Sentencia 1998-01008/42424 de febrero 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 41001-23-31-000-1998-01008-01(42424)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: María del Rosario Pajoy Ortega

Demandado: Instituto Nacional de Vías

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del asunto.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada en contra de la sentencia proferida el 10 de mayo de 2011 por el Tribunal Administrativo del Huila, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que la demanda se presentó el 18 de noviembre de 1998(19), y la cuantía procesal se estimó en la suma de $ 85’069.358 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18’850.000(20).

2. La oportunidad de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(21), la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido la demandante como consecuencia de las lesiones que sufrió el 9 de mayo de 1997, cuando fue atropellada por una motoniveladora que laboraba en la construcción de la carretera Altamira - Florencia, mientras que el libelo se presentó el 18 de noviembre de 1998, por lo que se concluye que su interposición se produjo en tiempo oportuno.

3. Legitimación en la causa.

La Sala encuentra que en el escrito introductorio funge como única demandante la señora María del Rosario Pajoy Ortega, quien acude al proceso en calidad de víctima directa de las lesiones que califica como el daño antijurídico que le causó los perjuicios que reclama ante esta jurisdicción, todo lo cual determina que se encuentre legitimada materialmente en la causa por activa.

Por su parte, al Instituto Nacional de Vías se le endilga responsabilidad por tratarse de la entidad contratante de la construcción de la obra pública en la que se utilizaba la motoniveladora que causó las lesiones a la demandante. En ese sentido, se observa que respecto del ente público demandado se ha efectuado una imputación fáctica y jurídica directa y, por tanto, le asiste legitimación de hecho en la causa por pasiva, siendo que lo atinente a su legitimación material hace parte del estudio de fondo que le corresponde realizar a la Sala en virtud de lo argumentado en el recurso de apelación.

4. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo, resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional de Vías está encaminado a que se revoque la condena impuesta en primera instancia, discutiendo en concreto tres aspectos: (i) que el tribunal debió tener en cuenta la responsabilidad de los contratistas en virtud de las obligaciones que asumieron al suscribir los correspondientes contratos de obra y de interventoría; (ii) que ocurrió una violación al debido proceso, pues la firma interventora llamada en garantía debió entenderse vinculada al surtirse su notificación por conducta concluyente; y (iii) que el tribunal no contempló la existencia de la culpa exclusiva de la víctima.

De igual manera, el recurso formulado por la parte actora se contrae a manifestar su desacuerdo, exclusivamente, en cuanto a la indemnización de perjuicios materiales, para lo cual señaló que el a quo debió acoger el experticio de la Junta de Calificación de Invalidez del Huila, con el cual se estableció la disminución de capacidad laboral, íntimamente relacionada con la prueba de las lesiones sufridas por la víctima.

Al respecto, es del caso reiterar(22) que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al apelante confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al juez ad quem que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia.

En este orden de ideas, el marco de competencia para el juez de segunda instancia se encuentra delimitado por las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior(23), toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(24) de la sentencia como el principio dispositivo(25), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(26).

Ahora bien, en relación con la competencia del juez en segunda instancia, el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil prevé de forma expresa que, cuando ambas partes hayan apelado, o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones(27), de lo cual se sigue que en estos eventos no opera el principio de la no reformatio in pejus, ya que cada una de las partes impugna en lo que la decisión le es desfavorable(28).

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio de los motivos de inconformidad planteados en los mencionados recursos de apelación interpuestos por el Instituto Nacional de Vías y la parte actora.

5. El estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación formulado por el Instituto Nacional de Vías.

5.1. El análisis de la responsabilidad de los contratistas en virtud de las obligaciones que asumieron al suscribir los correspondientes contratos de obra y de interventoría y la alegada violación al debido proceso respecto de la vinculación de la firma interventora llamada en garantía.

Teniendo en consideración que estos dos aspectos de la censura planteada por el Instituto Nacional de Vías tienen una directa relación entre sí, es pertinente proceder a su estudio de manera conjunta, pues lo que se resuelva sobre la vinculación de la firma interventora tendrá incidencia frente al estudio de la responsabilidad que se denuncia como omitido por el fallador de instancia.

En este sentido debe señalarse que ante la formulación del llamamiento en garantía por parte del Instituto Nacional de Vías, a través de providencia de 23 de noviembre de 2000(29), el a quo ordenó la citación de la firma contratista Grandicon S.A., la sociedad interventora del contrato Ingeniería Estudios Control Ltda. - INESCO Ltda. y la compañía Seguros del Estado S.A., así como la suspensión del proceso por el término de 90 días, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil(30), en concordancia con el artículo 57 del mismo estatuto(31).

Posteriormente, mediante auto de 10 de marzo de 2003(32), se dispuso continuar con el trámite procesal, por haber expirado el término de suspensión del proceso de 90 días sin que la parte interesada gestionara el diligenciamiento del llamamiento en garantía, providencia que cobró firmeza jurídica sin que se presentara ningún cuestionamiento de las partes, de manera que ninguna de las firmas llamadas por el Instituto Nacional de Vías se vinculó al proceso.

Ahora bien, afirma la demandada en su recurso que el representante legal de la firma interventora le otorgó poder a una profesional del derecho para que se notificara del auto que admitió el llamamiento en garantía, por lo que debió entenderse vinculada al surtirse una notificación por conducta concluyente, según lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil(33).

En este sentido se tiene que en el expediente obra el poder otorgado por el representante legal de Ingeniería Estudios Control Ltda. – INESCO Ltda.(34), presentado el 8 de noviembre de 2002 ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali —despacho comisionado para realizar la notificación del llamamiento en garantía—, por lo que el 22 de enero de 2003(35) se realizó la diligencia de notificación personal con la apoderada de la entidad. El despacho comisorio se devolvió al tribunal el 9 de junio de 2003(36).

Así las cosas, es claro que, tanto la presentación del poder, como la notificación personal de la sociedad Inesco Ltda. se llevaron a cabo cuando ya estaba ampliamente vencido el término máximo de suspensión del proceso dispuesto en la ley, ya que los 90 días corrieron entre el 4 de diciembre de 2000 y el 10 de mayo de 2001, cómputo para el cual se tiene en cuenta que el mencionado auto de 23 de noviembre de 2000 —mediante el que se dispuso la suspensión del proceso—, fue notificado en estado de 28 de noviembre y quedó ejecutoriado el 1º de diciembre de la misma anualidad(37); de igual manera, se descuenta la vacancia judicial de fin de año —entre el 20 de diciembre de 2000 y el 10 de enero de 2001—, así como la vacancia de Semana Santa —entre el 9 y el 13 de abril de 2001—.

A lo anterior se agrega que, si bien de manera tardía se resolvió continuar con el trámite procesal el 10 de marzo de 2003, dicha providencia no fue objeto de recurso alguno por parte del Instituto Nacional de Vías, por lo que cobró ejecutoria el 26 de marzo de 2003(38), mientras que el despacho comisorio, diligenciado de forma extemporánea, se vino a devolver al tribunal el 9 de junio de 2003.

En estas condiciones, constata la Sala que ninguna de las entidades llamadas en garantía fue vinculada en legal forma al proceso, por lo que, contrario a lo alegado por la parte recurrente, el a quo no omitió pronunciarse sobre la responsabilidad de los mencionados contratistas, lo que conlleva que este punto de la censura sea despachado negativamente.

5.3. El estudio sobre la existencia de la culpa exclusiva de la víctima.

A juicio de la parte recurrente, el a quo no contempló la existencia de una culpa exclusiva de la víctima, tal como fue alegado en la contestación de la demanda, para lo cual señaló que la señora Pajoy Ortega era conocedora de la presencia de maquinaria pesada en el sitio y del peligro al que se exponía cuando pasaba la calzada durante los trabajos desarrollados en el sector, circunstancia que sí fue observada por la Fiscalía General de la Nación al resolver el archivo de la investigación adelantada en contra del conductor de la motoniveladora, pues, en su criterio, hubo culpa de la víctima al pretender cruzar por detrás de la máquina sin medir las consecuencias, sin actuar con la prudencia y el cuidado obligado ante la realización de la obra pública, tal como lo manifestó la propia afectada en la diligencia de ratificación y ampliación de denuncia.

El tribunal se limitó a señalar que una era la responsabilidad penal y otra la administrativa y que la prueba recaudada llevaba a concluir que el daño ocurrió debido a que el operario de la motoniveladora no tuvo el suficiente cuidado y diligencia para su manejo, sin que se observara la supuesta responsabilidad de la demandante, por lo que consideró que no estaba acreditada la alegada culpa de la víctima.

Para resolver este punto de la censura planteada por el Instituto Nacional de Vías es necesario referirse a lo que se encuentra probado en el presente caso sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, frente a lo cual se debe recordar que la parte demandante trajo al expediente, como prueba trasladada, copia auténtica del proceso penal adelantado en contra del señor Valentín Antonio Castaño, quien era la persona que operaba la motoniveladora que arrolló a la hoy demandante, investigación que es susceptible de ser considerada y valorada pues, a pesar de que el INVIAS no participó en ella, la utilizó para estructurar su argumentación en los alegatos de conclusión, todo ello de conformidad con las pautas que sobre el particular se han establecido en la jurisprudencia de la Sección Tercera(39).

Debe precisarse que, si bien los testimonios obrantes dentro de la investigación penal no fueron practicados con audiencia de la parte contra la cual hoy se aducen ni fueron materia de ratificación en este proceso(40), pueden ser considerados a la luz de la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera en torno a los criterios de valoración de la prueba testimonial trasladada de otro proceso(41), criterio que tiene aplicación al presente caso, pues hace expresa referencia a la posibilidad de valorar los testimonios practicados sin audiencia de las entidades de orden nacional(42), cuando frente al traslado de dicha prueba se haya guardado silencio en torno a su validez y admisibilidad. En este sentido se manifestó lo siguiente:

“12.2.18. Ahora bien, en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada la Nación es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas solo es necesaria “… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…” (se destaca).

Ahora bien, el único testigo presencial de los hechos que declaró ante la Fiscalía General de la Nación fue el señor Carlos Norbey Guarnizo Garavito, por lo que resulta importante traer a colación su declaración in extenso (se transcribe de forma literal)(43):

“Eso ocurrió el día viernes nueve (9) de mayo del presente año, me encontraba ese día en mi casa ubicada junto a la casa de la señora Rosario Pajoy, eran aproximadamente como las 5:20 de la tarde, vi cuando ella pasó del lado occidente al lado oriente a dejar unos niños es decir atravesó la vía que conduce a Acevedo y donde se hacen trabajos de ampliación para la carretera a Florencia, cuando ella se devolvió y venía más o menos en el centro de la vía donde se están haciendo los oficios de nivelación cuando en ese momento pasó la máquina motoniveladora de Sur a Norte cuando la máquina pasó ella se quedó un momento en la mitad de la vía esperando que la máquina parara y efectivamente la máquina paró, en ese momento la señora Rosario decidió pasar por detrás de la máquina y justo en el momento en que ella se pasó el maquinista dio reverso y fue cuando ocurrió el accidente la arrolló pues él se devolvió de norte a sur y la arrastró más o menos unos 8 metros y luego con la misma pala de la máquina la deja a un lado, se corrige, al centro de la vía y el maquinista él no se dio cuenta que la había cogido el paró a los 30 mts cuando el paró allá fue que él se percató del accidente ya ahí la recogimos y la trasladamos hasta el hospital en muy malas condiciones, eso fue lo que sucedió. PREGUNTADO: Díganos cuál cree usted fue la razón por la cual la señora PAJOY DE TRUJILLO observando que se realizaban trabajos con maquinaria pesada sobre la vía se atravesó de la manera como usted narra? CONTESTÓ: Como es un ama de casa trabajadora tiene un negocio de venta de gaseosa como estadero, entonces la estaban esperando unas personas para que les vendiera y el objetivo de ella era ese atender a la gente, no se atravesó porque ella quería metérsele a la máquina sino por sus quehaceres. PREGUNTADO: Díganos por qué razón el conductor retrocedió de la forma como usted dice y cuál fue su velocidad aproximada? CONTESTÓ: Porque él no se percató de que la señora iba a pasar además cuando el subió debió haberla visto porque ella iba a cruzar y se pararon juntos sobre la vía. PREGUNTADO: Díganos qué clase de señalizaciones o medidas de prevención como ayudante, etcétera, se estaban utilizando en dichos trabajos? CONTESTÓ: Señalización no había ninguna, el ayudante estaba retirado como a 20 mts de la máquina y no se percató de que la máquina iba a retroceder para dar las indicaciones, además eso ocurrió en un cruce de tráfico pesado y no había nadie que diera las indicaciones debidas para esos trabajos. PREGUNTADO: Cuando la señora PAJOY DE TRUJILLO se paró sobre la vía a qué distancia quedó de la máquina y del conductor? CONTESTÓ: Ella quedó aproximadamente a un metro de la máquina y como esa máquina tiene más o menos 1-80 de altura quedó diagonal a ella, por eso digo que él debió mirarla a ella. PREGUNTADO: Cuál cree usted que fue el motivo para que la señora ROSARIO PAJOY DE TRUJILLO fuera atropellada por dicha máquina? CONTESTÓ: El motivo exacto no lo puedo concretar, son cosas de accidente que pasan muy rápido, yo vi cuando ella quería pasar la carretera lo hizo hasta la mitad luego la máquina se detiene un instante y la señora queda ahí que no sabe si pasar por delante o por detrás y cuando decide intempestivamente irse por la parte de atrás el arranca en reversa y pasa el accidente (…)”.

De otra parte, la señora María del Rosario Pajoy, en la diligencia de ratificación y ampliación de denuncia(44) expuso (se transcribe de forma literal)(45):

“PREGUNTADO: Manifieste a la Fiscalía si cuando Ud, se disponía a cruzar la vía la motoniveladora se encontraba en movimiento o por el contrario se encontraba estática. CONTESTÓ: Yo crucé la calle a pasar a mis dos nietos, los dejé hacía abajo y luego me vine, regresé, yo miré que la máquina pasaba, entonces lógico que yo esperé a que pasara y yo me crucé, para cruzar la calle a la casa mía, de pronto cuando yo sentí fue el golpe y hasta me di cuenta. PREGUNTADO: Díganos en qué sector de la población se encontraba realizando labores la motoniveladora y si había alguna señal de prevención. CONTESTÓ: Sí, esa es una calle que están pavimentando que va hacia Florencia, hay casas, ahí es un cruce peatonal, no había ninguna señal de prevención ni ayudantes en ese momento (…) PREGUNTADO: Díganos si Ud. observó la motoniveladora cuando retrocedió. CONTESTÓ: Cuando yo miré que la máquina pasó yo fui a cruzar la calle, en esas estaba pendiente que no fuera a pasar algún carro, yo miraba hacia adelante y yo no me di cuenta cuando la motoniveladora retrocedió (…)”.

Teniendo en cuenta el contenido de los anteriores medios de prueba, estima la Sala que la actuación de la hoy demandante fue imprudente, alejada del deber objetivo de cuidado, pues era plenamente conocedora de la realización de las obras en la vía y de la utilización de maquinaria pesada en los trabajos, tanto así que ella misma vio la motoniveladora que circulaba por la calzada en momentos previos al accidente y decidió cruzarla, no solo una, sino dos veces, la primera de ellas acompañada de unos menores de edad a quienes expuso a un peligro que por fortuna no se concretó en un daño para su integridad física; sin embargo, cuando tomó el mismo camino de regreso, y consciente de la presencia de la máquina que se movilizaba en desarrollo de los trabajos sobre la calzada, decidió cruzar la vía por detrás del aparato, sin siquiera vigilar un posible movimiento de retroceso, por lo que no advirtió que el vehículo se le vino encima, atropellándola.

Es pertinente recordar que las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— constituyen diversas circunstancias que dan lugar a que resulte imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación ha dado lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo(46). En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya confluencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado(47).

Por otra parte, la adecuada valoración del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, a efectos de que se verifique el rompimiento del nexo de causalidad, conlleva establecer, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo o no injerencia y en qué medida, en la producción del daño.

En ese orden de ideas, es dable concluir que, para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por el afectado sea tanto causa del daño como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(48).

Ahora bien, a juicio de la Sala, si bien es cierto que en el proceso se tiene establecida la existencia de una conducta imprudente por parte de la víctima, hoy demandante, también lo es que no está acreditado que la señora Pajoy Ortega hubiera propiciado de manera cierta, exclusiva y determinante el referido accidente de tránsito, ya que no existe ninguna prueba en relación con el acaecimiento del hecho que permita establecer que la víctima, a pesar de haber visto la motoniveladora en movimiento, se hubiera dirigido irreflexivamente sobre ella con la intención de ser arrollada, cuestión que impide atribuirle la causa determinante y exclusiva de su propio daño, lo cual conlleva a que no haya lugar a eximir de responsabilidad a la entidad demandada y que sea pertinente estudiar su conducta desde la óptica de la concausa.

En relación con esa figura, la Sección ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio(49) es aquel que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir, cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima contribuyó realmente a la causación de su propio daño(50).

En el presente caso, de conformidad con el material probatorio recaudado en el expediente, se constata que en el lugar en donde se adelantaban las obras no había ninguna clase de señalización que advirtiera sobre los trabajos realizados en la calzada, circunstancia que es concordante con lo anotado en el informe de accidente(51), en el apartado correspondiente a las “características de la vía”, en el cual se precisó que en el lugar no existía señalización ni demarcación, por lo que es clara la ausencia de señales de tránsito que tuvieran relación con la prevención a los usuarios sobre los trabajos que se realizaban.

Considera la Sala que la Administración tiene la obligación de instalar una debida y adecuada señalización cuando adelanta obras públicas, dado el riesgo que se puede generar para quienes transitan por el lugar, no solamente para los conductores sino también para los peatones, quienes son los más vulnerables en la vía, especialmente en las zonas adjuntas a las obras y en condiciones de tránsito alteradas a causa de los trabajos, por lo que es claro que en el presente caso, al menos, se debieron implementar unos cruces y senderos peatonales temporales debidamente señalizados, así como un cerramiento provisional que impidiera que los transeúntes atravesaran la calzada en la que circulaba maquinaria pesada, todo ello en atención a la clase de intervención que se realizaba y bajo las especificaciones técnicas contenidas en las normas pertinentes.

Como ya se dijo, en el caso concreto aparece demostrado con meridiana claridad que el INVIAS, por medio de su contratista, no cumplió con el deber de instalar la señalización necesaria para advertir el peligro y evitar la ocurrencia de accidentes, por lo que se configura un típico caso de responsabilidad patrimonial, bajo el entendido de que el factor de imputación que compromete la responsabilidad del ente demandado está configurado por una falla del servicio consistente en la omisión en que incurrió la entidad encargada de la construcción de la vía y su interventor, dada la inobservancia de las obligaciones referidas a la correcta, oportuna y adecuada señalización y cerramiento que ha debido adoptarse en el lugar donde se presentó el siniestro(52).

Vale la pena recordar que el régimen de imputación se determina a partir de lo acreditado en el proceso(53), y que si del material probatorio allegado se concluye que el daño se deriva de una falla del servicio imputable al ente demandado, será precisamente bajo este título subjetivo de imputación que deba resolverse el caso, en virtud de que, a través del análisis que el juez contencioso administrativo lleva a cabo en el proceso de responsabilidad patrimonial se cumple una labor de pedagogía hacia la Administración, dirigida a que esta adopte medidas encaminadas a que su conducta no se repita y, además, porque, en ese caso, la entidad estatal podrá repetir contra sus agentes o ex agentes, si estos actuaron con culpa grave o dolo.

Respecto de la falla del servicio probada ha de decirse que esta surge a partir de la comprobación de haberse producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional a cargo del Estado determinado en la Constitución Política y en la Ley, lo cual, como ya se dijo, constituye una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las que pudo haber incurrido la Administración y que implica un consecuente juicio de reproche. Por su parte, la entidad pública demandada solo podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir, que acató los deberes a los que se encontraba obligada —positivos o negativos— o, también, al igual que en el régimen objetivo, si demuestra que medió una causa extraña(54).

Teniendo en consideración todo lo anterior, y establecido como está que en la producción del daño concurrieron la falla en el servicio de la demandada y la conducta de la víctima, habrá lugar a modificar la sentencia apelada, para declarar la responsabilidad administrativa de la entidad, pero disminuyendo las condenas impuestas en un 10%, en atención a la concausalidad anotada, proporción que refleja la injerencia de las partes en el resultado dañoso.

Debe destacarse que esta decisión se enmarca dentro de la competencia de la Corporación en esta instancia, habida cuenta de que el monto de la indemnización constituye un aspecto íntimamente ligado con el argumento expuesto en el recurso de apelación formulado por la entidad demandada(55), relativo a la inexistencia de responsabilidad patrimonial, por lo que sería absurdo que, a pesar de constatarse la ocurrencia de una concausa, tal valoración no pudiera tener incidencia en la tasación de las sumas destinadas a reparar a la víctima, a lo que se agrega que, tal como se expuso anteriormente, en el presente caso no opera la limitante derivada de la no reformatio in pejus.

6. El estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación formulado por la parte demandante.

Según se indicó en acápite anterior, la parte demandante manifestó su inconformidad para con el fallo de primera instancia, al señalar que el tribunal debió acoger el experticio de la Junta de Calificación de Invalidez del Huila, con el cual se estableció la disminución de capacidad laboral, aspecto que, afirmó, estaba íntimamente relacionado con la prueba de las lesiones sufridas por la víctima.

Sobre este particular, debe señalar la Sala que la mencionada prueba no fue solicitada en las oportunidades probatorias que el Código de Procedimiento Civil —aplicable por la remisión normativa contemplada en el artículo 267 del CCA—, señalaba para el efecto(56), por lo que, al contar con suficientes elementos de juicio para tasar la indemnización pedida por concepto de perjuicios materiales, el a quo utilizó para el caso concreto el salario mínimo legal mensual para la fecha de los hechos y el período acreditado de incapacidad médico legal, con lo que se atemperó a lo dispuesto en el artículo 174 del Estatuto Procesal Civil, que impone al juzgador el deber de decidir exclusivamente con base en las pruebas que hayan sido allegadas al proceso de manera regular y en forma oportuna, aspecto que tiene íntima relación con el derecho al debido proceso y sus garantías de publicidad y contradicción de la prueba, en consonancia con la carga probatoria que es consustancial a las partes en aras de sacar avante sus intereses en litigio(57).

Vale anotar que la facultad consagrada en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, que le permitía al juez de manera oficiosa decretar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no comporta la sustitución por el juez de la carga que le correspondía a la parte demandante de probar las afirmaciones que efectuó en la demanda. Es importante reiterar que, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(58), la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la causación de un daño incumbe al actor, carga de la prueba sustentada, como ha precisado la jurisprudencia(59), en el principio de autorresponsabilidad(60) de las partes, que se constituye en requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable(61). En efecto, se ha dicho:

“Si bien el derecho procesal tiene la finalidad de ‘servir de instrumento necesario para la concreción y efectividad de las normas sustanciales’(62), la Constitución de 1991 ‘lo elevó a rango constitucional en su artículo 228, pues son las normas procesales probatorias de una especial relevancia ya que tal como se repite desde siempre y concreta el aforismo romano ‘Idem est non esse aut non probari’, igual a no probar es carecer del derecho, pues de poco sirve ser titular de una determinada relación jurídica u ostentar una precisa calidad de tal orden, si en caso de que se pretenda desconocer o discutir o sea necesario evidenciarla, no estamos en capacidad de acreditar esa titularidad ante quien nos la requiere, en cuestiones públicas o privadas’(63).

“Es así como una de las reglas técnicas del derecho probatorio es la de la carga de la prueba, la cual parte del supuesto de que ‘son los sujetos de derecho que intervienen en el proceso sobre los que gravita fundamentalmente el deber de procurar que las pruebas se practiquen o aporten y por eso que a su iniciativa para solicitarlas e interés para llevarlas a efecto se atiende de manera primordial. (...) El concepto de carga de la prueba es central para entender el porqué de ciertas decisiones judiciales, pues en aquellos eventos donde la ausencia de pruebas se presenta, no puede el juez abstenerse de decidir y es así como se impone un fallo en contra de quien tenía radicada la carga de la prueba’(64). Es evidente que nadie mejor que el interesado para conocer los medios de prueba que deben emplear, con el fin de demostrar los hechos en que están fundamentando sus pretensiones”(65).

En el proceso cuestionado, la parte demandante debía acreditar, entre otros, los fundamentos que sustentaban la indemnización solicitada por concepto de lucro cesante, cosa que hizo parcialmente, luego entonces, incumplió con la carga probatoria que le correspondía, por lo cual las pretensiones formuladas no estaban llamadas a ser acogidas como esperaba la actora.

Un entendimiento contrario implicaría que el fallador tenga el deber de asumir la carga procesal que le incumbe a las partes, en orden a subsanar todas las falencias probatorias, de manera que se quebrantaría el derecho fundamental a la igualdad, toda vez que al juez le está vedado actuar con alejamiento del principio de imparcialidad, pasando por alto el equilibrio procesal que le corresponde garantizar, en el marco del derecho al debido proceso aplicable a los litigios que debe juzgar.

En estas condiciones, la censura formulada por la demandante no tiene vocación de prosperidad y debe procederse a la actualización de las condenas impuestas en primera instancia, previa deducción del 10% debido a la concausalidad anteriormente analizada.

7. La actualización de las indemnizaciones impuestas en primera instancia.

Como ya se dijo, en virtud de la existencia de una concausa en la causación del daño irrogado a la demandante, hay lugar a una reducción del 10% en las indemnizaciones fijadas por el a quo, toda vez que la Sala estima que esa es la proporción en que la conducta de la víctima tuvo injerencia en la ocurrencia del accidente que le causó las lesiones por las cuales acudió al presente proceso.

Es así como en la sentencia apelada se otorgaron las siguientes indemnizaciones:

Por perjuicio moral, la suma equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales.

Por perjuicios materiales a título de lucro cesante, la suma de quinientos dieciséis mil quince pesos ($ 516.015).

Por daño a la vida en relación, la suma de veinte millones de pesos ($ 20’000.000).

Como consecuencia, dichos montos deben ser modificados para reducirlos en el porcentaje antes anotado y proceder a su actualización con aplicación del índice de precios al consumidor, salvo lo atinente a los perjuicios morales, ya que la condena se estableció en salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que hace innecesaria la actualización en comento.

De igual manera, la indemnización ordenada en su momento por el tribunal a título de daño a la vida de relación, se modificará en cuanto a su nomen iuris, para precisar que se trata de daño a la salud, dado que el perjuicio ocasionado se deriva de las lesiones personales sufridas por la víctima, tal como lo determinó la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencias de unificación de jurisprudencial de 28 de agosto de 2014(66).

Así las cosas, las indemnizaciones quedarán como sigue a continuación:

Por perjuicio moral, la suma equivalente a cincuenta (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por perjuicios materiales a título de lucro cesante, la suma de seiscientos tres mil trescientos veintiocho pesos ($ 603.328)(67).

Por daño a la salud, la suma de veintitrés millones trescientos ochenta y cuatro mil cien pesos ($ 23’384.100)(68).

8. Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 10 de mayo de 2011, por el Tribunal Administrativo del Huila, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, su parte resolutiva quedará como sigue:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, por las lesiones causadas a la señora MARÍA DEL ROSARIO PAJOY ORTEGA, en hechos ocurridos el día 9 de junio de 1997.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS —INVIAS— a pagar a título de indemnización las siguientes sumas:

2.1. Por perjuicio moral, la suma equivalente a NOVENTA (90) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

2.2. Por perjuicios materiales a título de lucro cesante, la suma de SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 603.328)

2.3. Por daño a la salud, la suma de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE. ($ 23’384.100).

3. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento del fallo se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del CCA.

5. Expídase copia de la sentencia con destino a las partes, con las precisiones establecidas por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

19 Folio 18 vto. del cuaderno Nº 1.

20 Decreto 597 de 1988.

21 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

22 Sobre el particular se puede consultar, entre otras providencias, la sentencia de 26 de enero de 2011, Expediente: 20.955, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez y la sentencia proferida por esta Subsección el 9 de julio de 2014, expediente: 29.404, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón.

23 La Sala Plena de la Sección Tercera se pronunció en tal sentido en la sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 21060, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

24 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse la sentencia de 1º de abril de 2009, proferida dentro del expediente 32.800, en la cual se puntualizó:
“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

25 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”.
“Son características de esta regla las siguientes:
“(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (Se destaca). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

26 Al respecto, ver por ejemplo la sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

27 “ART. 357.—Modificado por el numeral 175 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones…”.

28 En este sentido se puede consultar la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera el 25 de abril de 2012, expediente 22737, Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de De La Hoz, así como las sentencias dictada por la Subsección A de la misma Sección el 7 de octubre de 2015, expediente: 25000-23-26-000-2000-01354-01 (31.550) y el 23 de septiembre de 2015, expediente: 25000-23-26-000-2001-02714-01(29194), ambas con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón.

29 Folios 150 y 151 del cuaderno Nº 1.

30 “Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable.
“La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para que este comparezca; la suspensión no podrá exceder de noventa días” (se destaca).

31 Dice la norma: “Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores” (se destaca).

32 Folio 155 del cuaderno Nº 1.

33 No obstante que el apoderado se refiere a un inciso tercero, lo cierto es que la norma vigente para el 8 de noviembre de 2002, fecha en la que se presentó el poder ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, señalaba: “ART. 330.—Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la menciona en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia.
“Cuando una parte retire el expediente de la secretaría en los casos autorizados por la ley, se entenderá notificada desde el vencimiento del término para su devolución, de todas las providencias que aparezcan en aquel y que por cualquier motivo no le hayan sido notificadas”.

34 Folio 176 del cuaderno Nº 1.

35 Folio 177 vto del cuaderno Nº 1.

36 Ibídem.

37 Folio 151 vto del cuaderno Nº 1.

38 Folio 155 vto del cuaderno Nº 1.

39 En relación con el traslado de pruebas y, particularmente, frente a los documentos, públicos o privados autenticados que hacen parte de un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración, se tiene claro que podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba y la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica. Para el específico caso de la prueba documental la Sala ha señalado que la omisión del referido traslado no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal “se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”. Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de febrero de 2010, Expediente 18109, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente 32.651, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. En igual sentido las siguientes providencias proferidas por esta Subsección: sentencia de 11 de abril de 2012, expediente 22.667, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón; sentencia de 14 de marzo de 2013, expediente 26892, sentencia de 12 de marzo de 2014, expediente acumulado 18.079, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón; y, sentencia de 9 de julio de 2014, expediente 29.404, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón.

40 La Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en torno a los criterios de valoración de la prueba testimonial trasladada de otro proceso, criterio que tiene aplicación al presente caso, pues hace expresa referencia a la posibilidad de valorar los testimonios practicados sin audiencia de las entidades de orden nacional, cuando frente al traslado de dicha prueba se haya guardado silencio en torno a su validez y admisibilidad. En este sentido se manifestó lo siguiente: “12.2.18. Ahora bien, en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada la Nación es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas solo es necesaria “… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…” (se destaca) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, expediente 20601, Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, expediente 20601, Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth.

42 El Instituto Nacional de Vías inició labores el primero de enero de 1994 mediante el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, que creó un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, que tuviera como objetivo ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación.

43 Folios 43 y 44 del cuaderno Nº 1.

44 Dicho documento público hace parte de la copia auténtica de la investigación penal adelantada en contra del operario de la motoniveladora, prueba allegada por la parte demandante, por lo que su contenido es susceptible de valoración para desatar el recurso de apelación.

45 Folio 35 del cuaderno Nº 1.

46 Al respecto puede consultarse las siguientes providencias proferidas por esta Subsección con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón: sentencia de 21 de marzo de 2012, Expediente 21.398; sentencia de 11 de abril de 2012, Expediente 21.134; sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 22.265; sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 24.137.

47 Sobre los anotados conceptos puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente Nº 16.530, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

48 En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007; Radicación: 24.972; criterio reiterado por la Sección en sentencia de 9 de junio de 2010. Radicación: 17.605. Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

49 Artículo 2.357 del Código Civil.

50 En este sentido ver las sentencias de 13 de septiembre de 1999, Exp. 14.859 y de 10 de agosto de 2005, Exp. 14.678. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez, entre otras decisiones.

51 Folios 24 y 25 del cuaderno Nº 1.

52 No sobra recordar que, a pesar del llamamiento en garantía formulado por parte del Instituto Nacional de Vías, la vinculación de las firmas contratistas y de la aseguradora no se llevó a cabo, por lo que en esta providencia no hay lugar a resolver sobre su eventual responsabilidad por los hechos materia del presente proceso.

53 En este sentido consultar la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 19 de abril de 2012, Expediente 21.515. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de marzo de 2014, expediente: 250002326000200002007-01 (27489), Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón.

55 “ART. 357.—Modificado por el numeral 175 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones…”.

56 Para el caso dichas oportunidades se concretaban en la demanda y su adición, así como en la segunda instancia bajo los parámetros señalados en los artículos 212 y 214 del Código Contencioso Administrativo.

57 Al respecto el Código de Procedimiento Civil establece:
“ART. 174.—Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.
“ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
“ART. 183.—Oportunidades probatorias (Antes de la modificación realizada por el artículo 18 de la Ley 794 de 2003). Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este Código”.

58 “(…) incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de abril 16 de 2007, radicación: AP-44001-23-31-000-2005-00483-01, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

60 Parra Quijano Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional, 2004, p. 242.

61 Betancur Jaramillo, Carlos, De la Prueba Judicial, Ed. Dike. 1982, pág. 147.

62 Cita original de la providencia citada: “López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil Pruebas, Tomo III, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C. 2001, Pág. 15”.

63 Cita original de la providencia citada: “Ibídem”.

64 Cita original de la providencia citada: “Op. Cit. Pág. 26”.

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de marzo de 2004, Radicación: 44001-23-31-000-2003-0166-01 (AP), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

66 Al respecto, consultar las sentencias de unificación de 28 de agosto de 2014, proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera en los expedientes 31.172, Consejera ponente: Olga Mélida Valle de De la Hoz; 28.804, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo; 28.832, Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth; y, 31.170, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

67 La que resulta de indexar el monto de $464.414, que es el 90% de lo reconocido en primera instancia por este concepto, con aplicación de los índices de precios al consumidor del mes de mayo de 2011 (107.55) —vigente para la fecha de la sentencia apelada— y enero de 2018 (139.72) —último conocido para la fecha de esta providencia—, con utilización de la siguiente fórmula: Ra = Rh (índice final/ índice inicial).

68 La que igualmente resulta de indexar el monto de $18’000.000, que es el 90% de lo reconocido en primera instancia por este concepto, con aplicación de la ya mencionada fórmula e índices de precios al consumidor.