Sentencia 1998-00732 de junio 14 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 25000-23-26-000-1998-00732-01

Expediente: 24157

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: María Naudilia Piñeros y otros

Demandado: La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

7. Obran dentro del expediente algunas copias simples de documentos privados y públicos. Las primeras, fueron aportadas por la parte demandante y consisten en informes de prensa en los que se registra el ataque de la guerrilla de las FARC al municipio de Cabrera. Las segundas, fueron aportadas, a solicitud del a quo, por la inspección de policía de ese municipio e incluyen las actas de los reconocimientos médicos practicados por el Instituto de Medicina Legal a los jóvenes Alirio y Mery Diofina Piñeros.

8. Estas copias no pueden ser valoradas por la Sala debido a que no cumplen con los requisitos establecidos para ello en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al trámite contencioso administrativo por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto no fueron autorizadas por la autoridad que tiene en su poder el original, no fueron autenticadas por notario previo cotejo con el original y tampoco fueron compulsadas del original o de la copia autenticada en el curso de una inspección judicial(2). Se reitera así que “las copias simples no son medíos de convicción que puedan hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretenden hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria (...)”(3).

9. Con todo, se aclara que aun si hubieran sido aportados en original o copia autenticada, los informes de prensa no podrían tenerse como prueba de la existencia de un enfrentamiento armado entre la guerrilla de las FARC y la Policía Nacional en las condiciones de tiempo y lugar anotadas en la demanda debido a que, según jurisprudencia reiterada de esta corporación, las noticias difundidas en medios escritos, verbales o televisivos no dan fe de la ocurrencia de los hechos que allí se reseñan sino, simplemente, de la existencia da la información(4).

10. En cuanto a las pruebas que, por solicitud de la parte actora, fueron trasladadas de las diligencias previas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación a propósito de los hechos acaecidos en el municipio de Cabrera (Cundinamarca) el 20 de agosto de 1997, la Sala también se abstendrá de conferirles valor probatorio debido a que estas no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no fueron practicadas a petición de la parte contra la cual se aducen o con audiencia de ella, y la entidad demandada tampoco consintió en que las mismas hiciera parte del acervo probatorio, lo cual, de acuerdo con reiterada jurisprudencia esta Corporación, es condición necesaria para que pueden tenerse como pruebas válidas dentro del trámite contencioso, por aplicación del principio de lealtad procesal(5).

11. De lo anterior se exceptúan los informes oficiales elaborados por el Departamento de Policía de Cundinamarca y las denuncias formuladas ante la Fiscalía General de la Nación por el comandante de la Quinta División del Ejército Nacional y por el comandante de la estación de. Policía de Cabrera pues estos documentos provienen de la parte demandada, por lo cual esta en ningún caso podrá alegar su desconocimiento.

12. Conviene aclarar que el hecho de que estos documentos hubieran sido aportados al proceso con posterioridad al fallo de primera instancia(6), no afecta su eficacia probatoria por cuanto los mismos estuvieron a disposición de la parte demandada durante todo el trámite de segunda instancia surtido ante esta corporación, sin que ella los hubiera objetado, con lo cual se entiende surtida la contradicción.

III. Hechos probados

13. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

13.1. En la noche del 20 de agosto de 1997, un número aproximado de 150 guerrilleros, pertenecientes a la columna móvil Abelardo Romero y a los frentes 25 y 55 de las FARC, incursionó al municipio de Cabrera (Cundinamarca) portando armamento de largo alcance, granadas, cohetes y cargas explosivas que utilizaron para atacar la estación de Policía, la alcaldía y las instalaciones de la Caja Agraria (copia auténtica del informe 1039 de 22 de agosto de 1997, elaborado por el Departamento de Policía de Cundinamarca —fls. 2 y ss., cdno. 3—; copia auténtica de la denuncia presentada por el comandante de la Quinta División del Ejército Nacional —fls. 230 y ss., cdno. 3—).

13.2. Durante los enfrentamientos, que se extendieron hasta las 2:00 horas del día siguiente, dos (2) agentes de la policía perdieron la vida y cinco (5) más resultaron heridos. Entre la población civil el balance fue el siguiente: una (1) persona muerta y, por lo menos, cuatro (4) más heridas. Adicionalmente, se constató que varias casas y locales comerciales resultaron afectados por acción de las balas (copia auténtica del informe 1039 de 22 de agosto de 1997, elaborado por el Departamento de Policía de Cundinamarca —fls. 2 y ss., cdno. 3—; copia auténtica de la denuncia presentada por el comandante de la Quinta División del Ejército Nacional al Fiscal General de la Nación —fls. 230 y ss., cdno. 3—).

13.3. Entre las personas civiles que resultaron heridas durante la toma guerrillera se encuentran Alirio y Mery Diofina Piñeros (testimonios de Luis Enrique Ruiz y Rosa María Sánchez —fls. 49 a 55, cdno. 2—). Al ser valorado en el hospital San Rafael de Fusagasugá, a donde ingresó el 21 de agosto de 1997, se dictaminó que Alirio Piñeros presentaba una herida en su muslo derecho causada por proyectil de arma de fuego (copia auténtica de la historia clínica 107406 —fl. 58, cdno. 2—). A su turno, el examen practicado en la misma institución a Mery Diofina Piñeros arrojó el siguiente resultado:

Ingresa con cuadro de 1 día de evolución consistente en trauma HAF. Refiere dolor, sangrado moderado en MII en antebrazo y mano, así como también esquirlas en seno izq. (...). Extremidades: MSI: amputación traumática parcial 5to dedo mano izquierda, pérdida motilidad (sic) y sensibilidad distal. Presenta (sic) de aprox. 15 cm a nivel cubital antebrazo izq. Con exposición de estructuras tendinosas y musculares. Pulso radial (+) MID: herida 1 cm x esquirla BPD motilidad y sensibilidad (+). Neurológico: sin déficit (copia auténtica de la historia clínica 107405 —fl. 61, cdno. 2—).

13.4. Al momento de los hechos, Alirio Piñeros tenía diecisiete años de edad (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 3, cdno. 2—), y trabajaba en tareas del campo (testimonios de Luis Enrique Ruiz Sánchez y Rosa María Sánchez —fls. 49-55, cdno. 2—). Por su parte, Mery Diofina Piñeros tenía catorce años (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 4, cdno. 2—) y asistía a la escuela, aunque también colaboraba con los oficios del hogar (testimonios de Luis Enrique Ruiz y Rosa María Sánchez —fls. 49 a 55, cdno. 2—).

IV. Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala determinar, en primer término, si María Naudilia Piñeros, Margarita Piñeros Romero y José Ancízar Piñeros se encuentran materialmente legitimados en la causa para demandar reparación por los daños padecidos por Alirio y Mery Diofina Piñeros, teniendo en cuenta que, según lo dicho por el a quo, existen notables inconsistencias en los registros civiles aportados al proceso, que no confieren certeza sobre el parentesco existente entre ellos.

15. Luego deberá establecer si está probado dentro del expediente que Alirio y Mery Diofina Piñeros resultaron heridos durante el enfrentamiento armado que agentes de la Policía Nacional sostuvieron con guerrilleros de las FARC el 20 de agosto de 1997 en el municipio de Cabrera (Cundinamarca) y, en consecuencia, si es posible imputar responsabilidad al Estado por este hecho.

V. La legitimación en la causa por activa

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda por considerar que las inconsistencias existentes en los registros civiles de nacimiento aportados al proceso no conferían certeza de que Mery Diofina y Alirio Piñeros fueran en verdad hijos de María Naudilia Piñeros, hermanos de José Ancízar Piñeros y nietos de Margarita Piñeros.

17. Al observar los respectivos registros civiles, la Sala encuentra que el único documento que no presenta inconsistencias es el María Naudilia Piñeros, quien aparece registrada como hija de Margarita Piñeros (fl. 1, cdno. 2). Los demás son incongruentes entre sí pues mientras Mery Diofina aparece registrada como hija de María Piñeros Piñeros, Alirio lo hace como hijo de María Anaudilia Piñeros, y José Ancízar de María Anaudilia Piñeros (fls. 2-4, cdno. 2).

18. No obstante, la Sala considera que las anteriores inconsistencias obedecen más a un error involuntario de quien suscribió los registros y que las mismas no tienen la entidad suficiente para declarar la falta de legitimación en la causa por activa. Ello en razón a que el número de identificación de quien figura en los respectivos registros civiles como madre de Mery Diofina y Alirio Piñeros, coincide con el de la demandante María Naudilia Piñeros, según consta en el poder que acompaña la demanda.

19. En el caso de José Ancízar Piñeros la certeza de su parentesco con los demandantes lo ofrece el hecho de que en su registro civil, en el espacio reservado para la firma de la denunciante del nacimiento, se lee con claridad el nombre de María Naudilia Piñeros, quien es además la persona que aparece mencionada por los testigos Luis Enrique Ruiz Sánchez y Rosa María Sánchez como madre de aquel (fls. 45-55, cdno. 2).

20. Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que a los demandantes María Naudilia Piñeros, José Ancízar Piñeros y Margarita Piñeros les asiste interés jurídico para demandar en calidad de madre, hermano y abuela, respectivamente, de los jóvenes Mery Diofina y Alirio Piñeros.

VI. Análisis sobre el daño y de la responsabilidad estatal

21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda por considerar que no existía certeza de que los jóvenes Alirio y Mery Diofina Piñeros hubieran resultado lesionados el 20 de agosto de 1997, durante el ataque perpetrado por la guerrilla de las FARC a la estación de policía del municipio de Cabrera (Cundinamarca).

22. La Sala se aparta de tal consideración con base en la información consignada en el oficio 159-99 remitido por el personero municipal de Cabrera al Tribunal a quo. El texto del documento es el siguiente (original del oficio 159-99 —fl. 10, cdno. 2—):

“De oídas he tenido conocimiento que el día 20 de agosto de 1997, se produjo un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y guerrilleros en el área urbana y rural del municipio de Cabrera. Pues en dicha fecha me encontraba hospitalizado en el hospital La Samaritana de Santafé de Bogotá, en cuidados intensivos, luego de haber sido víctima de un accidente de tránsito.

(...) Por documentos que reposan en los archivos de mi despacho (censo de afectados por ataque guerrillero) tengo conocimiento que fue muerto Rufino Elpidio Rivas Palma, John Jairo Zapata Vásquez, agente y patrullero respectivamente, de la Policía Nacional y el civil Miguel Antonio Ruiz Sánchez, C.C. 348.592 de Cabrera, quien murió en un paraje de la vereda Santa Lucía, denominado Profundos. Además, fueron heridos Víctor Germán Quiroga C.C. 349.234 de Cabrera, Mery Diofina Piñeros, menor de edad para la fecha; Alirio Piñeros, menor de edad, todos en el paraje denominado Profundos de la Vereda Santa Lucía del municipio de Cabrera”.

23. Se advierte que el hecho de que el personero haya manifestado en el documento transcrito que el conocimiento acerca de la incursión armada al municipio de Cabrera lo obtuvo “de oídas”, en nada afecta la verosimilitud de la información suministrada acerca de las lesiones sufridas por los hermanos Piñeros debido a que el propio oficio advierte que de ello existe constancia en los archivos de la personería y a que los documentos oficiales que fueron trasladados del proceso penal confieren certeza acerca de la existencia misma del enfrentamiento armado (ver supra 13.1).

24. Por lo demás, existen pruebas testimoniales(7) que afirman que los jóvenes Alirio y Mery Diofina Piñeros resultaron heridos en momentos en que la guerrilla atacaba el municipio de Cabrera, y que al ser analizadas conjuntamente con las historias clínicas aportadas al proceso, en las cuales consta que las heridas fueron causadas por impactos de arma de fuego y por esquirlas, permiten tener por probado que el daño alegado por los demandantes se produjo durante el enfrentamiento armado que los guerrilleros sostuvieron en ese municipio con miembros de la Policía Nacional el 20 de agosto de 1997.

25. Ahora bien, no escapa a la atención de la Sala que, de acuerdo con la versión de los hechos ofrecida por los testigos Luis Enrique Ruiz y Rosa María Sánchez, los jóvenes Alirio y Mery Piñeros se encontraban en la vereda Profundos del municipio de Cabrera la noche del 20 de agosto de 1997 (fl. 49 y ss., cdno. 2). Sin embargo, esto no desvirtúa lo dicho previamente, en el sentido de que las afectaciones a la integridad física de los actores ocurrieron durante el enfrentamiento armado, pues está probado, a través del oficio aportado al proceso por el personero de Cabrera, que los combates entre la fuerza pública y los guerrilleros se extendieron también a la zona rural del municipio (ver supra párr. 22).

26. Los títulos de imputación que sirven de base para el análisis de la responsabilidad estatal en eventos de daños ocasionados a civiles en enfrentamientos armados entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales, han sido, por regla general, el de falla del servicio o el de riesgo excepcional.

27. Al primero se ha dado aplicación cuando agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se entiende que ocurre en los eventos en que (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de los guerrilleros(8); (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y estas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(9); (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(10); y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella(11).

28. En cuanto al régimen de riesgo de excepcional, su aplicación ha predominado en los eventos de ataques perpetrados por grupos armados al margen de la ley contra bienes o instalaciones representativos del Estado en el marco del conflicto armado interno y, específicamente, contra cuarteles militares o estaciones de policía, sea que la fuerza pública reaccione o no violentamente con el fin de repeler la agresión(12).

29. En estos casos, la atribución de responsabilidad no se sustenta en la existencia de una acción u omisión reprochable del Estado, sino en la producción de un daño que, “si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(13).

30. Dicho en otros términos, el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento militar o policial en un contexto político caracterizado por la persistencia de un conflicto armado y que se concreta afectando a un grupo particular de ciudadanos, es lo que compromete la responsabilidad estatal(14). De cualquier forma, es necesario que el ataque esté dirigido contra un típico objetivo militar de la subversión, pues si no existe certeza sobre sus móviles y propósitos, si este es, por sus características, completamente imprevisible e irresistible, o si tiene un carácter indiscriminado y se dirige únicamente a generar pánico o zozobra entre la población civil, no cabe declarar la responsabilidad del Estado con base en el título de riesgo excepcional(15).

31. En el caso concreto, está probado que el ataque perpetrado por las FARC al municipio de Cabrera no tuvo un carácter indiscriminado sino que estuvo dirigido contra una bien —la estación de policía— claramente identificable como Estado, en el marco del conflicto armado interno. Así consta en la denuncia presentada por el subteniente Gustavo Alexander Granados Arias, comandante de la estación de Policía de Cabrera, ante la Fiscalía General de la Nación (fls. 38 y ss., cdno. 3):

Preguntado: hágale al despacho fiscal (sic) un relato claro y preciso de los hechos sucedidos en municipio (sic) de Cabrera (Cund.) el día miércoles 20 de agosto de 1997. Respondió: Siendo las 10.00 de la noche, se encontraba todo el personal de la estación en las instalaciones, que eran: cinco (5) que estaban de guardia dentro del comando y el resto que éramos nueve (9) nos encontramamos (sic), unos durmiendo ya que recibían el primer turno, que empezaba a la una de la mañana y los otros estábamos en la sala de televisión, cuando se escuchó una ráfaga al parecer de M-60 y seguidamente se escucharon detonaciones de granada de fragmentación y más disparos, inmediatamente se activó el plan de defensa en las instalaciones para repeler el ataque subversivo y todo el personal tomó sus posiciones y empezamos a repeler el ataque en buena forma, se mantenía la disciplina de fuego para evitar que se agotara la munición y se mantenía en comunicación todo el personal para saber las condiciones en que se encontraban cada una de las unidades, pero continuaba la arremetida por parte de los subversivos los cuales nos seguían atacando con MGL y granadas de fragmentación, de un momento a otro paró el ataque con el fin de recargar sus armas los guerrilleros, momentos que también fueron aproechados (sic) por nosotros para realizar la misma actividad, después de cierto tiempo, comenzó la segunda arremetida, la cual fue más dura que la primera, momentos en los cuales se seguía repeliendo el ataque por parte de los policiales pero ya la guerrilla nos tenía rodeados por todos lados se escuchaban muchas detonaciones y disparos de los cuales todos estaban dirigidos a las instalaciones del comando de policía de Cabrera (Cund.) ya que nos pudimos dar cuenta que poseían dos ametralladoras M-60 las cuales en principio las habían localizado en frente de las instalaciones con lo cual era imposible el movimiento de las unidades dentro de las instalaciones, de igual forma se seguía repeliendo el ataque en buena forma y todo el personal se encontraba en sus posiciones, uno de ellos se encontraba en el techo de la casa vecina al comando, fue alcanzado por una granada, la cual según me informaron lo hirió y seguidamente cayó otra que le ocasionó la muerte, después de esto se presentó otro receso por parte de los subversivos y vino un tercer ataque que el más duro (sic) que ocasionó la destrucción total del comando, esos ataques finalizaron como a las dos de la mañana (2:00 a.m.).

33. Lo anterior se refuerza con el contenido del informe presentado por el jefe de la Sijín en Cundinamarca al comandante de la Policía de ese departamento, en el que consta que como consecuencia del ataque armado, la estación de policía del municipio de Cabrera y las viviendas aledañas quedaron completamente destruidas (fl. 8, cdno. 3).

34. Así, existiendo prueba de que los hermanos Piñeros resultaron lesionados en el curso de una acción armada dirigida contra la estación de policía del municipio de Cabrera (Cundinamarca), debe concluirse que están dadas las condiciones exigidas por la jurisprudencia de esta corporación para que pueda imputarse responsabilidad al Estado bajo el régimen de riesgo excepcional.

35. Al margen de que no exista evidencia en este caso de que el disparo que afectó la integridad personal de los demandantes provino de alguno de los agentes que participaron en los combates o de que la entidad demandada incurrió en acciones u omisiones que facilitaron la acción de las insurgentes, tal como lo afirmó la parte actora en el escrito de demanda, la responsabilidad estatal resulta comprometida en la medida en que el daño se produjo por la materialización del riesgo generado por la presencia permanente dentro del municipio de Cabrera de una clase bien que ha sido objeto de continuos y violentos ataques por parte de los grupos armados al margen de la ley que le disputan al Estado el monopolio del uso de la fuerza.

36. Por las razones anotadas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional por las lesiones causadas a Alirio y Mery Diofina Piñeros durante el ataque armado perpetrado el 20 de agosto de 1997 por la guerrilla de las FARC a la estación de policía del municipio de Cabrera (Cundinamarca).

VII. Perjuicios

37. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales de acuerdo con las pretensiones de la demanda y con las pruebas obrantes dentro del proceso.

1. Perjuicios morales.

38. Acreditado el parentesco que existe entre los demandantes (ver supra párrs. 17 a 20), es posible inferir que entre todos ellos existe un lazo afectivo y que, por tanto, sufrieron pena, aflicción y dolor a causa de las lesiones padecidas por Alirio y Mery Diofina Piñeros durante el ataque perpetrado por las FARC a la estación de policía de Cabrera. Lo anterior se refuerza con los testimonios de Luis Enrique Ruiz y Rosa María Sánchez (fls. 49-55, cdno. 2), quienes dieron cuenta de la afectación moral sufrida por la familia Piñeros a raíz del daño padecido por los demandantes.

39. La demanda solicitó que la condena se fije en la suma de dos mil gramos oro para Alirio, Mery Diofina, María Naudilia y Margarita Piñeros, y de mil gramos oro para José Ancízar Piñeros, teniendo en cuenta que cada uno de ellos sufrió un doble perjuicio, derivado de las lesiones padecidas por dos miembros de su familia.

40. Sobre el particular, cabe señalar que la Sala ha admitido que se acumulen las indemnizaciones por perjuicios morales en cabeza de un mismo demandante, cuando se trata de personas afectadas por la muerte o lesiones de dos o más familiares cercanos, como el cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos o los hermanos, o de quienes acrediten debidamente su afectación moral, “en razón a que no puede desconocerse que el impacto sentimental o emocional es mayor cuando son varias las víctimas que cuando se trata de una sola persona, pero dicho incremento no puede obedecer a una suma matemática de estos perjuicios por cada una de ellas”(16).

41. Como en este caso se acreditó que Alirio y Mery Diofina Piñeros son hermanos entre sí, procede incrementar la indemnización a que cada uno de ellos tiene derecho teniendo en cuenta que las reglas de la experiencia permiten inferir que los dos sufrieron dolor por las lesiones que directamente tuvieron que padecer, pero también por las que se infligieron a su hermana y hermano, respectivamente. Lo mismo cabe decir respecto de los demás demandantes, María Naudilia, Margarita y José Ancízar Piñeros, quienes son a su vez madre, abuela y hermano de Alirio y Mery Diofina Piñeros.

42. Para fijar el valor de la condena, conviene señalar que la Sala abandonó el criterio de remisión al oro(17), por lo que esta debe establecerse en salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo a la intensidad del daño, para lo cual el juzgador deberá tomar en consideración que para compensar la muerte de algún familiar el Consejo de Estado ha establecido un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, pero advirtiendo que nada obsta para que pueda reconocerse una indemnización mayor en aquellos casos en que así se solicite por el demandante y en que se demuestre “una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral”(18).

43. En los eventos de lesiones corporales, los cuales también son fuente de reconocimiento de reparaciones pecuniarias, tanto para las personas afectadas directamente con ellas como para sus parientes o familiares más cercanos, la cuantificación del perjuicio deberá hacerse en consideración a las condiciones en que se produjo la lesión, su mayor o menor gravedad(19), pero procurando dar aplicación del principio de igualdad, “lo que hace necesaria la comparación de la situación debatida con otras ya decididas, con fundamento en el análisis de los diferentes aspectos que determinan aquella y estas, dentro de los cuales deberá tomarse en cuenta, por supuesto, el valor real de la indemnización”(20).

44. En el caso concreto, está probado que Mery Diofina Piñeros sufrió la pérdida de varios dedos de su mano izquierda, mientras que su hermano Alirio, padeció una lesión en su pierna derecha que le genera cojera y dificultad para caminar(21). Casos similares han sido resueltos por la Sala imponiendo indemnizaciones que no superan los 100 salarios mínimos legales mensuales. Por ejemplo, en la sentencia de 10 de agosto de 2005, se reconoció a favor del demandante, víctima de la pérdida total de la visión en el ojo derecho, causada mientras prestaba el servicio militar obligatorio, una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes(22). Luego, en la sentencia de 26 de abril de 2012, la Sala fijó en 25 salarios mínimos legales mensuales el valor de la condena debida a una persona afectada por una lesión en su oído izquierdo, que le produjo una pérdida de la capacidad laboral del 36.65%(23).

45. Ahora bien, como en este caso se acreditó que Alirio y Mery Diofina eran menores de edad al momento de los hechos y que cada uno de ellos sufrió dolor por las lesiones propias y por las de su familiar cercano, la Sala fija en treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes la indemnización debida a cada uno de ellos. Los demás demandantes recibirán las siguientes indemnizaciones: María Naudilia Piñeros (madre) veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y Margarita Piñeros Romero (abuela) y José Ancízar Piñeros (hermano), diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada uno.

2. Perjuicios materiales.

46. La demanda solicitó el reconocimiento de lucro cesante a favor de Alirio y Mery Diofina Piñeros, quienes al momento de los hechos que motivan esta acción de reparación directa eran menores de edad.

47. Sobre el particular, es importante señalar que el Consejo de Estado ha admitido la posibilidad de que menores de edad afectados por pérdidas totales o parciales de capacidad laboral puedan ser beneficiarios de indemnizaciones por concepto de lucro cesante. Así, cuando el hecho dañoso genera una lesión completamente inhabilitante, las indemnizaciones —en aplicación del principio de reparación integral—, han adoptado la forma de pensiones de invalidez que se pagan a partir del momento en que el menor alcanza la mayoría de edad y que se extienden hasta el final de su vida(24).

48. En contraste, en aquellos casos en los cuales se logra establecer que un menor de edad lesionado presenta secuelas o afectaciones de que posteriormente llegarán a disminuir, pero no a anular por completo su capacidad laboral, la Sala ha señalado que:

(...) se debe reconocer la indemnización correspondiente al perjuicio material que dicho daño ocasionaría en el futuro, esto es cuando aquel estuviere en edad legal suficiente para ejercer una actividad productiva. En efecto, el hecho de que al momento en que se ocasiona la lesión que se le imputa a la administración el lesionado no tenga certeza de la orientación laboral que tomará en un futuro no obsta para que se reconozcan los perjuicios que la lesión va a causar en esta área de su vida, lo cual exige, por supuesto, que se acredite en debida forma que el hecho dañoso produjo una secuela que posteriormente afectará su capacidad de trabajo(25).

49. En el caso concreto, el dictamen elaborado por la junta regional de calificación de invalidez indica que Mery Diofina Piñeros sufrió una pérdida parcial de su capacidad laboral. Por este motivo, la indemnización por concepto de lucro cesante a que tiene derecho debe calcularse de acuerdo con el porcentaje de invalidez estimado y con los años de vida probable de la víctima. Así mismo, debe tomarse como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual, dado que no existen bases ciertas para establecer qué tipo de actividad (profesional o no) sería ejercida por la persona al momento de alcanzar la mayoría de edad(26).

50. El registro civil de nacimiento señala que la demandante cumplió los 18 años de edad el 10 de marzo de 2001, por lo que se calcula que para ese momento tenía una esperanza de vida probable de 59,36 años, equivalentes a 712,32 meses, de acuerdo con la Resolución 497 de 1997 expedida por la Superintendencia Bancaria.

51. Como salario base de liquidación se tomará la suma de $ 286.000, que era el valor del salario mínimo mensual vigente en 2001. Esta suma será actualizada con base en la siguiente fórmula:

 

ecu1 1998-00732.JPG
 

 

Donde:

Ra = Renta actualizada

Rh = Renta histórica, es decir, $ 286.000

If = índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, para el mes de mayo del año 2012 (último índice publicado).

Ii = índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el mes en que Mery Diofina alcanzó la mayoría de edad (mar. 2001).

 

ecu2 1998-00732.JPG
 

 

52. Ahora bien, debido a que esta cifra es inferior al salario mínimo actualmente vigente, el cual está establecido en $ 566.700, la Sala tomará en consideración este valor, y no el obtenido a partir de la actualización, para efectos de realizar la liquidación respectiva. Esta suma será incrementada en un 25%, correspondiente a las prestaciones sociales a las que todo trabajador tiene derecho, sea dependiente o independiente, obteniéndose $ 708.375. De esta suma se tomará el 12,91% que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral de la menor, para un total de $ 91.451.

53. La indemnización por lucro cesante se divide en vencida y futura. La primera abarca desde la fecha en que la menor cumplió los 18 años de vida, hasta la fecha de esta sentencia y la segunda desde el día siguiente de la sentencia hasta la fecha probable de vida de la víctima.

Indemnización debida o consolidada:

 

ecu3 1998-00732.JPG
 

 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 91.451
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde que la menor alcanzó la mayoría de edad hasta la fecha de la sentencia, esto es, 137,06 meses.
1=Es una constante

 

ecu4 1998-00732.JPG
 

 

Indemnización futura:

 

ecu5 1998-00732.JPG
 

 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 91.451
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde la fecha de la sentencia hasta la vida probable de la víctima, previa deducción del período ya indemnizado, esto es, 575,26 meses.
1=Es una constante

 

ecu 6 1998-00732.JPG
 

 

54. Sumados los valores de la indemnización consolidada y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene para Mery Diofina Piñeros un total de veintitrés millones setecientos ochenta y nueve mil ciento setenta y ocho pesos ($ 23.789.178).

55. En el caso de Alirio Piñeros, quien según ya se señaló, también resultó lesionado en su pierna derecha durante el ataque guerrillero a la estación de policía de Cabrera, la Sala no dispone de elementos objetivos que le permitan determinar en qué medida la lesión padecida disminuyó o afectó su capacidad laboral. La historia clínica visible a folio 58 del cuaderno 2 no es útil a estos efectos debido a que este solo incluye una descripción de las heridas, pero no informa acerca de la gravedad de las mismas y, por ende, no permite establecer el monto de la indemnización debida por concepto de lucro cesante.

56. Por ello, la Sala dará aplicación a lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, y condenará en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional al pago de este perjuicio. La liquidación deberá hacerse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, con base en los mismos criterios que se emplearon en esta sentencia para fijar el valor del lucro cesante reconocido a Mery Diofina Piñeros, y con fundamento en un dictamen médico que certifique el tipo de lesión padecida por Alirio Piñeros y si esta disminuye y en qué porcentaje su capacidad laboral. Para todo lo anterior se otorga a la parte interesada un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, con base en lo dispuesto en el artículo 119 del mismo ordenamiento(27).

3. Daño a la salud.

57. La parte actora solicitó indemnización por los perjuicios fisiológicos derivados de las lesiones padecidas por Alirio Piñeros en su pierna derecha, las cuales le generan dificultad para caminar, y por Mery Diofina Piñeros en su brazo izquierdo, las cuales “le ha[n] ocasionado y traerá notables perjuicios en su vida de relación y afectiva (...)”.

58. En relación con los daños provenientes de afectaciones psicofísicas, la Sala, en reciente jurisprudencia, ha señalado que son indemnizables con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada(28).

59. Esto significa que el ahora denominado “daño a la salud o fisiológico” comprende no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, por lo cual el mismo resulta comprensivo de otros daños como el estético, el sexual o el psicológico, entre otros. En palabras de la Sala:

(...) el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(29). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

(...).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

(...).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud(30).

60. En el caso concreto, está probado que Mery Diofina Piñeros y Alirio Piñeros sufrieron daños a la salud que se manifiestan, en el primer caso, en la amputación de varios dedos de la mano izquierda y, en el segundo, en cojera y dificultad para caminar. En la medida en que las afectaciones sufridas tienen consecuencias desde el punto de vista estético y funcional, la Sala reconocerá a Mery Diofina y a Alirio una indemnización equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

VIII. Costas

61. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 29 de octubre de 2002, proferida por la Sección Tercera —Subsección B— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. DECLARAR la responsabilidad administrativa de la Nación‑Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por las lesiones padecidas por Alirio y Mery Diofina Piñeros en hechos ocurridos el 20 de agosto de 1997, cuando la guerrilla de las FARC atacó la estación de policía del municipio de Cabrera (Cundinamarca).

3. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional al pago de los perjuicios morales padecidos por los demandantes, así: treinta (30) s.m.l.m.v. para Alirio Piñeros, treinta (30) s.m.l.m.v. para Mery Diofina Piñeros; veinte (20) s.m.l.m.v. para María Naudilia Piñeros; diez (10) s.m.l.m.v. para Margarita Piñeros Romero y diez (10) s.m.l.m.v. para José Ancízar Piñeros.

4. CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional a pagar a Mery Diofina Piñeros la suma de veintitrés millones setecientos ochenta y nueve mil ciento setenta y ocho pesos ($ 23.789.178), por concepto de lucro cesante.

5. CONDENAR en abstracto a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional al pago del lucro cesante, consolidado y futuro, causado a favor de Alirio Piñeros. Este perjuicio deberá liquidarse mediante el trámite incidental regulado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, el cual deberá promoverse por el interesado dentro del término de dos (2) meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de esta sentencia.

6. CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional a pagar a Mery Diofina Piñeros y Alirio Piñeros una indemnización equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, por concepto de daño a la salud, para cada uno.

7. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

8. Sin condena en costas.

9. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

10. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(1) En la demanda, presentada el 3 de febrero de 1998, la pretensión mayor, correspondiente al lucro cesante, fue estimada en $ 80.000.000. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 20 del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1998 fuera de doble instancia, debe ser superior a $ 18.850.000.

(2) Sobre la ineficacia probatoria de las copias simples pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 3 de febrero de 2010, Exp. 19417, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; 18 de febrero de 2010, Exp. 17295, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, Exp. 36.085, C.P. Ruth Stella Correa.

(4) Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de junio de 2009, Exp. 18.108, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 9 de junio de 2010, Exp. 19.283, C.P. Enrique Gil Botero, 11 de agosto de 2011, Exp. 20.325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789, C.P. Alier Hernández; 25 de enero de 2001, Exp. 12.831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, Exp. 25.020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, Exp. 15.528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(6) Las copias auténticas del proceso penal seguido por la Fiscalía General de la Nación por los hechos ocurridos el 20 y 21 de agosto de 1997 en el municipio de Cabrera se incorporaron al proceso el 20 de noviembre de 2002 (fl. 1, cdno. 3), pese a que el tribunal a quo solicitó su traslado mediante auto proferido el 7 de mayo de 1999 (fl. 35, cdno. 1).

(7) Al ser interrogado sobre los hechos que motivan esta demanda de reparación directa, el testigo Luis Enrique Ruiz Sánchez, manifestó lo siguiente: “De todas maneras eso fue cuando se tomaron esta población la guerrilla, nosotros estábamos esa ocasión en la casa de don Jaime Escobar, ubicada en el sitio de Profundos de este municipio, fue cuando por la noche a eso de las doce de la noche más o menos, escuchamos una balacera ahí, tanto por tierra como por aire, al otro día, aproximadamente a las seis de la mañana llegó la señora María Piñeros, la mamá de los dos hijos, pidiendo auxilios (sic) que sus hijos estaban heridos, nosotros el único auxilio que le prestamos fue prestarle una sábana para envolver a la niña que estaba herida. De ahí si no me consta nada más, tampoco recuerdo la fecha de esos hechos” (fl. 49, cdno. 2). En similar sentido, se pronunció la señora Rosa María Sánchez (fls. 52 y ss., cdno. 2).

(8) En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, Exp. 10.822, C.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

(9) Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo.

(10) La providencia del 12 de noviembre de 1993, Exp. 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, estas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.

(11) Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 15838, 18075, 25212 (acumulados). C.P. Jaime Orlando Santofimio. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que o no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (...) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la base militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.

(12) En las sentencias de 6 de octubre de 2005, Exp. AG-00948, C.P. Ruth Stella Correa; de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15.571, C.P. Mauricio Fajardo; y de 5 de diciembre de 2006, Exp. 28.459, C.P. Ruth Stella Correa, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños causados a los habitantes de distintos municipios del país durante enfrentamientos armados entre la guerrilla y las fuerzas armadas, suscitados en respuesta al ataque de los insurgentes contra cuarteles militares o estaciones de policía. De otra parte, en la sentencia de 28 de junio de 2006, Exp. 16.630, C.P. Ruth Stella Correa, el Estado fue condenado a reparar los daños causados por la explosión de un artefacto dirigido contra el Comando de Policía de Bello (Antioquía), sin que se hubiera generado un enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y los responsables del ataque. Idéntica decisión se adoptó por el Consejo de Estado mediante la sentencia del 19 de abril de 2001, Exp. 12.178, C.P. María Helena Giraldo, al resolver la acción de reparación directa por las víctimas de una bomba activada por la guerrilla de las FARC en una estación de gasolina en momentos en que los vehículos de la policía realizaban el tanqueo diario.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2000, Exp. 11.585, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(14) No obstante, cabe señalar que esta postura no ha sido asumida de forma unánime por la corporación. En efecto, en el salvamento de voto a la sentencia de 28 de junio de 2006, Exp. 16.630, el Consejero de Estado Mauricio Fajardo Gómez señaló que es equivocado afirmar que la simple presencia de una estación de policía en medio de la comunidad genera un riesgo de naturaleza excepcional pues, es justamente, dicha presencia “la que surte el efecto disuasivo en la delincuencia y se traduce en mejores condiciones de seguridad”. Lo contrario conduce a una enorme paradoja pues “no se ve entonces cómo podría la institución modificar su conducta para no ser condenada, pues si no hace presencia y deja de cumplir sus funciones incurre en omisión, pero si las cumple y para ello se hace presente de modo permanente, entonces es responsable por haber creado un riesgo de naturaleza excepcional por el solo hecho de acantonarse”. Posteriormente, el Consejero de Estado Ramiro Saavedra, en el salvamento de voto a la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15.571, manifestó: que no puede afirmarse que “la sola existencia de una instalación militar o de policía o, el ejercicio del deber de defensa de la comunidad, se convierta por sí mismo en un riesgo para la población en general, pues de aceptarse un razonamiento tal, se tendría que llegar a la paradoja de que la Fuerza Pública es al mismo tiempo un elemento de auxilio y de peligro de la ciudadanía, lo que generaría inestabilidad jurídica que atentaría contra los fines esenciales del Estado social de derecho consagrados en la Constitución Política, pues en ella la connotación que se le dio a la Fuerza Pública no fue otra que la de autoridad de protección”.

(15) En palabras del Consejo de Estado: “fijos atentados terroristas dirigidos indiscriminadamente contra la población resultan imprevisibles para las autoridades públicas, a menos que se produzcan amenazas previas que permitan adoptar oportunamente medidas de protección. No existe, entonces, en estos casos, una omisión del Estado que pueda constituirse en causa del hecho, por no haber impedido la acción de la delincuencia. Tampoco se presenta un riesgo concreto y excepcional que afecte a un grupo específico de ciudadanos, creado por la misma administración en cumplimiento de sus funciones”. Sección Tercera; sentencia de 10 de agosto de 2000, Exp. 11.585, C.P. Alier Eduardo Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia del 21 de junio de 2007, Exp. 25.627, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2000, Exp. 12.788, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 31 de octubre de 1997, Exp. 10.696, C.P. Ricardo Hoyos Duque y de 26 de febrero de 1996, Exp. 10.438, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, Exp. 16.205, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido, véase la sentencia de 19 de septiembre de 2011, Exp. 20.078, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

(19) Ibíd.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15.459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(21) Según los testimonios de Luis Enrique Ruiz y Rosa María Sánchez (fls. 49-55, cdno. 2).

(22) Exp. 15775, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(23) Exp. 18166. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Más ejemplos concretos de la forma como la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indemnizado el perjuicio moral que se origina en lesiones corporales pueden encontrarse en las sentencias de 19 de septiembre de 2011, Exp. 20078 y de 28 de septiembre de 2011, Exp. 21137, ambas con ponencia de Danilo Rojas Betancourth.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 31 de mayo de 2007, Exp. 15170, C.P. Enrique Gil Botero; de 24 de marzo de 2011, Exp. 19.032, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 17050, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En similar sentido, véase la sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13121, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(26) La Sala Plena de la Corporación en sentencia del 8 de septiembre de 1998, Exp. IJ­002 liquidó la indemnización por lucro cesante con base en el salario mínimo legal, a pesar de que la víctima cursaba ya estudios de odontología, por considerar que la privación de ingresos profesionales era meramente eventual. Dijo la Sala: “No se accederá a liquidar la indemnización con base en el promedio de ingresos que pudiera tener un odontólogo profesional, toda vez que la Sala entiende que dadas las condiciones en las cuales se encontraba Pedro Guillermo en relación con sus estudios universitarios de odontología, habiendo cursado tres semestres únicamente, con cuatro materias no aprobadas, no permiten concluir con certeza que a aquel se le frustró un ingreso de profesional, pues dicha condición no la tenía la víctima al momento del accidente. En esas condiciones el perjuicio consistente en la privación de ingresos de un profesional de la odontología, deviene eventual y por ende no tiene relevancia jurídica a efectos de la indemnización por tratarse de una mera posibilidad”.

(27) El artículo 119 del Código de Procedimiento Civil, establece que “a falta de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario para su realización de acuerdo con las circunstancias (...)”.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Exp. 38222, C.P. Enrique Gil Botero.

(29) [43] “Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos”. Cortés, Édgar, óp. cit., pág. 57.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Exp. 38222, C.P. Enrique Gil Botero.