Sentencia 1998-00938 de mayo 11 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 17001-23-31-000-1998-00938-01(20596)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Referencia: reparación directa

Actor: Julio César Botero Gómez

Demandado: La Nación - Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y municipio San Juan Bautista de Guacarí

Bogotá, D.C., once de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por la Sala Uno de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas (Sala de Descongestión con sede en Medellín), el 30 de enero de 2001, pues el monto de la pretensión mayor, para la época en que fue presentada la demanda, supera el exigido para que el proceso tenga vocación de doble instancia.

2. Planteamiento del problema.

Corresponde a la Sala decidir la responsabilidad del municipio San Juan Bautista de Guacarí (Valle) y de la Nación - Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por la aprehensión y posterior entrega a las autoridades ecuatorianas del vehículo adquirido por el actor en el país.

El apoderado del actor sostiene que el municipio demandado y la DIAN incurrieron en falla del servicio i) porque la entidad territorial inscribió en el registro público el automotor que el actor adquirió y mantuvo la inscripción sin perjuicio de que la autenticidad de los documentos fue cuestionada posteriormente y ii) debido a que la DIAN, desconociendo el principio constitucional de la buena fe y los elementos probatorios que demuestran la importación y la propiedad del vehículo, entregó el bien al consulado ecuatoriano, sin que mediara decisión previa sobre la importación legítima del mismo y sin haber definido la situación jurídica provocada por su aprehensión.

La DIAN afirma haber entregado el vehículo a la persona autorizada por el cónsul ecuatoriano, en razón de que el demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para su importación y dado que un tercero lo reclamó como de su propiedad. Sin procedimiento alguno, en su calidad de autoridad aduanera, ante la cual no opera el principio constitucional de buena fe.

2.1. Hechos probados.

De conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, se puede tener por ciertos los siguientes hechos, relevantes para la decisión:

2.1.1. El 14 de enero de 1997, Julio César Botero Gómez y Manuel Orlando Rojas Gaspar celebraron compraventa del automóvil Chevrolet Corsa, modelo 1997, placas GUK-231, tipo sedán, color azul, número de motor B16NE31030705, número de chasís S1916-6I00097, con declaración de importación 0381303050043-4 ante la DIAN en la ciudad de Cali. Como precio se pactó la suma de $ 17.500.000.oo, que el comprador Botero Gómez debía pagar entregando $ 10.000.000.oo al momento de recibir el vehículo y el saldo en dos cuotas iguales, dentro de los dos meses siguientes(8).

2.1.2. El automotor objeto de la compraventa se encontraba matriculado en la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio Guacarí (Valle), desde el 10 de enero de 1997, teniendo como único propietario al vendedor Manuel Orlando Rojas Gaspar y la inscripción del traspaso por la venta a Julio César Botero Gómez se efectuó ante la misma entidad, el 5 de agosto de 1997(9). El día 20 siguiente, el comprador trasladó la cuenta del registro al municipio Santa Rosa de Cabal, lugar de su domicilio(10).

2.1.3. El 2 de septiembre de 1997, agentes de la Policía Judicial, del departamento de Caldas, inmovilizaron el vehículo al señor Botero Gómez, en el centro urbano de este último municipio del departamento de Risaralda, aduciendo falsedad de la factura de compra expedida en territorio ecuatoriano e inconsistencias en el certificado de origen, en el registro y en la declaración de importación, documentos que el propietario portaba junto con la licencia de tránsito. En la misma fecha, la SIJIN puso el vehículo a disposición de la DIAN y realizó estudio de identificación, de cuyo resultado se concluye que los números del motor y de la serie del automóvil corresponde a los originales de la casa fabricante y coinciden con los que aparecen en los documentos portados por el actor.

En el oficio 1194, del 2 de septiembre de 1997, suscrito por el jefe de la Sijin, departamento de Caldas, dejando el vehículo a disposición de la DIAN de Manizales, consta sobre la inmovilización(11) —se destaca—:

Por medio del presente me permito dejar a disposición de ese despacho el vehículo distinguido con las siguientes características así:

 

Clase:Automóvil
Marca:Chevrolet Corsa
Modelo:1997
Color:Azul metalizado
Motor NºB16NE31030705
Chasis y/o serie NºS1916-6I00097
Placas NºGUK-231

 

Anterior vehículo fue inmovilizado en el sector céntrico del municipio de Santarosa (sic) de Cabal Risaralda, momento en que este era conducido por el señor Julio César Botero Gómez, C.C. 18.595.978 (...) residente en la Calle 15 Nº 9-23 (...).

El motivo de la inmovilización se fundamentó, en que al momento de verificar la factura 6884 de fecha octubre 20 de 1996 y que aparece a nombre del señor Manuel Orlando Rojas Gaspar, C.C. 2.626.020, es falsa, así mismo presenta tachones y/o enmendaduras, por lo tanto en estas condiciones no puede ser legalmente importado ningún vehículo, igualmente portaba en el momento de la inmovilización, un certificado de origen 001525, de fecha octubre 20 de 1996, registro de Importación L596 100-2302585, de fecha octubre 20 de 1996, y declaración de Importación 96309-0918048, documentos que presentan inconsistencias en cuanto al correcto diligenciamiento; es por todo lo anterior que el Automóvil se deja a su entera disposición para que se le defina su situación legal (...).

En la copia del estudio técnico practicado al mismo vehículo, el grupo de identificación de automotores de la Sijin, consignó(12):

III. Resultado del estudio

Visto lo anterior se conceptúa que el vehículo objeto de estudio SÍ queda identificado por presentar los números de motor y series originales de fábrica, EN LOS LUGARES Y FORMA ACOSTUMBRADOS por la casa fabricante de estos vehículos —mayúsculas en el texto—.

IV. Antecedentes

Según verificación hecha en el kárdex y microfichas de la Unidad, el vehículo no registra antecedentes. A la fecha en nuestro país.

2.1.4. El 17 de septiembre siguiente, la división de control tributario y aduanero de la DIAN, con sede en Manizales, dispuso la aprehensión del vehículo inmovilizado, con el fin de establecer la veracidad de la declaración de importación(13).

2.1.5. El 29 de septiembre de 1997, el cónsul de primera del Ecuador, en Cali, solicitó a la DIAN poner a órdenes de ese consulado el vehículo aprehendido al señor Botero Gómez, según su afirmación, de propiedad de Seguros Rocafuerte S.A.(14).

2.1.6. El 7 de octubre de 1997, la jefe de división de servicios de la DIAN, sede Ipiales, informó a la oficina de Manizales, en relación con la declaración de tránsito aduanero 580596605220 que respalda la introducción al país del vehículo aprehendido, que en los archivos de esa dependencia no encontraron la documentación correspondiente y que, aunque la firma de la funcionaria Yolanda Reyes, que aparece en el documento es verdadera, se presume la falsedad del mismo(15). De este informe no se dio traslado al señor Botero Gómez.

2.1.7. El 14 de octubre de 1997, el señor Julio César Botero Gómez, actuando a través de apoderado, solicitó a la DIAN la devolución del vehículo, aduciendo que los documentos que demuestran la importación y la propiedad se presumen válidos o que, en su defecto, ponga el bien a disposición de la Fiscalía General de la Nación, competente para investigar su falsedad y la autoría del ilícito(16).

2.1.8. Tres días después de la solicitud presentada por el señor Gómez Botero, la DIAN, sin mediar procedimiento previo ni orden alguna, entregó el vehículo de propiedad del señor Botero Gómez, al representante de la sociedad ecuatoriana Seguros Rocafuerte S.A., por considerarlo de propiedad de esta última(17). Para el efecto, la DIAN invocó el convenio bilateral firmado por Colombia y Ecuador en Esmeraldas, el 18 de abril de 1990 y el Reglamento para la recuperación y devolución de embarcaciones y vehículos, suscrito entre los mismos Estados, el 10 de diciembre de 1992, en la ciudad de Cali.

2.1.9. Posteriormente, con comunicación del 7 de noviembre de 1997, la DIAN respondió al señor Julio César Botero Gómez la misiva del 14 de octubre anterior, informándole que el vehículo fue entregado a la persona designada por el consulado ecuatoriano(18).

2.1.10. El 13 de noviembre de 1997, el Jefe de la división de documentación de aduanas en Cali, informó a la DIAN de Manizales, que dentro de las carpetas correspondientes a diciembre de 1996 no se encuentra el original de la declaración de importación 0381303050043-4 fechado el día 27 de ese mes(19).

2.1.11. El 22 de mayo de 1998, la DIAN denunció ante la Fiscalía General de la Nación que en las oficinas de Ipiales y de Cali no se encontraron los originales de las declaraciones de tránsito aduanero y de importación, que soportan la licencia del tránsito del vehículo aprehendido al señor Botero Gómez y solicitó investigar estos hechos(20).

2.1.12. El 26 de mayo siguiente, la DIAN formuló cargos al señor Botero Gómez por no haber demostrado la introducción legal al país del vehículo aprehendido el 2 de septiembre de 1997 y, el 11 de septiembre de 1998, dispuso el decomiso del automotor, en favor de la Nación(21).

2.2. La Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales incurrió en errores en la aplicación de normas jurídicas, constitutivos de falla del servicio.

Según el artículo 64 del Decreto 1909 de 1992, la función administrativa de fiscalización y control aduaneros, tiene por objeto “(...) detectar la introducción de mercancías sin el cumplimiento de las normas aduaneras”, pero ello no le confiere la facultad de decidir controversias sobre la propiedad privada de los bienes importados, como tampoco pronunciarse sobre la validez o la falsedad de los documentos que sustentan la importación de las mercancías y su adquisición por los particulares(22), tanto así que, según el artículo 57 del Decreto 1909 de 1992(23), la legalización de mercancías ante las autoridades aduaneras no determina la propiedad o titularidad de las mismas. Lo que permite concluir que los controles de importación legal de bienes y la determinación de los derechos sobre los mismos son aspectos sustancialmente distintos.

El material probatorio permite establecer, con certeza, que el señor Julio César Botero Gómez, acreditó, ante los agentes de policía y la DIAN, el derecho de propiedad sobre el automóvil Chevrolet Corsa, modelo 1997, placas GUK-231, tipo sedán, color azul, número de motor B16NE31030705, número de chasís S1916-6I00097 y que no obstante el automotor fue inmovilizado, puesto a disposición de la DIAN y entregado al cónsul ecuatoriano, quien adujo que lo reclamaba una compañía de su país.

También, el material probatorio demuestra, sin hesitación, que la aprehensión del vehículo fue motivada por la determinación de la DIAN para verificar la información contenida en la declaración de importación del automotor, sin perjuicio de que el actor ejercía actos de señor y dueño sobre el vehículo y portaba licencia de tránsito, indicativa del registro a su nombre.

Siendo así, mientras se confrontaba la documentación aportada por el señor Botero Gómez, la DIAN debía dar aplicación al artículo 762 del Código Civil(24) y a los artículo 87 y 94 del Decreto 1344 de 1970(25) y 6º de la Ley 53 de 1989(26), en virtud de las cuales el poseedor se presume dueño mientras otro no demuestre mejor derecho y la inscripción en el registro automotor acreditada la titularidad del bien ante las autoridades de tránsito.

Pero la DIAN omitió la aplicación del artículo 29 constitucional, a cuyo tenor el debido proceso se aplica en las actuaciones administrativas, porque, conociendo la situación del actor sobre el bien, dispuso la entrega del mismo a las autoridades ecuatorianas, sin notificación previa al señor Botero Gómez y desconociendo su derecho de defensa.

Las normas invocadas por la DIAN para entregar el vehículo por solicitud del cónsul ecuatoriano (convenio colombo-ecuatoriano sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves promulgado por el Decreto 1047 de 1994 —arts. 59 y 65(27)— y el “Reglamento de recuperación y devolución de embarcaciones y vehículos”, adoptado el 10 de diciembre de 1992 por los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países, para el cumplimiento del citado convenio —arts. 8º y 9º(28)—), exigen para la entrega a un tercero de bienes aprehendidos en el país, i) que se trate de vehículo matriculado en el territorio del país que exige la entrega; ii) que el bien haya sido recuperado, encontrado, devuelto o identificado como robado, por la autoridad nacional competente y iii) la exhibición de la matrícula del automotor en el país extranjero.

Contra las expresas exigencias contenidas en la normatividad analizada, la DIAN entregó el vehículo inmovilizado al señor Botero Gómez, a la persona señalada por el cónsul ecuatoriano, i) siendo que el bien ostentaba la calidad de aprehendido, ii) sin que el tercero reclamante hubiere probado ante las autoridades judiciales competentes un mejor derecho sobre el bien y iii) sin exigir la exhibición de la matrícula del mismo en el país extranjero.

Asimismo, el material probatorio que obra en el expediente demuestra que la DIAN, después de haber dispuesto del vehículo irregularmente dio inicio a una actuación administrativa e informó a la Fiscalía para que se investigue sobre la falsedad de los documentos públicos aportados por el actor para demostrar la importación.

Proceder que desconoció los dictados de los artículos 2º y 83 de la Carta Política, a cuyo tenor las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus bienes y deben presumir la buena fe en las gestiones que estas adelanten ante aquellas.

Señala la Corte Constitucional que “[l]a sociedad necesita desenvolverse en un clima de confianza en el cual los actos de las personas no sean a priori calificados de ilícitos o indebidos sin haber establecido previamente que en efecto ello es así. Se requiere suponer que, como regla general —que debe representar el patrón normal de comportamiento—, los asociados obran con transparencia, sinceridad y lealtad, dentro de los postulados y reglas que rigen la organización social”(29).

Necesario es, igualmente, que la autoridad aduanera ejerza el control y la fiscalización, por su indudable importancia económica para el país, pero con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, sin incurrir en actuaciones que contravienen el orden jurídico y causan desazón, inseguridad y desconfianza en los particulares.

Demostrado, como está, que la Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales incurrió en graves errores en la aplicación de las normas jurídicas señaladas, procede infirmar la sentencia recurrida y condenar a la entidad a responder por el daño ocasionado al actor, por falla en la prestación del servicio de control y fiscalización de la mercancía importada al país.

2.3. No se estableció falla del servicio atribuible al Municipio Guacarí (Valle).

Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por certificaciones emitas a partir de registros públicos, esta sección tiene definido que:

(...) la certificación oficial de los datos que conste en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos.

En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares.

Sin embargo, no debe perderse de vista que en estos actos de registro y posterior certificación en los cuales se da fe de una verdad suministrada por un particular y no de un acto que la autoridad que expide la certificación haya debido presenciar, la responsabilidad por la veracidad del dato corresponde al particular que la suministra y si bien es cierto que el Estado debe establecer unas medidas de control para evitar que se alleguen datos falsos, también lo es que en aplicación del principio de la buena fe no debe confirmar todo cuanto el particular acredita ante este.

En síntesis, puede afirmarse que para el Estado el deber de certificación implica responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición del certificado, pero no cuando da cuenta de la verdad formal consignada por el particular y se han agotado las medidas de control que el caso concreto exige.

(...) Lo que debe resolver la Sala en este caso, es si del hecho de que la administración haya realizado el registro del vehículo objeto de este proceso con fundamento en unos documentos falsos, se deriva la obligación de reparar el daño causado como consecuencia del mismo.

La respuesta a este interrogante debe ser positiva, siempre que en el acto de registro las autoridades competentes hubieran incurrido en irregularidad por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes legales. En el caso concreto, sería atribuible a la administración el daño sufrido por el demandante si los documentos apócrifos hubieran sido expedidos por los funcionarios de la oficina de transporte y tránsito, o al menos con su complicidad, en ejercicio de sus funciones, o en el supuesto de que la autoridad encargada de realizar la inscripción hubiera omitido el cumplimiento de los controles legales al realizar el acto(30).

Dado que la autoridad de tránsito se limitó a certificar el registro del automotor y a expedir la licencia de tránsito del mismo, con base en los datos inscritos, se confirmará la sentencia apelada en relación con esta entidad demandada.

2.4. El reconocimiento de perjuicios.

Demostrada la falla en el servicio a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, procede la Sala a determinar lo pertinente a la indemnización de los perjuicios.

Solicita el apoderado de la parte demandante por concepto de perjuicios patrimoniales, la suma de $ 20.000.000.oo, representados en el valor del automóvil Chevrolet Corsa, modelo 1997, placas GUK-231, tipo sedán, color azul, número de motor B16NE31030705, número de chasís S1916-6I00097, de su propiedad.

Según la copia del contrato de compraventa que obra en el expediente, el precio de la compra fue de $ 17.500.000.oo, valor que se le reconocerá al actor, actualizado con el IPC, desde la fecha de su entrega a una autoridad extranjera impidiendo al actor su persecución, así:

S: la suma que se busca al momento de la condena

 

f1 1998-00938.JPG
 

 

f2 1998-00938.JPG
 

 

S= $ 42.527.223,23

Total indemnización debida: $ 42.527.223,23

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Uno de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas (Sala de Descongestión con sede en Medellín), el 30 de enero de 2001 y en su lugar:

1. DECLARAR a la Nación - Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, patrimonialmente responsable de los daños ocasionados al señor Julio César Botero Gómez, al disponer la entrega al consulado de la República del Ecuador, del automóvil Chevrolet Corsa, modelo 1997, placas GUK-231, tipo sedán, color azul, número de motor B16NE31030705, número de chasís S1916-6I00097.

2. Como consecuencia de la declaración anterior CONDENAR a la Nación - Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a pagar, al señor Julio César Botero Gómez, a título de reparación de daño material, la suma de cuarenta y dos millones quinientos veintisiete mil doscientos veintitrés pesos con veintitrés centavos ($ 42.527.223,23).

3. ABSOLVER al municipio San Juan Bautista de Guacarí (Valle).

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas al a parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase».

(8) Copia auténtica del documento suscrito el 14 de enero de 1997, que da cuenta de la venta del vehículo, por parte de Manuel Orlando Rojas Gaspar, con diligencias de reconocimiento de firmas. Folios 10 y 11, cuaderno principal.

(9) Según certificación emitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio Guacarí (Valle), con destino a este expediente. Folios 11, 12 y 13, cuaderno 3.

(10) Copia de la certificación emitida, el 4 de agosto de 1997, por el secretario de gobierno municipal de Santa Rosa de Cabal, que da cuenta de que el demandante reside en la Calle 15 Nº 9-23 de ese municipio. Folio 24, cuaderno 3.

(11) Folios 3 y 4, cuaderno 3.

(12) Folio 4, cuaderno 3.

(13) Copia del acta de aprehensión por parte de la DIAN, del automóvil Chevrolet Corsa, placas GUK-231, modelo 1997, inmovilizado al señor Botero Gómez. Folios 9 a 21, cuaderno principal.

(14) Copia de la comunicación presentada por el Cónsul de Primera del Ecuador, solicitando poner a sus órdenes el vehículo con características correspondientes al que le fue aprehendido al señor Botero Gómez y autorizando al ciudadano ecuatoriano Byron Sangster Infante, para que realice todos los trámites pertinentes “(...) hasta concluir la recuperación del vehículo”. Folios 116 a 119, cuaderno 2.

(15) Copia del oficio número 0243, suscrito por Miralba Mora Estupiñán, del grupo tránsitos, con visto bueno de Marina Carreño de Ochoa, jefe división de la DIAN, sede de Ipiales, dirigido a la misma entidad en Manizales, que dice:“[e]n atención a oficio 48-0138 y telegrama radicado el 24 de septiembre de 1997 con relación a la declaración de tránsito aduanero con número de manifiesto 580596605220, nos permitimos manifestar que una vez revisados los archivos no se encuentra la documentación correspondiente, se presume que (sic) documento es falso porque el número ‘1567’ no corresponde al consecutivo de la fecha, la firma de la funcionaria Yolanda Reyes quien estaba encargada de los tránsitos es verdadera pero manifiesta que en esa fecha ya estaba laborando en la división financiera y administrativa, el funcionario Hernando Mercado Lozano quien aparece firmando también este documento como jefe de la división operativa ya no estaba en Ipiales había sido trasladado a la Administración Especial Aduanera de Bogotá. Por los motivos expuestos se deduce que el documento del cual anexan fotocopia puede ser un montaje” —se destaca—. Folio 85, cuaderno principal.

(16) Copia de la petición de devolución del vehículo aprehendido, que formuló el señor Botero Gómez a la DIAN, obra a folios 86 a 88, cuaderno principal.

(17) Copia del acta de entrega que hizo la DIAN al ciudadano ecuatoriano Byron Germán Sangster Infante, haciendo constar que el vehículo es “(...) de propiedad de Seguros Rocafuerte S.A., según lo informa el señor cónsul en la comunicación ya citada”. Folios 104, cuaderno principal.

(18) Copia del oficio 079-0583 del 7 de noviembre de 1997, suscrito por el jefe de la división de control tributario y Aduanas Nacionales de Manizales, informando que entregó el vehículo al consulado ecuatoriano. Folio 109, cuaderno principal.

(19) Copia del oficio número 812232 del 13 de noviembre de 1997, suscrito por Piedad Sánchez, jefe de la división de documentación de aduanas, dirigido a la DIAN en Manizales. Folio 110, cuaderno principal.

(20) Copia de la denuncia penal formulada por la DIAN ante la Fiscalía General de la Nación. Folios 126 y siguientes, cuaderno principal.

(21) Copia del pliego con que la DIAN formuló al demandante el cargo de no haber demostrado el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el ingreso del vehículo al país y copia del acto 045, del 11 de septiembre de 1998, que expidió esa entidad decomisando el automotor en favor de la Nación, por el mismo cargo. Folio 152 a 176, cuaderno principal

(22) Según el artículo 67 del Decreto 1909 de 1992 “[c]uando una infracción a las normas aduaneras se realice mediante utilización de documentos falsos, empleando maniobras fraudulentas o engañosas u otros hechos que tipifiquen delito por sí solos o se realicen en concurso con los hechos punibles, se aplicarán las sanciones administrativas que procedan, sin perjuicios de las investigaciones penales que corresponda adelantar” —se destaca—.

(23) Al tenor del inciso final de esta norma, “[l]a legalización de mercancías no determina la propiedad o titularidad de las mismas, ni subsana los ilícitos que se hayan presentado en su adquisición”.

(24) Por cuya disposición “[e]l poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.

(25) Normas que disponen, en lo pertinente: “ART. 87.—La licencia de tránsito es la autorización para que el vehículo pueda transitar en todo el territorio nacional, expedida por la autoridad competente, previa inscripción del mismo en el correspondiente registro de instrumentos públicos. La licencia de tránsito es un documento público; en ella se identificará el vehículo y se expresarán su destinación el nombre del propietario inscrito y el número de la placa” —se destaca—. “ART. 94.—La licencia de tránsito se expedirá luego de abierto el folio de matrícula en la oficina de registro de instrumentos públicos, y contendrá los siguientes datos: 1. Clase de vehículo e identificación plena del mismo; (...) 4. Nombre, domicilio, dirección e identidad del propietario o del nudo propietario y del poseedor o tenedor...” —se destaca—”.

(26) A cuyo tenor “[e]l registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros” —se destaca—.

(27) “ART. 59.—Las embarcaciones o vehículos identificados por las autoridades nacionales competentes como robados o abandonados, serán puestos a disposición del funcionario consular de la jurisdicción donde fueren localizados, sin dilación y en un plazo no mayor de quince (15) días”. “ART. 65.—Cuando la autoridad administrativa exima de responsabilidad al dueño, conductor, capitán o piloto, de inmediato y sin dilación pondrá la embarcación o vehículo a órdenes del cónsul de la jurisdicción, para la entrega a su dueño”.

(28) ART. 8º—La embarcación o vehículo recuperado, encontrado o devuelto por la autoridad nacional competente e identificado como matriculado en el otro país, será puesto a disposición, de inmediato, al cónsul más próximo. Se elaborará un acta de entrega-recepción, suscrita por el cónsul y el representante de la autoridad nacional competente, en la cual conste la descripción de la embarcación o vehículo y el lugar, fecha y circunstancias de la recuperación, localización y devolución”.

“ART. 9º—Para la devolución de la embarcación o vehículo, el dueño deberá exhibir ante el cónsul, la matrícula y el documento de identidad. Si el dueño fuere una persona jurídica, se deberá presentar además la acreditación del representante legal”.

(29) Sentencia T-578A del 4 de diciembre de 1995.

(30) Sentencia del 20 de febrero de 2003, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación 17001-23-31-000-1995-5033-01(14176), ya citada.