Sentencia 1998-00809 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Radicado: 080012331000199800809 01

Expediente: 30496

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Jaime Rafael Santos Paternina y otros

Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser la entidad demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, esta corporación es competente, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que accede corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por los daños ocasionados por las obras públicas adelantadas por la administración, las cuales afectaron los rendimientos económicos del establecimiento de comercio de propiedad de los demandantes.

De la legitimación en la causa

Constata la Sala que la propiedad del establecimiento de comercio afectado, para la época de los hechos se encontraba en cabeza del señor Jaime Enrique Paternina Santos, por tanto, cuenta con legitimación en la causa, para solicitar el resarcimiento de los daños ocasionados al mismo. Por otra parte, también se encuentra demostrado que el área metropolitana de Barranquilla, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla “Edubar”, intervinieron en los contratos de obras públicas celebrados con el fin de rehabilitar la calle 30 de la ciudad de Barranquilla.

De la caducidad de la acción

En el presente asunto se pretende la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, por los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de las obras adelantadas en la calle 30 de la ciudad de Barranquilla.

Teniendo en cuenta la certificación emitida por la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla(2), las obras de reconstrucción y ampliación de la calle 30 en la ciudad de Barranquilla se llevaron a cabo entre el 8 de enero de 1997 y el 30 de abril de 1998, como la demanda fue impetrada el 20 de mayo de 1998, y adicionada el 23 de julio del mismo año, se encuentra dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento de los hechos, por lo que la acción no estaría caducada en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

Procede la Sala a determinar si se encuentra debidamente acreditado el daño invocado en la demanda, esto es, la disminución en las ventas del establecimiento de comercio de propiedad del demandante. En caso de encontrarse acreditada la existencia de dicho daño, se estudiará si el mismo ocurrió con ocasión de las obras de rehabilitación vial adelantadas por el área metropolitana de Barranquilla y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla “Edubar”.

III. Hechos probados

Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El señor Jaime Enrique Paternina Santos es propietario del establecimiento de comercio “Granero El Único”, ubicado en la calle 30 Nº 42D-16 de la ciudad de Barranquilla (certificación de existencia de matrícula en el registro mercantil emitida por la Cámara de Comercio de Barranquilla, fl. 14, cdno. 1).

2. El área metropolitana de Barranquilla celebró dos contratos de obra con las empresas Compacar Ltda. y Consorcio Orcaribe-Carlos Vengal P., para la reconstrucción de la calle 30, el 4 y 14 de julio de 1995. Además, la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla “Edubar” celebró contrato de obra con la unión temporal Gercon Ltda. - Equipo Universal y Cía. Ltda. con el objeto de canalizar el Caño del Mercado y construir las obras viales complementarias en la calle 30, entre la callera(sic) 46 y el puente de la calle 9 de la ciudad de Barranquilla. Estas obras iniciaron el día 22 de enero de 1996 (copia de los contratos celebrados, certificaciones emitidas por la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla “Edubar” y el área metropolitana de Barranquilla, fls. 36-103, cdno. 1).

3. Jaime Humberto, Leydis Tatiana y Luz Helena Paternina Gordon son hijos de Jaime Rafael Paternina Santos y Ruth Helena Gordon Schortbongh (registros civiles de nacimiento, fls. 16-18, cdno. 1).

IV. Análisis de la Sala

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, que establece la cláusula general de responsabilidad estatal, los elementos que la conforman son el daño antijurídico y la imputabilidad jurídica. Por tanto, para declarar la responsabilidad estatal resulta fundamental que confluyan dichos elementos.

Previo al estudio de la imputación del daño es necesario precisar que, para que haya lugar a imputarle responsabilidad al Estado por un daño antijurídico sufrido por algún ciudadano, se requiere que dicho daño se encuentre acreditado en el proceso, para luego proceder a analizar si este constituyó un desequilibrio de las cargas públicas que aquel debía soportar, y si ocurrió como consecuencia de una actuación legítima de la administración.

En el presente caso, aunque la parte actora, contrario a lo concluido por el a quo, considera que el daño invocado en la demanda, es decir, la disminución en las ventas en su establecimiento de comercio y su relación directa con la realización de obras públicas en la vía, está plenamente acreditado por los medios de convicción obrantes en el expediente, la Sala encuentra, tal como lo hizo el fallador de primera instancia, que en el presente proceso existen falencias probatorias que impiden tener como acreditado el daño, dado que no se demostró que este fuera cierto, concreto y particular.

En efecto, teniendo en cuenta que el daño cuya indemnización se reclama se constituye en las pérdidas económicas del establecimiento de comercio “Granero El Único”, generadas por la obstrucción de las vías de acceso al mismo, para acreditar su carácter de cierto, la parte actora tenía la carga de demostrar, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la existencia real de dichas pérdidas, mediante documentos apropiados para tal fin, tales como libros contables, estadísticas de ventas diarias, balances y/o declaraciones tributarias.

Con el fin de acreditar el daño alegado, en el proceso se solicitó la recepción de las declaraciones de dos clientes del establecimiento de comercio “Granero El Único”, quienes afirmaron:

Rafael Cure Lambraño

(...) del año 1995 hasta el 1999 el arreglo que se estaba haciendo en las calles perjudicaba a las propiedades, sobre todo al Almacén el Único de Jaime Rafael Paternina, ubicado en la Cra. 42 D con calle 30. No había acceso a los transportes y la gente no iba al almacén, porque estaban las calles reventadas. PREGUNTADO: Diga el declarante por qué tuvo usted conocimiento de la situación que acaba de exponer. CONTESTÓ: yo compraba allá en el almacén, y dejé de ir a comprar muchas veces por la incomodidad. PREGUNTADO: Diga el declarante en qué consistieron los arreglos que dice usted se produjeron en la calle 30 y en sus alrededores. CONTESTÓ: las calles estaban picadas y estaban llenas de agua. PREGUNTADO: Exprese el declarante ya que dice usted haber asistido con alguna frecuencia al Almacén El Único, establecimiento comercial aledaño a la zona objeto de los trabajos aludidos; con qué fin hubo que picarse las calles, las que presentaban según dicho agua. CONTESTÓ: entiendo que esto era para arreglarlas, para pavimentarlas, para ampliarlas (...) Sírvase decir el declarante si le consta para qué época, es decir, qué días y meses de 1995 y de 1999 se inició la ampliación y pavimentación a que usted se refiere. CONTESTÓ: A mediados de julio de 1995 se iniciaron, y terminaron a mediados del año de 1999. PREGUNTADO: Diga el declarante si el arreglo a que usted se refiere, consistió en una ampliación y pavimentación de la calle 30 de Barranquilla, en caso afirmativo, qué carreras compredió(sic) dichas obras públicas. CONTESTÓ: sí me consta que los arreglos consistieron en una ampliación y pavimentación de la calle 30 de Barranquilla, entre las carreras 42D y carrera 38 en donde se localizaba el Almacén Granero el Único. PREGUNTADO: Sírvase decir el declarante si durante el tiempo de iniciación, ejecución y finalización de la ampliación y reconstrucción de la calle 30 de Barranquilla entre las carreras 46 a 38, hubo acceso de buses, busetas, taxis y de vehículos automotores que transportaban a los compradores que habitualmente o cotidianamente adquirían sus productos o mercancías en los establecimientos de comercio como El Granero (sic) Único ubicado en dicho sector en la calle 30 # 42D-16. CONTESTÓ: no hubo transporte de ninguna índole porque las calles estaban reventadas eso ocasionó que la mayoría de los compradores no fuéramos (sic) comprar al Granero El Único en la calle 30 # 42D-16 porque había mucha dificultad para llegar hasta allá, lo cual produjo graves perjuicios económicos, morales, tanto para el señor Paternina Santos, propietario del Granero el Único, como para sus familiares, compañera permanente Ruth Elena Gordon y sus hijos Jaime Humberto, Ledis Tatiana y Luz Helena Paternina Gordon. La familia sufrió mucho, padecieron estrés, angustia, preocupación, no dormían porque estaban quedando en la ruina a consecuencia de las malas ventas (fls. 136-137, cdno. 1).

Por su parte el señor Armando Custodio Salazar declaró:

(...) yo conocimiento (sic) del caso de la calle 30 tengo porque yo soy cliente del Granero El Único, que quedaba en la calle 30 # 42D-16 (...) fui testigo presencial de cuando comenzó la obra de la calle 30, si no estoy mal de un 14 de junio de 1995 a 1999. Fui testigo de la construcción de la calle 30 y el llamado caño de la ahuyama, donde se empezaron las obras de ambos carriles de la calle no permitiendo el paso de ninguna clase de vehículos, ni siquiera carretillas. Soy testigo porque, como cliente de (sic) Granero El Único, frecuentaba la ida al mismo, vivía enterado de los perjuicios que estaba recibiendo el señor Jaime Paternina, por años, no fueron días sino años, perjuicios que conllevaron al señor Jaime Paternina Santos a un bajón de ventas grandísimo, causándole casi la ruina total. Fui testigo porque hace rato yo lo venía tratando, llegamos a conocerlo tanto que me contaba mucho sus problemas, como le iba rindiendo su trabajo y como veía perder su negocio que lo habían levantado con tanto sacrificio él y su familia. Veía tanto la preocupación del señor Jaime Paternina Santos que muchas veces me tocaba aconsejarlo, que tuviera fuerzas (...) pero el negocio se fue a pique, se fue a la bancarrota, el señor Jaime Paternina de unos años para acá es que se ha venido a recuperar, ha venido anímicamente levantado (...) y ahí sigue en la lucha, endeudado pero en la lucha, o sea que todavía existe. PREGUNTADO: Diga el declarante en qué consistieron los arreglos que dice usted se produjeron en la calle 30 y en sus alrededores. CONTESTÓ: se produjo la ampliación de la calle 30 entre carreras 46 y 38 y pavimentación de la misma, así como la canalización del caño de la ahuyama por parte del área metropolitana de Barranquilla y el Distrito de Barranquilla. PREGUNTADO: Diga el declarante si le consta si las ventas y utilidades del Granero El Único (...) disminuyeron grandemente como consecuencia de las obras (...): como dije antes, yo soy testigo de la pérdida que tuvo el señor Jaime Paternina Santos durante esos años, las pérdidas cuando eso ascendieron a $ 70.150.000 me consta esa suma porque él cogió tanta confianza en mí que él me mostró las libretas donde llevaba el movimiento de diario, mensual y anual, esa suma corresponde a los años entre 1995 y 1997, si mal no estoy (...) (fl. 140, cdno. 1).

Las anteriores declaraciones dan cuenta de que efectivamente la realización de las obras provocó una obstrucción al acceso vehicular del establecimiento de comercio del señor Paternina, sin embargo, las afirmaciones de los declarantes sobre las pérdidas económicas, que en virtud de dicha obstrucción hubiere sufrido el demandante, no tienen pleno valor probatorio, pues, debido a que el daño es de naturaleza económica, para acreditar la ocurrencia de una disminución en los ingresos por ventas, dichas afirmaciones deben ser valoradas en conjunto con documentos que las sustenten.

Lo anterior debido a que, por tratarse de información contable, detallada y periódica, que el comerciante tiene la obligación de registrar, no basta con que un tercero mencione una suma de dinero en su declaración, pues esta prueba no brinda información sobre la variación de los ingresos y egresos del establecimiento de comercio durante determinada época, por tanto, es necesario conocer dicha información consignada en documentos tales como libros de contabilidad, facturas, reportes de ventas, etc., con el fin de que sustenten las afirmaciones hechas por los declarantes.

Así las cosas, si bien las declaraciones gozan de veracidad, pues no fueron tachadas de falsas en el proceso, estas solamente dan cuenta de la posible configuración de un perjuicio económico y moral que tendría origen en el daño alegado en la demanda, es decir, la disminución en los ingresos por ventas del establecimiento de comercio. Sin embargo, debido a la naturaleza económica del daño, para acreditarlo, las afirmaciones contenidas en las declaraciones deben contar con sustento en las pruebas documentales idóneas.

Por lo anterior, a pesar de que mediante los testimonios arriba transcritos se encuentra acreditado el hecho de la obstrucción al establecimiento de comercio, como consecuencia de las obras públicas adelantadas en sus inmediaciones, lo cual, afectó el desarrollo de la actividad comercial del demandante, el daño en el presente caso, no se erige sólo sobre la ocurrencia de dicha obstrucción vial, sino que se edificó sobre la configuración de unas pérdidas económicas por la disminución de los ingresos de un establecimiento de comercio, por tanto, debido a la naturaleza pecuniaria del daño alegado, se requiere de una acreditación técnica y cuantitativa.

Ahora bien, aunque el señor Fredy Chamorro Niebles, en calidad de contador, certificó (fl. 28, cdno. 1) que las pérdidas económicas por la disminución en las ventas del establecimiento de comercio Granero Único ascienden a $ 70.150.000, de acuerdo con la siguiente argumentación:

Certifico que: mediante análisis de ingresos y gastos en el establecimiento de comercio ubicado en la calle 30 Nº 42D-16 de esta ciudad en comparación con los realizados en los mismos periodos de años anteriores a la realización de las obras de reconstrucción de la calle 30, la canalización del caño del mercado y obras complementarias, se llegó a la siguiente conclusión;

La disminución en las ventas en el mencionado local ocasionó pérdidas aproximadas, calculadas por periodo así:

Período de junio 14 de 1995 a junio 30 de 1995$ 1.500.000
Periodo de julio 1º de 1995 a julio 31 de 1995$ 3.000.000
Periodo de agosto 1º de 1995 a agosto 31 de 1995$ 3.000.000
Periodo de septiembre 1º de 1995 a septiembre 30 de 1995$ 3.500.000
Periodo de octubre 1º de 1995 a octubre 31 de 1995$ 3.400.000
Periodo de noviembre 1º de 1995 a noviembre 31 de 1995$ 3.300.000
Periodo de diciembre 1º de 1995 a diciembre 31 de 1995$ 3.500.000
Periodo de enero 1º de 1996 a enero 31 de 1996$ 3.100.000
Periodo de febrero 1º de 1996 a febrero 29 de 1996$ 3.200.000
Periodo de marzo 1º de 1996 a marzo 31 de 1996$ 3.600.000
Periodo de abril 1º de 1996 a abril 30 de 1996$ 3.200.000
Periodo de mayo 1º de 1996 a mayo 31 de 1996$ 3.700.000

Período de junio 14 de 1996 a junio 30 de 1996$ 2.900.000
Periodo de julio 1º de 1996 a julio 31 de 1996$ 3.000.000
Periodo de agosto 1º de 1996 a agosto 31 de 1996$ 3.200.000
Periodo de septiembre 1º de 1966 a septiembre 3D de 1996 $ 2.900.000
Periodo de octubre 1º de 1996 a octubre 31 de 1996 $ 2.800.000
Periodo de noviembre 1º de 1996 a noviembre 31 de 1996 $ 2.500.000
Periodo de diciembre 1º de 1996 a diciembre 31 de 1996 $ 2.800.000
Periodo de enero 1º de 1996 a enero 31 de 1996 $ 2.900.000
Periodo de febrero 1º de 1996 a febrero 29 de 1996 $ 2.700.000
Periodo de marzo 1º de 1996 a marzo 31 de 1996 $ 2.900.000
Periodo de abril 1º de 1996 a abril 30 de 1996 $ 2.800.000
Periodo de mayo 1º de 1996 a mayo 31 de 1996 $ 450.000

La anterior afirmación no puede tenerse como plena prueba de las pérdidas económicas del establecimiento de comercio de propiedad del demandante, pues, aunque el contador afirma que las sumas certificadas corresponden al análisis de los ingresos y gastos del establecimiento de comercio, no explicó de manera específica y detallada, a qué gastos e ingresos se refiere en el informe, sino que anotó algunas sumas de dinero mensuales sin exponer su fundamentación.

Frente al valor probatorio de las certificaciones emitidas por contador público, es preciso señalar que los artículos 1º y 2º de la Ley 43 de 1990 prescriben:

ART. 1º—Del contador público. Se entiende por contador público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general.

La relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales ni a los contadores públicos que presten sus servicios a sociedades que no estén obligadas, por ley o por estatutos, a tener revisor fiscal.

ART. 2º—De las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Para los efectos de esta ley, se entienden por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional de contador público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables y similares (...).

De lo anterior se desprende que (i) los contadores públicos debidamente inscritos (ii) están facultados para dar fe pública de los hechos propios del ámbito de su profesión. Siendo así, esos profesionales (iii) pueden, entre otras, certificar sobre los estados financieros y expedir certificaciones con base en los libros contables. Con todo, esa certificación no es suficiente por sí misma para que el juez le otorgue plenos efectos probatorios, toda vez que, en cada caso, deberán indicarse o aportarse los respaldos que sirvieron de fundamento de la certificación extendida.

Efectivamente, las certificaciones de los contadores públicos sobre el estado contable de los comerciantes deberán apoyarse, entre otros, en los estados financieros o los libros contables. La jurisprudencia de esta corporación así lo ha puesto de presente(3):

Sobre este tema considera la Sala que en el caso presente, se hacían indispensables pruebas adicionales que no sólo corroboraran sino que explicaran y justificaran los cambios realizados a los registros contables para poder entender comprobados los pasivos aducidos por la contribuyente y por ende su procedencia para disminuir las cuentas por cobrar y el patrimonio declarado.

En efecto, la certificación se limita a señalar que los cambios afectaron los libros mayor y diario pero no explica ni sustenta con referencias a los documentos soporte las realidades, razones, fechas y características de tales modificaciones. Sirve por tanto de indicio probatorio pero requería de documentación y pruebas adicionales para llevar a la certeza de los pasivos y de su procedencia.

Sobre estas condiciones para que las certificaciones de contador sirvan como prueba de los hechos alegados se ha pronunciado esta Sala en reiteradas decisiones así:

“A su vez, el artículo 777 del estatuto tributario(4) señala que para la presentación de pruebas contables son suficientes las certificaciones de contadores o revisores fiscales, de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad de la administración de hacer las comprobaciones pertinentes, en ejercicio de su poder de fiscalización”.

La jurisprudencia ha dicho que las certificaciones de contador público o revisor fiscal constituyen plena prueba cuando logran el convencimiento del hecho que se pretende probar, se sujetan a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, y expresan si esta se lleva de acuerdo con las prescripciones legales, si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio, si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico(1).

Así mismo, la Sala ha precisado que el carácter de prueba contable suficiente del certificado del contador o revisor fiscal se sujeta a que tenga algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse.

En consecuencia, el mérito probatorio que otorga la norma tributaría a los mencionados certificados no puede versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que los revisores fiscales o contadores dan cuenta, pues en su calidad de profesionales de las ciencias contables y responsables de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, están en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparezcan registradas las afirmaciones vertidas en sus certificaciones.

De lo expuesto se tiene que la certificación del contador público requiere de un grado de certeza que permita llevar al juez al convencimiento de que lo que allí se acredita corresponde con la realidad. Es así como se le exige detalle frente a los fundamentos de su expedición. Así lo explicó esta corporación(5):

Lo anterior no significa que la Sala exija una tarifa legal en cuanto al certificado de revisor fiscal o para demostrar el costo de la materia prima vendida. La necesidad de que el certificado contable sea completo, detallado y coherente, responde al hecho de que precisamente es prueba contable y, como tal, podría reemplazar, en principio, la labor de verificación directa que debe realizar el juez o el funcionario administrativo sobre los documentos contables del contribuyente.

Además, del artículo 777 del estatuto tributario no se deduce la aceptación incondicional del certificado del revisor fiscal como verdad real de una operación del contribuyente que deba constar en su contabilidad.

Precisamente, esta prueba, como tal, no está sometida a una tarifa legal. Su valoración se hace de acuerdo con la sana crítica. En virtud de este principio el juez tiene la facultad de analizar el certificado y los elementos que se tuvieron en cuenta para expedirlo, de manera que si el juez no encuentra que esté bien fundamentado, tiene la facultad de separarse de él. Por ello, depende de la eficacia e idoneidad del certificado que el juez lo acepte como prueba contable.

Como en este caso, el certificado analizado no se refirió a los números ni a las fechas de los comprobantes externos e internos que soportaron el costo de los inventarios, ni explicó claramente la forma de contabilización, para la Sala no es suficiente para desvirtuar la glosa. En consecuencia, en este aspecto se confirmará la decisión del tribunal.

En esa misma dirección, en un asunto donde se reclamaban los perjuicios económicos que se le ocasionaron a un particular por unas resoluciones por las cuales prestaba el servicio de grúa y patios en la ciudad de Pereira, los cuales se intentaban probar con unas certificaciones de un contador público, la Sección Primera precisó(6):

De conformidad con las referidas normas (se refiere al estatuto tributario y la L. 43/90) y con la jurisprudencia sobre los requisitos que deben cumplir las certificaciones que expidan los contadores públicos y revisores fiscales para que sean tenidas como prueba idónea, no es posible darle esa categoría a la “constancia” expedida con destino al proceso por el gerente de la empresa demandante y por su revisor fiscal, pues si bien se encuentra suscrita por este último, que conforme al artículo 10(7) de la Ley 43 de 1990 hace presumir que se ajusta a los requisitos legales, carece por completo de soportes o al menos de información sobre las fuentes contables con base en las cuales se realizaron los cálculos para deducir que las cifras en él consignadas corresponden a los ingresos mensuales promedio que presuntamente dejó de percibir la actora como consecuencia de los actos acusados, y que permitirían a la Sala llevarla al convencimiento de que tales perdidas efectivamente se produjeron.

De igual forma, esta Sección, frente a los estados financieros certificados por contador público, llamó la atención de que no es suficiente con la firma de ese profesional, sino que, según lo conceptuado por el Consejo Técnico de Contaduría Pública, se requiere que se declare que se verificaron las aseveraciones contenidas en ese documento, con base en los reglamentos, y los libros contables. En esa oportunidad, se precisó(8):

En el Concepto 212, de diciembre 28 de 1998, el consejo técnico reiteró que cuando se trata de la participación de una sociedad en una licitación pública, los estados financieros —certificados o dictaminados— necesariamente deben estar suscritos por un profesional de la contaduría. Ahora, para mayor claridad cabe precisar que los estados financieros pueden ser, genéricamente, de dos clases: i) certificados y ii) dictaminados. Esta distinción también procede de los artículos 34 a 43 de la Ley 222 de 1995, y se desarrollaron en el Concepto 258, del 14 de diciembre de 1999, donde se concluyó:

“La Ley 222 de 1995 en sus artículos 34 a 43, introdujo importantes modificaciones a las normas que sobre estados financieros trae el Decreto 2649 de 1993. Es por ello que en lo relacionado con certificaciones y dictámenes de estados financieros se hace imprescindible recurrir a la Ley 222 para resolver cualquier inquietud relacionada con estados financieros de la índole a que venimos refiriéndonos.

“En primer lugar es preciso tener en cuenta que el artículo 37 de la aludida Ley 222, expresa: “El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros”.

“De otro lado el artículo 38 de la ya aludida ley, refiriéndose a los estados financieros dictaminados, expresa: “Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas...”.

En los tres eventos, es decir, tratándose de estados financieros certificados, dictaminados o certificados y dictaminados, se requiere acompañarlos del aval de un contador público. En efecto, el Concepto 20 de 2002 también distingue las clases de estados financieros, y arribó a la misma conclusión, es decir, que en uno y otro evento el contador público es el profesional idóneo y competente para avalar tales documentos:

“En relación con lo anterior, los “estados financieros certificados” son los que, suscritos por el representante legal y el contador público, bajo cuya responsabilidad se prepararon, para ser puestos en conocimiento de los asociados o terceros, contienen la “certificación” de ser reflejo fiel de los libros y de haber sido objeto de previa comprobación, según el reglamento. Sobre esta base, los “estados financieros dictaminados” son aquellos estados financieros certificados que, por haber sido objeto de la verificación del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiera confrontado, cuentan, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y las obligaciones propias del revisor fiscal, con el correspondiente concepto o dictamen. Dichos estados deben estar suscritos por los citados profesionales. Pero, puesto que la razón de ser de las intervenciones de estos profesionales, por lo menos en relación con los estados financieros, es la manifestación de un concepto de auditoría, no basta que puedan suscribirlos, sino que es menester que, sin perjuicio de las manifestaciones mínimas a que los obliga el ordenamiento jurídico, tengan también el derecho de exponer libremente lo que a bien tengan sobre la razonabilidad de los instrumentos examinados, según sus apreciaciones éticas y sus propias capacidades como expertos en la materia...”.

Nótese, de acuerdo con lo expuesto por el consejo técnico, que para avalar los estados financieros no basta la firma del profesional de la contaduría, por el contrario, incluso éste goza de libertad para exponer las consideraciones que merezca su expedición (se resalta).

En ese orden, la Sala considera que la certificación del contador público aportada al proceso es insuficiente para demostrar la existencia del daño, toda vez que se desconoce el fundamento de las conclusiones en ella contenidas ya que no obran soportes en el proceso que respalden el contenido de la certificación que finalmente se limita a señalar unos ingresos sin que se conozca la fuente de esa información.

Ahora bien, además de las declaraciones rendidas y la certificación expedida por el contador, obra en el expediente dictamen pericial realizado a solicitud de la parte actora para determinar el quantum de los perjuicios materiales aducidos en la demanda. Respecto de la eficacia probatoria de un dictamen pericial la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que se requiere que:

(i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad,·(iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad,· (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas(9) (10).

Al examinar el dictamen pericial a la luz de estos parámetros, la Sala advierte que, la valoración de los daños hecha por los contadores Víctor de la Hoz Rodríguez y David Fernando Fontalvo Polo, no se encuentra razonablemente fundada, por las siguientes razones:

1. De acuerdo con lo consignado en el informe pericial: “recibimos informaciones de los siguientes comerciantes (...) quienes nos manifestaron (...) que como consecuencia de las obras (...) el negocio Granero El Único, fue gravemente afectado en sus ventas lo cual lo llevó a la quiebra, porque las ventas disminuyeron tremendamente en un 85% (...)(11)”, la valoración no se hizo con base en la idoneidad técnica y profesional del perito, sino a partir del criterio rendido por terceros.

2. No se realizó una relación pormenorizada de los ingresos y egresos del establecimiento de comercio, como tampoco se aportaron los “comprobantes de egresos, los libros auxiliares de compras y ventas y demás registros contables”(12) que aluden los peritos usaron como fundamento para determinar las pérdidas durante la ejecución de la obra pública.

3. El análisis cuantitativo de ingresos y egresos del establecimiento de comercio, consignado en el dictamen pericial, es la transcripción literal de la certificación emitida por contador público allegada con la demanda, con su respectiva actualización; sin embargo, como ya se expuso, tal información no brinda certeza sobre los ingresos y egresos reales del establecimiento de comercio durante la ejecución de la obra pública, porque no es detallada y carece de fundamentación probatoria.

De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que el dictamen pericial no puede tenerse como prueba para la acreditación de daño, pues se encuentra fundamentado, por un lado, en la certificación emitida por contador público allegada con la demanda, la cual, como ya se dijo, no brinda certeza sobre la configuración del daño, como también, en las afirmaciones realizadas por terceros, quienes no cuentan con la idoneidad técnica para determinar un porcentaje de pérdidas en el establecimiento de comercio del demandante.

Sobre la valoración del dictamen pericial la jurisprudencia ha establecido:

[D]e conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos —y no cuestiones de derecho— que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de la partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal(13) y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad (CPC, art. 237, num. 2º).

A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “...aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores (...)”(14).

En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma(15).

En el presente caso, encuentra la Sala que el dictamen pericial obrante en el proceso no está basado en conocimientos técnicos de los peritos, como tampoco en una apreciación personal de los mismos, pues este se limita a relatar la opinión que de las pérdidas económicas del establecimiento de comercio de propiedad del demandante, tienen terceros, así como a la certificación emitida por otro contador público.

Por lo anterior, la Sala encuentra que el dictamen pericial realizado en el proceso no acredita la ocurrencia del daño invocado en la demanda, en la medida en que no da cuenta de manera técnica, personal y detallada, del detrimento económico aludido en la demanda como constitutivo del daño. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo aludido por la parte actora, el daño se constituyó con las pérdidas económicas que sufrió el propietario del establecimiento de comercio “Granero Único”, debido a la disminución en las ventas ocurrida como consecuencia de la obstrucción que generó la realización de las obras públicas en la calle 30, advierte la Sala que del material probatorio obrante en el expediente no se desprende la ocurrencia de dicha disminución en los ingresos por ventas del mencionado establecimiento.

Es preciso señalar, que para imputarle responsabilidad al Estado por la ocurrencia del daño alegado en la demanda, es decir, las pérdidas económicas causadas por la realización de las obras públicas en la calle 30 de la ciudad de Barranquilla, era necesario, en primer lugar, demostrar de manera concreta y cuantitativa la ocurrencia de una variación en las ventas regulares del establecimiento de comercio, para entonces, determinar si hubo relación directa entre dicho daño y la actuación de la administración.

No obstante, como no se demostró debidamente la ocurrencia del daño, no habrá lugar a analizar la imputación del mismo a las entidades demandadas.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto denegó las pretensiones de la demanda, pero sobre la base de que no se demostró la existencia del daño, de acuerdo a las razones anteriormente expuestas.

VI. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 8 de octubre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La pretensión mayor fue estimada en $ 70.150.000, correspondientes a la indemnización por perjuicios materiales en cabeza del señor Jaime Paternina Santos, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el 1998 fuera de doble instancia ($ 18.850.000). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

(2) Folio 36, cuaderno 1.

(3) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 18 de octubre de 2012, expediente 18329, M.P. Carmen Teresa Ortiz Rodríguez.

(4) Dicha norma es del siguiente tenor literal: “Cuando se trate de presentar en las oficinas de la administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes”.

(5) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de agosto de 2010, expediente 16.750, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(6) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 23 de agosto de 2012, expediente 66001-23-31-000-2003-00644-02, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(7) Cita original: “ART. 10.—De la fe pública. La atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances se presumirá además, que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance”.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, expediente 25.804, M.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 24.845, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) [3] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, expediente AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de octubre de 2013, expediente 27954, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(11) Informe pericial rendido por los contadores Víctor de la Hoz Rodríguez y David Fernando Fontalvo Polo obrante a folio 392 del cuaderno 5.

(12) Dictamen pericial obrante a folio 119 del cuaderno 1.

(13) [66] Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.

(14) [68] Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, radicación 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.