Sentencia 1998-00828 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., 13 de diciembre 2017

Exp.: 40447

Rad.: 700012331000199800828 01

Actor: Elena Alba Puche Meza y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Armada Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

  1. El 1 de diciembre de 1998, los señores Elena Alba Rosa Puche Meza(1),
 

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, en un proceso que, por su cuantía, tiene vocación de doble instancia ante esta corporación(2).

7.1. En este punto, conviene precisar que habida cuenta de que la parte demandante fue la única en apelar la decisión de primera instancia, la Sala, en principio, se limitará a pronunciarse respecto del objeto de su medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(3) del Código de Procedimiento Civil.

7.2. No obstante, al admitir dicha regla ciertas excepciones derivadas, por una parte, de la facultad del juzgador de segunda instancia para manifestarse en cuanto a los aspectos implícitos de los argumentos que se esgriman en la apelación y, de otro lado, de los diferentes cuerpos normativos que le imponen el deber de pronunciarse de oficio —normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, y normas legales de carácter imperativo—, en el evento en que las especificidades del presente asunto lo ameriten, se abordarán de manera oficiosa los aspectos exceptivos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar la decisión(4). En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló:

3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(5), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(6), “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.

3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.  

3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (...)(7).

7.3. Asimismo, se debe aclarar que debido a que el objeto de debate se circunscribe a las defunciones de los señores Manuel Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche, acaecidas en el marco del conflicto armado interno en Colombia, específicamente, como consecuencia del actuar ilegal de las ACCU y AUC, el presente asunto puede resolverse sin sujeción estricta a su entrada para fallo, de conformidad con el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 26 de enero de 2017(8).

II. Validez de los medios de prueba.

8. En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el presente asunto, cabe destacar lo siguiente:

8.1. Al expediente fueron allegados ciertos apartes de las investigaciones penal y disciplinaria adelantadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, con ocasión de la masacre acaecida en el corregimiento de Pichilín, Municipio de Morroa, Sucre, pesquisas al interior de las cuales se practicaron o aportaron varias pruebas.

8.2. Respecto de dichas investigaciones, cabe recordar que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

8.3. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación, si su traslado se da por petición de las dos partes o con su anuencia, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de los extremos de la litis acepte o convalide que dichos elementos de convicción hagan parte del acervo probatorio del asunto contencioso administrativo, pero en el evento de resultarle desfavorables a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(9).

8.4. Asimismo, la Sección Tercera en pleno también ha considerado que “cuando uno de los extremos de la litis es la Nación representada a través de alguna de sus entidades, entonces es plausible afirmar que, si la prueba trasladada fue practicada por otra entidad también del orden nacional, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, entonces no le es dable a la Nación —como parte procesal— aducir, con base en el aludido precepto adjetivo, la carencia de validez del medio de convicción, pues es claro que la parte tuvo audiencia en la recopilación del mismo y pudo haber ejercido su derecho de contradicción a través de la entidad nacional que intervino en su recaudación, lo que ocurre en el presente caso cuando se pretende hacer valer frente al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional un testimonio recaudado por la Procuraduría General de la Nación(10) (resaltado del original), lo que como se observa, se señaló que aplica incluso en relación con pruebas testimoniales, toda vez que “por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración(11).

8.5. Con observancia de lo expuesto, toda vez que la parte demandante pidió que se aportaran las pruebas que obraban en las investigaciones de índole penal y disciplinaria señaladas (fls. 7, 8, cdno. 1), y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional coadyuvó la petición de traslado de algunos de los documentos que se allegaron a esas pesquisas (fls. 54, 65, cdno. 1), e intervino en la práctica y recaudación de la totalidad de dichos medios probatorios, en tanto los mismos fueron obtenidos por parte de la Nación – Fiscalía General de la Nación – Procuraduría General de la Nación(12), esos elementos de convicción serán susceptibles de valoración sin formalidad adicional alguna.

8.6. Cabe destacar que en relación con los medios probatorios que fueron trasladados del procedimiento penal aludido, las declaraciones recepcionadas bajo la gravedad de juramento podrán ser apreciadas libremente por esta corporación, toda vez que se trata de pruebas testimoniales recogidas con la rigurosidad exigida por los artículos 213 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en cuya práctica tuvo audiencia la Nación, ahora persona jurídica demandada.

8.7. No obstante lo anterior, no serán valoradas las declaraciones practicadas y trasladadas de testigos con reserva de identidad, en consideración a que su estimación constituiría una vulneración al derecho debido proceso de las partes, tal como lo ha considerado esta misma Subsección en pasadas ocasiones con fundamento en lo señalado al respecto por la Corte Constitucional. Sobre la materia se ha dicho:

Precisa la Sala que toda vez que el artículo 293 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 37 de la Ley 81 de 1993, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-392 de 2000(13), de las pruebas se excluirán los testimonios de personas acogidas a la reserva de identidad de la que trataba esa norma, vigente para la fecha de su recepción, rendidos dentro de la mencionada investigación o ante la dirección regional de fiscalías, estos últimos, trasladados al aludido proceso disciplinario. 

(...) En dicha ocasión consideró la Corte Constitucional, que si bien en anteriores oportunidades había declarado exequible la figura de los testigos con reserva de identidad, ello había ocurrido “bajo la convicción de que se trataba de una normatividad que obedecía a una situación socio-política excepcional y que debía ser temporal y no permanente”. Los argumentos que llevaron a la declaratoria de inconstitucionalidad de la figura en comento fueron los siguientes:

“(...) Es evidente que cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra del sindicado se mengua de manera protuberante y ostensible la garantía constitucional del debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad.

(...) En efecto, para nadie es desconocido que las condiciones personales del testigo como órgano de la prueba, pueden ser también materia de debate en el ejercicio del derecho de contradicción, cual sucede por ejemplo, si el testigo ciego afirma haber visto algo, y se discute por el sindicado si aquél tiene un sentido de la vista normal, disminuido, o carece del mismo por completo (...). Del mismo modo, la relación personal del testigo con el sindicado, con las autoridades o con quienes eventualmente puedan resultar afectados o beneficiados con su declaración, puede ser objeto de confrontación y examen en la contradicción de la prueba. Además, el contacto directo de las partes con el testigo durante la recepción de la declaración de este, permite al procesado o a su apoderado la percepción inmediata de la reacción anímica del deponente ante las preguntas que se le formulan, lo cual puede resultar útil para ejercer el derecho de preguntar o contrapreguntar en ese preciso momento algo que permita examinar lo declarado para mayor precisión en relación con los hechos objeto de la investigación, oportunidad que, conforme a las psicología judicial puede ser imposible de repetir luego, lo que quiere decir que, si se ignora quién es el testigo y si el sindicado se encuentra ausente cuando aquél declara, de esta manera se vulnera también su derecho a la publicidad y a la contradicción de la prueba, parte fundamental del debido proceso judicial. Lo mismo puede predicarse de las especiales circunstancias de tiempo, de modo y de lugar de las que afirma el declarante existieron para percibir los hechos que narra en el proceso, las cuales pueden constituir una explicación verosímil y suficiente, o por el contrario pueden servir para descartar tal verosimilitud y, en consecuencia, la credibilidad del testigo.

(...) De esta suerte, ha de concluirse entonces que la reserva de identidad de los investigadores, juzgadores y testigos resulta violatoria del derecho a la publicidad del proceso, a la imparcialidad de los funcionarios y a la contradicción de la prueba y, en tal virtud, de la garantía constitucional al debido proceso consagrada por el artículo 29 de la Carta (...)”.

Dichos argumentos son compartidos por la Sala in extenso, pues resulta claro que aunque los testimonios de personas con identidad protegida, trasladados debidamente a éste proceso, de la investigación adelantada en su momento por la Procuraduría General de la Nación, en cuanto a su recepción se ajustan a las normas vigentes en dicho momento, su valoración en esta oportunidad contradice los postulados de publicidad del proceso y contradicción de la prueba y, en ese orden de ideas, la garantía constitucional al debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución de 1991 y además —por tales razones—, al haber sido expulsada dicha figura del ordenamiento jurídico —con efecto general inmediato— impone su no apreciación para efectos del sub examine(14). 

8.8. Por lo tanto, a pesar de que los testimonios aludidos se rindieron con fundamento en lo dispuesto por la ley vigente para el instante de su recepción, lo cierto es que su valoración en este momento representaría una grave afronta a las garantías judiciales de las partes del proceso, en consideración a que (i) nunca se les pudo controvertir en debida forma, circunstancia que precisamente llevó a que se removiera ese tipo de pruebas del ordenamiento jurídico, y (ii) carecen de datos relevantes para determinar su credibilidad, especialmente dado que resulta inviable determinar la ciencia de los dichos de los deponentes, razones por las cuales tales declaraciones no pueden ser tenidas en cuenta en el presente asunto —en igual sentido lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia frente a casos similares—(15).

8.9. Igualmente, conviene precisar que esta Subsección ha considerado que es posible valorar el contenido de las indagatorias que se rindan al interior de un proceso penal, pese a que no se realicen bajo la gravedad de juramento, en consideración a que las mismas tienen la potencialidad de generar credibilidad siempre y cuando su contenido cumpla con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra que tengan soporte en otros medios de prueba que válidamente se pueden apreciar en el proceso contencioso administrativo(16), requisitos que aplican a la totalidad de ese tipo de declaraciones, salvo en lo relativo a los generales de ley del deponente, parte de la declaración que puede ser apreciada con mayor libertad(17).

8.10. De otra parte, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido por los artículos 194(18) y 195(19) del Código de Procedimiento Civil, las declaraciones formuladas por las partes sólo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión. En este sentido, la doctrina jurídica ha señalado:

Confesión es un medio de prueba judicial, que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento, expresa, terminante y seria, hecha conscientemente, sin coacciones que destruyan la voluntariedad del acto, por quien es parte en el proceso en que ocurre o es aducida, sobre hechos personales o sobre el reconocimiento de otros hechos, perjudiciales a quien la hace o a su representado, según el caso, o simplemente favorables a su contraparte en ese proceso. (...) La apreciación de la confesión tiene un triple aspecto: 1) determinar si existe confesión válida y si es judicial o extrajudicial; 2) determinar el contenido de la confesión, o sea cuáles son los hechos confesados; y 3) asignarle el mérito probatorio como instrumento de convicción respecto a la existencia o inexistencia de tales hechos(20).

8.11. Asimismo, esta Subsección ha indicado que no es posible apreciar las declaraciones de alguna de las partes como si se trataran de la versión de los hechos rendida por un tercero imparcial, puesto que ello resulta completamente contrario a la misma naturaleza de esa clase de pruebas -medios probatorios históricos o de reconstrucción de sucesos, que deben provenir de una persona imparcial o que no esté sumergida en la contienda a resolver-(21), de manera que ha señalado que sólo se les puede valorar de conformidad con lo dispuesto en las normas señaladas para la obtención de una confesión(22).

8.12. Por consiguiente, los testimonios que hubiesen sido rendidos en la investigación penal por parte de las señoras Elena Alba Puche Meza(23) y Denis Vergara Puche, al provenir de integrantes del extremo activo de este litigio, únicamente podrán ser valoradas en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas a los demandantes o que favorezca a la parte contraria.

8.13. Lo anterior resulta igualmente aplicable a los testimonios de oídas o indirectos cuya información provenga de alguno de los demandantes, esto es, cuando un tercero imparcial al que no le consten los hechos por no haberlos percibido a través de sus sentidos, incluya en su deponencia el conocimiento de los mismos que los actores le hubieran impartido, por cuanto ello equivaldría a valorar la apreciación de uno o varios de los accionantes frente a circunstancias que los benefician, como si hubieran sido percibidas por un tercero ecuánime, lo que (i) se reitera que contraviene la misma naturaleza de las declaraciones de terceros; (ii) no tiene sustento normativo alguno, y (iii) sería equivalente a afirmar que una parte procesal puede conformar un testimonio de oídas a voluntad, lo que resulta inviable a la luz de la misma finalidad y principios del derecho probatorio(24).

8.14. Por su lado, obran en el plenario declaraciones rendidas ante esta corporación y ante la Fiscalía General de la Nación, por los señores José Miguel Mercado Puche, Luz Estela Puche y Edilsa Rosa Yeneris Campo, quienes aseveraron ser sobrinos de la señora Elena Alba Puche Meza y compañera permanente de Manuel Vicente Vergara Puche.

8.15. Dado según las anteriores aseveraciones, dichos testigos ostentan una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con la mayoría de los demandantes, sus dichos serán tenidos por sospechosos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217(25) del Código de Procedimiento Civil, comoquiera que sus percepciones sobre los sucesos podrían estar parcializadas. Sin embargo, cabe destacar que ello no descarta de plano sus versiones, sino que la credibilidad de las mismas dependerá del análisis que de ellas se haga en conjunto con los demás elementos probatorios, y los hechos que a raíz de éstos se encuentren demostrados(26).

8.16. De otra parte, se aportaron al expediente copias de las noticias de prensa tituladas “Impresionante masacre en Sucre”, “Rindió indagatoria oficial vinculada a masacre en Sucre”, “Por masacre, detenidos altos oficiales”, “Detenidos comandantes”, y “Mancuso ofrece devolver extensos terrenos a sus víctimas”, con las cuales se pretendió establecer los hechos objeto de la demanda.

8.17. Se debe señalar que inicialmente, la Sala Plena de la corporación(27) indicó que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por lo tanto, se consideró que “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(28).

8.18. Sin perjuicio de lo reseñado, en un pronunciamiento más reciente, la misma Sala amplió la regla en comento para indicar que tales medios de prueba tienen plena validez probatoria sin necesidad de que otro elemento probatorio confirme su contenido, cuando (i) relatan aspectos relacionados con un hecho notorio, toda vez que éstos no requieren ser acreditados de conformidad con la normativa procesal civil de nuestro ordenamiento jurídico, y (ii) transcriban las declaraciones o comunicaciones de servidores públicos, en consideración a su investidura y posición. Cabe destacar que la anterior ampliación de la jurisprudencia de esta corporación se da a la luz de aquella adoptada a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(29), y que esos medios de convicción pueden ser valorados como pruebas documentales que es plausible controvertir en el proceso contencioso administrativo.

8.19. Con observancia de lo expuesto, se acogerán los precedentes reseñados y en consecuencia, se apreciarán las noticias aludidas de conformidad con los lineamientos sentados por la Sala Plena de esta corporación.

8.20. A su vez, al expediente se aportaron sendos álbumes fotográficos realizados por la Inspección Central de Policía de Morroa y la Procuraduría General de la Nación, en los que se puede apreciar (i) los levantamientos de cadáver de los señores Jorge Luis Torres Cuello y Manuel de Jesús Pérez Gómez, y (ii) los lugares en los que habrían tenido lugar los hechos invocados en la causa petendi de la demanda.

8.21. La Sala advierte que tales imágenes tienen mérito probatorio, toda vez que fueron tomadas y analizadas en circunstancias que se relacionan con los hechos del litigio tal como lo indicaron las autoridades aludidas, de modo que se sabe su origen, lugar y época de registro y por ende, es posible efectuar su apreciación(30).

8.22. Finalmente, se debe tener en cuenta que para efectos de corroborar el análisis probatorio que se realizará en el presente asunto, en especial, en cuanto al contexto de violencia que en específico padecían los municipios de Morroa y Colosó, Sucre, y los agentes del conflicto involucrados en la realización de la masacre objeto de la litis, la Sala podrá acudir a mensajes de datos de fuentes oficiales y no oficiales que hubiesen sido puestos en conocimiento del público, habida cuenta de la valoración de los mismos ha sido admitida por la ley y avalada por la jurisprudencia de esta corporación(31).

III. Los hechos probados.

9. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. Durante los años 1995 y 1996, el personero municipal de Colosó, Sucre, recibió denuncias y declaraciones juramentadas por parte de los habitantes de dicho ente territorial, en especial, de agricultores y profesores, a través de las cuales tuvo conocimiento de que eran víctimas de amenazas y actos de violencia por parte de grupos de personas que, en ocasiones, fueron asociados con agentes de la Fuerza Pública. De esta manera, puso dichos hechos en conocimiento del Juzgado Promiscuo de Colosó, de la Secretaría de Educación, y de la Fiscalía General de la Nación, así como los denunció públicamente.

9.1.1. Al respecto, en el mes de junio de 1995, los señores Argemiro Caro Díaz, Donaldo Ascensio Monterroza, José Martínez Ospina y Ariel Barrios Uribe, habitantes del casco urbano del municipio de Colosó, le indicaron que encontraron un panfleto amenazante en su contra, el cual señalaba que “SE LE AVISA A LOS HABITANTES DE COLOSÓ Y A LOS ORGANIZADORES DE FIESTAS QUE NO QUEREMOS DIVERSIÓN Y LOS SEÑORES: WILLIAM, FEBLES, DONALDO ATENCIO (sic), ARIEL BARRIOS, JOSÉ MARTÍNEZ LES QUEDA POCO TIEMPO”. Adicionalmente, algunos de ellos manifestaron que esas amenazas les fueron comunicadas por teléfono.

9.1.2. Igualmente, en el mes de agosto de la misma anualidad, los señores Julio Lenys Cárdenas Pérez y Jairo Rafael Cárdenas, residentes del corregimiento de Corozo, Colosó, denunciaron que a su vivienda llegaron seis hombres armados y uniformados, quienes parecían ser “achacados”, uno de los cuales tenía cubierto su rostro, individuos que les pidieron sus documentos y se marcharon sin devolvérselos.

9.1.3. En el mes de septiembre siguiente, los señores Edinson Arrieta Garay, Consuelo Arrieta Lázaro y Benjamín Hernández Alviz, profesores de la escuela del corregimiento del Cerro, Colosó, señalaron que mediante una nota que encontraron en su lugar de trabajo, fueron amenazados y declarados como enemigos a muerte, al parecer por parte un grupo organizado de personas, en tanto que la misiva decía: “SEÑORES MAESTROS DEL CERRO LOS HEMOS DECLARADO ENEMIGOS A MUERTE. CONTINUAREMOS NUESTRA OPERACIÓN”.

9.14. En el mes de abril de 1996, la señora Joaquina Pérez Puche advirtió que cuando se encontraba en su casa con toda su familia le tocaron a la puerta y, al abrir, entraron varios hombres armados, algunos uniformados y otros de civil, uno de los cuales tenía el rostro cubierto, quienes aseveraron ser del batallón de Corozal y que tenían conocimiento que en la basura que habían quemado el día anterior, se encontraban unas notas que mencionaban a Samper y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Debido a lo anterior, tales sujetos requisaron bruscamente su hogar y se llevaron a su esposo con el pretexto de que rindiera una declaración ante la Fiscalía General de la Nación. Ese mismo día, la señora Mauricia Rosa Vanegas Contreras, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva de la alcaldía de Colosó, aseveró que recibió una llamada en la que un hombre amenazó con matar a toda su familia si no se iba del pueblo, sujeto que le dijo que esa conminación provenía del Ejército Nacional.

9.1.5. De la misma manera, fueron amenazados en diferentes momentos otros residentes del área urbana y rural del municipio, como los señores José de Jesús Buelvas Baloco, Ana del Pilar Núñez, Leonel Martínez Mercado y Fermín Antonio Chamorro Salcedo —estos dos últimos maestros—, entre otros, cuyas denuncias ante la personería municipal de Colosó se ordenó que fueron puestas en conocimiento de las autoridades reseñadas.

9.1.6. Por su parte, lo anterior también fue descrito en diarios de circulación nacional, en los cuales se entrevistó al personero municipal referido, quien advirtió sobre el alto porcentaje de desplazamientos forzosos de los diferentes corregimientos del municipio, e hizo referencia a la ley del silencio y del terror que operaba entre los pobladores debido a la violencia y a los asesinatos derivados del conflicto armado entre la guerrilla y grupos paramilitares(32) (copias de las actas de las quejas radicadas, de las determinaciones de la Personería Municipal de Colosó al respecto, de algunas de las notas amenazadoras, y las declaraciones rendidas ante la personería municipal de Colosó, por parte de Deivis Raúl Tovar González —estudiante del colegio que encontró la nota—, Edinson Arrieta Garay, Consuelo Arrieta Lázaro y Benjamín Hernández Alviz -profesores del colegio-, Ángel Rafael Álvarez Narváez, Leoncio José Narváez Carrascal —conocidos de los profesores del colegio del corregimiento del Cerro—, Argemiro Caro Díaz, Donaldo Ascensio Monterroza, José Martínez Ospina y Ariel Barrios Uribe —residentes del casco urbano de Colosó—, Leonidas Gómez Borja —abuelo de una niña asesinada—, José de Jesús Buelbas Baloco —paseador de ganado—, Leonel Martínez Mercado —profesor del colegio Víctor Zubiría de Colosó—, Sixta Paternina Mathieu, Julio Lenys Cárdenas Pérez y Jairo Rafael Cárdena —habitantes del corregimiento de Corozo—, Fermín Antonio Chamorro Salcedo —profesor—, Joaquina Pérez Puche, Carmelo Rafael Sánchez Salcedo, y Mauricia Rosa Vanegas Contreras —secretaria ejecutiva de la alcaldía Colosó—; fls. 157-163, 167-172, 178, 180-192, 197, 198, 200-202, 205, 207-211, 226, 227, 232, 233, 234-236, cdno. pruebas “principal”).

9.2. El 4 de diciembre de 1996, un grupo de sujetos fuertemente armados —entre cuarenta y cincuenta personas—, varios de los cuales se encontraban uniformados con prendas del Ejército Nacional o de la Policía Nacional, instalaron con algunos automóviles un retén en la vía que conduce de Toluviejo, Sincelejo y San Antonio de Palmito a Colosó, Sucre, a la altura de una finca conocida como La Llave, sitio en el que detuvieron y amedrentaron a varias personas que se trasladaban por dicha vía, a quienes se les identificaron como miembros de las AUC, específicamente, de las ACCU, y les aseveraron que se encontraban allí para eliminar a quienes apoyaran a las FARC.

9.2.1. De esta manera, amenazaron e interrogaron a los detenidos, luego de lo cual retuvieron a los conductores para que los transportaran al corregimiento de Pichilín, Morroa, Sucre, corregimiento que colinda con el casco urbano de Colosó —se debe resaltar que los municipios de Colosó y de Morroa hacen parte de la región conocida como los Montes de María—(33), lugar en el que irrumpieron alrededor de las 3:00 p.m. del mismo día en varias camionetas —entre cinco y diez automóviles—.

9.2.2. En el referido corregimiento destruyeron varios inmuebles en los cuales operaban unos billares, robaron algunas pertenencias, sacaron a las personas de sus casas o de sus lugares de trabajo, los intimidaron, separaron a las mujeres y a los niños de los hombres, y a estos últimos los hicieron acostarse boca abajo y les indicaron que si volteaban a mirar o a moverse los mataban.

9.2.3. Del grupo de hombres capturados, seleccionaron algunos a quienes señalaron de pertenecer o colaborar con las FARC, los golpearon y los amarraron, dieron muerte a dos de ellos -Manuel de Jesús Pérez Gómez y Jorge Luis Torres Cuello-, y al resto los sacaron del corregimiento ante la presencia angustiada de sus familiares y vecinos. A la postre, se dirigieron al casco urbano de Colosó, sitio en el que entraron a una vivienda que quedaba cerca de una cancha de futbol ubicada en el barrio Las Delicias, identificaron a los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche, a quienes desde un comienzo trataron como guerrilleros, y a pesar de las quejas y súplicas de los integrantes de su familia, los sacaron de la casa, los tumbaron al piso, los amarraron y se los llevaron.

9.2.4. Finalmente, se devolvieron al sitio en el que realizaron el retén, lugar en el que si bien dejaron ir a la mayoría de los conductores, asesinaron al conductor Germán Eulises Ramos Mercado y a los señores Vergara Villalba y Vergara Puche, lugar en el que dejaron sus cuerpos e incineraron un vehículo, y comenzaron a desplazarse con los demás capturados por la carretera que comunica a los municipios de Colosó, Morroa, Toluviejo y San Antonio de Palmito con destino al corregimiento de Varsovia, desplazamiento en el que mataron a todos los detenidos en grupos de dos o de tres personas, cuyos cadáveres abandonaron a lo largo de dicha vía.

9.2.5. A pesar de la conmoción, del sonido de los disparos, de la gran cantidad de vehículos en movimiento, y de las diferentes trayectorias realizadas por los miembros de las AUC en el desarrollo de dichos crímenes, no se registró encuentro alguno entre ellos e integrantes de las autoridades de la zona, a saber, de la Armada Nacional y de la Policía Nacional, pese a que en el peaje que conduce a Toluviejo usualmente se ubicaban miembros de la Fuerza Pública.

9.2.6. Sobre lo anterior, dan cuenta las declaraciones juramentadas de varias personas que estuvieron presentes en el retén de la carretera, en el corregimiento de Pichilín durante la incursión de los paramilitares, y en Colosó para el momento en que los señores Vergara Villalba y Vergara Puche fueron extraídos de su vivienda, testimonios que fueron rendidos pocos días después de la ocurrencia de los hechos ante la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación, esto es, los días 5, 6, 7 y 9 diciembre de 1995.

9.2.7. De los anteriores medios de prueba, cabe destacar la declaración del señor Manrique José Paternina Chávez, quien narró que mientras transportaba a varias personas por la zona, se encontró con el referido retén de paramilitares o escuadrón de la muerte, grupo que los obligó a bajarse del vehículo, los retuvo, los amenazó, detuvo a otros automóviles, y les indicó que iban a limpiar la zona de guerrilleros, luego de lo cual lo obligaron a conducir su propio vehículo para que movilizara a algunos de ellos al corregimiento de Pichilín, en el que observó que incendiaron dos bienes inmuebles y separaron a algunos campesinos del resto de la población. En este sentido, destacó:

“Salí de aquí de Colosó a las 2 y media de la tarde, entre medio de la apartada de las piedras a la Siria había un retén de aproximadamente 30 hombres, me pararon, yo llevaba 10 pasajeros, los bajaron, lso (sic) mandaron a sentar hacia un lado, nos dijeron que ellos venían de la Autodefenza (sic) del Urabá, como a los cinc (sic) minutos de estar ahí nosotros llegó el carro de CARMELO MARTÍNEZ (...) también lo detuvieron, a poquito rato llegó GERMÁN y lo detuvieron, a poquito rato llegó ALBERTO MARTÍNEZ Y LO DETUVIERON, cuando habían aproximadamente cinco carros Colosuanos (sic) nos mandaron a desvolver (sic), los pasajeros los dejaron todos ahí, ellos se subieron en los carros y nos obligaron a seguir para acá para Colosó y a los pasajeros les dijeron que esperaran cuarenta minutos, después nos desviaron a Pichilín, al Pollo, a Carmelo y a Manrique los pusieron al frente de un colegio que hay en Pichilín y nos dijeron que no nos moviéramos de ahí, a GERMÁN y ALBERTO y a WILSON los dejaron acá abajo (...) desde donde estábamos nosotros vimos que quemaron dos ranchos eran como las cinco y media de la tarde cuando nos sacaron de allá, en los carros de ellos montaron a varias personas y en el rumbo hacia Colosó, nos estacionaron frente al cementerio de Colosó, como a las 6 de la tarde dijeron que nos devolviéramos hacia el sitio denominado ‘LA LLAVE’ quew (sic) era donde estaba el retén (...)” (fls. 19, 20, cdno. pruebas “principal”).

9.2.8. La anterior declaración fue confirmada por los señores Wilson Villamil, Jorge Gómez Quiroz y Reginaldo Roberto Tascón, otros de los conductores detenidos en el retén y obligados a movilizar a los paramilitares.

9.2.9. Por su parte, el señor José Darío Villalba Palmett, quien para esos momentos se desempeñaba como juez municipal de Colosó, describió detalladamente lo que le sucedió cuando fue detenido en tal retén mientras intentaba retornar al municipio aludido luego de la práctica de una audiencia judicial.

9.2.9.1. Al respecto, señaló que ese bloqueo estaba conformado por hombres fuertemente armados, los cuales en un principio pensó que se trataban de miembros del Ejército Nacional, sujetos que ya habían detenido otros automóviles. De esta manera, indicó que lo hicieron descender del vehículo en que se movilizaba y sentar con las manos en la cabeza junto con los otros retenidos, momento en el que les prohibieron que los miraran so pena de matarlos, y les señalaron que eran miembros de las autodefensas, que si bien el gobierno estaba en una crisis iba a resurgir, y que venían a realizar una limpieza de guerrilleros en la región.

9.2.9.2. Igualmente, señaló cómo en un determinado momento lo distanciaron de las demás personas para interrogarlo, momento en el que sintió mucho miedo puesto que constantemente los intimidaban diciéndoles que los podían ejecutar en cualquier instante. Finalmente, señaló que los miembros de las autodefensas obligaron a algunos de los conductores a que los transportaran, y a quienes dejaron allí les manifestaron que debían esperar al menos cuarenta minutos para poder retirarse. Después de la espera señalada, el testigo narró que sintió tanto temor que se dirigió al municipio de Sincelejo, donde vivía, sin comunicarle a nadie lo que le había acaecido. Es así como refirió:

(...) se practicó la diligencia sin ningún problema, todo se llevó conforme a la ley. Terminamos la diligencia como a las 12:15 del día, regresamos, llegamos a Tolúviejo y almorzamos, luego nos dirigimos hacia nuestra oficina en Colosó, al pasar, corrijo, al recorrer como siete u ocho kilómetros de la entrada para Colosó, de la troncal para entrar a Colosó, cuando vemos que ciertas personas, unos hombres fuertemente armados con Bazooka (sic), granadas que parecía el Ejército nos paró el vehículo y nos lo aorilló (sic), nos bajaron cordialmente al estar ya en el suelo, nosdijeron (sic): ‘Por favor con las manos en la cabeza a todos los que íbamos en el carro y se arrodillan’ pero uno de los hombres o soldados, digo esto porque no sabía quiénes eran y además porqué no se identificaban, en el momento en que nos arrodillamos dijo uno de ellos ‘No los arrodilles que no los vamos a matar, mejor déjalos que se sienten’ y nos aorillaron (sic) en la carretera con las manos en la cabeza y sin mirar para porque el que mirara para atrás lo ejecutaban. (...) En el momento en que me dijeron que cómo eran mis nombres y apellidos me cogieron por el cuello y me halaron por acá por aparte, detrás de un carro de los que tenían ellos ahí, que como era mi nombre completo, que le diera la cédula, qué hacía en Colosó y cuántos hermanos tenía y que dijera sus nombres, por lo cual yo les contesté bastante nervioso ya que nunca me había pasado un caso de estos que no podía ni hablar y cómo decían que a todos nos iban a ejecutar les respondí las preguntas que era juez encargado (...). Eso fue el interrogatorio, me dieron la cédula y me mandaron a sentar otra vez, con las manos en la cabeza y no mirara para atrás. En el momento que nos parquearon ya habían como cuatro personas más que las estaban interrogando, las habían bajado de los vehículos y las estaban interrogando lo mismo que hicieron con nosotros y así hicieron con todo vehículo que venía e iba para Colosó, bajaban al personal, lo interrogaban. Estando ya sentados en la carretera, todas las personas que llegan en los carros, les dijeron a los choferes de los vehículos que pusieran los vehículos mirando para Colosó, uno de los hombres vestido de militar camuflado, bien armado con un animalón bien grande, como un fusil, nos comenzó a decir un poco de cosas que yo no alcancé a entender, que ellos eran de las autodefensas que iban a limpiar la zona, que ellos entienden el gobierno que está pasando por una crisis pero que él va a surgir o sea el gobierno. En eso nos dijeron que esperáramos 40 minutos que ellos se iban los vehículos que habían tomado entonces les dijeron a los choferes que se montaran y prendieran los vehículos fue cuando salieron de los alrededores, de las montañas, como a cien metros, otros hombres bien armados y se montaron a los vehículos y se fueron. Eso fue todo, nosotros esperamos cuarenta minutos y nos fuimos del lugar. Ahí quedaron personas, como el vehículo de nosotros no se lo llevaron pues nosotros de los nervios nos devolvimos para acá para Sincelejo, cada quien para su casa, de los nervios no nos dio otra cosa (...) él solamente decía que se iba a limpiar la zona de guerrilleros que solamente servían era para extorsionar y secuestrar a ganaderos. Decían que eran de las autodefensas de Córdoba y Urabá (fls. 82-84, cdno. pruebas “principal”).

9.2.10. El señor Jorge Gómez Quiroz, quien se desempeñaba como secretario del juzgado en el que el señor José Darío Villamil Palmett era juez, y quien lo acompañó a la diligencia judicial referida, confirmó la declaración de éste y precisó que el lugar en el que fueron detenidos era al frente de una finca denominada La Llave.

9.2.11. De otra parte, rindieron declaración las señoras Ledis del Carmen Tovar Rivera, Denis María Salgado Tovar y Sixta Tulia Martínez, habitantes del corregimiento de Pichilín, deponentes que refirieron la forma en que tales sujetos armados llegaron en múltiples vehículos, segregaron a las mujeres y a los niños de los hombres, y les advirtieron que sí se comportaban de manera adecuada nada les pasaría.

9.2.11.1. Asimismo, la primera deponente indicó que logró ver como quemaron uno de los inmuebles donde funcionaba su billar, y que varios de sus familiares, a saber, los señores Luis Eduardo Salgado Rivera, Emiro Rafael Tovar Rivera y Eberto Segundo Tovar Zequea, fueron amarrados, golpeados y sacados del corregimiento en lo vehículos en los que entraron los hombres armados(34).

9.2.11.2. De otro lado, la segunda declarante señaló que si bien durante la incursión armada no percibió lo sucedido con los hombres, en la medida en que estuvo encerrada, luego de que los agresores abandonaron el corregimiento corrió hacía donde aquéllos se encontraban, hallándolos acostados boca abajo y muerto al señor Jorge Luis Torres Cuello(35).

9.2.11.3. Igualmente, la señora Sixta Tulia Narváez, hija de una de las propietarias de los inmuebles en que se encontraban ubicados los billares, añadió que uno de los paramilitares le dijo que la destrucción de esos bienes se debía a que los militantes de las FARC se divertían en ellos cuando incursionaban en el corregimiento(36).

9.2.12. Por su parte, el señor Óscar Luis Salgado Pérez indicó que cuando se encontraba trabajando, ingresaron varios carros al corregimiento, vehículos de los cuales descendieron muchos hombres armados, unos vestidos de civil y otros uniformados, sujetos que comenzaron a disparar hacía arriba, los obligaron a todos a botarse de cara al suelo, los amenazaron con matarlos si intentaban escaparse, les anunciaron que eran miembros de las autodefensas de Córdoba y Urabá, que iban a “coger” a quienes le hubiesen colaborado a la guerrilla, que ya tenían a varios capturados, que quienes les ayudaran, a pesar de que fuesen obligados para ello, tenían que irse del corregimiento o de lo contrario, serían asesinados sin ninguna contemplación y, finalmente, les dijeron que iban realizar una masacre para “hacer una limpieza por toda esta zona”. Asimismo, en consideración a que logró identificar a uno de los hombres armados que estuvo en la toma del corregimiento, añadió en otra declaración que el mismo, a quien individualizó como “el bocón”, había pertenecido inicialmente a la guerrilla, para luego desertarlos e irse con el gobierno, punto en el que indicó que para él, el gobierno estaba conformado por los paramilitares, la Policía Nacional y el Ejército Nacional(37).

9.2.12.1. Las anteriores descripciones de los hechos fueron confirmadas por los señores Jhon Jairo Mercado González y Miguel Pérez Chamorro, quienes se encontraban en el caserío cuando los integrantes de las AUC llegaron, testigos que describieron con detalle como los amenazaron o lastimaron, los obligaron a arrojarse al suelo, llevaron a las mujeres y a los niños a otros lugares, quemaron algunos inmuebles, y entre los hombres que estaban de cara contra el suelo, seleccionaron a algunos a quienes comenzaron a golpear y a acusar de que eran guerrilleros o colaboradores, y les amarraron sus manos.

9.2.12.2. Cabe resaltar que el señor Mercado González indicó que mientras seleccionaban a las aducidas víctimas, a él lo golpearon, lo amenazaron y casi se lo llevan, instante en el que logró ver como separaron del grupo al señor Federmán Rivera Salgado, y lo pusieron con otras personas a quienes les amarraron las manos con una cabuya azul(38).

9.2.12.3. Por su parte, el señor Pérez Chamorro contó con precisión todo lo que percibió, respecto de lo que cabe destacar que logró identificar a varias de las personas que fueron llevadas por los miembros de las ACCU, quienes suplicaron por sus vidas y adujeron que no habían hecho nada malo, y vio cómo tomaron al señor Jorge Luis Torres Cuello, lo arrastraron varios metros, y le dispararon mientras estaba en el suelo. Al respecto, dijo:

En el día de ayer como a las tres de la tarde estaba yo en el pueblo en frente de donde ocurrieron los hechos, estaba hablando con una señora AMADA cuando en el momento vi un carro que venía (...) yo le dije a AMADA como que son para (sic) por que (sic) el poco de carros atrás, ella se puso a llorar yo pensé de (sic) irme pero no me atreví, y traté de calmarla, me bajé de la mula, cuando llegaron los carros se bajaron como treinta personas pero eran más, y esos primeros se pusieron a correr por todo el pueblo, uno de ellos se acercó a mi y me dijo ‘[ilegible] hijueputa siga o no para joderlo’ y me di cuenta que iban trayendo más gente apilonándola (sic), y me dijeron tírese boca abajo gran hijueputa, yo me tiré boca abajo y me dijeron manos detrás de la nuca, a unos los maniataron y los golpiaron (sic), golpiaron (sic) a LUIS EDUARDO SALGADO y a EMIRO TOVAR, EBERTO TOVAR y llamaban a tres patas decían “venga tres paras para que se los culee aquí mismo” (...) de los que estaban aporreando ellos estaban botando sangre y le decía que de esa era que él bevía (sic) que era poquita, y al señor LUIS EDUARDO TOVAR y EMIRO se quejaban decían que nunca habían hecho mal a nadie, el Negro Torres Jorge Luis Torres que también tenían en el suelo le preguntaban que si no había visto guerrilleros y les dijo que no y él estaba muy atemorizado y decía que no, y no podía hablar y entonces lo arrastraron como a tres metros y le dispararon, ellos sólo le pegaban a los que mataron y ellos les preguntaban que por qué les hacían esto que los investigara, a Luis Eduardo Tovar le decía a ti es que te buscamos, ellos lo miraban y decían si es él es él, en el suelo de tanto que los golpeaban con machetilla decían que se estaban cagando, a unos les decían parate (sic), pero no se podían parar por los golpes y los cargaron entre todos y los metieron, yo sólo me di cuenta que estaban golpoando (sic) a tres por que (sic) eran a los que estaban más cerca de mí, otro grupo prendoa (sic) as casas(sic) que tenían las billares, unos de ellos vestían como del ejército y otros de civil, con ropas común y corriente (...) decían nosotros somos de la autodefensas y somos los paracos para que sepan, que cuidado se metían a la guerrilla por que (sic) los mataban y si la guerrilla los oblogaba (sic) que prefirieran irse con ella porque los mataban. Dijeron bueno ya nos vamos pero el que alce la cabeza se la quitamos y se fueron, y la gente y las mujeres salieron llorando enseguida a ver a quienes se habían llevado y los cadáveres. PREGUNTADO: Sírvase decir cuántas y cuáles fueron las personas que se llevaron a su retirada los sujetos? CONTESTÓ: De los que conocía yo a LUIS EDUARDO y EMIRO TOVAR, EBERTO TOVAR, a FEDER RIVERA y a OVIDIO CASTILLOS a esos fue los que yo vi nada más” (fls. 60-62, cdno. pruebas “principal”).

9.2.13. Respecto de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Vergara Puche, la señora Edilma Rosa Yeneris Campo, adujo que era la compañera permanente de Manuel Vicente Vergara Puche —hijo y hermano de los occisos—, que vivía con la familia de éste, y que estuvo presente para el momento exacto en que alrededor de diez miembros uniformados llegaron directamente a su casa para llevárselos, a quienes los sacaron, los tumbaron al piso, y les amarraron las manos para montarlos en un vehículo(39). Dicha situación también fue percibida por el señor Wilson Villamil, quien mientras transportaba a los paramilitares al interior de Colosó, lo obligaron a ir cerca de la casa del señor Manuel María Vergara Villalba, y vio que “recogieron dos personas de esa casa y los montaron en otro de los vehículos que era de estacas y después nos regresamos a donde nos interceptaron [retén]”.

9.2.13.1. De conformidad con las declaraciones de la deponente aducida y de la sobrina de Elena Alba Puche Meza, Luz Estela Puche, los occisos en comento eran agricultores y, adicionalmente, el primero trabajaba como zapatero, mientras que el segundo era profesor, dictaba clases nocturnas en un colegio de la región, y tenía un grupo vallenato.

9.2.14. En relación con la presencia de autoridades en la zona en que sucedió el retén, el señor Eduardo Enrique Oviedo Hernández, quien ocupaba el cargo de registrador del estado civil en el municipio de Colosó, indicó que el lugar más cercano en el que se ubicaban miembros de la fuerza pública al sitio en el que se instaló el retén, “sería en Toluviejo que está a unos 4 o 5 kilómetros, y en el peaje cercano al puente de Pichilín que queda a unos 4 kilómetros del lugar del retén que queda en dirección contraria a Toluviejo donde se halla una patrulla militar no sé cuántos miembros la integran. En Toluviejo hay es policía, (...) Sólo con el juez de nombre José Villalba quien me comentó que en el retén ese que montaron en La Llave, que a él también lo retuvieron allí” (fls. 78-81, cdno. pruebas “principal”).

9.2.14.1. El juez en comento y el secretario de su despacho, también indicaron que sabían que había un peaje como a 5 kilómetros de donde se montó el retén, peaje en el que aclararon que usualmente había al menos un miembro de la fuerza pública, lo que a la postre fue igualmente confirmado por el personero municipal del municipio de Colosó, Julio Díaz Tono, quien el 9 de diciembre de 1996, ante la Procuraduría General de la Nación, declaró: “la distancia que existe del retén al peaje son seis kilómetros —la fuerza pública se encuentra en Toluviejo que está a la misma distancia del retén, algunas veces se encuentran militares en el peaje— unos cuatro en número o cinco soldados en número. PREGUNTADO: Se enteró ud. si para el día de los hechos se encontraban miembros de la fuerza pública en el referido peaje. CONTESTÓ: No tengo conocimiento porque ese día estábamos en algunas diligencias en Sincelejo y yo me quedé allá porque ese día viajábamos a Barranquilla para hacer algunas compras del programa de la red-de (sic) solidaridad” (fls. 146-150, cdno. pruebas “principal”).

9.2.14.2. Ahora bien, a pesar que de conformidad con los declaraciones aludidas, un escuadrón de la fuerza pública usualmente se encontraba asentado por la carretera cerca al sitio en el que fue montado el retén aducido, lugar en el que a la postre fueron asesinados los señores Vergara Villalba y Vergara Puche, lo cual fue confirmado por la Procuraduría General de la Nación cuando realizó una inspección ocular del sitio -los días 9 y 10 de diciembre de 1996, dicha autoridad encontró una compañía del batallón de Fusileros de la Infantería de Marina cerca al peaje “La Esperanza”, ubicada a 4 kilómetros y 300 metros de distancia de la finca la llave, donde se encontraron los cadáveres de los occisos aducidos-, lo cierto es que en el procedimiento penal que se inició con posterioridad a estos hechos, se acreditó que justo para el 4 de diciembre de 1996, se dio la orden de que esa unidad se retirara del lugar. De esta manera, mediante providencia del 18 de junio de 1998, la Fiscalía General de la Nación refirió:

4. Mediante labores de inteligencia y verificación realizadas por el CTI, se logró la identificación de la mayoría de las personas vinculadas a esta investigación, así como también se obtuvo los cablegramas en donde se ordena mover un puesto o punto de facción de los miembros de Infantería del peaje que funciona en Tolú Viejo, lugar por donde se trasladó el grupo de mal llamados paramilitares o Autodefensas de Córdoba, Sucre y Urabá, las que obran en diligencias de Inspección Judicial practicadas en el Bafim 5.  

9.2.15. Respecto de las circunstancias que llevaron al desenlace de los anteriores hechos, las graves condiciones de seguridad que afrontaban los habitantes de la región por amenazas y muertes, la ausencia de la fuerza pública en la zona, y la previa existencia de graves eventos de violencia, los cuales denotaba la alta vulnerabilidad de dichos pobladores, el referido personero municipal resaltó las difíciles circunstancias en las que vivían los habitantes de la región, habida cuenta de que en el mismo hacían presencia tanto miembros de las FARC como de las AUC —ver párrafos 8.1 a 8.1.7—.

9.2.15.1. Al respecto, señaló que los habitantes del municipio de Colosó y sus alrededores se encontraban sujetos a sufrir daños colaterales con ocasión de su disputa por el territorio, al punto que con anterioridad se habían presentado la muerte de varios pobladores por su concepción política, lo que en su opinión, hacía previsible la masacre de Pichilín, máxime cuando en el despliegue de sus funciones presentó con anterioridad varias solicitudes de apoyo y de ayuda a distintas autoridades, para que hechos como los descritos no se presentaran, requerimientos que aclaró que no le fueron contestados. En este sentido, reseñó:

PREGUNTADO: Díganos a qué atribuye ud. los sucesos del cuatro de Dic. /96. CONTESTÓ: Se le atribuye a la misma violencia que estamos viviendo en esta región que viene aproximadamente ocho años protagonizada por el frente de la FARC 35 frente y que supuestamente está forma de hacer violencia es producto de los diferentes enfrentamientos que ha tenido la guerrilla con las autodefensas. (...) PREGUNTADO: Teniendo el cargo que ud. ocupaba para la fecha de los hechos y una vez se enteró de los mismos qué actividades desplegó ud. tendientes a la seguridad de su jurisdicción y para recobrar la tranquilidad de la población, asimismo nos dirá si puso en conocimiento de la autoridad competente y si así fue cuándo lo hizo y ante quién se dirigió. CONTESTÓ: Yo me enteré a las siete de la noche como lo dije anteriormente, como esa hora (sic) es imposible penetrar al municipio de Colosó por las cuales se está investigando, yo procedí el siguiente día a las 7:00 A.M. denunciar (sic) ante la fiscalía permanente CTI verbalmente ante el secretario de quien desconozco el nombre, le manifesté que en el municipio de Colosó por información telefónica recibida (sic) que en Colosó se habían llevado unas personas y que las habían matado en el camino y que en Colosó se había sacado de sus casas y que en Pichilín habían asesinado a dos más y que se habían llevado a varias personas con rumbo desconocido y que también habían quemado unas casas y un carro, anteriormente en otras actividades que la delincuencia ha cometido (masacres) esta Personería se reunió con el gobernador actual también se le envió oficio al Director de la Policía Nac. al Ministerio de Justicia y el Ministro del Interior manifestándole la situación de orden público que estamos viviendo y de la cual la respuesta ha sido negativa, también se ha enviado copia de todas las querellas que se han presentado ante despacho por amenazas de muertes, por muertes violentas a la procuraduría, juzgado a la Defensoría del Pueblo la Fiscalía entidades con base en Sincelejo, y hasta la presente ha sido negativo conseguir la tranquilidad y la paz en este pueblo y en estos momentos se encuentran el Ejército, hanhecho (sic) presencia las Autoridades competentes relacionadas con estos delitos y algunas diligencias que se tienen pendientes para gestionar directamente hasta Bogotá de parte de esta Personería. (...) PREGUNTADO: Díganos si con anterioridad a los hechos que nos están ocurriendo (sic) se sospechaba válidamente de la posible incursión a esta población (sic) miembros de las autodefensas que operan en esta región. CONTESTÓ: El día nueve de mayo también entraron en horas de la noche personas con las mismas características de operatividad sacando de las casas a 5 personas dentro de ellos un concejal de unión patriótica y un estudiante del bachillerato asesinando a dos en sus casas y a tres dejados en la carretera en el sitio denominado curva del diablo en la vía que se Colosó conduce a Sincelejo como vivimos en un sitio tan inseguro porque estamos en zona roja y desprotegidos de toda autoridad se puede esperar eso y cualquier otra cosa más grave (...) (se resalta) (146-150, cdno. “principal”).

9.2.16. En cuanto al sometimiento de la población al conflicto armado sostenido entre las ACCU y las FARC, la señora Ana Elvira Narváez, esposa de Jorge Luis Torres Cuello y quien presenció cuando lo apartaron del grupo de hombres y lo mataron, reiteró varios aspectos narrados por los demás deponentes, destacó que su esposo siempre se dedicó a la agricultura, y que si bien los habitantes del caserío asistían a encuentros con miembros de la guerrilla, ello sólo sucedía porque eran obligados.

9.2.17. Frente a los anteriores hechos, se pronunciaron de manera similar los testigos Luis Enrique Salgado Rivera, Ramiro Enrique Salgado, Manuel Lora Marmolejo, Francisco Ramos Mercado, Pedro Antonio Ramos, Bonifacio Salgado Martínez, Edilson Rafael Torres Navas, Vicente Rafael Salgado Salcedo y Reinaldo Roberto Toscán, en las declaraciones que rindieron ante la Fiscalía General de la Nación los dos días siguientes a la ocurrencia de la masacre. En varios de los testimonios analizados se destacó que la mayoría de las víctimas eran campesinos o personas que trabajan la tierra, sin perjuicio de que algunos tenían otros oficios o se dedicaban a algunas labores adicionales.

9.2.18. La información decantada por los referidos testigos fue confirmada por las indagaciones e investigaciones iniciadas por diferentes autoridades, las cuales confirmaron los asesinatos de las personas retenidas por las AUC. De esta manera, la Procuraduría General de la Nación -a través de la Procuraduría Departamental de Sucre-, señaló:

Aproximadamente a las catorce (14) horas del día cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), un número indeterminado de hombres armados montaron un retén en el sitio denominado “La Llave”, ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros del peaje que existe de Sincelejo y Toluviejo (Sucre) y a ocho kilómetros del municipio de Colosó (sucre). Allí retuvieron algunos vehículos y conductores que prestan servicio de transporte público entre Sincelejo y Colosó y tras escoger los automotores que tenían mejores llantas, obligaron a sus conductores a transportarlos hasta Pichilín, caserío ubicado delante de Colosó, en la vía descrita anteriormente y traerlos de regreso al sitio donde se realizaba el retén o sea La Llave. 

A partir de ese momento se dirigieron a diferentes sitios dentro de la misma jurisdicción antes mencionada, como fueron el corregimiento de Pichilín y el municipio de Colosó y Asmón, lugares en donde de manera selectiva, y luego de preguntar por los nombres de las víctimas, procedieron a asesinar a MANUEL DE JESÚS PÉREZ Y A JORGE LUIS TORRES CUELLO, simultáneamente seleccionaron y secuestraron a los señores LUIS EDUARDO SALGADO, JOSE DANIEL RIVERA, OVIEDO CASTILLOS, DENIS RUY (sic), EMIRO TOVAR, EBERTO TOVAR Y FEDER (sic) RIVERA, luego se dirigieron a la casa de MANUEL MARÍA VERGARA VILLALBA e ISMAEL (sic) REMBERTO VERGARA PUCHE, padre e hijo, respectivamente, a quienes se llevaron hasta el sitio la (sic) “La Llave”, una vez ahí permitieron que se fueran los demás conductores excepto GERMÁN ULISES RAMOS, a quien asesinaron en ese lugar junto con las otras dos personas mencionadas anteriormente. Procedieron a incinerar el campero Willis de Placa UNA 350 de propiedad del señor ALBERTO MARTÍNEZ. En el corregimiento de Pichilín incendiaron dos bienes inmuebles, donde funcionaban los billares y, varios muebles, como también procedieron a hurtar dinero, alhajas y demás enceres de los mismos moradores.

Acto seguido continuaron por la vía hacia el corregimiento de Varsovia y fueron asesinando sistemáticamente a las demás víctimas dejándolas al costado de la vía, distanciados entre sí (fls. 261, 262, cdno. “principal”).

9.2.19. De esta manera, fueron asesinadas doce personas, mayoritariamente agricultores, a saber los señores Germán Eulises Ramos Mercado, Jorge Luis Torres Cuello, Luis Eduardo Salgado Rivera, Emiro Rafael Tovar Rivera, Eberto Segundo Tovar Zequea, Manuel de Jesús Pérez Gómez, Jesús Alberto Pérez Rodríguez, Ovidio Castillo, Federmán Rivera Salgado, José Daniel Rivera Cárdenas, Manuel María Vergara Villalba e Israel Vergara Puche (copias de la providencias del 18 de junio de 1998 y del 25 de mayo del 2000, proferidas por la Unidad Nacional de Derechos Humanos perteneciente a la Fiscalía General de la Nación, de la sentencia del 29 de mayo del 2003, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, de la noticia de la prensa El Espectador titulada “Impresionante masacre en Sucre”, de los protocolos de necropsia y levantamiento de cadáver de los señores Vergara Villalba, Vergara Puche, Ramos Mercado y Torres Cuello, elaborados por el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, de la constancia de entrega de los levantamientos de cadáver y protocolos de necropsias de las referidas víctimas, de los informes efectuados por la Procuraduría General de la Nación sobre la masacre, del croquis de la zona y los álbumes efectuados por la Procuraduría General de la Nación y la Inspección Central de Policía de Morroa, y las declaraciones juramentadas rendidas ante la Fiscalía General de la Nación o ante la Procuraduría General de la Nación, por parte de los señores Alexander Enrique Salgado Pérez, Manrique José Paternina Chávez, Vicente Rafael Salgado Salcedo, Ledis del Carmen Tovar Rivera, Denis María Salgado Tovar, Edilson Rafael Torres Navas, Francisco Ramos Mercado, Manuel Lora Marmolejo, Óscar Luis Salgado, Pedro Antonio Ramos, Jhon Jairo Mercado González, Miguel Pérez Chamorro, Luis Enrique Salgado Rivera, Bonifacio Salgado Martínez, Luz Estela Puche, Edilma Rosa Yeneris Campo, Ramiro Enrique Salgado, Wilson Villamil, Eduardo Enrique Oviedo Hernández, José Darío Villalba Palmett, Sixta Tulia Narváez, Vicente Rafael Salgado Salcedo, Ana Elvira Narváez, Jorge Gómez Quiroz, Julio Díaz Toro y Reginaldo Roberto Tascón —residentes del corregimiento, familiares o conocidos de las víctimas, personas que estaban en un billar a las afueras del corregimiento y que tuvieron contacto con los miembros de las AUC antes de que llegaran a Pichilín, el personero municipal de Colosó, y los conductores retenidos—; fls. 2-18, 20-66, cdno. pruebas 1; 2, 8-33, 37-52, 56-67, 70-101, 105-112, 115-118, 121-132, 135-153, 247-251, 261, 262, cdno. pruebas “principal”; 88, 97, cdno. pruebas “anexo 1”; 9-24, cdno. pruebas “anexo 2”; 2-15, cdno. pruebas “anexo 3”).

9.3. De conformidad con los protocolos de necropsia y los levantamientos de cadáver obrantes en el expediente, los señores Manuel Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche, murieron alrededor de las 7:00 p.m. del 4 de diciembre de 1996, como consecuencia de sendos traumas craneoencefálicos secundarios a heridas por proyectil de arma de fuego, las cuales consistieron en la destrucción, fractura o hemorragia de sus cueros cabelludos, cráneos, cerebros, meninges, cerebelos y tallos, y el último de los mencionados padeció el estallido de su globo ocular izquierdo derivado del impacto del proyectil, el cual ingresó por su región parietal izquierda (originales y copias de los registro civiles de defunción de los señores Manuel Marí Vergara Villalba e Israel Vergara Puche, de los protocolos de necropsia y levantamiento de cadáver de los señores Vergara Villalba, Vergara Puche, elaborados por el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; fls. 24, 25, 32, 33, cdno. 1; 8-13, 22-27, cdno. pruebas “principal”).

9.4. Con ocasión de los anteriores sucesos, el 4 de abril de 1997, la Unidad Nacional de Derechos Humanos perteneciente a la Fiscalía General de la Nación decretó la apertura de una investigación penal, a la cual vinculó a Rodrigo Antonio Mercado Peluffo –alias Cadena-, a Salomón Feris Chadid, a José Joaquín del Niño Jesús García Rodríguez, entre otros. Asimismo, durante la pesquisa referida se vincularon a varios sujetos más, entre ellos, a Salvatore Mancuso Gómez.

9.4.1. Durante el desarrollo de esa investigación y de otras que se iniciaron por diferentes hechos en los que habrían participado las AUC, el señor Pedro Alex Conde Anaya compareció voluntariamente ante las autoridades de Bogotá D.C., y aseveró tener información sobre esa estructura criminal, en consideración a que trabajó en la Convivir Horizonte del Departamento de Sucre.

9.4.1.1. De este modo, el 31 de mayo de 1997, rindió una declaración inicial en la que adujo que deseó acudir a dar su testimonio debido a que las AUC o las FARC cometían varias injusticias con la población civil del Departamento de Sucre, puesto que a pesar de no que era parte del conflicto armado, los asesinaban bajo sospechas mayoritariamente infundadas de que colaboraban con el bando contrario. Es así como en esa oportunidad individualizó a varias personas que a pesar de que pretendían obrar dentro de la legalidad, hacían parte del referido grupo de autodefensas, entre quienes destacó a Salvatore Mancuso Gómez, a Salomón Feris Chadid, a Rodrigo Mercado Peluffo, a Álvaro Botero Maya, a Miguel Nule Amín y a Ramón Isaza Arango —estos dos últimos los mencionó en una declaración posterior—.

9.4.1.1.1. Igualmente, reveló que existía un vínculo de colaboración entre las AUC y diferentes estamentos del Estado, lo que se reflejó en actos delictivos como la masacre de Pichilín. Es así como adujo que los miembros de las AUC comunicaron al capitán Jorge Javier Muñoz Suárez y al mayor Luis Guillermo Parra Niño, pertenecientes a la Armada Nacional y a la Policía Nacional, respectivamente, entre otros servidores públicos, su plan de asesinar a varias personas por sus supuestos nexos con las FARC en el aludido corregimiento, funcionarios que se comprometieron a colaborar para evitar que por la zona quedaran puestos de control que pudieran interferir con la incursión armada. A su vez, narró detalles de la realización de dicha operación, los cuales coinciden con lo demostrado en el plenario.

9.4.1.1.2. Por su parte, si bien en un comienzo adujo que le constaba lo que contó debido a comentarios de otras personas, en esa misma declaración aclaró que su conocimiento al respecto realmente era directo o a través de miembros de las autodefensas, a quienes conoció debido a su trabajo. Por último, manifestó que se presentó a rendir su declaración en Bogotá, D.C., habida cuenta de que desconfiaba de las autoridades de Sucre, puesto que las mismas se encontraban permeadas por el referido grupo al margen de la ley. De esta manera, el testigo en comento señaló:

(...) PREGUNTADO: Diga cuál es el motivo por el cual usted se hace presente en esta ciudad y ante la Fiscalía para los Derechos Humanos. CONTESTÓ: lo que me motiva a mi es que yo no comparto que se sigan cometiendo más injusticias y se siga matando gente inocente y por lo que a mí me amenazaron (...). Yo me refiero a la gente inocente que han matado las autodefensas que actúan en el Departamento de Sucre, Bolívar y Córdoba, ellos han venido realizando asesinatos y masacres de gente que considera que son auxiliadores de la guerrilla y en estos hechos la mayoría es gente inocente, por que (sic) que no se atreven a hablar para ninguno de los dos bandos y simplemente por que (sic) viven en el campo donde la guerrilla tiene influencia los acusan de eso, ellos no pueden correr para un lado ni el otro porque su lucha es la de sobrevivir y mantener a sus familias y eso es un medio de trabajo, además la guerrilla los obliga a que les colaboren y los presionan de manera directa y si no colaboran los acusan de estar trabajando con el ejército o los paramilitares y lo mismo dicen las autodefensas de ellos, que si ellos no les colaboran a ellos dicen que son guerrilleros y los matan sin más explicación. (...) Bueno yo tengo mucha información respecto de los autores de la masacre de Pichilín, esta información la he recibo de varias personas que pertenecen a los grupos paramilitares y algunos de ellos me la han comentado, pero yo me reservo el nombre de estas personas, bueno respecto de la masacre les digo que fue planeada por SALOMÓN FERIS CHADID y SALVATTORE (sic) MANCUSO alias EL MONO o TRIPLE CERO, otros recibieron información de una persona llamada PEDRO CARVAJALINO, conocida como CARVAJALINO, quien es una persona que se mueve por la zona de CHALÁN, COLOSÓ y vive en MACAJAN y trabaja como agente de inteligencia de las AUTODEFENSAS, él incluyó en una lista todas esas personas que mataron y muchas más que no encontraron allí. (...) El hecho fue coordinado en casa de SALOMÓN FERIZ (sic) por él, el mono mancusso (sic) y varios comandantes del grupo, entre los que estaban TONY, PACHO Y RODRIGO PELUFFO, el día anterior se reunieron con el mayor PARRA quien es el comandante de la Sijín de sucre y le informaron que se iba a cometer la masacre (...) y también se reunieron con el capitán MUÑOZ del b-2 de la brigada de infantería a él también le informaron que se iba a cometer la masacre y él se comprometió a despejar la vía del peaje que quedaba en la carretera que de Sincelejo vía a tolú, bueno, entonces, se reunieron en la finca llamada Quilitén que es de propiedad de los hermanos OCHOA de Medellín ubicada en el corregimiento de Rincón-Sucre. Fue llevado personal de varios de los grupos entre ellos participó un grupo que queda en el Guamo-Bolívar, comandado por PACHO que colocó como 12 o 14 hombres, entre ellos alias EL CHINO alias PETETE, TRES PATAS, alias EL ÑEQUE, EL GALLO, EL PIÑA; del grupo de TONY que actuaban por los lados de Tolú de allí sólo supe que únicamente TONY a los otros no los escuché nombrar, del grupo de MAGANGUE comandado por ÁLVARO BOTERO, que es un ganadero de la región y es uno de los que patrocina especialmente estos grupos paramilitares, en la finca de él que queda en el MAGANGUE tiene un grupo de varios hombres con fusiles AK-47 todo este personal en esa finca desde dos días antes y salieron al medio día (...) en la retirada la hicieron por San Onofre, Carreto, El Guamo y la Malagana y el que dio la orden de despejar la carretera fue Diazgranados Mantilla, quien es el comandante del batallón Nº 3 de Infantería de Marina localizado en Malagana-Bolívar (...) Bueno el CONCEJO de TOLU está dando treinta millones de pesos para las autodefensas, ese dinero lo maneja CHAVE, de la SIJIN de Sincelejo está el CHINO RIVERA quien es conocedor de todas las muertes que allí se hacen porque coordinan con los que van a hacer el trabajo, la cabo YAJAIDA ella daba vía libre a las autodefensas, ellos son amigos de SALOMÓN (...) Bueno, yo sé que SALOMÓN le entregó seis millones de pesos a dos miembros de la fiscalía de Barranquilla en Sincelejo, eso fue hace como tres meses, sé que ellos andan en un Vitara de color plomo, dos puertas, ellos son de la regional de Barranquilla (...) esa plata se entregó para desaparecer una denuncia que había en contra de SALOMÓN, por eso es que yo no me siento seguro en Sucre y he decidido viajar a Bogotá y yo desconfío de todos los funcionarios de Sucre por ese tipo de cosas que uno se entera (...) Porque yo he vivido todo el tiempo en la zona y por que (sic) pertenecí a la ANUC que han sido perseguidas por los grupos de autodefensa y esto me obligó a que fuera entrando en ese ambiente y fue una de las causas para tener conocimiento de ellos, incluso ganando la simpatía de algunos y a mi la información que acabo de rendir la he recibido directamente y a través de los años de miembros de Autodefensas que están dispuestos a colaborar con la justicia (...) y muchas veces he trabajado como conductor de algunos personas (sic) importantes de la región que tienen relaciones con ellos y hacen comentarios que yo confirmo y he venido guardando (fls. 3-15, cdno. pruebas “anexo 4”).

9.4.1.2. Los días 6 y 10 de junio de 1997, el deponente aludido continuó su declaración, se refirió a otros comportamientos punibles, y destacó el apoyo que en general se brindaban entre las AUC y los miembros de la Armada Nacional, en tanto en ocasiones realizaban operativos de manera conjunta, lo que a él le constaba dado que su labor era movilizar personal armado a los lugares en los que se planeaban dichas misiones. Adicionalmente, manifestó que las AUC tenían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, las cuales les eran otorgadas por los mismos agentes estatales, entre quienes estaban el coronel de la Armada Nacional Diazgranados Mantilla, y el referido capitán Muñoz Suárez. De otro lado, señaló que las armas que usaban las AUC eran de su entera propiedad, no obstante lo cual, a renglón seguido señaló que en ocasiones el referido capitán Muñoz Suárez les prestaba algunas armas a sujetos bajo el mando de Salomón Feris Chadid, lo que él supo comoquiera que a él lo mandaban a recoger ese armamento(40).

9.4.1.3. Los días 13 y 14 de noviembre de 1997, el referido testigo volvió a comparecer, momento en el que reiteró lo expuesto en cuanto a la ayuda entre las fuerzas militares y las AUC, al punto que permitían que los integrantes de éstas se movilizaran armados sin ningún tipo de restricción, y reiteró que la Armada Nacional, a través de los militares aludidos, les daban uniformes o vestimentas de su uso privativo. Igualmente, destacó que el capitán Muñoz Suárez y el Mayor Parra Niño participaron en la planeación de la masacre de Pichilín. Así, cabe resaltar que dijo:

Hasta donde yo conocí había una relación muy íntima, donde se patrullaban junto (sic), se palnificanban (sic) operativos en conjunto, por ejemplo, PICHILÍN fue planificado con la Brigada de Infantería de Marina, con el Capitán Muñoz, ese era el que participaba directamente y con el Comandante de la Sijín, el MAYOR PARRA de Sincelejo, las relaciones con el Das, a raíz de la muerte de la hermana de OSCAR se echaron a perder del todo, lo mismo que cuando mataron miembros del DAS en Since (fls. 66-76, cdno. pruebas “anexo 4”).

9.4.1.4. El 10 de diciembre de 1997, el señor Conde Anaya refirió que la ayuda que prestaba la Policía Nacional al grupo al margen de la ley en comento, en especial a través del mayor Parra Niño de la SIJIN, consistía en darles información sobre posibles objetivos y extraviar las denuncias que se iniciaran en contra de sus integrantes. Respecto de la masacre de Pichilín, insistió en que dicha colaboración radicó en que tanto la Policía Nacional como la Armada Nacional retiraron los puestos de control que debían existir en esa zona, instante en la que se refirió con precisión a las vías por las cuales transitaron los miembros de las AUC para arribar a Pichilín, y por donde dejaron los cadáveres de sus víctimas en dirección al corregimiento de Varsovia —ver cita posterior al párrafo 9.2.18—. En este sentido, aseveró:

Con referente (sic) a la Policía, cien por ciento la policía de San Onofre, el Cabo Jiménez, para lo que necesiten él les da vía libre, el Mayor Parra de la Sijín en Sincelejo, para matar gente ahí en el casco urbano, para retirar denuncias de los carros que roban en Sucre, el todo se los desaparece (...) la Policía de Tierra Alta les colabora mucho, con ese Juancho es que hacen todo. Y el Ejército del área que se va cogido de la mano con ellos pa (sic) los operativos, el Batallón Nº 05 de Urabá patrulla junto con la (sic) autodefensas de Urabá (...) La Policía de Tolú Viejo y la Infantería de Marina que estaba en el Peaje, obligatoriamente tenían que cruzar por alguno de los dos sitios y también había un puesto de control, en la carretera que va del peaje de Tolú Viejo para Palmito, un pueblo que se llama Varsovia, ese día los movieron de ahí, para darle campo libre a los miembros de las autodefensas, la policía quitó el retén que acostumbraba a poner en la Bomba y la Infantería movió la gente que tenía en los puestos de control (fls. 77-83, cdno. pruebas “anexo 4”).

9.4.1.5. El 19 de mayo de 1998, el deponente aludido se pronunció nuevamente sobre la relación entre las AUC y las Fuerzas Armadas, e indicó que además de los agentes señalados, tenía conocimiento de que un policía de apellido Jiménez recopilaba información para aquéllas. A su vez, reiteró que en la planeación y ejecución de la masacre de Pichilín, dicho grupo armado actuó en connivencia con miembros de los estamentos referenciados(41).

9.4.1.6. El 29 de julio de 1998, el declarante aludido se refirió de manera extendida y detallada a las razones por las cuales le constaba toda la información que había vertido en la investigación, momento en el que se cuidó de que no se le identificara como un miembro más de las AUC —se trataba de una persona que estaba protegida por el programa de testigos de la Fiscalía General de la Nación—. De esta manera, aseveró que conoció de la actividad de sus dirigentes en la medida en que lo obligaron a trabajar en la convivir Horizonte, labor en la que sirvió como conductor y escolta de Salvatore Mancuso y de Salomón Feris Chadid, respecto de quienes adujo que utilizaban la cooperativa de seguridad señalada como una fachada para sus actividades criminales.

9.4.1.6.1. Sobre su vinculación a dicha organización de seguridad, aseveró que se le dijo que se encontraba habilitada por la ley, y frente a su negativa, se le presionó mediante amenazas para que se uniera. Por lo tanto, comenzó a trabajar como conductor de su personal, labor en la que empezó a notar que a donde transportaba a sus miembros aparecían personas asesinadas. Posteriormente, afirmó que por orden de Salvatore Mancuso Gómez, trabajó como conductor y escolta de Salomón Feris Chadid, razón por la cual estuvo presente en diferentes reuniones que éste sostuvo con el mayor Parra Niño y el capitán Muñoz Suárez, reuniones en las que coordinaron ataques a personas que consideraban que pertenecían o colaboraban con las FARC.

9.4.1.6.2. De este modo, el deponente aludido, en comparación con sus testimonios anteriores, narró con mayor precisión las diferentes actuaciones delictivas que realizaron los individuos aludidos, y mencionó los lugares en los que se reunían para planear sus ataques a la población civil, respecto de lo que señaló que en ciertas oportunidades se veían en un restaurante, en la casa del señor Salomón Feris, en las dependencias de la Policía Nacional o de la Armada Nacional, visitas de las que no quedaba registro alguno, toda vez que Salomón Feris Chadid era muy conocido en la Policía Nacional, y que el capitán Muñoz Suárez expidió unos carnés para que sus portadores pudieran entrar libremente a la brigada de la Armada Nacional.

9.4.1.6.3. En este punto, a pesar de que se le indicó que el mayor Luis Guillermo Parra Niño no era el comandante de la SIJIN, el declarante no se retractó en cuanto a las reuniones que dicho funcionario tuvo con el señor Feris Chadid, puesto que aseveró que las presenció personalmente. Asimismo, precisó que el funcionario aludido no era el que emitía directamente las órdenes para facilitar la realización de los operativos criminales planteados por el señor Feris Chadid, sino que le servía de intermediaron con otros servidores de la Policía Nacional que sí tenían esa potestad. Por su parte, adujo que el capitán Muñoz Suárez le dijo que en las ocasiones que él prestaba el armamento aludido, lo hacía en consideración a que se encontraba autorizado para moverse con el mismo dentro de la región, manifestación frente a la que el deponente creyó que ello se debía a que se trataba del comandante del B-2 de la brigada de la Armada Nacional y, para desplazarse por fuera de la referida región, engañaba a sus superiores diciéndoles que era para conseguir información y datos de inteligencia.

9.4.1.6.4. Posteriormente, se pronunció en relación con la masacre de Pichilín, momento en el que adujo que los funcionarios aludidos se congregaron para el efecto con los señores Salomón Feris Chadid y Salvatore Mancuso Gómez, quienes comenzaron a desconfiar de él, en la medida en que les dijo que las personas que querían asesinar en dicho corregimiento no eran en realidad guerrilleros. Debido a lo anterior, comentó que dichos dirigentes ordenaron que alguien lo acompañara constantemente, y un día antes de la masacre, le dieron permiso para que fuera al médico, con lo cual lo sacaron de la región para después retenerlo en una finca en la que luego de la masacre se reunieron los dirigentes de las AUC, y en las que se mencionó la participación de los estamentos estatales en su materialización.

9.4.1.6.5. A su vez, precisó que dos días antes de que se lo llevaran a Medellín, acompañó a los aducidos sujetos a un restaurante, lugar en el que se reunieron con el capitán Muñoz, sitio en el que se planeó el movimiento del personal de la Armada para que no interfirieran en la comisión de los asesinatos. Igualmente, dijo que en esa misma fecha acompañó al señor Feris Chadid a la oficina del mayor Parra, para solicitar su colaboración con las futuras investigaciones que se iniciaran.

9.4.1.6.6. Debido a las anteriores manifestaciones, la Fiscalía General de la Nación le cuestionó el motivo por el cual si se desconfiaba de él, se le hubiese permitido tener acceso a información de la operación, y le informó que (i) el 2 de diciembre de 1996 se le confirió permiso al capitán Muñoz para ir a un curso militar en Coveñas, y (ii) el mayor Parra se encontraba incapacitado desde el 8 de noviembre del año en comento. Ante lo expuesto, el declarante aseveró que el hecho de que se le mantuviera al tanto de lo que iba ocurrir era una táctica de Mancuso para probar su lealtad, e insistió en que dichas reuniones se llevaron a cabo sin perjuicio de las coartadas de los funcionarios públicos, momento en el que explicó que la supuesta enfermedad y el permiso referido no tenía por qué ser un impedimento para las mismas, en tanto tales circunstancias pudieron no llegar a ocupar la totalidad del tiempo de los agentes del Estado, punto en el que reiteró que a él lo sacaron e la zona el 3 de diciembre de 1996, por lo que la reunión con tales sujetos habría tenido lugar el 1º de diciembre de ese mismo año.

9.4.1.6.7. Adicionalmente, destacó que los funcionarios aludidos concretaban muchas de sus acciones mediante llamadas, al punto que mencionó varios números de teléfonos que aseguró que eran de ellos y que les habían sido dados a los integrantes de las AUC. De otro lado, frente a las preguntas de los defensores de los funcionarios públicos señalados, quienes pretendieron evidenciar contradicciones en los lugares en que los se reunían aquéllos con los señores Feris Chadid y Mancuso, aclaró que si bien él hizo referencia a reuniones que tuvieron lugar en una finca, en ningún momento aseveró que en las misma hubiese estado el mayor Parra, puesto que en ese lugar se congregaban los paramilitares. Igualmente, reiteró que en ocasiones pasadas sí vio al capitán Muñoz en casa de Salomón Feris Chadid. En ese sentido, aseveró:

En ese momento me encontraba trabajando en Sincelejo o todo el Departamento de Sucre, estaba al servicio de prestar seguridad al señor SALVATORE MANCUSO como ganadero y a RUDOLF PAFFI, a muchos ganaderos de la región en general, trabajaba para la Cooperativa de Seguridad CONVIVIR que llevaba el nombre de horizonte. Estando en esa cooperativa de seguridad, me ponían al servicio del señor SALOMÓN FERIS que en cierta parte yo no sabía quién era ese personaje, hasta que me fui dando cuenta de la institución a que él pertenecía. Él había trabajado con la Policía y en ese momento ingresaba a hacer parte de las AUTODEFENSAS CAMPESINAS, directamente, él lo hacía directamente, pero utilizaba las CONVIVIR como fachada. (...) Yo ingresé en el 95, el día 13 de abril, no voluntariamente, sino más por presión del MONO MANCUSO y algunos miembros de las autodefensas (...) para tener un control más cerca de mí ya que ellos habían matado un hermano mío y cómo yo no permanecía trabajando dentro el área que ellos se mueven, cuando yo regresaba a visitar a mi familia a Tierra Alta, ellos le preguntaban a mi familia que qué hacía yo, que si donde vivía y a qué me dedicaba. Cuando ellos me hicieron esa propuesta, los señores MANCUSO en representación del MONO MANCUSO, yo les dije que yo no quería problemas con la justicia, y ellos me dijeron que era una cuestión legal, que confiara en ellos, que no iba a pasar nada. Allí fue cuando yo les dije que definitivamente que no, que yo no trabajaba con ellos, entonces me dijo EL MONO que si yo no lo hacía por las buenas, entonces que lo hacía por las malas, que porque no sólo él estaba interesado en que yo trabajara en una CONVIVIR, sino terceras personas. Fue cuando me tocó que aceptar la propuesta, pero no voluntariamente, y me acogí a los reglamentos que estaban estipulados por la ley, pero con el correr del tiempo, yo me fui dando cuenta que a través de la CONVIVIR movían un grupo de personas que no eran de la CONVIVIR y fue cuando yo empecé a analizar todos los movimientos que se realizaban a través de esa institución, pero no con los objetivos que verdaderamente se iban a cumplir ahí, sino con otros propósitos totalmente diferentes. Empecé a transportar personal supuestamente de la CONVIVIR y me empecé a dar cuenta que a los dos o tres días aparecían personas muertas donde se había desembarcado este personal. PREGUNTADO: Esta situación a que hace usted referencia llegó a establecer o determinar por quién o por quiénes y a órdenes de que personas se sucedían estos hechos y si ello fue puesto en conocimiento de alguna autoridad. CONTESTÓ: Sí, estos hechos siempre que sucedían como yo no tenía ningún nivel de autorizar nada sino que yo tenía que someterme a lo que me dijera el señor SALVATORE MANCUSO, siempre tenía presencia el señor JORGE MUÑOZ, en ese entonces Teniente de la Infantería de Marina y coordinaba todos sus trabajos con SALOMÓN FERIS y el MONO MANCUSO. Supuestamente nosotros sabíamos que se iba a enfrentar a un grupo subversivo, o sea los miembros de la CONVIVIR y por el otro lado el CAPITÁN MUÑOZ de la Infantería de Marina, pero nunca fue así porque el señor MUÑOZ ahora en la actualidad CAPITÁN MUÑOZ, iba era a coordinar con estos señores la matanza de campesinos que nada tenían que ver con la guerrilla. La Sijín tenía conocimiento de estos hechos, en representación del Mayor Parra, quien estaba de Comandante de la estación de la Sijín en el barrio LA CRUZ DE MAYO en Sincelejo y todo eso era jurisdicción de él. Siempre escuché que decía que le hicieran las cosas fuera de su jurisdicción para que no lo perjudicaran, pero en el momento yono (sic) sabía de qué cosas estaban hablando, cuando yo me percataba ya era demasiado tarde porque aparecían dos o tres muertos y siempre donde sucedían estos casos, el señor SALOMÓN se movía con los miembros de la CONVIVIR, a hablar con el MAYOR PARRA, encargado de esa parte para que quitara el patrullaje o coordinara con los encargados de los patrulleros para que los quitaran durante una hora o dos horas mientras ellos mandaban al grupo de paramilitares para que los ajusticiaran a laspersonas (sic) que ellos tenían en la lista. (...) PREGUNTADO. Explíquele a la Fiscalía cuando usted hace referencia a que coordinaban todos estos hechos, en qué lugar o en qué sitios se llevaban a cabo esas reuniones, si en las dependencias de la Policía o si en algún otro sitio o sitios. CONTESTÓ. Por lo regular, a dinde (sic) yo me di cuenta y escuché todo, siempre fue en las instalaciones de la Sijín que queda en la CRUZ DE MAYO, esto con el Mayor Parra y con el Capitán MUÑOZ muchas veces en el B-12 y en la Primera Brigada de Infantería de Marina, muchas veces en San Onofre, cuando el señor MUÑOZ estaba en el área, otras veces en el restaurante del señor MIGUEL NULE AMÍN que queda en la bomba a la salida de Tolú, creo que el restaurante se llama Los Laureles, pero queda ya para la salida de Tolú; otras veces en la casa del señor SALOMÓN. PREGUNTADO: Cuándo asistían a esas reuniones bien en las dependencias de la Policía o en la Primera Brigada de Infantería quedaban registradas las personas que ingresaban en algún libro carpeta o documento. CONTESTÓ: Ninguna de esas personas le tomaban ninguna clase de datos porque el Capitán MUÑOZ había expedido unos Carné con la autorización de la infantería de Marina para que cuando necesitara algo de allá, entraran sin ningún problema y por lo regular, ellos le esperaban o él, es decir el Capitán MUÑOZ les esperaba afuera. En la Policía, como Salomón es conocido por todo el mundo ahí, solamente le pedían el arma y la dejaban guardada en la parte de control y él subía sin dejar ningún registro, las personas que iban con él solamente mostraban el carné de infantería de marina y decían que iban con él y no pasaba más nada, solamente les preguntaban si iban armados y como las armas quedaban guardadas dentro del carro o la camioneta, los dejaban pasar y ya no pasaba más nada. (...) PREGUNTADO: Dentro del expediente se allegó certificación en el sentido de que para el mes de diciembre de 1996, el Comandante de el (sic) Departamento de Policía Sucre era el señor teniente coronel PABLO ORTEGA VÉLEZ, que de acuerdo con el manual de funciones, es la persona encargada de realizar los planes, programas y servicios a desarrollar en el departamento. Ha afirmado usted en sus diversas declaraciones que las conversaciones o contactos se tenían con el señor Mayor PARRA NIÑO, para esa época y de acuerdo con la documentación allegada, figuraba como Comandante de Policía Judicial. Cómo explica entonces usted, que pudiese coordinar y ordenar el desplazamiento o movimiento de personal que por obvias razones no podía estar a su mando y que tampoco estaba dentro de las funciones de acuerdo con el manual allegado, que le correspondían por cargo al señor Mayor PARRA NIÑO. CONTESTÓ. A mí me consta, porque siendo yo miembro activo de la Cooperativa de Seguridad CONVIVIR HORIZONTE, me ordenó SALVATORE MANCUSO, que escoltara supuestamente al ganadero SALOMÓN FERIS CHADID al Comando de la Sijín situado en la CRUZ DE MAYO como es conocido. El señor SALOMÓN FERIS hablaba delante de mí con el señor PARRA de todas las actividades que aquí estoy afirmando en este documento. El señor SALOMÓN tenía viejas amistades dentro de la Policía, donde él le pedía al mayor PARRA que por intermedio de él le hiciera todos esos contactos para cometer sus actos. Estando presente en ocho, diez, veinte oportunidades, que me tocaba ir seguido, a veces hasta dos o tres veces al día que me tocaba acompañar al señor SALOMÓN y nunca escuché decir al Mayor PARRA que no, siempre le dijo que sí, pero que no lo fuera a perjudicar. Le decía déjeme que yo hago mis cosas a mi manera y cuando les tenga todo cuadrado, yo le aviso por teléfono. PREGUNTADO: Se señala también dentro de las declaraciones rendidas por usted que el señor CAPITÁN MUÑOZ actualmente, para la época de los hechos, esto es 4 de diciembre de 1996, coordinaba y/o participaba de la planificación de tales hechos, prestaba el apoyo logístico con armas, uniformes, etc. Explíquele usted a la Fiscalía si para aquella época, teniendo en cuenta el grado o cargo que ocupaba el señor MUÑOZ SUÁREZ, como de qué manera podía tener acceso a tales medios, o podía participar en tales situaciones si obviamente debería contar con la autorización o permiso de sus superiores para cualquier actividad, lógico contando con el organigrama que hay en cada institución, que nos puede decir al respecto señor CONDE. CONTESTÓ: (...) siempre le pregunté al señor MUÑOZ, cómo sacaba esos fusiles de ahí y él me contestaba, yo tengo la previa autorización para moverme con estos fusiles dentro de la jurisdicción, porque él era el Comandante del B-2 en esa instalación hasta donde tengo conocimiento. Muchas veces también pedía autorización para moverse en otra área que estaba fuera de la jurisdicción, y se la concedían argumentando que se iba a conseguir datos de inteligencia o que había movimiento de algún grupo subversivo en la región y le era concedida. La planificación de operaciones con el señor SALOMÓN por lo regular se daban en la oficina que él tenía a su cargo en las instalaciones de la Primera Infantería de Marina (...). Me alcancé a dar cuenta porque estuve presente en tres reuniones con el MONO MANCUSO, donde planificaban operaciones para cometer masacres y en ellas estaba presente el capitán MUÑOZ. Luego de estas reuniones se le pedía al señor MUÑOZ que desmontara un retén o que hablara con su superior para que quitara el retén que había en la vía de Sincelejo a Tolú, para más precisión en el peaje, luego de coordinar con ese señor habló del capitán MUÑOZ, me enviaban escoltando al señor SALOMÓN FERIS CHADID a hacerle alguna solicitud al señor PARRA NIÑO, para que por medio de sus contactos desmontara el retén que la Policía montaba siempre o que monta en la carretera que sale de Los Palmitos a la que va de Sincelejo a Tolú porque por allí debían desplazarse unos vehículos o unas camionetas con un personal (...). Allí (finca) se mantuvieron desde el día 26 de noviembre, me recuerdo con exactitud, todos estos 48 hombres, la Infantería de Marina sabía que estaban ahí, estoy hablando como representa de ellos, el señor Muñoz. Esos operativos que habían planeado en esos días se dañaron, no los pudieron realizar. Nuevamente hacen una reunión el día 28 de noviembre, la reunión la hicieron y ahí fue donde yo me enteré para que era los que estaban allá, que todos portaban armas de largo alcance. (...) estos están amparados por el Ministerio de Defensa porque estos fusiles pertenecen a la Convivir del MONO MANCUSO. Yo había sufrido una lesión en la columna y había pedido varias veces que me dejaran ir al médico y nunca se me había sido posible (sic) porque no tenían confianza en mí, a ningún momento (sic) ellos me dejaban solo o me dejaban salir solo, siempre me tenía que mover con una persona que ellos mismos me colocaban, estoy hablando del MONO MANCUSO y de SALOMON FERRIS. No confiaban en mí, porque yo tres veces con el argumento de que esas informaciones que ellos tenían no tenían ninguna veracidad ni ninguna validez porque la persona que la pasaba era una persona que solamente estaba interesada en quitarse de encima algunos campesinos que no le permitían ni estaban de acuerdo con algunos actos que él realizaba, esta persona a la me refiero es el señor PEDRO CARVAJALINO. Entonces los ponía a reflexionar en cuanto a eso y nuevamente ellos mandaban levantar una nueva inteligencia, porque ellos decían que esos campesinos en Pichilín era unos guerrilleros sin ser así, porque nunca hubo algo que los identificara como guerrilleros ni nunca encontraron algo que los comprometiera con la guerrilla y entonces ellos dudaban de mí, porque yo los defendía. En ese entonces no pude hacer ninguna denuncia porque ya yo conocía el comportamiento de la Fuerza Pública en esta región del Departamento de Sucre. El día 23 (sic) diciembre me llegó el señor SALVATORE MANCUSO (...) y me dijo aquí tiene los pasajes y CHAVE y DARÍO lo van a embarcar en la terminar de transporte de Montería, se va en un bus (...) y ahí va una segunda persona acompañándolo. Esta persona que me acompañaba era conocida como alias EL PAISA. (...) El día 10 de diciembre me traen de Medellín y ya no me dejan en la CONVIVIR sino que me dejan en una finca en EL GUAMO Bolívar el día 10 de diciembre. (....) Transcurrido un largo tiempo y como no me resolvían ninguna situación de esas, allí me di cuenta y vi con mis propios ojos sin poder hacer nada, escuché al Capitán Muñoz cuadrando operativos para matar campesinos en las regiones (...). Escuché también cuando este señor le pedía, estoy hablando del Capitán Muñoz, a SALOMÓN, que matara al señor PEDRO TINOCO porque era colaborador de la guerrilla. En esos días me trajeron a Sincelejo y el señor SALOMÓN me llevó a las oficinas del Mayor PARRA y le dijo a SALOMÓN, quiero que maten a PEDRO TINOCO porque ese man me la está embarrando, lo mata SALOMÓN (...) y no me habían dejado en Sincelejo, sino que fui llevado a una Finca en El Guamo Bolívar, de nombre LAS PAMPAS, allí estaba EL MONO MANCUSO, SALOMÓN FERIS, estaban haciendo una reunión de evaluación donde decían como habían hecho el operativo, quienes les habían colaborado y de pronto quienes evaluando la actuación de los hombres que llevaron a eso, dizque según ellos, no había tenido el mejor comportamiento. Escuché cuando SALOMÓN le decía al grupo (...) que había sido importante la participación y colaboración del Mayor PARRA NIÑO con su información para este operativo, también decía que había sido importante toda la colaboración que les había brindado tanto PARRA NIÑO como MUÑOZ quitando los retenes que están uno en el peaje y otro en la salida de la carretera que va a Los Palmitos, que por ninguna otra parte, sin haber sido así, ellos hubiesen podido entrar a hacer eso, porque no hay otra carretera que desvíe antes de esos dos retenes (...). PREGUNTADO: Usted nos ha informado que en tres oportunidades que evitó hasta donde pudo, la realización del a masacre o de los homicidios que se llevaron a cabo finalmente el 4 de diciembre. Sírvase informarle a la Fiscalía como conoció de esas intenciones que se tenían, qué personas planearon, idearon o acordaron realizar este hecho en las anteriores oportunidades y de qué manera o cómo evitó usted estas situaciones. CONTESTÓ: Yo conocí la información en casa del señor SALOMÓN FERIS porque el mismo me la mostró y me presentó al señor que había recogido la información que se llama PEDRO CARVAJALINO (...) en ese momento, es donde yo empiezo a cumplir con mi labor, empecé a averiguar por mis propios mecanismos si era cierto que esas personas tenían vínculos con la guerrilla o era milicianos o tenían algo que ver con eso, o sea, con los vínculos guerrilleros. Me dieron ocho días para que confirmara la información (...) Cuando confirmé eso le dije al MONO MANCUSO que eso que ellos iban a hacer no era posible porque eso era falso, él se me respondió estás seguro de lo que está diciendo, yo le contesté que yo sí estaba seguro de lo que estaba haciendo y él autoriza nuevamente a SALOMÓN que vuelva a hacer la inteligencia. Nuevamente le trae la misma lista el mismo señor, yo le dije al MONO que eso no era verdad, que esa gente no tenía vínculos con la guerrilla, ni tenía que ver nada con lo que él estaba pensando, que mejor concretara él personalmente, para que así se diera cuenta de la verdad. Él lo que me dijo era que ya no estaba para esos trotes, yo voy a buscar la persona más indicada para todas esas cosas (...) Por tercera vez llevó PEDRO CARVAJALINO esos papeles con las mismas personas y con el mismo número y ahí fue cuando yo le dije en realidad que era lo que estaba pasando. Él me dijo y qué es lo que está pasando, yo lo respondí, lo que está pasando es que ese señor quiere quitarse de encima a muchos campesinos de la zona para él quedarse con un patrimonio que no le pertenece y para seguir abusando de las mujeres de estos campesinos. Por tercera vez EL MONO la paró ahí y le pidió a SALOMÓN que buscara una persona de las que él tenía y le confirmara todo eso. Cuando esa persona que buscó, era una persona amiga íntima de PEDRO CARVAJALINO que yo lo conocí con el alias de EL BAQUERO. Cuando ellos confirmaron todo eso, la alternativa más viable para que yo no siguiera metiendo las narices en sus asuntos, era concederme una cita que hacía mucho tiempo les venía pidiendo para que me llevaran al médico y fue allí cuando aprovecharon y me sacaron de Sincelejo. Pero dos días antes de sacarme, me tocó que ir con SALOMÓN y con EL MONO MANCUSO al restaurante que está a la salida de Sincelejo para Corozal, no me recuerdo el nombre de ese restaurante, es como un estadero también a la vez, no me recuerdo el nombre, allí esperaba el Capitán Muñoz y fue donde se planeó todo (...). Luego se ponen de acuerdo con este señor MUÑOZ donde le piden que hablen se corrige, que hable con la persona indicada para que muevan el retén de la Infantería de Marina que está cuidando el peaje. Luego, también me tocó ir también donde el señor SALOMÓN FERIS donde el Mayor PARRA y SALOMÓN también le consultó lo de esta masacre, le dijo que si... que opinaba él de lo que se iba a hacer, el Mayor le respondió pues hermano si son, delen (sic) pero no me involucren a mí, yo cumplo con desviar una parte de las investigaciones que seguramente a mí me van a corresponder ahí en esos hechos. (...) PREGUNTADO: Usted ha manifestado que era evidente la desconfianza del MONO MANCUSO y DE SALOMÓN FERIS hacia usted, si ello es así cómo explica usted que se le permitiera tener acceso a información del tipo que nos ha mencionado en sus diferentes declaraciones. CONTESTÓ: Para probar si yo en realidad estaba obrando de buena o mala fe a favor del patrimonio familiar de él del MONO MANCUSO y demás ganaderos que me tocaba brindarles seguridad (...). PREGUNTADO: Usted ha manifestado en sus declaraciones que el señor LUIS GUILLERMO PARRA NIÑO y el señor JORGE JAVIER MUÑOZ SUÁREZ tuvieron conocimiento del acto que se iba a realizar y que se llevó a cabo el 4 de diciembre del 96. Obra en diligencias con relación al primero, incapacidad médica presentada desde el 8 de noviembre del citado año 96 y que durara hasta mediados de enero del 97. Igualmente con relación al señor MUÑOZ SUÁREZ, aparece certificación de su permanencia en un curso de inteligencia en la Escuela Anfibia de Coveñas, desde el día 2 de diciembre del 96 hasta el 6 de diciembre. Cómo y de qué manera podrían ellos planear, participar, conocer, etc., etc., los hechos que estaban por suceder el 4 de diciembre ante estas situaciones que aparecen ya probadas en el expediente (...) CONTESTÓ: (...) Yo decía en la afirmación anterior, que había hablado con el señor MUÑOZ dos días antes de irme para Medellín. Allí estuvo el señor SALVATORE MANCUSO, también a SALOMÓN FERIS, también a LINO y a también un señor que se hacía pasar TONY, todos tomaron notas de ese teléfono celular (...) El número de teléfono es 937550913 celular a nombre de CONEJO, como se hacía llamar el señor Capitán MUÑOZ, donde dice que si alguna cosa lo llamen a ese número (...) De parte del mayor PARRA no hay problema porque él sabe mi número de teléfono y quedamos que si se presentaba algo ya él sabía cómo comunicarse conmigo. Si se presentaba algo en cuando a los operativos que venían planeando. Agrego que muchas veces cuando no podían verse personalmente, se pedían favores para cometer ilícitos, por ese teléfono (...) el señor estaba en la oficina, más no sé si estaría transitorio porque eso si no le pregunté si estaba enfermo o no, lo que sí aseguro aquí es que él estaba en la oficina y habló personalmente con SALOMÓN delante de mí. Con relación al señor JORGE JAVIER MUÑOZ, él estaba ese día en esa reunión (...) yo estuve presente, vuelvo y digo, repito que dos días antes de irme para Medellín, yo me fui para Medellín un día tres de diciembre. PREGUNTADO: Precísele a la Fiscalía por quienes fue planeado la matanza de Pichilín y en qué lugares se efectuó esa planeación, indicándonos en lo posible día y hora de la misma. CONTESTÓ: Esto tuvo tres lugares donde planearon estos hechos. En el restaurante de la salida de Sincelejo a Tolú que en la bomba del señor MIGUEL NULE AMÍN, no me recuerdo el nombre de ese restaurante, la segunda se realiza en casa del señor SALOMÓN FERIS CHADID de allí se sale para el restaurante que queda en la salida de Sincelejo-Corozal, allá se reúne EL MONO, LINO, SALOMÓN, TONY, habían otras personas que no me recuerdo nombres y estaba el capitán Muñoz (...). En esa reunión en casa de SALOMON estaba el capitán MUÑOZ, estuvo EL MONO y SALOMÓN por supuesto y muchas más personas. (...) No me recuerdo haber mencionado a PARRA NIÑO en la finca Quilitén, me atrevo a hacer esta afirmación porque nunca lo vi allá ni mencioné ese nombre de Quilitén. De pronto hay una confusión como la que ocurrió ahorita con la fecha, porque PARRA siempre atendió a SALOMÓN en su oficina (se resalta) (fls. 93-123, cdno. pruebas “anexo 4”).

9.4.1.7. El 30 de julio y el 20 de agosto de 1998, el señor Pedro Alex Conde Anaya continuó con su declaración, reiteró lo aseverado en pasadas ocasiones en relación con el apoyo que los funcionarios aludidos le prestaron a Salomón Feris Chadid, en especial respecto de los asesinatos de las personas del corregimiento de Pichilín y del municipio de Colosó, describió con detalle las instalaciones de la Sijín y de la oficina del mayor Parra Niño, volvió a señalar que él hizo parte de la convivir Horizonte por presiones y que no le fue factible denunciar antes los hechos que en ese momento refería, toda vez que se le vigilaba constantemente y dado que no confiaba en las autoridades de la zona. Igualmente, aclaró que era falso lo referido por Mancuso en cuanto a que él era quien estaba conformado grupos armados por fuera de la ley, punto en el que relacionó la experiencia de varios de sus compañeros que como él, tuvieron que dejar la convivir y esconderse por miedo a que los mataran.

9.4.2. De manera paralela a las anteriores declaraciones, el 26 de febrero de 1998, la Fiscalía General de la Nación recepcionó el testimonio del señor Francisco Enrique Villalba Hernández, quien se encontraba detenido en la cárcel de Itagüí, declaración juramentada en el que adujo que había pertenecido a las autodefensas de Córdoba y Urabá hasta cuando convirtieron a la fuerza pública y al gobierno en objetivo militar, momento en el que se entregó al CTI de Santa Rosa de Osos, Antioquia, y manifestó que (i) fue llevado a los Montes de María por Salomón Feris Chadid, lugar en el que entrenó con otros hombres, y (ii) refirió la colaboración que existía entre las ACCU y la fuerza pública de la zona, de forma similar a lo narrado por el señor Pedro Alex Conde Anaya, punto en el que se pronunció en cuanto a la masacre de Pichilín, en la cual adujo haber participado. Al respecto, reseñó:

Porque me entregué habiéndome retirado de las autodefensas el trece de febrero de este año, de las autodefensas de Córdoba y Urabá, me entregué en Santa Rosa de Osos (Antioquia) (...) pedí la baja porque en verdad ya se había declarado la guerra contra el gobierno ya que teníamos la orden de atacar lo que fuera Policía, Ejército, Fiscalía, yo mejor me retiré (...). Cuándo me ingresaron fue en Sincelejo, SALOMÓN FELIX, fue quien me reclutó, él me dijo que me iba a llevar a los montes de María, de ahí me trasladó a una finca (...) habíamos ochenta hombres haciendo el entrenamiento, habían quince instructores (...) él se la pasaba ahí con FIDEL CASTAÑO él permanecía en esa finca, entre los instructores había uno que le decían EL HELENO, estaba EL GUAJIRO, estaba DOBLE CERO (...) la instrucción duró mes y medio, consistía en prueba física y en prueba de coraje ésta consistía en descuartizar la persona (sic) también hacían instrucción en manejo de fusil AK-47 (...) Estando en Montes de María el mismo SALOMÓN FELIX (sic) era el coordinaba de todo, estando ahí nos dieron las armas AK-47, de ahí me trasladaron a Magangué (Bolívar) para el grupo de LA GATA (...). Nosotros patrullamos con el batallón de Corozal, recuerdo a un teniente PERDOMO del BR -2 del Batallón de Corozal era con el que más nos veíamos (...). Así cuando teníamos combate con la guerrilla o íbamos a hacer alguna masacre, se coordinaba con el Ejército y la Policía de la parte donde fuéramos, eso lo coordinaban SALOMÓN FELIX y el MONO MANCUSO, con el D.A.S. y con el CTI no se iba. Esas cosas se coordinaban con el Comandante del Batallón que fuera de Policía. Una de esas acciones fue la masacre de COLOSÓ, el Ejército se encontraba en el peaje que va para Bahía Tolú, ellos coordinaron para que no hubiera bloqueo y con la Policía para que la Policía no mandara operativos, fueron con los dos que coordinaron, ellos suspendían los retenes mientras que nosotros, pasábamos (...). La de Pichilín, corregimiento de Colosó, donde fueron masacradas diecisiete personas, el cuatro (4) de diciembre del noventa y seis, ahí participó EL MONO MANCUSO, SALOMÓN FÉLIX, veintisiete hombres del grupo de Magangué, ahí tuvo (sic) AMÉRICA, EL NEGRO, EL OSO, LA GATA, y unos muchachos de aquí de Montería, fueron los que participaron en la masacre, ahí tuvimos cuarenta y dos personas, antes de llegar a COLOSÓ se hizo un retén antes de llegar a Colosó y se decomisaron unos carros camperos, se bajó ahí todo el personal y una camioneta de estaca, de ahí trasladaron el persona (sic) al pueblo de Pichilín, de Pichilín se sacaron catorce personas y de Colosó dos y el muchacho del Toyota que mataron, fueron diecisiete personas por todas, esa operación la coordinó SALOMÓN FÉLIX, la causa fue porque decían que eran colaboradores de la guerrilla y decían que venía guerrilla de la parte de arriba del cerro por eso fue todo, a nosotros nos reunieron el mismo día en la mañana, de ahí nos trasladamos a las nueve de la mañana a una finca que queda en la parte de atrás de un pueblo que se llama LA PALMIRA, a esa finca va un helicóptero particular, la orden de hacer esto la dio EL MONO MANCUSO Y SALVADOR FÉLIX (sic) se corrige SALOMÓN FÉLIX (sic), de Sincelejo fuimos seis y cuando llegamos a la finca nos entregaron las armas y los uniformes, de ahí empezamos a entrar a la vía como, se corrige, hacia la vía Colosó a las dos de la tarde y al propio Pichilín entramos como a lascuatro (sic) de la tarde, fuecuando (sic) dieron la orden [d]e sacar la gente, un muchacho de Ovejas era el que señalaba la gente a él le decían EL GUÍA, él iba con pasamontañas, varios llevaban pasamontañas, el MONOS (sic) MANCUSO iba sin pasamontñas (sic) (fls. 86-92, cdno. pruebas “anexo 4”).

9.4.3. Debido a lo anterior, el 22 de abril de 1998, la Unidad Nacional de Derechos Humanos perteneciente a la Fiscalía General de la Nación integró a la pesquisa a Francisco Enrique Villalba Hernández, quien como se vio, aseveró haber sido partícipe de la masacre objeto de investigación. De esta manera, el 29 de abril de 1998 se recibió su indagatoria, en la cual reiteró con mayor detalle el testimonio aludido —lo que posibilita su valoración en el presente asunto contencioso administrativo—, identificó con nombre propio a alguna de las víctimas, en específico a los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Vergara Puche, de quienes dijo que era sus familiares y que él había asesinado por órdenes de los comandantes de las ACCU, punto en el que cometió una imprecisión en su declaración, puesto que aseveró haber intentado no matarlos, de modo que indicó que les disparó en forma no letal en la parte superior de la espalda, no obstante sus necropsias y levantamientos de cadáver develaron que les disparó en la cabeza. En ese sentido, señaló:

(...) de ahí llegamos a una parte detrás del pueblo a una finca abandonada de la parte de atrás de la Palmira, de ahí nos encontramos con el grupo del MONO MANCUSO que venían de Montería ellos eran 40 hombres, de ahí esperamos el día tres de diciembre partimos hacía Pichilín por la vía de caracol a las 3 de la mañana y el guía que llevaba nos perdió (...) de ahí nos devolvimos en la finca donde nos encontrábamos antes (...) de ahí en la finca duramos hasta la 1 de la tarde del día 4 de diciembre y de ahí partimos hacia COLOSÓ mientras el MONO MANCUSO estaba coordinando con el Ejército que se encontraba en el peaje en la vía TOLU, del batallón BAFIN Nº 5, de ahí llegamos a la altura de la finca la Llave donde se montó un retén hora dos de la tarde del día 4 de diciembre, fueron bajados todos los pasajeros con lista en mano de la lista del MONO MANCUSO Y SALOMÓN FELIX (sic) y fueron tomados los carros de pasajeros y devueltos hacía Pichilín obligados los conductores hacía donde nos dirigíamos o sea hacia, les fue dicho a los pasajeros que el que se moviera era víctima de las autodefensas de Córdoba y Urabá, llegamos a Pichilín a las 4 de la tarde (...) Si primero el MONO MANCUSO y SALOMÓN FELIX (sic) y AMÉRICA partieron hacia el comando de Policía de Sincelejo eso fue el 1º de diciembre se fueron a confirmar comisiones de Policía y si la habían que las quitaran y que ningún policía estuviese por ahí (...) ellos charlaban con un mayor de la policía que era comandante de allá, oficial que sabía de los hechos era el mayor y JAIME MENDOZA. (...) Se encontró el refuerzo que estaba en el peaje o sea el refuerzo de BAFIN 5 DE COROZAL (...). Era una contraguerrilla (...) pero ese día cuando pasábamos nosotros a ellos los habían recogido hacia arriba de la finca. (...) Las dos personas que sacamos fue MANUEL VERGARA Y ISRAEL VERGARA de COLOSÓ (...) yo no iba a matara (sic) a ellos porque era tíos y primos míos y MONO MANCUSO y SALOMÓN FELIX (sic) me dijo (sic) que así también se podía morir la familia sabiendo que era colaboradores de la guerrilla, fueron dejados al frente de la finca LA LLAVE, yo le pegué el primer tiro al tío mío en la paleta derecha en la espalda porque él me miró y me pidió que no lo matara, entonces en vista (...) mandó a un muchacho para que le pegara un rafagaso y lo mató a ISRAEL, yo le pegué dos tiros por la parte de atrás o sea en el costado izquierdo, a él le disparé de espalda.

9.4.4. La autoridad en comento igualmente vinculó al capitán de infantería de marina Jorge Javier Muñoz Suárez, quien de conformidad con la orden administrativa de personal Nº 416 del 2 de agosto de 1996, se encontraba asignado al batallón de fusileros Nº 5 de la Infantería de Marina, y al mayor de la Policía Nacional Luis Guillermo Parra Niño, quien se desempeñaba como jefe de la seccional de investigación criminal SIJIN de Sucre, en consideración a que existían serios señalamientos en su contra como presuntos implicados en los acontecimientos referidos (copias de las providencias 4 de abril de 1997, 22 de abril de 1998 y del 25 de mayo del 2000, proferidas por la Unidad Nacional de Derechos Humanos perteneciente a la Fiscalía General de la Nación, de la orden administrativa de personal Nº416 del 2 de agosto de 1996, expedida por el comandante de la Armada Nacional, del oficio del 1º de junio de 1999 suscrito por el comandante de Infantería de Marina —sobre detención del capitán Muñoz Suárez en el batallón de Policía Naval Militar Nº 27—, de la hoja de vida del mayor de policía Luis Guillermo Parra Niño, del decreto Nº 889 de 1995 -por medio del cual se casa el ascenso del policía Parra Niño-, dictado por el Ministerio de Defensa Nacional y declaraciones juramentadas rendidas por los señores Pedro Alex Conde Anaya y Francisco Enrique Villalba Hernández, e indagatoria de éste último; fls. 2-18, cdno. pruebas 1; 288, 303, 307-311, cdno. pruebas “principal”; 2-8, cdno. pruebas “anexo 1”; 3-15, 66-85, 70-74, 86-95, 96-140, 144-157, cdno. pruebas “anexo 4”).

9.5. El 29 de mayo y el 18 de junio de 1998, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica de Francisco Enrique Villalba Hernández, Jorge Javier Muñoz Suárez y Luis Guillermo Parra Niño, a quienes les decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en tanto tenía indicios graves de su responsabilidad penal en los delitos investigados. Posteriormente, el 1º de julio de 1999, el Consejo Superior de la Judicatura consideró que la competencia para investigar al policía Parra Niño era de la Justicia Penal Militar, pesquisa respecto de la cual no se arribó al plenario una decisión de fondo (copias de las providencias referidas, y original de la constancia expedida por dicha autoridad el 7 de febrero de 2005; fls. 166, cdno. 1; 36-45, 88-97, cdno. pruebas “anexo 1”).

9.6. El 25 de mayo del 2000, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, revocó la medida de libertad provisional que le fue concedida al capitán de infantería de marina Jorge Javier Muñoz Suárez, y profirió resolución acusatoria en su contra como coparticipe de los delitos de homicidio agravado, en concurso con las conductas punibles de ingresar, vincularse, formar parte o pertenecer a cualquier título a grupos armados al margen de la ley, cuya pena se agrava al tratarse de un miembro de las Fuerzas Militares —artículos 2º y 4º del Decreto 1194 de 1989—, y omisión en informar actividades terroristas —artículo 4º del Decreto 180 de 1988—, debido a su acción y omisión en la realización de la masacre de Pichilín.

9.6.1. Al respecto, destacó que de conformidad con el testimonio de varias personas cuya identidad se mantuvo en reserva y que a la postre terminaron muertas, y en especial, a partir de la declaración de Pedro Conde Anaya, quien trabajó como escolta de Salvatore Mancuso, se encontraba fehacientemente acreditado que existía una connivencia entre los miembros de la fuerza pública y los paramilitares que operaban en Sucre y Córdoba, y en relación con la masacre de Pichilín, los declarantes señalaron que el referido capitán de infantería de marina y el mayor de la Policía Nacional Parra Niño tuvieron conocimiento previo a su realización, no obstante lo cual no hicieron nada al respecto y por el contrario, extrañamente el grupo de control de la fuerza pública que hacía presencia en la zona fue desplazado del lugar, lo que facilitó la concreción de la masacre. En este sentido, se destaca (providencia del 25 de mayo del 2000, proferida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos perteneciente a la Fiscalía General de la Nación —fls. 2-18, cdno. pruebas 1—):

Se procede en esta oportunidad a calificar el Mérito del Sumario respecto a (sic): JORGE JAVIER MUÑOZ SUÁREZ: quien se encuentra identificado de la siguiente manera://JORGE JAVIER MUÑOZ SUÁREZ (...) residente en el batallón de Policía Naval Militar Nº 37 de Bogotá (...) con el grado de capitán de Infantería de Marina (...). Señala que le conocen como conejo, por una broma de unos amigos. (...) Se conoció a través de las declaraciones de PEDRO CONDE ANAYA, los testigos con reserva de identidad, códigos 001; 002; 003; 004; claves LORENA, PEDRO, personas que hoy en día se encuentran muertas, como obra ya dentro de la investigación, JULIO, etc. et, la relación de miembros de la fuerza pública con los mal llamados paramilitares, que operan en las zonas de Sucre y Córdoba, y hacen sindicaciones directas a el (sic) capitán JORGE JAVIER MUÑOZ SUÁREZ, así como al Mayor LUIS GUILLERMO PARRA NIÑO.//Si bien es cierto como quedara acreditado en el proceso, para la época del insuceso que se investiga, el señor MUÑOZ SUÁREZ, se encontraba adelantado su curso de inteligencia, hecho que nunca se ha cuestionado, es claro también que se le ha señalado como conocedor de los sucesos que estaban por ocurrir, y que en efecto se dieron, con el resultado ya conocido en el plenario, y también es claro que se verificó por la Fiscalía mediante diligencia de Inspección Judicial realizada en las instalaciones de la Primera Brigada como en el Bafim Cinco, el desplazamiento de los miembros de la fuerza pública, del lugar donde regularmente se encontraban, (Ver anexo No 29 folios 1 al 7), siendo ello también corroborado por FRANCISCO VILLALBA, como lo cita también en su alegato el Ministerio Público. Es evidente, que no solo el actuar del capitán MUÑOZ SUÁREZ era permisivo, sino también de colaboración, porque de que otra manera se entiende que se hubiere producido tal hecho? (sic) Es claro que la orden fue dada por otra persona, pero y el porque (sic) de esa actividad o cambio? (sic).

9.7. Mediante sentencia del 7 de junio de 2002, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Sucre, resolvió declarar penalmente responsable de la masacre de Pichilín al señor Francisco Enrique Villalba Hernández, y absolvió al capitán Jorge Javier Muñoz Suárez. En relación con el primer procesado, consideró que sus declaraciones eran en extremo detalladas y coincidentes con los demás medios probatorios que válidamente daban fe de su participación en relación con la realización de la masacre de Pichilín, de tal forma que generaban toda credibilidad en relación con su participación en tales hechos.

9.7.1. Respecto del segundo imputado, estimó que las pruebas que obraban en su contra no eran suficientes para considerar que incurrió en los delitos por los cuales se le indagó, punto en el que precisó que no tenían valor probatorio (i) los informes de policía, puesto que los mismos sólo servían de criterios orientadores de investigación, y (ii) las declaraciones bajo la modalidad de reserva de identidad, de tal forma que en relación con su responsabilidad penal sólo quedaban las versiones de Francisco Enrique Villalba Hernández y Pedro Alex Conde Anaya.

9.7.2. De este modo, señaló que el testimonio del señor Conde Anaya no ofrecía certeza alguna y por el contrario, indicó que sus afirmaciones las hizo sin tener conocimiento directo de lo sucedido, por lo que con fundamento en el mismo no se podía comprometer la responsabilidad penal del investigado, comoquiera que:

(i) en muchos momentos se presentó como un mero testigo de oídas;

(ii) cuando en su primer interrogatorio se le preguntó si existía algún nexo entre las AUC y la fuerza pública, no se pronunció en ese sentido, y luego, sin que mediara pregunta al respecto, narró las supuestas operaciones conjuntas que realizaban tales cuerpos armados, las cuales adujo que estaban a cargo de un capitán que creía que se apellidaba Muñoz, momento en el que adujo que buscaría el dato, para que luego de que la audiencia se suspendiera y se reanudara pocas horas después ese mismo día, dar el nombre completo del investigado, lo que al juzgador le pareció que minaba la credibilidad de sus dichos;

(iii) se contradijo al señalar que la planeación de la masacre de Pichilín tuvo lugar en varios sitios a saber, en la finca Quilitén, en el restaurante ubicado a la salida de Sincelejo en dirección a Corozal, en la oficina del mayor Parra Niño, y en la casa de Salomón Feris Chadid, máxime cuando posteriormente dijo que nunca había mencionado el nombre de Quilitén;

(iv) se contrarió al señalar en un principio que el capitán Muñoz Suárez se comprometió a despejar la vía del peaje, para luego decir que fue la policía la autoridad que quitó el retén de una bomba y la infantería movió al personal que tenía en los puestos de control, y finalmente, “retrocede en su afirmación y habla de que en las reuniones se le pedía al capitán Muñoz que desmontara el retén o que hablara con su superior para que lo quitara”.

(v) el capitán Muñoz Suárez era el jefe de departamento de operaciones de inteligencia del B2 de la Primera Brigada de la Infantería de Marina y por consiguiente, no tenía la autoridad para disponer la remoción de tropas, lo que adujo que no fue tenido en cuenta por el testigo;

(vi) el referido investigado estuvo en un curso desde el 2 hasta el 6 de diciembre de 1996 de conformidad con la prueba documental obrante en el plenario, la cual no fue tachada de falsa, por lo que le era inviable haber participado de cualquier forma en los hechos objeto de pesquisa ocurridos el 4 de diciembre de la misma anualidad;

(vii) de lo anterior también se sigue que dicho servidor no fue omisivo o permisivo en sus funciones, en la medida en que no tenía como función el comando de tropas y en cualquier caso, estaba en permiso cuando ocurrieron los sucesos investigados;

(viii) se contradijo en cuanto a la procedencia de las armas, puesto que inicialmente adujo que eran de propiedad de las convivir, momento en el que no mencionó al capitán Muñoz Suárez, y posteriormente dijo que fue él quien las aportó “al señalar que este procesado sacó dos bolsos que contenían dos fusiles galil y dos lanza granadas”, así como también fue inexacto en la cantidad de veces que prestó dicho armamento, puesto que inicialmente mencionó que fueron en dos o tres ocasiones, y finalmente adujo que no sabía exactamente porque estuvo durante un tiempo ausente debido a su salud;

(ix) el hecho de que hubiese suministrado unos carnés a favor de particulares era una conducta normal, en consideración a que en la época las convivir surgieron como organizaciones legales, tanto así “que las brigadas de las Fuerzas Militares les suministraban el auxilio por orden de los altos mandos militares y de acuerdo a las directrices del ejecutivo central”;

(x) se mostró esquivo en responder, “constituyéndose en el fiel reflejo de una singularidad especial negativa”, máxime cuando tampoco era claro la forma en que se vinculó a las AUC, puesto que inicialmente adujo que empezó trabajando en la Convivir, para luego referir que fue forzado a ello;

(xi) no se podía considerar que se trataba de un testigo directo de todo lo sucedido, cuando él mismo adujo que los dirigentes de las AUC desconfiaban de él;

(xii) se encontró que su hermano fue abatido por las autodefensas, lo que aceptó en sus declaraciones, por lo que se podía entender que sus dichos eran una clase de retribución en contra de quienes consideraba responsables de esa circunstancia;

(xiii) el testigo no se encuentra registrado como informante de la Infantería de Marina, así como tampoco aparece en los registros de la ANUC, lo que igualmente mina su credibilidad, y

(xiv) sus dichos entraron en contradicción de las aseveraciones del señor Villalba Hernández, puesto que (a) nunca se conocieron, a pesar de que según dicho investigado, él acompañaba a Salomón Feris Chadid antes de la ocurrencia de la masacre; (b) Villalba Hernández señaló únicamente a un sargento o teniente Perdomo como partícipe de la planeación de la masacre, “desviándose probatoriamente de la acusación que hiciera CONDE ANAYA sobre” Muñoz Suárez; (c) éste dijo que las visitas al mayor de la policía las hacía el señor Feris Chadid y otro sujeto identificado como América, y (d) no conocía a Jorge Javier Muñoz Suárez, “con lo cual se desvertebra las acusaciones que hiciera sobre este oficial CONDE ANAYA.

9.7.3. De esta forma, precisó que la declaración de Pedro Alex Conde Anaya no le ofrecía credibilidad alguna en relación con la supuesta participación del Capitán Muñoz en los delitos por los cuales se le investigó, momento en el que se cuestionó el motivo por el cual en ningún momento se le pidió que hiciera una descripción antropomórfica de los integrantes de la fuerza pública, punto en el que aclaró que se desconocía el paradero de dicho testigo de conformidad con la directora del programa de protección y asistencia de testigos de la Fiscalía General de la Nación (copia de la sentencia del 7 de junio de 2002, proferida por el Juzgado Penal Especializado del Círculo de Sincelejo, Sucre; fls. 67-164, cdno. pruebas 1).

9.8. Mediante sentencia del 29 de mayo de 2003, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo resolvió el recurso de apelación presentado por la defensa del investigado Francisco Enrique Villalba Hernández y lo absolvió de toda responsabilidad, puesto que a pesar de que se entregó voluntariamente a la justicia y confesó su participación en la masacre de Pichilín, dicha confesión no generaba certeza en tanto la estimó como una autoacusación falsa en desmedro del descubrimiento de lo realmente ocurrido.

9.8.1. Al respecto, señaló que el hecho de que la información vertida por el investigado coincidiera con lo ocurrido no le daba visos de credibilidad, en la medida en que esos hechos fueron altamente publicitados, por lo que al analizar aspectos que no cualquier persona podía saber, concluyó que el referido sujeto mintió en su confesión, toda vez que incurrió en contradicción propias y con el dicho del testigo Anaya Conde, en cuanto a (i) las horas en que se inició la incursión; (ii) los lugares en los que se planeó la masacre; (iii) los integrantes de la fuerza pública que habrían participado en los hechos; (iv) algunos de los miembros de las autodefensas que señalaron como responsables de la referida matanza; (v) el número de personas que fueron asesinadas y en qué lugares; (vi) la propiedad de las finca en las que estuvieron; (vii) y el lugar de las heridas de los supuestos familiares del señor Villalba Hernández, esto es, de las víctimas del presente asunto contencioso administrativo (copia de la sentencia del 29 de mayo de 2003, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, fls. 20-60 c, .pruebas 1).

9.9. Por su parte, el 9 de febrero de 1999, la Procuraduría Departamental de Sucre abrió investigación disciplinaria en contra de los referidos funcionarios estatales, con ocasión de la presunta conducta irregular de “haber omitido informar a la autoridad competente sobre actividades terroristas consistentes en realizar matanza y lesiones graves a la integridad física de un grupo social, habitantes del municipio de Colosó, Pichilín y la vía que de estos conduce a Las Llaves, consumadas por presuntos grupos de autodefensas ocurrido el día 4 de diciembre de 1996”.

9.9.1. Si bien no se allegó la conclusión del anterior procedimiento disciplinario, se aportaron otros documentos referentes a diferentes procedimientos de la misma naturaleza adelantados en contra de los funcionarios aludidos -por ejemplo, al mayor Parra Niño se le investigó por las presuntas “IRREGULARIDADES POR SAQUEAR QUEMAR 20 VIVIENDAS EN TURBANA (BOL)”, o por “QUEJA INSTAURADA POR EL SR. PEDRO MANUEL TINOCO”, las cuales, como otras varias investigaciones, terminaron a su favor-, de los cuales cabe destacar que mediante Resolución Nº 002 del 14 de julio de 1997, la Armada Nacional sancionó al capitán Jorge Muñoz Suárez con represión severa, en consideración a que expidió para dos particulares sendos carnés de identificación de servidores del departamento de operaciones de la Primera Brigada, lo cual hizo “sin autorización del comandante de tal unidad”, razón por la cual incurrió en la falta conocida como negligencia en el manejo de la documentación de uso exclusivo de la institución. Al respecto, el referido agente señaló que lo había hecho para que sus informantes no fueran molestados, frente a lo que se le indicó que “debió prever que tal carnetización iría en contra de la seguridad de los mismos informantes (...) y crearía serias responsabilidades a la Primera Brigada de IM, y a la institución en el evento de presentarse novedades con las personas a las cuales se les expidió el carnet” (copias del auto del 9 de febrero de 1999, proferido por la Procuraduría Departamental de Sucre, de las constancias y hoja de relación de los procesos disciplinarios en contra del mayor Luis Guillermo Parra Niño, y de la Resolución Nº 2 del 14 de julio de 1997, expedida por la Armada Nacional; fls. 95-98, 125,126, 156, 157, cdno. 1, 272-274, cdno. pruebas “principal”).

IV. Problema jurídico.

10. De conformidad con el contenido de la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación interpuesto por los actores, le corresponde a la Sala determinar si las dependencias de la Nación demandadas deben responder jurídicamente con ocasión de las muertes de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche, quienes fallecieron en los hechos conocidos como la masacre de Pichilín o, si por el contrario, no se evidencia nexo alguno entre su conducta y la producción de dichos menoscabos, de tal forma que los mismos no le puedan ser imputados.

10.1. Para el efecto, la Sala debe (i) precisar los efectos que en el presente asunto contencioso administrativo tienen las decisiones penales adoptadas sobre los mismos sucesos; (ii) determinar si los daños aludidos efectivamente ocurrieron y, (iii) de ser así, establecer si le pueden ser atribuidos a una o ambas entidades demandadas, para lo cual se impone analizar las conductas que observaron en cuanto al actuar de un tercero, esto es, de las ACU, punto en el que a partir del material probatorio obrante en el expediente y el contexto de violencia de la región, se revisará en detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron lugar los hechos, con el fin de dilucidar si incurrieron en una falla en la prestación de servicio por acción o por omisión que se hubiese constituido en la causa adecuada de los detrimentos objeto del libelo introductorio.

10.2. En el evento de encontrarse que los entes demandados deben responder patrimonialmente por los daños demandados, se procederá a establecer la existencia y el monto de los perjuicios invocados en el escrito inicial, así como se estudiará la posibilidad de adoptar ciertas medidas encaminadas a la reparación integral de los demandantes y la no repetición de los hechos materia de juzgamiento en el presente asunto.

V. Análisis de la Sala.

11. De manera previa a iniciar el análisis de los elementos estructurales de la responsabilidad del Estado en el sub lite, se considera pertinente advertir los alcances que frente a éstos tienen las decisiones penales o disciplinarias proferidas con ocasión de los mismos hechos, en especial aquélla mediante la cual se absolvió de responsabilidad penal al capitán Jorge Javier Muñoz Suárez -se desconoce el resultado del proceso de justicia penal militar que se adelantó en contra del mayor Luis Guillermo Parra Niño, y del proceso disciplinario que se les inició por parte de la Procuraduría General de la Nación; ver párrafos 9.9 y 9.9.1-, en consideración a que versan sobre los mismos acontecimientos objeto de la presente litis.

11.1. Al respecto, cabe recordar que esta Sección ha señalado que otras decisiones judiciales, en especial las sentencias penales, no tienen efectos de cosa juzgada en los juicios de responsabilidad del Estado. En efecto, se ha indicado que dado que las partes, el objeto, las causas, las normas, los principios y los fundamentos de ambos procesos y responsabilidades son distintos, es evidente que la determinación que se adopte en un ámbito sancionatorio no tiene incidencia alguna en el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, no obstante lo cual, al tratarse esas providencias de documentos provenientes de servidores públicos, pueden constituir medios de prueba validos con fundamento en los cuales sea factible fundamentar la determinación que le corresponda por parte de esta jurisdicción(42).

11.2. Con observancia de lo expuesto, se advierte que el hecho de que no se hubiese proferido una decisión condenatoria o sancionatoria en contra de los funcionarios Muñoz Suárez y Parra Niño, no se constituye en motivo suficiente para de entrada entender que las entidades demandadas no tuvieron conexión alguna con el daño demandado y así, denegar la responsabilidad patrimonial del Estado, como al parecer lo entendió el Tribunal de primera instancia.

11.3. Por el contrario, el estudio para determinar si la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional deben reparar a los demandantes por las defunciones de las víctimas resulta completamente plausible, sin que en este ámbito sea necesario igualar el sentido o el contenido de las decisiones aludidas, comoquiera que no se puede perder de vista que (i) las mismas no tienen efectos de cosa juzgada y por consiguiente, la posibilidad del juez administrativo de proferir un pronunciamiento de fondo en cuanto a la responsabilidad del Estado en virtud de su competencia se mantiene incólume, y (ii) las decisiones sancionatorias no tienen la potencialidad de influir irreflexivamente en la sentencia que se profiere en el marco de un proceso de reparación directa que, como se mencionó, tiene como finalidad reparar el daño antijurídico imputable al Estado, a menos de que a partir de aquéllas se pueda inferir la inexistencia de alguno de los elementos estructurales de la responsabilidad estatal -daño o imputabilidad-, dada su calidad de elemento probatorio.

12. Una vez precisado lo anterior, se advierte que se encuentran debidamente acreditados los daños invocados en el libelo introductorio, consistentes en las muertes de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche, las cuales ocurrieron alrededor de las 7:00 p.m. del 4 de diciembre de 1996, a raíz de sendos traumas craneoencefálicos derivados del impacto de proyectiles de arma de fuego, a la altura de la finca La Llave, ubicada en la vía que conduce de Toluviejo, Sincelejo y San Antonio de Palmito a Colosó, víctimas que fueron sacadas de su hogar en el casco urbano de Colosó, puestas en estado de indefensión —amarradas— y luego asesinadas por un grupo de personas fuertemente armadas que adujeron pertenecer a las ACCU, de modo que sus muertes equivalen a sendas ejecuciones extrajudiciales —ver párrafos 9.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.13, 9.2.18, 9.2.19 y 9.3—.

1.3. En cuanto a la imputabilidad del daño aludido, los accionantes señalaron que las entidades demandadas permitieron que las AUC secuestraran y ultimaran a sus familiares, en consideración a que se mantuvieron inactivas pese a su presencia en la zona. Adicionalmente, indicaron que su responsabilidad patrimonial se veía comprometida, habida cuenta de que al parecer, algunos de sus miembros participaron en la comisión del hecho dañoso.

13.1. Por su parte, el tribunal de primera instancia no estuvo de acuerdo con las consideraciones referidas, en la medida en que los accionantes no acreditaron que (i) las personas asesinadas se hubiesen encontrado amenazadas; (ii) dichas amenazas fuesen de conocimiento de la Armada Nacional y de la Policía Nacional, elementos necesarios para poder deprecar la configuración de una falla del servicio en su deber de seguridad, vigilancia y protección; (iii) los funcionarios investigados hubieren participado en la materialización de la masacre, máxime cuando fueron absueltos penal y disciplinariamente con ocasión de los mismos acontecimientos, y (iv) generaran un riesgo a la población en virtud del cual se hubiesen concretado los daños demandados.

13.2. Frente a la anterior decisión, en su recurso de apelación, los actores insistieron en la responsabilidad del Estado con fundamento en su participación en los sucesos dañosos, punto en el que advirtieron que era irrelevante la falta de condena en contra de los servidores aludidos y, que en cualquier caso, era evidente que incurrieron en la omisión de sus deberes funcionales sin importar que no se hubiese presentado una denuncia al respecto, habida cuenta de que eran conscientes de la grave situación de la región derivada de la presencia de agentes armados, frente a lo cual no hicieron nada, de modo que los menoscabos objeto de la demanda les fueron plenamente previsibles y por lo tanto, ahora le son imputables.

13.3. En un principio, se debe poner de presente que si bien la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual, jurisprudencialmente tampoco se podía establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí(43), lo cierto es que sin una argumentación razonable no se puede desconocer el precedente jurisprudencial fijado por esta corporación en relación con daños similares al causado en el sub judice, toda vez que ello implicaría vulnerar el principio de igualdad y desconocer injustificadamente otras decisiones judiciales respecto de asuntos que fueron decididos siguiendo un derrotero argumentativo en específico.

13.4. De esta manera, se debe tener en cuenta que por regla general, los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado, en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante lo anterior, se ha considerado que en ciertas circunstancias, tales menoscabos pueden ser imputados a la administración a título de falla del servicio, daño especial, riesgo excepcional o, últimamente, riesgo conflicto(44).

13.5. Al respecto, se debe tener en cuenta que el hecho de que un detrimento provenga de un acto material efectuado por un tercero ajeno al Estado no imposibilita, de entrada, que dicha consecuencia nociva le sea atribuida a éste y que por ende, surja su deber de reparar a las víctimas y damnificados, habida cuenta de que si la conducta estatal por acción u omisión contribuye de manera eficiente y adecuada(45) al desenlace negativo cuya reparación se demanda, es evidente que también se radica en su cabeza la producción del mismo y por ende, su obligación de resarcirlo.

13.6. Es así como en los eventos en los que se involucran agentes estatales de la fuerza pública, esta corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera cuando en incumplimiento de sus cargas obligacionales, los entes estatales a través de aquéllos intervienen en la producción del daño de manera activa u omisiva, esto es, a través de actos indebidos encaminados a realización del menoscabo(46), o por la omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación dañina de los terceros(47); (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicitó protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(48); (iii) el Estado no llevó a cabo ninguna acción para evitar o enfrentar un ataque que era razonablemente previsible(49); y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella(50).

13.7. Ahora bien, cabe destacar que en los eventos de omisión, dicha imputación sólo se hace viable cuando la obligación que incumple la entidad genera desde la perspectiva de la causalidad adecuada, el surgimiento de la afectación cuya reparación se solicita —comoquiera que de lo contrario, se estaría frente a un despliegue deficiente de la actividad estatal que habría tenido incidencia alguna en el desenlace del daño y por lo tanto, no sería factible atribuirle el mismo—, lo que generalmente ocurre cuando se cuenta con los siguientes elementos a saber, (i) que dicho órgano tenía la obligación legal o reglamentaria de realizar una actuación con la cual, según las reglas de la experiencia y en condiciones normales, se habría evitado el origen del detrimento(51); (ii) en el despliegue de esa actuación estatal no se hace uso o no se dispone de los recursos con los que se contaba para el eficiente cumplimiento de la carga obligacional, respecto de lo que se debe observar las características específicas del sub judice y de la entidad que corresponda, y (iii) se verifique la existencia del nexo causal adecuado, entre la omisión del comportamiento preventivo sin disponer de los medios con los que se disponía, con la producción del daño(52).

13.8. De otro lado, conviene precisar que a todas las autoridades integrantes del Estado les corresponde la protección y garantía de los múltiples derechos de las personas en Colombia, obligación que irradia todo el ordenamiento jurídico a partir de lo contemplado en los artículos 2(53) de la Constitución Política y 1(54) de la Convención Americana de Derechos Humanos, principio fundamental que al ser desconocido aparejaría la configuración de una falla del servicio, como se mencionó, cuando interviene activamente al ser cómplice de la producción del daño, o por omisión, cuando el hecho dañoso es previsible debido a circunstancias especiales y no hace nada para evitarlo(55).

13.9. De esta manera, tienen como deber el respeto, la guarda y la protección de las prerrogativas de los administrados, entre las que se encuentra los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la dignidad humana, a no ser objeto de torturas bajo ninguna circunstancia, entre otros, los cuales se encuentran reconocidos en los artículos 1(56) y 11(57) de la C.P., 4(58), 5(59), 7(60) y 11(61) de la Convención Americana de Derechos Humanos(62), 1(63) y 2(64) de la Convención Contra la Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes(65), y 3(66), 5(67), 9(68) y 12(69) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de modo que tales derechos, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales en los que es parte Colombia -en un típico enlace vía bloque de constitucionalidad(70)-, de acuerdo con los cuales es su obligación impedir que se presenten situaciones vulneradores de tales prerrogativas y, además, fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de prácticas, investigar lo sucedido, sancionar a sus responsables, y reparar a los afectados. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó estas obligaciones de la siguiente forma:

165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado.  

166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación(71). 

13.10. En este punto, no se puede desconocer que en todo caso se debe verificar los medios con los que contaba la administración y que hubieran sido efectivamente empleados para lograr la protección de los derechos aludidos, comoquiera que esas cargas obligacionales no se configuran por lo general en obligaciones de resultado sino de medio —hay ciertas excepciones, como aquellas derivadas de las relaciones especiales de sujeción que surgen con el Estado, como sucede a manera de ejemplo con los reclusos—, naturaleza que implica que cuando se presente su vulneración, máxime cuando ésta es producida por terceros ajenos al aparato estatal, no se deriva de manera irreflexiva el surgimiento de la responsabilidad del Estado, sino que se impone estudiar las condiciones en las que se produjo el menoscabo y las posibilidades que tenían el órgano estatal correspondiente de acuerdo con sus funciones para soslayarlo. En este sentido, se ha manifestado:

Esta distinción implica que cuando la obligación es de medio el deudor se exonera de responsabilidad probando diligencia y cuidado, en tanto que cuando la obligación es de resultado, éste deberá probar una causa extraña. O visto desde otro ángulo, cuando la responsabilidad se fundamenta en la culpa la obligación que se contrajo es de medio y cuando se responde a título objetivo la obligación incumplida es de resultado. Por ello, aunque en la legislación colombiana no figura dicha clasificación, a ella se puede acudir a partir del régimen de responsabilidad que se aplique frente a determinadas obligaciones, bien por virtud de la ley o del desarrollo jurisprudencial. 

La distinción entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado ha estado referida regularmente a la responsabilidad contractual; sin embargo, nada obsta para que los conceptos puedan ser utilizados dentro del régimen de la responsabilidad extracontractual(72), pues dicha clasificación no tiene como única fuente la voluntad concertada de las partes (aunque en algunos eventos las partes pueden realizar pactos al respecto), sino que ella surge, bien de un mandato legal o en consideración exclusiva a la naturaleza misma de la obligación que se contrae. 

Muchos criterios pueden ensayarse para determinar, en ausencia de norma expresa o disposición de las partes, cuándo una obligación es de medio y cuándo de resultado. La Sala considera que el criterio más razonable, si se parte de la definición misma de estos tipos de obligaciones es el de la mayor o menor probabilidad de alcanzar la realización del objeto de la obligación, es decir, si la probabilidad de que se cumpla ese objeto es menor la obligación es de medio y si la probabilidad es mayor, la obligación es de resultado(73). Por supuesto, esta definición deja al juzgador un margen bastante amplio de valoración para determinar cuándo esa probabilidad es alta y cuando es baja, pero estas son situaciones que solo podrán depurarse a través de la jurisprudencia en cada caso concreto. 

(...) El artículo 2º de la Carta consagra como uno de los fines esenciales del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y como funciones que determinan la razón de ser de las autoridades públicas, las de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

Ese deber de protección y garantía que constituye el fin esencial del Estado y que define el sentido de las autoridades no es, sin embargo, absoluto en cuanto que el Estado no ve comprometida su responsabilidad frente a cada acto violatorio de los derechos y libertades de las personas, sino que el mismo es relativo y se concreta en el cumplimiento eficiente de los deberes que le correspondan, pero de acuerdo con sus capacidades(74). 

13.11. Es así como en relación con la obligación de protección que le asiste a todas las entidades que conforman el andamiaje estatal frente a los particulares, cobra especial importancia el concepto de relatividad del servicio, puesto que no es posible exigir que el Estado impida la causación de todo daño que le pueda sobrevenir a los bienes y derechos de los particulares a pesar de que se encuentren jurídicamente protegidos. En este sentido, esta Subsección ha considerado:

No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(75), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(76). Aunque, se destaca que esta misma corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(77).(78) 

13.12. Igualmente, si bien es claro que el deber de protección se predica especialmente de los organismos encargados de garantizar y mantener el orden público, como lo es la Policía Nacional, lo cierto es que, como se mencionó, tal carga recae sobre todos los entes del aparato estatal, los cuales deben obrar conforme a dicha obligación en relación con sus funciones y competencia, sin que ello, tal como lo prevé el artículo 113(79) de la Constitución Política, los limite para colaborarse de manera armónica en la consecución de los fines del Estado, no siendo posible que la falta de comunicación o descoordinación de los estamentos estatales recaiga de manera injustificada sobre los administrados(80).

13.13. Ahora bien, en el marco del conflicto armado interno en Colombia, conviene advertir que de conformidad con los Convenios de Ginebra, con sus protocolos adicionales y con los principios generales del derecho humanitario, los agentes de dicho conflicto tienen el deber de respetar los derechos de la población civil no combatiente, de modo que les asiste la obligación de emplear todos los mecanismos que poseen para evitar su afectación, incluso a pesar de que su contraparte no propenda por ello(81).

13.14. Al respecto, no escapa a la Sala que los artículos 3(82) común de los Convenios de Ginebra, y 4(83) y 13(84) de su Protocolo II adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional(85), establecieron que en esa clase de conflictos —como lo fue el trabado en Colombia(86)—, a los combatientes les queda prohibido atentar contra la vida e integridad de las personas que no participen directamente en las hostilidades, y que quienes hacen parte de la población civil se encuentran protegidos contra los peligros provenientes de las operaciones militares, de modo que no tienen por qué soportar las consecuencias que aquéllas puedan acarrear a su núcleo fundamental como seres humanos, al punto que por ejemplo, no se permite que se vulneren los bienes indispensables para su supervivencia(87).

13.15. Con fundamento en lo expuesto, se debe advertir que las partes del conflicto en mención, entre las que está la fuerza pública del Estado colombiano, se encuentran atadas al principio de distinción, según el cual, se debe diferenciar a los combatientes de los no combatientes, con la finalidad de que los últimos no sean objeto de una actuación bélica y, por consiguiente, (i) se humanice el conflicto; (ii) se evite la producción de daños colaterales, y (iii) se restrinja las confrontaciones en el mayor rango posible.

13.16. De este modo, si dicha actuación armada se concreta en la muerte o la tortura de no combatientes, la misma se torna en un ataque ilegitimo que vulnera el derecho internacional humanitario(88) e incluso, en el evento en que la vulneración de ese derecho adquiera ciertas connotaciones especiales, puede llegar a configurarse en un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7(89) y 8(90) del Estatuto de Roma(91), comportamientos que de provenir del aparato estatal, implicarían su falla en la prestación del servicio y el compromiso de su responsabilidad patrimonial.

13.17. Igualmente, se debe recordar que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha recordado recientemente que nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente, ni siquiera durante el desarrollo de conflictos armados, derecho de ius cogens que se encuentra protegido por distintos instrumentos de derecho internacional, por el derecho internacional consuetudinario y por las normas de carácter interno de los diferentes Estados. En ese sentido, indicó que “el derecho internacional exige que los agentes estatales adopten “todas las medidas de precaución razonables para proteger la vida y evitar el exceso de violencia” (A/HRC/32/39, párr. 75) por parte de los Estados, sus agentes y los agentes no estatales: los Estados deben proteger y garantizar el derecho a la vida, entre otras cosas mediante el ejercicio de la debida diligencia para evitar privaciones arbitrarias de la vida por parte de agentes privados(92), privaciones que son genéricamente denominadas como ejecuciones extrajudiciales.

13.18. En cuanto a la definición de la conducta de ejecución extrajudicial, la referida entidad ha señalado que se trata de una acción consciente, deliberada y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con o sin anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria, arbitraria y por consiguiente, ilegitima, se asesina a una persona en estado de indefensión y protegida por el derecho interno e internacional(93).

13.19. Por su parte, la reciente jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, unificada por el pleno de la Sala, ha tenido en cuenta tal definición, y en el ámbito del conflicto armado, ha señalado la ejecución extrajudicial en persona protegida, radica en una conducta por medio de la cual se le quita la vida a una persona que es ajena a la contienda, bien sea porque se trata de un combatiente que ha depuesto las armas, o porque es una persona civil que no tiene participación directa o indirecta en las hostilidades del conflicto y que, por tales circunstancias, goza de especial amparo por parte de las normas del derecho internacional humanitario(94).

13.20. De otro lado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos también ha destacado la prohibición absoluta e inderogable de la tortura y de los tratos o penas crueles, la cual es reconocida como un principio del derecho internacional consuetudinario y ha adquirido a su vez el carácter de ius cogens. Al respecto, señaló que dicha prohibición se encuentra contemplada en diferentes normas internacionales, en especial en los Convenios de Ginebra, y aseveró que la misma Corte Internacional de Justicia ha aducido que se trata de unas de las consideraciones más elementales de la humanidad, por lo que su vulneración es ilícita y no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia(95).

13.21. En cuanto a su definición, si bien señaló que dicha prohibición no tiene un concepto expreso en tales normativas o fundamentos jurídicos, ha sido objeto de múltiples interpretaciones por órganos jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales, como “por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que “los tratos inhumanos incluyen la conducta injustificable que provoca un sufrimiento o dolor físico, mental o psicológico, y que el trato o el castigo de una persona puede ser degradante si esta es gravemente humillada frente a otras personas o si es obligada a actuar contra su voluntad o conciencia”(96), mientras que el Comité de Derechos Humanos “no considera necesario enumerar en una lista los actos prohibidos o establecer distinciones concretas entre las diferentes formas de trato o penas; estas distinciones dependen de la naturaleza, la finalidad y la severidad del trato particular que se aplique(97)(98).

13.22. Asimismo, adujo que la tortura se diferencia de otros tratos o penas crueles, en que no obstante todas consisten en comportamientos absolutamente prohibidos que radican en sufrimientos o dolores tanto físicos como mentales, incluida la humillación y la angustia emocional, (i) la tortura configura una forma grave de trato o pena inhumana que se deriva de un delito grave -de modo que no siempre tiene que coincidir con un dolor o sufrimiento extremo-, y (ii) la tortura requiere de criterios adicionales que se han definido de forma diferencial según el tratado aplicable, punto en el que destacó que para “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un acto constituye tortura cuando los malos tratos: a) son intencionales; b) causan sufrimiento físico o mental grave, y c) se cometen con una finalidad u objetivo específicos”(99)”, como por ejemplo, para obtener información de sus víctimas. Como corolario de lo anterior, manifestó:

Basándose en esas observaciones y realizando un análisis más detallado de estas, el Relator Especial concluye que la esencia de la tortura radica en la instrumentalización deliberada del dolor o sufrimiento infligidos a una persona impotente como vehículo para lograr un propósito particular, incluso si se trata exclusivamente de la gratificación sádica del autor. A los efectos del presente informe, “impotencia” significa que alguien está sometido, es decir, ha sido objeto de control directo físico o equivalente por parte del autor y ha perdido la capacidad de resistir o evitar el dolor o sufrimiento. (...)Por lo tanto, como concepto genérico, la definición de tortura no depende necesariamente de la finalidad precisa o la intensidad del dolor o sufrimiento infligidos, sino de la intencionalidad y la finalidad del acto, en combinación con la impotencia de la víctima(100). 

13.23. Por su parte, conviene aclarar que las reglas referidas fueron consagradas en los artículos 135(101) y 137(102) de la Ley 599 del 2000, disposiciones con las que se pretendió tutelar el derecho a la vida de las personas protegidas por normas de derecho internacional humanitario, y evitar que sobre ellas se realizaran actos de tortura con la finalidad de castigarlas por actos que se cree que hubiesen cometido, normas en las que a su vez se definió que las tales personas protegidas son, entre otras, aquéllas que integran la población civil o que no participan en las hostilidades.

13.24. Con observancia del anterior marco jurídico, la Sala advierte ab initio que en el caso concreto, las defunciones de los señores Vergara Villalba y Vergara Puche, se trataron de homicidios que contravinieron el derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario, puesto que:

(i) fueron golpeados, amenazados, acusados y sometidos de manera degradante y arbitraria delante de sus familiares, vecinos y amigos, para luego ser separados de ellos, retenidos en contra de su voluntad y asesinados, lo que implicó actos crueles en su contra y en contra de quienes fueron testigos de tales hechos —ver párrafos 9.2 a 9.2.19—;

(ii) dichas muertes y las de las demás personas que fueron asesinadas en los acontecimientos del sub judice, corresponden a ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, las cuales sucedieron en un marco situacional en el que salta a la vista actos de tortura ejecutados materialmente por parte de los miembros de las ACCU, habida cuenta de que se aseguraron de que sus comportamientos causaran dolor y sufrimiento físico y mental, y que fuesen percibidos como una consecuencia de la supuesta colaboración que las víctimas habían prestada a la guerrilla, con lo que pretendieron infundir temor a los sobrevivientes, para obligarlos a rechazar a los integrantes de las FARC incluso poniendo en peligro sus vidas, o para que abandonaran sus lugares de residencia —ver párrafos 9.2.12, 9.2.16, 9.4.1 a 9.4.1.2, y 13.17 a 13.22—, y

(iii) en ningún momento se evidenció que los occisos hiciesen parte o hubiesen participado en el conflicto armado, y por el contrario, se probó que fueron puestos en estado de indefensión para ser ultimados -fueron amarrados y desprovistos de todo medio de defensa-, daños objeto de la demanda que no sólo le eran plenamente previsibles a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, sino que auspiciaron en una clara deformación de sus funciones, menoscabos que por consiguiente le son claramente atribuibles.

13.25. En principio, se advierte que bastaría colegir que los entes demandados omitieron el cumplimiento de sus deberes de protección, control y vigilancia, omisiones que habrían incidido de manera adecuada en la génesis de los detrimentos causados materialmente por las autodefensas de la región, puesto que a pesar de que la concreción del riesgo derivado del conflicto armado al que estaban sometidos los occisos les era altamente predecible, no hicieron nada para impedir su realización.

13.26. Al respecto, se observa que a pesar de que los occisos del presente asunto (i) hacían parte de la población general de Colosó —se trataban a grandes rasgos de campesinos, y uno de ellos era profesor en horas de la noche; ver párrafos 9.2.13 y 9.2.13.1—, de modo que no ostentaban una condición especial que en principio permitiera aseverar que era claro el grave peligro de ser asesinados en el que se encontraban, y (ii) no pusieron en conocimiento que hubiesen recibido amenazas sobre el posible atentado que iban a padecer —amenazas que tal vez nunca recibieron y que por lo tanto, no podían comunicar—, no escapa a la Sala que dichas autoridades conocían la grave situación de violación de derechos humanos que atravesaba el ente territorial referido a partir de la pugna entre las FARC y las ACCU, marco circunstancial que era padecido por la generalidad de su comunidad y en especial, por agricultores y profesores, de tal forma que les era totalmente esperable que personas como los señores Vergara Villalba y Vergara Puche resultaran muertas.

13.27. Ciertamente, se encuentra acreditado que durante los años 1995 y 1996 —antes de la ocurrencia de la masacre de Pichilín—, el personero municipal de Colosó puso en conocimiento de varias autoridades, como la Fiscalía General de la Nación, la gobernación de Sucre y la Policía Nacional, entre otras, los múltiples actos de violencia, de asesinatos y de amenazas que le eran denunciados por los habitantes del municipio —tanto del casco urbano como de las zonas rurales y alrededores—, quienes en su mayoría se presentaron como agricultores y profesores, así como denunció en medios de comunicación las alarmantes cifras de desplazamiento forzoso de sus pobladores debido a la violencia de los grupos armados, entes que tenía el deber constitucional de trabajar coordinadamente y junto con otros órganos del andamiaje estatal, para evitar que esas situaciones se siguiesen presentando —ver párrafo 13.12—.

13.28. Cabe destacar que en varias de dichas denuncias se mencionó que los actos de amenaza y de agresión provenían de personas que decían pertenecer a la Armada Nacional o al Ejército Nacional, y que en una de los noticias analizadas, los mismos miembros de la Fuerza Pública reconocieron que los eventos de muerte y de violencia se debía al conflicto armado entre las FARC y las ACCU —ver párrafos 9.1 a 9.1.6, especialmente la nota Nº 32, y párrafos 9.2.15 y 9.2.15.1—.

13.29. De esta manera, es evidente que las autoridades de la Fuerza pública de la región, esto es, la Armada Nacional y a la Policía Nacional, eran totalmente conscientes de las múltiples vulneraciones de los derechos de la población del municipio de Colosó por parte de terceros, derechos cuya protección y garantía estaba a su cargo, de modo que no era factible aducir, como erradamente se consideró en la sentencia de primera instancia, que no se podía declarar su responsabilidad patrimonial en tanto no se les presentó una denuncia concreta sobre la posibilidad de la masacre en la que los señores Vergara Villalba y Vergara Puche fueron asesinados, o porque no se encontraban en la posibilidad de preverla, máxime cuando el personero municipal de Colosó afirmó que sólo siete meses antes a su concreción, en el casco urbano del municipio se presentó el asesinato selectivo de 5 personas, a quienes sacaron de sus casas, ultimaron y dejaron sus cadáveres por la carretera que conduce a Sincelejo, modus operandi que se repitió casi de manera exacta en la matanza de Pichilín (fls. 146-150, cdno. “principal”).

13.30. De otro lado, cabe destacar que las anteriores evidencias se encuentran respaldadas por informes del Centro de Memoria Histórica, ente que ha relatado la forma en que las autodefensas iniciaron un fuerte movimiento de expansión en dicha zona de la mano de las convivir, cooperativas de seguridad que por un tiempo se encontraron habilitadas por la ley y que colaboraban con la Fuerza Pública. Al respecto, dicha entidad ha señalado:

Entre las varias razones que permitieron el resurgimiento del paramilitarismo, una primera es el hecho de que el Gobierno restableciera un esquema legal para las autodefensas (...) a través de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (D. 356/94), más conocidas como las Convivir. Con criterios muy laxos, autorizó la operación a grupos con récords dudosos en materia de violaciones a los Derechos Humanos o con nexos con el narcotráfico.//Hacia marzo de 1997 existían 414 Convivir en Colombia. Cuando la Corte Constitucional inició el trámite de la demanda de inconstitucionalidad en 1997 y declaró inexequibles los artículos del Decreto que permitían el porte de armas largas y las labores de inteligencia, las Convivir transitaron masivamente a la clandestinidad para engrosar los brazos del paramilitarismo. De hecho, reconocidos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Diego Vecino y Rodrigo Peluffo, alias Cadena, fueron representantes legales o integraron las Convivir, llegando a perpetrar con sus armas varios crímenes, como la masacre de Pichilín, Sucre, el 6 de diciembre de 1996. Así lo reconoció Salvatore Mancuso en una de sus versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz (...)(103).

13.31. En esa misma línea se pronunció la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá D.C., al indicar que “[E]n ese contexto se constató la estrecha relación entre la constitución de cooperativas de vigilancia y seguridad privada y de los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, con la consolidación y expansión de los grupos de autodefensa. (...) Con ocasión de las revelaciones obtenidas en el marco de la ley de la justicia y paz, importantes Comandantes paramilitares pusieron de presente cómo esta clase de autorizaciones contribuyeron de manera contundente a la consolidación y expansión del proyecto paramilitar, reconociendo que la mayoría de Convivir eran grupos paramilitares(104) y que la mayoría de grupos de autodefensas desembocaron en Convivir(105).

13.32. Por su parte, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario resaltó el aumento de violencia que en el año 1996 padeció el Departamento de Sucre y la región de los Montes de María, de la cual hacen parte los municipios de Colosó y de Morroa, debido a la presencia de grupos insurgentes y de autodefensas —inicialmente ACCU, las que luego constituirían las AUC—, quienes consideraban la zona de gran importancia debido a su geografía y ubicación estratégica para el narcotráfico, lo que se tradujo en ataques a su población civil y a que, en el año 2002, se tomaran medidas sistemáticas para que la Fuerza Pública los enfrentara. Al respecto, señaló:

En un estudio anterior sobre el Departamento de Sucre y la región Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (...), se logró establecer que los grupos irregulares se implantaron en Sucre desde los años ochenta, en razón a que el departamento contiene corredores naturales, zonas de retaguardia y de avanzada y adicionalmente permite la obtención de recursos para el financiamiento de dichos grupos (...). La subregión de Montes de María en particular ha sido identificada por los grupos irregulares como un corredor estratégico porque su compleja geografía favorece el desarrollo de acciones armadas (...). También, se precisó que si bien Sucre no es importante para los cultivos ilícitos, sí lo es para el tráfico de la droga que, aprovechando la disposición del relieve y las numerosas corrientes fluviales, sale del país por el litoral Caribe. (...) En cuanto a la violencia, se dijo en el estudio citado, que su baja intensidad registrada entre 1990 y 1995, se modificó ostensiblemente en 1996, año en el cual las acciones propias de la confrontación armada, los asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados y los secuestros comenzaron a crecer con respecto a los años anteriores. La mayor ocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario se relaciona con el escalamiento de la confrontación entre los actores armados ilegales y los ataques de éstos contra la población civil. (...) Sin lugar a dudas la declaración de la región de Montes de María como Zona de Rehabilitación y Consolidación (ZRC), el 21 de septiembre de 2002 —la cual estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2003— le permitió a la Fuerza Pública producir un quiebre en la dinámica de la confrontación armada.

(...) De otra parte, la irrupción de los grupos de autodefensa en Sucre coincide con la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en los departamentos de la Costa Atlántica a partir de 1996, año en el cual el modelo de Urabá se comienza a extender a otras regiones del país. El avance de las autodefensas sobre el Caribe se dio en un contexto geográfico en el cual el desarrollo de la actividad guerrillera se encuentra limitado, debido a la escasez de accidentes montañosos y selvas y el predominio de amplias sabanas (...). Entre 1985 y 1996, se desarrollaron múltiples estructuras que posteriormente harían parte del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es a partir de 1997 que estos grupos se presentan como expresión regional de las AUC, aduciendo que su principal objetivo apunta a contener el avance de la guerrilla y arrebatarle sus principales fuentes de financiación.

(...) En cuanto a la violencia producida por los grupos irregulares contra la población civil, la baja intensidad que se presentó entre 1990 y 1995 se modificó ostensiblemente en 1996. A partir de ese año, los asesinatos causados por los grupos armados comienzan a aumentar, determinando la dinámica de los homicidios que se registran en el departamento (...). La actuación de los grupos de autodefensa a través de la realización de masacres, que explica en buena medida la elevada intensidad que adquiere la violencia, se enmarca dentro de los planes de expansión de la organización a nivel nacional. En efecto, paralelamente a la irrupción de las AUC en los Montes de María, se produce la incursión de esta organización en el sur de Bolívar, con lo cual no sólo se llevó a cabo una ofensiva encaminada a apropiarse de los cultivos ilícitos en la Serranía de San Lucas, sino que también tuvo lugar una fuerte disputa por el control estratégico de los corredores necesarios para la exportación de estupefacientes(106).

13.33. De otro lado, además de que se encuentra fehacientemente acreditado que a los entes demandados les era razonablemente esperable la materialización de las ejecuciones extrajudiciales de los habitantes del municipio de Colosó y del corregimiento de Pichilín —el cual, de conformidad con un croquis efectuado por la Procuraduría General de la Nación obrante en el expediente, colindaba con el casco urbano de dicho municipio—, entre ellas las muertes que radican en el objeto del litigio, no se acreditó de ninguna manera que hubiesen intentado impedir su realización u obstaculizar la materialización de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas, y por el contrario, los testimonios obrantes en el expediente, en especial, el del personero municipal de Colosó referido, permiten concluir que no hacían mayor presencia en la zona en una clara desprotección de la población civil, lo que evidentemente facilitó los actos violentos referidos, más aún cuando de hecho, los miembros de las autodefensas eran percibidos por parte de dicha población como parte del gobierno o de la Fuerza Pública.

13.34. De este modo, las anteriores circunstancias serían suficientes para imputar las defunciones de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, por omisión —ver párrafo 13.6 y 13.8—(107), no obstante lo cual, la Sala advierte que en el presente asunto militan medios de prueba que tienden a demostrar que por parte de las entidades aludidas se presentó un comportamiento activo en la materialización de dichos daños y por ende, en la grave vulneración de los derechos que los particulares detentaban en el marco del conflicto armado, análisis cuya realización se impone.

13.35. En efecto, cabe recordar que el Estado debe propender por una administración de justicia que sea eficaz en el juzgamiento de los eventos como los descritos, de tal manera que pueda establecerse la verdad sobre los mismos, sea posible la imposición de las consecuencias pertinentes a aquellas personas que tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la reparación integral de los derechos de los familiares de las víctimas que han padecido esas deleznables conductas. Sobre el derecho a la verdad en la investigación y juzgamiento de delitos, la Corte Constitucional ha señalado que la misma reviste una especial importancia para efectos de restituir a la persona afectada con el mismo, en tanto implica su reconocimiento pleno como sujeto de derechos. Así, ha señalado:

El derecho a la verdad incorpora el derecho a conocer las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los delitos fueron cometidos. Todo esto conduce a que la víctima vea públicamente reconocido su dolor y su plena ciudadanía en términos de su reconocimiento como sujeto de derechos. Así mismo, conduce a que las personas afectadas puedan saber, si así lo desean, las razones y condiciones en las cuales se cometió el delito.  

Naturalmente todos estos derechos comportan el deber irrenunciable del Estado de investigar de manera seria y exhaustiva los delitos cometidos y de informar sobre el resultado de sus investigaciones.  

En cuanto se refiere a la dimensión colectiva de la verdad, su contenido mínimo incluye la posibilidad de las sociedades de conocer su propia historia, de elaborar un relato colectivo relativamente fidedigno sobre los hechos que la han definido y de tener memoria de tales hechos. Para ello, es necesario que se adelanten investigaciones judiciales imparciales, integrales y sistemáticas, sobre los hechos criminales de los que se pretende dar cuenta histórica. Un sistema que no beneficie la reconstrucción de la verdad histórica o que establezca apenas débiles incentivos para ello, podría comprometer este importante derecho(108).

13.36. Por su parte, en la exposición de motivos del proyecto de la Ley de Justicia y Paz, la cual se encuentra íntimamente relacionada con el conflicto armado en Colombia, se indicó:

Solo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el ámbito público la dignidad de las víctimas, facilitará a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas como corresponde y permitirá reparar de forma integral los daños causados por la violación a todos sus derechos. Este proceso debe cimentarse sobre los derechos económicos sociales y culturales, colectivos, civiles y políticos de las víctimas. El conocimiento de la verdad y la memoria histórica es fundamental para que los hechos de violencia paramilitar no se repitan. La verdad para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades. La verdad para saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución(109).

13.37. En ese sentido, se parte por destacar que se encuentra fehacientemente acreditado que justo para el día en que ocurrieron los hechos, la Armada Nacional retiró de la zona una unidad militar que pudo percatarse de las conductas abiertamente ilegales de las ACCU y por ende, obrar conforme a sus funciones para la protección de los derechos de la población civil, la cual se ubicaba cerca del peaje conocido como “La Esperanza”, lugar por el que habrían transitado los paramilitares aludidos para llegar a Colosó y a Pichilín.

13.38. Ciertamente se encuentra debidamente acreditado que dicha unidad se encontraba a tan sólo 4 kilómetros y 300 metros del sitio en el que el grupo armado ilegal aludido (i) inicialmente asentó el retén en el que detuvieron a varias personas que transitaban con dirección al municipio de Colosó, y (ii) a la postre asesinaron a tres personas y quemaron un vehículo, actos de los que no hay duda que habría atraído la atención de tales miembros de las fuerzas armadas que antes de ser removidos, se encontraban en el área —ver párrafos 9.2.14 a 9.2.14.2—.

13.39. Ahora bien, no obstante lo anterior solo lograría levantar sospechas sobre la posible connivencia entre dicho órgano y los miembros de las ACCU, obran en el expediente varias declaraciones de dos sujetos que le generan la suficiente certidumbre a Sala de que la Armada Nacional y la Policía Nacional sabían, de manera previa, sobre la realización de la masacre y, en una distorsión de sus funciones, no sólo intencionadamente no hicieron nada para evitarla, sino que ayudaron en su planeación y buscaron evitar su obstaculización en tanto consideraron que se beneficiaban de ella, así hubiese propendido por no verse inmiscuidas directamente en tales sucesos debido a su manifiesta ilegalidad, arbitrariedad y reprochabilidad.

13.40. Ciertamente, a pesar de que en sede penal, las declaraciones de los señores Pedro Alex Conde Anaya y Francisco Enrique Villalba Hernández no ofrecieron certidumbre para condenar penalmente a los agentes estatales Jorge Javier Muñoz Suárez y Luis Guillermo Parra Niño, en este asunto de lo contencioso administrativo si le generan confianza a la Sala sobre el nexo existente entre los referidos estamentos de la fuerza pública y las ACCU, y su participación activa en las ejecuciones extrajudiciales y tortura de quienes fueron víctimas de las masacre de Pichilín, en consideración de que se tratan de medios de prueba lo suficientemente contestes en sí mismos, y coincidentes con los demás medios de prueba analizados.

13.41. Efectivamente, en relación con el señor Pedro Alex Conde Anaya, para la Sala es claro que se trató de un testigo directo y no de oídas en cuanto a la planeación de la masacre de Pichilín se refiere, en consideración a que:

(i) si bien en un momento inicial de su primera declaración aseveró que la información que iba a verter a la investigación penal la había adquirido de otras personas, lo cierto es que en ese mismo momento adujo que se estaba refiriendo a “mucha información” en relación con las autodefensas, esto es, a varios hechos que los involucraba y no solo a la referida masacre, tal como se puede observar a lo largo de sus diferentes declaraciones(110);

(ii) posteriormente precisó que tuvo todo ese conocimiento tanto por otras personas como directamente —ver párrafos 9.4.1 a 9.4.1.1.2—;

(iii) no se puede perder de vista que a lo largo de sus diferentes declaraciones, el testigo en comento se cuidó de no ser identificado como un miembro de las ACCU, sino como un integrante de la convivir Horizonte, puesto que temía que se le pudiera atribuir responsabilidad penal por los sucesos que se estaban investigando, lo que explica que en un principio no fuera contundente en señalar que su información sobre la a masacre y otras actividades de dicho grupo paramilitar la había adquirido directamente;

(iv) cuando en declaraciones posteriores finalmente se refirió en concreto y con detalle a la planeación de la señalada matanza, en la que implicó a miembros de la Armada Nacional y de la Policía Nacional con nombres e incluso con apodos de amistad —él sabía que al capitán Muñoz le decían conejo, apodo que dicho investigado confirmó que unos amigos le pusieron en su indagatoria, lo que denota veracidad en su declaración; ver párrafos 9.4.1.6 a 9.4.6.7, 9.6 y 9.6.1—, señaló que conoció la coordinación de aquellos hechos debido a que trabajó directamente con los líderes de las autodefensas de la zona, en especial con Salomón Feris Chadid, pero nuevamente propendió por no parecer un miembro de las AUC sino simplemente un hombre de confianza de tales sujetos, a quienes afirmó que siempre les prestó seguridad debido a que eran ganaderos, y

(v) si bien es cierto que parece sospechoso que hubiese aseverado que Mancuso y Feris Chadid desconfiaban de él y sin perjuicio de ello, supiera toda la información que manifestó, a la Sala le parece que a ese declarante sí le constaban todas las actuaciones de la AUC, pero dio ese tipo de aseveraciones para poder mantenerse al margen de ellas, dado que de lo contrario lo habrían podido vincular como investigado en tales pesquisas.

13.42. De otra parte, sin perjuicio de que las declaraciones del señalado sujeto no rebosan de elocuencia, no se advierte en las mismas graves incoherencias que den al traste con su credibilidad y por ende, con el hecho de que las mismas proporcionan suficiente certeza respecto de la conexión entre las entidades demandadas y las ACCU para la realización de los asesinatos extrajudiciales de Pichilín y Colosó.

13.43. En efecto, en opinión de la Sala, no existe contrariedad alguna en la forma en que dicho testigo mencionó (i) al funcionario de la Armada Nacional que se habría comprometido en quitar la unidad del peaje “La Esperanza”, es decir, en cuanto a que al principio sólo se acordara de su apellido pero que aseverara que podía averiguarlo, para luego de un receso dar su nombre completo, precisamente porque pudo aprovechar dicho descanso para ello; (ii) el hecho de que la planeación de la masacre se hubiese efectuado en diferentes lugares, en la medida en que es claro que en ningún momento se pronunció en cuanto a una única reunión, sino que fue diáfano al señalar que se llevaron a cabo diferentes congregaciones en las que se plasmó la forma de realizar aquéllos atentados; (iii) la forma en que adujo que comenzó a trabajar en la convivir, en la medida en que fue claro al decir que inició sus labores en dicha organización por presiones de sus líderes.

13.44. Ahora bien, el que en su primera declaración rendida el 4 de abril de 1997, hubiese afirmado que uno de los lugares de reunión que mencionó se tratara de la finca denominada Quilitén, y que más de un año después, esto es, en su declaración del 29 de julio de 1998, no se acordara de dicho nombre, no mina la confianza que ofrece sus declaraciones, puesto que se trata de un detalle que pudo ser olvidado con facilidad debido al paso del tiempo, sin que ese olvido sea lo suficientemente relevante para levantar sospecha sobre la veracidad de sus dichos, máxime cuando se mantuvo en que la planeación de la masacre requirió de varias reuniones en diferentes lugares, incluso a pesar de las preguntas de los abogadores defensores que trataron de presionarlo y hacer notar contradicciones al respecto(111).

13.45. De otra parte, si bien el testigo en comento incurrió en ciertas imprecisiones al señalar cuál fue la entidad que se comprometió a despejar la zona de controles para la masacre de Pichilín, no se puede perder de vista que ello se pudo deber a una mera confusión, dado que se había estado manifestando de múltiples hechos de las AUC, hechos en los que en ciertas ocasiones recibían ayuda de la Policía Nacional y en otros de la Armada Nacional. En cualquier caso, aseveró que el control que la Policía Nacional habría quitado para esos hechos se ubicaba en una bomba y no en el peaje “La Esperanza” -ver párrafo 9.4.1.4-, de modo que en realidad no se configura una contradicción, más aún cuando al final destacó que la colaboración que habría dado la Policía Nacional en la realización de la matanza aludida, tenía que ver con la información de los habitantes y el compromiso de desviar las investigaciones que se adelantaran al respecto.

13.46. Asimismo, no se percibe como una contradicción el hecho de que el declarante hubiese afirmado que un servidor de la Armada Nacional en ocasiones le prestara armas a los miembros de las AUC, y que luego dijera que los paramilitares utilizaron sus propias armas para la concreción de la masacre de Pichilín, puesto que en ningún momento dijo que el armamento que aquel órgano estatal prestó fuese destinado los sucesos del sub judice, razón por la que no se observa relación alguna entre ambas circunstancias.

13.47. Tampoco le parece a la Sala que la credibilidad del testigo se encuentre minada debido a que no apareciera en los registros de la ANUC o de los informantes de la Infantería de Marina, así como por el hecho de que su hermano fue asesinado por las autodefensas, máxime cuando él mismo advirtió esa circunstancia en sus declaraciones, y las mismas coinciden con la manera en que tuvo lugar la masacre, en específico, en la forma en que se ejecutó, los controles de las fuerzas públicas que fueron removidos de la zona, y la información detallada que tenía del modo en que se realizaban las reuniones entre miembros de las entidades demandadas y sujetos como Salomón Feris Chadid, en especial, en cuanto a la existencia de los carnés expedidos por la Armada Nacional a favor de particulares que supuestamente habrían pertenecido a las convivir para movilizarse con libertad en cualquier lugar, información a la que no cualquier persona debía tener acceso.

13.48. Igualmente, fue conteste en diferentes aspectos a lo largo de sus diversos testimonios, por ejemplo, en relación con que (i) a él lo amenazaron, motivo por el cual escapó y dejó de prestar sus servicios a Salomón Feris Chadid; (ii) el nombre del individuo que proporcionó los datos de las personas que debían ser ultimadas por su supuesta colaboración con la guerrilla en la masacre de Pichilín, esto es, la identidad de Pedro Carvajalino, y (iii) la preparación para realizar la masacre, en la que aseveró que participaron varios grupos de personas de diferentes lugares y que se congregaron en una finca —ver párrafos 9.4.1.1.2 y 9.4.1.6.7—.

13.49. Por su parte, no escapa a la Sala que dio información que coincide con otros medios de prueba, como los problemas que adujo que el mayor de la Policía Nacional, a quien indicó de conocer de la masacre de Pichilín de manera previa a su materialización, tenía con el señor Pedro Tinoco, quien posteriormente se sabe que presentó una queja en contra de aquél, conocimiento al que tampoco podía acceder cualquier persona —ver párrafos 9.9 y 9.9.1—.

13.50. De otro lado, en cuanto a que los agentes estatales que individualizó se encontraran en permiso para un curso o incapacitados cerca a la fecha de realización de la masacre, a la Sala le parecen adecuadas sus explicaciones al respecto, habida cuenta de que la última reunión a la que él hizo referencia tuvo lugar el 1º de diciembre de 1994 y (i) el permiso del capitán de la Infantería de Marina para ir a dicho curso sólo fue desde el 2 de diciembre de dicha anualidad, por lo que ello no le impedía asistir a esa reunión; (ii) la base naval de Coveñas y Sincelejo quedan alrededor de una hora de distancia en un vehículo que se desplace en promedio a 60 kilómetros por hora(112); y (iii) la incapacidad del mayor de la Policía Nacional necesariamente no tenía por qué impedirle movilizarse e ir a su oficina a recibir al señor Salomón Feris Chadid.

13.51. Ahora bien, cabe destacar que el hecho de que su declaración no coincida en todo con las declaraciones rendidas por el señor Francisco Villalba Hernández, no lleva a pensar a la Sala que ambos o uno de ellos esté mintiendo, puesto que las diferencias en sus declaraciones puede radicar en que pertenecían a grupos diferentes y por lo tanto, tenían información parcial de lo sucedido. En primer lugar, no mina la credibilidad de sus afirmaciones el que no se conocieran, a pesar de que según sus dichos, Villalba Hernández acompañaba a Salomón Feris Chadid antes de la ocurrencia de la masacre, habida cuenta de que el testigo Conde Anaya fue sacado de la zona algunos días antes de la realización de la masacre y ambos estaban en grupos diferentes —uno trabajaba todo el tiempo con Salomón Feris Chadid, mientras que el otro trabajó con el grupo de “la Gata”; ver párrafo 9.4.2—.

13.52. De otro lado, el que Francisco Villalba Hernández mencionara (i) a un servidor público de la Armada Nacional diferente al indicado por Pedro Alex Conde Anaya, como partícipe en la planeación de la masacre; (ii) sólo supiera que a las reuniones de Salomón Feris Chadid con los miembros de la Policía Nacional lo acompañara un individuo conocido como América, y (iii) no conociera al funcionario de la Armada Nacional señalado por el segundo testigo aludido, tampoco lleva al traste e ninguna de las declaraciones obrantes en el plenario, en la medida en que como se advirtió, esas disparidades en la información se explican en la existencia de diferentes grupos de personas que participaron en las ejecuciones extrajudiciales aludidas, de modo que no todos tenían que tener los mismos datos.

13.53. De hecho, cuando el señor Villalba Hernández refirió en su testimonio a un agente de apellido Perdomo, lo indicó como una persona que en otros momentos le ayudó al grupo de autodefensas al que él pertenecía en otros operativos.

13.54. Por el contrario, las declaraciones de los referidos deponentes resultan coincidentes en aspectos esenciales respecto de la planeación y la realización de la masacre, lo que le da mayor confianza a la Sala para creer que las entidades demandadas participaron activamente en tales acontecimientos, de lo que cabe destacar que ambos aseveraron que (i) las ejecuciones extrajudiciales se iban a realizar un día en específico y debido a que ocurrió un imprevisto, la operación tuvo que aplazarse, información que sólo se explica debido al conocimiento detallado que cada uno de estos sujetos tenía al respecto, y (ii) que una de las reuniones con miembros de la Policía Nacional para la planeación de la masacre se dio el 1º de diciembre de 1996 —ver párrafos 9.4.1.6.7 y 9.4.3—.

13.55. Ahora bien, no obstante el señor Villalba Hernández incurrió en una contradicción en cuanto a los lugares en que disparó a sus supuestos familiares Vergara Villalba y Vergara Puche, para la Sala dicha confusión no resulta lo suficientemente relevante como para obviar sus declaraciones, puesto que en todo lo demás concordó con los demás medios de prueba y pudo haber hecho esa aseveración para mostrar que tuvo compasión con sus seres allegados y quiso evitar su muerte.

13.56. De esta manera, para la Sala resulta claro que miembros de la Armada Nacional y de la Policía Nacional tenían conocimiento de los hechos que iban a suceder en Colosó y Pichilín antes de su concreción, y no sólo no hicieron nada para evitarlos, sino que participaron en su planeación y propendieron por no ser un obstáculo para su materialización, comportamiento activo en el que seguramente concurrieron varios agentes estatales que no fueron individualizados por los señores Conde Anaya y Villalba Hernández, de lo que a su vez se sigue que no se pueda descartar tal colaboración debido al cargo y a las funciones que tenían los servidores públicos que sí identificaron.

13.57. En este punto, en respaldo de los medios de prueba referidos en cuanto a la participación del Estado en la masacre de Pichilín, esto es, de la remoción del control del peaje “La Esperanza”, la expedición irregular de carnés a supuestos informantes para su libre movilización, y los testimonios de las personas señaladas que tenían un alto conocimiento de la estructura de las ACCU y AUC, no se debe perder de vista que la población civil de la zona también se percató de la conexión de dichos grupos ilegales y los estamentos de la Fuerza Pública, lo que llevó a una profunda desconfianza en las instituciones que en lugar de protegerlos, los exponían y se asociaban con quienes pretendían afectarlos.

13.58. En efecto, se debe recordar que varias de las denuncias que recibió el personero de Colosó durante los años 1995 y 1996, los denunciantes indicaron que eran amenazados o intimidados por personas en prendas privativas del Ejército Nacional o que se hacían pasar por representantes del mismo, y cuando uno de los supervivientes de la masacre de Pichilín rindió su testimonio, fue claro en asociar a la Policía Nacional y al Ejército Nacional con los “paramilitares”, concepción que representa un claro reflejo de la situación de indefensión, de desprotección y de desconfianza a la cual se encontraban sometidos los habitantes de la región para la época —ver párrafos 9.1 a 9.1.6, y 9.2.12—.

13.59. Ahora bien, conviene poner de presente que recientemente, esta corporación se pronunció en relación con una demanda presentada por familiares de otras de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Pichilín y Colosó, momento en el que también se concluyó que la Nación, a través de la Armada Nacional y de la Policía Nacional, participó activamente en las mismas. Al respecto, se señaló:

4. Conforme a las pruebas analizadas, está acreditado el daño, consistente en la muerte de los señores: Manuel María Vergara Villalba, José Daniel Rivera Cárdenas, Federmán Rivera Salgado, Manuel de Jesús Pérez Gómez y Denis José Ruiz Rodríguez, quienes además fueron amarrados, torturados y sometidos a vejámenes y maltratos; y la destrucción de la casa de habitación y el establecimiento de comercio de la señora Julia María Sierra de Narváez, hechos que fueron perpetrados por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, el 4 de diciembre de 1996 en el corregimiento de Pichilín, con la aquiescencia y colaboración de la Policía y la Armada Nacional.  

Ahora bien, en relación a la imputación se concluye sin dubitaciones que está plenamente demostrada la falla en el servicio por acción y omisión en la que incurrieron tanto la Policía como la Armada Nacional, toda vez que aun cuando sus miembros no participaron directamente en la realización de la masacre, su responsabilidad se vio comprometida con fundamento en los siguientes elementos: i) las declaraciones juramentadas que de manera libre y voluntaria rindieron los señores, Pedro Álex Conde Anaya y Francisco Villalba Hernández, que permiten endilgar la falla en el servicio por acción y ii) las declaraciones, quejas y denuncias de los testigos que presenciaron la masacre y de los habitantes del municipio de Colosó y del corregimiento de Pichilín, que permiten inferir que esa región se encontraba inmersa en un contexto de violencia generalizada que la hacía constante blanco de estigmatizaciones, amenazas y atentados contra su vida, integridad física y bienes, por parte de los grupos armados ilegales que operaban en la zona, por lo que los hechos que dieron origen a la demanda eran previsibles y en ese orden de ideas, le era exigible a las Fuerzas Armadas evitar su consumación.  

(...) Toda esta cadena de hechos indicadores marcan la creación de un indicio contextual de grave violencia originada por los paramilitares, lo que significó un imperativo para el Estado, en el orden de reforzar la vigilancia y protección de las personas que habitaban esa región, pues bien se conocía la existencia de estos grupos armados, así como la modalidad de sus operaciones, las que fueron repetitivas, y en las que gran número de civiles fueron víctimas, siendo ello motivo de reproche, ante la omisión configurada por ese actuar negativo. Trazado el anterior panorama, no se comprende cómo ante la evidente y latente amenaza que se cernía sobre los habitantes de la región y la inminente puesta en marcha de un plan dirigido a acabar con la vida de gran parte de los campesinos —bajo el supuesto de hacer parte de la guerrilla, hecho que fue puesto en conocimiento de la Personería y la Fiscalía—, las Fuerzas Armadas no hicieron nada para contrarrestar el accionar de estos grupos y proteger a la población civil, sino que permitieron que éstos actuaran con tranquilidad, pues como se colige de las pruebas, las AUC no sólo tuvieron tiempo para instalar el retén y tomar posesión de los vehículos, sino que además, con toda la calma pudieron incursionar en Pichilín, e intimidar a toda la población, incluyendo mujeres y niños, asesinar a dos de sus pobladores y no satisfechos con ello, retuvieron a otros ocho, a quienes dieron muerte a lo largo del camino hacia Tolú Viejo, dejando sus cuerpos sin vida en la carretera, luego de lo cual procedieron a asesinar a dos de los conductores que habían retenido y obligado a transportarlos, todo esto en un interregno aproximado de 4 horas, sin que ningún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado se hubiera interpuesto en su camino. Una situación tan censurable como la descrita sólo puede obedecer al hecho de que tanto la Policía como la Armada estaban de acuerdo con los macabros planes de las AUC y por ende, no tenían interés en combatirlos, sino todo lo contrario, en que se consumaran.

En este estado de cosas se infiere con nitidez, que de lo que da cuenta el plenario es de la ejecución de varios ciudadanos en una de esas mal llamadas “labores de limpieza social”, o de “sospecha guerrillera”, que constituyen sin lugar a anfibología alguna, una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad, por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado, de allí que, los hechos indicadores son suficientes para dar por probado que la demandada incurrió en una falla del servicio por acción y omisión, y por lo tanto, le es imputable el daño alegado, pues se reitera, tristemente en época que se espera ya superada, en un culto al prejuicio, se devaluó por falta de vigilancia y protección estatal, al ciudadano y campesino humilde, y fue eso sin eufemismo alguno lo que ocurrió, y así lo trasunta este proceso(...)(113).

13.60. Por su parte, se debe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia declaró sin valor los fallos del 29 de agosto de 2003 y del 23 de noviembre de 2005, por medio de los cuales se absolvió a Salvatore Mancuso Gómez de los delitos de concierto para delinquir, concurso de homicidios agravados, incendio y hurto calificado, por los cuales se le investigó y que habría cometido en la ejecución de los mismos hechos objeto de esta litis, en consideración a que en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, él mismo confesó haber orquestado la masacre de Pichilín tal como lo aseveró el testigo Conde Anaya, declaraciones en las que de conformidad con el Ministerio Público, a su vez habría señalado que recibió colaboración por parte de la Fuerza Pública de la zona(114).

13.61. Igualmente, se debe tener en cuenta que en el marco de Justicia y Paz se encontró un estrecho vínculo de colaboración entre los integrantes de la referida fuerza y los miembros de las AUC, desde 1980 hasta el 2000, en consideración a que los primeros vieron a los segundos como aliados importantes en la lucha armada contra la guerrilla, lucha en la que bajo una ideología antisubversiva que adquirió varios adeptos tanto particulares como estatales, justificaron el actuar violento de éstos en contra de la población civil, a quienes acusaban de colaborar con las FARC u otros grupos insurgentes.

13.62. De esta manera, las autodefensas realizaron múltiples violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tal como ocurrió en las ejecuciones extrajudiciales de Colosó y Pichilín, violaciones que en varios casos fueron auspiciadas por entidades estatales al considerar que se encontraban legitimadas con ocasión del mismo conflicto armado en Colombia. De esta forma, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, D.C., señaló:

292. Con relación al surgimiento y consolidación de los grupos paramilitares, la Sala también ha demostrado con suficiencia la contribución que para este propósito realizaron algunas Unidades de la Fuerza Pública, toda vez que la consolidación y expansión de los grupos subversivos durante las décadas de los ochenta y noventa, aunado a la incapacidad y poca presencia del Estado, motivó que algunos de sus miembros entablaran alianzas con los grupos paramilitares como una estrategia efectiva para combatir a la guerrilla(115). Como ya se ha puesto de presente, las nefastas consecuencias ocasionadas por estas alianzas llegaron al conocimiento de instancias internacionales en las que se declaró la responsabilidad del Estado colombiano, resultando pertinentes para este proceso, pues se presentaron bajo la vigencia de la ley 48 de 1968, hechos tales como la desaparición de diecinueve comerciantes en 1987, en la vereda Araujo (municipio de Puerto Boyacá)(116), la masacre perpetrada en la vereda La Rochela (municipio de Simacota) en 1989, contra los miembros de la Comisión Judicial que se desplazaba para investigar varios hechos de violencia, incluido el anterior(117); la desaparición en 1989 de los sindicalistas Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana en el municipio de San Alberto (Cesar)(118); y las incursiones de grupos paramilitares con el apoyo de miembros de las Fuerza Pública a los municipios de Pueblo Bello (en enero de 1990)(119), Ituango (en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente)(120) y Mapiripán (entre el 15 y 20 de julio de 1997)(121).  

293. Esta fatal alianza entre las Autodefensas y servidores públicos encargados de mantener el Orden Público, demostró la degradación del conflicto armado en perjuicio de la población civil. La Sala ha puesto de presente cómo los grupos paramilitares reencauzaron su abierto discurso antisubversivo y autodefensivo, para encubrir y justificar su accionar deliberado contra la población civil, la cual, por encontrarse en circunstancias de vulnerabilidad y exclusión social, era tildada arbitrariamente de informante, colaboradora, auspiciadora o parte de los grupos armados subversivos y convertida por tanto en objetivo militar, por lo que resultaba víctima de homicidios, desplazamientos forzados, torturas, desaparecimientos, crímenes sexuales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y cómo esta estrategia que fue fortalecida mediante el apoyo estratégico y logístico que, para el período comprendido entre los años ochenta y dos mil, los grupos paramilitares recibieron de algunos miembros del Ejército y la Policía Nacional(122).  

13.63. Asimismo, en cuanto a la colaboración entre agentes estatales y miembros de las autodefensas, también se pronunció el Centro de Memoria Histórica, de la siguiente manera:

Una segunda razón se debe a que el Ejército Nacional se replegó debido a los golpes militares propinados por las FARC (entre 1996 y 1998) y dejó que el peso de la lucha contrainsurgente recayera sobre las Convivir. Esta situación se vio reforzada con la omisión reiterativa del Ejército frente a las acciones paramilitares que, en muchos casos, se enmascaró con un apoyo menos directo y menos visible. De hecho, esa omisión ha sido sancionada por la justicia internacional en casos como las masacres paramilitares de Mapiripán, Meta, en julio de 1997, o El Aro, Antioquia, en octubre del mismo año, en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. (...) A esto se suman las confesiones de los paramilitares en sus versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz, que han develado la trama de relaciones con miembros de la Fuerza Pública que posibilitaron el accionar paramilitar. Al 31 de diciembre del 2012, la Unidad de Justicia y Paz reportó que compulsó a la justicia ordinaria incriminaciones por hechos delictivos confesados por los paramilitares contra 1.023 miembros de la Fuerza Pública.

En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y en 1997 se dieron cita en un lugar de la región los jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, “provistas de una dirección única y un estado mayor conjunto”, definidas como “un Movimiento Político-Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa” (...). En esta reconfiguración fue fundamental la estrategia mediática desplegada por Carlos Castaño, que posicionó el discurso contrainsurgente en amplios sectores de la opinión pública hastiados de las guerrillas. Empezó, entonces, la más grande y audaz expansión paramilitar hacia todos los puntos cardinales de la nación. A zonas de Meta y Guaviare llegaron en aviones contingentes que los habitantes de allí empezaron a nombrar como los Urabeños;(...) en camiones llegaron al sur de Bolívar, al Magdalena medio y al Catatumbo. (...) La movilización de las fuerzas de Salvatore Mancuso hacia el norte de Córdoba y la de los grupos de Rodrigo Tovar Pupo hacia el occidente y el norte del Cesar y Magdalena le permitió a los paramilitares establecer una tenaza sobre los siete departamentos de la costa atlántica. Los paramilitares se lanzaron a cooptar la representación política local y regional. Buscaban en realidad intervenir el Estado central para asumir las riendas del poder nacional, o como lo consignaron en el Pacto de Ralito con congresistas y funcionarios públicos: “Refundar la patria”. El Pacto de Ralito —entregado por Salvatore Mancuso en su primera versión ante los fiscales de Justicia y Paz— (...) demostró la alianza entre las estructuras paramilitares con amplios sectores militares, económicos, políticos y sociales de todo el país. Su objetivo era la formulación de un nuevo contrato social basado en la defensa de la propiedad privada y la preservación del control territorial, así como la estrategia para posicionarse como el tercer actor de la guerra y forzar una “negociación política con el gobierno. (...)(123)

13.64. En este punto, cabe destacar la situación de extrema vulnerabilidad de la población civil de los Montes de María y en este asunto, del corregimiento de Pichilín y del municipio de Colosó, toda vez que tal como lo relatan múltiples testimonios recepcionados en el presente asunto —ver párrafo 9.2.16, entre otros—, se veían constantemente presionados por los agentes del conflicto sin que el andamiaje estatal propendiera por protegerlos. Ciertamente, las FARC intentaron suplir la presencia estatal en tales territorios, y obligaron a sus pobladores apoyarlos bajo amenazas, circunstancias que conllevaron a que las ACCU los instigaran, amedrentaran, y ejecutaran como reprimenda por supuestamente ayudar a los subversivos, panorama abominable en el que los particulares sin ninguna conexión con la guerra fueron estigmatizados, y en el que las entidades demandadas deliberadamente incumplieron su carga obligacional en desmedro de todas las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico.

13.65. En este punto, a su vez se debe resaltar la responsabilidad de las FARC en los hechos del caso concreto —responsabilidad que si bien fue indirecta, no puede ser soslayada—, en consideración a que debido a su presencia en la zona y a que trataron de someter a la población a sus objetivos y a su propia agenda, no sólo los volvieron más propensos a padecer los injustos acontecimientos de que trata el sub lite, sino que seguramente también les generaron una marca social de la cual se desprendió para ellos varias consecuencias negativas, como su segregación, el miedo a volver a ser atacados, su desplazamiento forzoso e incluso, su revictimización derivada de la autoincriminación y sentimiento de culpa que debieron haber sentido por los ataques de los que fueron víctimas. Sobre este tipo de fenómenos de desplazamiento de culpa y responsabilidad, el Centro de memoria Histórica, en un informe en el que analizó la masacre efectuada en el corregimiento El Salado —ubicado también en los Montes de María—, indicó:

La circulación de un actor armado en una determinada zona representa una amenaza para la población en un doble sentido: puede dar lugar, en unos casos, a la militancia forzada o a medidas restrictivas aplicadas a los pobladores, y, en otros casos, puede alimentar retaliaciones por parte de otras organizaciones. En tales condiciones, las comunidades no saben a qué atenerse con los insurgentes, si verlos como protectores o como provocadores. Pero lo que sí resulta inobjetable es que los intereses del grupo armado no coinciden necesariamente con los de la población(124). En particular, se puede decir que en El Salado, las Farc tienen objetivos estratégicos que para nada se alimentan de las preocupaciones cotidianas de los habitantes del corregimiento. 

En efecto, leer la presencia armada de un actor exclusivamente en clave de identificación, simpatía, legitimación y lealtad de la población es una simplificación interesada o, más aun, perversa, de las dinámicas de la guerra. Las relaciones de hecho oscilan entre la convergencia, ya sea por principios, instrumental o estratégica, y el sometimiento. Incluso cabe preguntarse, como lo hace el analista Stathis Kalyvas, “hasta qué punto las poblaciones que se encuentran bajo el dominio de uno u otro actor tienen opciones distintas a la de colaborar con el dominante”(125). La sumisión por miedo, o la pasividad de la población, puede ser simplemente resultado de su impotencia para impedir la instalación del actor armado en el territorio o para revertir la situación de hegemonía. La coexistencia social y geográfica de grupos irregulares con la población de cualquier localidad ha servido a menudo de pretexto para enarbolar la criminalizante fórmula de los “guerrilleros de civil”. Este rótulo no sólo convierte a las comunidades en objetivo militar, sino que, en un contexto de polarización política, constituye una especie de marca social de exclusión o segregación. Es desde luego una dinámica no exclusiva de territorios sometidos por los paramilitares. Es la misma lógica que, mutatis mutandis, se replica en la guerrilla y toma cuerpo en las acusaciones y los juicios a los “presuntos colaboradores” del enemigo. Es la sucesión de estigmas padecidos por los saladeros al estar ubicados en una zona de disputa entre los actores armados. Son acusados por los paramilitares de guerrilleros; son mirados con prevención por las autoridades estatales, y, finalmente, son tildados por la insurgencia, aun después de la masacre, como “paracos” o colaboradores de estos. 

Los actores armados han reordenado el espacio nacional en función de sus propias escalas de valores y patrones políticos y les han asignado roles binarios a las poblaciones en sus interacciones en los mapas de la guerra: los paramilitares pretendieron incluso dividir la sociedad colombiana entre zonas del orden y de la normalidad y zonas de la subversión, de la desviación. Esas divisiones dan lugar a la construcción de determinados imaginarios sociales sobre las comunidades y especialmente a la creación de estigmas. El estigma ha sido uno de los rasgos más característicos y costosos para la población civil en las guerras contemporáneas. La eficacia perversa del estigma es doble: primero, el victimario atenúa su responsabilidad transfiriéndola a la víctima, y, segundo, estimula un clima social de sospecha que se materializa en esas expresiones populares de condena anticipada, tales como “por algo será”, “algo habrá hecho”. La eficacia del estigma puede llegar incluso a la autoincriminación de la propia población. En este escenario, luchar contra esta culpa es luchar contra el impacto buscado por el perpetrador, y, por consiguiente, remover el estigma es también remover la culpa de la víctima, después de que a esta se le atribuyera la responsabilidad de su propia tragedia. A través de la estigmatización total de la población, los paramilitares en El Salado diluyen o desdibujan las fronteras entre combatientes y población inerme, que de hecho existen. El estigma es la condensación de una estrategia utilizada para legitimar la violencia contra las poblaciones que no se pliegan a los designios del actor o que son percibidas como un simple obstáculo para su expansión o consolidación. Para ser estigmatizado, en un contexto de conflicto armado, basta con estar en la ruta de los guerreros. Eso puede convertir a cualquier pueblo en aliado forzoso o, por el contrario, en enemigo radical, del cual hay que deshacerse al costo que sea. Así fue prácticamente desocupado El Salado. Así han sido literalmente borrados del mapa muchos pueblos de Colombia. 

Es muy fácil para un observador distante satanizar a la población civil y sus estrategias de negociación cotidiana, tejidas en situaciones locales de conflicto político y económico y en las dinámicas engendradas por la misma violencia. Por este camino, en contextos de lucha contrainsurgente, han terminado por justificarse socialmente todos los excesos, incluidas las masacres, en el supuesto de que se están eliminando o erosionando las bases sociales del enemigo. Esta difundida anuencia frente a la crueldad contra los presuntos enemigos es sintomática no sólo de la degradación de los contendores de esta guerra, sino peor aún de la degradación moral de la sociedad. (...) Si el estigma está en los orígenes de la masacre, su remoción es uno de los imperativos de la reparación. Para las gentes de El Salado, liberarse del estigma del cual eran portadoras mientras estaban sometidas a la ocupación guerrillera no era posible. Y por ello hoy la memoria se constituye en un recurso colectivo imprescindible en el restablecimiento de la dignidad. El Estado debe jugar un papel protagónico en la reversión de la marca criminalizante, sobre todo cuando desde algunas de sus instituciones, o de sus agentes, se contribuyó a su propagación, antes y después de la masacre. Desmontar la sospecha sobre la población saladera es una responsabilidad del Estado, que exige también compromisos de la sociedad. 

(...) La culpa de la guerrilla Esta línea de interpretación imputa un grado de responsabilidad a la guerrilla en el desencadenamiento de la masacre: Los habitantes de El Salado reclaman la exposición que hizo la guerrilla de la población civil sin asumir las consecuencias. La memoria de las víctimas sobrevivientes le cuestiona a las Farc el haberlos expuesto cuando pasó por el pueblo con el ganado robado, los carros hurtados, las personas secuestradas y los carros cargados con cilindros bomba, así como por haber bajado al pueblo a comprar víveres, beber licor y reclutar jóvenes; pero quizá lo que más le reprochan son las reuniones de obligada asistencia de los habitantes, en las cuales hacían sus arengas políticas. La culpa de la guerrilla consiste en que la exposición de la población civil lo único que produjo fue la incursión paramilitar, en tanto se atacó a la población civil como sustituto de la guerrilla; y se le cuestiona el abandono de la misma en manos de los paramilitares. “Los primeros en irse fueron los culpables, los que se quedaron fueron los inocentes”, es la frase que condensa con fuerza ilustrativa lo que implica la responsabilidad de la guerrilla en la masacre, reivindicando en su memoria interpretativa que hayan sido asesinados los segundos. Pagar por la culpa de otros, por sus decisiones y sus acciones, es la injusticia que denuncia la memoria interpretativa de los habitantes de El Salado, en muchos casos con base en la religiosidad católica para expresar que “pagaron justos por pecadores”(126).

13.66. En este punto, cabe señalar que debido a los hechos objeto de la presente litis, entre otros actos, varios habitantes de los cascos urbanos de los municipios, como Colosó, y especialmente de las veredas y corregimientos, como Pichilín, se desplazaron forzosamente, movimientos que implicaron la pérdida de sus tierras o propiedades, o su venta obligada a precios bajos. Al respecto, en sentencias de restitución de tierras se ha analizado el contexto de violencia en los Montes de María, y su incidencia en la expulsión de pobladores de esa región en municipios como Colosó y Morroa, en los siguientes términos:

La violencia en Montes de Maria y su entorno se intensifico a partir de 1996, año en el cual las acciones propias del conflicto armado, los asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados y los secuestros comenzaron a crecer con respecto a los años anteriores. La mayor ocurrencia de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario se explica por el escalamiento del enfrentamiento entre los actores armados ilegales y los ataques de estos a la población civil. 

(...) En este acto administrativo la gobernación declara en desplazamiento forzado la zona rural de los municipios de Colosó, Ovejas, Toluviejo, Los Palmitos, Chalán y Morroa del Departamento de Sucre, correspondientes a la Subregión Montes de María, declarando en su parte resolutiva en Desplazamiento Forzado todo el área rural del Municipio de Morroa, además entre sus consideraciones en los numerales 11, 12, 13, 14 y 15 dispuso lo siguiente:

(...) “11. El Control y la búsqueda de dominación sobre el área territorial rural del Departamento de Sucre, por parte de grupos ilegales, como corredor propicio para la comercialización de derivados de la hoja de coca sometimiento de la población mediante la amenaza y muertes selectivas de grupos poblacionales, así como la ocurrencia de masacres y muertes atroces en corregimientos como Pichillín en diciembre de 1996. Pijiguay, Chinulito, Coloso en septiembre de 2000, Chengue en enero de 2001 y Ovejas en marzo de 2001, arrojan un saldo de 75 masacres ocurridas entre 1999 y 2000, y 329 víctimas; ocurrencias de desapariciones forzadas masivas, y el asesinato por lo menos 3.000 personas.

12. La zona descrita del Departamento de Sucre se ha visto afectada por hechos violentos que atenían contra la vida, integridad, bienes patrimoniales de sus habitantes, y que condenan a su población at desplazamiento masivo, indicadores detectados desde 1996, de acuerdo a los informes de riesgo Nº 024 de 2004 y el Nº 030 de 2004; en el año 2005, por el informe de nesgo 034-06, emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil, como consecuencia del Conflicto Armado; 

13. La descripción de este escenario facilita la ocurrencia de hechos de terror, desplazamiento y reclutamiento forzado de la población civil, así entre los años de 1997 al 2000, los municipios que arrojaron los mayores picos de expulsión de población fueron Ovejas con 5.774 personas, Colosó con 5.376, Morroa con 1.390. Los Palmitos con 1.371, Toluviejo con 1.130 personas desplazadas, lo que contrasta con que el 72% de la población total de este último ocupa el área rural. 

(...)”.

Analizadas todas estas pruebas en conjunto se concluye que son coincidentes y consistentes en señalar los altos y notorios índices de violencia que agobiaban al Municipio de Morroa; que los adjudicatarios del predio “Pichilín”, estuvieron desde el año 1991 en medio de un fuego cruzado entre los combatientes del conflicto armado en donde el desplazamiento terminó siendo la única opción de la población civil(127). 

13.67. Como corolario de todo lo anterior, se advierte que en el caso concreto, si bien las muertes de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche fueron causadas materialmente por los miembros de las ACCU, lo cierto es que le son imputables a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional por acción y por omisión, en consideración a que sus agentes no sólo no hicieron nada por evitarlas pese a la previsibilidad de su ocurrencia, sino que prevalidos de sus condiciones de funcionarios públicos, propendieron por no obstaculizar su realización bajo la equivocada concepción de que por ayudar o tener contacto con guerrilleros, las autodefensas podían disponer de sus vidas, lógica completamente execrable y reprochable con la que violentaron sus funciones y legitimidad, así como las mismas bases en las que se fundamenta el Estado social de derecho colombiano.

13.68. Igualmente, la Sala debe ser enfática en que las defunciones indicadas acaecieron en el marco de una grave violación de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno y el derecho internacional de los derechos humanos de los difuntos y de la población en general, y en contravía del derecho internacional humanitario, habida consideración de que su realización (i) radicó en sendas ejecuciones extrajudiciales extremadamente arbitrarias, dado que los occisos no podían defenderse y se encontraban abandonados por las instituciones estatales; (ii) en claros actos de tortura tanto física como psicológica para ellos y sus familiares, con la finalidad de las ACCU de penetrar en la zona y generar desconcierto y temor en la sociedad de la región para implantar su ideología antisubversiva; (iii) en vulneración de su derecho a la libertad, comoquiera que fueron reducidos al ser atados, retenidos y finalmente ultimados en la carretera, lo que a su vez implicó la violación de su dignidad humana, (iv) en ningún momento se demostró que participaran en el conflicto armado en Colombia y, en caso de haberlo hecho, en el preciso momento en el que se les retuvo, torturó y asesinó, evidentemente no hacían parte del mismo en tanto se encontraban en indefensión, de lo que se sigue que respecto de ellos y de la comunidad de Pichilín y Colosó se vulneró el principio de distinción, puesto que se les convirtió objetivo militar sin que ejercieran actos que legitimaran un ataque en su contra, y (v) tales acontecimientos derivaron en la vulneración posterior de otros derechos, como por ejemplo, el desplazamiento forzoso de muchas personas, múltiples vulneraciones en los que como se advirtió, el Estado participó indirectamente.

13.69. Finalmente, en consideración a todo lo expuesto, se debe conminar a las autoridades penales pertinentes a investigar a fondo lo sucedido y a juzgar a quienes, de forma particular, pudieran ser responsabilizados por tales actos en los eventos en que ello sea procedente.

13.70. De esta forma, en la parte resolutiva de esta providencia se exhortará para el efecto (i) a la Fiscalía General de la Nación, y (ii) a la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Justicia Especial para la Paz, con el objeto de ponerles de presente los hechos materia de este juicio, de modo que obren conforme a sus competencias, de una parte, en el marco de justicia y paz, máxime cuando se dejaron sin efectos las sentencias que absolvieron a Salvatore Mancuso Gómez de los delitos por los que se le investigó relacionados con la masacre de Pichilín y Colosó, y de otro lado, para que actúen de cara a la próxima entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y en consecuencia, individualicen las investigaciones que se hubiesen adelantado al respecto, recopilen su información, y verifiquen la posibilidad de someter su conocimiento a dichos órganos en el momento oportuno para ello. Para el efecto, se les remitirá a dichas autoridades copias del presente fallo.

14. Con observancia de lo señalado, se revocará la sentencia de primera instancia y se procederá a condenar a las entidades demandadas, es decir, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, para lo que (i) la Sala precisa que si bien los demandantes podrán hacer efectiva la totalidad de la condena ante cualquiera de ellas, entre ellas cada una debe responder por el 50% de la misma, debido a que se evidencia una participación similar en la causación de los daños a reparar, y (ii) se entrará a liquidar el monto de los perjuicios solicitados en la demanda, así como a analizar la posibilidad de adoptar medidas de satisfacción y no repetición debido a la grave vulneración de los derechos de las víctimas de que da cuenta el plenario.

VI. Liquidación de perjuicios.

15. Se observa que el extremo activo de esta litis solicitó en el escrito inicial, el pago de una indemnización pecuniaria por concepto de perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes, de la siguiente manera: en beneficio de Elena Alba Rosa Puche Meza, en sus calidades de esposa y madre de Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche, respectivamente, el equivalente a 6000 gramos oro en total; a favor de Turiano Antonio Vergara Puche, Luis Armando Vergara Puche, Denis Vergara Puche y Manuel Vicente Vergara Puche, en sus calidades de hijos y hermanos de los occisos, las sumas equivalentes a 4000 gramos oro en total para cada uno, y en beneficio de Rafael Vergara Llanos y Martha Vergara Llanos, únicamente en sus calidades de hijos del señor Manuel María Vergara Villalba, las sumas de 2000 gramos oro en total para cada uno.

15.1. Al respecto, la Sala tiene por demostradas las calidades invocadas en el presente asunto por los accionantes, esto es, que los señores Manuel María Vergara Villalba y Elena Alba Rosa Puche Meza contrajeron matrimonio (copias de su registro civil de matrimonio; fls. 17, 18 cdno. 1), y son los padres de Luis Armando Vergara Puche, Turiano Antonio Vergara Puche, Israel Remberto Vergara Puche, Denis María Vergara Puche y Manuel Vicente Vergara Puche (copias de sus registros civiles de nacimiento correspondientes; fls. 18-23, 27, 28, 30, 31, cdno. 1). Por su parte, también se probó que Manuel María Vergara Villalba fue el padre de Rafael Vergara Llanos y Martha Vergara Llanos (copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento; fls. 26, 29, cdno. 1).

15.2. La Sala observa que a partir de las relaciones de parentesco señaladas, resulta evidente que los fallecimientos de los señores María Manuel Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche les produjo a los demandantes un intenso dolor y congoja, sufrimiento que debe ser resarcido por la parte demandada, para lo cual la Sala podrá acudir al máximo jurisprudencial sugerido para dichos casos —muerte de un ser querido—, teniendo en cuenta que el resarcimiento de este tipo de perjuicios ya no se efectúa en gramos oro sino en sumas equivalentes a salarios mínimos mensuales legales vigentes(128).

15.3. De este modo, se debe tener en cuenta que en reciente pronunciamiento, la Sala Plena de esta sección unificó su jurisprudencia con el objeto de establecer los parámetros a tener en cuenta al momento de estimar la cuantía de la indemnización, en los siguientes términos:

Sea lo primero señalar, que procede la Sala a unificar la jurisprudencia en materia de reparación de perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la Sección considera necesario y oportuno determinar los criterios generales que se deben tener en cuenta para la liquidación del mencionado perjuicio. 

La parte actora solicita el reconocimiento de perjuicios morales en el equivalente en moneda nacional a 2.000 gramos de oro fino, para cada uno de los demandantes o quien o quienes sus derechos representen. 

Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.  

En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:

Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.  

Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.  

Nivel Nº 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.  

Nivel Nº 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. 

Nivel Nº 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.  

(...) Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva (subrayado del original)(129).

15.4. Se debe recordar que los anteriores parámetros de indemnización no son obligatorios sino sugestivos(130), habida consideración de que dichos perjuicios tienen una naturaleza inmaterial como consecuencia de la imposibilidad de su tasación económica, toda vez que no resulta factible medir el dolor, la congoja o el sufrimiento en dinero. De esta forma, se ha señalado que en cualquier caso, su valoración debe ser efectuada por el juzgador según su prudente juicio(131) y con observancia de lo dispuesto por el artículo 16(132) de la Ley 446 de 1998, en la medida en que si bien, respecto de aquellos no puede realizarse una restitución del bien vulnerado, sí es posible que se produzca una compensación del daño sufrido(133) y en consecuencia, se pueda hacer efectiva una reparación integral a las víctimas y personas damnificadas.

15.5. De otra parte, se ha entendido que es posible aumentar la indemnización de los perjuicios morales cuando los mismos provienen de dos daños causados a diferentes personas, en el entendido de que el dolor y el sufrimiento es mayor cuando hay varias víctimas en comparación a cuando se trata de la afectación de un solo individuo. De esta manera, es posible que se dé un incremento en los valores con los que se pretende indemnizar, pero bajo el entendido de que dicho aumento en la estimación no puede obedecer a una mera suma matemática, sino exclusivamente al criterio del juez(134).

15.6. Con observancia de lo señalado, la Sala advierte que en el presente asunto resulta equitativo y adecuado indemnizar a los demandantes por encima de los topes jurisprudencialmente sugeridos, toda vez que las muertes de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche se dieron en ejecución de actos atroces, los cuales se infiere que les causó un padecimiento superlativo, máxime cuando se les originó un estado angustia y de zozobra que se prolongó hasta que se descubrieron los cadáveres de sus seres queridos abandonados en la carretera, para lo que no escapa a la Sala que (i) los miembros armados de las autodefensas ingresaron a su hogar a la fuerza; (ii) los señores Vergara Villalba y Vergara Puche fueron puesto en estado de indefensión frente a sus familiares —muchos de los cuales integran la parte activa del litigio—, y (iii) fueron sacados de su hogar bajo el señalamiento de que se trataban de guerrilleros, ante la humillación y la frustración de dichos demandantes al no poder hacer nada para evitarlo.

15.7. Adicionalmente, a la luz de las pretensiones de la demanda, el perjuicio moral a indemnizar para Elena Alba Rosa Puche Meza, Luis Armando Vergara Puche, Turiano Antonio Vergara Puche, Denis María Vergara Puche y Manuel Vicente Vergara Puche, se deriva tanto de la defunción de Manuel María Vergara Villalba como de Israel Remberto Vergara Puche, de tal forma que en su beneficio procede un aumento al resarcimiento que en principio correspondiera por la muerte de una sola persona, en la medida en que tuvieron que padecer el fallecimiento de dos de sus familiares, dolor que como se precisó, se encuentra acreditado a partir de sus relaciones de parentesco debidamente probadas.

15.8. En este punto, cabe señalar que el referido incremento adicional no puede ser reconocido a favor de Rafael Vergara Llanos y de Martha Vergara Llanos, en la medida en que no pidieron ser indemnizados por la muerte de Israel Remberto Vergara Puche, de modo que concederles ese aumento implicaría proferir una sentencia ultrapetita y extrapetita, que contravendría el principio de congruencia contemplado en el artículo 305(135) del Código de Procedimiento Civil.

15.9. En consecuencia, con miramiento en los anteriores lineamientos y por concepto de perjuicios morales, la Sala reconocerá a favor de:

(i) Elena Alba Rosa Puche Meza, quien sufrió por la muerte de su esposo y de su hijo en las condiciones señaladas, la suma equivalente a 200 smmlv.

(ii) Luis Armando Vergara Puche, Turiano Antonio Vergara Puche, Denis María Vergara Puche y Manuel Vicente Vergara Puche, quienes soportaron congoja por la muerte de su padre y su hermano en las circunstancias analizadas, la suma equivalente a 170 smmlv, para cada uno, y

(iii) Rafael Vergara Llanos y de Martha Vergara Llanos, quienes padecieron el dolor por el fallecimiento de su padre en las condiciones referidas, la suma equivalente a 130 smmlv, para cada uno.

16. En cuanto a la indemnización de perjuicios materiales, se pidió únicamente el resarcimiento del lucro cesante que la señora Elena Alba Rosa Puche Meza sufrió con ocasión de la muerte de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche, por cuanto se sostuvo que ambos veían por su sostenimiento económico o, “como directa beneficiaria del trabajo de cada uno para su congrua subsistencia”.

16.1. Conviene aclarar que para efectos de indemnizar el perjuicio en estudio, es necesario que el interesado acredite su causación de conformidad con la carga probatoria que le asigna el ordenamiento jurídico —artículo 177(136) del Código de Procedimiento Civil—. No obstante, cuando no se demuestra la forma en que dicho detrimento se constituye, esta corporación se ha fundamentado en reglas de la experiencia y de la lógica para inferir tanto su existencia como su cuantificación(137).

16.2. Ciertamente, en los casos en los que se demanda la reparación de los perjuicios derivados de la muerte de una persona, cuando el solicitante no prueba que hubiese percibido una suma de dinero o una contribución económica específica de manera periódica proveniente de la persona que falleció, pero es posible deducir que ello ocurría debido al estado de necesidad de aquél y al correlativo deber de prestarle auxilio de éste, vínculo obligacional que es factible dilucidar a partir de ciertas relaciones familiares y para lo que se ha invocado el derecho de alimentos regulado por los artículos 411 y siguientes del Código Civil(138), tal situación se deduce, siempre y cuando la aplicación de esas reglas y lucubraciones no se encuentre inhabilitada por elementos de prueba que obren en su contra.

16.3. Al respecto, si el lucro cesante que pide un demandante consiste en haber dejado de percibir un ingreso económico que usualmente le era otorgado por una persona que murió, y no se allega medio probatorio alguno que acredite que esa circunstancia se presentaba continuamente de tal forma que se pudiera señalar que la misma se hubiese mantenido en el tiempo de estar viva la víctima(139), es necesario que la inferencia de que ello ocurría y que se construye a partir de las reglas de la experiencia y de la lógica no tenga un medio probatorio que la desvirtúe, puesto que de ser así, el menoscabo en análisis sería inexistente y por lo tanto, no podría salir avante su indemnización.

16.4. Con observancia de lo anterior y de la importancia que adquieren los medios probatorios para efectos de poder establecer con certeza el perjuicio en comento, más aún cuando se está frente a la prolongación en el tiempo de una situación que si bien pudo existir cesó con ocasión del fallecimiento de la víctima, lo que hace difícil prever su extensión temporal ante las diferentes vicisitudes que se pueden presentar, se encuentra debidamente acreditado que Manuel María Vergara Villalba trabajaba como agricultor y zapatero, e Israel Remberto Vergara Puche laboraba como agricultor, profesor y en ocasiones, con un grupo de música vallenato, en consideración a que la sobrina, yerna, prima y cuñada de los occisos que no hacen parte del extremo activo de la litis así lo declararon en el marco del proceso penal —ver párrafo 9.2.13.1—.

16.5. Teniendo en cuenta lo anterior, esto es, en consideración a que las declarantes aludidas señalaron que era el señor Manuel María Vergara Villalba quien trabajaba en el hogar, es posible inferir que era él quien mantenía económicamente a su familia, especialmente a su cónyuge, máxime cuando no se allegaron pruebas que desvirtuaran dicha inferencia, de tal forma que se puede deducir que la muerte de aquél le representó a ésta el detrimento en comento.

16.6. En cuanto al fallecimiento del señor Israel Remberto Vergara Puche, conviene señalar que esta corporación ha colegido que cuando los padres demandan el perjuicio en comento a raíz de la defunción de uno de sus hijos, si bien es factible colegir que esa ayuda se prestaba, ello en principio sólo es viable desde el momento en que dicho hijo hubiera adquirido capacidad productiva hasta el cumplimiento de sus 25 años edad, toda vez que se ha estimado que en esa edad las personas usualmente deciden independizarse y formar un hogar aparte del de sus padres, haciéndoseles imposible continuar prestándoles ayuda.

16.7. Sin embargo, se ha estimado que cuando se encuentre fehacientemente demostrado que la víctima ayudaba a sus ascendientes antes de la ocurrencia de su muerte, le es posible al operador judicial considerar que dicha situación se mantendría en el tiempo más allá de la edad mencionada, siempre que se encuentren demostradas circunstancias que permitan inferir que ello realmente habría sucedido de encontrarse aquél con vida, lo que ocurre a modo de ejemplo, cuando está probado el estado de necesidad o invalidez de dichos parientes. En este sentido, se ha señalado:

En el sub lite, no se demostró que la víctima tenía a su cargo el sostenimiento económico de la demandante, quien actúa en calidad de madre del fallecido. Vale destacar que en relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, en jurisprudencia que ahora se reitera, se ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”(140). Además, se ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimientos de éstos, la privación de ésta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, la condición de hijo único(141) (142).

16.8. De otro lado, esta Sala ha entendido que en los eventos que es posible inferir que un hijo difunto habría continuado ayudando a sus padres luego de cumplir la edad de 25 años, pero que a su vez tiene hermanos que también podrían velar por ellos, la prolongación en el tiempo de dicho apoyo económico no se desvirtúa, pero el cálculo y el monto en la que la misma se reconoce a título de indemnización de lucro cesante debe disminuir, puesto que tal como se puede inferir que el occiso iba a colaborar con el hogar paterno incluso después de la referida edad, así también se debe colegir que lo mismo iban a hacer sus hermanos a partir del momento en que adquirieran capacidad productiva(143).

16.9. De esta forma, en la medida en que no se acreditó alguna circunstancia a partir de la cual se pudiera inferir válidamente que Israel Remberto Vergara Puche le iba a ayudar económicamente a Elena Alba Rosa Puche Meza después de cumplir los 25 años edad, pero sí que para el momento de su fallecimiento contaba con 21 años de edad (nació el 7 de septiembre de 1975 según la copia de su registro civil de nacimiento; fls. 22, cdno. 1), es posible acudir a la primera regla jurisprudencia referida, en el sentido de que de los ingresos que percibía le iba a dar a su madre cierto aporte hasta cumplir la señalada edad, circunstancia de la cual se desprende que su muerte también le significó a dicha demandante un perjuicio de lucro cesante.

16.10. Con fundamento en lo anterior, se procede a liquidar los señalados detrimentos de lucro cesante que se le causaron a la actora aludida con ocasión de las muertes de su cónyuge y de su hijo, punto en el que se debe destacar que en la medida en que la reparación de dicho perjuicio sólo se pidió a su favor, la misma no se puede reconocer en beneficio de otros demandantes, en la medida en que ello implicaría un fallo que vulneraría el principio de congruencia(144).

16.11. Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que no existe medio probatorio alguno que acredite la remuneración obtenida por los señores Vergara Villalba y Vergara Puche en sus diferentes labores de agricultura, zapatería y docencia ocasional, actividades que está demostrado que ejercían. De esta manera, se calcularán los perjuicios aludidos con base en el salario mínimo legal vigente para el momento de proferir esta sentencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos. Lo anterior, debido a que la actualización del salario mínimo legal vigente para esa época resulta inferior al valor actual del salario mínimo legal, esto es $ 737 717 m/cte.

16.12. En relación con el detrimento de lucro cesante proveniente de la muerte del señor Manuel María Vergara Villalba, se aumenta un 25% al salario mínimo mensual legal vigente, incremento que corresponde a las prestaciones sociales que operan por disposición de ley, lo cual determina el ingreso total en $ 922 146,25 m/cte.

16.13. De este valor, se resta un 25% correspondiente a lo que dicho occiso habría destinado para sus gastos personales, de lo cual se obtiene el valor de $ 691 610,25 m/cte., cifra que habría destinado al sostenimiento de la totalidad de su familia dependiente o en otras palabras, a su cónyuge e hijos menores de la edad de 25 años, esto es, a Turiano Antonio Vergara Puche, Luis Armando Vergara Puche, Denis Vergara Puche y Manuel Vicente Vergara Puche, últimos dos hijos que si bien tenían 17 y 23 años(145), no se demostró que trabajaran, de modo que a su favor se podría aplicar la presunción jurisprudencial de que la ayuda de los padres a sus hijos no productivos se extiende hasta la edad de los 25 años(146).

16.14. No obstante lo anterior, en consideración a que sólo se pidió dicho resarcimiento a favor de Elena Alba Rosa Puche Meza, se entenderá que esa suma se la otorgaba a ella en su totalidad, puesto que se puede colegir que mientras estuvo con vida ella administraba ese dinero para los gastos familiares, y que a partir de su muerte quedó encargada del mantenimiento de los hijos que todavía no subsistían por sí mismos, lo que justificaría el hecho de que en la demanda no se hubiese elevado pretensión alguna del perjuicio en comento a favor de ellos.

16.15. Por su parte, se debe tener en cuenta que el señor Manuel María Vergara Villalba nació el 20 de julio de 1932, motivo por el cual para la fecha de ocurrencia de su muerte tenía 64 años de edad, conforme a lo expuesto en la copia auténtica de su registro civil de matrimonio (fls. 17, cdno. 1). De igual forma, se tiene que según la prueba referida, la señora Elena Alba Rosa Puche Meza nació el 2 de marzo 1951, y por ende, se puede concluir que para el momento de ocurrencia del hecho dañoso -muerte de su cónyuge, el 4 de diciembre de 1996- tenía 45 años de edad.

16.16. Con base en la anterior información, la liquidación del presente perjuicio material a favor de Elena Alba Rosa Puche Meza se realizará utilizando la menor expectativa de vida, que en este caso corresponde a la de él con base en la tabla de mortalidad adoptada en la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria -ahora Superintendencia Financiera-, comoquiera que para una mujer de 47 años la expectativa de vida era de 33,69 años adicionales, mientras que para un hombre de 64 años, su expectativa de vida era de 16,62 años adicionales.

16.17. De esta manera, se observa que la indemnización del detrimento en comento a derivado de la muerte del señor Manuel María Vergara Villalba, se liquidará únicamente en un período consolidado, puesto que para el momento de proferirse esta sentencia ya se habría superado la expectativa de vida del difunto, lucro cesante consolidado que va desde el momento de la muerte del señor Vergara Villalba hasta la culminación de dicha expectativa, período en el cual transcurrieron 199,44 meses. De esta forma, se tiene que

S = Ra (1+ i)n - 1

I

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual.

i = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 199,44 meses.

S = $ 691.610,25 x (1+0,004867)199,44 -1

0,004867

S = $ 232.125.883

16.18. La indemnización consolidada del lucro cesante a favor de Elena Alba Rosa Puche Meza, por el fallecimiento del señor Manuel María Vergara Villalba, es de $ 232.125-883 m/cte.

16.19. Ahora bien, en relación con el perjuicio de lucro cesante que se le habría derivado a la demandante en comento por la muerte de su hijo Israel Remberto Vergara Puche, conviene recordar que (i) no se demostró que dicho lucro se hubiese extendido indefinidamente en el tiempo, de manera que sólo se le concederá hasta que dicho fallecido hubiera cumplido los 25 años de edad, y (ii) para calcular el monto a indemnizar se tomara la cifra de $ 922.146,25 m/cte., el cual corresponde al salario mínimo junto con las prestaciones sociales que operan por ley, en consideración a que no se sabe cuánto ganaba el occiso en comento por sus trabajos.

16.20. Ahora bien, dado que no se probó el porcentaje de los ingresos en los que el señor Vergara Puche habría distribuido y destinado a favor de su madre, la Sala debe establecer dicho porcentaje en equidad y de conformidad con las reglas de la experiencia, para lo que se debe tener en cuenta que:

(i) la jurisprudencia de esta corporación no ha fijado un criterio unívoco en los casos de ayuda monetaria de un hijo a sus padres, puesto que en ocasiones se reconoce que esa colaboración versaría sobre un 75% de los ingresos del difunto, mientras que en otras se entiende que sería sobre un 50%(147), y

(ii) en el caso concreto, los padres del difunto no dependían totalmente de él, puesto que se encuentra debidamente acreditado que el señor Vergara Villalba trabajaba, y

(iii) si bien el referido occiso tenía cuatro hermanos, no se puede perder de vista que todos eran menores de 25 años y no se acreditó que trabajaran, por lo que en el evento en que hubiesen pedido el resarcimiento del lucro cesante debido a la muerte de su padre, el mismo se les podría haber otorgado con ocasión de que jurisprudencialmente se ha considerado que es factible presumir que los padres ayudan a sus hijos hasta la edad referida.

16.21. Con fundamento en las anteriores razones, la Sala estima adecuado señalar que el señor Israel Remberto Vergara Puche habría destinado para sí un 50% del monto total de sus ingresos, en consideración a que de una parte, él no era el único que trabajara en el hogar, pero de otro lado, su carga no se puede repartir entre sus hermanos debido a la edad de éstos y a que no se demostró que percibieran ingresos económicos, de tal forma que la base de liquidación correspondería a la mitad de la suma señalada, es decir, a $ 461 073 125.

16.22. Por consiguiente, la indemnización del detrimento material en la modalidad de lucro cesante a favor de Elena Alba Rosa Puche Meza derivado de la muerte de su hijo, se liquidará únicamente en un período consolidado, puesto que para el momento de proferirse esta sentencia el occiso aludido ya habría cumplido los 25 años de edad —en la cual se reitera que se puede colegir que habría entrado a formar su hogar propio y en consecuencia, a verse imposibilitado para continuar su ayuda a sus padres—, lucro cesante consolidado que va desde el momento de la muerte del señor Vergara Puche hasta que hubiese adquirido la edad en cuestión, esto es, el equivalente a 45,1 meses. De esta forma, se tiene que

S = Ra (1+ i)n - 1

I

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual.

i = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 45,1 meses.

S = $ 461.073 125 x (1+0,004867)45,1 -1

0,004867

S = $ 23.190.360,40

16.23. Por lo tanto, la indemnización consolidada del lucro cesante a favor de Elena Alba Rosa Puche Meza, con ocasión de la muerte de su hijo Israel Remberto Vergara Puche, es de $ 23.190.360 40 m/cte.

17. Ahora bien, según se planteó en el problema jurídico que sirvió de introducción al análisis de la Sala, es necesario determinar la posibilidad de decretar unas medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición, habida cuenta de que las muertes objeto de la contienda se dieron en el marco de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las cuales si bien fueron materializadas por las autodefensas conocidas en ese entonces como ACCU, fueron apadrinadas y toleradas por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional.

17.1. Al respecto, conviene aclarar que si bien las referidas medidas no fueron solicitadas en el libelo introductorio ni fueron mencionadas en el recurso de apelación, se procede a reiterar los planteamientos unificados de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según los cuales, procede de oficio decretar todas las medidas que sean necesarias en aras de lograr la rehabilitación de las víctimas, en los casos en los que se debaten graves afectaciones a las garantías esenciales de las personas, sin que el logro de ese objetivo pueda verse perjudicado por principios de corte procesal como la congruencia y las limitaciones de la competencia del juzgador de segunda instancia a la luz del recurso de apelación interpuesto —ver párrafo 7.2—.

17.2. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, debe atender a los principios de reparación integral y de equidad. Esto significa que, en los procesos en los que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, el juez de lo contencioso administrativo deberá verificar con qué potestades y facultades cuenta para lograr el resarcimiento pleno del perjuicio y el restablecimiento de los derechos conculcados.

17.3. Por regla general y como se mencionó, estas facultades se encuentran limitadas por los principios de congruencia y de jurisdicción rogada, de manera que para que proceda el reconocimiento de medidas tanto de carácter compensatorio -como son la indemnización de los perjuicios morales y materiales causados- como de carácter restitutorio, es necesario que exista una petición expresa de la parte demandante en tal sentido.

17.4. No obstante, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado(148), existen casos en los que el juez puede ordenar medidas que atiendan a la reparación integral del daño, aunque ello conlleve restricciones a los mencionados principios procesales.

17.5. Esto ocurre cuando se juzga la responsabilidad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos o por vulneración del derechos internacional humanitario, en la medida en que la obligación de reparar integralmente el daño surge principalmente de distintos tratados y convenios de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno(149), y de otros instrumentos de derecho internacional(150) que aunque no tienen carácter estrictamente vinculante —razón por la cual se los denomina “derecho blando” o “soft law”—, gozan de relevancia jurídica y práctica en tanto exhiben “una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general”(151) y sirven como “criterio auxiliar de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos”(152).

17.6. Así las cosas, se ha considerado que es posible establecer restricciones a los principios de congruencia, jurisdicción rogada con el fin, bien sea de dar cumplimiento a los mandatos contenidos en normas internacionales de derechos humanos con prevalencia en el orden interno, o de proteger otros derechos, valores y principios constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia.

17.7. De manera que en el sub lite, donde las medidas aducidas no fueron solicitadas así como tampoco fueron decretadas en la sentencia de primera instancia, y los apelantes no las incluyeron en su recurso de apelación, los principios procesales deben ceder ante la necesidad de ordenar unas medidas no indemnizatorias que tengan por finalidad lograr una verdadera rehabilitación de las víctimas, máxime si se tienen en cuenta las condiciones de conflicto en medio de las cuales se produjeron los hechos materia de debate, y las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se cometieron en las ejecuciones extrajudiciales de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche. Al respecto, esta corporación ha señalado:

En procesos en los que el daño proviene de graves violaciones a derechos humanos o la vulneración grave o significativa de derechos fundamentales, es posible decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa conforme al principio de restitutio in integrum y de reparación integral. 

Así las cosas, en este tipo de procesos, siempre que se constate la violación a un derecho humano, sea fundamental o no, a causa de una grave lesión, será procedente adoptar todo tipo de medidas de justicia restaurativa para proteger no sólo la dimensión subjetiva sino objetiva del derecho afectado. 

En los procesos en los que el daño no provenga de graves lesiones a derechos humanos, es posible que el hecho dañoso lesione o afecte un derecho fundamental –tanto en su órbita subjetiva como objetiva-, razón por la que se podrán adoptar las medidas resarcitorias solicitadas con la demanda o las que de oficio o a petición de parte considere el juez, pero encaminadas a salvaguardar el núcleo esencial del derecho, bien sea en su órbita subjetiva u objetiva.  

(...)

En consecuencia, se insiste, nada impide que en la demanda se soliciten medidas de justicia restaurativas dirigidas a reparar integralmente el daño, pero ello deberá estar expresamente consignado en el respectivo libelo introductorio, salvo que el daño se derive de graves violaciones a derechos humanos o derechos fundamentales, en cuyo caso el juez administrativo debe velar porque la reparación del daño sea integral dada la magnitud de los hechos (resaltado en el original)(153). 

17.8. En ese entendido, es preciso señalar que la noción de la reparación integral envuelve un conjunto de medidas que, abarcando distintos ámbitos de la existencia, procuran restablecer, de la manera más próxima, la situación al estado anterior a la actuación lesiva, o mejorarla transformándola.

17.9. La Resolución n.º 60/147 del 21 de marzo de 2006, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas(154), concerniente a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”(155), como instrumento internacional, acogido por la jurisprudencia nacional(156) e internacional(157), contiene y explica los principios y directrices básicos en materia de reparación integral de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

17.10. En esa medida, siguiendo esta directriz internacional, todo abuso o desbordamiento arbitrario del poder público que vulnere los derechos de los asociados y se materialice en daños antijurídicos genera un deber para el Estado de (i) restituir(158); (ii) indemnizar(159); (iii) rehabilitar(160); (iv) satisfacer(161) y (v) adoptar garantías de no repetición(162).

17.11. De esta manera, la Sala estima que las medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición que se adopten frente a casos como el presente, deben ir más allá de buscar una reivindicación volcada hacia la pretérita época en la que ocurrieron las lesiones a los derechos de las víctimas, y deben propender, además, por una modificación de las condiciones estructurales que dieron lugar a la victimización, de tal forma que se trate de una reparación verdaderamente transformadora que tienda a impedir el surgimiento de hechos similares en el futuro.

17.12. Al respecto, se debe tener en cuenta que mediante la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por “la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, el legislador nacional se ocupó de la reparación integral en los términos señalados, e hizo énfasis en la necesidad de realizar actos destinados a la materialización de una reparación simbólica(163), así como en la construcción de una memoria histórica mediante la cual se pueda lograr el progreso continuo de la sociedad colombiana.

17.13. De este modo, a nivel nacional se ha buscado garantizar una reparación integral a las víctimas del conflicto, reparación que se reitera, se consideró que debía ser transformadora, adjetivo con el cual se pretendió superar la vocación estrictamente restitutiva de la reparación, es decir, de poner al lesionado en una situación lo más similar posible al estado en el que se encontraba antes del acaecimiento del daño, para en su lugar “impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin de superar situaciones de exclusión y desigualdad que, como en el caso colombiano, pudieron alimentar la crisis humanitaria y la victimización desproporcionada de los sectores más vulnerables y que en todo caso resultan contrarias a principios básicos de justicia(164).

17.14. Lo anterior a su vez encuentra fundamento en fuentes jurídicas de rango internacional, como lo han sido varios casos decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, en la sentencia del caso de Mapiripán indicó que no “siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero que el tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos”(165).

17.15. Así mismo, en el caso del campo algodonero sostuvo que “(...) teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo (...)”(166).

17.16. En ese orden de ideas, las instituciones del Estado deben comprometerse para recuperar esa confianza perdida, en brindar espacios que habiliten la aplicación de medidas encaminadas a crear formas de reparación individuales, simbólicas y colectivas que sean integrales y que puedan así mismo ser efectivas como garantía de no repetición de los hechos, tal como la Corte Constitucional en Sentencia C-370 de 2006 señaló:

En el plano individual, las víctimas, ya sean víctimas directas, parientes o personas a cargo, deben beneficiarse de un recurso eficaz. (...) Este derecho comprende los tres tipos de medidas siguientes: 

a) Medidas de restitución (tendentes a que la víctima pueda volver a la situación anterior a la violación); b) Medidas de indemnización (perjuicio síquico y moral, así como pérdida de una oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia jurídica); y c) Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención psicológica y psiquiátrica). 

En el plano colectivo, los lineamientos del “Conjunto de Principios” mencionan que “las medidas de sentido carácter simbólico, a título de reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor el deber de la memoria y evitar la continuación o repetición de los hechos(167). 

1.7.17. La Sala lo ha entendido de la siguiente manera cuando se trata de la reparación por la violación de los DDHH:

En esa perspectiva, la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona, reconocidas nacional e internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que propenden por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos, máxime si se tiene en cuenta que tales vulneraciones, tienen origen en delitos o crímenes que son tipificados como de lesa humanidad(168) (169).

17.18. Ahora bien, a propósito de la realización de obras de arte como mecanismo sensibilizador y transformador que propende por una reparación integral de las víctimas, la autora Yolanda Sierra ha señalado:

La obra de arte, en su dimensión transformadora, además de contener los elementos propios del efecto sensibilizador, permite la modificación de las condiciones de vulnerabilidad que facilitan la violación a los derechos humanos. No basta, entonces, con incorporar el tema, es preciso que el artista se sumerja en las condiciones sociales de las víctimas, de los desprotegidos, y contribuya decididamente a conformar grupos de resistencia y lucha política donde el arte es un medio para lograr ese propósito. El efecto transformador supone un artista comprometido con las reivindicaciones sociales, crítico de los sistemas de poder, dispuesto a romper hegemonías, y de otra parte, requiere de un receptor creativo, partícipe, coadyuvante de las mismas luchas. 

Desde este punto de vista las características técnicas de la obra serán determinantes para lograr una mayor o menor inclusión de las víctimas, seguidores y activistas en el ideal de transformación. El papel esencial del arte en este punto es contribuir decididamente a modificar las estructuras y superestructuras de una sociedad asimétrica y poner el arte al servicio de esta causa (...).

No se quiere decir con esto que la obra de arte tiene por sí sola un efecto casi mágico, en virtud del cual los espectadores, de manera más o menos ilusoria y fantástica, superarían los efectos de la banalización; lo que se quiere significar es que al existir obras con contenido de derechos humanos existe un mecanismo de apoyo que coadyuva a un proceso de transformación y emancipación, lo que estaría más cercano al uso político del arte, más propio de las víctimas, que anotaremos enseguida. 

Terminemos por decir que desde el punto de vista de la reparación integral, entendida como lo anotamos en la Introducción de este texto, las obras de arte, realizadas libremente por artistas, tienen efectos sensibilizadores o transformadores, y solo podrán ser consideradas como parte de una reparación integral si cumplen por lo menos con cuatro supuestos: 

1. Que la obra de arte haya sido precedida por un proceso estatal, sea judicial o administrativo, donde se hayan determinado los responsables del daño o el perjuicio a la víctima. 

2. Que haya sido ordenada por un juez o por una autoridad competente como un mecanismo expreso de reparación integral o de reparación simbólica. 

3. Que la concepción y ejecución de la obra haya sido el resultado de un proceso creativo conjunto entre el artista y las víctimas, y no solamente del artista. 

4. Que la financiación y responsabilidad de la ejecución de la obra esté a cargo del responsable del daño o el perjuicio. 

5. Que la obra haya tenido en cuenta el contexto sociocultural de la víctima(170).

17.19. En este género de medidas de reparación integral, en clave de transformación de las condiciones estructurales que dieron lugar a la victimización, además de las políticas generales que puedan implementarse en el marco de la relación vertical que existe entre el Estado y las víctimas a propósito de la legislación vigente sobre la reparación de aquellas, también debe tenerse como insumo el componente simbólico que pueda ser aportado por los sujetos pasivos de las acciones vulneradoras, elemento este que puede ser aprehendido por el obligado a llevar a cabo la reparación si y solo sí a los afectados se los empodera para liderar los procesos de redefinición de imaginarios que se lleven a cabo en el marco de la rehabilitación. Tal como se expone en el artículo que sobre el tema fue elaborado por los autores Rodrigo Uprimny Yepes y Diana Esther Guzmán Rodríguez:

Por consiguiente, aunque las políticas de reparación deben tener un contenido material significativo para enfrentar los efectos materiales de la violencia, también deben poseer una inevitable dimensión simbólica, ya que los daños ocasionados suelen ser irreparables. La reparación debe estar ligada obligatoriamente a procesos de recuperación de la verdad y la memoria, pues se trata de hacer visibles y reconocer unas violaciones a los derechos humanos que solían estar ocultas en el pasado. Esa dimensión simbólica es una forma de reconocimiento del sufrimiento específico ocasionado a las víctimas, reconocimiento que debería rehabilitarlas en su condición de ciudadanos activos, de la cual fueron excluidas por los procesos de victimización. Igualmente, la dimensión simbólica de la reparación hace visibles las violaciones de derechos humanos que han permanecido invisibles. De esa manera, la reparación marca un proceso de reconciliación del Estado con sus ciudadanos que reintegra a las víctimas y a sus familiares a la comunidad política (...).

Las consideraciones previas explican una cierta dimensión temporal diversa entre los programas de reparación y la política social; la reparación, cuando asume esencialmente la visión restitutiva, tiene una mirada hacia el pasado, pues debe evaluar el daño y su propósito esencial es restaurar a la víctima a la situación previa a la victimización. Por su parte, la política social mira el presente y el futuro pues busca asegurar en forma inmediata o, al menos, muy rápida el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales, pero igualmente aspira a la satisfacción progresiva del contenido total de esos derechos. 

(...) Es esencial enfatizar las diferencias entre las reparaciones y la política social, si queremos preservar el derecho específico de las víctimas a ser reparadas; sin embargo, es igualmente importante establecer vínculos entre los esfuerzos de reparación y la política social, sin disolver sus diferencias, si queremos enfrentar las paradojas de la reparación de violaciones masivas de derechos humanos que explicamos anteriormente. Por ello, hemos desarrollado el concepto de “reparaciones transformadoras”, o reparaciones dirigidas a promover la transformación democrática, como un esfuerzo por articular la justicia correctiva y la justicia distributiva en el diseño e implementación de los programas de reparación(171).

17.20. Ahora bien, de manera previa a definir las medidas de justicia restaurativa que se consideren pertinentes en el sub judice, en el cual es evidente que se presentó una vulneración de los derechos tanto individuales como colectivos de las víctimas y de la población en general, lo que requiere que se adopten mecanismos de reparación que como se señaló, traspasen las fronteras de lo individual de los afectados e incluyan a sus comunidades, conviene traer a colación las medidas que fueron ordenadas en la sentencia que sobre los mismos hechos ya tuvo la oportunidad de proferir esta corporación, para efectos de redundar en ellas o complementarlas si hace falta, y omitir incurrir en una repetición innecesaria de órdenes.

17.21. Por lo tanto, la Sala observa que esa oportunidad(172), (i) se ordenó al Centro de Memoria Histórica guardar el fallo que se profirió y que realizara una investigación de las circunstancias del sub judice, con miras a reivindicar la memoria colectiva y así, el buen nombre de las víctimas de la masacre; (ii) se ofició a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad de Restitución de Tierras, para efectos de que obraran de conformidad con sus competencias de cara a las víctimas de las referidas ejecuciones extrajudiciales y demás habitantes del lugar; (iii) se ordenó a la Armada Nacional y a la Policía Nacional que realizaran una ceremonia conmemorativa en la cual ofrecieran disculpas públicas a las víctimas; (iv) se impuso la edificación de una placa conmemorativa en la plaza central del corregimiento de Pichilín, en la que se inscribieran los nombres de las víctimas específicas de ese asunto jurisdiccional -5 ejecutados extrajudicialmente-, y sus fechas de nacimiento, y (v) se señaló que la Armada Nacional y la Policía Nacional debían ofrecer ayuda psicológica a los demandantes de ese proceso, teniendo en cuenta sus condiciones en términos de género y edad.

17.22. Con observancia de todo lo expuesto, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos objeto de la litis y con miras a coadyuvar las medidas de restitución de la memoria histórica, de reconocimiento de las víctimas y recuperación de su buen nombre, de exteriorización del dolor, de sanación del mismo, y de modificación de situaciones estructurales de abandonó, así como por propender porque las víctimas y la población en general resignifiquen sus vivencias y experiencias del conflicto y de la masacre de Pichilín en concreto, la Sala ordenará las siguientes medidas en las cuales se deberá observar en todo momento el cumplimiento del principio de voluntariedad de los afectados(173):

(i) se exhortará a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad de Restitución de Tierras, para que si no lo han hecho, den cumplimiento a las medidas fijadas en la sentencia del 9 de julio de 2014, identificada con el número 70001-23-31-000-1998-00808-01(44333), C.P. Enrique Gil Botero, en los términos que allí fueron establecidas, las cuales deberán hacer extensivas en su integridad a los demandantes del presente asunto, como por ejemplo, en cuanto a la atención psicológica que se ordenó a cargo de la Armada Nacional y de la Policía Nacional;

(ii) se extenderá el requerimiento dado al Centro de Memoria Histórica, en el sentido de guardar el presente fallo en los términos del artículo 144 de la Ley 1448 de 2011, y con la finalidad de difundir la realidad de lo ocurrido de acuerdo al artículo 139 ibidem, se le pedirá que realice un documental de 30 minutos de duración cuya realización, contenido, alcance y ejecución de los recursos estará a su cargo, y la financiación del proyecto corresponderá a las entidades demandadas. En esta producción se hará una narración del contexto del conflicto relativo a la zona, y con participación de los afectados, sí así lo desean, de la biografía de las personas que fueron víctimas de la masacre de Pichilín, la cual debe propender por dignificarlas como seres humanos y como personas protegidas a las que arbitrariamente les fue impuesta una lucha ajena. Igualmente, se dejará constancia de las circunstancias y vicisitudes que sus familiares y los demás miembros de la comunidad tuvieron que enfrentar a raíz de sus ejecuciones extrajudiciales y el extremo grado de violencia y de desprotección a las que se encontraban sometidos, documental en el que podrán expresar con toda libertad sus sentimientos y pensamientos en cuanto a lo sucedido. Para ello, se insiste que se deberá contar con su aceptación. En cuanto a la difusión del documental, se advierte que el mismo será transmitido en colegios, universidades públicas y privadas, cineclubes, canales regionales y demás medios de comunicación que deseen contribuir con la memoria de las víctimas y la rectificación de su dignidad, para lo cual se debe exhortar al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas -SNARIV-, en especial al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura, de modo que una vez realizado el documental, obren conforme a sus funciones para darlo a conocer y promover su difusión;

(iii) las entidades demandadas deberán ampliar la placa conmemorativa ubicada en la plaza del corregimiento de Pichilín, para incluir los nombres y las fechas de nacimiento de todas las personas que fallecieron en los hechos objeto de la litis, esto es, de los señores Germán Eulises Ramos Mercado, Jorge Luis Torres Cuello, Luis Eduardo Salgado Rivera, Emiro Rafael Tovar Rivera, Eberto Segundo Tovar Zequea, Manuel de Jesús Pérez Gómez, Jesús Alberto Pérez Rodríguez, Ovidio Castillo, Federmán Rivera Salgado, José Daniel Rivera Cárdenas, Manuel María Vergara Villalba e Israel Vergara Puche —ver párrafo 9.2.19—, así como un relato de mínimo 500 palabras y máximo 2000 palabras, en las que se cuente lo sucedido en la masacre de Pichilín y se mencione la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional en su ejecución. La anterior ampliación a su vez implicará un cambio de diseño y la adición de una nueva estructura como expresión artística -como por ejemplo una escultura-, en la cual podrán participar las comunidades de Pichilín y de Colosó, y cuyos costos y mantenimiento, cuando lo requieran dichas comunidades, deberán ser asumidos completamente por los órganos demandados durante el término de 20 años a partir del 4 de diciembre del 2018, obra cuya realización será supervisada por las entidades correspondientes que integran el SNARIV;

(iv) al momento de inaugurar la modificación de la placa y la obra artística en comento, se realizará una ceremonia cuyos costos logísticos también serán asumidos por las entidades demandadas y cuya realización será coordinada por las alcaldías de Morroa y Colosó, a la cual se deberá invitar a sus poblaciones y en la que deberán participar los grupos musicales de las escuelas públicas de la zona, a cuyos estudiantes se les explicará con anticipación los hechos que dieron fundamento a esta medida de no repetición, con la finalidad de recordar lo sucedido y buscar enseñarles que situaciones como las acaecidas no pueden repetirse - para lo cual se podrá hacer uso de la información contenida en el presente fallo-. En esta ceremonia, los representantes de los municipios narrarán brevemente lo acaecido en la masacre de Pichilín, y se dará oportunidad a las comunidades para que realicen de manera previamente organizada, las manifestaciones que deseen para conmemorar las víctimas del conflicto y reconstruir su buen nombre. Por su parte, a dicha ceremonia deberán acudir, si así lo desean los familiares de las víctimas y la población en general, representantes de las entidades demandadas, quienes en esta ocasión deberán explicar las políticas que hubiesen adelantado en los últimos años para el adecuado cumplimiento de sus funciones en la región y para evitar que situaciones como las acaecidas en la masacre de Pichilín vuelvan a tener lugar.

(iv) con la finalidad de resignificar la vía en que fueron dejados los cadáveres de las víctimas y redefinir su connotación simbólica, se estima como una medida adecuada de reparación integral, satisfacción, rehabilitación y no repetición, ordenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, que realicen la siembra de un jardín en el lugar en el que se efectuó el retén y en el que a la postre se dio muerte a algunas de las víctimas, esto es, a la altura de una finca que en esa época era conocida como La Llave, en la vía que conduce a Colosó, Sucre, jardín que (a) deberá ser poblado con especies vegetales nativas de la zona, labor esta que deberá ser coordinada con las alcaldías de los municipios aludidos y las entidades que haga parte del SNARIV que puedan prestar su colaboración al respecto; (b) en ese lugar, las entidades condenadas igualmente edificarán un muro de 5 metros de alto por 10 metros de ancho para la realización de un mural artístico, en cuya realización, si así lo desean, participarán las comunidades y los familiares de los occisos, en el cual se incluirá la figura o representación que consideren que simboliza la memoria de las personas asesinadas por parte de las ACCU tanto en el corregimiento de Pichilín como en la vía, obra que podrá incluir una breve reseña de sus nombres, sus sueños o proyectos y los recuerdos que evoquen, realización del mural que las entidades aludidas deberán costear, y (c) el mantenimiento del jardín y del mural también deberá ser costeado por las entidades integrantes de la parte pasiva de la litis, durante el plazo de 20 años a partir del 4 de diciembre de 2018. Del mismo modo, las anteriores obras deberán estar adecuadamente cercadas con una barrera ornamental que impida su deterioro y eventuales actos de vandalismo los cuales, en caso de ocurrir, deberán ser periódicamente reparados y enmendados por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, entidades que deberán ejercer una vigilancia constante durante el período referido;

(vi) la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, deberá realizar campañas de información en las poblaciones de Colosó y de Morroa, mediante las cuales difundan un conocimiento apropiado sobre los derechos que le asiste a la población civil frente a los riesgos remanentes del conflicto, los canales de atención a sus requerimientos, y la forma de denunciar las quejas que tenga al respecto, y

(vii) se les ordenará a las entidades condenadas publicar la presente sentencia en la página web de la entidad, en su segmento relacionado con el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, e incluirla en sus cursos de derechos humanos y de derechos internacional humanitario, para prevenir que hechos como los narrados puedan repetirse.

17.23. De otro lado, se ordenará remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, a la cual le corresponderá hacer el seguimiento de lo ordenado y verificar la efectividad de las medidas tomadas por las entidades demandadas y los organismos competentes para tal efecto.

17.24. Finalmente, se recuerda que se remitirá copias de la presente decisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Justicia Especial para la Paz, con la finalidad de que actúen conforme a sus competencias a la luz de los hechos materia de esta litis —ver párrafos 13.67 y 13.68—.

VII. Costas.

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

19. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 3 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de los fallecimientos de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche, en los hechos conocidos como la masacre de Pichilín.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional a indemnizar a los accionantes, de la siguiente manera:

A favor de Elena Alba Rosa Puche Meza, el equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Luis Armando Vergara Puche, Turiano Antonio Vergara Puche, Denis María Vergara Puche y Manuel Vicente Vergara Puche, el equivalente a 170 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Rafael Vergara Llanos y de Martha Vergara Llanos, el equivalente a 130 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.

A favor de la señora Elena Alba Rosa Puche Meza, la suma de doscientos cincuenta y cinco millones trescientos dieciséis mil doscientos cuarenta y tres pesos, con cuarenta centavos ($ 255 316 243,40 m/cte.), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante derivados de las muertes de los señores Manuel María Vergara Villalba e Israel Remberto Vergara Puche.

TERCERO: DENEGAR las restantes suplicas de la demanda.

CUARTO: Como medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición, ORDENAR las siguientes actuaciones con miramiento a los parámetros fijados en la parte motiva de la presente providencia, en especial, con respeto de los deseos de los familiares de las víctimas y con observancia del principio de voluntariedad, cuando ello sea procedente:

(i) Exhortar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad de Restitución de Tierras, para que si no lo han hecho, den cumplimiento a las medias fijadas en la sentencia del 9 de julio de 2014, identificada con el número 70001-23-31-000-1998-00808-01(44333), C.P. Enrique Gil Botero, en los términos que allí fueron establecidas, las cuales deberán hacer extensivas en su integridad a los demandantes del presente asunto.

(ii) Requerir al al Centro de Memoria Histórica para que guarde el presente fallo y realice un documental en el que difunda la realidad de lo ocurrido en la masacre de Pichilín, cuya financiación estará a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, de acuerdo a los parámetros aducidos en esta providencia.

(iii) Imponer a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional el costo de la readecuación de la placa conmemorativa ubicada en el corregimiento de Pichilín, así como la construcción de una nueva obra artística que la acompañe, cuyos diseños serán adoptados por las comunidades de Pichilín y Colosó con supervisión de las entidades correspondientes del SNARIV, y su mantenimiento será asumido por los entes condenados durante el término fijado en este fallo según las precisiones efectuadas en su parte motiva.

(iv) Ordenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, pagar los costos logísticos de la ceremonia de inauguración de la placa y obra reseñadas, la cual coordinarán las alcaldías de Morroa y Colosó junto con sus comunidades, de conformidad con los lineamientos sentados en esta sentencia.

(v) Imponer a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Policía Nacional, la siembra de un jardín y la realización de un mural, en el lugar en el que se efectuó el retén y en el que a la postre se dio muerte a algunas de las víctimas, esto es, a la altura de una finca que en esa época era conocida como La Llave, en la vía que conduce a Colosó, Sucre, según las precisiones establecidas en este fallo.

(vi) La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, deberá realizar campañas de información en las poblaciones de Colosó y de Morroa, mediante las cuales difundan un conocimiento apropiado sobre los derechos que le asiste a la población civil frente a los riesgos remanentes del conflicto, los canales de atención a sus requerimientos, y la forma de denunciar las quejas que tenga al respecto.

(vii) se ordena a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía publicar la presente sentencia en la página web de la entidad, en su segmento relacionado con el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, e incluirla en sus cursos de derechos humanos y de derechos internacional humanitario, para prevenir que hechos como los narrados puedan volver a repetirse.

QUINTO: REMITIR copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, a la cual le corresponderá hacer el seguimiento de lo ordenado y verificar la efectividad de las medidas tomadas por las integrantes de la parte demandada y los organismos competentes para tal efecto.

SEXTO: EXHORTAR (i) a la Fiscalía General de la Nación, y (ii) a la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Justicia Especial para la Paz, con el objeto de ponerles de presente los hechos materia de este juicio, de modo que obren conforme a sus competencias, de una parte, en el marco de justicia y paz, teniendo en cuenta que se dejaron sin efectos las sentencias que absolvieron a Salvatore Mancuso Gómez de los delitos por los que se le investigó relacionados con la masacre de Pichilín y Colosó, y de otro lado, para que actúen de cara a la próxima entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y en consecuencia, individualicen las investigaciones que se hubiesen adelantado al respecto, recopilen su información, y verifiquen la posibilidad de someter su conocimiento a dichos órganos en el momento oportuno para ello. Para el efecto, por secretaría REMITIR a dichas autoridades copias del presente fallo.

SÉPTIMO: Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

OCTAVO: CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

NOVENO: EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

DÉCIMO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala de Subsección—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo».

2 La sumatoria de las pretensiones estimadas en la demanda supera los $ 379.756.000, cifra que fija la cuantía del proceso de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1º y 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil vigentes para el momento de interposición del recurso de apelación, esto es, para el 3 de diciembre de 2010 —último numeral del artículo que fue modificado por la Ley 1395 de 2010—. Con observancia de la fecha de la apelación, se aplica en este punto el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea de doble instancia ante esta corporación, su cuantía debe superar los 500 smmlv considerados para la época de presentación de la demanda —1998—, los cuales, en el caso concreto equivalían al monto de $ 101.913.000, umbral que como se observa, es sobrepasado.

3 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

4 “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.// En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez

5 [2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

6 [3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, Exp. 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 Acta Nº 2 de la sesión del 26 de enero de 2017.

9 Una síntesis de la evolución y estado actual de esta jurisprudencia puede verse en la sentencia del 11 de septiembre de 2013, Sala Plena de la Sección Tercera, Consejo de Estado, Exp. 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

10 Ibidem.

11 Ejusdem.

12 Sobre la posibilidad de valorar las pruebas trasladadas de los procesos penales o disciplinarios en los que la Nación, entendida como persona jurídica, participa en su práctica y valoración, puede consultarse también la sentencia del 9 de febrero de 2011, Exp. 16.934, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

13 [2] M.P. Antonio Barrera Carbonell.

14 Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 8 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-25-000-1996-00286-01(21521), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

15 “Ciertamente, una de las manifestaciones del falso juicio de convicción consiste en apreciar un medio de convicción al cual la ley no le ha conferido eficacia probatoria alguna, como en este caso a los testimonios bajo reserva de identidad, cuya consagración fue retirada del ordenamiento jurídico en virtud de su contrariedad con la Carta Política por la Sentencia C-392 de 2000 (abril 6). (...) Ahora, en segundo lugar, surge evidente que con posterioridad al pronunciamiento de inexequibilidad del artículo 17 de la Ley 504 de 1999, mediante Sentencia C-392 del 6 de abril de 2000, los testimonios bajo reserva de identidad, así hayan sido obtenidos con anterioridad y conforme a las disposiciones que los consagraban, no pueden ser objeto de evaluación probatoria por parte de los funcionarios judiciales en cuanto resultan violatorios de los principio de publicidad del proceso, de la imparcialidad del juez y de la contradicción de la prueba”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de febrero de 2004, Exp. 21587, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

16 “(i) al otorgarle mérito probatorio a la indagatoria, deberá acreditarse la necesidad de su incorporación para el análisis integral del caso; (ii) la indagatoria no puede constituirse en la única prueba que defina la responsabilidad administrativa del Estado; (iii) se requiere del concurso de otros medios de convicción que apunten en un mismo sentido es decir, no deben haber contradicciones ostensibles entre lo vertido en la indagatoria y otros medios de prueba que favorecen al demandante en sede administrativa; (iv) deberá realizarse un examen integral del proceso lo cual incluye todas las pruebas válidamente incorporadas al proceso; (v) finalmente, podrá admitirse la indagatoria como medio de prueba en el juicio de responsabilidad estatal, cuando de ella: a) el procesado haya obtenido beneficios por colaboración con la justicia; o, b) que como consecuencia de los hechos afirmados en la indagatoria, se produzca posteriormente sanción penal o administrativa; por último, c) la indagatoria valorada no puede haber sido desestimada por razón de presión, confesión forzada del investigado, o cualquier otro medio atentatorio de los derechos fundamentales”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Exp. 66001-23-31-000-2008-00074-01(36170), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de septiembre de 2015, Exp. 47001-23-31-000-2008-00254-01(37939), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

18 “Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.

19 “La confesión requiere://1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.//2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.//3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.//4. Que sea expresa, consciente y libre.//5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento.//6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada”.

20 Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Quinta Edición, págs. 187, 212, 213, 219.

21 “Los artículo 213 a 232 del Código de Procedimiento Civil, son las disposiciones que regulan lo atinente al testimonio, modalidad probatoria que denomina ‘declaración de terceros’, con lo cual se quiso dejar claro que es una especie del género probatorio que se llama ‘declaración’, pues es lo cierto que son muchos los elementos comunes que existen con la ‘declaración de parte’, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que personas naturales que no son parte dentro del proceso ilustren con sus relatos referentes a hechos que interesan al mismo, para efectos de llevar certeza al juez de las circunstancias que constituyen el objeto del proceso”. Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo III, Pruebas, Dupré Editores, Bogotá D.C. Colombia, 2001, pág. 159.

22 Sobre la imposibilidad de valorar, con otros fines distintos a la obtención de una confesión, las manifestaciones de las partes en los procesos contenciosos administrativos, consultar las siguientes sentencias de la subsección: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 27001-23-31-000-2001-01384-01(29408), sentencia del 5 de marzo de 2015, Exp. 50001-23-31-000-1999-00008-01(29546), sentencia del 5 de marzo de 2015, Exp. 63001-23-31-000-2001-00257-0130469), y sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 25000-23-26-000-2003-01310-01(37337), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

23 En este punto, cabe destacar que al momento de rendir declaración ante la Fiscalía General de la Nación, la señora Elena Alba Rosa Puche Meza fue identificada como “Clenalda Puye Meza”, pero al instante de firmar su testimonio, suscribió su nombre de manera poco legible —puede ser leído como “Elenalada” o “Cenalada”—, y su apellido como “Puch”. Se recuerda que de conformidad con los registros civiles obrantes en el expediente, Elena Alba y Clenalda se tratan de la misma persona -ver nota Nº 1-, lo que adicionalmente se encuentra soportado en las similitudes de la caligrafía de las firmas suscritas en dicha declaración, en el poder que confirió para iniciar el presente asunto, y en el registro civil de su matrimonio con el señor Manuel María Vergara Villalba.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2001-00466-01(27916), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

25 “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

26 Sobre este tema ha dicho la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: “...el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano...sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”, en sentencia de 19 de septiembre de 2001, Exp. 6424. Consultar igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Exp. 17001-23-31-000-1997-09019-01 (20412), actor: Alejandro Arboleda Montoya y otros, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Exp. 11001-03-15-000-2011-01378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

28 Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.// Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.// Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.// Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Exp. 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI), C.P. Alberto Yepes Barreiro

30 En el mismo sentido, la Sala ha expuesto: “Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17, cdno. 1 y 177-185, c. de pruebas), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, sólo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, Exp. 19001-23-31-000-1999-02088-01 (28.459), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

31 Se debe tener en cuenta el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 admite como medios de pruebas los mensajes de datos, entendidos como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos”. En relación con su valoración, no se puede perder de vista que esta corporación la ha considerado admisible, máxime si proviene de una entidad pública cuya autoría y autenticidad, se debe presumir por ley. Al respecto, se ha señalado: “En conclusión, para la Sala la información almacenada como mensajes de datos en las páginas institucionales de las entidades públicas a disposición del público en la red de Internet relacionada con los actos administrativos de carácter general, se califican como auténticos para todos los efectos legales, incluyendo, por supuesto, los judiciales, de manera que el Juez puede acudir a su consulta y tenerlos en cuenta con el fin de aplicar el derecho que emana de ellos al caso concreto materia de conocimiento, para lo cual se requiere que en la reproducción de su contenido en la providencia o sentencia respectiva no se altere su contenido y la información obtenida pueda ser accesible para su posterior consulta”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, Exp. 19001-23-31-000-2005-00993-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. El mismo criterio ha sido aplicado por la Subsección C y el pleno de la Sección Tercera, como una forma de propender por la utilización de las nuevas tecnologías en la dinámica de las relaciones intersubjetivas y, por supuesto, en la actividad probatoria dentro de los procesos judiciales. Véanse la sentencia de 24 de octubre de 2013, Exp. 26.690 y el auto de 6 de diciembre de 2012, Exp. 45.679, ambos con ponencia de Jaime Orlando Santofimio. Asimismo, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de agosto de 2008, Exp. 25000-23-24-000-1999-00231-02, C.P. Camilo Arciniegas Andrade; Sección Cuarta, sentencia del 10 de febrero de 2011, Exp. 25000-23-27-000-2004-01271-01(17155), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017, Exp. 05001-23-31-000-2007-01537-01(42842), C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

32 “El temor se ha apoderado de los campesinos, que huyen con los colchones en el hombro, las mujeres con sus hijos en los brazos. Por los carreteables se observa una romería de labriegos que abandonan corregimientos y veredas para no ser asesinados.// En Colosó en los últimos diez días han sido asesinados siete campesinos y comerciantes y desde el domingo se encuentra desaparecido el concejal Everto Barreto Tovar, reinsertado del Prt.//El personero, Julio Díaz Tono, aseguró que los corregimientos de Chinulito y el Cerro, al igual que la veredas de Adelita, la Ceiba, Brazo Seco, Bajo Don Juan de Colosó han sido abandonadas en un 85 por ciento. Se calcula que por lo menos hay 27 mil desplazados. (...) Aparentemente se trata de muertes selectivas de personas dedicadas al comercio y al campo con muchos años de trabajo y de muy reconocida reputación, pero se amenaza al resto de la población para que guarde silencio.//Campesinos refugiados en otros municipios creen que a la región llegaron numerosos hombres armados liderados por el jefe paramilitar de Urabá alias Rambo.//También los labriegos responsabilizan a la guerrilla del XXXV Frente de la FARC y el Frente Jaime Bateman Cayón de la Unión Camilista del Eln (...)” (se resalta). Noticia titulada “COLOSÓ, BAJO EL RÉGIMEN DEL TERROR” del periódico El Tiempo, publicada el 5 de agosto de 1995 y consultada el 14 de noviembre de 2017, en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-386585.

“La violencia en Sucre, durante este año ha dejado más de 40 muertos entre dirigentes políticos de izquierda, campesinos, estudiantes y profesores. Estos crímenes son atribuidos por las autoridades militares y policivas a la guerra que tienen las Farc y los grupos de paramilitares. El conflicto ha dejado desolado al municipio de Chalán, mientras que Colosó ya va por el mismo camino tras la masacre del jueves pasado, la cual fue atribuida por sus familias al grupo de Fidel Castaño. (...) La violencia en el municipio se combate no disparando balas, sino con obras, que se sienta la presencia del Estado en un pueblo abandonado, indicó Arrieta Narváez” (se resalta). Noticia titulada “LAS BALAS ESPANTARON A LA UP EN SUCRE” del periódico El Tiempo, publicada el 11 de mayo de 1996, y consultada el 18 de septiembre de 2017, en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-293959.

33 “La región de los Montes de María es una prolongación de la Serranía de San Jerónimo de la Cordillera Occidental, en la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre, en la región Caribe. Está conformada por quince municipios: San Jacinto, San Juan Nepomuceno, María La Baja, Córdoba, Zambrano, El Guamo y El Carmen de Bolívar, en el primer departamento citado, y San Onofre, Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Toluviejo, Los Palmitos y San Antonio de los Palmitos, en el segundo; y cuenta con una extensión de 6.317 km2 y una población de 420.103 habitantes. (Nota 13 de la cita: “Jiménez Ahumada, Rosa. “Desarrollo y paz en los Montes de María. Una propuesta desde la región” EN: Dimensiones Territoriales de la Guerra y la Paz, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004, pág. 506”)”.

34 “El día 4 de diciembre yo estaba en mi casa, yo vi pasar unos carros vi pasar como cinco carros, mi hermano me dijo ‘vete para la otra casa’, en mi casa yo empecé a recoger las sillas y el televisor y entonces cuando yo estaba allí llegaron dos señoras (sic) que tenían la cara forrada con un gorro negro sólo se le veían los ojos, los que llegaron a mi casa tenían una ropa civil, con pantalón negro y otro como pantalón rapé, me dijeron siga para allá arriba, y nos echaron para una casa que quemaron después (...) en esa casa que nos encerraron era mía allí yo tenía unas mesas de billar, yo me di cuenta que el hermano mío LUIS EDUARDO se lo llevaron y le amarraron las manos, y veía que les pegaban a los hermanos míos a LUIS EDUARDO SALGADO, EMIRO TOVAR y un sobrino EBERTO TOVAR, yo vi cuando les pegaban unos planazos con un machete (...) como nosotros estábamos viendo lo que hacían e intentábamos salir nos pasaron para el puesto de salud y de allí para otra casa (...) cuando estábamos encerradas en la última casa me di cuenta que (...) ese señor se acercó a la casa donde estaba el billar y lo quemó (...) yo no alcancé a ver lo que les decían a mis hermanos porque estaba lejos, en la casa donde estaba alcancé a ver cuando pasó el carro donde llevaban a EMILIO y a EVERTO TOVAR que iban llorando, me dijeron que en ese mismo carro llevaban a LUIS EDUARDO pero yo no los alcancé a ver, vi que mis hermanos iban llorando (...)”. Declaración obrante en los folios 41 y 42 del cdno. pruebas “principal”.

35 “El día 4 de diciembre ellos llegaron en carros más o menos cinco (...) se bajaron unos hombres y entraron a mi casa, entraron dos, uno de ellos vestido de civil (...) el otro tenía uniforme de policía, la ropa me la regaron todicta (sic), revolvieron todo, y yo estaba afuera con los niños y después que salieron nos dijeron que nos sentáramos afuera, luego nos recogieron a todos, las mujeres y niños y nos llevaron a una casa, luego nos llevaron a otro rancho y nos decían que no lloráramos que a nosotros no nos iba a pasar nada que si seguíamos llorando nos iban a maltratar y cuando se iban a ir nos dijeron que no saliéramos hasta que estuvieran bien lejos. Ellos hicieron más cosas pero yo no vi porque ellos nos dejaron en una casa. Cuando salimos fuimos corriendo donde estaban los hombres, ellos también tenían la orden de moverse (sic) hasta tanto no estuvieran ellos bien lejos, cuando llegamos las mujeres vimos a un hombre muerto, era JORGE TORRES, quemaron una casa en donde estuvimos primero todas las mujeres y otra casa de (ilegible) (...) Ellos dijeron cuando llegaron son los paramilitares, se corrige, somos los paramilitares de Urabá, eso fue lo que nos dijeron”. Declaración obrante en los folios 39 y 40 del cdno. pruebas “principal”.

36 “El día de ayer siendo las 3:30 de la tarde yo me encontraba lavando, ellos entraron y me dijeron que en donde estaba la guerrilla yo le dije que no había nada, ellos entraron y requisaron todo (...) ellos se identificaron como los paramilitares, (...) los que llegaron a la casa eran más o menos 15, unos estaban vestidos de civil y otros vestidos del ejército y otros vestidos como la policía de verde, me llevaron a los billares, después nos pasaron al puesto de salud, niños, mamás y mujeres (...) del centro de salud nos pasaron a una casa comunitaria cuando llegó uno vestido así como los soldados y preguntó dónde quedan los billares de JULIA SIERRA, yo dije mi mamá no está entonces me dijo quédese pero saque primero todo lo de allá porque vamos a quemar los billares, después me trajeron dos, pero como yo estaba sola no pude sacar nada. Se llevaron plata 1.350.000 pesos se quemó todos los enceres, yo creo que unos 7.000.000 de pesos. Ellos dejaron ardiendo varios ranchos, lo nuestro fue el rancho, la casa y la cocina, me dijeron nosotros quemamos los billares qpor (sic) que nos dijeron que allí enlos (sic) billares se la pasaba jugando la guerrilla (...)”. Declaración obrante en los folios 115 y 116 del cuaderno de pruebas “principal”.

37 “Yo estaba por el trabajo, estaba arrancando ñame, al momento que estábamos almorzando llegaron ellos, eran más o menos como las 2:00 de la tarde, ellos se bajaron de los carros, eran como once carros (...) los que llegaron eran como 70 personas, unos venían vestidos de civil y otros con pantalón militar y la camisa civil, y otros con el uniforme completo, unos traían el rostro cubierto con pasa montañas, todos estaban armados, armas cortas, largas y ametralladoras, calibre 38, tenían radios por los cuales se comunicaban cuando llegaron empezaron a disparar, y decían se están escapando los hijueputas, todos boca abajo, con las manos en la cabeza el que alce la cabeza se muere, el que se escape le volamos los cesos (sic), otro de ellos decía: que iban a coger quince, que se llevaban diez y que faltaban cinco, los que quieran ir que se vayan los que se quieran quedar trabajando no le colaboren a nadie, el que le colabore a la guerrilla se muere, aquí venimos a hacer una limpieza por toda esta zona, venimos hacer unama (sic) masacre por todas estas veredas ellos decían somos las Autodefensas de Córdoba y Urabá y decían estos ‘gran hijueputas son guerrilleros, busquen el fusil, donde los tienen escondidos ‘gran huevones’, si no dicen lo que saben los matamos a todos, me dice dónde está la guerrilla o matamos todo el pueblo, me dicen cuáles son los colaboradores de aquí de la guerrilla, ustedes creían que aquí no se metían los para, porque nos decían que ustedes estaban protegidos por la guerrilla pero nosotros nos metemos donde sea”. Declaración obrante en los folios 51 y 52 del cdno. pruebas “principal”. “Se metió a los quince años en el grupo de la guerrilla (...) duró como cuatro años voló con el fusil y el morral para el gobierno, yo entiendo por gobierno, los paramilitares, la policía y el ejército”. “Otro sí” de la anterior declaración obrante en el folio 50.

38 “Yo estaba reunido con un grupo del pueblo como a las doce y media del día, y llegaron unos señores vestidos de verde, llegaron en carro como en seis carros (...) los que se bajaron del carro me cogieron y me acostaron me pegaron en la espalda con un machete, el que me pegó me puso la bota en la pierna (...) los demás les pegaban a los otros compañeros, después nos mandaron a alzar la cara y el que tenía el pasamontañas (...), él era el que señalaba a la gente y decía que lo sacaran, él hablaba como cachaco, a mí me dijo que me iba a llevar para que me dijera donde estaba la guerrilla (...) otro me dijo que eran (sic) unpelaito (sic) y me paró de allí y me dejó en otro lado, después me paró otro que le fuera a limpiar el carro azul oscuro, no me di cuenta si tenía placas me dijo que no corriera que no me iba a pasar nada, después me vine y me acosté acá, después halaron a FEDER (sic) RIVERA lo acostaron más adelante él fue el último que sacaron del grupo, después los amarraron a todos con una pitas azules las manos atrás, después nos dijeron que el que alzaba la cabeza le volaban los sesos, había un grupo que saqueaba las casas y las quemaba, (...) preguntaban de quien eran las mesas de billar y que la guerrilla pasaba jugando allí (...) después que las quemaron cogieron los carros, pusieron uno cerca donde embarcaron a las personas que se iban a llevar, y cuando se fueron dijeron que no alzáramos la cabeza por que (sic) al que alzara la cabeza se iban a devolver por él”. Declaración obrante en los folios 58 y 59 del cdno. pruebas “principal”.

39 “(...) vivo en unión libre con MANUEL VICENTE VERGARA PUCHE (...) En el día de ayer como a las cuatro y media a cinco de la tarde (sic), llegó un grupo de hombres armados (...) venían con ropa de soldados todos, todos los que yo vi venían uniformados de soldados, llegaron patiando (sic) la cerca de la orilla de la casa vecina, to estaba en la puerta de la casa de Israel porque yo vivo allí, y me dijeron quítese de allí usted qué hace allí. Váyase para allá arriba, desia (sic) allí me di cuenta que ellos sacaron a Israel y a Manuel y en la puerta los amarraron por las manos con una pita, los tiraron en el suelo y les amarraron las manos atrás, solamente cuando le amarraron las manos no vi más nada. Yo me puse a llorar y no vi cuando se los llevaron. Ellos llegaron en un carro rojo una camioneta venían atrás, a mi casa llegaron como diez (...) Después la mamá ELENA PUCHE, mamá de Israel y esposa de Manuel salió de la casa llorando y los muchachos le dijeron que se entrara. Se los llevaron en la misma camioneta roja”. Declaración obrante en los folios 71 y 72 del cdno. de pruebas “principal”.

40 “Cuando iba la infantería de marina operativa, iban operativos conjuntos, porque les decían en tal parte está la guerrilla y salían juntos, yo me movilizaba en una camioneta de estaca (...) fuimos a la zona de Tolú Viejo, para el corregimiento de Macayepo y Macaján, algunas partes de San Onofre (...) cuando yo iba a recoger la gente estaban todos reunidos en un sitio (...) esa finca es de Piedrahita (...) siempre me mandaban a buscar gente, en esos operativos se salían los militares (...) ellos lo que hacían era como prestar un apoyo, que consiste en lo siguiente: Ellos entraban juntos con la autodefensa y la convivir, supuestamente donde había guerrilla, al no producirse enfrentamiento con la guerrilla, las autodefensas mataban a los supuestamente colaboradores de la guerrilla, entonces el ejército para no comprometerse en esos hechos, se salían para que nos los viera la población civil, es decir ellos colaboraban intelectualmente, pero cuando había enfrentamientos, ellos se apersonaban del caso y las autodefensas y convivir se iban”. Declaración del 6 de junio de 1997, obrante en los folios 149-152 del cdno. de pruebas “anexo 4”.

Con relación del grupo de autodefensa comandada por RODRIGO PELUFFO, obtenían sus prendas de uso privativo de las fuerzas militares, RODRIGO me comentaba que el capitán de infantería de marina de nombre JORGE MUÑOZ le facilitaba prendas militares (...) las armas si son exclusivas de las autodefensas. Yo me acuerdo que dos o tres veces el capitán MUÑOZ, le prestó armas a la gente de SALOMÓN, grupo que operaba en Sincelejo, él se llama SALOMÓN FERIS CHADID (...). Declaración del 10 de junio de 1997, obrante en los folios 153 a 157 del cdno. de pruebas “anexo 4”.

41 “Para ese entonces el capitán GUTIÉRREZ, él transportaba los paramilitares del GUAMO a San Onofre, en los carros oficiales, coordinaba operativos conjuntos con el mono Mancuso. Dio todos los nombres de los campesinos que aparecieron muertos en la zona de la Palmas, (sic), Corralitos y las Pampas ahí murieron como siete u ocho, él colaboraba suministrando información, alimentación y garantizando la libre circulación por frente del batallón y por los comandos de Policía para que no tuvieran problemas, esto que sepa lo vi dos veces que pasó. (...) De San Onofre, sé que era un cabo de la Policía de apellido JIMÉNEZ, también hacía las mismas operaciones, recolectaba datos de personas que él consideraba eran informantes de la guerrilla, y lo pasaba a las autodefensas, para que los matara, les habría campo para que pasaran y tenía comunicación radial y telefónica. (...) El MAYOR PARRA, retenía la información y después se la pasaba, él coordinaba con Salomón todas las operaciones que hacía en Sincelejo. Jiménez sabía que los que hicieron la masacre en Pichilín estaban en una finca en San Onofre, ellos los bajaron en una finca que se llama, no me recuerdo, está situada frente al pueblito que se llama SABANA, ese pueblito está antes de llegar a Rincón del Mar. Él sabía que estaban situados ahí y la Infantería de Marina también sabía que estaba situados ahí y no hicieron nada para llegar hasta ahí, sabía el capitán MUÑOZ y Cabo Jiménez de la Policía, ellos mantenían comunicaciones radiales y telefónicas y mediante eso se comunicaban para que la gente se moviera y así para que la gente no hablara y así les pudiera tapar las faltas a ellos. Allá los Paramilitares amenazan a los militares, les dicen Uds., no hagan esos (sic) así sino así, y ellos para no comprometerse ni comprometer a su familias (sic), ceden, éstos totalmente diferentes a los antes mencionados que lo hacían en forma conciente (sic), como MUÑOZ, JIMÉNEZ, PARRA (...)”. Declaración obrante en los folios 84 y 85 del cdno. de pruebas “anexo 4”.

42 “La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito (...); a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias (...) y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.//Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. (...) Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17001-23-31-000-1995-06024-01(16533), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver igualmente, sentencia del 28 de enero de 2009, Exp. 07001-23-31-000-2003-00158-01(30340), C.P. Enrique Gil Botero.

43 Dicho título de imputación puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación. En ese sentido, dijo: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.//.En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01 (21515), C.P. Hernán Andrade Rincón.

44 En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.

45 Para el efecto, se debe tener en cuenta que el artículo 90 de la Constitución Política establece: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. De otro lado, sobre la teoría de la causalidad adecuada dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, la doctrina jurídica ha señalado: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (...) b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit. (...) El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (...) A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia? (...) Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas.//La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento. (...) d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala ORGAZ “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios.//Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73).//Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74). (...) En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, págs. 22-27.

46 A título de ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, Exp. 85001-23-33-000-2013-00035-01(51388), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En dicho asunto se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado, en consideración a que en un operativo militar, ciertos funcionarios del Ejército Nacional desaparecieron de manera forzosa y asesinaron a un joven, momento en el que se adujo que se concretó su falla del servicio al actuar de deliberadamente en contra de la protección de los mismos derechos que se les habían encomendado.

47 En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, Exp. 10.822, C.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

48 Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo.

49 La providencia del 12 de noviembre de 1993, Exp. 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.

50 Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 15838, 18075, 25212 (acumulados). C.P. Jaime Orlando Santofimio. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (...) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la Base Militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.

51 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 1994, Exp. 7616, actor: Edelmira Bernal de Lobo, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 26 de mayo de 1994, Exp. 8930, actor: María Elena Zabala Betancur, C.P. Daniel Suárez Hernández. En este sentido, recientemente se ha señalado: “A propósito del vínculo causal entre la omisión y el daño, la Sala precisó que en este tipo de eventos lo decisivo es la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión (nota al pie Nº 10: ““...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789, M.P. Alier Hernández Enríquez.”)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2012, Exp. 05001-23-31-000-1996-00409-01(25041), actor: Juan Ramón Molina Balbin, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de septiembre de 2002, Exp. 14.122, M.P. Ricardo Hoyos Duque; ibídem supra nota Nº 15, Exp. 25041, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

53 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...).//Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

54 “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.//2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.

55 “Teniendo en cuenta el título de imputación alegado en la demanda, cabe destacar que tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, ha considerado la Sala que los mismos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección (...). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Exp. 18001-23-31-000-1997-00007-01(18106), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

56 “Colombia es un Estado social de derecho (...) fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

57 “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

58 “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

59 “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

60 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.//2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.//3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

61 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.//2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.//3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

62 Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

63 “1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

64 “2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.//3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”.

65 Aprobada mediante la Ley 70 de 1986.

66 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

67 “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

68 “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

69 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

70 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (...)”. El Consejo de Estado ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes providencias: Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974); sentencia del 23 de agosto de 2010, Exp. 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480).

71 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 20 de enero de 1989, caso Godínez Cruz, sentencia del 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday.

72 [9] Así lo reconocen autores como ALVARO PÉREZ VIVES: “Tienen, como vimos, estas obligaciones de resultado, la característica de que su inejecución constituye incumplimiento de ellas, haciendo incurso al deudor en culpa contractual, si se originaron en un vínculo de tal naturaleza, o extracontractual, en el caso contrario (v.g., la que se deriva del art.2356 C.C.” en Teoría General de las Obligaciones. Santafé de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1957, Volumen III, parte segunda, pág. 164. En este sentido también, CHRISTIAN LARROUMET: “...se debe considerar que la distinción entre las dos clases de obligaciones tiene aptitud para ir más allá de las solas obligaciones contractuales y comprender así todas las obligaciones, cualquiera que sea su hecho generador, tanto las que resultan de un hecho jurídico como las que se derivan de un acto jurídico” en Teoría General del Contrato. Santafé de Bogotá, Ed. Temis, 1993, Volumen I, Pág. 39.

73 [10] Al respecto ver Javier Tamayo Jaramillo. Op. cit., pág. 194.

74 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 1998, Exp. 10530, actor; Mirelda Acota Vásquez y otras, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

75 [17] Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, Exp. 11.585.

76 [18] Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1977 en donde dijo: “Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio”. (Exp. 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo semestre 1977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que “la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones”, ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de derecho”.

77 [19] En sentencia de 14 de mayo de 1998, Exp. 12.175, dijo la Sala: “...si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado Colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal”.

78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 17001-23-31-000-1996-7003-01(20374), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

79 “Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. 

Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

80 En sentencia de unificación, la Sala Plena de la Sección Tercera reconoció la importancia del deber de coordinación de las entidades estatales para efectos de estimar procedente la valoración de testimonios trasladados de otros procedimientos que, a pesar de que no fueran recepcionados o practicados con la audiencia del órgano específico de la Nación que integrara la litis de lo contencioso administrativo pertinente, lo eran por un ente del mismo orden e integrante de la misma persona jurídica Nación, ante lo que se debía entender agotada la contradicción de dichos medios probatorios. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

81 Corte Constitucional, Sentencia C-572 del 28 de octubre de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

82 “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones://1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.//A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas://a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios (...) d) Las condenas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal legalmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas por los pueblos civilizados”.

83 “1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.//2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1://a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal (...)”.

84 “1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.//2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.//3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.

85 Conviene aclarar que los cuatro convenios de Ginebra fueron aprobados mediante la Ley 5 de 1960. Por su parte el protocolo II fue aprobado mediante la Ley 171 de 1994.

86 “Como se dijo, a diferencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos adicionales solo son aplicables cuando existe un conflicto armado como el que vive Colombia. Sobre el punto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado “que para efectos de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, específicamente de las garantías provistas por el Artículo 3 común, es necesario que la situación en cuestión haya trascendido la magnitud de un mero disturbio interior o tensión interna(...), para constituir un conflicto armado de carácter no internacional”(...)”. Corte Constitucional, Sentencia T-280ª del 27 de mayo de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

87 Artículo 14 del Protocolo adicional II: “Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego”.

88 Corte Constitucional, Sentencia T-280A del 27 de mayo de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

89 “Crímenes de lesa humanidad//1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad “ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque://a) Asesinato; (...) k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.//2. A los efectos del párrafo 1://a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.

90 “Crímenes de guerra (...) 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “ crímenes de guerra “ : a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: i) El homicidio intencional;//ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.// iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud; (...) c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa://i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura”.

91 Aprobado mediante la Ley 742 del 2002.

92 Informe del 15 de agosto de 2017 sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, presentado por la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 71/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, consultado el 21 de noviembre de 2017, en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/258/09/PDF/N1725809.pdf?OpenElement.

93 “No se debe privar a nadie de la vida de forma arbitraria o indiscriminada. Una ejecución extrajudicial es un homicidio ilegítimo y deliberado perpetrado u ordenado por alguna autoridad, sea nacional, estatal o local, o llevado a cabo con su aquiescencia.// El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes//: — es un acto deliberado, no accidental,// — infringe leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas.//Su carácter extrajudicial es lo que la distingue de:// — un homicidio justificado en defensa propia,// — una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales,// — un homicidio en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho internacional humanitario.//En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial”. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, intervención en el “Conversatorio sobre justicia penal militar organizado por el Comité Institucional de derechos humanos y derecho internacional humanitario”, celebrado en Medellín el 14 de septiembre de 2005.

94 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

95 Informe del 20 de julio de 2017, presentado por el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con la resolución 34/19 del Consejo de Derechos Humanos, y consultado el 21 de noviembre de 2017, en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/223/18/PDF/N1722318.pdf?OpenElement.

96 [32] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe núm. 92/05, causa 12.418, “Michael Gayle; v. Jamaica, Fundamentos, 24 de octubre de 2005 “, párr. 61.

97 [33] Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 20 (1992), párr. 4.

98 Ibídem.

99 [36] Ibid., párr. 72. Véase también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Gayle; c. Jamaica, Fundamentos”, párr. 62.

100 Ejusdem.

101 “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión (...). Parágrafo. Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario://1. Los integrantes de la población civil.//2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa (...)”.

102 “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos, físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión (...)”.

103 “Basta Ya, Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad”, informe general sobre los más 50 años de guerra en Colombia, rendido por el Centro de Memoria Histórica, consultado el 21 de noviembre de 2017 en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf.

104 [184] FISCALÍA 17 DELEGADA. Diligencia de versión libre de Éver Veloza García, alias “HH”. Sesión del 30 de octubre de 2007.

105 Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala de Justicia y Paz, sentencia del 20 de noviembre de 2014, Exp. 11001-22-52-000-2014-00027, M.P. Léster M. González.

106 “Panorama Actual de Sucre”, informe realizado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, consultado el 21 de noviembre de 2017, en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/sucre.pdf

107 La Sala ha acudido en ocasiones anteriores a revisar este aspecto para apoyar el análisis de los hechos; en la sentencia del 28 de febrero de 2013, Exp. 27959, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E), con el propósito de analizar la creación del riesgo que se concretó en la destrucción de los bienes de propiedad de la señora Elizabeth Torres de Sabagh, se analizó, además de las pruebas allegadas, el contexto de violencia derivada del conflicto armado por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el poder económico, político y militar que representa la zona estratégica de los Montes de María en el departamento del Bolívar, para lo cual se tomó como fuente el artículo “Diagnóstico Departamental Bolívar” publicado por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República en el año 2007. En la sentencia del 3 de mayo de 2013, Exp. 32274, C.P. Danilo Rojas Betancourth, con la intención de revisar el riesgo al que estaba sometida la familia actora y que se concretó con la incursión paramilitar ocurrida el 21 de febrero de 1999, en el corregimiento de La Cooperativa, municipio de Mapiripán-Meta, se tuvieron en cuenta las masacres de Puerto Alvira, ocurrida entre los días 15 y 20 de julio de 1997, y Mapiripán, de mayo de 1998, y se concluyó que estos eventos permitían inferir razonablemente que los grupos armados, siguiendo la misma táctica y modus operandi empleados en aquellas otras incursiones y masacres, ocuparían la región de La Cooperativa y arremeterían contra sus pobladores. Para el efecto se analizaron varios recortes de prensa, y pruebas documentales sobre la masacre de Puerto Alvira allegadas por la parte actora.

108 Corte Constitucional, Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y otros.

109 Proyecto de ley 180 del 2004, senado, gaceta del Congreso Nº 796.

110 No escapa a la Sala que dicho sujeto rindió declaración en otros procesos penales por hechos relacionados con las AUC, como lo fue por ejemplo, la masacre de Mapiripán. Al respecto, consultar: Corte Suprema de Justicia, sentencia del 17 de noviembre de 2011, Exp. 34864.

111 Se debe tener en cuenta el factor temporal al valorar pruebas testimoniales. Así lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia al señalar: “En la labor tendiente a apreciar tal prueba —prueba testimonial—, el juez debe obrar con especial cuidado, porque si no es factible exigir uniformidad a declarantes que dada la diversidad de sus condiciones personales perciben en forma diferente las circunstancias fácticas, ni reclamar especial grado de fidelidad cuando el tiempo transcurrido entre el hecho que se investiga y el que declara el testigo, impide reconstruir con nitidez el hecho objeto de investigación, tampoco puede catalogarse de sospechosa la versión de un grupo de personas que, en lo sustancial, narran hechos similares, porque es entendible que si el paso del tiempo borra los detalles y las particularidades, también puede aclarar el acaecimiento del hecho por probar, sin las aristas que en un momento determinado puedan enturbiar lo principal.//Adicionalmente, cabe recordar que la declaración del testigo no puede tomarse únicamente de una frase aislada, ni de las afirmaciones disgregadas de su declaración, sino que cada versión debe valorarse teniendo en cuenta la totalidad de las respuestas; amén de que deben ser apreciadas las condiciones sociales del deponente, porque mientras algunos adornarán con especial cuidado su exposición, otros rendirán un relato escueto sobre lo que se les interroga, todo lo cual conduce a que el juez debe velar por lograr un mesurado equilibrio en el estudio de las varias circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean el hecho investigado, de tal manera que no se vea precisado, como resultado de una severa crítica, a dejar sin valor testimonios que no podrían ser rendidos en otra forma”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de febrero de 2001, Exp. 6353, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. En el mismo sentido puede consultarse del Consejo de Estado: Sección Cuarta, sentencia del 28 de enero de 2002, Exp. 25000-23-26-000-2001-01551-01 (1791), C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

112 Información extraída de Google Maps, consultada el 21 de noviembre de 2017, en: https://www.google.es/maps/dir/Cove%C3%B1as+Naval+Base+(CVE),+Cove%C3%B1as,+Santiago+de+Tol%C3%BA,+Sucre/Sincelejo,+Sucre/@9.4125149,-75.6111765,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e59083f9abed281:0x29bfbbd25da9ee0b!2m2!1d-75.6917147!2d9.4011172!1m5!1m1!1s0x8e59144841172957:0xd4b5b87bf79e5334!2m2!1d-75.3905567!2d9.3045773.

113 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014, Exp. 70001-23-31-000-1998-00808-01(44333), C.P. Enrique Gil Botero.

114 En efecto, el Ministerio Público, entidad que sometió a revisión las sentencia referidas, señaló: “Como en favor de SALVATORE MANCUSO se profirió fallo absolutorio que ha hecho tránsito a cosa juzgada, pero ninguna instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos ha constatado que el Estado incumplió la obligación de investigar seria e imparcialmente la violación de aquellos, la Procuraduría ha realizado tal verificación al contar con la confesión que el mismo ciudadano rindió en el trámite gobernado por la Ley de Justicia y Paz, suficiente para concluir que los supuestos que dieron lugar a la sentencia absolutoria cuestionada han desaparecido y entonces, se impone la necesidad de revisar tal decisión, máxime si al momento de iniciar la diligencia de versión el postulado renunció a los efectos de la cosa juzgada respecto de la absolución dictada en su favor.// MANCUSO GÓMEZ expuso que el 4 de diciembre de 1996, al mando de 50 o 60 hombres, llegó a inmediaciones del municipio de Pichilín donde miembros de las AUC habían montado un retén ilegal. Allí abordaron varios vehículos que previamente habían retenido y a partir de que los “los guías” señalaron a los colaboradores de la guerrilla, fueron identificados e impartió la orden de causarles la muerte, como en efecto ocurrió con 12 personas.// Para la realización de la masacre contó con la colaboración de miembros de la fuerza pública, con quienes previamente se había reunido y se comprometieron a facilitar el actuar delictivo, en el sentido de omitir cualquier reacción en la zona, de manera que el día de los hechos no visualizaron a ningún miembro de la policía o las fuerzas militares custodiando los sitios donde aquellos ocurrieron”.

115 [186] Para estudiosos en el tema, el principal móvil para la constitución de esta alianza Paramilitares-Fuerzas Militares fue la eficacia de los métodos de los primeros para arrinconar a las FARC y para liquidar a los militantes de la Unión Patriótica. CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS. Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Intermedio, 2007, pág. 18.

116 [187] 187 CORTE IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C Nº 109.

117 [188] 188 CORTE IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Op. cit.

118 [189] 189 CORTE IDH. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C Nº 17.

119 [190] 190 CORTE IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C Nº 140.

120 [191] 191 CORTE IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C Nº 148.

121 [192] 192 CORTE IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia 7 de marzo 2005. Serie C Nº 122.

122 Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala de Justicia y Paz, sentencia del 20 de noviembre de 2014, Exp. 11001-22-52-000-2014-00027, M.P. Léster M. González.

123 “Basta Ya, Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad”, informe general sobre los más 50 años de guerra en Colombia, rendido por el Centro de Memoria Histórica, consultado el 21 de noviembre de 2017, en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf.

124 3 Carlos Miguel Ortiz. “Actores armados, territorios y poblaciones”, en: Análisis Político, Nº 42, enero-abril de 2001.

125 4 Stathis Kalyvas. “La violencia en medio de una guerra civil: esbozo de una teoría”, en: Revista Análisis Político, Nº 42, enero-abril de 2001

126 “La Masacre De El Salado: Esa Guerra No Era Nuestra” informe rendido por el Centro de Memoria Histórica, consultado el 21 de noviembre de 2017, en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/informe_la_masacre_de_el_salado.pdf.

127 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, sentencia del 22 de abril de 2013, Exp. 7000131200220120003000, M.P. Laura Elena Cantillo Araujo. Igualmente, consultar: Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, sentencia del 28 de abril de 2015, Exp. 7000131210022013000003, M.P. Ada Lallemand Abramuck.

128 “Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

129 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

130 Al respecto, consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2016, Exp. 25000-23-26-000-2003-00747-01(30281), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

131 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2011, Exp. 66001-23-31-000-1998-00409-01(19067), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

132 “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

133 Al respecto, se resalta: “En efecto, la indemnización que se decreta con el otorgamiento de una suma de dinero frente a un daño moral, por ejemplo, no busca el pago de las lágrimas ni el dolor producido por el hecho dañino. Las lágrimas vertidas están naturalmente fuera del comercio; el dolor es imposible medirlo con patrones objetivos, por ser en esencia subjetivo. Sin embargo, si ubicamos dicha indemnización desde el ámbito de la compensación y no de la restitución del bien afectado, aquella se defiende en el plano conceptual. En los eventos de indemnización del daño inmaterial la naturaleza de la indemnización, se reitera, es compensatoria, en el sentido de que mediante el bien equivalente del dinero, o, de cualquier otra manera a petición razonable de la víctima o por decisión del juez, se otorga a aquella un bien que le ayuda a aliviar su pena, sin que sea relevante que la indemnización sea o no dineraria (....) No se busca entonces que se quede materialmente indemne, sino que se tenga el dinero u otro bien que permita hacer más llevadera la pena y sufrir en las mejores condiciones posibles la alteración emocional producida, y permitir así que cese o se aminore el daño ocasionado”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, pág. 231.

134 “Además se advierte que la Sala ha admitido la acumulación de indemnización por perjuicios morales en cabeza de un mismo demandante cuando se trata de personas afectadas por la muerte o lesiones de dos o más familiares cercanos, como el cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos o los hermanos, o de quienes acrediten debidamente su afectación moral, en razón a que no puede desconocerse que el impacto sentimental o emocional es mayor cuando son varias las víctimas que cuando se trata de una sola persona, pero dicho incremento no puede obedecer a una suma matemática de estos perjuicios por cada una de ellas”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de julio del 2000, Exp. 12788, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Consultar a su vez: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1998-00112-01(23995), y sentencia del 14 de septiembre de 2017, Exp. 470001-23-31-000-2008-00269-01(37998), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

135 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.//No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.//Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.//En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

136 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

137 “De las anteriores pruebas no se puede deducir el monto exacto de los ingresos del occiso y menos aún el porcentaje que de estos dedicaba a gastos personales y familiares, por lo tanto es necesario aplicar las reglas de la experiencia, como tradicionalmente ha venido haciéndolo la corporación. En efecto, aplicando dichas reglas, no se puede afirmar que la víctima dedicaba todos sus ingresos a la sobreviviente, pues el sentido común indica que debía dedicar algún porcentaje de ellos a la propia subsistencia”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2002, Exp. 66001-23-31-000-1995-2807-01(13227), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

138 “En cuanto al lucro cesante en cabeza de los menores de edad, de la existencia de la obligación alimentaria se infiere el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante. En efecto, los artículos 411 y 422 del Código Civil establecen que se deben alimentos, entre otros, a los hijos hasta el día anterior al cumplimiento de la mayoría de edad. En consecuencia, si bien el derecho a la reparación de los perjuicios morales y materiales que se cause a una persona por la muerte de otra no se deriva de su condición de heredero sino de damnificado, cuando existe la obligación alimentaria se infiere que la existencia del perjuicio material, dará derecho al titular del mismo a la indemnización de tal perjuicio por el término de la obligación (nota Nº 176 de la providencia en cita: “Consejo de Estado, sentencias de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.999; de 12 de febrero de 2004, Exp. 14636; de 14 de julio de 2005, Exp. 15544; sentencia de 1° de marzo de 2006, Exp. 15.997”). Con este criterio la corporación, inicialmente, fijó el lucro cesante futuro para los hijos menores de edad, en casos como el que aquí se estudia, hasta la edad de 18 años”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de junio de 2014, Exp. 68001-23-15-000-2001-02730-01(29501), actor: Alonso Duarte Martínez, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

139 Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado: “En estos casos el juez no califica la probabilidad de la situación, pues esta existe ya en el momento de la operación intelectual. Lo único que el juez hará será juzgar la certeza de su prolongación en el tiempo.//Esta hipótesis supone que la situación se haya, en efecto, creada por el hecho dañino. La situación que expresa el daño, como puede ser la muerte de una persona que le colaboraba económicamente a otra o la pérdida de una suma de dinero que se tenían, o aun la concreción de un lucro cesante, debe existir para que pueda hacerse la proyección hacia el futuro, so pena de que el daño sea calificado de eventual. En efecto, en las hipótesis estudiadas el juez considerará cierto el perjuicio presente y lo extenderá hacia el futuro, porque hay elementos que le permiten afirmar que el perjuicio continuará. (...) Se puede entonces afirmar que el perjuicio es cierto cuando la situación sobre la cual el juez va a pronunciarse le permite inferir que se extenderá hacia el futuro, y que es eventual cuando la situación que refleja “el perjuicio” no existe ni se presentara luego. (...) Pero el caso típico de la hipótesis que se estudia es el de la pérdida de ingresos para aquellos con quienes la persona fallecida colaboraba, cuando no se alega un cambio de la situación económica que se presentaba al momento del fallecimiento. Es decir, en el presente caso las personas que pierden la colaboración solicitan indemnización teniendo en cuenta lo que devengaba el fallecido, sin pretender que su situación iba a mejorar económicamente. En relación con tal evento la jurisprudencia reconoce el perjuicio consistente en la pérdida de los ingresos que hubieren podido percibir las personas si la muerte de quien les ayudaba económicamente no se hubiere presentado. El juez prolonga hacia el futuro una situación real en el momento del hecho dañino. (...) Lo importante, entonces, en esta hipótesis consiste en demostrar que la persona fallecida ayudaba económicamente al demandante”. Juan Carlos Henao, “El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés”, edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, págs. 137, 139,140, y 142.

140 [3] Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, Exp. 5666.

141 [4] Ver, entre otras, sentencias de: 11 de agosto de 1994, Exp. 9546; 8 de septiembre de 1994, Exp. 9407; 16 de junio de 1995, Exp. 9166, 8 de agosto de 2002, Exp. 10.952 y de 20 de febrero de 2003, Exp. 14.515.

142 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1996-02057-01(17047), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Asimismo, consultar: Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 50001-23-31-000-1999-10250-01(29145), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2012, Exp. 08001-23-31-000-1997-01925-01(22318), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, entre otras.

143 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2001-00242-01 (27281), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

144 La anterior situación difiere de los casos en que se solicita dicha indemnización en beneficio de varios demandantes pero no se pide que la misma se liquide con observancia “del derecho de acrecimiento”, análisis que esta corporación ha considerado que sí procede de manera oficiosa. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 22 de abril de 2015, Exp. 15001-23-31-000-2000-03838-01 (19146), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

145 De conformidad con los registros civiles de nacimiento de dichos accionantes, se tiene que Turiano Antonio Vergara Puche y Luis Armando Vergara Puche nacieron el 2 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 1990, por lo que para el momento de la muerte de su papá y hermano tenían las edades de 16 y 6 años, respectivamente (fls. 18, 20, cdno. 1). Por su parte, Manuel Vicente Vergara Puche y Denis Vergara Puche nacieron el 12 de septiembre de 1973 y el 1º de enero de 1979, de modo que tenían 23 y 17 años, correlativamente (fls. 28, 30, cdno. 1).

146 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2013, Exp. 41001-23-31-000-1994-07665-01(22489), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

147 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1996-02057-01(17047), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Asimismo, consultar: Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 50001-23-31-000-1999-10250-01(29145), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2012, Exp. 08001-23-31-000-1997-01925-01(22318), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, entre otras.

148 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2001, Exp. 20046, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 26 de marzo de 2009, Exp. 17.794, C.P. Enrique Gil Botero; de 20 de febrero de 2008, Exp. 16996 C.P. Enrique Gil Botero.

149 Entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Se hace claridad en que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, para que un tratado de derechos humanos ratificado por el Congreso prevalezca en el orden interno -en resultado de integrarse al bloque de constitucionalidad como lo ha entendido la Corte Constitucional- es necesario que se refiera a derechos ya reconocidos en la propia Constitución. Siendo así, se entiende que los tratados mencionados prevalecen en el orden interno, debido a que el derecho de las víctimas de hechos delictivos a la reparación, se encuentra expresamente estipulado en el artículo 250 del ordenamiento superior.

150 Entre ellos, el conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad; los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones; la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y de abuso de poder; y la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

151 Luis Manuel Castro. “Soft law y reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos: Reflexiones iniciales”, en Rodrigo Uprimny (coord.), Reparaciones en Colombia: Análisis y propuestas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009. p. 66.

152 Corte Constitucional, Sentencia C-872 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

153 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de mayo de 2011, Exp. 19355, C.P. Enrique Gil Botero.

154 En: “Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Compilaciones de documentos de ONU”, Comisión Colombiana de Juristas (ed.), Bogotá, 2007.

155 Es importante manifestar que con anterioridad a este instrumento internacional ya se encontraban consagrados desde 1997 el Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (Principios Joinet). El principio 33 —Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar— reza: “Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derecho habientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”. Al respecto se puede revisar Principios Internacionales sobre impunidad y reparaciones, ob. cit., p. 50. Los Principios Joinet contemplaban algunas formas de reparación; al respecto el principio 34 dispone: “Ámbito de aplicación del derecho a obtener reparación. El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas; comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”.

156 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de febrero del 2011, Exp. 34387, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 20 de febrero del 2008, Exp. 16996, M.P. Enrique Gil Botero. Corte Constitucional, sentencias C-578 de 2002; C-872 de 2003; T-025 de 2004; C-979 de 2005; T-821 de 2007; T-458 de 2010.

157 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de mayo de 2001, Serie C Nº 76, párr. 119; Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 12 de septiembre del 2005, Serie C Nº 132, párr. 77; Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C Nº 114; Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C Nº 107; Caso 19 comerciantes Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C Nº 109; Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 26 de mayo de 2010, Serie C Nº 213.

158 De acuerdo con este instrumento internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas, la restitución implica: “siempre que sea posible, (...) devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”.

159 En lo referente a la indemnización, se indicó que esta debe ser apropiada y proporcional, de acuerdo a la gravedad de la violación y la las circunstancias de cada caso por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, entre los cuales, se han mencionado los siguientes: “a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”.

160 La rehabilitación se concentra en la atención de carácter médico y psicológico, de la misma forma que en los servicios jurídicos y sociales.

161 En lo concerniente a la satisfacción, este instrumento internacional enumeró las siguientes medidas que se pueden adoptar para reparar las víctimas: “a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles”.

162 Este instrumento internacional señala que las garantías de no repetición obedecen a la adopción de medidas que garanticen que los hechos lesivos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario no se vuelvan a repetir en el futuro. Entre las medidas se encuentran las siguientes: “a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan”.

163 La Ley 1448 de 10 de junio de 2011 acoge los criterios establecidos por la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 en la que se consagra la reparación plena y efectiva, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, mediante medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

164 “Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática”, Uprimny y Saffon, en: “Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión”, Centro Internacional para la Justifica Transicional y Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad, consultado el 21 de noviembre de 20176, en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25595.pdfls.

165 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la “Masacre de Mapiripán vs. Colombia”, sentencia del 15 de septiembre de 2005.

166 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “González y otros (“Campo Algodonero”) vs. México”, sentencia del 16 de noviembre de 2009.

167 Corte Constitucional. Sentencia T– 558 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y otros.

168 [20] Sobre el particular, se puede consultar: Estatuto de Roma (Por medio del cual se establece la Corte Penal Internacional), ratificado por Colombia, mediante la ley 742 de 2002, la cual fue objeto de revisión automática de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-578 de 2002.

169 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp. 16996, C.P. Enrique Gil Botero.

170 Y. Sierra León, “Relaciones entre el arte y los derechos humanos”, Derecho del Estado, Nº 32, Universidad Externado de Colombia, enero-junio de 2014, págs. 77-100 (pág. 93 y ss.), en proceso de publicación.

171 Rodrigo Uprimny-Yepes & Diana Esther Guzmán-Rodríguez, En búsqueda de un concepto transformador y participativo para las reparaciones en contextos transicionales, 17 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 231-286 (2010). Páginas 249 y siguientes.

172 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014, Exp. 70001-23-31-000-1998-00808-01(44333), C.P. Enrique Gil Botero.

173 “En aras de lograr la reparación integral mencionada en todas sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, la Sala entiende, en primer lugar, que cualquier forma de resarcir el sufrimiento prolongado a través del tiempo por parte de los familiares de Josué Giraldo Cardona, gravita en reconocer a favor de las víctimas, el derecho a recibir, si a bien lo tiene, la reparación necesaria, a cargo de los demandados, para lo cual se les garantizará el cumplimiento del principio de voluntariedad que se impone cuando se trata de acciones orientadas a honrar a las víctimas, de modo que el resultado de las ordenes que aquí se impartan será conocido y aprobado por aquella y ejecutadas únicamente si así lo convienen”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 26029, C.P. Danilo Rojas Betancourth.