Sentencia 1998-00892 de mayo 21 de 2008

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 07001-23-31-000-1998-00892-01 (25049)

Consejero ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: departamento de Arauca

Demandado: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero

Referencia: Aprobación acuerdo transaccional

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil ocho.

Decide la Sala la solicitud de aprobación de la transacción suscrita entre las partes y, por consiguiente, la respectiva terminación del proceso de la referencia.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 3 de marzo de 1998, del departamento de Arauca, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda contractual en contra de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, para que se declare el incumplimiento de varios contratos de encargo fiduciario celebrados entre las partes, mediante los cuales, la segunda, se comprometió para con el primero, a administrar los recursos públicos dirigidos a la consecución de los objetivos institucionales del Fondo de Fomento Agropecuario (fls. 50, cdno. ppal. 1).

2. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante providencia de 20 de marzo de 2003, declaró la existencia de los contratos de encargo fiduciario suscritos entre las partes, específicamente el celebrado el 29 de noviembre de 1987, el identificado con el número 166 de 24 de octubre de 1988, así como el Nº 679 denominado de recaudo y transferencia, de 25 de 1991.

Así mismo, en otros puntos de la parte resolutiva dispuso:

“(...) Segundo: declarar el incumplimiento por parte de la Caja Agraria Industrial y Minero, en liquidación, de las obligaciones adquiridas en todos y cada uno de los contratos señalados en el numeral primero.

Tercero: condenar a la Caja Agraria Industrial y Minero, hoy en liquidación, a pagar al departamento de Arauca - Fondo de Fomento Agropecuario hoy Idear, a título de daño emergente, las siguientes sumas:

Cuatro mil setecientos catorce millones trescientos catorce mil ciento diez y nueve pesos como suma total contenida en los pagarés respecto de los cuales se detectaron inconsistencias y errores conforme a la conclusión primera del peritazgo.

Esta suma deberá ser indexada a la fecha de pago efectivo conforme a la fórmula ...

(...) Cuarto: ordenar el reintegro a favor de la Caja Agraria Industrial y Minero en liquidación, de todos los pagarés que suman la anterior cuantía, según el listado anexo relacionado por los señores peritos.

Quinto: condenar a la Caja Agraria Industrial y Minero a pagar a favor del demandante la suma de setenta y ocho millones de pesos a título de daño emergente, conforme a lo expuesto en la parte motiva, suma que deberá ser indexada o actualizada hasta el momento del pago efectivo y con base en los índices final e inicial de precios al consumidor, según fórmula permanentemente aplicada por la jurisdicción.

Sexto: condenar en costas a la parte demandante. Tásense.

Séptimo: dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo” (fls. 989, cdno. ppal. 2ª instancia).

3. La solicitud de aprobación del contrato de transacción.

Encontrándose el proceso para resolver la segunda instancia, el 14 de diciembre de 2007, el apoderado judicial de la demandante, presentó ante esta corporación, contrato de transacción celebrado entre las partes (fls. 1212, cdno. ppal. 2ª instancia) el 10 de diciembre de 2007, en el cual acordaron como aspectos principales los siguientes:

“(...) CLÁUSULA PRIMERA: La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación reconocerá y cancelará al departamento de Arauca la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 10.700.000.000) con el objeto de finiquitar la acción contractual que el Departamento viene adelantando en contra de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación.

CLÁUSULA SEGUNDA: Se entenderán incorporados en esta suma todos los conceptos relacionados con los contratos de fiducia descritos en el presente documento y las obligaciones derivadas de los mismos, de que trata la demanda y que abarcan las pretensiones contenidas en la misma.

CLÁUSULA TERCERA: La suma a cancelar se hará y está representada de la siguiente forma:

A. La cantidad de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.000) que la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación cancelará a favor del departamento de Arauca dentro de los 30 días calendario siguientes, contados a partir de la fecha en que el honorable Consejo de Estado apruebe la transacción, suma esta que cancelará en forma directa, o a través de quien represente sus intereses, o impartiendo las instrucciones correspondientes a quienes manejen los contratos de fiducia relacionados con la constitución de un patrimonio autónomo para la administración, seguimiento, y pago de contingencias pasivas de orden litigioso de la Caja Agraria en liquidación.

B. Conforme al contenido de la sentencia de primera instancia, una vez indemnizado el departamento, le asiste el mismo la obligación de restituir a la entidad demandada en liquidación, los títulos valores (pagarés) creados en virtud de la ejecución de los contratos de fiducia objeto de la acción contractual. Por ello y teniendo en cuenta el aspecto logístico con que cuenta el departamento de Arauca para el recaudo, el hecho de que los deudodres (sic) en su totalidad residen en municipios del departamento, la proximidad del cierre de la Caja Agraria en liquidación y por lo tanto la inconveniencia de recibir una cartera como activo que se encontraría fuera del balance, así como el hecho de que la mayoría de los pagarés contentivos de la cartera tienen como fecha de vencimiento de la obligación el año 2001; las partes han convenido que la totalidad de la cartera quede radicada en cabeza y propiedad exclusiva del departamento de Arauca como parte de esta transacción, la cual fue valorada por las partes en la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 700.000.000).

C. Acordados estos aspectos la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación, deducirá de la suma señalada en la CLÁUSULA PRIMERA de este documento (sic) el valor correspondiente a la cantidad de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 700.000.000) y se compromete a endosar sin garantía y sin responsabilidad a favor del departamento de Arauca la totalidad de los pagarés relacionados en el proceso que se encuentren girados a su favor, al igual que ceder sin responsabilidad las garantías que los respalden. Este acto se realizará en la ciudad de Bogotá una vez aprobada la presente transacción por parte del honorable Consejo de Estado el mismo día del pago señalado en el literal A) de la CLÁUSULA TERCERA de este contrato (sic).

CLÁUSULA CUARTA: En razón a que la cartera continuará en propiedad del departamento de Arauca, las partes acuerdan que por el presente documento, se exonerará a la Caja Agraria en liquidación de cualquier reclamación futura, acción judicial o extrajudicial de cualquier tipo ya sea provenientes del departamento, de los deudores primarios de la misma, sus administradores o entidades adscritas o vinculadas al departamento que en cualquier momento hayan tenido relación, control, manejo o administración ya sea en forma directa o indirecta con la cartera a través de la cual se colocaron los recursos entregados por el departamento y ejecutados en virtud de los contratos fiduciarios antes mencionados.

De conformidad con lo anterior y de presentarse cualquiera de los eventos antes descritos el departamento se compromete a entrar al saneamiento a favor de la Caja Agraria en liquidación o a la entidad que represente sus derechos.

CLÁUSULA QUINTA: Las partes dejan expresa constancia que en el evento en que el honorable Consejo de Estado no apruebe la transacción objeto del presente documento, el contenido del mismo no constituye o equivale a aceptación alguna tácita o expresa por parte de la Caja Agraria en liquidación respecto de las pretensiones de la demanda presentadas en la acción contractual por el departamento, ni para este renuncia a sus pretensiones; ni podrá invocarse como prueba dentro del procesos (sic) por ninguna de las partes.

CLÁUSULA SEXTA: La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación adjuntará a este contrato (sic) certificación expedida por la Previsora S.A., con quien la Caja Agraria en liquidación constituyó patrimonio autónomo, en la que se compromete a efectuar el pago en las condiciones señaladas en el presente escrito, sin dilación alguna, y la misma constituirá parte integral de este documento.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El departamento se compromete a suministrar certificación bancaria de la cuenta a nombre del mismo en donde deberá consignarse la suma aquí acordada.

CLÁUSULA OCTAVA: Las partes contratantes se comprometen a efectuar la autenticidad de las firmas de este documento ante notario para que una vez formalizado el mismo sea aportado al proceso por cualquiera de los respectivos apoderados o en conjunto.

(...)” (fls. 1216, cdno. ppal. 2ª instancia - negrillas y mayúsculas del original).

II. Consideraciones

1. Precisiones generales sobre la transacción en materia contencioso administrativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Código Contencioso Administrativo, los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción podrán terminarse por transacción.

Según la mencionada disposición, se requiere para los mencionados efectos, autorización del Gobierno Nacional, cuando quien pretenda transigir sea la Nación. En los demás casos de entidades públicas, solo podrá celebrarse el respectivo contrato, previa autorización expresa y escrita del ministro, jefe del departamento administrativo, gobernador o alcalde que las represente, o a cuyo despacho se encuentren vinculadas o adscritas.

De conformidad con lo anterior, es evidente que para la aprobación de la transacción, se deben verificar única y exclusivamente el cumplimiento de los requisitos formales a que hace el artículo 218 ibídem, sin que sea necesario remitirse al Código de Procedimiento Civil. En esa perspectiva, y como quiera que la disposición solo hace referencia al acatamiento de requisitos formales, el juez no debe ahondar el contenido del acuerdo de voluntades, sino, simplemente, limitarse a establecer si es procedente declarar la terminación del proceso por transacción, en la medida que se cumplan las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, el juez de lo contencioso administrativo no debe aprobar o improbar la transacción, sino que, por el contrario, debe circunscribir su análisis a las exigencias de tipo formal que establece la ley, para que si se logra constatar su acatamiento, sea posible declarar la terminación del proceso.

2. Caso concreto.

Revisado el expediente, encuentra la Sala que quienes celebraron el contrato de transacción objeto de la presente revisión de legalidad, cuentan con capacidad suficiente para suscribir un acuerdo de esta naturaleza, como quiera que se encuentra firmado por el propio gobernador del departamento de Arauca, así como por el representante legal de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, tal y como se desprende de los documentos que en original y copia auténtica fueron aportados con el acuerdo transaccional, y que obran a folios 1246 del cuaderno principal de segunda instancia.

En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, comoquiera que fue directamente el representante legal del departamento de Arauca, quien transigió el litigio y la controversia, circunstancia por la cual no se requiere de la constatación de la existencia de la mencionada autorización, toda vez que no fue el apoderado judicial de la entidad demandante quien participó en la transacción, sino el propio gobernador de Arauca, motivo por el cual se encuentra comprobada la capacidad jurídica para la celebración del acuerdo.

Ahora bien, para la Sala según se desprende del contrato, los sujetos que hacen parte de la relación jurídico procesal hacen respectivamente cesiones de sus derechos con el propósito de obtener una solución a la controversia planteada, como quiera que la demandante formuló pretensiones por un valor estimado de $ 32.844.988.467, circunstancia por la cual de la simple lectura del acuerdo transaccional se tiene que aceptar, reducir en una determinada proporción, el monto de su reclamación. De otro lado, la Caja Agraria en liquidación, asume el compromiso de atender y cancelar los valores establecidos en el contrato, dentro de los plazos allí señalados, y adquiere compromisos frente a la cesión de la cartera a ella entregada, concretamente, a endosar sin garantía y sin responsabilidad los pagarés relacionados con los contratos de fiducia y encargo fiduciario celebrados por las partes.

En ese orden de ideas, para la Sala, en el asunto concreto, se verifican los requisitos legales sustanciales y procesales necesarios para declarar el fin de la controversia por transacción, como quiera que en esta forma de terminación del proceso, al limitarse el análisis del juez a aspectos formales, el contenido y alcance de las obligaciones que asume cada parte, a partir del contrato transaccional, es responsabilidad de las mismas de manera exclusiva.

Como corolario de lo anterior, se declarará la terminación del proceso por transacción, en tanto el acuerdo se ajusta a los parámetros de los artículos 281 del Código Contencioso Administrativo, y 2489 y siguientes del Código Civil.

Por lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. Declárase terminado el presente proceso por transacción, de conformidad con los postulados del artículo 218 del Código Contencioso Administrativo.

2. Ejecutoriado esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Magistrados: Myriam Guerrero de Escobar—Ruth Stella Correa Palacio—Enrique Gil Botero—Mauricio Fajardo Gómez—Ramiro Saavedra Becerra.