impulsó un proyecto de reestructuración administrativa, fue para proteger lo público y no para perseguir a la demandante.

El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad.

Así pues, la renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño.

La actora alega que su dimisión no fue libre y espontánea, sino que estuvo antecedida por los hechos arbitrarios que se esbozaron en el texto de la misma.

En el sub lite se observa que el escrito de renuncia estuvo fundado, entre otros, en los siguientes hechos: (i) el alcalde entrante de la época, el señor Camilo Fernando Caicedo Fonseca, no le quiso recibir a la demandante las llaves de su despacho; (ii) este funcionario cambió las guardas de las cerraduras y no le dio a la actora llave de acceso; (iii) el primer mandatario municipal le inició a la demandante una investigación disciplinaria “sin fundamento”; (iv) este servidor le anunció a la actora que “Ahora si (sic) le voy a joder la vida” y que debería “pasarle la renuncia”; (v) el burgomaestre le pasó a la demandante memorandos temerarios y especulativos; (vi) el primer mandatario en una reunión pública “se atrevió a afirmar que tenía una secretaria que no le inspiraba confianza, que era desleal y que le había hecho firmar unos contratos diciéndole que eran cuentitas, cuando eran contratos con cuentas exorbitantes”, aseveración que, según la actora, no tiene ningún asidero por cuanto no cumplía esa función; (vii) este servidor presentó “un proyecto de acuerdo ante el concejo municipal para que este suprima el cargo de secretaria código 3230 - grado 02, con el ‘admirable’ argumento que no necesitaba de una persona profesional sino de un auxiliar administrativo” (fls. 6-10, 131-135, cdno. ppal. - escrito de ene. 28/98).

Después de hacer la anterior relación fáctica, la demandante concluyó su dimisión, así:

“Señor alcalde, como puede usted apreciar, porque provengo de una familia de gran solvencia moral, oriunda de Toca a quien le presté mis servicios no solo por patriotismo sino por poner a su servicio mis conocimientos y experiencia, en tales condiciones me es imposible seguir laborando con usted, porque no puedo permitir que me siga irrespetando y que se lleguen a presentar enfrentamientos o situaciones que solo van en desmedro de mis calidades intelectuales y morales y de la función pública a la que está obligado y comprometido con el municipio” (fls. 9, 134, cdno. ppal.).

Para la Sala, la mayoría de los hechos relacionados, por estar suficientemente soportados, tienen la virtud de estructurar una renuncia provocada.

Las declaraciones rendidas por la inspectora (fl. 225, cdno. ppal.), el personero (fl. 237, cdno. ppal.), la secretaria de la Umata (fl. 27, cdno. 2), la secretaria de la personería (fl. 29, cdno. 2), el concejal (fl. 31, cdno. 2), el alcalde saliente de la época (fl. 79, cdno. 2) y el técnico de saneamiento ambiental (fl. 83, cdno. 2), son concordantes y reiterativas al afirmar que:

— La animadversión evidenciada en el texto de la dimisión surgió el día de las elecciones, porque la actora, como garante de ese proceso, denunció que el candidato Camilo Fernando Caicedo Fonseca estaba repartiendo almuerzos a los jurados de votación (fls. 229, 238, cdno. ppal., 81 cdno. 2).

Este suceso es corroborado por dos testigos de la demandada (fls. 26, 34, cdno. 3), uno de los cuales manifestó que “de ahí viene la venganza:

“Ella (Blanca Inés Monroy Garzón) no gustaba de él (alcalde Camilo Fernando Caicedo Fonseca) desde el momento en que se postuló como candidato para la alcaldía ya que el 27 de octubre me parece que fueron las elecciones ella lo trató de perseguir como era cada momentito mandándolo llamar cuando él no estaba haciendo nada dentro de la elección, en cosas que no tenían nada que ver cuando él estaba allá en el momento de las elecciones lo mandaban llamar a la alcaldía para reclamarle y de ahí viene la venganza” (fl. 26, cdno. 3 - testimonio de Hilda María Fonseca Alba - precisión entre paréntesis fuera del texto).

— Desde que se posesionó el señor Camilo Fernando Caicedo Fonseca, como alcalde del municipio de Toca, Boyacá, este emprendió una persecución laboral en contra de la actora, la cual se evidencia en el maltrato y en el aislamiento progresivo de que fue objeto: (i) no le fueron entregadas las llaves del despacho (fl. 228, cdno. ppal.); (ii) le llamaron la atención y le iniciaron investigación disciplinaria sin fundamento; (iii) la mayoría de sus funciones fueron trasladadas a una auxiliar (Luz Edith Villate Guio) que no tenía la misma preparación y que era pariente política del burgomaestre (fl. 226, 239, 240, cdno. ppal., 26, 27, 30, 80, 85, cdno. 2); (iv) fue relegada a tareas menores, como llevar y traer tintos y (v) se propuso, ante el concejo municipal, la supresión de su empleo, porque no era una servidora de confianza.

Para corroborar lo dicho, se traerán apartes de algunos testimonios:

— “Blanca no pudo desempeñarse como secretaria con el alcalde Camilo Caicedo, pues desde que el llegó en la administración municipal la aisló, la separó de sus funciones” (fl. 226, cdno. ppal. - declaración de la inspectora de la época).

— “A su solicitud (del alcalde Caicedo Fonseca) inicié una indagación preliminar contra esta funcionaria pero no se encontró mérito alguno para abrir investigación disciplinaria en su contra... era evidente la intención que tenía el alcalde y su señora de reemplazar a Blanca” (fl. 241, cdno. ppal. - declaración del personero de la época).

— “El jefe no determinaba a la secretaria él utilizaba más a su auxiliar que trabajaba en ese despacho Luz Edith Villate” (fl. 27, cdno. 2 - declaración de la secretaria de la Umata).

— “Pero sí se veía que no era una relación no muy cordial, era como de parte del doctor Camilo hacia la secretaria... entre el doctor Camilo y Edith puede existir familiaridad entre el doctor Camilo y el esposo de Edith que se llama Fabio Cely porque es de la familia Guerrero Rico y el (sic) es familiar con el doctor Caicedo” (fls. 29, 30, cdno. 2 - declaración de la secretaria de la personería).

— “Porque yo escuché que el señor alcalde y lo manifestó en el concejo que no era justo ni él se sentía seguro teniendo una secretaria que no era de su entera confianza, que iba, refiriéndose a Blanca que iba a suspender ese cargo y con lo que ganaba ella nombraba otra secretaria o dos secretarias... pero el señor alcalde si pasó al concejo un proyecto no me acuerdo el número por el cual se suspendía el cargo como secretaria y ese proyecto solo se le dio un debate y lo archivaron no fue aprobado no se le dio su segundo debate respectivo que porque la secretaria Blanca Inés ya había renunciado” (fl. 32, cdno. 2 - declaración de un concejal de la época).

— “El alcalde Caicedo Fonseca desde el primer día de su mandato le empezó a hacer la guerra a Blanca Inés quitándole sus funciones y asignándole otras que no correspondían al cargo, tratándola mal delante de las personas o los compañeros de trabajo y declarándole en resumen una guerra sicológica, con el propósito de que renunciara... pero en términos generales ella (Luz Edith Villate Guio) no reunía las capacidades para desempeñarse como secretaria de la alcaldía, dada la importancia y responsabilidad de este cargo” (fls. 80, 81, 82, cdno. 2 - declaración del alcalde saliente de la época).

— “Las relaciones a que se refiere la pregunta anterior no fueron las mejores dadas las circunstancia que observé en varias oportunidades en el mes de enero del noventa y ocho, el señor Camilo Caicedo era una persona demasiado intransigente y muchas veces grosera, puesto que me di cuenta a mediados de enero nueve o diez que estaba en el despacho el suscrito tratando de radicar un oficio en el cual solicitaba permiso para acudir a una cita médica y de repente hizo su aparición el burgomaestre y le grito a Blanca Monroy usted que hace aquí, usted debe estar atendiendo en la calle. En otra ocasión también me pude dar cuenta de que llegó el señor alcalde Caicedo junto con su señora esposa y le daban órdenes de que tenía que ordenarme el archivo folio por folio y la señora Clemencia le gritaba que tenía que ordenarlas no como a ella le pareciera sino como ella le ordenaba, además en después pasadas unas dos horas volví hacer presencia en el despacho y se encontraba una cantidad de carpetas votadas por todos los rincones de la secretaría y salió el señor alcalde junto con su esposa y le dio órdenes a la señora Blanca que fuera a traerle unos tintos a una cafetería de la calle que no servía sino para eso” (fl. 84, cdno. 2 - declaración del técnico de saneamiento ambiental).

La intención del primer mandatario de Toca era prescindir, por cualquier medio, de los servicios de la demandante.

En este punto es preciso señalar que las declaraciones recepcionadas a solicitud de la entidad demandada, no pudieron desmentir lo evidenciado porque no ahondaron en la situación (fl. 19, 22, 26, 37, cdno. 3 - testimonio de secretaria de la inspección de la policía) o porque simplemente no la conocían (fls. 28, 32, 34, cdno. 3 - testimonio de comerciantes y una docente).

Ahora bien, la prueba documental allegada al proceso también corrobora la persecución laboral de que fue objeto la actora.

— El personero municipal de Toca se inhibió para abrir una investigación disciplinaria en contra de la demandante, porque la acción ejecutada por esta “fue eminentemente en cumplimiento de sus funciones... Así mismo tampoco se puede dar origen a una infracción disciplinaria en su contra ya que la funcionaria en cuestión tuvo la entereza de carácter y en ningún momento negó la conducta asumida con respecto a los sucedido el día 15 de enero en las horas de la mañana” (fls. 13-14, 35-36, 212-213, cdno. ppal. - providencia de 28 de febrero de 1998).

— En el trámite de la actuación disciplinaria se constituyó una prueba, como una certificación en la que se hace constar que el alcalde de Toca no tuvo conocimiento de la firma de un contrato de arrendamiento (fls. 22, 199, cdno. ppal.), con presiones y mentiras:

“Cuando llegué a su oficina él estaba furioso conmigo porque no le había dicho de la copia del documento a él, yo le expliqué de que (sic) se trataba pero él no salía de su enojo y decía que supuestamente lo había ignorado a él (sic) era el alcalde, le pregunté por la señorita Blanca Inés Monroy para que yo demostrarle lo único que yo había escrito era mi firma en esa copia, pero él me contestó que ella ya no trabajaba y no estaba ahí en la oficina, entonces yo le contesté que a mí me dio tanta rabia porque había despachado a Blanca entonces le dije al doctor Camilo que si era por los lotes que yo le entregaba los lotes para que él dispusiera de ellos, y con una señorita que había ahí me pareció que dijo que era una asesora redactaron una nota por que (sic) en sí yo no quería firmar esa nota porque era para acumulársela a la hoja de vida de Blanca Inés, pero ellos en síntesis me dijeron que tenía que firmar la nota para no seguirle un proceso a Blanca Inés por haberme entregado la copia de dicho documento del arrendamiento. Yo firme (sic) la nota y a mediados del mes de julio del año 1998 le entregué los lotes al doctor Camilo porque yo no los tomé en arriendo a la final por el problema que se presentó anteriormente” (fl. 25, cdno. 2 - Declaración de Gloria del Carmen Martínez Correales).

— Los requerimientos previos que se mencionan en el memorando de 15 de enero de 1998 (fls. 3, 126, cdno. ppal. - entrega del archivo), no pudieron ser demostrados por parte del alcalde de Toca.

En este punto, es importante manifestar que el aludido burgomaestre nada pudo decir con relación a la respuesta que dio la actora a su llamado de atención:

“... Me permito aclararle en primer lugar que hasta el día de hoy 15 de enero a las 4:45 de la tarde, no había recibido de usted en ningún momento solicitud en forma escrita ni verbal referente a la entrega oficial del archivo de los documentos del despacho de la alcaldía, por lo tanto no es cierta su afirmación donde dice que en varias oportunidades me ha solicitado la entrega del archivo y que no se ha visto eficiencia durante trece (13) días de este período, si hasta el día de hoy no he recibido ninguna manifestación ni verbal ni escrita por incumplimiento de mis funciones y de parte mía en ningún momento me he rehusado a hacer entrega del mismo” (fls. 4, 129, cdno. ppal. - oficio de 15 de enero de 1998).

— El memorando de 24 de enero de 1998, fue porque la demandante no conocía los nombres de los representantes de las obras de la nueva administración y porque salió a otras dependencias a preguntarlos (fls. 81, 127, cdno. ppal.).

— El primer mandatario de Toca propuso en el concejo municipal la supresión de la plaza que ocupaba la demandante (secretaria código 3230 - grado 02), por la supuesta deshonestidad, deslealtad y falta de confianza que infunde esta servidora. Así se evidencia en la sesión de 19 de enero de 1998:

“Y además hay otras condiciones especiales que me llevaron a tomar la decisión, que son la deshonestidad que he encontrado en ella, la falta de lealtad con... con sus jefes y con sus demás compañeros, pienso que la función de secretaria, por algo lo dice... secretaria viene de secreto, es decir guardar los bienes de la alcaldía en este caso, porque la gente de ella no es ni siquiera directamente viene si no (sic) de la alcaldía misma, ya ella tiene que guardar los secretos de la alcaldía, y está sacando y haciéndolos públicos y está haciéndolos públicos y está haciendo funciones que no le competen y... ya ello prueba donde le saqué un listado para que me invitara hoy a todas las personas pertenecientes al programa Revivir, del programa de vivienda rural, del programa de vivienda urbanas, ustedes mismos lo vieron aquí cuando el señor de la XXXXXX dijo, pero si esos convenios lo firmamos de la secretaria, que no que ella no conoce a ninguna de las personas, que tocó salirse de la alcaldía ir a preguntar cómo se llamaba el director de obra, cómo se llamaba tal persona, tan poco está cumpliendo con sus funciones y aún XXXXXX para el municipio... secretaria mía no, perdón, la secretaria de la alcaldía me sacó unos papeles donde hay unos contratos que no me los había entregaos (sic) pero que llegó sin permiso mío los hizo firmar posterior a la fecha de entrega, yo ya mandé eso a la procuraduría, mandé eso a la personería y le mandé un... un, un expediente a la hoja de vida de la secretaria porque eso es una... atributos que ella no xxxxxx tomar, xxxxxxxx cada contrato de arrendamiento lo haga firmar e... entonces si me desplazo de la alcaldía, no tengo la seguridad que xxxxxxxxx la secretaria de la alcaldía haga lo que quiera, entonces, entonces creo que no... las condiciones no están dadas para, para... para que uno pueda trabajar tranquilamente entonces así no se puede dar confianza para... para desplazarse de aquí” (fls. 91, 95, cdno. 2 - cotejo de voz realizado por la Fiscalía General de la Nación).

Los indicios graves que se evidencian con el material probatorio recaudado, ponen de relieve que la actora, quien se hallaba en período de prueba, fue avocada a renunciar a su empleo y a la expectativa próxima que tenía de inscripción en el registro público de carrera administrativa.

La actividad desplegada en este caso por la administración, va en contra de los postulados superiores que ella debe atender y de los derechos de la demandante. Para la Sala, no es posible prohijar un comportamiento como el evidenciado, que se vale de medios extraños a los legales para buscar la remoción de un empleado público.

Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que en este juicio la renuncia presentada por la actora, a instancias de su superior jerárquico, constituye un abuso y desvío de poder, sancionado con la nulidad del acto correspondiente.

Las anteriores razones imponen confirmar la decisión del a quo que accedió a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

ACÉPTASE el impedimento manifestado por el Consejero de Estado doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto.

CONFÍRMASE la sentencia de catorce (14) de junio de dos mil seis (2006) proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso promovido por Blanca Inés Monroy Garzón contra el municipio de Toca.

RECONÓCESE al abogado José González Cruz como apoderado del municipio de Toca, para los efectos y términos del poder que obra a folio 355 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

ANEXO

Aceptación renuncia – dimisión provocada

Expediente: 1811-2008

Actor: Blanca Inés Monroy Garzón

Demandado: Municipio de Toca (Boyacá)

Acto demandado: Decreto 007 de 2 de febrero de 1998

Tribunal: Boyacá

Magistrado: Clara Elisa Cifuentes Ortiz

Decisión: Accedió a las pretensiones de la demanda.

Proyecto de decisión: Se CONFIRMA la decisión del a quo. Lo anterior, por las siguientes razones:

La prueba testimonial y documental recaudada permite inferir de forma contundente que:

— La animadversión evidenciada en el texto de la dimisión surgió el día de las elecciones, porque la demandante, como garante de ese proceso, denunció que el candidato Camilo Fernando Caicedo Fonseca estaba repartiendo almuerzos a los jurados de votación (fls. 229, 238, cdno. ppal., 81, cdno. 2).

Este suceso es corroborado por dos testigos de la demandada (fls. 26, 34 cdno. No. 3), uno de los cuales manifestó que “de ahí viene la venganza”:

“Ella (Blanca Inés Monroy Garzón) no gustaba de él (alcalde Camilo Fernando Caicedo Fonseca) desde el momento en que se postuló como candidato para la alcaldía ya que el 27 de octubre me parece que fueron las elecciones ella lo trató de perseguir como era cada momentito mandándolo llamar cuando él no estaba haciendo nada dentro de la elección, en cosas que no tenían nada que ver cuando él estaba allá en el momento de las elecciones lo mandaban llamar a la alcaldía para reclamarle y de ahí viene la venganza” (fl. 26, cdno. 3 - testimonio de Hilda María Fonseca Alba - precisión entre paréntesis fuera del texto).

— Desde que se posesionó el señor Camilo Fernando Caicedo Fonseca, como alcalde del municipio de Toca, Boyacá, este emprendió una persecución laboral en contra de la actora, la cual se evidencia en el maltrato y en el aislamiento progresivo de que fue objeto: (i) no le fueron entregadas las llaves del despacho (fl. 228, cdno. ppal.); (ii) le llamaron la atención y le iniciaron investigación disciplinaria sin fundamento; (iii) la mayoría de sus funciones fueron trasladadas a una auxiliar (Luz Edith Villate Guio) que no tenía la misma preparación y que era pariente política del burgomaestre (fl. 226, 239, 240, cdno. ppal., 26, 27, 30, 80, 85, cdno. 2); (iv) fue relegada a tareas menores, como llevar y traer tintos y (v) se propuso, ante el concejo municipal, la supresión de su cargo, porque no era una servidora de confianza.

— La intención del primer mandatario de Toca era prescindir, por cualquier medio, de los servicios de la demandante.