Sentencia 1998-00974/23222 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”.

Rad.: 25000-23-26-000-1998-00974-01 (23.222) 25000-23-31-000-1998-2031-01 (19.972); 25000-23-26-000-1998-1293-01 (23.227); 25000232600019980129201 (24.408); 25000232400019980135001 (24.419); 25000-23-26-000-1998-00975-01 (26.439); 25000-23-26-000-1998-02029-01 (27.863); 25000-23-26-000-1998-02030-01 (30.224) acumulado

Actor: José Cornelio Porras Romero y otros

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU

Referencia: Reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Bogotá D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos con los trámites propios de esta instancia y sin causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a pronunciarse sobre el asunto de la referencia para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia, 2) caducidad de la acción, 3) legitimación en la causa por activa y pasiva, 4) régimen de responsabilidad aplicable, 5) acervo probatorio y análisis del caso concreto, 6) condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en cada uno de los procesos acumulados comoquiera que la pretensión mayor individualmente considerada en cada uno de ellos, supera la cuantía establecida para que un proceso iniciado en el año 1998 tuviera vocación de doble instancia, esto es, $ 18.850.000 y en el año de 2000, $ 26.390.000.

Las pretensiones mayor de cada demanda, correspondiente a los perjuicios materiales, fueron establecidas en la siguiente forma:

Expediente 23.222, la suma de $ 141.391.886, por concepto de lucro cesante.

Expediente 26.439, la suma de $ 262.988.908, por concepto de lucro cesante.

Expediente 19.972, la suma de $ 192.000.000, por concepto de daño emergente.

Expediente 30.224, la suma de $ 300.000.000, por concepto de daño emergente dentro del proceso 1998-01294.

Expediente 24.408, la suma de $ 100.000.000, por concepto de daño emergente.

Expediente 24.419, la suma de $ 105.000.000, por concepto de daño emergente. Teniendo en cuenta que en el presente proceso son dos los actores, dicha pretensión deberá ser divida entre ellos, en razón a ello debe, entenderse que la pretensión mayor individualmente considerada corresponde a $ 52.500.000.

Expediente 27.863, la suma de 84.000.000, por concepto de daño emergente.

Expediente 23.227, por la suma de $ 200.000.000, por concepto de daño emergente.

2. Caducidad de la acción.

Respecto al ejercicio oportuno de la acción de reparación directa, se tiene que la obra pública que funda las pretensiones de las diferentes demandadas acumuladas en el sub judice, finalizó el 31 de marzo de 1998 y los procesos fueron iniciados en las siguientes fechas:

4 de marzo de 1998 (rad. 23.222 y 26.439).

20 de abril de 1998, 7 de julio de 1998 y 18 de febrero de 2000 (rad. 30.224).

20 de abril de 1998 (rad. 24.408 y 23.227).

24 de abril de 1998 (rad. 24.419).

7 de julio de 1998 (rad. 19.972 y 27.863).

Por tanto, todas las demandas fueron ejercidas en tiempo, conforme a lo establecido en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3. De la legitimación.

3.1. Por activa.

Conforme a la reciente posición jurisprudencial de la Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado, en los casos en que se requiera demostrar la propiedad de bienes inmuebles, es únicamente necesario probar el modo de adquirir el dominio. En efecto, en sentencia de unificación se decidió:

“En consecuencia, para la Sala, un nuevo análisis de las normas que regulan la forma como se adquieren y se transmiten los derechos reales —entre ellos el de la propiedad— en nuestro ordenamiento, conducen a la conclusión de que el certificado que expida el registrador de instrumentos públicos en el cual aparezca la situación jurídica de un determinado inmueble y en el cual se identifique como propietario —por la correspondiente inscripción del título que dio lugar a ello— la persona que alegue esa condición en un juicio que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para efectos de acreditar la legitimación en la causa por activa, constituye plena prueba de ese derecho.

Debe indicarse que el cambio jurisprudencial que mediante esta providencia se está adoptando está llamado a ser aplicable únicamente encuentra aplicación en aquellos eventos en los cuales se pretenda acreditar la propiedad de un inmueble cuando se trate de un proceso que se adelanta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cual obliga a precisar que si lo que se discute en el proceso correspondiente es la existencia, la validez o la eficacia del título o el cumplimiento del contrato o el del mismo registro o existe el conflicto acerca de quién tiene mejor derecho sobre el bien objeto de proceso —llámese acción reivindicatoria, por ejemplo— necesariamente deberá adjuntarse la respectiva escritura pública o el título correspondiente, actuaciones que no tendrían otra finalidad que desvirtuar la presunción de legalidad y la legitimación registral que recae sobre el acto administrativo de inscripción, caso en el cual deberán adelantarse los procedimientos que para estos efectos dispone la ley y deberán surtirse ante la autoridad judicial respecto de la cual se ha asignado esta competencia.

Iguales consideraciones deben predicarse, esto es habrá necesidad de aportar al respectivo proceso el título correspondiente cuando se trate de litigios contractuales, esto es cuando lo que se discuta en el mismo sea, por el ejemplo, el incumplimiento de una obligación que se derive del citado documento —contrato estatal o acto administrativo— puesto que el problema jurídico en estos eventos se circunscribe al análisis fáctico y jurídico del mismo del título y, por ello será necesario entonces que obre en el expediente con el fin de que el Juez competente haga las valoraciones a que haya lugar.

Debe precisarse, aunque resulte verdad de perogrullo, que si bien con el sólo certificado de registro de instrumentos públicos puede probarse la propiedad o la titularidad de un derecho real sobre el bien objeto del respectivo folio de matrícula, lo cierto es que la persona interesada debe acreditar, a su vez, que ese bien respecto del cual figura como titular en el referido certificado corresponde a aquél que pretende hacer valer en un juicio que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, para efectos de demostrar la legitimación en la causa.

Resulta pertinente agregar que la postura jurisprudencial que se modifica mediante la presente providencia dice relación únicamente respecto de la prueba de la legitimación por activa cuando se acude a un proceso que se adelanta ante la jurisdicción contencioso administrativa en calidad de propietario de un bien inmueble, que no sobre la forma y los presupuestos, previstos en la ley, para la adquisición, transmisión o enajenación de derechos reales, para cuyo propósito, como no podía ser de otra forma, se requerirá de los correspondientes título y modo en los términos en que para la existencia y validez de estos actos jurídicos lo exige precisamente el ordenamiento positivo vigente.

Finalmente conviene aclarar que lo antes expuesto de manera alguna supone que en adelante única y exclusivamente deba aportarse el certificado o la constancia de la inscripción del título en el registro de instrumentos públicos, puesto que si los interesados a bien lo tienen, pueden allegar el respectivo y mencionado título y será el juez el que en cada caso concreto haga las consideraciones pertinentes; se insiste, la modificación en la jurisprudencia que se realiza en esta providencia dice relación únicamente con la posibilidad de probar el derecho real de dominio sobre un bien inmueble con el certificado del registro de instrumentos públicos en el cual conste que el bien objeto de discusión es de propiedad de quien pretende hacerlo valer en el proceso judicial correspondiente”(2).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede al estudio de la calidad de propietario de cada uno de los actores.

3.1.1. Expediente 23.222.

• Escritura pública 4046 del 7 de octubre de 1980, mediante la cual el señor José Cornelio Porras Romero, adquirió el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-116862 (fls. 3 a 5, c. de pruebas).

• Certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-116862, en el cual figura como propietario el señor José Cornelio Porras Romero (fl. 6, c. de pruebas).

3.1.2. Expediente 26.439.

• Escritura pública 3996 del 25 de octubre de 1976, mediante la cual el señor Siervo Sarmiento Barrero, adquirió el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-297327 (fl. 3 a 6, c. de pruebas).

• Certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-297327, en el cual figura como propietario el señor Siervo Sarmiento Barrera (fl. 8, c. de pruebas).

3.1.3. Expediente 19.972.

• Escritura pública 1128 del, mediante la cual los señores Félix Alberto Cubillos Rojas y Ana Beatriz Cuervo de Cubillos, adquirieron el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-261170 (fl. 3 a 6, c. 2 de pruebas).

• Certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-261170, en el cual figuran como propietarios los señores Félix Alberto Cubillos Rojas y Ana Beatriz Cuervo de Cubillos (fl. 7, c. 2 de pruebas).

3.1.4. Expediente 30.224.

• Escritura pública 6719 del 13 de diciembre 1978, aclarada mediante escritura 2125 del 4 de mayo de 1979, por la cual la sociedad Materiales de Construcción Julcar Ltda., a través de su representante legal adquirió el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-510095 (fl. 5 a 14, c.1 del expediente 1998-02030).

• Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-510095, ubicado en la avenida 68 Nº 72 43, en que figura como propietaria la sociedad Materiales de Construcción Julcar Ltda. (fl. 15, c. 1 del expediente 1998-02030).

• Escritura pública 2049 del 21 de abril de 1986, por la cual se adquirió el inmueble ubicado en la calle 68 N. 71A 71 y 71A 72. (fl. 2 a 5, c. 7).

• Certificado de libertad y tradición (fl. 7, c. 7).

• Escritura pública 942 del 5 de mayo de 1983, por la cual se adquirió el inmueble ubicado en la calle 68 Nº 72-33.

• Escritura pública 2918 de 3 de julio de 1998, por la cual la sociedad Materiales de Construcción Julcar Ltda. vendió el inmueble ubicado en la avenida 68 Nº 72-33. (fl. 4 a 14, c. 10).

• Certificado de libertad y tradición (fl. 44, c. 10).

Ahora bien, en el recurso de apelación, aduce la entidad demandada que la Sociedad Materiales de Construcción Julcar Ltda. vendió el inmueble identificado con matricula inmobiliaria 50C-1478876 (exp. 2000-00469) antes de la interposición de la demanda y por tanto carecía de legitimación en la causa por activa para reclamar los perjuicios derivados de la construcción de la obra pública.

Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al apelante, puesto que, tal como lo manifestó el Ministerio Público dentro del concepto rendido en esta instancia procesal, las pretensiones de la demanda están encaminadas a reclamar el daño sufrido por la actora al tener que vender el bien por un valor menor que se produjo con ocasión de la obra pública, estando de esta forma legitimada para reclamar la diferencia de precios aducida en el líbelo demandatorio.

3.1.5. Expediente 24.408.

• Escritura pública 6936 del 25 de agosto de 1989, por la cual la señora Flor Alba Bonilla vda. de Fuentes, adquirió el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-0103129 (fls. 3 a 5, c. 2).

• Certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-103129, ubicado en la avenida 68 Nº 72-65/67, en el cual se advierte que la actora figura como propietaria (fls. 7 y 8, c. 2).

3.1.6. Expediente 24.419.

• Escritura pública 3231 del 24 de julio de 1992, por la cual los señores Luis Onofre Lancheros Núñez y Yolanda Páez de Lancheros, adquirieron el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-689431 (fls. 1 a 3, c. de pruebas).

• Certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-689431, en el cual figuran como propietarios los actores (fl. 6, c. de pruebas).

3.1.7. Expediente 27.863.

• Matrícula inmobiliaria certificado de tradición y libertad 50C-793386 en la que con fecha 3 de septiembre de 1997 figura registrada la Sentencia de 28 de abril de 1997 del juzgado 12 de familia de Bogotá referente a la adjudicación del inmueble de la avenida 68 Nº 72-87 dentro de la sucesión de Jorge Enrique Amaya, a favor de Pedro, Rosa María, Ana, Víctor, Miguel, Enrique, Fernando, Blanca y Jorge Amaya (fl. 36, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

3.1.8. Expediente 23.227.

• Escritura pública 1.492 de 18 de mayo de 1981 de la notaría 14 de Bogotá, por la cual el señor Luis Napoleón Téllez Gallego adquirió los apartamentos 201, 202, 301, 302, 401 y 402 de la carrera 70 Nº 71 B 41 de Bogotá, según los folios de matrícula inmobiliaria 50C-1414085, 50C-142486, 50C-1414087, 50C-1414088, 50C-1414089, 50C-1414090 (fls. 6 a 9, c. 4).

• Certificados de tradición y libertad de los inmuebles con matrículas inmobiliarias 50C-1414085, 50C-142486, 50C-1414087, 50C-1414088, 50C-1414089 y 50C-1414090. (fls. 11 a 16, c. sin número).

3.2. Por pasiva.

En relación con legitimación por pasiva, la jurisprudencia ha sido pacífica al señalar que, contra quien debe presentarse la demanda es la entidad que ejecuta la obra, ya sea de manera directa o a través de un contratista, al respecto el precedente jurisprudencial ha dicho:

“(…) Sobre el particular cabe destacar que la obra pública puede ejecutarse mediante la actuación directa de la administración a través de sus funcionarios, o mediante la colaboración de terceros quienes a través del mecanismo de la contratación, la ejecutan materialmente, constituyéndose en meros ejecutores materiales de la obra y colaboradores de la administración en el cumplimiento de los fines públicos, pero no en titulares de ésta, la cual sigue radicada en la administración.

Por tanto, el Estado, en el contrato de obra pública, como generador y organizador de una actividad de riesgo debe responder por los daños que ocasione…”(3).

En este orden de ideas, se advierte que obran en los procesos pruebas suficientes, tales como, copia auténtica de oficio proferido por la Alcaldía Mayor de Bogotá por el cual se certificó que la construcción del puente vehicular estuvo a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, quien celebró el contrato 194/96 con la empresa Civilia Ltda. para la construcción del mismo(4), asimismo obra copia auténtica del contrato 194 de 1996, el cual tenía por objeto “(…) ejecutar el diseño integral a precio global, y a la construcción a precios unitarios con formula de reajuste, de la intersección de la calle 68 por avenida Boyacá…”(5), lo que lleva a establecer con plena certeza que el IDU es la entidad llamada a responder en caso tal que queden demostrados los daños antijurídicos señalados por los actores.

4. Régimen de responsabilidad aplicable.

En lo que toca al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de daños originados en la ejecución de obras públicas, la jurisprudencia tiene por sentado que se deben revisar bajo el régimen objetivo del daño especial, al respecto se ha dicho:

“(…) Se puso en evidencia que la obra del puente de la 53 con la carrera 30 produjo un daño de carácter excepcional a los dueños del inmueble aledaño a dicha obra (número 28A-05 de la calle 53). Daño o perjuicio que no surge de una falla del servicio (la actividad de la entidad demandada fue legítima) sino del hecho de habérsele impuesto a los demandantes una carga especial en beneficio de la comunidad. Carga que rompe el principio de la igualdad frente a las cargas públicas (forma del principio general de la igualdad ante la ley).

La Sala estima que el apoyo jurisprudencial citado por el a quo conserva su vigencia, ya que él no hace otra cosa que relievar el postulado de que interés general debe prevalecer sobre el particular.

Fuera de las sentencias citadas y transcritas en parte en la motivación del fallo recurrido la Sala menciona el fallo del Banco Bananero en el que se hace la presentación de la tesis doctrinaria del daño especial con sus alcances, precisiones y exculpaciones (Sentencia de fecha 28 de octubre de 1976. Ponente: Doctor Valencia A.)(6).

En otra ocasión se confirmó dicha posición así:

“(…) Se trata entonces de un régimen de responsabilidad que no tiene como fundamento un error o falla atribuible a la administración, sino el ejercicio de actividades legítimas que pueden causar daños a los administrados quienes, en aras de garantizar la equidad y el equilibrio frente a las cargas públicas, deben ser indemnizados.

La procedencia del régimen de responsabilidad por daño especial se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos(7):

“1. Que el hecho administrativo que causa el daño provenga de una actuación legitima de la administración amparada por la normatividad legal vigente o la misma Constitución, que rompe la igualdad frente a las cargas públicas que deben soportar determinados administrados.

“Significa lo anterior que el quebrantamiento de la igualdad frente a las cargas públicas imponga a ciertos administrados un mayor sacrificio al que normalmente debe soportar los asociados en general.

“2. Que se concrete un daño que lesiona un derecho jurídicamente tutelado el cual debe revestir las condiciones de cierto, concreto y particular.

“3. Y que haya un nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y el perjuicio ocasionado.

“Lo dicho permite establecer que este régimen de responsabilidad excluye la ilegalidad del acto administrativo, los casos de responsabilidad por falta o falla del servicio de la administración y también la derivada de las vías o actuaciones de hecho.

“En tales condiciones se exige que para hablar del daño especial como presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es decir, que solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su patrimonio como contrapartida de que la comunidad obtenga beneficios que le representa un mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios …”.

Al tenor de lo anterior, la Sala entrará a estudiar el acervo probatorio obrante en cada uno de los procesos acumulados, a efectos de establecer si los daños aducidos por los actores se encuentran acreditados y tienen la naturaleza de antijurídicos, haciendo imputables los mismos a la entidad demandada.

5. Valoración probatoria e imputación de responsabilidad.

Toda vez que se trata de la acumulación de 8 expedientes, la Sala estudiará de forma individual cada uno de los procesos acumulados.

5.1. Expediente 23.222.

En este caso conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia de 23 de mayo de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

La Sala encuentra que fueron demostrados los siguientes hechos o fundamentos fácticos:

— Contrato de arrendamiento comercial 477 de 1º de marzo de 1995 y constancia de 29 de enero de 1998 del gerente de la sociedad Inmober Ltda. Inmobiliaria, por los que se probó la existencia de un arrendamiento comercial a la sociedad Tire Depot Ltda., la bodega situada en la calle 68 Nº 73-20 de propiedad del señor José Cornelio Porras, por un canon de $ 2.500.000, que el contrato dio inicio en aquella fecha y terminó el 27 de junio de 1997 (fls. 10 a 14 y 9, c. pruebas 2, exp. 23.222).

— Comunicación del 10 de junio de 1997, que el gerente general de la sociedad Tire Depot envió a la Inmobiliaria Inmober Ltda. En ella se lee que pone en conocimiento las graves circunstancias que aquejan al contrato de arrendamiento, devenidas de la construcción del puente vehicular que afectó de manera grave el desempeño del local arrendado “por cuanto además de los inconvenientes de toda obra pública en materia de presentación del espacio público, suciedad, ruido, etc., el acceso a la bodega se ha visto dificultado en tal grado, que la clientela no visita nuestro establecimiento, habiendo disminuido de manera dramática nuestras ventas de llantas desde que se comenzaron la obras… hasta el punto de que en no pocas ocasiones se han presentado días en que no se realiza una sola venta”. Indicó que la causa que llevó a tomar el local en arrendamiento fue su ubicación, facilidad de acceso, flujo de público, estado de las vías y ello llevó a que el contrato fuera prorrogado, pero con la construcción del puente —que la calificó de sobreviniente, imprevisible e irresistible— hizo que el local dejara de servir para los fines a los que se encontraba destinado, al punto que desde el punto de vista económico no era atractivo seguir con el contrato (fls. 53 a 54, c. de pruebas 2, exp. 23.222).

— El 23 de junio de 1997, el subgerente de la sociedad Tire Depot le comunicó a la inmobiliaria que terminaba el contrato de arrendamiento en forma anticipada por las circunstancias padecidas por el local con la construcción del puente (fls. 55 a 56, c. de pruebas 2, exp. 23.222).

— El 27 de junio de 1997 se suscribió entre las partes el acta de entrega del inmueble (fl. 57, c. de pruebas 2, exp. 23.222).

— Dictamen pericial:

Se concluyó que el área construida del inmueble es de 334.59 m2; que el inmueble se encuentra dentro del área de influencia del puente vehicular de la Av. (calle) 68 con Av. Boyacá, ya que la distancia entre el paramento y el puente es de solo 4.65 m; existe relación urbanística entre el puente y el predio en cuestión; con la construcción del puente el inmueble tuvo efectos favorables y desfavorables.

En cuanto a los desfavorables están: eliminación del parqueo vehicular de clientes frente al local o bodega; disminución de la visibilidad de avisos comerciales y propagandísticos del establecimiento que allí funciona; aumento de la inseguridad por aislamiento y poca visibilidad del sitio donde se ubica el inmueble; disminución de la clientela a consecuencia de los anteriores aspectos; merma de ingresos para el negocio que se establezca en el inmueble debido a la disminución de la clientela y obstrucción de la vista general del entorno (paisaje). En cuanto a los aspectos favorables: disminución de la polución por emisiones de vehículos, ya que el puente facilita el flujo vehicular y elimina el trancón; disminución del ruido de los motores y de los frenos de los automotores por el alejamiento, confinamiento y libre flujo del tráfico; mejoramiento de los andenes y renovación de redes exteriores de servicios públicos.

Indicaron que la distancia entre el punto más próximo del puente y la línea de demarcación o paramento de fachada del inmueble es de 4.65 metros; que el valor de venta del m2 si no existiera la obra pública sería de $ 615.000, así que el valor total del inmueble sería el resultado de multiplicar 334,59 m2 x $ 615.000, para un total de $ 205.772.850. Luego de la construcción del puente, el valor de la bodega se devaluó para efectos comerciales en una suma equivalente al 30% del valor de venta, cuyo resultado es el siguiente:

Valor actual de venta por m2 = $ 615.000 (1-0.30) = $ 430.500.

Valor actual total del inmueble = $ 430.000 x 334,59 = $ 144.040.995.

En relación con el valor del canon de arrendamiento por metro cuadrado en el inmueble y cuál sería el valor total del inmueble si no existiera obra pública, los peritos indicaron: “Habiendo examinado el contrato de arrendamiento comercial 477 de marzo 1º de 1995 y el acta de entrega del inmueble de junio 27 de 1997 podemos decir que el canon de arrendamiento antes de la construcción del puente era de $ 2.500.000 mensuales”.

Hicieron las siguientes operaciones:

— Valor actual de arrendamiento por m2 y por mes, si no existiera la obra pública adyacente = $ 2.500.000 / 334,59$ 7.471,83

— Valor total actual del arrendamiento mensual si no existiera el puente $ 2.500.000.

Ahora, el valor del canon de arrendamiento con el puente construido lo obtuvieron así:

— Valor actual real del canon de arrendamiento mensual por m2$ 3.100.

— Valor total actual real del canon de arrendamiento mensual = 3.100 x 334,59, para un total de $ 1.037.229.

En cuanto al acceso vehicular dictaminaron que luego de la construcción del puente la vía que el IDU dejó es peatonal, es continuidad de los andenes y el flujo de transeúntes es muy alto; la entrada de vehículos por el costado oriental está bloqueada por bolardos y al entrada por el costado occidental sería violatoria de las normas de tránsito porque se efectuaría sobre andenes, en contravía, con el consecuencial peligro de la integridad de los transeúntes.

Finalmente, aludieron a que sí existe aislamiento entre el puente y la edificación en cuestión, consistente en un andén frente a la bodega, cuyo uso es exclusivamente peatonal (fls. 61 a 74, c. de pruebas 2, exp. 23.222).

Testimonios.

Miguel Antonio Rey Sastoque: interventor del contrato de la obra pública del puente entre agosto de 1997 hasta su terminación. Explicó que dentro de la realización de la obra del IDU sí se tuvo en cuenta la realización de obras de equipamiento urbano para los inmuebles y habitantes de la zona de influencia de la intersección tales como la construcción de andenes, plazoletas e incluso locales comerciales con baterías sanitarias, que podrían ser utilizados para beneficio de la comunidad. Además, fue necesario ejecutar la modernización de las redes de acueducto, alcantarillada, energía eléctrica y teléfonos, cambiando las tuberías y redes existentes por otras nuevas, en la zona misma de construcción del puente. Sobre la contaminación visual indicó que sin duda el puente constituye un elemento extraño para los inmuebles localizados junto al mismo, que antes de la construcción de la obra el IDU trató de mitigar ese impacto mediante la construcción de la plazoleta y caminos peatonales para hacer más amable la construcción de esa estructura (fls. 89 a 90, c. de pruebas 2, exp. 23.222).

Jaime Alberto Umaña: empleado del IDU en calidad de coordinador de obra, en la subdirección técnica de ejecución de obras de la dirección técnica de construcciones. A su juicio, esas obras mejoraron ostensiblemente la calidad de vida de los residentes del sector, por cuanto mejoró el aspecto urbano, retiró los trancones y demás aspectos inherentes como vendedores ambulantes, ruido, polución y mejoró la productividad, al evitarse la intersección a nivel (fls. 91 a 92, c. de pruebas 2, exp. 23.222).

Para la Sala con esos testimonios se comprueba con mayor certeza que el daño antijurídico causado devino del actuar lícito, legal y legítimo de la administración al propender y llevar a cabo, mediante la construcción de un puente vehicular, el mejoramiento de la movilidad, del tráfico y de la contaminación ambiental y auditiva, reduciendo en forma considerable el llamado embotellamiento del transporte que caracterizaba a ese sector.

Pues bien, por otra parte, la Sala encuentra que el dictamen pericial, a diferencia de lo indicado por el a quo, contiene un estudio técnico y profesional serio y ponderado, efectuado por peritos avaluadores, y cuyas conclusiones dan certeza al operador de segunda instancia sobre el valor de los daños solicitados por la parte actora, razón por la cual la sentencia de primera instancia será revocada, para en su lugar, declarar la responsabilidad del IDU y condenarla al pago de los perjuicios por daño emergente.

Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia fue denegatoria de las pretensiones, la Sala tomará como parámetro para liquidar el daño emergente las sumas de la experticia de noviembre de 1999 y las actualizará a la fecha en que se profiere esta sentencia.

En efecto, los peritos determinaron a noviembre de 1999, el valor comercial actualizado del inmueble antes de construirse el puente y después de ponerse en funcionamiento, esto con el fin de generar en pesos el valor real perdido por la parte actora en razón a la obra pública. La Sala tomará la diferencia entre ambos valores como parámetro para liquidar el daño teniendo en cuenta que gira en torno a la devaluación del inmueble, la actualizará mediante IPC, siendo el final el de mayo 2014 que es el último publicado a la fecha en que se profiere esta sentencia y el IPC inicial el correspondiente a noviembre de 1999 que fue la fecha en que se rindió la experticia:

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En consecuencia el IDU pagará a favor de José Cornelio Porras Romero, la suma de: ciento veintisiete millones cuatrocientos ochenta y un mil ciento setenta y nueve pesos ($ 127.481.179).

Sobre el tema del descenso en los cánones de arrendamiento, la Sala advierte que el contrato se terminó en la fecha pactada sólo que no se prorrogó por las razones atribuidas a la obra, como consta en el cruce de comunicaciones que el arrendatario enviara a la inmobiliaria, no obstante la suma correspondiente al lucro cesante no será reconocida, pues según las leyes de la experiencia nada garantiza que se arriende un inmueble inmediatamente y que no pase largos lapsos desocupado. Por otra parte, la actora no demostró que luego de terminado el contrato de arrendamiento con la sociedad Tire Depot Ltda., hubiera tenido imposibilidad de volver a arrendar el inmueble y menos demostró que en efecto el canon hubiera sido disminuido.

Lo cierto es que aunque los peritos avaluaron matemática y numéricamente la devaluación de los cánones de arrendamiento, ello no implica que el daño haya sido demostrado, porque el daño antijurídico se característica por ser cierto y es esa certeza presupuesto obligatorio para hacerlo predicable y exigible a la parte demandada, así que la acreditación del quantum no implica ni obliga al operador jurídico a condenar si es que en la realidad no se probó su ocurrencia, pues el quantum simplemente se basa en fórmulas matemáticas exactas en tanto alude a la calculada conclusión de tiempos, plazos, sumas y operaciones aritméticas.

5.2. Expediente 26.439.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de 11 de noviembre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, Sala de descongestión, por medio de la cual declaró no probada la excepción de ineptitud de la demanda, responsabilizó al IDU por el daño antijurídico y le condenó al pago de una indemnización.

Hechos probados:

— Contrato de arrendamiento de 1º de noviembre de 1992 con terminación el 1º de noviembre de 1995, suscrito entre Siervo Sarmiento Barrero en calidad de arrendador y Pedro Pablo Vargas López y Marina Rodríguez de Vargas, en calidad de arrendatarios, con destino comercial de almacén de aluminios, con un canon de $ 400.000 mensuales (fls. 13 a 14, c. de pruebas 26.439).

— Contrato de arrendamiento de 4 de octubre de 1996 celebrado entre Siervo Sarmiento por una parte, y Guillermo Camargo Santamaría y Alfred Horta Cuellar como arrendatarios del local ubicado en el tercer piso, con destino comercial de gimnasio, con un canon de $ 500.000 mensuales (fls. 15 a 16, c. de pruebas 26.439).

— Contrato de arrendamiento de 11 de agosto de 1994 celebrado entre Siervo Sarmiento (arrendador) y Héctor Alfonso y Misael Rodríguez (arrendatarios) sobre el inmueble de la avenida calle 68 Nº 72-59, con destinación a un local de comidas —asadero de pollo—, con un canon de $ 1.000.000 (fls. 21 a 22, c. de pruebas 26.439).

— En comunicación original de 28 de abril de 1997, el señor Héctor Alfonso Rodríguez Herrera le informa a su arrendador Siervo Sarmiento que le es imposible continuar con el contrato de arrendamiento porque la utilidad del local se ha visto ostensiblemente desmejorada debido a la construcción del puente vehicular, dada la obstrucción de la visibilidad y restricción del paso vehicular, pero le solicitó modificar el contrato en cuanto al valor del canon rebajándolo de $ 1.200.000 a $ 300.000, esto para mantener el local como bodega de los muebles y enseres (fl. 20, c. 2, exp. 26.439).

— Contrato de arrendamiento de 1º de marzo de 1995 celebrado entre Siervo Sarmiento Barrero y la Sociedad Redein Ltda. y otros sobre el inmueble de la avenida calle 68 Nº 72-57, por un canon de $ 1.200.000 mensuales (fls. 23 a 25, c. de pruebas 2, exp. 26.439).

Testimonios:

Henry Libardo Amador Benítez, amigo del demandante. Recordó que antes del puente, en el inmueble funcionaba un billar, un asadero, pero luego con el puente tuvo que bajarle al arriendo un 20% para que los arrendatarios no entregaran los locales, luego un 30% y de todos modos terminaron yéndose. Manifestó que a bodega entraban tractomulas a descargar y contaban con espacio suficiente y ahora no hay donde parquear ni donde entrar camiones porque no le quedó acceso vehicular (fls. 66 a 67, c. 2, exp. 26.439).

Edilberto Rodríguez Arévalo, amigo del demandante. Manifestó que antes del puente, en el inmueble del actor funcionaba asadero, billar, bingos, luego con el puente los locales fueron desocupados. Antes se veía el comercio del otro lado, ahora frente al edificio no se ve nada quedó totalmente tapado por la pata del puente (fl. 68, c. de pruebas 2, exp. 26.439).

Marina Rodríguez de Vargas, es arrendataria del demandante desde hace ocho años; indicó que antes del puente era un sitio muy comercial, había acceso vehicular y parqueo, no era tan inseguro, pero hoy en día es un sitio “prácticamente muerto”. Indicó que se quedó en el lugar a pesar de las nuevas condiciones porque el arrendador le bajó el canon de arrendamiento (fls. 70 a 71, c. de pruebas 2).

Héctor Alfonso Rodríguez Herrera, arrendatario del local donde funcionó un asadero de pollos que recordó tuvieron que cerrar porque la construcción del puente anuló el negocio. Antes de la construcción del puente el sector era próspero, ahora está “muerto”. Antes había parqueaderos y acceso vehicular y el inmueble tenía acceso desde las dos avenidas (Boyacá y Av. 68), pero ahora quedó detrás del puente teniendo visibilidad únicamente por la parte alta del puente. Recordó que entregaron el local recién empezó la obra del puente (fls. 72 a 73 c. de pruebas 2, exp. 26.439).

Jaime Alberto Umaña Poveda ingeniero civil, empleado del IDU. Recordó que antes de la obra los niveles de polución por los trancones y la invasión del espacio público fueron solucionados con el puente. Aclaró que no existían zonas de parqueo autorizadas (fls. 74 a 76, c. de pruebas 2, exp. 26.439).

Miguel Antonio Rey Sastoque ingeniero civil, director de interventoría a partir de agosto de 1997 en la obra del puente vehicular. Recordó que el único parqueadero habilitado era el del restaurante Hato Grande (fls. 77 a 78, c. de pruebas 2, exp. 26.439).

Benito Antonio Carvajal Murcia, testimonio recepcionado el 29 de octubre de 1999. Fue director de obra para Civilia Ltda. Recordó que antes del puente había mucho trancón, con la construcción el flujo vehicular va a velocidad promedio y se ejecutaron alrededor de 10.000 m2 de andén (fls. 83 a 84, c. de pruebas 2, exp. 26.439).

Jorge Augusto Bernal Varela, gerente general y representante legal de Civilia Ltda. Recordó que los diseños del puente fueron debidamente aprobados por el IDU y la firma interventora Hidroestudios S.A. Se tuvieron en cuenta aspectos de urbanismo, amoblamiento urbano y adecuación de espacio público con miras a mejorar la calidad de vida del sector. Se diseñaron y construyeron vías peatonales excelentes andenes. Indicó que es evidente, luego de ver las fotografías, que los locales comerciales quedaron sin acceso específico de carga pesada, fue una decisión tomada por el IDU, ya que en esa época carecía de recursos para la compra de predios y para esa época se iniciaron los programas distritales para darle calidad de vida al peatón y evitar que los carros impidieran el libre desplazamiento del peatón (fls. 156 a 157, c. 2, exp. 26.439).

Inspección judicial realizada el 13 de octubre de 1999 sobre el inmueble de la calle avenida 68 Nº 72-53, 72-55, 72-57 y 72-59. Se indicó que en la nomenclatura 72-53 está un local comercial con mezzanine destinado a una ferretería; en la segunda 72-55 del segundo piso un local comercial ubicado en el costado oriental que está desocupado, pero que se nota estaba destinado a juegos de billar y en el tercer piso un local comercial para juego de ping-pong; en la 72-57 funciona bodega con mezzanine y servicios y en la 72-59 existe un local con mezzanine en el que funcionaba un asadero. La distancia entre la fachada del inmueble y el paramento del puente es de 6,40 m. (fls. 81 a 82, c. de pruebas 2, exp. 26.439).

Dictamen pericial:

El perito manifestó que el inmueble está ubicado en el área de influencia del puente y desde el punto de vista urbanístico porque afecta la forma de habitar, priva el acceso peatonal por la peligrosidad tanto ambiental como física y restringe la visualización de los sectores adyacentes; afecta el patrimonio del demandante y afecta la entrada de vehículos para la carga y descarga para las bodegas y locales.

El impacto ambiental desfavorable y el deterioro urbano se tradujo en la restricción de la conservación arquitectónica, de la visualización de los sectores adyacentes y tiene formas de peligrosidad tanto vehicular como pública; de contaminación acústica, de condiciones de seguridad, de salubridad pública, falta de alumbramiento público, de zonas verdes. Perdió iluminación ambiental.

Los ítems que conforman el valor total del inmueble fueron relacionados y ponderados, así:

Factores100% sin el puente100% con el puente
Visual5%1,25%
Comercio10%4,75%
Privacidad3%2%
Acceso vehicular7%1%
Circulación peatonal6%5%
Contaminación6,25%4%
Localización6,25%6,25%
Desplazamiento a la zona6,25%4,25%
Seguridad6,50%3%
Medio ambiente6,25%3%
Ruido6%5%
Desarrollo del inmueble6,25%3%
Desarrollo arquitectónico6,25%4,75%
Factor de habitar6,25%5%
Factor iluminación6,50%4%
Factor de aguas lluvias6,25%5%
TOTAL100%61%

En consecuencia, el porcentaje sufrido de devaluación es del 39%.

La distancia entre el punto más próximo del puente y la línea de demarcación del inmueble es de 6,90 m.

— Valor del inmueble sin puente (a nov. de 1999): $ 506.529.260

— Valor del inmueble con puente (a nov. de 1999):$ 308.982.848

Valores de arrendamientos

Sin puente:

a) Área total construida: 1.171,5 m2 = (b + c + d) = $ 4.450.000.

b) Área del primer piso: 682,5 m2 = (b1 + b2 + b3) = $ 3.250.000.

 ÁreaValor x m2Total
b1) total bodega379.32 m2 x$ 3.822 m2$ 1.450.000
b2) total local 1140.84 m2 x$ 5.680 m2$ 800.000
b3) total local 2145.67 m2 x$ 6.864 m2$ 1.000.000
b4) escalera 15,6 m2Acceso al 2 y 3 piso 

c) Área construida del segundo piso

244,5 m2 x $ 2.658 m2 = $ 650.000.

d) Área construida del tercer piso

244,5 m2 x $ 2.249 m2 = $ 550.000.

Así que el valor total del canon de arrendamiento mensual de todo el inmueble (a nov. 1999) sin el puente es de $ 4.450.000.

Con puente:

a) Área total construida: 1.171,5 m2 = (b + c + d) = $ 2.670.000.

b) Área del primer piso: 682,5 m2 = (b1 + b2 + b3) $ 1.950.000.

 ÁreaValor x m2Total
b1) total bodega379.32 m2 x$ 2.294 m2$ 870.000
b2) total local 1140.84 m2 x$ 3.408 m2$ 480.000
b3) total local 2145.67 m2 x$ 4.119 m2$ 600.000
b4) escalera 15,6 m2Acceso al 2 y 3 piso 

Valor total del canon de arrendamiento de todo el inmueble con el puente:

$ 2.670.000 (a nov. 1999) con un porcentaje de devaluación del 40% (fls. 86 a 102, c. de pruebas 2, exp. 26.439).

La Sala recuerda que solo apeló la parte demandada con base en los siguientes argumentos:

1) Afirmó que si bien los menoscabos en el medio ambiente, seguridad pública, salubridad pública y espacio público pudieron presentarse, estos son enmarcados en la Ley 472 de 1998 como derechos colectivos, de tercera generación o solidarios, en tanto no tienen como centro de garantía al individuo como tal o como ser social, sino a una colectividad o a la humanidad globalmente considerada y, por tanto, el daño no es antijurídico. Por otra parte, indicó que aspectos como la seguridad y la salubridad afectan el bien inmueble y no a las personas que lo habitan y como el demandante no vive en el inmueble, el daño no tendría para él la naturaleza de antijurídico.

Sobre el argumento que los derechos a la seguridad y salubridad públicas y al espacio públicos son derechos colectivos que imposibilitan la ocurrencia de la cualificación de antijurídico de un daño individualmente considerado, la Sala considera que en el trasfondo el IDU plantea una posible inepta demanda por indebida escogencia de la acción, al atribuir que por tratarse de vulneración a derechos colectivos la acción procedente es la popular.

Ese argumento del censor no es de recibo para el juez de la reparación directa que en estricto sentido se dedica al análisis del hecho que causó el daño antijurídico y que es imputable a la administración, su objeto no es analizar la violación de derechos colectivos como acontece con el juez de las acciones de la Ley 472 de 1998.

Pues bien la connotación del daño antijurídico bajo las letras del artículo 90 constitucional es el espectro de los hechos, las omisiones, las operaciones y la ocupación de inmuebles y no la violación directa de los derechos colectivos, pero ello no significa que la antijuridicidad del daño solo pueda devenir de derechos de primera generación, esa es una restricción creada por el juicio del apelante, sin que tenga apoyo legal o constitucional.

Del alcance conceptual dado por la jurisprudencia a la antijuridicidad del daño se sustenta en uno de sus pilares consistente en que se lesiones un bien, derecho o interés protegido legalmente sin que se haya hecho exclusión alguna dependiendo de la clasificación de los derechos constitucionales o considerando que tendrá mejor derecho quien lo sustente en un derecho individual.

Si se accediera a calificar que todos los administrados que queden dentro del área de influencia de una obra pública deben soportar el daño dada la obligatoriedad de sólo esbozar derechos individuales como los jurídicamente protegidos, se estaría limitando el texto constitucional en una interpretación que llegaría a tener vicios de inconstitucionalidad, ya que la norma superior no hace ese tipo de restricción.

La Sala encuentra que el daño antijurídico sí se demostró mediante las pruebas testimonial, pericial y la inspección judicial en cuanto a la devaluación del valor comercial del inmueble, así que la Sala modificará la sentencia condenatoria por concepto de daño emergente, pero solo para actualizarla a los valores de hoy, en tanto el a quo se basó en la diferencia de ambos valores comerciales (pre y pos construcción) y lo actualizó a la fecha en que profirió la sentencia, quedándole solo al Consejo de Estado actualizarla a la fecha que se profiere la sentencia de segunda instancia con el IPC mayo 2014.

VP = $ 308.172.402 por la pérdida del valor comercial del inmueble afirmado en la sentencia de primera instancia.

40
 

En consecuencia, el IDU debe al señor Siervo Sarmiento Barrera por concepto de daño emergente la suma de cuatrocientos setenta y nueve millones ciento treinta y ocho mil trescientos quince pesos ($ 479.138.315).

El segundo argumento del apelante es que el a quo no tuvo en cuenta la realidad comercial del sector, tampoco el hecho de que no siempre los locales están arrendados ni que si el daño tiene como fundamento el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas deberá demostrarse el daño y que no tenía por qué sufrirlo, de lo contrario no son antijurídicos.

Al respecto la Sala considera que la condena del lucro cesante debe ser revocada, pero por razón diferente a la esbozada por el apelante, toda vez que los contratos de arrendamiento sobre el inmueble de la nomenclatura 72-57 sólo dan cuenta de la celebración del contrato de arrendamiento mas no de la imposibilidad de arrendarlo, además datan del 1º de noviembre de 1992 y de marzo de 1995, fechas muy anteriores a la construcción y entrada en funcionamiento el puente, así que no demuestran tampoco de la prórroga. Igual acontece con el de octubre de 1996. Ahora bien, los demás contratos refieren otro inmueble (72-59), siendo así no se advierte probado el daño antijurídico relativo a la devaluación de los cánones de arrendamiento y en tal sentido procede la revocatoria de la sentencia en la condena del lucro cesante.

5.3. Expediente 19.972.

En este proceso ambas partes apelaron la Sentencia de 19 de diciembre de 2000, proferida por el tribunal administrativo de descongestión, sección tercera, Sala de decisión, por medio de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y se declaró no probada la excepción por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Los hechos probados en este proceso son los siguientes:

— Contrato de arrendamiento de 1° de enero de 1997 suscrito entre la Inmobiliaria Medina Hermanos Ltda. con los señores Carlos Nicolás Ramírez Chávez, Héctor Gil Bastidas, Manuel Ignacio Cepeda Cely y María Eugenia Cepeda Reyes sobre el inmueble de la avenida calle 68 Nº 73-05 para utilizarlo como local comercial dedicado a comidas rápidas, bar y restaurante, con un canon mensual de $ 350.000 (fls. 11 y 11 vto, exp. 19.972, c. de pruebas 2).

— Contrato de arrendamiento de 9 de abril de 1994 suscrito entre la Inmobiliaria Medina Hermanos Ltda. con los señores Néstor Mauricio Camargo García, Gloria Durán Vargas, Guillermo Forero Aponte y Nelly Camargo García sobre el inmueble de la carrera 73 Nº 72-17 destinado a actividad comercial, por un canon de $ 280.000 (fls. 12 y 12 vto, exp. 19.972, c. 2).

Inspección judicial con intervención de peritos: se realizó sobre los inmuebles de la avenida calle 68 Nº 73-06/02/70 y avenida calle 68 Nº 72 A 10 de Bogotá. Se indicó que está ubicado en la intersección de la carrera 73 con avenida 68 hoy carrera 72 AC 72. Consta de tres (3) plantas, en la esquina del primer piso funciona el local llamado “Deli Pizza Express” dedicado a comidas rápidas, enseguida existe otro de menor extensión ubicado en el costado occidental en el que funciona una miscelánea sin nombre comercial, luego se encuentra la puerta de acceso que corresponde al número 73-06 de la AC 72 antes avenida 68, a continuación está el local “El Sonero” que parece corresponder a una taberna, que se encuentra cerrada y corresponde a la nomenclatura 73-10 de la misma avenida.

Sobre la ubicación del inmueble con respecto al puente en la diligencia se observó: En el costado sur de la edificación se encuentra ubicado el inmueble a 4 metros con 24 cm. del estribo del puente, con andén a nivel del primer piso, en frente tiene andén y el acceso al inmueble por el costado sur oriental existen 2 bolardos que impiden el paso de vehículos. No obstante aunque no existieran el tránsito vehicular está prohibido porque la vía es peatonal en tanto corresponde al andén. Se dejó constancia de que en la forma en que está construido el estribo del puente frente a la edificación se presta para que en el andén se depositen basuras.

El espacio destinado a local comercial que corresponde a la nomenclatura 72-17 de la carrera 72 antes carrera 73 está desocupado. En seguida existe otro local destinado a la venta de muebles y por último en el extremo se encuentra el portón de ingreso que corresponde a la carrera 72 A antes carrera 73 número 72-23. Se indicó que existe acceso vehicular por la carrera 73 y que existen apartamentos que parecen corresponder a vivienda familiar en pisos dos y tres (fls. 64 a 68, exp. 19.972, c. 2).

Dictamen pericial: las conclusiones fueron las siguientes:

• El área total del inmueble es de 266.4 m2 como consta en el escritura pública 1128 de 17 de mayo de 1988 de la notaría 3 de Bogotá. Consta de tres plantas y tiene un área construida de 541 m2. Inicialmente el lote tenía un área de 319.92 m2 como aparece en el certificado de tradición y libertad, pero el Distrito Capital adquirió una porción no identificada, mediante la escritura pública 952 de 25 de febrero de 1970 de la notaría 6 de Bogotá y que suponen fueron 4.46 m. para la ampliación de la avenida 68.

• A partir de las fotografías por ellos tomadas, explicaron que el inmueble se encuentra ubicado dentro del área de influencia del puente vehicular adyacente, por cuanto se encuentra sobre la avenida 68, linda con el frente del inmueble y limita el acceso vehicular al inmueble por su parte frontal, esto es, por la carrera 73 convirtiéndola en una carrera ciega, cambiando así la movilidad de los habitantes de este inmueble y del sector.

• El puente tuvo aspectos desfavorables respecto del inmueble, en tanto obstaculizó la visibilidad, ocasionó ruido y vibraciones por la cercanía, como también aglomeración de basuras “y la imprevisión de los desagües de aguas lluvias (alcantarillas)”.

• El deterioro urbano se materializa en los siguientes factores:

FactoresRelación porcentual
% sin puente
Relación porcentual
% con puente
1. Acceso vehicular20%14%
2. Factor Comercial20%15%
3. Seguridad15%10%
4. Contaminación15%12%
5. Visual5%3%
6. Ruido5%5%
7. Privacidad10%8%
8. Aseo5%3%
9. Medio Ambiente5%4%
Total100%74%

• Respecto del valor de venta señalaron:

— Sin puente:

Consideraron que el inmueble se compone de dos partes: el terreno y la construcción e indicaron: “El terreno es un bien no depreciable y de acuerdo con la tabla anexa ‘Evolución de los precios de la tierra en la zona 35. (cuadro Nº 1), el estimativo del m2 es de $ 640.000 y el área del terreno es de 266.4 m2, por consiguiente el valor del terreno, si no existiera el puente vehicular sería de $ 170.496.000”.

Por su parte, la construcción o inmueble en sí es un bien depreciable, que se evalúa teniendo en cuenta los 45 años de construida como consta en el certificado de tradición y libertad, es decir, fondea en el factor de antigüedad de 40-50 años. Para determinar su valor tomaron como base la declaración de impuesto predial unificado del año gravable de 1999, cuyo auto avalúo inicial fue considerado el 50% del valor comercial incrementado cada año conforme el IPC, por consiguiente el valor comercial del inmueble es de $ 495.336.000, menos la depreciación acumulada por 45 años de vida que tiene el inmueble.

Las operaciones y resultados son los siguientes:

Valor del terreno$ 170.496.000.

Valor bruto de la construcción $ 495.336.000.

Menos 50% depreciación acumulada$ 247.668.000.

Valor neto de la construcción$ 247.668.000.

Valor del inmueble a la fecha sin puente$ 418.164.000.

Valor estimado del metro cuadrado del terreno $ 640.000.

Valor neto del metro cuadrado de construcción

$ 247.668.000 / 541$ 457.796,67.

Valor del metro cuadrado del inmueble a la fecha $ 1.097.796,67

Con puente:

El terreno y el inmueble se han devaluado en un 26%, así que los resultados son los siguientes:

41
 

Valor del inmueble a la fecha:

Para determinar el valor del inmueble, tomamos el valor del metro cuadrado del terreno y de la construcción y los multiplicamos por sus respectivas áreas así:

Terreno: $ 473.600 x 266,4$ 126.167.040.

Construcción:

$ 406.373,25 x 541$ 183.288.933,55.

Valor del inmueble con puente $ 309.455.973,55.

Valor del canon de arrendamiento

Sin puente

El área construida del inmueble es decir 541 m2, el 88% que corresponde a 8 locales está destinado para actividades de tipo comercial y el 12%, es decir, 2 apartamentos, se destina a vivienda.

Por lo tanto, el canon de arrendamiento mensual es de $ 4.800.000, que dividido por el área construida 541 m2 dio como resultado la suma de $ 8.872,45 por m2.

Con puente

Indicaron que todos los locales y apartamentos se encuentran arrendados, dada la ubicación esquinera del inmueble y a que a mayoría de los locales están sobre la carrera 73. Consideraron que los locales de la parte frontal se devaluaron por concepto de canon de arrendamiento en un 17%:

“Valor del canon de arrendamiento por metro cuadrado:

Valor de ingresos por canon de arrendamiento mensual / área construida

$ 4.944.500 / 541 = $ 9.139,55.

Valor total del canon de arrendamiento del inmueble: $ 4.944.500” (fls. 2 a 17, exp. 19.972, c. 4).

Testimonios. Dentro del proceso ser recepcionaron ante el tribunal el día 27 de septiembre de 1999, los testimonios de:

Luis Onofre Lancheros Núñez: indicó que su dicho lo deriva de su relación de vecindad con los demandantes. Relató que tenían locales arrendados y vivían en el tercer piso del inmueble. Da cuenta del uso que Félix Alberto Cubillos Rojas y Ana Beatriz Cuervo de Cubillos le daban al inmueble ubicado en la calle 68 Nº 72 A - 33 de Bogotá. Sobre las situaciones se seguridad, salubridad, habilitación, contaminación acústica y posibilidades de explotación comercial antes de la hechura del puente había un magnífico comercio, pero luego con la construcción del puente se dificultó mucho la explotación de los locales comerciales porque se disminuyeron las ventas y pasaron a ser mínimas, quedando el local oculto debajo del puente. Antes de la implementación del puente no había robos, luego con el puente la inseguridad se ha incrementado; existen botaderos de basura, la subida del puente implica que los carros aceleren y el ruido es ensordecedor situaciones que no sucedían antes de la construcción de la obra pública. Sobre la vigilancia dijo que antes del puente se tenía vecindad con un CAI, pero este desapareció. Los locales que quedaron a la sombra del puente han tenido que cerrarse y para arrendarlos ha habido que bajar el canon a la mitad.

José Cornelio Porras Romero: administrador del inmueble, indicó que antes de la construcción del puente, el inmueble de la avenida calle 68 Nº 72 A-33 estaba muy bien avaluado, los arrendamientos eran altos y eran muy solicitados, pero luego del puente hay muchos locales y apartamentos desocupados. Se ha incrementado la inseguridad por falta de alumbrado público, además antes existía un CAI pero por la construcción del puente lo retiraron; luego de la construcción del puente el sector se ha convertido en depósito de basuras; el lugar es ocupado por indigentes para dormir y el ruido se incrementó por la aceleración que deben usar los carros para subir el puente. La disminución en el precio del inmueble y de los cánones de arrendamiento se debe a la construcción del puente porque los inmuebles cercanos que no se afectaron con dicha obra han mejorado el comercio e incrementado su valor comercial (fls. 71 a 74, exp. 19.972, c. 2).

Oficio de 15 de septiembre de 1999 del subcomandante de la décima estación de Policía de Engativá con destino al proceso para cumplir el requerimiento hecho por el tribunal en el que informó sobre las medidas de seguridad implementadas en la avenida Boyacá con calle 68: a) en las horas pico prestan la seguridad dos auxiliares bachilleres tanto en el puente peatonal como en el vehicular; b) para los fines de semana y festivos se nombra una patrulla fija entre las 22 horas y las 3:00, tiempo en el cual se encuentran cerrados los establecimientos de la avenida Boyacá, con instrucciones de hacer requisas para brindar mayor seguridad y c) se coordinó con el sargento segundo Jorge Enrique Gil Sánchez, Comandante del CAI Ferias para que con el personal a cargo continúe las requisas (fl. 75, exp. 19.972, c. 2).

Constancia de 21 de septiembre de 1999 de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, mediante la cual se respondió al requerimiento del tribunal a quo e indicó que en efecto la recesión económica que afectó a todos los colombianos. Aseveró que la difícil situación económica en muchos eventos ha llevado a que los cánones de arrendamiento de vivienda urbana, de locales, establecimientos comerciales, de oficinas, bodegas y en general de todos los bienes inmuebles que se encuentran arrendados, en un número importante de casos no ha podido ser incrementado el canon al vencimiento del término pactado, siendo el arrendador obligado, por las circunstancias, a disminuir el valor del canon de arrendamiento pactando un otrosí al contrato (fls. 268 a 269, c. 2, exp. 19.972).

Para efectos de la apelación de la parte demandante que centra su censura en que el operador jurídico de primera instancia extralimitó el razonable margen de discrecionalidad judicial al reducir el monto indemnizatorio en un 50% sin contar con prueba alguna, siendo que ya había sido descontada por los peritos.

Observado el dictamen pericial, se advierte por la Sala que en efecto, la pregunta sobre el valor comercial del inmueble y de los cánones de arrendamiento fue expresa en cuanto a que fuera el valor actual al momento de rendir la experticia y los peritos fueron claros en concluir que los valores ya tenían descontada la depreciación de los 45 años de antigüedad de la construcción, siendo así para la Sala los razonamientos de los peritos son indicadores de que el valor actual por ellos concluido sí contiene todas las variables económicas posibles para los expertos profesionales en el tema y que se apoyaron en parámetros serios, claros, precisos y bien fundamentados (CPC, art. 241). Además, dentro de la comunidad probatoria se encuentra también la prueba testimonial y la inspección judicial que dan cuenta sobre la situación generada por el puente, en atención a que el inmueble se encuentra ubicado en el área de influencia de la obra pública que afectó individualmente a unos cuantos predios.

No obstante, se aclara al apelante que el argumento del descuento del 50% sobre el valor comercial del bien no se dio por el factor de la recesión económica generalizada, como él lo creyó, sino por la vetustez; factor que como ya se dijo no será tenido en cuenta por la Sala.

El a quo disminuyó en 50% del monto de la condena, sin que la Sala encuentre justificación alguna acorde para tal determinación, así que se restituirá el doble el valor reconocido por el tribunal, que ascendió a $ 80.291.670, y se actualizará con la fórmula de valor presente utilizando con IPC final el correspondiente a julio de 2014 —último publicado— y como IPC inicial el de diciembre de 2000 —fecha en que se expidió la sentencia-. Así:

42
 

En consecuencia el IDU pagará en favor de Félix Alberto Cubillos Rojas y Ana Beatriz Cuervo de Cubillos, la suma de: ciento cincuenta y un millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($ 151.683.634).

Sobre el tema de la disminución de los cánones de arrendamiento, la Sala manifiesta su acuerdo con el tribunal a quo sobre la negativa de la pretensión condenatoria por dicho concepto, aunado al hecho de que en el recurso de apelación la parte actora se limitó a censurar la disminución del 50% sobre el perjuicio acreditado, pero no recabó sobre el tema de los arrendamientos. Además, observados los contratos de arrendamiento obrantes en el expediente no coinciden en la nomenclatura con los planteados en la demanda, pues mientras en el libelo se hace referencia al inmueble de la calle 68 Nº 73-06/02/70 y 72 A 10, los contratos de arrendamiento adjuntados como prueba se refieren al inmueble de la avenida calle 68 Nº 73-05 (fls. 11 y 11 vto, exp. 19.972, c. de pruebas 2) y de la carrera 73 Nº 72-17 (fls. 12 y 12 vto, exp. 19.972, c. 2).

De tal suerte, que la decisión ad quem se limitará a la modificación del monto de la condena impuesta por la primera instancia.

5.4. Expediente 30.224 (expedientes acumulados por el tribunal en primera instancia: 1998-2030; 1998-1294 y 2000-0469).

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de 19 de agosto de 2004 proferida por el tribunal administrativo de descongestión, sección tercera, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se decidió acceder a las súplicas de la demanda.

Se aclara de manera previa que aun cuando el tribunal admitió por Auto de 13 de enero de 2005 (fl. 204 a 206, c. ppal.) el recurso de apelación por parte de la parte actora, el Consejo de Estado no encuentra que dicha parte haya impugnado el fallo, por el contrario en forma expresa aceptó la decisión respecto del señor José Libardo Amador Pinilla con lo denota la manifestación expresa de: “acogemos de manera reverente lo decidido” (fl. 199, c. ppal.).

Demandante Sociedad Materiales de Construcción Julcar Ltda.

— Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio sobre la sociedad demandante (fls. 2 a 3, c. ppal., exp. 30.224).

— Certificado de tradición y libertad del inmueble ubicado en la avenida 68 Nº 72-43 en el que consta la propiedad de la sociedad Julcar Ltda. (fls. 15, c. ppal., exp. 30.224).

— Dictamen pericial: En el experticio se concluyó:

El inmueble se encuentra en la zona de influencia del puente vehicular ubicado en el costado sur-occidental, hoy una zona dura peatonal y tiene relación urbanística porque el inmueble en su frente quedó con vista restringida sobre la estructura del puente y la rampa de concreto de acceso peatonal para atravesar la avenida Boyacá.

En relación con el deterioro urbano o impacto ambiental existen aspectos favorables y desfavorables. Dentro de estos últimos se encuentra: disminución de la visibilidad para la colocación de avisos comerciales de los negocios que ahí funcionan; aumento de inseguridad como consecuencia del aislamiento y poca visibilidad de debajo del puente; posible disminución de la clientela como consecuencia de los anteriores factores; reducción de los ingresos de los negocios que allí funcionan y rampa peatonal que obstruye la vista. La misma estructura del puente, su altura y elementos constructivos han creado un crítico problema de orden acústico, se ha convertido en una caja de resonancia que transmita y concentra los sonidos y ruidos provenientes del tráfico que alcanzan niveles exagerados de contaminación; se ha concentrado la polución generada por los gases.

Dentro de los aspectos favorables: disminución de la contaminación acústica en la parte alta del puente, nivel en el que también se ha mermado la polución por emisiones vehiculares; se ha facilitado el tráfico, es fluido y se han eliminado los trancones; los puentes peatonales bien usados, disminuirán la accidentalidad peatonal y se han renovado las redes de servicios públicos.

Consideraron que el deterioro urbano producido por la construcción del puente se debe a los aspectos desfavorables mencionados y para los locales por las restricciones que ocasiona el puente debido a su cercanía con el inmueble.

Diseñaron una tabla de afectación por factores que se califican impartiendo un puntaje máximo y otro inicial dependiendo de si afectan de manera positiva o negativa al inmueble.

FactorPuntos sin puentePuntos con puente
Visual10 puntos4 puntos
Privacidad5 puntos5 puntos
Comercialización15 puntos5 puntos
Circulación peatonal10 puntos5 puntos
Circulación vehicular15 puntos5 puntos
Desplazamiento en la zona5 puntos8 puntos
Localización5 puntos5 puntos
Contaminación10 puntos6 puntos
Seguridad10 puntos3 puntos
Medio Ambiente5 puntos4 puntos
Aseo5 puntos5 puntos
Ruido5 puntos1 punto
Puntaje acumulado100 puntos (100%)58 puntos (58%)

En consecuencia y por estos aspectos, el local se devaluó comercialmente 42%.

La distancia entre el punto más próximo al puente y la línea de demarcación del inmueble donde colinda el puente es: frente al primer piso 4,50 m. y el segundo piso 3,10 m. Por la avenida Boyacá - plazoleta y estribo del puente peatonal es de 4,20 m.

Valor de venta por m2 y por el valor total del inmueble si no existiera la obra pública y para la época en que se rinde la experticia: valor m2 es de $ 690.000 que multiplicado por el área de 65.25 m2 arroja la cifra de $ 45.022.500. Mientras que el precio de construcción es de $ 420.000 m2 que multiplicado por el área de construcción (141.78 m2) y tomando como factor de vetustez el 20%, arroja como resultado la suma de $ 11.909.520. Por, ende, el valor del inmueble si no existiera puente es de $ 92.660.580.

Y agregaron: “Este precio en un mercado abierto incluye la corrección causada por la recesión económica”, así que el valor de venta del m2 es de $ 653.551,84 m2.

Consideraron que la devaluación, luego de analizar los factores favorables y desfavorables equivale al 42%.

Por lo tanto, el valor del inmueble con puente es la suma que resulta de descontar el 42% al valor del inmueble si no existiera el puente, así: $ 92.660.580 x 0.58 = $ 53.743.136,40.

— Dictamen rendido dentro del proceso acumulado por el ingeniero Raúl Botero Rivera y el arquitecto Édgar Cárdenas Barreto que arrojó las siguientes conclusiones:

El área total del inmueble construido es de 806.70 m2 en dos plantas edificadas sobre un lote de terreno de 537.35 m2 según mediciones efectuadas y datos extractados de la declaración de autoavalúo y conforme a la escritura pública 2125 de 4 de mayo de 1979 de la notaría 7.

Indicaron que mediante escritura pública el propietario vendió al IDU la zona correspondiente al antejardín hoy zona dura peatonal.

El inmueble fue adquirido por la sociedad Julcar Ltda. mediante escritura pública 6719 de 13 de diciembre de 1978 de la notaría séptima de Bogotá. Posteriormente, mediante escritura 2125 de 4 de mayo de 1979 de la misma notaría se aclararon los linderos y la cabida del predio; además, mediante escritura 8401 de 22 de noviembre de 1972 de la notaría 6 de Bogotá, el IDU adquirió una zona de 132,56 m2.

El inmueble se encuentra ubicado en el área de influencia del puente vehicular adyacente hacia el costado sur oriental y tiene relación urbanística, por cuanto la calle 68 frente al inmueble se convirtió en una zona peatonal enmarcada por el puente y el paramento de la construcción.

La habitabilidad del inmueble quedó ligada a la estructura del puente y la movilidad vehicular se trasladó al puente vehicular.

El puente causó aspectos favorables y desfavorables sobre el inmueble. Desfavorables: eliminación de la vía vehicular, antes existía un separador de vegetación (hoy ha desaparecido); disminución de la visibilidad para efecto de colocación de avisos comerciales de los negocios que allí se instalen; aumento de la inseguridad como consecuencia del aislamiento y poca visibilidad donde se ubica el inmueble; posible disminución de la clientela y decrecimiento de los ingresos de los negocios por los factores anteriores; obstrucción de la visibilidad debido a la cercanía con la rampa ascendente del puente y creación de una plazoleta de piso duro, de uso peatonal, oscura y con estructura a la vista. Su mal aspecto se debe en gran parte a la falta de tratamiento y nulo equipamiento urbano—indican que esta condición es solucionable—. Favorables: disminución de polución por emisiones vehiculares ya que el puente facilita el flujo y elimina los trancones; disminución del ruido causado por los vehículos; mejora en el uso de los andenes y plazoleta de uso peatonal, aunque requiere vigilancia y mantenimiento y renovación de las redes externas de servicios públicos.

El deterioro urbano y la afectación a los aspectos arquitectónicos y económicos se materializan a través de los aspectos desfavorables. Lo económico porque el local que se analiza no tiene las mismas condiciones del otro local comercial sin las restricciones ocasionadas por el puente y su cercanía. Los porcentajes de esa afectación según los factores son:

FactoresPuntos con puentePuntos sin puente
Visual4%10%
Privacidad5%5%
Comercialización5%15%
Acceso peatonal5%15%
Acceso vehicular5%15%
Desplazamiento en la zona5%5%
Localización5%5%
Contaminación10%10%
Seguridad7%10%
Medio ambiente4%5%
Aseo4%5%
Ruido4%5%
Puntaje acumulado63%100%

La distancia entre el extremo oriental del inmueble con respecto al puente es de 5,60 m. y al extremo occidental es de 6,60 m.

El valor de venta del metro cuadrado y del inmueble sin la existencia del puente sería por el terreno $ 600.000 así que multiplicado por 537,35 m2 de terreno, da como resultado $ 322.410.000. Respecto de la construcción el m2 lo avaluaron en $ 350.000 por los 806,70 m2, da como resultado $ 282.345.000, valor al que se le resta el 30% por factor de vetustez por los 32 años que lleva construido (menos $ 84.704.000) y un 28% por obsolescencia causada por los materiales utilizados (menos $ 55.340.000), así que el subtotal por construcción es de $ 142.302.000.

En consecuencia al sumar los subtotales de valor del terreno y del valor de la construcción, arroja como valor total del inmueble sin puente la suma de $ 464.712.000.

Con la puesta de funcionamiento del puente vehicular y de conformidad con el porcentaje arrogado por los factores desfavorables al valor del inmueble sin puente se le resta el equivalente al porcentual de factores desfavorables incluidos además factores de inflación, vetustez y acción negativa del puente que arroja un subtotal $ 171.943.000, da como resultado un total de $ 292.769.000, así que el precio de venta por m2 es de $ 362.922.

En relación con el porcentaje en que el inmueble devaluó su precio comercial para venta como consecuencia de la obra pública indicaron que es del 37% de pérdida de su valor comercial, debido a la cercanía y condiciones especiales resultantes de la construcción y puesta en funcionamiento del puente (factor de comercialización), que equivale en cifras a $ 171.943.000, después de descontar el efecto de la desvalorización por la recesión económica, la crisis de la construcción y la puesta en funcionamiento del puente.

En relación con el valor del canon de arrendamiento si no existiera el puente indicaron que el inmueble cuenta con tres locales comerciales dos en el primer piso y el otro en el segundo piso. El de la calle 68 Nº 72-41 cuenta con 123,48 m2 y el de la nomenclatura 72-43 tiene 409,17 m2 y en el segundo piso con la nomenclatura 72-39 cuenta con 235,58 m2. Al primer piso se le asigna el 70% del valor total de la construcción y supusieron que la capitalización es del 10% anual (la inversión se recupera cada 10 años). Así que la renta mensual total a valor constante sería de $ 3.872.600 por todos los tres locales comerciales, distribuidos en un equivalente al 70% para el primer piso (2 locales) y 30% para el local del segundo piso. En contraste, ese valor total existiendo el puente produce una renta de solo $ 2.130.035.

El acceso vehicular frente al inmueble luego de la construcción y puesta en funcionamiento del puente es prácticamente imposible por cuanto el constructor diseñó una vía peatonal, un corredor peatonal. La entrada por el costado oriental es imposible porque se construyó una plazoleta peatonal. Por el costado occidental sería violatoria de las normas de tránsito porque quedó zona de andén. Para los vehículos de carga la situación es peor porque no existe espacio para maniobrar, las posibilidades de parqueo deben suplirse dejando los vehículos en las zonas públicas aledañas y la falta de posibilidad de descargue y parqueo próximo al sitio de trabajo afecta negativamente el valor comercial de los locales.

Insistieron en que el puente es una barrera arquitectónica que impide la visibilidad desde el inmueble con su entorno urbano. La rampa del puente alcanza frente al inmueble una altura de 5.00 m. sobre el nivel del andén estando retrocedido a una distancia de 6.00 m, situación que crea el ya mencionado corredor peatonal. La vista hacia el oriente y occidente es totalmente encajonada entre el puente y el paramento de los diferentes inmuebles (fls. 1 a 12, c. sin tapa).

— Reposa avalúo que adjuntó la parte actora, realizado el 29 de agosto de 2000, respecto al inmueble del señor José Libardo Amador Pinilla respecto del edificio de la carrera 72 A Nº 71 A 71/99 y de la avenida calle 68 Nº 72 A 10/03/09/11/13. El avalúo tuvo como propósito calcular el valor real que puede alcanzar el inmueble en términos de dinero si se somete al mercado abierto, mediante la determinación de los factores de orden cuantitativo y cualitativo que inciden en el valor, para tal efecto, tuvo en cuenta la ubicación, las áreas y la edificación, los servicios con los que cuenta el inmueble, su utilización y las características tales como: área del lote en 534,6 m2, construcción de hace 25 años, dos plantas, teniendo en cuenta los materiales de los cimientos, de los andenes, de la fachada, de la cubierta, entre pisos, muros, puertas, ventanas, escalera, cielo raso, pintura y líneas telefónicas y la calidad de las calles.

Indicaron para la determinación del justiprecio del inmueble tuvieron en cuenta principalmente los siguientes puntos: ubicación y demarcación del sector; el uso múltiple de la zona, el buen diseño del edificio y sus locales, su área y buen estado de la construcción, la calidad de los terminados, la vetustez y su posible rentabilidad.

Aseveraron que a partir del mes de mayo de 1997 fecha en que se inició la construcción del puente se produjo una devaluación por deterioro urbano e impacto ambiental al edificio objeto de nuestro estudio, pues afectó el valor del bien, así como el valor de los arrendamientos de los locales comerciales. La visibilidad del inmueble y la circulación de público se redujo por las corpulentas estructuras, en tanto su parte frontal se convirtió en un largo corredor oscuro, antihigiénico y peligroso por las grandes vigas, columnas y planchas en concreto que soportan el puente.

Indicaron que no puede desconocerse que los propietarios pensaron en la importancia comercial que tenía la intersección de las dos avenidas (calle 68 y avenida Boyacá) y seguramente de haber sabido que en futuro cercano se iba a construir un puente de semejantes dimensiones, los propietarios habrían desistido.

Los factores de deterioro que tuvo en cuenta el avalúo fueron: contaminación acústica, oscuridad, disminución en el tránsito peatonal, reducción en la visibilidad, desaseo del lugar, inseguridad, deterioro comercial y acceso vehicular que disminuyeron en valor comercial del inmueble en un 30%. En cifras, ello equivale a:

Área (m2)Vr. m2
sin puente
Vr. Total
sin puente
Vr. m2
con puente (-30%)
Vr. Total
con puente
Bodega: 237,6$ 480.000$ 114.048.000$ 336.000$ 79.833.600
Apto Nº 1: 150 $ 690.000$ 103.500.000$ 483.000$ 72.450.000
Apto Nº 2: 150$ 690.000$ 103.500.000$ 483.000$ 72.450.000
Terraza: 120$ 250.000$ 30.000.000$ 175.000$ 21.000.000
Local Nº 1: 138$ 875.000$ 120.750.000$ 612.500$ 84.525.000
Local Nº 2: 138$ 875.000$ 120.750.000$ 612.500$ 84.525.000
Local Nº 3: 138$ 875.000$ 120.750.000$ 612.500$ 84.525.000
AVALÚO TOTAL DEL EDIFICIO  $ 713.298.000 $ 449.308.600

(fls. 16 a 32, c. sin tapa).

— Obra también avalúo traído por la parte actora, realizado el 30 de agosto de 2000 por el ingeniero industrial Uriel Muñoz, respecto del inmueble de la carrera 72 A Nº 71 A 71/99. Indicó que el edificio está constituido por una bodega ubicada en la carrera 72 A Nº 71 A 71; apartamento de la carrera 72 A Nº 71 A 99; local de la avenida (calle 68) Nº 72 A 01/03; local de la avenida (calle 68) Nº 72 A 09; local de la avenida (calle 68) Nº 72 A 11 y el apartamento de la avenida (calle 68) Nº 72 A 13.

Al momento de la experticia, el perito indicó que del primer piso integrado por tres locales y una bodega, solo uno de los locales se encontraba desocupado. El segundo piso está integrado por dos apartamentos de vivienda familiar y el tercer piso por una terraza.

Aseveró que el inmueble fue adquirido por compra que el señor José Libardo Amador Pinilla hiciera a Adolfo Melquiades Amador Pinilla, según escritura pública Nº 2049 de la notaría Sexta de Bogotá, con registro de matrícula inmobiliaria 50C-888863.

Encontró que el área del lote es de 600 m2, 20 metros de frente y 30 metros de fondo. Como áreas de construcción tenemos en la primera planta 450 m2 y la segunda 300 m2, 237,6 m2 correspondientes a una bodega, para un área total de 987,6 m2.

Para efectuar el avalúo del valor comercial del inmueble tuvo en cuenta la ubicación, las características de la construcción: en este ítem afirmó que fue construido un importante puente, que en vez de mejorar el sector lo deterioró parcialmente reduciendo la calidad y el flujo comercial del inmueble y sus partes dedicadas al comercio, pero también redujo la calidad habitacional de los apartamentos del segundo piso, sin embargo, su ubicación continúa siendo privilegiada por estar equidistante a los cuatro puntos cardinales de la ciudad; las áreas del terreno y la construcción; la distribución y las características de la construcción; la conservación del inmueble y su vetustez de 23 años; la vocación del inmueble que está afecta a la zona comercial, pero por el puente disminuyó el acceso de transeúntes, convirtiéndose en una vía rápida, que antes estaba constituida por paraderos del servicio público obligados y la oferta y demanda de este tipo de inmuebles, que se vieron reducidas por la construcción del puente, porque redujo la visibilidad de los locales comerciales y el acceso de los transeúntes compradores en potencia. Además, que los muros del puente y las corpulentas columnas y vigas convierten el sector en un peligroso sitio transitable.

Todo lo anterior, y conforme a los criterios de la Lonja Inmobiliaria de Colombia en rueda de avalúos y del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el valor comercial por m2 de los locales comerciales con mezanine asciende a $ 900.000 por m2, luego los 450 m2 alcanzaron un valor de $ 405.000.000.

En relación con los apartamentos con terraza, los apartamentos ubicados en la segunda planta asciende a $ 700.000, luego los 300 m2 que constituyen los dos apartamentos alcanzan un monto de $ 210.000.000.

Finalmente, frente a la bodega, cada metro cuadrado de ésta asciende a $ 450.000, luego los 237,6 m2 de bodega alcanza un monto de $ 106.920.000.

Los resultados definitivos fueron los siguientes:

a) Valor del inmueble a agosto de 2000 sin considerar el puente vehicular:

3 locales comerciales con un área total de 450 m2, con un valor unitario de $ 900.000 m2 arrojan un valor total de $ 405.000.000;

2 apartamentos con un área de 300 m2, con un valor unitario de $ 700.000 m2 arrojan un valor total de $ 210.000.000;

1 bodega de 237,6 m2 con un valor unitario de $ 450.000 m2 arroja un valor total de $ 106.920.000.

Así que el valor total del inmueble de 987,6 m2 sin puente es: $ 721.920.000.

b) Valor del inmueble a agosto de 2000 considerando el puente vehicular:

Le disminuye a los valores anteriores un 28% por la afectación que el inmueble sufrió con la construcción y puesta en funcionamiento del puente.

Siendo así el valor total del inmueble con puente es de $ 519.782.400.

Concluyó que la construcción del puente afectó el valor del inmueble en $ 202.137.600 m/cte. (fls. 53 a 70, c. sin tapa).

— El dictamen fue objetado por el IDU por cuanto el acceso vehicular no se afectó, en tanto a juicio del objetante lo que aconteció fue que se modificó, disminuyendo la posibilidad de acceso que de todos modos era precaria debido al continuo represamiento de vehículos. No existió deterioro urbano, ni impacto ambiental porque con el puente se evitó el estancamiento de vendedores ambulantes, emanación de gases tóxicos y polución por parte de los automotores, la contaminación acústica por los pitos, arranques y frenos de los vehículos.

Por otra parte, fue tenido en cuenta el ítem de aumento de la inseguridad, siendo que no es una situación que se pueda imputar a la construcción del puente, pues la causa real es la falta de presencia de la policía.

La mera construcción del puente no puede por sí sola ser el motivo de la desvalorización del inmueble, en tanto el puente se construyó respetando todas las especificaciones técnicas, en cambio los peritos no tuvieron en cuenta que la desvalorización de la propiedad inmueble se viene presentando en todo nivel desde hace 4 años motivada en la recesión económica que ha afectado también a la actividad de la construcción.

Si no existe barrera visual, salvo para la planta baja, no puede hablarse de incidencia desfavorable desde el punto de vista urbanístico y paisajístico (fls. 106 y 107, c. ppal. 30.224).

Frente al inmueble de la avenida calle 68 Nº 72-39 reposan las siguientes pruebas:

— Contrato de arrendamiento del 4 de mayo de 1995 suscrito entre la Inmobiliaria Villamil y Compañía Limitada y los señores Wilman Helbert Espinel Morales, Servando Espinel Becerra e Inés Morales de López, por el término comprendido entre el 1º de mayo de 1995 y el 30 de abril de 1996, con un canon mensual de $ 507.500, para el uso del local comercial con destino al funcionamiento de una taberna pizzería (fls. 3 y 4, c. sin tapa, exp. 30.224).

— Testimonios:

Gladys Stella Pachón Suárez, quien fue arrendataria en uno de los inmuebles de la calle 68 Nº 72-43, 72-41 y 72-39 de Bogotá, por espacio de 5 años entre 1991 y 1997. Recordó que en el segundo piso funcionaba la discoteca Babalú y en el primer piso había un depósito de maderas. Sobre las condiciones del sitio antes de la construcción del puente recordó que el sector era de lo mejor que había, lo exploté casi por cinco años, la seguridad y la higiene eran buenas, pero luego de la obra pública empezó una terrible inseguridad que en principio atenuamos frente al inmueble mediante tablones, pero luego la clientela empezó a ser atracada y debajo del puente se volvió depósito de basuras e incluso ella fue víctima de la delincuencia común. Recordó que luego de la puesta en funcionamiento del puente duramos un (1) año más y las condiciones de inseguridad y de insalubridad la llevaron a salir del sector y las ventas bajaron en un 70%, de lo contrario, dijo, hubiera permanecido ahí. Antes incluso había un CAI que luego de construido el puente ya no está en funcionamiento. Atribuyó el fracaso comercial del negocio a la construcción del puente y no a la crisis económica y lo explicó en cuanto a que tiene negocios del mismo objeto (tabernas) en otros sectores y con ellos se ha podido mantener (fls. 57 a 58, c. sin tapa, exp. 30.224).

Benito Antonio Carvajal Murcia, quien fue director de obra en la construcción del puente por parte de la firma Civilia Ltda., relató que el puente se desarrolló con base en los planos y proyectos aprobados por el IDU. Recordó que a partir del momento en que se empezó la construcción se generaron molestias propias de la obra, pero el resultado final fue una sustancial mejora del sector y en particular sobre la malla vial, mejoró la seguridad y se benefició todo el sector noroccidental de la ciudad, a diferencia de algunos vecinos que se vieron afectados por la obra directamente. Precisó que se dejaron unos andenes vehiculares peatonales hasta el predio, con restricción de vehículos hasta de tres toneladas, los andenes se mejoraron ostensiblemente, con calzadas amplias para la circulación de los peatones, se dejó iluminación nocturna para tener visibilidad en las horas de la noche y esa edificación quedó con visibilidad a la avenida Boyacá que terminó con el cerramiento de las zonas bajas del puente. Indicó que antes de la construcción del puente, la utilización de los andenes como parqueaderos eran invasiones al espacio público (fls. 62 a 63, c. sin tapa, exp. 30.224).

Miguel Antonio Rey Sastoque, quien fue director de interventoría de la obra en agosto de 1997, es decir, desde cuando la construcción ya estaba en curso hasta su terminación. El mejoramiento de la seguridad lo hizo recaer en la posibilidad del cruce de peatones a través del puente y de los puentes peatonales (fls. 64 a 65, c. sin tapa, exp. 30.224).

Jaime Alberto Umaña Indicó que fue coordinador de obra en la Subdirección técnica de ejecución de obra de la dirección técnica de construcción del IDU. Recordó que el puente fue construido según los parámetros que dio el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y conforme al contenido del contrato de obra, sin orejas ni conectores en ninguno de sus cuatro costados, por lo que es necesario hacerlo por las calles aledañas. En relación con el impacto ambiental por la contaminación acústica como lo atinente a la seguridad general indicó que antes de la obra en la zona de influencia de la intersección confluían rutas de buses, existía un gran trancón vehicular causante de ruido, polución, vendedores ambulantes, contaminación y un ambiente de ladrones por la confluencia de personas. Luego de la construcción del puente se eliminó el trancón vehicular, se orientó el flujo peatonal sobre la avenida Boyacá, se anexó por el costado nororiental una zona verde, se construyeron plazoletas bajo el puente y baterías sanitarias aprovechando este espacio, así se dio una construcción integral de mejoramiento del espacio público, mediante la implementación de andenes, sardineles, calzadas, zonas verdes, zonas duras y alumbrado público y se mejoró lo relacionado con redes de servicio, lo cual contribuyó a bajar los niveles de ruido, la polución, la contaminación ambiental y el entorno de la zona que mejoró la calidad de vida de los residentes y de los usuarios de la zona. Sobre la inseguridad indicó que la había antes de la construcción del puente y que si luego se ha incrementado no es por la obra sino por factores independientes de ella. En relación con la supuesta depresión comercial causada por la falta de acceso vehicular indicó que antes de la construcción del puente tanto por la avenida calle 68 como por la avenida Boyacá, en el sector de la obra, se parqueaban los vehículos en zonas prohibidas. Al construirse el puente, en los sitios donde había comercio se construyeron andenes especiales para que soportaran vehículos con destino al cargue y descargue de materiales y la Alcaldía Mayor de Bogotá empezó el programa de recuperación del espacio público, así que no había parqueaderos autorizados ni antes ni después del puente y agregó “lo que sí hacían los usuarios de la zona era parquear y por la congestión vehicular y de personas, la policía no imponía comparendos por tal motivo, una vez terminada la obra y con el programa de ocupación del espacio público prohibieron y ponían comparendos por parquear sobre el andén” (fls. 66 a 68, c. sin tapa, exp. 30.224).

Jorge Augusto Bernal Varela quien dijo que en calidad de ingeniero construyó el puente vehicular. Recordó que en la primera visita que hizo al sitio donde se ejecutaría la obra se encontró al oriente de la avenida 68, una serie de negocios habilitados en los primeros pisos de las casas, garajes y andenes invadidos con exhibición de mercancías y reparación de carros sobre los andenes que ocupaban el espacio público. En el costado occidental se encontraban varios establecimientos de comercio muy bien instalados y varios bares y tabernas. En la esquina nororiental de la intersección existe un parque donde funcionaba un CAI. La inseguridad siempre ha sido constante y relató que dos días antes de empezar la obra, en el sector mataron a un policía cuando se disponía a requisar a un individuo, quien se escabulló. Antes de la construcción del puente, los andenes de la calle 68 eran muy angostos, se encontraban invadidos con mercancías, vehículos en reparación y parqueos de automóviles de compradores o de propietarios, lo que hacía muy difícil el tránsito peatonal. De todos modos de acuerdo con los programas de cultura ciudadana y rescate del espacio público programados por la Alcaldía de Bogotá, se proyectaron unos andenes espaciosos, limpios y económicos. Agregó que por estar la intersección semaforizada en aquella época los carros, peatones y los buses tenían que parar largas colas, lo que implicaba gran afluencia de personas visitando los negocios, pero con los dos puentes peatonales las circulaciones vehicular y de personas se hizo más expedita y al construirse unos andenes de mayor ancho y comodidad se suspendió el parqueo sobre los andenes y la ocupación del espacio público por los comerciantes. En el costado occidental teniendo en cuenta que existían almacenes de pinturas, artículos eléctricos y en general de materiales de construcción se dejaron los accesos para que pudieran entrar vehículos para cargue y descargue de materiales. Indicó que los diseños se hicieron con el propósito de rescatar el espacio público y de procurar un mejor ambiente urbanístico al ciudadano y causar el menor impacto ambiental, pero desafortunadamente esto conlleva a que las actividades comerciales se vean afectadas parcialmente y se agrava por la recesión generalizada (fls. 69 a 71, c. sin tapa, exp. 30.224).

Inspección Judicial con intervención de peritos practicada dentro del proceso en primera instancia, el día 16 de septiembre de 1999, sobre el inmueble en la calle 68 Nº 72-43. Los peritos designados fueron Édgar Cárdenas Barreto y Raúl Botero Rivera. Se describió el inmueble, en el primer piso existe un salón grande desocupado en el cual se encuentran unos muebles en estado de deterioro, con vestigios de haber funcionado un establecimiento nocturno de baile con piso de madera al centro. Se dejó la constancia, por solicitud del IDU, que si bien el sitio está empolvado o sucio, está funcionando como bodega o depósito de una serie de bienes muebles y enseres, que contradice la afirmación de que el inmueble se encuentra abandonado (fls. 59 a 61, c. sin tapa, exp. 30.224).

— El dictamen pericial rendido en octubre de 1999 por los peritos ingeniero Raúl Botero Rivera y arquitecto Édgar Cárdenas Barretoque recayó sobre el inmueble de la calle avenida 68 Nº 72-39/41/43 que la sociedad Julcar Ltda. adquirió mediante escritura pública Nº 6719 de 13 de diciembre de 1978 de la notaría séptima del Círculo de Bogotá y en la escritura pública 2125 de 4 de mayo de 1979 se aclaró la cabida y los linderos. Matrícula inmobiliaria 050C-510095.

Indicaron que el 20 de mayo de 1997 el IDU por intermedio de Civilia Ltda. inició la construcción del puente vehicular sobre la avenida Boyacá y la intersección con la avenida (calle 68) y se fue dado al servicio el 21 de febrero de 1998. Para la fecha del dictamen el inmueble se encontraba arrendado.

Frente al área total del inmueble especificaron que el terreno mide 537.35 m2, tomando como fuente la Escritura 2125 de 4 de mayo de 1979 de la notaría séptima de Bogotá. La construcción mide 806.70 m2, según la declaración de autoavalúo. En el primer piso existe un local comercial con baño, cocineta y mezzanine, con un área privada de 123.48 m2; una bodega comercial con baño y espacio comercial con un área de 409.17 m2, la escalera de acceso al segundo piso es de 4.70 m2. En el segundo piso existe un local comercial con dos baños y escalera de acceso cuya área de 269,35 m2.

Aseveraron que el inmueble objeto de la experticia tiene relación urbanística con el puente, tanto así que la antigua calle 68 frente al inmueble se convirtió en zona peatonal entre el puente y el paramento de la construcción, la habitabilidad del inmueble quedó ligada a la estructura del puente y la movilidad vehicular se trasladó al puente.

La construcción y puesta en funcionamiento del puente vehicular causó aspectos favorables y desfavorables sobre el inmueble.

Desfavorables: eliminación del separador de vegetación; disminución de la visibilidad para efecto de la colocación de avisos comerciales de los negocios; aumento de la inseguridad como consecuencia del aislamiento y poca visibilidad; posible disminución de la clientela debido a la inseguridad; disminución de ingresos del negocio; obstrucción de la vista a causa de la cercanía con la rampa ascendente del puente; creación de una plazoleta de piso duro, de uso peatonal oscura.

Favorables: disminución de la polución por emisiones vehiculares ya que el puente facilita el flujo y elimina los trancones; disminución del ruido causado por los vehículos; mejora en el uso de andenes y plazoleta de uso peatonal —requiere vigilancia y mantenimiento— y renovación de las redes externas de servicios públicos.

El deterioro urbano se materializa por los aspectos desfavorables y se refleja en los aspectos arquitectónico, urbanístico y económico, al no tener las mismas condiciones del otro local comercial sin las restricciones que ocasionó el puente y su cercanía.

Clasificó los aspectos favorables y desfavorables mediante porcentajes de afectación:

Calificación de factores resultantes de la desvalorización sufrida a causa de la acción del puente

FactoresPuntos con puentePuntos sin puente
Visual4%10%
Privacidad5%5%
Comercialización5%15%
Acceso peatonal5%10%
Acceso vehicular5%15%
Desplazamiento en la zona5%5%
Localización5%5%
Contaminación10%10%
Seguridad7%10%
Medio ambiente4%5%
Aseo4%5%
Ruido4%5%
Puntaje acumulado63% equivalente al 37%100%

Indicaron que la distancia entre el punto más próximo del puente y la línea de demarcación del inmueble es de 5.60 m. en el oriente y de 6.60 m en el occidente.

Aseveraron que el valor del m2 y del inmueble a la fecha del peritazgo si no existiera el puente sería de $ 600.000 m2, que multiplicado por el área del terreno 537,35 m2, arroja un total de $ 322.410.000 tomando como fuente la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. El precio a nuevo actual de la construcción es de $ 350.000 m2, multiplicado por 806,70 m2 que es el área de la construcción arroja una suma total por $ 282.345.000 y como el inmueble tiene 32 años de construido se resta el porcentaje del 35% por concepto del factor de vetustez, es decir, $ 98.820.000 que restados al precio de la construcción da como resultado la suma de $ 183.525.000.

Así pues, el valor del terreno y el valor de la construcción dan como resultado el valor total del inmueble en 1999 si no existiera puente, el cual asciende a $ 505.935.000.

Y especificaron “en estos precios se ha tenido en cuenta el mercado actual y la desvalorización sufrida por efecto del ajuste económico”.

Ese valor pero para el año de 1997 y también sin puente, resulta de aplicar las tablas de evolución de los precios de la tierra en la zona. Los resultados fueron los siguientes:

— El precio real del m2 de terreno trasladado al año de 1997 es de $ 412.460, que multiplicado por el área del inmueble 537,35 m2 da como resultado $ 221.635.380. Mientras que el precio de la construcción, a razón de $ 350.000 m2 por 806,70 menos el 30% que equivale a $ 105.000 por factor de vetustez, menos la inflación acumulada que ascendió a 33.68% que equivale a $ 131.075, arroja como resultado la suma de $ 275.333.365 como precio del inmueble a 1997 sin puente.

Consideraron que la devaluación comercial sufrida por el inmueble, luego de sopesar los aspectos desfavorables y favorables es del 37% y obedece a dos causas: i) el valor del terreno no tuvo variación apreciable del año de 1995 a 1999, conforme los datos de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. La construcción ha tenido una depreciación natural por vetustez (35%) y ii) por la cercanía del puente al inmueble se disminuyó el factor de comercialización. De lo anterior concluyó que el valor del inmueble es de $ 292.768.540.

Estimaron que como el inmueble ha perdido 37% en su valor comercial, como efecto de la cercanía y condiciones especiales resultantes de la construcción del puente (factor de comercialización). El precio del m2 en la actualidad es de $ 362.921,20 que incluye los valores del terreno y de la construcción, así que el inmueble ha perdido un valor de $ 171.943.340 después de descontar el efecto de la desvalorización por la recesión económica, la crisis de la construcción y la puesta en funcionamiento del puente.

En cuanto al valor del canon de arrendamiento por m2 y por el total del inmueble con puente indicaron que existen tres locales comerciales que corresponden a las nomenclaturas de la calle 68 Nº 72-43, 72-41 y 72-39 que deben generar una renta de $ 2.535.000 y por metro cuadrado teniendo en cuenta la crisis económica y que ello ha hecho que no se efectúen los aumentos pactados. Así que el avalúo se hizo desde el valor factible de arrendamiento mensual arrojándose una renta mensual total de $ 3.497.510.

Sobre los factores relativos al acceso vehicular dijeron que tres factores variaron luego de la puesta en funcionamiento del puente vehicular, lo primero porque ahora es casi imposible el acceso porque la calle 68 está ocupada por el puente y por ahí se accedía antes de la construcción del puente. Se implementaron un corredor y plazoleta peatonal así que no hay ingreso por el costado oriental y por el costado occidental sería violatoria de las normas de tránsito porque se implementó andén.

En relación con los vehículos de carga la situación es más difícil, pues no hay espacio para maniobrar e intentarlo implicaría ocupar el espacio público peatonal que es contravención al Código de Tránsito. Las posibilidades de parqueo deben suprimirse dejando los vehículos en las zonas públicas aledañas. La falta de sitios para descargue y parqueo afecta negativamente el valor comercial de los locales, pierden atractivo para los usuarios y aumentan los costos de descargue y suministro de insumos.

Frente a los factores de paisaje y cambio de condiciones ambientales afirmaron que el puente es una barrera arquitectónica que impide la visibilidad desde el inmueble con su entorno urbano. La vista hacia oriente y occidente está totalmente encajonada entre el puente y el paramento de los diferentes inmuebles.

En relación con la zona de garaje ubicada dentro del inmueble no saben si estaba planeada en la licencia de construcción, pero advierten que la zona de antejardín nunca puede utilizarse como prolongación al exterior de las actividades que se desarrollan en el inmueble, utilizarla para carga o descarga de materiales es una contravención. Consultados los planos viales de la zona anteriores a la construcción del puente no se encontró que existieran bahías de parqueo o sitios diseñados para tal fin.

En cuanto al impacto ambiental los peritos tuvieron en cuenta los aspectos que hacen desagradable a la vista el inmueble y el mal olor, lo que deteriora la calidad urbana y del sustento físico.

Explicaron los factores de calificación que tuvieron en cuenta para determinar el precio del inmueble y concluyeron que antes de la calificación a 1999 el inmueble tiene un precio de $ 520.051.500 y después de la calificación a 1999 es de $ 464.711.880. El valor del inmueble con puente a la fecha en que se presenta el dictamen y después de la actualización, teniendo en cuenta la inflación, la vetustez y la comercialización ascendió a $ 292.768.540 (fls. 2 a 38, c. 5, exp. 30.224).

La Sala recuerda que en el proceso que inició con la demanda del señor José Libardo Amador Pinilla referido al inmueble de la calle 72 A Nº 71A 71, 71A 99, avenida calle 68 Nº 72 A 01, 72 A 03, 72 A 09, 72 A 11 y 72 A 13 fueron denegadas las pretensiones de la demanda y no fue objeto de apelación, así que se confirmará la denegatoria de pretensiones.

Sobre las censuras de la apelación incoada por el IDU respecto de las demandas que recaen sobre la devaluación de los inmuebles de propiedad de la sociedad Julcar Ltda. de la calle 68 Nº 72-33 y 72-43/41/39 (exp. tribunales 2000-0469 y 1998-2030), la Sala considera:

1) La comunidad probatoria sí da cuenta del daño antijurídico sobre la devaluación de los inmuebles que se demostró están dentro de la zona de influencia del puente. A diferencia de lo planteado por el censor, los testigos no afirman que el comercio se acabó sino que las condiciones del entorno cambiaron con la construcción del puente y que los locales comerciales ubicados en estos inmuebles vieron disminuidos sus ingresos por la actividad, en tanto perdieron rubros como la visibilidad y el ingreso vehicular y otras circunstancias como la inseguridad y el desaseo.

En el proceso no solo reposan testimonios que si bien refieren el beneficio a la comunidad, que se reitera es innegable, no puede desconocerse que los inmuebles cercanos al puente recibieron afectación que los desvalorizó, para ello se tuvieron en cuenta las experticias que a diferencia de los planteado por el IDU se advierten absueltas por profesionales arquitecto e ingeniero quienes realizaron un análisis serio y claro a partir de los distintos factores que componen e integran el concepto de valor comercial de un inmueble y que coinciden en la forma en que fueron estudiados con las demás experticias vistas y analizadas de los procesos acumulados. Además, el IDU olvidó que en este proceso fue el propio operador jurídico de la primera instancia quien aplicando la inmediatez de la inspección judicial se cercioró de las condiciones actuales de depreciación de los inmuebles referidos.

2) Sobre el argumento de que los derechos a la seguridad y salubridad públicas y al espacio públicos como derechos colectivos que imposibilitan la ocurrencia de la cualificación de antijurídico de un daño individualmente considerado, la Sala considera que en el trasfondo el IDU plantea una posible inepta demanda por indebida escogencia de la acción, al atribuir que por tratarse de vulneración a derechos colectivos la acción procedente es la acción popular.

Ese argumento del censor no es de recibo para el juez de la reparación directa que en estricto sentido se dedica al análisis del hecho que causó el daño antijurídico y que es imputable a la administración, su objeto no es analizar la violación de derechos colectivos como acontece con el juez de las acciones de la Ley 472 de 1998.

Pues bien la connotación del daño antijurídico bajo las letras del artículo 90 constitucional es el espectro de los hechos, las omisiones, las operaciones y la ocupación de inmuebles y no la violación directa de los derechos colectivos, pero ello no significa que la antijuridicidad del daño solo pueda devenir de derechos de primera generación, esa es una restricción creada por el juicio del apelante, sin que tenga apoyo legal o constitucional.

El argumento del apelante constituye una mezcla entre el objeto de la acción de reparación directa y el calificativo de antijurídico del daño que tiene que ver con la imputabilidad fáctica y de derecho como uno de los presupuestos de la reparación, siendo más amplia esta y, por demás, continente del daño antijurídico, en tanto este último hace parte integrante y es uno de los presupuestos de esta acción.

Si se accediera a calificar que todos los administrados que queden dentro del área de influencia de una obra pública deben soportar el daño dada la obligatoriedad de sólo esbozar derechos individuales como los jurídicamente protegidos, se estaría limitando el texto constitucional en una interpretación que llegaría a tener vicios de inconstitucionalidad, ya que la norma superior no hace ese tipo de restricción.

Esas razones llevan a la Sala a despachar en forma desfavorable el argumento de la apelación atinente a la no ocurrencia del daño por estar soportado en situaciones que encuadran dentro de los derechos colectivos.

3) Toda vez que la entidad demandada fue apelante única y los argumentos de apelación fueron descartados, la Sala se limitará a actualizar las sumas concedidas en primera instancia.

En relación al inmueble ubicado en la avenida 68 Nº 72-43/41/39, el tribunal de primera instancia tasó el daño emergente en cuantía de $ 242.221.642, suma que actualizará a la fecha de la presente decisión.

43
 

Frente a la afectación del inmueble ubicado en la avenida 68 Nº 72 - 33, se condenó al pago de 47.765.736, suma que se actualizará de la siguiente manera:

44
 

En consecuencia, el IDU pagará a la sociedad Julcar Ltda. la suma de cuatrocientos veintiséis millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 426.994.744).

4) Finalmente, sobre la supuesta devaluación de los cánones de arrendamiento, la Sala está de acuerdo con la negativa del tribunal a quo y en atención a que la parte actora no apeló no hay lugar a que el juez ad quem aborde el asunto.

5.5. Expediente 24.408.

En este proceso apeló la parte actora la Sentencia de 28 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

Hechos probados:

— Por escrito de 8 de abril de 1996, el jefe de la división de mercadeo social de Colsubsidio Patricia Lemos de Zamudio le informa a la propietaria del inmueble de la calle 68 Nº 72-67 que el inmueble ha sido seleccionado para ser arrendado a fin de instalar en él un punto venta (fl. 59, c. de pruebas 24.408). Este documento fue reconocido en su firma y contenido por su autora durante el testimonio que recaudó el tribunal a quo. (fls. 62 a 63, c. de pruebas 24.408).

— Recibo original de orden de pago 130044 expedida el 15 de mayo de 1996 por Colsubsidio, por la suma de $ 4.800.000 “por concepto de arriendo de los meses de abril y mayo de 1996 por el local ubicado en la avenida Boyacá con calle 68, según memorando de la división de mercadeo social” (fl. 60, c. pavas. 24.408).

Testimonios. Durante la primera instancia el 4 de febrero de 2000 se recaudaron los relatos de:

Patricia Lemos de Zamudio, jefe de mercadeo de Colsubsidio desde 1975. Recordó que la caja de compensación hizo diligencias de acercamiento inicial para visitar el local, se hizo análisis financiero, de cobertura, de competencia, de ubicación, de servicio, pero no recordó si se llevó a cabo negociación ni las causas de ello (fls. 62 a 63, c. de pruebas, exp. 24.408).

Jaime Umaña Poveda, ingeniero civil, empleado del IDU, coordinador de obras en la subdirección técnica de ejecución de obras en la dirección técnica de construcciones. Recordó que la obra pública del puente inició en diciembre de 1996 y fue puesto al servicio en marzo de 1998 y hubo necesidad de adquirir dos predios en el costado noroccidental para la construcción del puente. Se construyó el puente vehicular, con rampas de acceso, mejoramiento y renovación de redes de servicio público, amoblamiento, urbanismo, tales como la incorporación del parque en el costado nororiental, aprovechamiento de las zonas bajas del puente, construcción de plazoletas, baterías sanitarias y áreas disponibles y rehabilitación de calzadas dentro de las zonas de influencia del proyecto. Obras todas ellas que mejoraron ostensiblemente la calidad de vida de los residentes del sector porque mejoró su aspecto urbano, retiró los trancones y demás aspectos como vendedores ambulantes, ruido, polución y mejoró la productividad, al evitarse la intercepción a nivel (fls. 64 a 65, c. de pruebas, exp. 24.408).

Experticia. Rendida el 15 de marzo de 2000 por dos ingenieros civiles Raúl Botero Rivera y Carlos Arturo Escobar Fierro. Realizaron visita al inmueble de la avenida calle 68 Nº 72-65 y 72-67, observaron que el inmueble se encuentra desocupado. Consta de salón con mezannine, dos baños, dos líneas telefónicas y luz trifásica, se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento, salvo los vidrios de las ventanas que están totalmente rotos por acción de los vándalos.

Sobre el área total del inmueble indicaron que el terreno en su mayor extensión mide 184,12 m2. Deducen que la zona dura de antejardín no figura en las escrituras, pero por regla general legal el antejardín se extiende por 3 metros, para aumentar 25.8 m2, dando como resultado que el área del inmueble es de 200 m2. Una (1) bodega con baño y cocineta de 184 m2, escalera de acceso al mezannine y éste de 16 m2.

El inmueble se encuentra ubicado en forma significativa en el área de influencia del puente vehicular. El puente ejerce predominio sobre el inmueble por cuanto ya no circulan vehículos por el frente al mismo nivel, sino que lo hacen en forma elevada. La distancia entre el paramento de la fachada y el puente es solo de 7,65 m.

Desde el punto de vista urbanístico la relación entre el inmueble y el puente es directa porque la antigua calle 68 frente al inmueble, se convirtió en una zona peatonal enmarcada por el puente y el paramento del inmueble; el puente sustituyó a la antigua avenida calle 68 y entonces del flujo vehicular se trasladó al puente, así que la habitabilidad del inmueble quedó ligada a la estructura del puente y alteró el entorno.

Aseveraron que la construcción y puesta en funcionamiento del puente trajo aspectos desfavorables y favorables. Dentro de los primeros, los desfavorables están: la desaparición del parqueo vehicular para clientes frente a la bodega; disminución de la visibilidad para efectos de la colocación de avisos comerciales del negocio; aumento de la inseguridad como consecuencia del aislamiento y poca visibilidad donde se ubica el inmueble; disminución de la clientela; merma de los ingresos del negocio y obstrucción de la vista general del entorno a causa de la cercanía con la rampa ascendente del puente.

En los aspectos favorables: disminución de la polución por gases vehiculares, ya que el puente dinamizó el flujo vehicular; disminución del ruido porque el uso de pitos disminuyó porque ya no hay trancones; mejor flujo vehicular en la zona que favorece del desplazamiento y el mejoramiento en el uso de andenes y la plazoleta de uso peatonal.

El deterioro urbano lo midieron en forma porcentual según cada factor determinante para generar el 100% de los componentes del valor comercial del inmueble, así:

CaracterísticaFactor sin puenteFactor con puente
Visual5,00%2,00%
Privacidad5,00%5,00%
Factor comercial20,00%5,00%
Acceso vehicular15,00%5,00%
Circulación peatonal5,00%2,00%
Desplazamiento a la zona5,00%7,00%
Contaminación5,00%6,00%
Localización10,00%10,00%
Seguridad15,00%5,00%
Medio Ambiente5,00%4,00%
Aseo 5,00%3,00%
Ruido5,00%6,00%
 100,00%60,00%

El valor de venta del m2 y el precio total del inmueble sin la existencia del puente sería de $ 228.000.000 y el m2 —teniendo en cuenta el área construida— es de 200 m2, cuesta $ 1.140.000.

Y agregaron: “Para el valor del terreno se usa el método de comparación. Se tiene que el valor de la tierra en esa zona se sitúa alrededor de $ 650.000 por m2, según estudio de la Lonja de propiedad raíz… Sin embargo, dada la localización (cerca de una esquina) e influencia de dos grandes avenidas (avenida Boyacá y avenida calle 68), hay un factor incremental del 15% por lo que el valor de la tierra pasa esa zona se sitúa alrededor de $ 750.000” que resulta de multiplicar $ 650.000 x 1,15 = $ 747.500 que se aproxima a $ 750.000. Valor que incluye el descuento por el efecto de la crisis de la construcción.

La zona dura de antejardín tiene un valor, ya que aunque es de uso público cumple una función importante para el bien; se le da un valor por metro cuadrado del 50%, o sea, $ 375.000. La parte privada de uso exclusivo tiene 184,12 m2 y la zona dura de antejardín 25,8 m2.

El valor del lote es de $ 148.000.000.

(750.000 m2 x 184,12 m2) + ($ 375.000 m2 x 25,8) = $ 148.000.000.

El valor de la construcción es de $ 80.000.000, que se extrae del valor de la construcción al año 2000, es decir, $ 400.000 m2 y como el área construida es de 200 m2, arroja el resultado de 80 millones.

El inmueble se encuentra en buen estado porque fue reconstruido para rentarlo a Colsubsidio en 1996, presenta el deterioro normal por falta de uso (vidrios rotos, polvo acumulado etc., que no afecta su valoración).

Sumados estos dos componentes, se tiene que el valor inmueble a marzo del año 2000 es de $ 228.000.000 que se obtiene de sumar $ 148.000.000 + $ 80.000.000. Este valor incluye el descuento por desvalorización que ha sufrido la finca raíz en los últimos años.

Ahora bien, el valor de venta del m2 y del inmueble en su totalidad teniendo en cuenta el puente construido es de: $ 815.000 m2 a precios de 2000. De tal suerte que el inmueble ascendería a $ 163.000.000.

Consideraron que el porcentaje en que se devaluó el precio comercial del inmueble es de 28,50% que corresponde a un valor perdido de $ 65.000.000, al pasar de $ 228.000.000 a $ 163.000.000. Este cálculo es a precios de marzo 2000, después de descontar el efecto de la desvalorización por la recesión económica y la crisis de la construcción.

En relación con el valor del canon de arrendamiento:

Sin puente: es el 1% del valor comercial del inmueble, así que siendo $ 228.000.000, el m2 para arrendamiento equivale a $ 11.500 m2 y total mensual sería por $ 2.300.000.

Con puente: es de $ 8.150 m2 para un total de canon mensual por $ 1.630.000 (fls. 66 a 109, c. de pruebas, exp. 24408).

Para la Sala, la sentencia de primera instancia debe ser revocada para en su lugar, considerar que en efecto el daño antijurídico de la devaluación del valor del inmueble sí es atribuible materialmente a la construcción de la obra pública, en tanto el inmueble quedó ubicado en la zona de influencia del puente y jurídicamente, porque la parte actora no estaba en obligación de soportar ese daño, pues aunque se trató de un beneficio que agregó en forma positiva a la comunidad y cuyo fundamento normativo ya visto facultaba al IDU para proceder de conformidad, es innegable que algunos se afectaron y es deber de la sociedad propender en su vuelta al estado de equilibrio frente a la desigualdad de las cargas públicas que les afectó.

Ahora bien, ese daño antijurídico acreditado con las probanzas documentales, testimoniales y con la experticia permiten a la Sala cuantificar en cuanto hace al daño emergente solicitado. En forma preponderante, la experticia contentiva de un estudio técnico y profesional serio y ponderado, efectuado por peritos expertos, suministra al operador jurídico certeza sobre el valor de los daños solicitados por la parte actora.

La Sala tomará como parámetro para liquidar el daño emergente las sumas de la experticia que contienen el valor comercial a marzo de 2000 —fecha en la que se rindió el peritazgo— y las actualizará a la fecha en que se profiere esta sentencia. Los peritos determinaron el valor comercial del inmueble antes de construirse el puente y después de ponerse en funcionamiento, esto con el fin de generar en pesos el valor real perdido por la parte actora en razón a la obra pública.

La Sala siendo congruente con la decisión que ha venido adoptando reconocerá la diferencia entre ambos valores, pues es esta el real perjuicio padecido por la parte actora y la actualizará a valor presente mediante la tradicional fórmula jurisprudencial, empleando como índice final el de julio de 2014 e inicial el de marzo de 2000 —fecha de la experticia—.

Valor del inmueble sin puente (marzo 2000 fecha de la experticia) $ 228.000.000.

Valor del inmueble con puente (marzo 2000 fecha de la experticia) $ 163.000.000.

Diferencia entre ambos valores$ 65.000.000.

45
 

En consecuencia el IDU debe a la señora Flor Alba Bonilla vda. de Fuentes por concepto de daño emergente la suma de ciento veintiséis millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos noventa y cinco pesos ($ 126.678.595).

5.6. Expediente 24.419.

En este proceso apeló la parte actora la Sentencia de 28 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

Hechos probados:

Los supuestos fácticos acreditados mediante prueba valorable son:

— Contrato de arrendamiento de 1º de marzo de 1996 sobre el inmueble de la avenida calle 68 Nº 73-30, en el que el señor Luis Onofre Lancheros arrendó el local comercial del primer piso a la Ferretería Dinoval Ltda. y a otras dos personas naturales, pactaron como canon los primeros seis meses la suma de $ 1.000.000 mensuales y los últimos seis meses $ 1.100.000. Con vigencia de un (1) año (fls. 11 a 14, c. de pruebas, exp. 24.419).

— Contrato de arrendamiento de 29 de septiembre de 1994 sobre el inmueble de la avenida calle 68 Nº 73-34, piso 2, celebrado entre Luis Onofre Lancheros y Jaime Villamil Albornoz y otros, destinado para el montaje de una discoteca y venta de licores, con un canon de $ 900.000 mensual, con un plazo de 18 meses (fls. 15 a 18, c. de pruebas, exp. 24.419).

— Contrato de arrendamiento de 28 de junio de 1993 sobre el local de la avenida calle 68 Nº 73-32 piso 1, celebrado entre el señor Onofre Lancheros y Sergio Ibarra Yepes, por un canon de $ 500.000 los tres primeros meses y $ 550.000 los nueve restantes, con una vigencia de 1º año (fls. 19 a 21, c. de pruebas, exp. 24.419).

— Comunicación de 14 de febrero de 1997, en el que el gerente general de la Ferretería Inoval Ltda. Juan Carlos Uribe Marín le informó a su arrendador Luis Lancheros que entregaba el local de la avenida 68 “debido al puente que está aprobado para ser construido… nos vemos en la necesidad de hacer entrega… ya que comercialmente nos veríamos altamente afectados en nuestras ventas. Al no ser que podamos llegar a un acuerdo en el incremento del arriendo, con lo cual podríamos suplir un poco nuestras pérdidas” (fl. 92, c. de pruebas, exp. 24.419).

— Comunicación de 25 de mayo de 1997, en el que el Gerente administrativo de la Ferretería Inoval Ltda. Álvaro Hernán Díaz Díaz informó al arrendador Luis Onofre Lancheros que le solicita que para el incremento al canon tuviera en cuenta que debido a la construcción del puente que pasa frente al negocio se afectan las ventas porque han disminuido (fl. 93, c. de pruebas, exp. 24.419).

— Comunicación de 30 de julio de 1997, en el que el gerente administrativo de la Ferretería Inoval Ltda. Álvaro Hernán Díaz Díaz informó al arrendador Luis Onofre Lancheros que le entregarán el local de la calle 68 Nº 73-30 “ya que debido a la construcción del puente… las ventas se nos han venido bajando cada vez más, como ya se lo habíamos manifestado en la carta enviada a usted el 25 de mayo del año en curso. Por tal razón le haremos entrega del local en el mes de agosto” (fl. 94, c. de pruebas, exp. 24.419).

9) Testimonios.

Jaime Alberto Umaña Poveda, ingeniero civil, empleado del IDU, coordinador de obra de la subdirección técnica de ejecución de obras de la dirección técnica de construcciones. Recordó que la obra del puente de marras comenzó en diciembre de 1996 y terminó en marzo de 1998. Recordó que la intersección en principio tenía tráfico bastante lento, con trancones, vendedores ambulantes, polución, ruido y demás elementos accesorios inherentes a una intercepción tan importante a nivel, así que se construyó un puente de dos calzadas con tres carriles cada una que levantó la avenida 68 sobre la avenida Boyacá, descongestionándose el tránsito en sentido oriente occidente y viceversa. Adicionalmente se construyeron dos puentes peatonales adosados al vehicular y se mejoraron y renovaron de redes de servicio público, se hizo amoblamiento y urbanismo, como el parque al costado nororiental aprovechando las zonas bajas del puente con la construcción de plazoletas, baterías sanitarias y unas áreas disponibles y se rehabilitaron las calzadas dentro de la zona de influencia del proyecto. A su juicio, esas obras mejoraron ostensiblemente la calidad de vida de los residentes del sector al mejorar el aspecto urbano, retiró los trancones, los aspectos inherentes a los vendedores ambulantes, ruido, polución y para la ciudad mejoró la productividad, al evitarse la intercepción a nivel (fls. 98 a 99, c. de pruebas, exp. 24.419).

Jorge Augusto Bernal Varela, ingeniero civil, empleado de la firma Civilia Ltda., que tuvo a cargo la construcción del puente. Indicó que el puente mejoró el entorno y la oportunidad de desarrollo, la velocidad de desplazamiento de las personas para desarrollar sus labores. En el aspecto estético, se construyeron andenes, redes de alcantarillado y las acometidas de agua que mejora la calidad de vida del sector. Se mejoraron las condiciones de seguridad del sector, porque antes de empezar la obra se presentaban frecuentemente robos, atracos, homicidios, según lo explicaron los agentes del CAI (fls. 100 a 102, c. de pruebas, exp. 24.419).

Adel Mahmud Ocampo Indicó que conoce al demandante por razones de vecindad comercial y ambos tienen negocios a una distancia aproximada de cuadra y media sobre la avenida 68 con avenida Boyacá. Aseveró que a su juicio el puente afectó la iluminación del local del señor Lancheros, antes de la construcción tenía bastante visibilidad, divisaba el frente sin ningún obstáculo y el sector tenía iluminación. En relación con la salubridad, pasaban continuamente aseando, las calles permanecían limpias y había buena recolección de basuras por parte de la EDIS. Se contaba con un CAI cercano. Después de la construcción del puente, la iluminación se volvió defectuosa porque solo hay sobre la parte central, pero los laterales quedaron oscuros. En relación con la salubridad, los camiones de basura no pueden entrar y como quedó una calle cerrada, los transeúntes han convertido el sector en baño. En cuanto a la seguridad insistió en que hay más atracos debido a la falta de iluminación, se presentan vendedores ambulantes, el CAI desapareció y no se encuentra personal uniformado en el sector. En relación con el acceso vehicular y la explotación comercial del inmueble indicó que antes de la construcción del puente, el negocio del demandante tenía buen acceso, era un sector comercial con mucha capacidad de compra. El local tenía vía de acceso de entrada y de salida hacia la avenida Boyacá sobre la carrera anterior a ésta, contaba con buenas ventas mensuales. Después de la construcción del puente, el inmueble quedó completamente encerrado, no tiene acceso por la avenida Boyacá y agregó “la gente no puede disponer de un carro para poder transportar su material de cualquier negocio cercano al puente y se le dificulta mucho más la entrada al sitio de los clientes, por ende las ventas debieron bajar totalmente como nos sucedió a todos, en cuanto las calles, se cerraron totalmente por el sector donde está ubicado el inmueble del actor, lo que implica que el cliente tenga que dar una vuelta muy lejos para llegar al negocio”. Recordó que antes de la construcción del puente, el inmueble del actor estaba destinado a una discoteca con muy buena acogida ubicada en el segundo piso, al lado habían billares, hacia la Boyacá había negocios, almacenes, pero con la construcción del puente, la discoteca y los billares cerraron y todos los locales del sector quedaron desocupados. En la actualidad, continúan desocupados y deteriorados completamente, con los vidrios rotos y en estado deplorable (fls. 134 a 136, c. de pruebas, exp. 24.419).

Experticia. Los peritos indicaron que luego de tomar las medidas, concluyeron que el inmueble tiene un área total de 259.92 m2 de terreno totalmente construidos. El área construida en el primer piso 259.92 m2 y el segundo piso 192.00, para un total de área construida de 451.92 m2.

Indicaron que el inmueble está ubicado en el área de influencia del puente vehicular porque está ubicado en la parte final del puente en el costado noroccidental y separado 5 m. y que se nota que la influencia es máxima, que implicó pérdida parcial de algunos valores urbanos y el mejoramiento de otros.

El deterioro se materializó en los siguientes ítems: i) acceso vehicular fue suprimido para el inmueble en particular la actividad de cargue y descargue o de estacionamiento momentáneo; ii) contaminación visual, los peritos consideraron que las grandes dimensiones del puente disminuyeron el campo visual del inmueble, dificultando el goce del paisaje y hasta la misma ubicación del predio; iii) niveles de vibración: serán más notorias a medida que se deteriore el puente sin algún mantenimiento y necesariamente su efecto se sentirá más fuerte en las construcciones inmediatas; iv) aseo e iluminación: pueden mejorar o empeorar, de acuerdo a la acción conjunta entre residentes y autoridades; v) seguridad: como la estructura del puente no permite visualización global de la zona para mayor control policivo, se agilizó la actividad vehicular y peatonal, imposibilitando el estacionamiento de vehículos o presencia de personas al pie de los semáforos o paraderos de buses y debajo del puente se dejó una amplia plazoleta peatonal bien iluminada sin rincones que pudieran servir de guarida de ladrones “sin embargo, por lo inicialmente expuesto, sí podemos afirmar… disminución en cuanto a la seguridad del sector”; vi) acceso peatonal: antes del puente se hacían grandes tumultos de personas en las esquinas y debían arriesgarse a pasar al otro lado en medio de los carros. Ahora con el puente no existe la posibilidad de cruzar las avenidas por la mitad de las calles.

En cuanto al valor comercial, indicaron que antes de la construcción del puente, su proceso de consolidación como zona comercial era rudimentaria se mantenía en ascenso. Con la construcción del puente, si bien era una obra urgente para solucionar las necesidades de la ciudad, lo cierto es que para bien o para mal cambió el diario vivir de los usuarios.

Reconocieron que al momento de rendir el dictamen se ha presentado una disminución de demanda tanto para arriendo como para compra producto de la recesión general.

En cifras el valor del lote sin puente es de $ 87.649.443, que resulta de multiplicar el valor del m2 en $ 337.217 por los 259,92 m2 del área del lote.

El valor de la construcción sin puente en el área de la bodega es de $ 164.659.334 que resulta de multiplicar el valor del m2 $ 428.653 menos el 15% por depreciación por antigüedad y estado de mantenimiento $ 364.355 por el área construida de la bodega que es de 451,92 m2.

La suma total del valor del inmueble de la avenida 68 Nº 73-30 sin puente asciende a $ 252.308.777.

Para hacer el comparativo del valor del inmueble sin puente y con puente procedieron a hacer el cálculo de depreciación a partir de los ítems que integran los componentes del valor total, así:

ÍtemSin puenteCon puente
Vibración7.724.72
Visualización7.693.69
Comercialización7.694.69
Habitabilidad7.697.69
Acc. Peatonal7.699.69
Acc. Vehicular (predio)7.691.69
Acc. Vehicular (sector)7.6910.69
Contaminación7.697.69
Localización7.697.69
Seguridad7.696.69
M. Ambiente7.697.69
Aseo7.697.69
Cont. Auditiva7.698.69
 100%89.99%

Valor total del inmueble con puente: $ 252.308.777 x 0,89 = $ 224.554.811.

Valor m2 del inmueble con puente: $ 496.891 que se obtiene de dividir el valor total del inmueble con puente ($ 224.554.811) entre el área total (451,92 m2).

Consideraron que la depreciación del valor comercial del inmueble causada por la obra pública fue de 11%, resultado que lo toma del cálculo de depreciación antes realizado.

En relación con el canon de arrendamiento por m2 es de $ 4.466 y el valor total del canon a la fecha en que se rinde el dictamen y si no existiera obra pública sería de $ 2.018.470 que se obtiene de multiplicar el valor total del inmueble con puente ($ 252.308.777) por 0.08 que es un porcentaje promedio del precio de arrendamiento para bodegas.

Aseveraron que no fue posible determinar el canon de arrendamiento considerando la construcción y puesta en funcionamiento del puente, por cuanto no fue posible obtener los contratos de arrendamiento vigentes ni el respectivo valor del canon y porque al momento de la visita de campo encontraron fue un pequeño centro comercial con pequeños negocios de ventas varias.

En cuanto al acceso vehicular, el inmueble perdió la posibilidad directa de cargue y descargue porque está ubicado al final del puente en parte a nivel, así que estacionar acarrearía multas de tránsito, tampoco es viable el estacionamiento momentáneo por el peligro que implica el normal tráfico vehicular al final del puente. Ni antes ni ahora el predio ha tenido servicio de garaje, por tratarse de locales con destinación específica de comercio.

Sobre los factores relativos al paisaje circundante y sobre la variación de condiciones ambientales derivadas de la construcción y puesta en funcionamiento del predio: el paisaje no ha variado mucho, pero si se modificó el flujo vehicular que se advierte mejor organizado y más rápido.

Sobre la seguridad se dejó establecido que la estructura del puente disminuye la visión global del sector, para facilidad del control policivo, disminuye la polución, mejora el acceso peatonal y permite disciplinar al tráfico automotor.

Desde el punto de vista urbanístico, el puente ocasionó la pérdida de algunos valores urbanos y el mejoramiento de otros, pero consideraron que aún no se podía ver el efecto (fls. 104 a 126, c. de pruebas, exp. 24.419).

— La Cámara Colombiana de la Construcción con fecha 17 de octubre de 2000, en respuesta a oficio que le enviara el tribunal indicó que la producción entró en recesión incluido el producto interno bruto PIB que se deterioró significativamente durante 1999 que en el primer trimestre reportó un déficit de crecimiento real en -5.7, el segundo trimestre -7.2, el tercer trimestre -4.6 y el cuarto trimestre -0.1, decrecimiento que se veía desde los últimos dos trimestres del año de 1998 a razón de -1.5 y -3.5, presentándose entonces desaceleración en la economía que abarcó el segundo trimestre de 1998 hasta el primer trimestre del año 2000.

Explicó que la recesión afectó el sector de la construcción, particularmente en el sector de vivienda usada, por cuanto implica una caída generalizada de la demanda por bienes y servicios nacionales e importados, pero como la vivienda no es producto que pueda ser exportado o importado con el fin de darle equilibrio al mercado, por esta razón, las condiciones de la economía afectan más incisivamente a la vivienda que a otros productos comercializables. La disminución de la demanda se tradujo en la caída de los precios reales de la vivienda “esto es, eliminada la inflación, el valor de las viviendas nuevas registra un retroceso de cerca de 56% entre marzo de 1995 y diciembre de 1999. Desafortunadamente, no existen estadísticas fidedignas sobre la evolución de los precios de la vivienda usada… La pérdida de valor real de las viviendas deprimió el patrimonio de las familias en cerca de 38%, lo que las empobreció de manera generalizada y limitó severamente sus gastos de consumo” (fls. 137 a 139, c. de pruebas, exp. 24.419).

En claro los extremos de la litis demostrados, la Sala considera que el recurso de apelación de la parte actora está llamado a prosperar desde las mismas consideraciones generales y dogmáticas con las que se decidió la controversia del proceso 23.222 y que se reiteran.

Ha de recordarse que para estos casos particulares son de observancia las consideraciones generales comunes en las que se explicó que el daño antijurídico se vería desde la óptica objetiva del daño especial.

Para la Sala, la divergencia con el a quo sobre la concepción del daño especial, conlleva la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para en su lugar, considerar que en efecto el daño antijurídico de la devaluación del valor del inmueble sí es atribuible materialmente a la construcción de la obra pública, en tanto el inmueble quedó ubicado en la zona de influencia del puente y jurídicamente, porque la parte actora no estaba en obligación de soportar ese daño, pues aunque se trató de un beneficio que agregó en forma positiva a la comunidad y cuyo fundamento normativo ya visto facultaba al IDU para proceder de conformidad, es innegable que algunos se afectaron y es deber de la sociedad propender en su vuelta al estado de equilibrio frente a la desigualdad de las cargas públicas que les afectó.

Ahora bien, ese daño antijurídico acreditado con las probanzas documentales, testimoniales y con la experticia permiten a la Sala cuantificar en cuanto hace al daño emergente solicitado. En forma preponderante, la experticia contentiva de un estudio técnico y profesional serio y ponderado, efectuado por peritos expertos, suministra al operador jurídico certeza sobre el valor de los daños solicitados por la parte actora.

La Sala tomará como parámetro para liquidar el daño emergente las sumas de la experticia que contienen el valor comercial a mayo de 2000 —fecha en la que se rindió el peritazgo— y las actualizará a la fecha en que se profiere esta sentencia. Los peritos determinaron el valor comercial del inmueble antes de construirse el puente y después de ponerse en funcionamiento, esto con el fin de generar en pesos el valor real perdido por la parte actora en razón a la obra pública.

La Sala siendo congruente con la decisión que ha venido adoptando reconocerá la diferencia entre ambos valores, pues es esta el real perjuicio padecido por la parte actora y la actualizará a valor presente mediante la tradicional fórmula jurisprudencial, empleando como índice final el de julio de 2014 e inicial el de mayo de 2000 —fecha de la experticia—.

Valor del bien inmueble sin puente (mayo 2000 cuando se rinde la experticia) $ 252.308.777.

Valor del bien inmueble con puente (mayo 2000 cuando se rinde la experticia) $ 224.554.811.

Diferencia entre ambos valores$ 27.753.966.

46
 

En consecuencia el IDU debe a los señores Luis Onofre Lancheros Núñez y Yolanda Páez de Lancheros la suma de cincuenta y tres millones doscientos ochenta y dos mil setecientos pesos ($ 53.282.700) por concepto de daño emergente.

La Sala no reconocerá el lucro cesante por cuanto el inmueble afectado corresponde a la avenida calle 68 Nº 73-30, se descarta así el contrato de arrendamiento adjuntado con la demanda referente a los inmuebles con nomenclaturas 73-32 y 73-34. Sobre el arrendamiento de la nomenclatura 73-30 figuran el contrato de arrendamiento de 1º de marzo de 1996, en el que el señor Luis Onofre Lancheros arrendó el local comercial del primer piso a la Ferretería Dinoval Ltda. y a otras dos personas naturales, pactaron como canon los primeros seis meses la suma de $ 1.000.000 mensuales y los últimos seis meses $ 1.100.000. Con vigencia de un (1) año (fls. 11 a 14, c. de pruebas, exp. 24.419) y comunicación de 30 de julio de 1997, en el que el Gerente administrativo de la Ferretería Inoval Ltda. Álvaro Hernán Díaz Díaz informó al arrendador Luis Onofre Lancheros que le entregarán el local de la calle 68 Nº 73-30 “ya que debido a la construcción del puente… las ventas se nos han venido bajando cada vez más, como ya se lo habíamos manifestado en la carta enviada a usted el 25 de mayo del año en curso. Por tal razón le haremos entrega del local en el mes de agosto” (fl. 94, c. de pruebas, exp. 24.419).

Al respecto la Sala considera que no hay lugar a reconocer el lucro cesante porque si bien las pruebas documentales (contrato de arrendamiento y comunicación del arrendatario) recaban en la prueba cierta del daño antijurídico, lo cierto es que para efectos del lucro cesante, se desconoce si el inmueble pudo o no volver a ser arrendado ni si se vio en la necesidad de arrendarlo por menor precio y menos si alguna de esas dos situaciones se mantuvo en forma permanente a lo largo de los años. Es claro que frente al contrato de arrendamiento que se adjuntó, el plazo del contrato ya había vencido y mal haría el juez en reconocer la constante y permanente causación de una renta derivada del canon de arrendamiento cuando la imputación ha girado en torno a la devaluación y ésta en su sustancialidad no ha sido demostrada, porque no es el quantum lo que se requiere, sino la real necesidad que el actor haya padecido al tener que disminuir el canon de arrendamiento o al verse en la imposibilidad de arrendar el inmueble, lo cual no está claro ni probado.

En consecuencia, la pretensión de condena por lucro cesante se deniega.

5.7. Expediente 27.863.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de 21 de abril de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, Sala de descongestión, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, condenó al IDU a pagar la indemnización y negó las restantes súplicas de la demanda (fls. 144 a 161, c. ppal., exp. 27.863).

Hechos probados:

— Contrato de arrendamiento de María Elena Amaya de Cifuentes de 7 de noviembre de 1996, celebrado con Gildardo Reyes Moncada sobre el inmueble de la avenida calle 68 Nº 72-87, por un canon mensual de $ 300.000, por el término de 12 meses y con destino al negocio de venta de vidrios y molduras para marquetería (fl. 39 a 40, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

— Contrato de arrendamiento de María Elena Amaya de Cifuentes y Rosa María Amaya de Abril, suscrito el 10 de mayo de 1996, celebrado con Luis Alexander Salinas Toro y otros sobre el inmueble de la avenida calle 68 Nº 72-85, por un canon mensual de $ 350.000, por el término de 1º año y con destino a servicios de decoración de cortinas y divisiones de baño (fl. 42 a 44, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

— Contrato de arrendamiento de María Elena Amaya de Cifuentes y Rosa María Amaya de Abril, suscrito el 23 de septiembre de 1996, celebrado con Alcides Toro Contreras y otros, sobre el apartamento 301 del inmueble de la avenida calle 68 Nº 72-87, por un canon mensual de $ 200.000 y con destinación exclusiva para vivienda (fls. 45 a 47, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

— Contrato de arrendamiento de María Elena Amaya de Cifuentes y Rosa María Amaya de Abril, suscrito el 1° de octubre de 1996, celebrado con Rodolfo y Gildardo Reyes Moncada sobre el inmueble de la avenida calle 68 Nº 62A-95, por un canon mensual de $ 300.000 y con destinación para marquetería y vidriería (fls. 48 a 50, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

— Comunicaciones originales sin autenticar datadas el 3 de marzo de 1998, de Gildardo Elías Reyes Moncada, Rodolfo Reyes Moncada y Juan José Avendaño en las que informan que entregan los inmuebles ubicados en la avenida calle 68 Nº 72-91; 72-95 y 72-85 en tanto dicen que la implementación y entrada en funcionamiento del puente vehicular redujeron las ventas en forma considerable y manifiestan su imposibilidad de pagar el canon de arrendamiento sin estar percibiendo ingresos por ventas (fls. 51, 52 y 100, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

Testimonios:

Rodolfo Reyes Moncada, fue arrendatario de la señora María Ramos Fajardo de Amaya. Recordó que antes de la construcción del puente el negocio de vidrios y marquetería funcionaba bastante bien porque pasaba clientela y podía estacionarse y hacer compras, pero luego con el puente la situación fue pésima porque los clientes se alejaron. Relató que las condiciones de seguridad, salubridad y medio ambiente antes del puente eran excelentes, pero con la obra pública en funcionamiento es inseguro e incómodo para las personas estar en un callejón. Antes los vehículos podían cargar y descargar mercancías, luego con el puente fue imposible. Indicó que la seguridad la compara con la situación anterior al puente con la actual, pues antes había visibilidad de ambas calzadas, pero en la actualidad no se ve sino un callejón que no es vehicular y agregó “es inseguro porque tenemos un callejón de ancho de seis metros… en el cual no hay más acceso… mientras que antes teníamos un espacio de una o dos cuadras sin ver ningún obstáculo” (fls. 102 a 104, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

Jaime Alberto Umaña Poveda, el testimonio fue recepcionado el 24 de agosto de 1999, coordinador de obra de la subdirección técnica de ejecución de obra, dirección técnica de construcciones del IDU. Recordó que dentro de sus funciones le tocó coordinar el diseño y construcción del puente, bajo el contrato 194 del año de 1996, obra que culminó en marzo de 1998 con la puesta al servicio de la obra (fls. 105 a 106, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

Benito Antonio Carvajal Murcia, ingeniero civil director de obra para la firma Civilia Limitada. Recordó que la obra se llevó a cabo de acuerdo con los planos aprobados por el IDU a través de la interventoría. Explicó que la obra significó un gran beneficio al sector sobre todo para la parte noroccidental de la ciudad y mejoró sustancialmente las velocidades o tiempos de recorrido. Era una obra que se exigía por sí sola, era indispensable (fl. 107, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

Inspección judicial. Realizada el 13 de octubre de 1999, sobre los inmuebles de la avenida calle 68 Nº 72-85, 72-87, 72-89, 72-91 y 72-95. En la nomenclatura 72-85 se encuentra un local comercial destinado a carpintería; en la 72-87 se encuentra el acceso a los apartamentos ubicados en los pisos segundo y tercero que constan de dos habitaciones, sala comedor, concina, baño y hall de entrada. En los números 72-89 y 72-91 funciona local comercial en el que funciona la cafetería y en la 72-95 funciona una peluquería. Además, indicaron que la distancia existente entre el muro de fachada y el paramento del puente es de 7.70 m. (fls. 111 y 112, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

Experticia Los indicaron que la obra inició el 20 de mayo de 1997 y el puente fue dado al servicio el 21 de febrero de 1998.

— En relación con el área del terreno es de 140,45 m2

— El área de construcción: Total 421,37 m2, discriminados como sigue:

Primer piso: 133,31 m2: conformado por dos locales comerciales, un garaje y corredores de acceso al segundo y tercer piso.

Segundo piso: 144.03 m2.

Tercer piso: 144.03 m2.

El inmueble se encuentra ubicado en el área de influencia del puente vehicular por cuanto tiene frente sobre la avenida calle 68, pero antes de la construcción del puente era la vía de acceso principal y única directa de acceso al inmueble y agregaron “pero los vehículos hoy en día ya no circulan a nivel del inmueble sino que lo hacen en forma elevada, o sea sobre el puente”.

Desde el punto de vista urbanístico el inmueble y el puente terminaron siendo parte de un todo porque el puente al reemplazar la avenida calle 68 creó un corredor de circulación entre el puente y el predio, así que el puente modificó el aspecto de la zona y del predio, al igual que de sus alrededores.

El puente causó cierto deterioro urbano, pero a la vez ocasionó beneficios macros para toda la ciudad. Aunque aclaró que el deterioro urbano o impacto ambiental para el inmueble de propiedad de la actora fue desfavorable.

Ese deterioro se materializó por la pérdida de privacidad especialmente del segundo piso, por el difícil acceso vehicular al inmueble, por la pérdida del antejardín y el uso exclusivo del mismo, por la polución o contaminación de gases, contaminación acústica, contaminación de fecas y orines, aumento de la inseguridad y el gran deterioro que sufrió la parte comercial al quedar el inmueble escondido por el puente. En forma porcentual, la favorabilidad o desfavorabilidad fue la siguiente:

CaracterísticasFactor sin puente %Factor con puente %
Visual5.003.00
Privacidad5.003.00
Factor comercial20.005.00
Acceso vehicular15.004.00
Circulación peatonal5.002.00
Desplazamiento de la zona5.008.00
Contaminación5.008.00
Localización10.0010.00
Seguridad15.005.00
Medio ambiente5.003.00
Aseo5.004.00
 100.0058.00

VALORES DE VENTA DEL INMUEBLE

Sin el puente:

m2 de terreno: $ 350.000.

m2 de construcción: $ 250.000.

Indicaron “Se toma un valor promedio para toda la construcción, ya que el primer piso debía tener un mayor valor, por ser comercial, pero por lo observado en el sitio, la rentabilidad de los locales es muy baja, ya que nadie los quiere tomar en arriendo por ese motivo. Estos valores fueron investigados en el sitio, con algunos avaluadores de finca raíz y con base a la experiencia de los suscritos. Los anteriores valores, ya tienen el descuento por la desvalorización que ha sufrido la finca raíz, debido a la recesión económica de los últimos años” (fl. 119, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

Para hacer el avalúo a la fecha del peritaje, para el evento de no existir puente tomaron el área que aparece en los planos de 202.01 m2 y para el que se hace con el puente se tomó el área de 140,45 m2, en tanto se perdieron 61,56 m2 por el antejardín.

Terreno:

202.01 m2 a$ 350.000 c/u$ 70.703.500.

Construcción

421.37 m2 a$ 250.000 c/u$ 105.342.500.

Valor total del inmueble a la fecha si no existiera puente$ 176.046.000.

Con el puente

m2 de terreno: $ 230.000.

m2 de construcción: $ 165.000.

Terreno:

140,45 m2 a$ 230.000 c/u$ 32.303.500.

Construcción

421.37 m2 a$ 165.000 c/u$ 69.526.050.

Valor total del inmueble a la fecha con el puente$ 101.829.550.

PORCENTAJE DE DEVALUACIÓN es de 42.16%.

El valor del inmueble a la fecha sin el puente es de $ 176.046.000 y con el puente es de $ 101.829.550.

$ 176.046.000 - $ 101.829.550 = $ 74.216.450.

$ 74.216.450 / $ 176.046.000 = 0,421574 x 100 = 42.16%

VALOR DEL CANON DE ARRENDAMIENTO

Sin puente:

Valor del m2 en el primer piso: $ 6.000.

Valor del m2 en el segundo y tercer piso: $ 3.200.

Valor de todo el inmueble:

94.00 m2 del primer piso (parte comercial) a $ 6.000$ 564.000.

288,00 m2 del segundo piso y tercer piso (vivienda) a $ 4.000 $ 1.152.000.

Valor total del canon de arrendamiento sin puente$ 1.716.000.

Con puente:

Valor del m2 en el primer piso: $ 3.500.

Valor del m2 en el segundo y tercer piso: $ 2.500.

Valor de todo el inmueble:

94.00 m2 del primer piso (parte comercial) a $ 3.500$ 329.000.

288,00 m2 del segundo piso y tercer piso (vivienda) a $ 2.500$ 720.080.

Valor total del canon de arrendamiento con puente $ 1.049.000.

El porcentaje que la obra pública devalúa el valor del canon de arrendamiento es del 38.87%.

Sobre el acceso vehicular después de la construcción del puente indicaron que fue cambiado por un corredor peatonal entre la base del puente y el inmueble objeto del peritaje. Puede acercarse un vehículo pero por ser espacio peatonal crea traumatismos y por ello el IDU impidió la circulación vehicular mediante la colocación de bolardos y en el centro del corredor hay postes telefónicos, lo que imposibilita el tránsito de vehículos. La imposibilidad de acceso de vehículos afecta negativamente porque se dificulta la carga y descarga de mercancías y disminuye el valor comercial de los locales (fls. 114 a 125, c. de pruebas 2, exp. 27.863).

Teniendo claros los supuestos fácticos probados, la Sala reitera lo planteado en los procesos anteriores de no compartir el planteamiento de las apelaciones relacionadas con la inexistencia del daño antijurídico por tratarse de derechos colectivos propios de la Ley 472 de 1998 o con el argumento de que no se presentó desigualdad en las cargas públicas.

En consecuencia, no encuentra que las censuras de la apelación en este punto prosperen y en tal sentido mantendrá la decisión del tribunal a quo de declarar la responsabilidad del IDU.

No obstante, al detenerse en la cuantificación de las condenas, modificará la atinente al daño emergente para tomar en cuenta la diferencia entre los valores actuales del inmueble pre y pos puente, también por las razones ya expuestas atinentes a que el daño antijurídico recae sobre la devaluación del bien inmueble y ella se obtiene en forma real y justa en la diferencia de ambas sumas. Ese valor se actualizará, mediante la fórmula de valor presente empleando como índice inicial el de la experticia porque contiene los valores actuales del inmueble a la fecha en que aquella se rindió en noviembre de 1999 y como IPC final el correspondiente a julio de 2014 —último publicado por el DANE—

Valor del inmueble sin puente (nov 1999 fecha de la experticia) $ 176.046.000.

Valor del inmueble con puente (nov 1999 fecha de la experticia)$ 101.829.550.

Diferencia entre ambos valores $ 74.216.450.

47
 

En consecuencia, el IDU debe a los señores María Elena Amaya de Cifuentes (cesionaria de los derechos de María Ramos Fajardo de Amaya), Pedro Pablo Amaya Fajardo, Rosa María Amaya de Abril, María Elena Amaya de Cifuentes, Ana Hortencia Amaya Fajardo, Víctor Manuel Amaya Fajardo, Miguel Antonio Amaya Fajardo, Enrique Amaya Fajardo, Fernando Amaya Fajardo, Blanca Cecilia Amaya de Rodríguez y Jorge Eliécer Amaya Fajardo la suma de ciento cincuenta y tres millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve pesos ($ 153.262.859) por concepto de daño emergente.

Por otra parte, la Sala revocará para denegar la condena al lucro cesante porque si bien se trajeron al proceso pruebas sobre el arrendamiento de la avenida 68 Nº 72-87, tales como el contrato de arrendamiento de María Elena Amaya de Cifuentes de 7 de noviembre de 1996, celebrado con Gildardo Reyes Moncada, por un canon mensual de $ 300.000, por el término de 12 meses y con destino al negocio de venta de vidrios y molduras para marquetería (fl. 39 a 40, c. de pruebas 2, exp. 27.863) y el contrato de arrendamiento de la misma señora, suscrito el 23 de septiembre de 1996, celebrado con Alcides Toro Contreras y otros, por un canon mensual de $ 200.000 y con destinación exclusiva para vivienda (fls. 45 a 47, c. de pruebas 2, exp. 27.863), estas pruebas documentales no permiten tener certeza a la Sala sobre las circunstancias de disminución del canon de arrendamiento ni sobre la imposibilidad del arrendador de volver a dar el goce del inmueble. Los demás contratos y documentos no se valoran porque refieren a nomenclaturas diferentes a las del inmueble de marras.

5.8. Expediente 23.227.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la Sentencia de 16 de mayo de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, por medio de la cual se decidió declarar no probadas las excepciones y declaró responsable al IDU y lo condenó al pago de la indemnización por concepto de daño emergente y negó las restantes súplicas de la demanda.

En el expediente se encontraron acreditados los siguientes hechos:

— Luis Napoleón Téllez Gallego es propietario de los apartamentos 201, 202, 301, 302, 401 y 402 de la carrera 70 número 71 B 41 de Bogotá, según los folios de matrícula inmobiliaria 50C-1414085, 50C-142486, 50C-1414087, 50C-1414088, 50C-1414089, 50C-1414090 y escritura pública 1.492 de 18 de mayo de 1981 de la notaría 14 de Bogotá (fls. 11 a 16, c. sin número, exp. 23.227 y fls. 6 a 9, c. 4).

— De conformidad con la certificación del IDU, el contrato de obra pública del puente vehicular data de 26 de noviembre de 1996 (contrato 194) y se terminó el 31 de marzo de 1998 (fls. 18 a 19, c. sin número, exp. 23.227). Fue celebrado por el IDU y la sociedad Civilia Ltda. para diseñar y construir la intersección entre la calle 68 y la avenida Boyacá (fls. 581 a 599 ib.).

— Los contratos de arrendamiento adjuntados con la demanda, advierte la Sala, no coinciden en su nomenclatura con la de los folios de matrícula inmobiliaria que corresponde a la carrera 70 número 71 B 41 de Bogotá, mientras que los contratos de arrendamiento refieren la avenida calle 68 Nº 70-09 y 70-13.

Por otra parte, únicamente los contratos de arrendamiento de los apartamentos 201, 401 y 402 datan de fechas próximas a la construcción, es decir, años 1996 y 1997. Los demás están fechados en años anteriores (1992 y 1994) sin que haya soporte de si fueron prorrogados automáticamente y si se encontraban vigentes al momento de la construcción y terminación del puente.

El contrato contentivo del arrendamiento del apartamento 201 inició el 12 de marzo de 1997, con un canon de $ 200.000, celebrado con Elías de La Cruz Armenta como arrendatario y Luis Napoleón Téllez; del apartamento 401 inició el 23 de julio de 1996 y fue suscrito el 1º de julio de 1996, con un canon mensual de $ 200.000. El contrato del apartamento 402 se inició el 1º de julio de 1996 con un canon mensual equivalente a $ 380.000 (fls. 21 y 21 vto, 22 y 22 vto.).

— Frente al apartamento 402 de la avenida 68 Nº 70-13, reposa el testimonio de Luis Francisco Lara Arias, recepcionado en la primera instancia el día 11 de febrero de 2000, en el que declaró que es arrendatario de ese apartamento hace cuatro (4) años. Sobre las condiciones de habitabilidad indicó que se presenta mucho ruido y que se percibe más fuerte ahora porque el puente hizo que el tráfico quedara más cerca a las habitaciones, más cerca de las ventanas y además, pegado al edificio abrieron unos huecos grandísimos y cuando pasan vehículos pesados el edificio vibra.

Sobre las condiciones de ingreso al edificio indicó: antes, cuando no existía el puente, entraba por la avenida 68 y quedaba en el edificio, ahora para llegar debo dar una vuelta inmensa y la vía para llegar al garaje del edificio quedó sellada porque quedó peatonal. Lo que en principio fue un garaje, ahora con el puente y debido a su obstrucción funciona una cafetería.

Sobre las condiciones de higiene relató: el desaseo es espantoso porque como la vía quedó peatonal, se volvió peor que una plaza de mercado en la que venden de todo. El segmento que carece de luz es utilizado como baño público.

Sobre las condiciones de seguridad indicó que en la noche atracan, resultan por debajo de la puerta del edificio los documentos de las personas que han atracado y aparecen indigentes durmiendo.

Indicó que permaneció en el inmueble porque de $ 300.000 que pagaba, le rebajaron a $ 150.000 debido a las condiciones de inhabitabilidad relatadas.

Al solicitarle que hiciera un comparativo entre la situación del inmueble arrendado antes y después de la construcción del puente vehicular indicó: “Antes uno si venía por la Boyacá, tomaba la 68 y entraba al garaje, viniendo por la 68, pasaba la Boyacá y entraba al garaje. Después tengo que andar, si vengo por la Boyacá, no tiene orejas para entrar a la 68, toca andar cinco cuadras hacia el norte, girar tres cuadras al noroccidente y volver a regresar a la 68 para poder llegar al apartamento”.

En cuanto a la iluminación es pésima, antes había mucho flujo de gente y eso lo hacía seguro, frente al edificio había postes de luz y otro en la esquina, había mucha luz y se veía todo, ahora no existe esa iluminación y es muy oscuro (fls. 77 a 79, c. sin número 23.227).

El testigo Jaime Alberto Umaña Poveda dijo ser empleado del Instituto de Desarrollo Urbano; indicó que antes de la existencia del puente vehicular, la vía presentaba un tráfico bastante lento, con trancones, vendedores ambulantes, polución, ruido, entre otros. Al construir el puente existen dos calzadas de tres carriles que levantó la avenida 68 sobre la avenida Boyacá, descongestionando el tránsito en el sentido oriente - occidente y viceversa. Adicionalmente, se construyeron dos puentes peatonales adosados al vehicular, con sus rampas de acceso, se mejoró y renovaron las redes de servicios públicos, el amoblamiento y urbanismo “tales como incorporación del parque en el costado nororiental, aprovechamiento de las zonas bajas del puente, con la construcción de plazoletas, baterías sanitarias y unas áreas disponibles y rehabilitación de calzadas dentro de las zonas de influencia del proyecto. En mi concepto, esas obras mejoraron ostensiblemente la calidad de vida de los residentes del sector, por cuanto mejoró el aspecto urbano, retiró los trancones y demás aspectos inherentes como vendedores ambulantes, ruido, polución y para la ciudad, mejoró la productividad, al evitarse la intercepción a nivel…” (fls. 80 a 81, c. sin número, exp. 23.227).

— El 10 de febrero de 1998, el IDU respondió solicitud al apoderado de la parte actora en la que indicó que, revisada la plancha del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ninguno de los predios adyacentes a la intersección vial entre las avenidas Boyacá y de Chile se encuentran en zona de reserva vial para la ampliación. Advirtió que de conformidad con los artículos 10 a 12 del decreto 323 de 1992, todo proyecto vial arterial elaborado por el IDU debe tener concepto previo del Departamento Administrativo de Planeación Distrital; que frente al proyecto final de la intersección mencionada no se encontraron antecedentes sobre conceptos solicitados por el IDU, tampoco aparece constancia alguna de que se hayan adelantado por parte del DAPD actividades de coordinación y control para la obra en referencia (fls. 47 a 48, c. sin número 23.227).

— Fotografías del inmueble de la avenida 68 Nº 70-09 y de cómo se ve el puente vehicular (fls. 75 a 86, c. sin número 23.227).

— La experticia rendida el 28 de febrero de 2000 durante el trámite de primera instancia, la cual da cuenta de que la nomenclatura del inmueble corresponde a la avenida (calle 68) números 70-09 y 70-13 de Bogotá. El área de antejardín ocupa más de 50% del metraje total del lote “y está convertida en pasaje peatonal anexo al andén inmediato (ver memoria fotográfica)” —fl. 84, c. sin número, exp. 23.227—.

El inmueble se encuentra ubicado en el área de influencia del puente vehicular, tanto así que el antiguo antejardín pasó a ser parte integral de la vía peatonal paralela al viaducto por el costado sur de éste.

Sobre el deterioro urbano e impacto ambiental causado sobre el inmueble con la construcción del puente vehicular, la experticia indicó que se dieron impactos favorables y desfavorables sobre aquel. Entre los favorables: la existencia del puente disminuye la polución acústica causada por los vehículos, al hacer más fluido el paso de los automotores y, a la vez, por el mismo efecto, baja la acumulación de gases en la zona aledaña donde se encuentra el edificio de la parte actora.

Entre los desfavorables destacamos: 1) por el frente de la calle 68 existía un garaje doble que con la construcción del puente perdió toda posibilidad de acceso vehicular y por ello debió cambiar su uso a local comercial que actualmente ocupa una cafetería. La carencia absoluta de garaje incide desfavorablemente en la demanda de locales y de los apartamentos; 2) la cercanía del puente sobre el frente de la calle 68 aumentó la inseguridad que se acentúa en la noche y ello ha hecho que antiguos arrendatarios se rehúsen a que les sea reajustado el canon de arrendamiento.

Para determinar la afectación que causan los factores negativos, los peritos emplearon 13 ítems como determinantes en el 100% del valor del inmueble y a cada uno se le asignó un porcentaje ‘con. y ‘sin. la presencia del puente, que se observa en la siguiente tabla:

Factor% Sin puente% Con puente
Visual86
Privacidad75
Comercialización54
Habitabilidad108
Acceso peatonal107
Acceso vehicular155
Desplazamiento55
Contaminación1010
Localización55
Seguridad107
Medio ambiente54
Aseo54
Ruido55
Porcentaje total100%75%
Desvalorización 25%

En relación con:

a) El valor de venta del metro cuadrado del inmueble sin la existencia del puente vehicular dijeron que investigaron el precio de los inmuebles de la zona y tuvieron en cuenta el estudio de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá intitulado “El valor del suelo urbano de Bogotá” edición 1999, en el que se mostró el sector específico, el comportamiento del valor del suelo por metro cuadrado desde 1990 hasta 1999, así como las tasas nominales anuales de valorización para la respectiva ‘zona que corresponde a la número 35 y dictaminaron lo siguiente:

“A) El valor actual del metro cuadrado en el sitio donde está construido el inmueble de la parte actora es de $ 600.000, luego los 234.30 m2 que tiene la totalidad del lote —presumiendo que aún es propietario del antejardín—… es de $ 140.580.000.

B) El área construida del inmueble distinguido con la nomenclatura avenida calle 68 Nº 70-09 y 70-13 de Bogotá es de 441.90 metros cuadrados…

C) El precio a nuevo estimado para el tipo de construcción que nos ocupa es de $ 350.000 por m2, precio que afectamos en un 30% acaecida al cabo de 25 años de antigüedad de la construcción, lo cual nos conduce a un valor definitivo del m2 de construcción de 350.000 x 0.7 = $ 245.000 m2.

Entonces el valor total de la construcción a la fecha del peritazgo es de: 441,90 x $ 245.000 = $ 108.265.000, suma que agregada al valor del terreno nos daría el valor total del terreno nos daría el valor total de venta del edificio si no existiera el puente,…: $ 108.265.500 + $ 140.580.000 = $ 248.845.500 (sin puente).

Este valor total del inmueble, a la fecha, repartido en la presunta área total de 441.90 m2, daría un valor de venta del metro cuadrado de: 248.845.500 / 441,90 = $ 562.243 m2.

2) El valor de venta del metro cuadrado y del inmueble para la fecha del dictamen y considerando la construcción y puesta en funcionamiento del puente. Tomaron como base el precio anterior (inmueble y terreno sin puente) y devaluaron el 25% por concepto de efectos negativos producidos por el puente, dado como resultado el valor de $ 421.682 m2 precio de venta teniendo presente el viaducto y concluyeron:

En relación con el porcentaje de devaluación de la obra pública el precio comercial para la venta del inmueble debido a los efectos negativos de cercanía y demás condiciones adversas por la construcción del puente, produjeron una devaluación porcentual del 25% de su valor total.

“Pérdida por devaluación causada por la construcción

$ 248.845.500 x 0.25$ 62.211.375.

Valor de venta, ya construido el puente

$ 248.845.500 x 0.75$ 186.634.125.

Valor del edificio antes de la construcción$ 248.845.500”.

b) El valor del canon de arrendamiento:

Por metro cuadrado sin el puente: de los 7 contratos adjuntados, sólo 3 contienen cláusula de reajuste a razón del 25% y tomaron como base los IPC anuales y los cánones pactados en los contratos de arrendamiento que adjuntó la parte actora. Los resultados fueron:

AptoCanon mes inicialFecha inicialCanon mes 1999
contractual permitido
201$ 200.000Mar/97$ 270.664
202$ 90.000Ene/93$ 265.982
301$ 80.000Dic/92(+25%) $ 477.000
302$ 100.000Sep/94(+25%) $ 305.000
401$ 200.000Jun/96$ 329.209
402$ 380.000Jul/96$ 625.496
Local$ 200.000Sep/94(+25%) $ 610.000
Cafetería  $ 400.000

Total si no existiera puente $ 3.146.418.

La suma repartida en el total de los metros cuadrados construidos (441.9 m2), arrojaría un canon de arrendamiento por metro cuadrado de $ 7.120.

2) por metro cuadrado con puente

Teniendo en cuenta el 25% como factor de devaluación. Los peritos indicaron:

“Valor por metro cuadrado: $ 7.120 x 0.75 = $ 5.340.

Valor total mensual por arrendamientos: $ 3.146.418 x 0.75 = $ 2.359.814

Los dos valores anteriores constituyen una disminución mensual por concepto de arrendamiento de:

$ 7.120 x 0.25 = $ 1.780 por m2.

$ 3.146.418 x 0.25% = $ 786.605 total por mes”.

Ampliaron lo concerniente al acceso vehicular indicando que antes de la construcción del puente, el inmueble propiedad de la actora disponía de un garaje para dos carros, con acceso por la fachada norte (calle 68), pero al construir el puente generó imposibilidad de ese uso y el área del garaje debió destinarse a una pequeña cafetería. La circulación para llegar al edificio se interrumpe con los bolardos que separan la vía del camino peatonal.

En cuanto a la visualización, consideraron que no se afectó porque el inmueble está en el extremo oriental en la parte más baja del puente, así que éste no constituye barrera visual, salvo para la planta baja donde están los locales comerciales. Así que los pisos destinados a apartamentos no sufren limitación visual. Aunque sí cambió notablemente el entorno pre-existente a la obra, pues estableció nuevo paisaje con mayor fluidez del tránsito vehicular.

Desde el punto de vista urbanístico se dio un resultado desfavorable sobre el predio (fls. 84 a 96, c. sin número, exp. 23.227).

— En memorando interno de 23 de septiembre de 1998 suscrito por el subdirector de construcciones y remitido al director de unidad de procesos judiciales y, tratándose de la demanda de reparación directa que se analiza frente al inmueble de la avenida calle 68 Nº 73-20/21 y la construcción del puente vial, indicó que la intersección no cuenta con orejas ni conectores por cuanto no se incluyeron predios para esta clase de obra. Y agregó:

“…vale la pena aclarar que la obra ejecutada mejoró la calidad de vida del sector al suprimir el cruce a nivel (tanto vehicular como peatonal) entre la Av. calle 68 por Av. Boyacá, disminuyó los tiempos de recorrido en el sector, la polución y el ruido, mejoró el sector en la parte urbana al recuperar el espacio público, reconstruir los andenes, sardineles, integrar la zona verde del costado nororiental y ampliar la zona dura del costado noroccidental, mejorar los servicios públicos al canalizarlos, cambiar ducterías, tuberías y alumbrado público y aprovechar las zonas bajas del puente vehicular para la construcción de baterías sanitarias, locales y áreas disponibles para uso de la comunidad. En cuanto a la reconstrucción de los andenes se tuvo en cuenta en ejecutar un andén especial por la Av. calle 68 entre carreras 69 y 73A costados norte y sur con el objeto de soportar el peso de vehículos medianos en razón a la zona comercial existente y por solicitud de la comunidad y en un gesto de colaboración para el diseño integral de urbanismo y paisajismo convinieron en no reconstruir y demoler en aquellos casos, los muros que delimitaban el antejardín de las propiedades y así unificar la zona” (fls. 744 a 746, c. A-13, exp. 23.227).

La situación de control de la inseguridad se pretendió probar con oficio de 24 de agosto de 2000 expedido por el comandante de la décima estación de Policía, en el que se informó que las medidas de seguridad adoptadas para la prevención de actos delictivos son: plan de requisas, control de invasión del espacio público, control en puentes peatonales y control de establecimientos públicos y relaciona los resultados de los operativos realizados en algunos de los meses del año 2000 (fls. 39 a 42 c. 7).

Para la Sala esta prueba no arroja conclusiones con respecto a la situación sub júdice porque data del año 2000, es decir, de la fecha en la cual se recaudó, sin que se advierta para efectos de este proceso, cómo era la situación antes ni después de la construcción del puente.

Analizando los argumentos de las censuras planteadas por ambas partes, la Sala considera:

Frente al planteamiento de la parte demandada relativa a que se revoque la declaración de responsabilidad y la consecuencial condena a la indemnización de perjuicios, la sustenta en que sólo hay posibilidad de predicar responsabilidad en estos casos de construcción de obras públicas cuando el daño exceda del propósito de la función social, de lo contrario el daño no es antijurídico.

Para la Sala este planteamiento desdibuja la naturaleza, características y concepción del daño especial porque ha de recordarse que éste se sustenta en el presupuesto sine qua non del actuar legítimo y legal de la administración, siendo así, cualquier argumentación que implique conectar lo antijurídico del daño exclusivamente a lo que esté por fuera o exceda del actuar legítimo y legal de la administración lo ingresaría inmediatamente al campo de la falla o de la falta en la conducta y lo haría en la práctica inane en su ocurrencia desde el punto de vista de la imputación objetiva.

Lo antijurídico del daño se sustenta en forma preponderante en aquello que la persona no tiene la obligación de padecer, solo que cuando se está en el ámbito objetivo del daño especial se debe tener claro que la calificación de “contrario a derecho”, de lo antijurídico es más difícil de encuadrar porque se está frente a la actividad acorde a derecho desplegada por la administración. Es decir, que el análisis debe partir de diferenciar entre la actividad lícita de la administración y el perjuicio de quien padece el daño sin tener el deber jurídico.

Es evidente que, por regla general, el mejoramiento de la malla vial con la implementación de puentes vehiculares responde al cumplimiento de los cometidos estatales acordes a derecho, que para el caso concreto las disposiciones distritales le confieren el poder y la competencia al IDU para propender por el mejoramiento y optimización de las vías, incluyendo en ello, los puentes vehiculares y, por ende, no podría calificarse de antijurídico entendido en su concepción más amplia y es claro que así lo entiende el IDU al detenerse en el contenido del memorando interno de 23 de septiembre de 1998 del subdirector de construcciones al director de unidad de procesos judiciales y al dar su concepto sobre esta demanda de reparación directa de la cual indica que mejoró la calidad de vida al disminuir los tiempos de recorrido desde y hasta el sector noroccidental, al recuperar el espacio público, al disminuir la polución y el ruido, al reconstruir andenes, entre otras. Ese mejoramiento también es manifestado por el testigo Jaime Alberto Umaña Poveda, empleado del IDU (fls. 80 a 81, c. sin número, exp. 23.227).

Pero esa favorabilidad y beneficio, que son innegables, son los que le cabe al interés general, a la pluralidad de individuos entendidos como conglomerado, sin que ello pueda enervar el derecho a quien ha soportado una carga mayor al del resto de los individuos de reclamar el resarcimiento del daño padecido, jurídico para la sociedad en general, pero antijurídico para su bien jurídicamente tutelado.

Si se accediera a calificar que todos los administrados que queden dentro del área de influencia de una obra pública deben ceder su derecho de propiedad o su derecho o bien jurídicamente tutelado ante los cometidos de los principios y presupuestos de la función social de la propiedad es innegable que se estaría dando vía libre a un tratamiento desigual con respecto a los restantes integrantes de la colectividad quienes no se ven afectados porque sus propiedades no están dentro de los límites geográficos de la obra.

En el caso concreto, la experticia, aunada al testimonio de Luis Francisco Lara evidencian la afectación causada sobre el inmueble con la implementación de la obra pública, bajo ítems de favorabilidad y desfavorabilidad que conforman en todo el valor comercial del bien inmueble, concretándose así el daño antijurídico que debe ser indemnizado para reparar la desigualdad que se generó a la parte actora sin que tuviera el deber jurídico de soportarlo. Dicente resulta el testimonio de Luis Francisco Lara Arias, quien en su condición de arrendatario de uno de los inmuebles relata su experiencia sobre las condiciones modales que con el puente han tenido que padecer.

Puede afirmarse, sin hesitación alguna, que mientras la comunidad entendida desde el concepto general se benefició, ese beneficio legal, legítimo y lícito afectó a unos cuantos quienes ruegan ante esta jurisdicción para que se les retorne el equilibrio de la balanza de las cargas públicas.

Sobre el segundo punto de la apelación de la parte demandada, esta Sala considera que en efecto se demostró que la falta de acceso vehicular sí dificulta el ejercicio del comercio pero no sólo desde el punto de vista de la actividad de parqueo para carga y descarga de la mercancía sino de la accesibilidad al sitio tanto para los compradores como para los proveedores e incluso para los moradores a sus viviendas. Dentro de la comunidad de la prueba de los procesos acumulados es evidente que los inmuebles que quedaron al frente del puente gozan ahora de un paso exclusivamente peatonal, pero les fue suprimido, por ese costado frontal, todo paso vehicular al cual accedían directamente cuando el puente no existía.

No encuentra la Sala que los argumentos de la parte demandada logren enervar la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, en relación con las censuras del demandante, en su apelación discute el porcentaje reconocido por el tribunal a quo, pues de dar a entender que condenaría a un 15% por concepto de devaluación, el cual en forma expresa dice el censor que acepta, descendió al 10% por razones de vetustez.

Siendo así, la Sala deja claro que si bien el actor en la demanda solicitó un porcentaje mayor, esto es, el 40%, que la experticia encontró que el porcentaje es del 25%, lo cierto es que en la sentencia de primera instancia le fue reconocido el 10%, pero en la apelación manifiesta que aceptaría el 15% que en las consideraciones se indicó.

Al respecto la Sala observa luego de analizar la experticia que el factor de acceso vehicular antes del puente equivalía al 15% sobre el valor total del inmueble y que con el puente se disminuyó al 5%, presentándose así diferencia del 10% en el comparativo pre y pos de la construcción, como en efecto lo determinó el tribunal en la liquidación del daño emergente. No encuentra, entonces, el juez de segunda instancia, razones de incongruencia que permitan acceder a la modificación pretendida por el apelante.

Se recuerda que los valores correspondientes a los ítems de seguridad, medio ambiente y aseo fueron descartados por el tribunal con argumento de fondo atinente a que no eran antijurídicos, quedando sólo para reconocer y cuantificar el factor de acceso vehicular, sin que el apelante haya atacado el contenido de fondo de la consideración realizada por el a quo para desechar por falta de antijuridicidad estos factores.

Sobre el segundo punto importante de la apelación, el atinente a si el valor porcentual debía recaer sobre el valor del terreno o sobre el valor de la construcción, lo cierto es que para la Sala el valor del inmueble se compone de terreno y de construcción arrojando un gran total de $ 248.845.500.

No obstante, y dado que ambas partes apelaron, con ello permitieron al juez ad quem tener competencia amplia por esa postulación en doble vía, la aplicación del porcentaje del 10% no se imputará a todo el valor del bien inmueble (terreno más construcción) sino sobre la diferencia del valor total del inmueble antes y después de construido que es en realidad el desmedro padecido, en tanto, ha de recordarse que el daño antijurídico pretendido en las demandas acumuladas es la devaluación del valor comercial del inmueble en razón a que fue afectado por la cercanía en que quedó el puente vehicular, por lo tanto la liquidación judicial del daño emergente no puede recaer sobre la totalidad del precio de venta, porque es claro que al enajenar el inmueble se supone que el vendedor propietario del inmueble recibiría el monto mínimo, que en este caso es el valor menor que se materializó con el puente construido.

Valor de venta, ya construido el puente$ 186.634.125.

Valor de venta antes de la construcción$ 248.845.500.

Diferencia entre ambos valores $ 62.211.375.

Sobre este último valor se aplicará el 10% reconocido por la sentencia y se actualizará a valor presente con la fórmula tradicionalmente utilizada por la jurisprudencia, utilizando como IPC inicial el de la sentencia de primera instancia que se procede a modificar (mayo 2002) y como IPC final el último publicado (julio 2014).

En ese sentido precedente será modificada la sentencia de primera instancia:

10% de $ 62.211.375$ 6.221.137, 50

48
 

Por lo tanto el IDU pagará al demandante señor Luis Napoleón Téllez Gallego la suma de once millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($ 11.447.948).

6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

2. REVÓCASE la Sentencia de 23 de mayo de dos mil dos (2002) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, para en su lugar:

1) Declárase patrimonial administrativamente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano IDU por el daño antijurídico causado a José Cornelio Porras Romero por la devaluación del valor comercial del inmueble de su propiedad causada por la construcción del puente de la intersección de la calle avenida 68 con avenida Boyacá.

2) Condénese al IDU, a pagar al señor José Cornelio Porras Romero, a título de daño emergente la suma de ciento veintisiete millones cuatrocientos ochenta y un mil ciento setenta y nueve pesos ($ 127.481.179).

3) Niégase las restantes súplicas de la demanda.

4) Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

3. REVÓCASE parcialmente la Sentencia de 11 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, Sala de descongestión, en su lugar se dispone:

“1. Declárase no probada la excepción de ineptitud de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

2. Declárase al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— administrativamente responsable por los perjuicios materiales sufridos por el señor Siervo Sarmiento Barrero, en cuanto a su derecho de dominio y actividad comercial, como resultado de la construcción de la obra pública consistente en el puente vehicular de la intersección de la avenida Boyacá con calle 68 de la ciudad de Bogotá D.C.

3. Como consecuencia de la declaración anterior, se condena al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— a pagar a favor del Señor Siervo Sarmiento Barrero, como indemnización por los perjuicios materiales causados únicamente por concepto de daño emergente: cuatrocientos setenta y nueve millones ciento treinta y ocho mil trescientos quince pesos ($ 479.138.315).

4. Revócase la condena por lucro cesante para en su lugar denegarla.

5. Para el cumplimiento de esta Sentencia deberá darse aplicación a los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Del total de la indemnización reconocida en esta Sentencia deberá deducirse lo correspondiente a la valorización por el trabajo realizado, en los términos del artículo 219 del Código Contencioso Administrativo.

7. Sin condena en costas”.

4. MODIFÍQUESE la Sentencia de 19 de diciembre de 2000, proferida por el tribunal administrativo de descongestión, sección tercera, Sala de decisión, en su lugar se dispone:

1) Deniéguese la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU.

2) Condénese al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— a reconocer y pagar a los demandantes, Félix Alberto Cubillos Rojas y Ana Beatriz Cuervo, por perjuicios materiales por daño emergente la suma de ciento cincuenta y un millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($ 151.683.634).

3) Deniéguense las restantes súplicas de la demanda.

4) DÉSE cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. REVÓQUESE parcialmente la Sentencia de 19 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, Sala de descongestión, en su lugar se dispone:

“1. Declarar administrativamente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU—, por el daño causado a la Sociedad Julcar Ltda., como consecuencia de la afectación de los inmuebles de su propiedad ubicados en la avenida 68 Nº 72-43/41/39 y calle 68 Nº 72-33 por la construcción del puente vehicular en la intersección de la avenida Boyacá con calle 68, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— a pagar a la sociedad Julcar Ltda., a título de daño emergente la suma de cuatrocientos veintiséis millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro pesos ($ 426.994.744), de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia.

3. Denegar las restantes súplicas de las demandas de la sociedad Julcar Ltda.

4. Denegar las pretensiones relacionadas con el inmueble ubicado en la carrera 72 A Nº 71 A 71, 71 A 99 y avenida calle 68 Nº 72 A 01, 72 A 03, 72 A 09, 72 A 11 y 72 A 13, por cuanto no se demostró la existencia de perjuicio alguno derivado de la construcción del puente vehicular de la calle 68 con avenida Boyacá, de conformidad con la parte motiva de la presente sentencia.

5. Dar cumplimiento de esta sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

6. REVÓCASE la Sentencia de 28 de noviembre de 2002 proferida por la sección tercera, subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar:

“1. Declárase administrativa y extracontractualmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— por el daño especial sufrido por Flor Alba Bonilla vda. de Fuentes dado el rompimiento del equilibrio en las cargas públicas que causó la construcción y puesta en funcionamiento del puente vehicular que esa entidad edificó, a través de la sociedad contratista Civilia Ltda., en la intersección de la avenida Boyacá con calle 68 de Santafé de Bogotá.

2. Condénase al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— a pagar a la parte actora, o a quien legalmente represente, como reparación del daño especial causado y a título de daño emergente, la suma de ciento veintiséis millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos noventa y cinco pesos ($ 126.678.595).

3. Niéganse las restantes súplicas de la demanda.

4. La condena será actualizada de acuerdo con lo que manda el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, y sobre ella se reconocerán los intereses liquidados con la variación promedio mensual del IPC, desde la fecha de iniciación de la obra pública hasta cuando se dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso.

5. El Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— dará cumplimiento a la sentencia como lo mandan los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.

7. REVÓCASE la Sentencia de 28 de noviembre de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección “A”, para en su lugar:

“1. Declárase administrativa y extracontractualmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— por el daño especial sufrido por Luis Onofre Lancheros Núñez y Yolanda Páez de Lancheros dado el rompimiento del equilibrio en las cargas públicas que causó la construcción y puesta en funcionamiento del puente vehicular que esa entidad edificó, a través de la sociedad contratista Civilia Ltda., en la intersección de la avenida Boyacá con calle 68 de Santafé de Bogotá.

2. Condénase al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— a pagar a la parte actora, o a quien legalmente represente, como reparación del daño especial causado y a título de daño emergente, la suma de cincuenta y tres millones doscientos ochenta y dos mil setecientos pesos ($ 53.282.700).

3. Niéganse las restantes súplicas de la demanda.

4. La condena será actualizada de acuerdo con lo que manda el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, y sobre ella se reconocerán los intereses liquidados con la variación promedio mensual del IPC, desde la fecha de iniciación de la obra pública hasta cuando se dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso.

5. El Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— dará cumplimiento a la sentencia como lo mandan los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.

8. MODIFÍCASE la Sentencia de 21 de abril de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, Sala de descongestión, para en su lugar:

“1. Declarar administrativamente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano, por el daño causado a los demandantes, como consecuencia de la afectación del inmueble de su propiedad ubicado en la avenida calle 68 Nº 72-87, 72-85 y 62A-95, por la construcción del puente vehicular en la intersección de la avenida Boyacá con calle 68, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al Instituto de Desarrollo Urbano a pagar por concepto de daño emergente a los demandantes María Elena Amaya de Cifuentes (cesionaria de los derechos de María Ramos Fajardo de Amaya), Pedro Pablo Amaya Fajardo, Rosa María Amaya de Abril, María Elena Amaya de Cifuentes, Ana Hortencia Amaya Fajardo, Víctor Manuel Amaya Fajardo, Miguel Antonio Amaya Fajardo, Enrique Amaya Fajardo, Fernando Amaya Fajardo, Blanca Cecilia Amaya de Rodríguez y Jorge Eliécer Amaya Fajardo la suma de ciento cincuenta y tres millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve pesos ($ 153.262.859), de acuerdo con la cuota o parte correspondiente a cada demandante.

3. Dar cumplimiento de esta sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

4. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas”.

9- MODIFÍQUESE la Sentencia de 16 de mayo de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, en su lugar se dispone:

“1. Declarar no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada.

2. Declarar administrativamente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por el daño antijurídico, causado al demandante, todo de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

3. Condenar en concreto al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a pagar a favor del demandante [Luis Napoleón Téllez Gallego], por concepto de daño emergente, la suma de once millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($ 11.447.948).

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas”.

10. Expídanse copias de la sentencia, con destino a los interesados y por conducto del apoderado que ha llevado la representación de los demandantes dentro del proceso, precisando cuál de ellas presta mérito ejecutivo.

Ejecutoriada la presente providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 13 de mayo de 2014, rad. 23128, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez, Bogotá D.C, uno (1) de marzo de dos mil seis (2006), rad. 66001-23-31-000-1996-05284-01(15284).

(4) Fl. 6, c. pruebas, exp. 23.222, fl. 18, c. pruebas 2, exp. 23.227.

(5) Fls. 167 a 184, c. pruebas 2, exp. 26.439.

(6) Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Bogotá, D.E., treinta (30) de enero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

(7) Consejo de Estado, sección tercera, exp. 10392. Sentencia del 25 de septiembre de 1997. M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Las consideraciones expuestas en esa providencia fueron reiteradas por la Sala en Sentencia del 13 de diciembre de 2005, exp. 24.671, M.P. Alier Hernández Enríquez.