Sentencia 1998-00998 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Rad. 19001233100019980099801

Expediente: 25335

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Edgardo Rodrigo Pipicano Galíndez y otros

Demandado: Municipio de Popayán e Instituto Nacional de Vías (Invias)

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D. C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

Extractos: «Consideraciones

I. Los presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser las demandadas entidades estatales, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante supera la exigida por la norma para el efecto(1).

Por otra parte, la acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades públicas demandadas por el accidente de tránsito en el que el señor Pipicano Galíndez resultó lesionado al colisionar con una alcantarilla que se encontraba en una vía pública que era objeto de obras públicas.

De la caducidad de la acción

En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad del municipio de Popayán y del Invias por las lesiones que sufrió el señor Pipicano Galíndez el 27 de marzo de 1998 y como la demanda fue impetrada el 26 de octubre de 1998, esto es, dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que se le imputa, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, no ha caducado la acción.

De la legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario porque Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez resultó lesionado en el accidente de 27 de marzo de 1998, Alvaro Felipe Pipicano Pajoy es su hijo, Margoth Ricardina Galindez es su madre y Clara Elvira, Aida Cecilia y Ruby Amparo Pipicano Galíndez son sus hermanas (copia de los registros civiles de nacimiento (fls. 17-21 cdno. 1); copia de la historia clínica del Hospital Universitario San José (fls. 27-36 cdno. 1).

Por otra parte, el municipio de Popayán se encuentra legitimado en la causa por pasiva pues la vía en la que ocurrió el accidente era municipal y a él le correspondía su conservación, reparación, construcción y señalización (original del Oficio 1905 del Invias (fls. 117 cdno.) pruebas; copia del contrato de concesión CCOP-01-93 (fls. 74-85, cdno. 1). Por lo anterior, deberá declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del Invias pues esa entidad no era la responsable de la vía en la que se llevaban a cabo las obras que originaron la colisión del automotor en el que se transportaba el lesionado.

II. Validez de los medios de prueba

1. Con la demanda se aportaron unas fotografías (fls. 48-54, cdno. 1), las cuales no podrán ser valoradas en tanto carecen de mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a las lesiones sufridas por el señor Rodrigo Pipicano Galíndez ni al vehículo accidentado, es decir, solo son prueba de que se registró una imagen pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro de este proceso(2).

2. A folios 119-144 del cuaderno de pruebas obra la historia clínica de una señora de nombre Janeth Ángel Cerón, quien no es parte en el presente proceso y, por lo tanto, no será tenida en cuenta.

III. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso hay lugar a declarar la responsabilidad del municipio de Popayán por las lesiones sufridas por el señor Rodrigo Pipicano Galíndez, por cuanto el accidente de tránsito se produjo en una vía a cargo de ese municipio y en la que se ejecutaban unas obras públicas o si, por el contrario, hay lugar a declarar probada la excepción del hecho exclusivo de un tercero.

IV. Hechos probados

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

1. El 24 de diciembre de 1993, el municipio de Popayán suscribió el contrato de concesión CCOP-01-93 con el ingeniero Luis Héctor Solarte Solarte cuyo objeto consistía en la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de un sector de la malla vial de ese municipio, incluida la transversal 9 con calle 58 norte, frente al barrio Morinda y al colegio Campestre Americano. Las obras se terminaron en el mes de junio de 1998 y fueron recibidas mediante acta de 30 de julio de ese mismo año (copia del contrato (fls. 74-85, cdno. 1); copia del derecho de petición presentado por el Invias al secretario de infraestructura y mantenimiento vial del municipio de Popayán y de la respectiva respuesta (fls. 86-87 cdno. 1; copia de la comunicación 21553 de 7 de septiembre de 1999 dirigida por la Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial de Popayán al Invias (fls. 239, cdno. 1); original del oficio 1905 del Invias (fls. 117 cdno. pruebas).

2. El 27 de marzo de 1998, en horas de la noche y en una vía del municipio de Popayán, el vehículo Nissan de placas CBD 49 en el que transitaban los señores Ricardo Pipicano Galíndez, Jaime Andrés Arboleda Artunduaga, Cristián Javier Quiñones Artunduaga y Leonardo Villamarín Ordoñez, que era conducido por este último, colisionó contra una alcantarilla que se encontraba a un nivel superior del suelo (testimonio de Leonardo Villamarín Ordoñez (fls. 10-11 cdno. Pruebas); testimonio del señor Guillermo Alberto Muñoz Valencia (fls. 19-20, cdno. Pruebas); testimonio de Guillermo Alberto Muñoz Valencia (fls. 19-20, cdno. Pruebas); testimonio de Carmenza Valverde Mosquera (fls. 21-22 cdno. Pruebas); testimonio de Helder Jaramillo Buesaco (fls. 56-57 cdno. Pruebas); testimonio de Edgar Antonio Camayo Paladines (fls. 61-62, cdno. Pruebas); testimonio de Héctor Herlinto Rosero (fls. 114-115 cdno. Pruebas); testimonio de Javier Enrique Ortega Rojas (fls. 68-69 cdno. pruebas).

3. El señor Rodrigo Pipicano Galíndez sufrió lesiones en el párpado de su ojo izquierdo y en una parte del tabique. Los días siguientes al accidente presentó cefalea, visión borrosa en el ojo izquierdo, vértigo subjetivo e hipoacusia izquierda (copia de la historia clínica del Hospital Universitario San José (fls. 27-36, cdno. 1).

4. La vía en la que se produjo el accidente era de carácter municipal y por tanto era el municipio de Popayán el encargado de su conservación, reparación, construcción y señalización (original del oficio 1905 del Invias (fls. 117 cdno., pruebas).

5. Álvaro Felipe Pipicano Pajoy es hijo de Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez, Margoth Ricardina Galindez es su madre y Clara Elvira, Aida Cecilia y Ruby Amparo Pipicano Galíndez son sus hermanas (copia de los registros civiles de nacimiento (fls. 17-21, cdno. 1).

V. Análisis de la Sala

De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que el señor Ricardo Pipicano Galíndez resultó lesionado en el accidente ocurrido el 27 de marzo de 1998 en una vía del municipio de Popayán en la que se estaban llevando a cabo obras públicas.

En cuanto a la imputación del daño a la demandada, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(3):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

En relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, obran en el plenario las siguientes pruebas:

– Testimonio de Leonardo Villamarín Ordoñez (fls. 10-11, cdno. pruebas), quien conducía el vehículo en el momento del accidente:

Estaba en mi casa a eso de las ocho de la noche y pasó Rodrigo Pipicano, con Cristián Quiñones y Andrés Arboleda, yo soy bien amigo de Rodrigo Pipicano y el (sic) me dijo que lo acompañara a Santander a hacer un negocio con el carro en el que íbamos y estamos (sic) en Santander y él habló con el señor no recuerdo el nombre, entonces ya se nos hizo tarde en Santander y nos vinimos y en Piendamó Rodrigo me dijo que estaba cansado que si podía manejar el carro, entonces yo manejé el carro y él me dijo que a lo que llegáramos por el cruce o sea antes de llegar al puente de la variante viniendo de Piendamó a Popayán o sea antes del puente me fui por la variante, y él me dijo que por ahí era muy lejos que me desviara por una de las calles que hay hacia la izquierda para coger a la autopista y cogí por esa calle y eso estaba despavimentado y yo iba a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora y era de noche y estaba lloviendo, eran por ahí las dos de la mañana, no tenía luces para nada o sea no había alumbrado público, ni señalización de ninguna clase y ahí no vi la alcantarilla que es en la mitad de la carretera o calle destapada no la vi y me encontré de frente con la alcantarilla y me paró en seco y me estrellé.

Aseguró que la vía era una recta y que no advirtió la alcantarilla con las luces del automotor porque “(...) la calle al estar despavimentada produce como una sombra negra y al estar de noche, lloviendo no se alcanza a ver”. Puntualizó que la alcantarilla quedaba a un nivel más alto del nivel de la carretera. Además, dijo que no habían ingerido bebidas alcohólicas(4).

– Testimonio del señor Guillermo Alberto Muñoz Valencia (fls. 19-20, cdno. pruebas), quien señaló que él se encontraba en su casa en compañía de su esposa cuando escuchó un estruendo y se percató de que había ocurrido un accidente. Al salir les brindaron ayuda a los accidentados. En cuanto a los hechos narró:

Respecto al lugar del accidente recuerdo muy bien que esa vía estaba en obra y habían estado haciendo las alcantarillas y esta alcantarilla sobresalía del piso más o menos unos 35 a 40 centímetros. Esa alcantarilla mojada, lloviendo y sin alumbrado público y sin señalización porque no había nada, en esas circunstancias era muy posible cualquier accidente como el que sucedió. Otra cosa que recuerdo es que no le sentí en ningún momento aliento a alcohol. El carro quedó ahí. Al otro día obreros que estaban trabajando en la vía colocaban señalización preventiva(5).

– Por otro lado, el señor Helder Jaramillo Buesaco, quien trabajaba para la firma contratista y en relación con los hechos afirmó (fls. 56-57 cdno. pruebas):

Esa noche yo estaba vigilando allá en el Bosque en una carpa donde había herramienta de propiedad de la firma Solarte, era tipo de una a dos de la mañana, salía un carrito de la variante hacia la autopista, ellos iban arriados gritando, con una sola farola prendida, yo me paré donde estaba escuché que ellos llevaban el aviso arrastrándolo hasta que se estrelló con la recámara, de ahí yo salí de la carpa hacia donde estaba el carrito, cuando yo llegué allí había otras gentes, seguro vecinos de por ahí, yo me arrimé con una linterna alumbrando para ver al herido y había una caneca nueva de ron y la otra que se estaba regando a donde (sic) van los cambios, la gente que se arrimaba allí decía que ellos venían de una fiesta y eso les pasaba por venir tomando y andar como locos. La recámara estaba bien señalizada o sea hacia abajo aviso, hacia arriba aviso y al rededor de la recámara habían colocadas unas guaduas y alrededor de la recámara cinta de color amarillo con negro que dice peligro. Al otro día los avisos aparecieron uno tirado a un lado y el otro sobre la recámara y debajo del carro. Esa es una calle de doble vía, pero él iba por el carril que no le correspondía. Esa noche no había energía por el sector, antes de esto había llovido pero a la hora del accidente apenas estaba lloviznando(6).

– El 17 de octubre de 2001, en el proceso se practicó una inspección judicial con intervención de peritos. En esta diligencia el a quo se desplazó al lugar en el que ocurrió el accidente, ubicado en la transversal 9º con calle 58 norte, sector de Morinda, diagonal al colegio Colombo Americano y encontró:

(...) se observa la vía totalmente pavimentada, en la intersección 58 norte se encuentra la vía solamente en afirmado y sin pavimento. En el eje de la vía pavimentada, viniendo de la variante hacia la autopista norte (occidente a oriente), se encuentra sobre el centro izquierda una alcantarilla en buen estado, se procede a la medición por los peritos encontrándose a 8.40 mts un poste de iluminación, el cual hace vértice con otros dos postes que iluminan directamente hacia la alcantarilla (fls. 82-83, cdno. pruebas).

El Tribunal otorgó un término de 10 días hábiles para que los peritos resolvieran un cuestionario sobre “(...) la salida del brocal antes de la pavimentación”, la velocidad del automotor, el grado de iluminación y determinar las posibles causas del accidente.

En el dictamen rendido afirmaron que, por información brindada por la firma interventora del contrato de concesión que se ejecutaba en la vía en la que se produjo el accidente y que se adjuntó al experticio, para el 28 de marzo de 1998 “(...) la corona de la cámara de inspección del alcantarillado existente sobresalía 0.20 mts del nivel de la sub-base” (fls. 85-97, cdno. pruebas)(7).

Frente a si existía señalización en la vía manifestaron los peritos que por el tipo de obra y por exigencia de la interventoría “(...) el contratista debe colocar la señalización suficiente y de acuerdo con las normas para el efecto tiene el Instituto Nacional de Vías. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que por la época del accidente existía en la vía herramienta de construcción (picas, palas, carretas, etc.) de propiedad de la firma contratista, el cual contaba con el correspondiente servicio de celaduría y por ende con señales (...) que indicaban la presencia de dicha herramienta”.

En cuanto a la velocidad del vehículo, señalaron que era muy difícil de determinar. Sin embargo, al analizar la naturaleza de los daños sufridos por ese automotor de acuerdo con las cotizaciones suministradas por el actor “(...) da una idea de la violencia del impacto y nos conduce a aseverar que la velocidad del desplazamiento era muy superior a la declarada por los ocupantes del vehículo accidentado”. Argumentó que de dar por cierto que el carro se desplazaba a 40 kilómetros por hora, como lo refieren los testigos, que cumplían con las normas de tránsito “(...) y que al llegar en donde se encontraba ubicada la lámpara anterior al sitio del accidente (ubicada esta a una distancia de 34.70 mts. antes de llegar al obstáculo (...) se percató de la presencia de la alcantarilla y por ende procedió a aplicar los frenos, habría tenido espacio más que suficiente para detener el vehículo y evitar la colisión con el obstáculo que se le interponía en su camino” y agregaron:

Para hacer nuestro razonamiento más adecuado a la realidad y por tratarse de un piso húmedo con el solo afirmado y de no de (sic) un piso húmedo con la correspondiente capa asfáltica, la longitud total de frenado anteriormente calculada habría de aumentarse por cuanto el correspondiente coeficiente de fricción longitudinal sería inferior al asumido 0.40, pero de todas maneras habría tenido el conductor la oportunidad, sino de detener totalmente el vehículo, al menos de disminuir la velocidad del mismo y por ende la fuerza del impacto con la consecuente reducción de los daños del vehículo y la menor gravedad de la lesiones ocasionadas a sus ocupantes.

En relación con la iluminación del lugar, adujeron que según información suministrada por el concesionario de alumbrado público de Popayán, para la época de los hechos en el lugar del accidente había una lámpara de mercurio de 125 vatios “(...) la cual en condiciones normales suministra suficiente iluminación, lo que le habría permitido al conductor distinguir con suficiente anticipación el obstáculo que se le interponía en su camino”. Señalaron que de todas maneras las luces del automotor eran suficientes lo que descartaría que la falta de iluminación del lugar fuera la causa del accidente.

Por otro lado, señalaron:

(...) si tal como queda demostrado la alcantarilla se encuentra un tanto desplazada hacia la izquierda en el sentido occidente a oriente con respecto al eje de la vía, de haber venido el vehículo sobre el carril derecho, se puede colegir sin lugar a dudas que la ubicación de la alcantarilla para nada incidió en el accidente pues no obstaculizaba el normal desplazamiento del vehículo por el carril derecho que era el que le correspondía, carril por el cual independientemente de la velocidad y de la iluminación imperante en la zona, existía espacio más que suficiente para el paso del mismo.

Ahora bien, frente a la responsabilidad del Estado por los daños que se causen por obras públicas ante la ausencia de señalización en las vías, esta corporación ha considerado:

(...) La Sala observa que en relación con los accidentes de tránsito causados por la falla del servicio de la administración, consistente en la omisión del deber legal de señalización de la vía en la que se realizan obras públicas(8) o que se consideran de alto riesgo, la Sala ha indicado que los daños que se deriven de estas le son imputables al Estado(9) siempre que se verifique que la entidad encargada de instalar las respectivas señales no lo haga, incumpliendo así el contenido obligacional a su cargo, y teniendo en cuenta que ello debe incidir en la producción del daño correspondiente(10).

(...) De esta manera, es posible atribuirle a la entidad estatal respectiva la responsabilidad del daño ocasionado como consecuencia de la omisión de instalar la señalización adecuada, sea porque en la vía pertinente se realicen obras públicas o debido a que la misma implica una alta peligrosidad que deba ser puesta en conocimiento de los transeúntes.

(...) Ahora bien, en relación con la normatividad vigente al momento de ocurrencia del accidente de tránsito, esto es, el 1| de noviembre de 1996, la señalización de las vías urbanas se encontraban a cargo de la administración municipal según lo dispuesto en el Decreto Ley 1344 de 1970(11), mediante el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

(...) Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 112 del Decreto Ley 1344 de 1970 establece que existen distintos tipos de señales, consistentes en dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta en que deben transitar los usuarios de las vías, entre la cuales se encuentran las denominadas señales preventivas, que buscan alertarlos sobre situaciones o circunstancias riesgosas o de peligro y su naturaleza. La referida señalización en vías municipales es responsabilidad de las Secretarías de Obras Públicas Municipales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5º(12) y 113(13) del decreto ley aludido. De igual forma, cabe precisar que le corresponde al municipio cumplir con la obligación en mención, habida cuenta de que es deber de las autoridades de policía “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” —artículo 218 de la Constitución Política— y que, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 315 ibídem, el alcalde municipal es la primera autoridad de policía del municipio.

(...) En relación con la existencia de obras públicas y puentes, las señales que deben ser fijadas por la autoridad municipal dentro del perímetro que le corresponde son establecidas por el Manual Sobre Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, contenido en la resolución 5246 del 2 de julio de 1985(14). La aludida normativa indica, por una parte, que respecto de la construcción de obras públicas es necesario instalar aquellas señales que indiquen su desarrollo o edificación(15) y, de otra, en cuanto a la existencia de puentes, solo resulta indispensable colocar la demarcación pertinente cuando la circunstancia de la vía lo amerite o, se presente un angostamiento en esta debido a que el ancho de la construcción del puente respectivo sea inferior al ancho de ruta que se recorre(16).

(...) De otro lado, respecto de los deberes relacionados con las vías en su estructura o edificación, de conformidad con lo señalado por los artículos 11(17), 17(18), 19(19) y 20(20) de la Ley 105 de 1993, el perímetro del transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas y suburbanas; de igual forma, hacen parte de la infraestructura de trasporte distrital y municipal, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean de propiedad del municipio, cuya planeación, construcción, conservación y mantenimiento le corresponde a la respectiva entidad territorial, es decir, al distrito o al municipio correspondiente(21).

También ha precisado esta Sala que las entidades públicas serán responsables de los daños que se causen en obras públicas incluso cuando hay contratos de concesión de por medio. Efectivamente, en esa oportunidad se dijo:

6. Los daños son imputables al Invias, aunque la entidad hubiera dado la obra en concesión (...)

Reitera la Sala la jurisprudencia que ha venido sosteniendo de tiempo atrás, conforme a la cual en los eventos relacionados con daños a terceros con ocasión de la ejecución de obras públicas, adelantadas con el concurso de contratistas, se compromete la responsabilidad de la Administración Pública, porque: (i) es tanto como si la misma Administración ejecutara directamente las obras; (ii) la Administración es siempre la dueña o titular de la obra pública, (iii) la realización de las obras siempre obedece a razones de servicio y de interés general y (iv) no son oponibles a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el contratista, esto es, exonerarse de responsabilidad extracontractual frente a esos terceros, en tanto la Administración debe responder si el servicio no funcionó o funcionó mal(22).

En estos eventos se configura la responsabilidad del Estado por la actuación de su contratista y por lo mismo debe asumir la responsabilidad derivada de los perjuicios que puedan llegar a infligirse con ocasión de los referidos trabajos, o su omisión, cuando los mismos son asumidos por los contratistas, puesto que se entiende como si la Administración hubiese dado lugar al daño antijurídico(23). Ha dicho la Sala en criterio que hoy se reitera:

“Es ella [la administración] la dueña de la obra, su pago afecta siempre el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a razones de servicio y de interés general. El hecho de que no la ejecute con personal vinculado a su servicio obedece más a insuficiencia o incapacidad técnica de su propio personal o a falta de equipo adecuado(24).

“(...) [En definitiva] cuando la administración contrata a un tercero para la ejecución de una obra a través de la cual va a prestar el servicio público, es tanto como si aquélla la ejecutara directamente, esto es, que debe asumir la responsabilidad derivada de los perjuicios que puedan llegar a ocasionarse con ocasión de los referidos trabajos”(25).

En consecuencia, aunque la vía sobre la cual se produjo el accidente hubiera sido dada en concesión a una empresa particular, el Instituto Nacional de Vías es responsable de los daños sufridos por las personas, derivados de las acciones u omisiones de su contratista, sin perjuicio de que la entidad pueda volver contra el mismo para obtener el reintegro de las sumas que deba pagar por esta condena(26).

Del análisis en conjunto de estas pruebas, la Sala encuentra que el daño le es imputable al municipio de Popayán, por cuanto las obras que se estaban realizando no estaban señalizadas y, por lo tanto, no pudieron ser advertidas por el señor Leonardo Villamarín Ordoñez, quien conducía el vehículo en el que se transportaba Rodrigo Pipicano Galíndez.

Aunque en el expediente no reposa ningún informe de la autoridad competente respecto del accidente, lo cierto es que los testimonios de los ocupantes del automotor coinciden en que este colisionó con una alcantarilla que sobresalía del suelo —20 centímetros según el dictamen pericial— y que no contaba con señales de advertencia, lo que aunado al hecho de que era de noche y de que no había iluminación impidió su visualización y causó el accidente. Se destaca que estas versiones concuerdan con aquellas rendidas por Guillermo Alberto Muñoz Valencia y Carmenza Valverde Mosquera, vecinos del sector que al escuchar la colisión salieron a ver lo que pasaba y a auxiliar a los ocupantes y también evidenciaron la ausencia de señalización en la obra que se ejecutaba.

Ahora bien, pese a que los testigos Helder Jaramillo Buesaco, Edgar Antonio Camayo Paladines, Héctor Herlinto Rosero y Javier Enrique Ortega Rojas, todos ellos trabajadores del contratista concesionario, aseguraron que el lugar se encontraba debidamente señalizado, sus relatos resultan sospechosos en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su responsabilidad podría verse involucrada en caso de una eventual condena a la demandada y consecuentemente del posterior ejercicio de una acción de repetición en su contra. Además, su dicho no encuentra soporte en ninguna otra prueba del plenario. Se precisa que si bien en el dictamen pericial se señala que el lugar estaba señalizado, esa aseveración se deriva de un análisis de cómo debió haber actuado el contratista ante las obras que adelantaba pero no de que esa situación les haya constado a los peritos y por lo tanto no ofrece verosimilitud a la esta Sala.

En este orden de ideas, se tiene que en el presente asunto se presentó una omisión atribuible al municipio demandado. En los términos del Código Nacional Terrestre —Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos— la vía debía contar con señales de prevención con el fin de “(...) advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste” (artículo 112), y cuya responsabilidad recaía en el municipio de Popayán (artículo 113). Lo anterior configuró un incumplimiento al contenido obligacional a su cargo, pues no garantizó el buen estado de la vía ni advirtió el obstáculo que esta tenía. Se reitera que la dimensión de la altura de la alcantarilla fue la causa de que el vehículo colisionara y, por ende, de que se dieran las consecuencias conocidas.

Por otro lado, en el expediente no se acreditó que el conductor del automotor hubiera estado en estado de embriaguez al momento del accidente pues no se probó que se le hubiera practicado prueba de alcoholemia. Tampoco se demostró que fuera a exceso de velocidad. Aunque en el dictamen pericial se realizó un estudio que concluyó que el vehículo debía ir a una velocidad mayor a 40 kilómetros por hora, según el relato de los ocupantes del automotor, por la naturaleza de los daños sufridos por el carro, lo cierto es que en los términos del artículo 148 del Decreto 1344 de 1979, modificado por el artículo 127 del Decreto 1809 de 1990 “...[e]n vías urbanas la velocidad máxima será de sesenta (60) kilómetros por hora excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales, indiquen velocidades distintas”, luego no es posible establecer el exceso de velocidad alegado por la demandada.

En otras palabras, no puede considerarse que el accidente se originara en el hecho exclusivo de un tercero, toda vez que las pruebas dan cuenta de que fue la ausencia de señalización de la alcantarilla lo que ocasionó el accidente, lo cual hubiera podido prevenirse con la instalación de las señales de advertencias pertinentes. En consecuencia, se impone revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar declarar la responsabilidad extracontractual del municipio de Popayán.

VI. La responsabilidad de los llamados en garantía

Frente a la responsabilidad del señor Luis Héctor Solarte Solarte, quien fue llamado en garantía por el municipio de Popayán, en la calidad de contratista concesionario precisa la Sala lo siguiente.

El artículo 90 de la Constitución Política se erige como el fundamento del principio de responsabilidad patrimonial del Estado y, así mismo, prescribe, expresamente, la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex-servidores públicos, de los particulares que cumplen funciones públicas y de los contratistas de la administración, que con su actuar calificado como doloso o gravemente culposo, hayan causado un daño antijurídico imputable al Estado(27).

En cuanto al alcance de los conceptos de dolo y culpa grave, esta corporación, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, precisó:

De otro lado —considerando que la regulación anterior tiene vigencia a partir de la expedición de la Ley 678—, la jurisprudencia ha estructurado los conceptos de dolo y culpa grave a partir del artículo 63 del Código Civil(28), el cual señala respecto a la segunda —culpa grave—, que se constata cuando los negocios ajenos no son manejados, siquiera, con aquella diligencia que una persona negligente o de poca prudencia suele emplear en los suyos, esto es, aquel descuido o desidia inconcebible, que sin implicar intención alguna de inferir un daño, lo produce.

En cuanto al dolo, prescribe que se constituye cuando la persona ejerce su actuación u omisión, con el ánimo consciente de inferir daño a otro o a sus bienes. El Consejo de Estado ha calificado estos conceptos en los siguientes términos:

“Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, se concluye que, en aras de establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave; igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aún así no lo hizo, o confió en poder evitarlo —actuación culposa—”(29).

En el sub lite, está demostrado que entre el municipio de Popayán y el señor Solarte Solarte, el 24 de diciembre de 1993 se suscribió el contrato de concesión CCOP-01-93, cuyo objeto consistía en la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de un sector de la malla vial de ese municipio, incluida la transversal 9º con calle 58 norte, frente al barrio Morinda y al colegio Campestre Americano. Las obras se terminaron en el mes de junio de 1998 y fueron recibidas mediante acta de 30 de julio de ese mismo año —ver acápite de hechos probados—. En la cláusula décima quinta de ese contrato se establecía:

(...) Serán por cuenta y riesgo del concesionario, las adquisiciones y las indemnizaciones por perjuicios y riesgos que en desarrollo del contrato se ocasionen a terceros (fl. 82, cdno. 1).

Así las cosas, del material probatorio se deriva que ese contrato se estaba ejecutando al momento y en el lugar de la ocurrencia de los hechos y que por esta razón le correspondía al contratista garantizar el estado de la vía, así como la señalización de la misma y, por consiguiente, la responsabilidad de los daños que se llegaren a causar a terceros. Esto lleva a concluir a la Sala que resulta inaceptable que una vía sometida a su intervención para la realización de estas obras de adecuación se encontrara en las condiciones aquí establecidas, sin que ni siquiera se advirtiera a los conductores del obstáculo para que pudieran adoptar medidas preventivas. En ese orden, se impone concluir que si bien no está demostrada la intención de causar daño al vehículo en el que circulaba el actor, sí constituye una inobservancia inaceptable de las obligaciones del contratista y, por ende, una culpa grave, en consideración a que la vía que estaba en reparación tenía una alcantarilla que estaba 20 centímetros más arriba del suelo que no se encontraba señalizada.

Ahora bien, frente al porcentaje que el contratista deberá reintegrar a la entidad, precisa la Sala que asciende a un 80% del monto total de la condena. Al revisar el contrato de concesión CCOP-01-93, se evidencia que la cláusula décima séptima consagraba que la vigilancia y control de las obras que eran objeto de ese contrato sería ejercida por un interventor que debía ser contratado por el municipio contratante. Esto lleva a concluir que a dicho municipio le correspondía controlar la ejecución de las obras a través del interventor, supervisión que implicaba corroborar que las mismas contaran con la debida señalización, en los términos del Decreto-Ley 1344 de 1979 —Código Nacional de Tránsito—. Sin embargo, el municipio demandado no acreditó que esa vigilancia y control se hubiera efectuado adecuadamente y de que a pesar de ello el contratista hubiera incumplido con las obligaciones de señalización, por lo que deberá asumir el 20% de la condena. Vale aclarar que el municipio deberá pagar la totalidad de la condena, pero deberá iniciar las gestiones tendientes a obtener el reintegro de las sumas que llegare a cancelar.

Frente a la compañía Latinoamericana de Seguros S.A., que fue llamada en garantía por el contratista concesionario, la misma será absuelta. Aunque en la cláusula décima segunda del citado contrato de concesión se determinó que el contratista debía suscribir una póliza de responsabilidad civil extracontractual para amparar al municipio en contra de las reclamaciones de terceros “(...) por cualquier clase de daños causados a bienes o personas en razón o con ocasión de las obras, equivalente al dos (2%) por ciento del valor total del contrato” (fls. 80-81, cdno. 1) y el llamante arrimó copia de la prórroga y aumento de valor de una póliza de responsabilidad civil, cuyo tomador era el señor Luis Héctor Solarte y el beneficiario el municipio de Popayán para amparar “(...) predios, labores y operaciones” en un contrato de concesión, en esta no se especifica el número del contrato ni el objeto, por lo que no hay certeza de que se trate del mismo contrato de concesión que se desarrollaba en la vía en la que ocurrió el accidente (fl. 156, cdno. 1).

VII. Liquidación de los perjuicios

1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales en favor de Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez, quien resultó lesionado en el accidente de tránsito del 27 de marzo de 1998 en el municipio de Popayán y en favor Alvaro Felipe Pipicano Pajoy —hijo—, de Margoth Ricardina Galindez —madre— y de Clara Elvira, Aida Cecilia y Ruby Amparo Pipicano Galíndez —hermanas— (copia de los registros civiles de nacimiento (fls. 17-21, cdno. 1). Esta Sala ha considerado que el parentesco constituye indicio suficiente de la existencia, entre miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y, por ende, del sufrimiento que experimentan los unos con las lesiones, la muerte, la desaparición o el padecimiento de otros(30). Las declaraciones de Marco Tulio Ruiz Muñoz (fls. 43-44 cdno. pruebas; Antonio Guzmán Quinayas (fls. 46-47, cdno. Pruebas); Waldina Losada Pachongo (fls. 48-49, cdno. Pruebas); Gilberto Gómez (fls. 147-149, cdno. Pruebas); Lauro Eduardo Montilla Gómez (fls. 150-152 cdno. pruebas, dan cuenta del sufrimiento por ellos padecido con las lesiones del actor.

Ahora para efectos de cuantificar el perjuicio, se acudirá como parámetro a lo decidido por esta Subsección en la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Exp. 25793, M.P. Danilo Rojas Betancourth, en la que se reconoció al demandante lesionado, que no demostró una pérdida de la capacidad laboral, una indemnización equivalente ocho (8) salarios mínimos. En el caso concreto se estima prudente reconocer un monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia para Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez. En favor de la madre y del hijo —Alvaro Felipe Pipicano Pajoy y Margoth Ricardina Galindez— se reconocerán cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia para cada uno de ellos y para sus hermanas - Clara Elvira, Aida Cecilia y Ruby Amparo Pipicano Galíndez se reconocerán 2.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia para cada una de ellas.

2. Daño a la Salud.

En la demanda se solicitaron perjuicios fisiológicos en favor de Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez por un monto de 8000 gramos de oro. Sobre la reparación solicitada por concepto de “daño fisiológico”, es pertinente mencionar que en reciente jurisprudencia de Sala Plena de esta Sección se aclaró que cuando los daños relacionados con el goce de la vida provienen de una alteración de la salud del sujeto, ya no es procedente referirse al “perjuicio fisiológico”, al “daño a la vida de relación” o las “alteraciones graves en las condiciones de existencia”, sino a una nueva tipología de perjuicio, llamada daño a la salud(31).

Para la tasación del monto a indemnizar por dicho concepto, se deben tener en cuenta los dos criterios que refiere la jurisprudencia: (i) el objetivo, tasado de conformidad con el porcentaje de invalidez que presenta la víctima y su edad; y (ii) el subjetivo, que permite acrecentar el primer valor según las consecuencias particulares del daño en la vida de la persona(32).

En este caso, como no se probó que el señor Pipicano Galíndez hubiera sufrido una pérdida de la capacidad laboral pero sí se demostró que sufrió una lesión en su rostro y que estuvo hospitalizado y fue sometido a procedimientos para lograr su recuperación, se condenará a la entidad demandada a pagar, por concepto de reparación del daño a la salud, el valor equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de esta sentencia.

3. Perjuicios materiales.

Lucro cesante

En la demanda se pidió el reconocimiento del lucro cesante sufrido por el señor Edgar Pipicano Galíndez. Sin embargo, no hay lugar a acceder a este reconocimiento pues no se probó hubiera sufrido una pérdida de la capacidad laboral.

Daño emergente

En la demanda se pidió el reconocimiento del daño emergente sufrido por el señor Pipicano Galíndez consistente en los gastos médicos en los que incurrió por cuenta de las lesiones padecidas. En relación con este perjuicio obran en el plenario los siguientes documentos a nombre de Rodrigo Pipicano:

- Drogas Los Ángeles 2, factura 4489 del 28 de marzo de 1998, por la compra de unos medicamentos por un valor de $45.300 (fl. 37, cdno. 1).

- Drogas Los Ángeles 2, factura 4535 del 31 de marzo de 1998, por la compra de unos medicamentos por un valor de $10.500 (fl. 43, cdno. 1).

- Caja de Compensación Familiar del Cauca, factura 38-0027065 del 31 de marzo de 1998, por la compra de unos guantes de cirugía por un valor de $2.940 (fl. 40, cdno. 1).

- Súper Drogas La Sexta, factura 1842 de 31 de marzo de 1998, por la compra de unos medicamentos por un valor de $2.500 (fl. 42, cdno. 1).

- Drogas Piendasalud, factura 508 de 2 mayo de 1998, por la compra de unos medicamentos por un valor de $47.250 (fl. 44, cdno. 1).

- Depósito de Drogas Los Ángeles, factura 6932, de 17 de mayo de 1998, por la compra de unos medicamentos por un valor de $27.900 (fl. 45, cdno. 1).

- Depósito de Drogas Los Ángeles, factura 6930, de 17 de mayo de 1998, por la compra de unos medicamentos por un valor de $3.900 (fl. 46, cdno. 1).

- Droguería Del Parque Caldas, factura 8434 de 19 de mayo de 1998 por la compra de unos medicamentos por un valor $11.500 (fl. 47, cdno. 1)(33).

- El cirujano plástico César A. Rodríguez Saavedra emitió dos constancias —una de fecha 28 de marzo de 1998 y otra del 20 de mayo siguiente— en las que afirmó que realizó una cirugía plástica reconstructiva por las lesiones que sufrió el actor en su rostro en el accidente de tránsito por un valor de $500.000 y una dermoabrasión e infiltración por la suma de $200.000 (fls. 38-39, cdno. 1).

Como estas erogaciones tienen una relación directa con las lesiones sufridas por el actor en el accidente de tránsito del 27 de marzo de 1997, hay lugar a su reconocimiento.

Los montos que fueron cancelados por el actor en el mes de marzo de 1998 y cuya sumatoria asciende al valor de $561.240 serán actualizados conforme a la siguiente fórmula:

osh1
 

Ra = renta actualizada.

R = renta histórica.

I Final = índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia.

I Inicial = índice de precios al consumidor del mes en el que se efectuaron estos gastos.

osh2
 

Ra= $1.359.006

Los montos que fueron cancelados por el actor en el mes de mayo de 1998 y cuya sumatoria asciende al valor de $290.550 serán actualizados conforme a la siguiente fórmula:

osh31
 

En donde:

Ra = renta actualizada.

R = renta histórica.

I Final = índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia.

I Inicial = índice de precios al consumidor del mes en el que se efectuaron estos gastos.

osh4
 

Ra= $673.262

Total daño emergente por gastos médicos: dos millones treinta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos ($673.262+ $1.359.006=$2.032.268).

También se solicitó el reconocimiento del daño emergente por los gastos de reparación del vehículo accidentado de marca Nissan Tayalda, modelo 1993, de placas CBD 049 y que se afirma era de propiedad de Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez.

Si bien con la demanda se allegó contrato de compraventa suscrito el 5 de noviembre de 1997 entre William Hoyos Galíndez y Edgar Pipicano Galïndez en el que consta que este último le compró la camioneta marca Nissan Tayalda, modelo 1993, de placas CBD 049 (fl. 22, cdno. 1) y que ante el a quo compareció el vendedor Hoyos Galíndez y la señora Sandra Patricia Hoyos, quien firmó dicho contrato en calidad de testigo, quienes manifestaron que “(...) el contenido y firma consignados en el documento corresponden efectivamente al negocio de compraventa celebrado y firmado por el señor Edgar Rodrigo Pipicano” (fls. 52-53, cdno. pruebas), lo cierto es que a folio 111 del cuaderno de pruebas obra certificación del Centro Unificado de Información de Tránsito y Transporte —Programa CUITT— emitida el 12 de octubre de 2001, en la que se anotó que la propietaria del vehículo de placas Nissan de placas CBD 049 es la señora María Edilma Molina Valencia desde el 25 de julio de 1997 cuando se lo compró al señor Gustavo Hermann Grill Figueroa.

Por lo anterior, el actor no demostró que fuera el propietario de ese automotor y por lo tanto no podrán reconocérsele el valor de los gastos de su reparación al no estar legitimado para el efecto.

VIII. Costas.

Finalmente, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia de 24 de abril de 2003, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Instituto Nacional de Vías.

2. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente al municipio de Popayán por los daños sufridos por Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez, en el accidente de tránsito del 27 de marzo de 1998.

3. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al municipio de Popayán a pagar: (i) por concepto de perjuicios morales: diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia para Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez; en favor de la madre y del hijo —Álvaro Felipe Pipicano Pajoy y Margoth Ricardina Galindez— se reconocerán cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia para cada uno de ellos y para sus hermanas Clara Elvira, Aida Cecilia y Ruby Amparo Pipicano Galíndez se reconocerán dos punto cinco (2.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia para cada una de ellas; (ii) por concepto de daño a la salud se reconocerán 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de esta sentencia a favor de Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez y (iii) por concepto de daño emergente en favor de Edgar Rodrigo Pipicano Galíndez la suma de dos millones treinta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos ($2.032.268)

4. CONDENAR al señor Luis Héctor Solarte Solarte, en su calidad de llamado en garantía, para que reintegre al municipio de Popayán el 80% de la presente condena.

5. ABSOLVER a la compañía Latinoamericana de Seguros S.A. que fue llamada en garantía por el señor Luis Héctor Solarte Solarte, en los términos de esta sentencia.

6. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de Rodrigo Pipicano Galíndez, fue estimada en la suma de $100.000.000, monto que supera la cuantía requerida en 1998 ($18.850.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

(2) Sobre el valor probatorio de las fotografías, ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 23 de marzo de 2011, Exp. 19430, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 30 de junio de 2011, Exp. 18361, M.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

(3) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 23219, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(4) En el mismo sentido las declaraciones de Jaime Andrés Arboleda Artunduaga y Cristián Javier Quiñones Artunduaga quienes aseguraron que también iban como pasajeros en el vehículo accidentado (fls. 13-18 cdno. pruebas).

(5) En el mismo sentido la declaración de la señora Carmenza Valverde Mosquera, quien dijo ser la esposa de este último declarante (fls. 21-22 cdno. pruebas).

(6) En este mismo sentido la declaraciones de Edgar Antonio Camayo Paladines y Héctor Herlinto Rosero quienes trabajaban para la firma Solarte en el momento de los hechos. Reiteraron que la alcantarilla se encontraba señalizada y que al día siguiente del accidente debajo del vehículo estaba una de estas señales además de unas botellas de ron (fls. 61-62 y 114-115 cdno. pruebas). El ingeniero Javier Enrique Ortega Rojas, quien trabajaba como ingeniero residente en el lugar de las obras, en testimonio rendido ante el a quo también coincidió con el relato de estos dos últimos declarantes. Agregó que ese día se verificó que la obra contaba con la señalización requerida (fls. 68-69, cdno. pruebas).

(7) De este dictamen se corrió traslado a las partes quienes guardaron silencio (fl. 223 cdno. 1. El mismo será valorado por cuanto fue rendido por dos ingenieros civiles en cumplimiento de lo ordenado por el a quo durante la diligencia de inspección judicial y se encuentra debidamente soportado.

(8) Cita original: “Dado que en la demanda se adujo que el daño se produjo como consecuencia de la colisión de un vehículo automotor contra un montículo de piedras y tierra dejado sobre la vía, con ocasión de la construcción de una obra pública, sin la debida señalización, considera la Sala que el asunto debe definirse con fundamento en el régimen de falla del servicio, en primer lugar, porque ese fue el criterio de imputación insinuado en la demanda, pero además, en consideración a que tratándose de la construcción de obras públicas la responsabilidad del Estado se deduce cuando no se toman las medidas reglamentarias, necesarias y eficaces tendientes a prevenir a las personas, a fin de evitar que éstas puedan sufrir accidentes contra la misma, es decir, lo que genera la responsabilidad es el incumplimiento del deber de señalizar esas obras, o impedir el tránsito por las áreas aledañas, pero no la construcción de la obra en sí”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, Exp. 08001-23-31-000-1991-06256-01(21322), actor: Martha Judith Quiroz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(9) Cita original: “(...) el daño originado como consecuencia de un deslizamiento de tierra es imputable al Estado en los eventos en los cuales el hecho se causa por la omisión, o defectuosa señalización de las vías públicas, o cuando se produce un deslizamiento intempestivo de tierra el cual exigía la instalación de señales preventivas, o cuando no se realiza la señalización de vías que se encuentren en reparación o en sitios que sean considerados de alto riesgo, o cuando existe omisión por parte de la administración en la ubicación de medidas preventivas que informen la presencia de cambios transitorios en las vías públicas. También ha determinado la Sala que para que se pueda establecer la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por las deficiencias u omisiones en la señalización de vías públicas, es indispensable demostrar la falla en el servicio consistente en la omisión por parte de la administración en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control respecto de la realización de obras públicas y del tránsito en las vías, con el fin de prevenir los riesgos que con ellos se generen. (...) Por lo tanto, es obligación del Estado cumplir con las disposiciones contenidas en las normas que regulan las condiciones y requisitos que deben reunir las señales preventivas en vías públicas con el fin de evitar daños a los transeúntes o conductores que transitan por las mismas”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, Exp. 73001-23-31-000-1997-05020-01(15740), actor: Yimed Ramírez Gallego y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver también sentencia de 13 de febrero de 2003, Expediente 12.509; sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 11.615; sentencia de 5 de diciembre de 2005, Expediente 14.536 sentencia de 8 de noviembre de 2001, Expediente 12.820.

(10) Cita original: “En términos generales, la falla del servicio surge a partir de la comprobación de que el daño se hubiere producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual constituye una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las cuales incurrió la Administración y que implica un consecuente juicio de reproche. Por su parte, la entidad pública demandada podrá excluir su responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir que acató los deberes a los cuales se encontraba obligada —positivos o negativos— o si demuestra que medió una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o, hecho también exclusivo y determinante de un tercero (...) Una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha acatado —o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa— el referido contenido obligacional, es decir, ha omitido el cabal cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es preciso revisar si dicha falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño. En otras palabras, es necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos: la comprobación de la ocurrencia de un incumplimiento omisivo al contenido obligacional impuesto normativamente a la administración, de un lado y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño, de otro”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp. 66001-23-31-000-1997-03742-01(18238), actor: Sonia Dolly Herrera y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (e).

(11) Cita original: Fue publicado en el Diario Oficial 33.139 del 4 de agosto de 1970.

(12) Cita original: “El Ministerio de Obras Públicas y Transporte dictará las resoluciones sobre utilización y señalamiento de carreteras nacionales; las Secretarías de Obras Públicas Departamentales de las vías departamentales y las Secretarías de Obras Públicas Municipales de las vías municipales, en los términos y para los fines contemplados en este estatuto”.

(13) Cita original: “Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine”.

(14) Cita original: “Mediante resoluciones 8171 de 1987, 1212 de 1988 y 11886 de 1989, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte introdujo algunas modificaciones y adiciones al manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, que fueron incorporadas en la segunda edición del Manual, publicado en 1992 por el referido ministerio y adoptado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, como reglamento oficial mediante resolución 3968 del 30 de septiembre del mismo año y ratificado por el Instituto Nacional de Vías, por medio de la resolución 3201 del 5 de mayo de 1994 —ver nota 28—.

(15) Cita original: “CAPITULO I//SEÑALES//Señales de prevención o preventivas (...) SP-38 - Trabajo en la vía. Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un tramo de la vía sometido a trabajo de reconstrucción o conservación de la calzada o zonas adyacentes (...) CAPITULO III//SEÑALIZACIÓN EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS// FUNCIÓN Y CARÁCTER// La función de la señalización en esta etapa es la de guiar el tránsito a través de calles y carreteras en construcción o sometidas a procesos de conservación, donde necesariamente se ha de interrumpir el flujo continuo, el cual debe ser orientado para prevención de riesgos, tanto para los usuarios como para el personal que trabaja en la vía.//Este tipo de señalización es temporal, su instalación será anterior a la iniciación de las operaciones de construcción y conservación, permanecerá el tiempo que duren los trabajos y se eliminará cuando la calle o carretera esté en condiciones de recibir el tránsito//señales preventivas//SP-101 - Vía en construcción. Esta señal se empleará para prevenir la aproximación a un tramo de calle o carretera en el cual se encuentre bajo condición de construcción, reconstrucción o conservación (...)”.

(16) Cita original: “CAPITULO I//SEÑALES//Señales de prevención o preventivas (...) SP-36 - Puente Angosto. Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un puente cuyo ancho es inferior al ancho de la vía que se está recorriendo. Debe complementarse con la señal reglamentaria SR-33 que indica el ancho máximo permitido”.

(17) Cita original: Artículo 11 de la Ley 105 de 1993: “Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: (...)

c. El perímetro del transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción”.

(18) Cita original: Artículo 17 de la Ley 105 de 1993: “Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos”.

(19) Cita original: Artículo 19 de la Ley 105 de 1993: “Constitución y Conservación. Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley”.

(20) Cita original: Artículo 20 de la Ley 105 de 1993: “Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción.

Para estos efectos, la Nación y las Entidades Territoriales harán las apropiaciones presupuestales con recursos propios y con aquellos que determine esta Ley”.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de julio de 2013, Exp. 24003, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(22) Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 1997, Exp. 10.504, actor: Capolican Rojas Hernández.

(23) Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 1997 Exp. 13028, actor: Wenceslao García Parra y otros. En la misma providencia se dejó en claro que: “La expresión actividad contractual debe entenderse en su más amplio sentido, es decir que cobija todos los hechos, actos, etc., que se generen con motivo de la ejecución o construcción de la obra independientemente que tal actividad la adelante la propia entidad o con el concurso de un contratista. En este último caso cuando la actividad desarrollada por el contratista en la realización de la obra ocasione daños a los particulares o a sus dependientes, dicho grupo de personas podrá demandar si lo prefieren a la entidad dueña de la obra o a quien ordenó su elaboración. Evento en el cual la entidad podrá llamar en garantía o repetir contra los servidores públicos, contratistas o los terceros responsables el monto de las condenas que se impongan de la declaratoria de responsabilidad en la respectiva providencia. Por lo antes expuesto puede afirmarse que la administración pública responderá de los daños causados a terceros siempre que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de lo servicios públicos, bien sea en el caso especial que la ejecución de las obras públicas las adelante con servicios y medios propios, o bien mediante el concurso de un contratista, pues no debe olvidarse que el titular de la obra pública es siempre la administración y que ejercita sobre ella sus potestades por lo cual debe cargar con la responsabilidad y la obligación de reparar los daños derivados de dicha actividad”.

(24) Cita original: Ver entre otras, sentencia del 3 de octubre de 1985, Exp. 4556, actor: Gladys Mamby de Delgado. En este caso, se trataba del daño sufrido por una persona usuaria de la obra pública que fue lesionada a consecuencia de la dinamita utilizada para remover una roca. En la jurisprudencia francesa la suerte del participante que interviene en la ejecución del trabajo público como profesional —obrero, arquitecto— ha sido definida en forma bastante severa ya que “el derecho a la reparación de los daños causados a sus bienes o a su integridad supone una culpa (simple) imputable al dueño de la obra o al empresario de los trabajos públicos implicados (CE, 15 de diciembre de 1937, Préfet de la Gironde, Recdno. CE, p. 1044: accidente causado a un participante por el hundimiento de un puente con ocasión de su ensayo). Esta exigencia permanece aun si en el origen del accidente se encuentra una cosa peligrosa CE, 6 de junio de 1962, E4DF c/Malfait, Recdno. CE, p.377: electrocución por una línea eléctrica). El trato dado al participante es así poco favorable pues él no se beneficia del liberalismo que impregna de una manera general el régimen de los daños por los trabajos públicos. Se explica por lo general esta severidad subrayando que el participante no es del todo extraño al riesgo creado y que en tanto que profesional remunerado se beneficia de un régimen legal de protección que cubre lo que es un riesgo del oficio”. (Michel Paillet. La responsabilidad Administrativa. Bogota, Universidad Externado de Colombia. 2001, Página 194).

(25) Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2005, Exp. 14.178. En el mismo sentido, sentencias de 7 de diciembre de 2005, Exp. 14.065 y de 28 de noviembre de 2002, Exp. 14.397. Criterio reiterado recientemente por la misma Sala en Sentencia de 29 de agosto de 2007, rad. 5200123310007838-01 (14.861), actor: Amelia Yomaira Vela Belalcázar y otros, Demandado: Empopasto y otro.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2011, Exp. 20.112, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(27) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, Exp. 16.335, M.P. Enrique Gil Botero.

(28) Cita original: Art. 63, Código Civil. “La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. // El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

(29) Cita original: Sección Tercera. Sentencia de noviembre 27 de 2006. Exp. 31.975.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2013, Exp. 30452, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 31 de mayo de 2013, Exp. 30522, M.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 10 de marzo de 2005, Exp. 14808, M.P. Germán Rodríguez.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Exp. 38222 y 19031, M.P. Enrique Gil Botero.

(32) Ibídem.

(33) La factura de Depósito de Drogas La Salud 7859 del 1º de marzo de 1998 no será tenida en cuenta por ser anterior a la ocurrencia de los hechos y no tener nexo con el daño sufrido por el actor el 28 de marzo siguiente (fl. 41, cdno. 1).