Sentencia 1998-00729 de agosto 9 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: expediente 5001-31-03-002-1998-00729-01

Magistrado ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Discutido y aprobado en Sala del cuatro de junio de dos mil trece.

Bogotá, D.C., Nueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Frente a la tesis de la sentencia que, en discordia, se dictó en la segunda instancia, se alza el recurso interpuesto que, en el único cargo sostiene, en esencia, que el tribunal cometió error de hecho en la apreciación de las probanzas antes referidas, pues en criterio del recurrente, la indemnización ha debido comprender también las dos prórrogas del contrato y no lo que restaba de la vigencia inicial de este, como se dispuso en la providencia impugnada, perspectiva desde la cual se aprecia que el cargo tiene alcance meramente parcial pues apunta a un aumento del monto de la condena impuesta a Comcel S.A.

2. Es pertinente memorar que el Tribunal aseveró como fundamento de su decisión que “…así no se haya firmado plasmado por escrito, era claro para las partes que la duración inicial sería por cuatro años; tiempo que quedó plenamente plasmado en la carta de intención, en las conclusiones de la reunión de negociaciones y en diversos documentos, como en los borradores, por escrito, del contrato”; que “la prórroga del mismo por otros dos (2) dependía de acontecimientos que aún no se habían dado y apenas se estaban auscultando” y, por ello, “el cálculo del monto de la indemnización por lucro cesante….[será] por el tiempo que faltaba para el cumplimiento de los cuatro (4) años contractuales, donde no se incluye la prórroga por dos años”(7) afirmaciones que dejan ver, con claridad, que fue primordialmente de la denominada carta de intención y de las “conclusiones de la reunión de negociaciones”, documentos ambos suscritos por las partes, de donde extrajo el sentenciador las prenotadas conclusiones.

3. En el cargo sub examine, como quedó visto al hacer el compendio respectivo, se imputa al ad quem yerro fáctico en la apreciación de tales pruebas documentales, y de otras, antes relacionadas y por razones eminentemente lógicas, la Sala considera pertinente empezar con el estudio de los errores endilgados respecto de tales documentos que, contienen el acuerdo de voluntades que liga a las partes y que fue la génesis de este juicio ordinario.

4. En el terreno de la hermenéutica de los negocios jurídicos esta Corte, de manera reiterada e invariable, ha señalado que “el error en la apreciación de las cláusulas de un contrato [debe ser] tan claro a la luz de las reglas legales y de los datos del expediente que no deje lugar a duda alguna”(8), configurándose tal yerro “… cuando el juez so pretexto de interpretación, desnaturaliza abiertamente las convenciones de las partes contratantes, o pretermite al aplicar el contrato alguna estipulación terminante o la sustituye por otra de su invención”(9).

5. Se ha precisado, de igual modo, que como la sentencia impugnada llega a esta Corte de casación amparada por una presunción de legalidad y acierto, el recurrente tiene sobre sus hombros la ineludible carga de infirmar su juridicidad, mediante la cabal demostración del yerro alegado, para lo cual es indispensable que “la exégesis de la cláusula contractual propuesta por el casacionista sea la única admisible a la luz de las circunstancias particulares, y se muestre, consecuentemente, como un planteamiento tan sólido y persuasivo que, por su propio peso, sea capaz de revelar la contraevidencia en la comprensión del Tribunal”(10), de manera tal que “mientras la adoptada por el Tribunal no desnaturalice los términos claros y no ambiguos de la convención rompiendo su armonía, desconociendo sus fines o la naturaleza específica del contrato, debe ser respetada por la Corte”(11), ya que las interpretaciones “conformes al haz probatorio y que no sean absurdas o carentes de sindéresis y lógica, impiden la constitución de un error de hecho evidente, alegable en casación, por lo que dicha interpretación, en esas condiciones, queda cerrada en las instancias y resulta inimpugnable mediante el recurso extraordinario de casación, así la hermenéutica que efectuó el censor devenga respetable y, por ende, luzca coherente, lo cual no es suficiente para quebrar un fallo judicial, por lo demás cobijado por una presunción de acierto que es menester derruir”(12).

6. Teniendo en cuenta tales premisas, se observa que la carta de intención menciona en los apartes que interesan para los fines del presente recurso, lo siguiente:

“Objeto: OCCEL y ACC están interesadas en llevar adelante conversaciones encaminadas a definir las condiciones, obligaciones y derechos que serán aplicables a un eventual contrato para la puesta en operación de un sistema de tarjeta prepagada válida en el servicio de telefonía móvil celular que OCCEL presta en el Área Occidental de Colombia, Red A. (…).

“Vigencia: la vigencia de esta carta de intención es de setenta (70) días calendario contados a partir de su firma. Dicho plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo mediante documento suscrito por ambas partes. La vigencia de esta Carta de Intención terminara cuando se firme el contrato que regulará las relaciones entre las partes, o al vencimiento del plazo estipulado o de sus prorrogas si para ese momento las partes no han llegado a un acuerdo sobre las condiciones para la firma de un contrato y han suscrito dicho contrato”.

Por su parte, el numeral 7º del documento denominado “Conclusiones reunión de negociación de 21 de marzo de 1997(13), es del siguiente tenor:

“El contrato tendrá una vigencia inicial y una exclusividad (con la salvedad del derecho que OCCEL tiene de comercializar tarjetas prepago) de cuatro años, que se podrá prorrogar por 2 años a menos que exista alguno de los eventos establecidos en el contrato para negar dicha prórroga. Antes del vencimiento de la prórroga inicial las partes se reunirán para revisar las condiciones económicas del contrato y si se llega a un acuerdo se dará una prórroga posterior de dos años; las partes para definir esta prórroga obrarán de buena fe y buscarán la mejor alternativa para ambas partes con el fin de continuar con el contrato. Al vencimiento de esta segunda prórroga, se entenderá terminado el contrato, pero si OCCEL tomare la decisión de continuar prestando servicios de telecomunicaciones con tarjeta prepago contratando todo o parte de la operación con terceras personas, ACC tendrá en ese evento el derecho a que tal contrato se forme con ella si las condiciones ofrecidas por ACC en ese momento son al menos iguales o mejores que la mejor propuesta recibida por OCCEL en ese momento”(14) [se subraya].

En el anexo número uno, a la carta de intención, que versa sobre “los puntos a tratar en el contrato”, concretamente en las condiciones para el “reseller”, se expresa, en el numeral 8º lo siguiente:

“OCCEL otorgará a ACC exclusividad por cuatro años, que se podrá prorrogar por 2 años a menos que exista alguno de los eventos establecidos en el contrato para negar dicha prórroga. Las causales de no renovación y de terminación anticipada serán acordadas entre las partes en el contrato”(15).

De la lectura de la carta de intención, que constituye el punto de partida de las conversaciones que, a partir del momento de su suscripción, llevarían a cabo las partes con miras a la cristalización del contrato eventual que, a futuro, podría ajustarse entre ellas, puede concluirse que no se señaló un término de vigencia del mismo, pues tal plazo vino a consagrarse, en forma expresa, en el documento relativo a la reunión de negociación del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y siete.

Ahora bien, del numeral 7º de este último documento, emerge en forma objetiva, que las partes distinguieron en forma nítida, tres periodos de duración del contrato futuro:

a) una vigencia inicial y exclusividad de cuatro años.

b) una primera prórroga de dos años que no era automática sino facultativa, lo que puede deducirse por el modo en que se utiliza el verbo poder; para corroborar lo anterior, la Sala destaca que en la cláusula se expresa que: “se podrá prorrogar por 2 años a menos que exista alguno de los eventos establecidos en el contrato para negar dicha prórroga” y,

c) una segunda extensión del contrato por otros dos años, sujeta a una reunión de las partes “para revisar las condiciones económicas del contrato y si se llega a un acuerdo se dará una prórroga posterior…”.

El recurrente sostiene que el Tribunal alteró tales disposiciones contractuales, por cuanto el contrato “no terminaba sino luego de su segunda prórroga” y que tales extensiones de la vigencia contractual “eran inexorables a menos que existieran algunos de los eventos establecidos en el contrato para negarla”, pero la Corte considera que no le asiste razón al recurrente, pues lo cierto es que el contrato distinguió, con claridad, la vigencia inicial del contrato de cuatro años y dos ulteriores alargamientos, que estaban sujetos al posterior acuerdo de las partes y a otras condiciones, pero mientras tales prorrogas no se convinieran, la duración del contrato sería únicamente de cuatro años.

El Tribunal incluso manifestó que tal entendimiento acerca de la vigencia del contrato, estaba corroborado con los borradores del contrato futuro, uno de los cuales expresa en la cláusula tercera, lo siguiente:

“Duración; La duración de este contrato será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de instalación inicial del sistema, esto es el 10 de abril de 1997, dicho contrato se prorrogará por dos (2) años adicionales si antes del vencimiento del plazo inicial el mismo no se ha dado por terminado por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en la cláusula Cuadragésima Sexta. Antes del vencimiento de la prórroga inicial las partes se reunirán para revisar las condiciones económicas del contrato para introducir a las mismas los cambios que fueren necesarios y si se llega a un acuerdo sobre las condiciones que regirían para una segunda prórroga se dará dicha prórroga por dos años; las partes para definir esta prórroga obrarán de buena fe y buscarán la mejor alternativa para ambas partes con el fin de continuar con el contrato, en el entendió que es el deseo de ambas partes el que efectivamente esa prórroga se produzca. Al vencimiento de esta segunda prórroga, se entenderá terminado el contrato, pero si OCCEL tomare la decisión de continuar prestando servicios de telecomunicaciones con Procedimientos Prepago contratando todo o parte de la operación con terceras personas diferentes a los distribuidores de OCCEL mediante contratos similares a este, ACC tendrá en ese evento el derecho a que tal contrato se firme con ella si las condiciones ofrecidas por ACC en ese momento son al menos iguales o mejores que la mejor propuesta recibida por OCCEL en ese momento. Parágrafo: en todo caso OCCEL durante la vigencia inicial o en las prórrogas podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento en caso de que se diere alguna de las causales establecidas en la cláusula cuadragésima sexta”(16).

Antes se aseveró que, según doctrina inalterada de esta Sala —que hoy se reitera, una vez más—, la prosperidad de un cargo en el que se impute error fáctico al juez o tribunal en la interpretación de un contrato, está sujeta a que la tesis hermenéutica que enarbole el recurrente, sea la única admisible, pues si la estipulación contractual admite varias lecturas e interpretaciones, así la del casacionista sea más refinada, elaborada o profunda, la sentencia impugnada no puede casarse o quebrarse, por la presunción de legalidad y acierto que la cobija y que solo se derruye ante la prueba de un colosal y trascendente error de parte del juzgador.

En el presente asunto, el Tribunal concluyó que la vigencia inicial del contrato era de cuatro años y que las dos prórrogas previstas por los contratantes no eran automáticas y estaban sujetas al cumplimiento de varios requisitos, y al arribar a tales conclusiones —contrariamente a lo sostenido por la censura— no alteró las estipulaciones contractuales, pues su tesis hermenéutica tiene sólido apoyo en lo que objetivamente expresan las precisas estipulaciones contractuales, antes transcritas.

7. De otra parte, el recurrente alega también que el ad quem cometió yerro fáctico en la apreciación de los testimonios de Davis Stone y Harry Gorlovezky, que en su criterio, demostraban que el término del contrato era de ocho años.

Respecto de tal segmento de la acusación se memora que el tribunal aseveró en la sentencia que era “inequívoca la intención de las partes reflejadas en las relaciones preliminares, en las comunicaciones, en las reuniones, en los formatos de contrato, en los testimonios y en las ejecuciones contractuales, que la duración del contrato sería por cuatro años”, sin que señalara en forma concreta a cuales declaraciones se refería.

Empero, dentro de los varios testimonios que se recepcionaron en el proceso, la Sala destaca los siguientes:

Alfonso Vieria Gutiérrez, quien declaró lo siguiente: “…lo que yo entendería que la carta de intención dice es que uno de los puntos que se va a tratar en el contrato es el tema de la duración del contrato, y que las partes en principio consideran que una duración aceptable para ese eventual contrato serían cuatro años”(17).

En respuesta a la pregunta formulada sobre la obligación de mantener el contrato durante un mínimo de cuatro años, el testigo respondió: “si….lo que la carta de intención dice es: el contrato, si se firma, va a tener una duración de cuatro años”(18).

David Stone, por su parte, declaró: “en el momento en que el doctor Echeverry sale y entra Mauricio Campillo, se vuelve a tomar, digamos, este punto para renegociarlo, porque sentían que estaba muy a favor de ellos. Y en efecto, se renegoció. Había básicamente dos puntos que se renegociaron. Fueron la parte de publicidad y la extensión del contrato. En vez de ser de cuatro años, fueron de cuatro a dos más dos”(19).

Líneas adelante, reiteró que “Eso yo voy a decir que fue en una compensación, si se puede llamar, a que se extendió. Se extendió dos años, de cuatro a dos más dos”(20).

Harry Gorlovezky, manifestó en respuesta a pregunta formulada sobre las modificaciones que se hicieron a la carta de intención, lo siguiente: “Básicamente lo que debíamos de pagar de publicidad, la duración del contrato y lo que recibíamos de comisión”.

Indagado sobre la duración del contrato, expresó: “Pedimos que la extiendan a dos años más, basada en cuatro a seis años, con posibilidad de que si no había ningún problema o ninguna causal por cancelación, se renovaba automáticamente por dos años más. O sea un total de ocho años”(21).

Páginas adelante, se le preguntó al testigo: ¿Cuál era el documento que a aplicar en cuanto a la duración del contrato? CONTESTÓ: El documento de 21 de marzo”(22).

Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la Corte considera que el tribunal no pretirió las declaraciones que denuncia la censura, pues como antes se señaló, refirió en la sentencia —en forma global—, a la prueba testimonial recaudada, que fue una de las varias en que se apoyó para concluir que el contrato futuro tendría una vigencia inicial de cuatro años.

Adicionalmente, ninguna de las versiones rendidas por los terceros que se mencionan en el cargo, expresa en forma categórica que la duración del contrato era de ocho años. Por el contrario, todos aseveran, de manera uniforme, una vigencia inicial de cuatro años y refieren a una negociación en la que se amplió la vigencia de cuatro años y las dos extensiones de “dos más dos”, tal cual quedó consignado en el documento de veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y siete.

Síguese de lo anterior que el tribunal no cometió tampoco el yerro fáctico que le imputa el recurrente en la apreciación de los testimonios denunciados en el cargo.

8. Por último, el censor alega que el ad quem cometió error inexcusable al no tener en cuenta para fulminar la condena, el dictamen de la perito Gladys González Cárdenas, pero tal imputación no puede abrirse paso por cuanto el Tribunal es soberano para escoger la prueba o pruebas que, en su criterio, le dan mayor convicción sobre la realidad de los hechos debatidos en el proceso.

Sobre el particular, esta Sala en sentencia de fecha 14 de diciembre de 2012, señaló:

“Sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, el juez goza de una prudente autonomía para apreciar los medios probatorios y formar su convencimiento en torno a los hechos debatidos en el proceso; autonomía que, por regla general, es intocable en casación, a menos que se demuestre la existencia de un error evidente y trascendente.

“Luego, aun cuando las partes tengan unas legítimas y serias expectativas de salir triunfantes en el juicio, con apoyo en determinadas pruebas que consideran de capital importancia, el juez no está obligado a seguir aquellos razonamientos o a compartir su mismo grado de convicción frente al análisis de los elementos materiales, sino que posee la prudente libertad para escoger los medios que le reportan mayor persuasión en torno a la verdad de los hechos que se debaten en el proceso; sin que a tal facultad de valoración pueda considerársele, per se, violatoria de la ley por incurrir en yerros fácticos.

“Obviamente que la selección de una particular probanza comporta para el juez una carga argumentativa en virtud de la cual está obligado a exponer las razones por las cuales ha preferido un elemento de convicción por sobre los demás; por lo que esa libertad no es absoluta sino relativa y se enmarca dentro de lo que se ha denominado “discreta autonomía”, expresión con la cual se da a entender que el juez, en tan delicada y trascendental materia, está sujeto a la lógica, a la razón y a la realidad objetiva que emerge del medio probatorio escogido.

“Desde esta perspectiva, si el fallador se funda en un medio inverosímil, o lo pondera sin mayores reflexiones, o lo cercena o desfigura para alterar su contenido, o lo hace decir lo que aquél no expresa en realidad, esa valoración podrá ser combatida eficazmente en casación, si se demuestra que mediante ella se cometió un error trascendente que produjo una decisión contraria a derecho”.

En el presente asunto, el tribunal aseveró que se basaba en la prueba pericial visible en el cuaderno seis “por la seriedad y técnica con que fue elaborado el mismo, el cual se fundamentó en las proyecciones que hizo la parte demandante-reconvenida, la parte demandada —reconviniente— y las proyecciones propias de la perito; los soportes contables, archivos y contabilidad de ACC; facturas de OCCEL; documentos aportados al proceso; proyección de utilidades teniendo en cuenta las ventas y sus incrementos, los ingresos, la inflación, los gastos fijos con aumento anual, y las variables en proporción al aumento de ventas”, consideraciones estas, fundamentación y seriedad, que no fueron controvertidas por el recurrente.

Por último, como el ad quem determinó que el periodo indemnizable comprendería el término que faltaba para cumplir los cuatro años de vigencia inicial del contrato, solo tuvo en cuenta los cálculos realizados hasta esa fecha precisa por el perito, sin que pueda considerarse que la no condena por los años 2001 y 2002, también calculados en la experticia, constituya un error fáctico por preterición, pues, se itera, no obstante la fundamentación y seriedad con las cuales calificó la referida prueba, únicamente podía tener en cuenta las cifras cuantificadas correspondientes al límite temporal que fijó para efectos indemnizatorios.

En consecuencia, no prospera el cargo y así se declarará. Consecuentemente se condenará al recurrente en costas.

Decisión

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario antes referenciado

Condenase en costas a la parte recurrente. Fíjase como agencia en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) en vista de que no hubo réplica.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en su oportunidad, devuélvase al tribunal de origen».

(7) Folios 122 vto. y 123 cuaderno tribunal.

(8) XX, 295.

(9) XXV, 429.

(10) Cas. civil 13 de diciembre de 2004, expediente 7356.

(11) LV, 298.

(12) Cas. civil 1º de octubre de 2004, expediente 7560

(13) Folios 10 a 14 del cuaderno 1 y 5 a 9 del cuaderno 3.

(14) Folios 11 y 12 ibídem.

(15) Folio 6 cuaderno 1.

(16) Folio 143 cuaderno 2.

(17) Folio 53 cuaderno 3.

(18) Folio 54 ibídem.

(19) Folio 91 ibídem.

(20) Folio 101 ibídem.

(21) Folio 182 ibídem.

(22) Folio 195 ibídem.